La Oficina Anticorrupción (OA) extendió el plazo de presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos, pasando del 31 de mayo al 31 de julio, en medio del escándalo que envuelve al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su presunto enriquecimiento ilícito y la compra de varios inmuebles no declarados.

La medida fue publicada en la Resolución 3/2026 del Boletín Oficial. Allí, la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro, indicó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio”.

En ese sentido, la resolución detalla la necesidad de “adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral DJPI) prevista en la Ley N° 25.188”, a efectos de “brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento”.

Luego, la OA emitió unc omunicado oficial en donde explaya el trasfondo de la medida: “La adecuación del plazo de vencimiento responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018 (ex AFIP, hoy ARCA), que establece que las declaraciones impositivas anuales vencen durante la primera quincena de junio de cada año. En función de ello, se fijó una fecha posterior que permita la correcta integración de la información patrimonial”.

“Cabe recordar que la DJPI debe ser presentada en tres momentos: al inicio de la función pública (alta), de manera anual (actualización) y al cese en el cargo (baja)”.

Adorni está envuelto en supuestos casos de enriquecimiento ilícito, sumado a diversas denuncias por compras de inmuebles no declarados. Sin embargo, el expediente que se abrió por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial hacia la “Argentina Week”, fue archivada por decisión del juez federal Daniel Rafecas.

La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano. Según determinó el magistrado Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscalía, el viaje no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad.

Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino pidió enviar a juicio a 11 funcionarios públicos, entre ellos el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera, por su rol en el supuesto encubrimiento y las maniobras posteriores al brutal crimen del joven Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en Córdoba, en plena pandemia.

Además de Mosquera, están imputados el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano (actualmente en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de la provincia) y el excomisario mayor Gonzalo Cumplido, por entonces subdirector general de Seguridad de la Policía.

La investigación en contra de los exfuncionarios se disparó luego de la sentencia de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que juzgó el homicidio de Blas Correas y ordenó investigar la conducta de varios funcionarios públicos por su accionar tras el hecho.

La fiscalía inició una investigación y ahora pidió elevar a juicio a los exfuncionarios por abuso de autoridad y omisión de auxilio, lesiones leves calificadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad en el manejo de cámaras de seguridad, y ofrecimiento y admisión de dádivas, informaron fuentes judiciales.

Por otro lado, el fiscal Mondino archivó tres de los ocho antecedentes remitidos por la Cámara: Liliana Zárate Belletti, exdirectora de Recursos Humanos de la Policía, fue sobreseída por la supuesta falta de control sobre la formación de policías; Augusto Lavalle y Carlos Ireneo Andrada fueron investigados por la falta de contención psicológica a las víctimas y familiares.

Por otro lado, Ana María Becerra, extitular del Tribunal de Conducta Policial, ya había sido investigada y sobreseída por hechos similares, por lo que no puede ser juzgada dos veces por lo mismo.

Queda pendiente la resolución la imputación por violación de medios de prueba, registro o documentos respecto a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.

El juicio por el crimen se realizó en 2023 y terminó con la condena de los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón a prisión perpetua.

Gómez efectuó cuatro disparos, dos de ellos a corta distancia y otros dos unos segundos más tarde contra el Fiat Argo en el que viajaban Blas Correas y sus amigos.

El disparo que lo mató entró por el centro de la insignia de “Fiat” del baúl, perforó el asiento y terminó en la escápula (omóplato) del joven.