El Concejo Deliberante de San Francisco aprobó el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal que establece un incremento salarial escalonado para el personal municipal, en base al acuerdo firmado el pasado 18 de marzo con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem). La iniciativa fue respaldada por el oficialismo, mientras que los bloques opositores —Juntos por el Cambio y Córdoba Cambia— votaron en contra, lo que generó fuertes críticas del núcleo sindical.

Los votos negativos correspondieron a los ediles Marco Puricelli, Camila Sol Pérez, Luciano Stoppani y Pablo Terraf, de JxC, y Cecilia Roffé, de Córdoba Cambia, quienes rechazaron la iniciativa enviado por Damián Bernarte.

El esquema aprobado contempla subas del 3% mensual entre febrero y junio de 2026, lo que configura una recomposición acumulada del 15% en cinco tramos consecutivos. En detalle, se establece un incremento del 3% sobre los haberes de febrero —cuya diferencia se abonará durante marzo— y aumentos del mismo porcentaje correspondientes a los salarios de marzo, abril, mayo y junio, que se liquidarán con los sueldos de cada uno de esos meses.

El proyecto también determina que todos los incrementos tendrán carácter remunerativo y se aplicarán sobre los salarios brutos del personal de planta permanente y contratado. La medida alcanza además al personal comprendido en el Estatuto de la Administración de Obras Sanitarias (ex Epos).

Otro de los puntos incluidos en la ordenanza es la incorporación progresiva como remunerativas de sumas otorgadas durante 2025. En ese sentido, se dispuso un 2% retroactivo a febrero de 2026, un 1% en mayo y otro 2% en junio. Este proceso de “blanqueo” salarial fue destacado por el gremio como un aspecto central del acuerdo, en especial por su impacto en los aportes y en el sistema previsional.

Asimismo, se fijó una nueva instancia de negociación entre el Ejecutivo y el sindicato para el 20 de mayo de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución de las variables económicas y analizar la posibilidad de futuras actualizaciones salariales en función del contexto inflacionario y del poder adquisitivo de los trabajadores.

La aprobación del proyecto no estuvo exenta de polémica. Desde el Suoem celebraron el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, pero cuestionaron con dureza la decisión de la oposición de no acompañar la iniciativa. El secretario general del gremio, Víctor Lescano, expresó a LA VOZ DE SAN JUSTO: “Por un lado vienen y piden por los jubilados, pero después votan en contra de un acuerdo salarial que los alcanza”.

En esa línea, el dirigente insistió en que la medida no representa un aumento sino una recomposición del salario: “No es un aumento, sino una recomposición salarial del poder adquisitivo de los trabajadores que está tan deteriorado”. Además, subrayó la relevancia del carácter remunerativo del esquema: “En este momento es importante que el Ejecutivo haya tomado con buena mirada la cuestión remunerativa”.

Lescano también detalló cómo impactará la medida en los haberes: “Se van a descontar dos puntos más que eran no remunerativos de antes, se le blanquea ahora más este 3%. El otro mes se le va a blanquear el 1% más un 3% más”.

“Me llama poderosamente la atención que toda la oposición haya votado en contra de este proyecto”, afirmó, y agregó: “No solamente no están de acuerdo con el aumento de ahora, que es todo remunerativo, sino que tampoco con el procedimiento que ya se había votado”.

El titular del Suoem fue más allá al señalar lo que consideró una contradicción en el discurso opositor: “Hacen publicidad de que están preocupados por los jubilados y después votan en contra. Son actitudes de gata flora que llaman la atención”.

Asimismo, cuestionó lo que definió como una utilización política del debate: “Hacen de esto un escenario de política poniéndonos a nosotros en el medio, a los trabajadores. Es muy fácil desde la tribuna discutir y utilizar como escudo a los trabajadores cuando después no te votan el aumento”.

En ese marco, Lescano remarcó el rol del sindicato en las negociaciones salariales y en la defensa de los ingresos: “Los aumentos los discute el sindicato. Sin el sindicato, no hay aumento para nadie, inclusive para los concejales y funcionarios”, enfatizó.

El dirigente gremial también se refirió a la situación de los trabajadores bajo modalidad de planes, al señalar que se prevén mejoras en sus ingresos. Según indicó, se fijará un piso salarial de un millón de pesos, cuando anteriormente se ubicaban entre los 700 mil y 720 mil pesos. “Hemos tratado de que persista lo que es justo y el valor que se le debe tener al trabajador”, expresó.

El titular del Suoem consideró además el contexto económico nacional y su impacto en el empleo: “No es fácil hoy tener trabajo con las políticas del Estado nacional que está implementando, donde se está pulverizando la fuente de trabajo”. En ese sentido, planteó que el municipio debe cumplir un rol de contención frente a ese escenario.

De cara al futuro, adelantó que las negociaciones continuarán abiertas: “Vamos a volver a sentarnos en la mesa dentro de unos meses. Esto no es un aumento, es parte de una recomposición del atraso que tenemos como trabajadores”, sostuvo.

En paralelo al debate salarial, el secretario general del Suoem informó sobre un fallo judicial favorable en el marco del amparo colectivo presentado por gremios estatales contra la Ley de Equidad Jubilatoria (N.º 11.087) de la provincia de Córdoba.

La presentación, realizada a comienzos de este año, cuestiona la constitucionalidad de la norma al considerar que habilita un incremento de los aportes personales de los trabajadores activos —de hasta un 8% adicional— y afecta el cálculo de los haberes de los jubilados, lo que fue interpretado por los sindicatos como un ajuste sobre el sistema previsional.

Según indicó Lescano, la Justicia se expidió recientemente y dio lugar al planteo sindical. “Hemos logrado, a través de este esfuerzo que lo hace en silencio el sindicato, conseguir un amparo para los jubilados afiliados con respecto a este incremento del 8%”, explicó.

Precisó que el beneficio alcanza a los afiliados al gremio que se vean perjudicados por la aplicación de la normativa y adelantó que en los próximos días se brindará asesoramiento en la sede sindical (Libertad 1450) para avanzar con los trámites correspondientes.

“Vamos a seguir peleando y vamos a pedir que se tenga criterio”, sostuvo, al tiempo que cuestionó los fundamentos de la reforma. “No estamos de acuerdo con la decisión de decir que la caja está en déficit, porque es un problema de cómo se ordenan los recursos”, afirmó.

Finalmente, señaló que el gremio continuará involucrado en la discusión previsional y no descartó nuevas acciones tanto en el plano judicial como gremial. “Nos metimos en la Justicia para demostrar que ahora está abierta la puerta”, concluyó.

 El gobernador Martín Llaryora expresó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad y confirmó que tiene decidido ir por la reelección en 2027. Lo hizo durante una entrevista con La Voz En Vivo, el streaming de La Voz del Interior, donde fijó posición sobre uno de los debates centrales de la agenda nacional y delineó su horizonte político.

 En relación con el proyecto que impulsa el Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad a 14 años, Llaryora sostuvo que la Provincia acompaña esa iniciativa, aunque remarcó que no puede tratarse de una medida aislada. “Estamos de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad a 14 años”, afirmó, pero aclaró que para que la ley tenga “aplicabilidad” debe estar acompañada de recursos. En ese sentido, advirtió que sin inversión en infraestructura y dispositivos adecuados, “la ley penal juvenil no puede ser sólo marketing”.

 El mandatario insistió en que cualquier modificación del régimen penal juvenil debe contemplar no sólo el aspecto punitivo, sino también las condiciones materiales para su implementación. De manera indirecta, señaló que sin financiamiento para construir espacios y sostener políticas específicas, la norma corre el riesgo de quedar en una expresión discursiva sin impacto real.

 En el plano político, Llaryora confirmó que evalúa competir por un nuevo mandato en 2027. Si bien señaló que aún “falta muchísimo” y que su foco está puesto en la gestión, fue contundente al reconocer su intención. “Sí, estoy pensando en ir por la reelección”, aseguró, despejando dudas sobre su futuro electoral.

 Más abajo en la entrevista, el gobernador volvió a cargar contra la oposición cordobesa, a la que acusó de obstaculizar sistemáticamente las políticas de su administración. “La oposición es una máquina de impedir”, afirmó, y sostuvo que existe un especial encono con las obras y proyectos vinculados a la ciudad de Córdoba. En ese marco, lanzó duras críticas a referentes opositores y recordó que “cuando les tocó gobernar fueron una catástrofe”.

 Llaryora también se refirió a la relación institucional con el Gobierno nacional y al impacto de las políticas económicas. Reconoció que la Provincia atraviesa una etapa compleja por la caída de la recaudación, pero destacó que Córdoba acompañó leyes fundamentales y aplicó reformas que permitieron una rebaja impositiva. Aclaró, no obstante, que mantiene el diálogo con la Nación “por más que uno no comparta esas ideas”.

 Otro de los temas abordados fue la polémica por la compra de drones para tareas de seguridad, frenada por el Tribunal de Cuentas. El gobernador defendió la necesidad de incorporar esa tecnología y afirmó que se buscarán alternativas para avanzar con la adquisición. “En la Policía avanzada los drones son necesarios”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las trabas legislativas y administrativas impulsadas por la oposición.

 Finalmente, el mandatario se refirió a la situación de los empleados estatales y jubilados provinciales, y remarcó que Córdoba cuenta con los salarios y haberes más altos del país. En ese contexto, advirtió que la Caja de Jubilaciones sería inviable bajo una gestión de corte libertario y prometió continuar con las mejoras en los ingresos, al señalar que la Provincia realiza “un tremendo esfuerzo” para sostener el sistema previsional.

No fue una postal casual ni un gesto aislado. En Laboulaye, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo protagonizaron una escena cargada de simbolismo político que volvió a alimentar las expectativas de convergencia opositora en Córdoba. La ciudad del sur provincial se convirtió, por un día, en epicentro del tablero político, en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el gobernador Martín Llaryora.

Tal como se había anticipado, el binomio Juez–Bornoroni encabezó un encuentro con dirigentes y militantes del sur provincial, convocado por el Frente Cívico, que se desarrolló en el Club Restaurante. Allí se abordaron cuestiones vinculadas al fortalecimiento territorial, el intercambio político y la organización de cara a los próximos desafíos.

Durante ese cónclave, Juez dejó definiciones contundentes sobre la estrategia que impulsa junto a La Libertad Avanza. “Nosotros ya empezamos a trabajar en el Frente Cívico nuestra alianza con La Libertad Avanza por la reelección del presidente Javier Milei. Y a partir de hoy empezamos a trabajar en serio para terminar con el ciclo del peronismo en Córdoba”, expresó el senador nacional, en un mensaje que fue acompañado por el respaldo explícito del diputado Gabriel Bornoroni.

Más tarde, la escena que concentró mayor atención política se produjo en la Municipalidad de Laboulaye, gobernada por Luis Chiapello, intendente de Juntos por el Cambio. Allí, Juez y Bornoroni se encontraron con Rodrigo de Loredo, en una charla que derivó en la fotografía más comentada de la jornada: los tres principales referentes opositores juntos, minutos antes del discurso de Llaryora ante la Unicameral.

 La imagen fue interpretada por amplios sectores de la oposición como una señal alentadora rumbo a una eventual articulación futura. Sin embargo, puertas adentro, los dirigentes se encargaron de bajar expectativas inmediatas. No hubo anuncios ni acuerdos electorales sellados, y las definiciones siguen abiertas.

 El esquema que impulsan Juez y Bornoroni muestra un rumbo definido, alineado con el proyecto nacional que encabeza Javier Milei y con el objetivo explícito de disputar el poder provincial. De Loredo, en tanto, continúa enfocado en la reconstrucción y el ordenamiento interno de la UCR, con la intención de recuperar centralidad política desde la estructura partidaria.

Con estrategias distintas pero un objetivo compartido —poner fin al predominio del peronismo en la provincia—, el encuentro dejó en evidencia una voluntad política de acercamiento, al menos en el plano estratégico. En las conversaciones con el intendente local y referentes legislativos hubo llamados a la unidad opositora, mensajes que refuerzan la idea de que el escenario de alianzas ya comenzó a jugarse, con la mirada puesta en 2027.

La rectificación del presupuesto municipal 2025 se convirtió en el centro de un intenso debate este jueves en el Concejo Deliberante, donde fue aprobada por la mayoría oficialista. Se trató de una actualización de los gastos previstos para el resto del año, algo habitual en esta época, pero que desde la oposición fue criticado por la suba del 10%, que a su juicio refleja “improvisación y proyecciones totalmente erróneas” de la gestión del intendente Damián Bernarte.

Con la rectificación, el Presupuesto General Anual de Erogaciones 2025 quedó en $76.491.910.400, tras un aumento de $6.890.000.000 sobre el presupuesto inicial de $69.601.910.400. En comparación con el presupuesto de 2024, el incremento total alcanza un 110%. Desde el Ejecutivo explicaron que la actualización responde a que los datos iniciales se basaron en un escenario inflacionario del 18%, según el macro fiscal nacional, mientras que los últimos índices del Indec de septiembre mostraron una inflación acumulada del 22% para 2025.

Los bloques opositores Juntos por el Cambio (JxC) y San Francisco Cambia votaron en contra de la medida. Pablo Terraf, edil de JxC, explicó su posición: “El presupuesto es una herramienta de gestión que refleja los ingresos y egresos municipales. Ahora, una rectificación del 10% deja en claro que las proyecciones son totalmente erróneas y convalidarlas implicaría aceptar una improvisación presupuestaria que afectará directamente a los contribuyentes, a los vecinos”.

A pesar del debate, el Ejecutivo indicó que los recursos se ejecutarán priorizando la obra pública, servicios básicos, modernización del Estado municipal, salud y ayuda social, manteniendo la pauta de que los sueldos del personal municipal representarán el 40% del presupuesto.

Los bloques de la oposición presentaron ayer formalmente el pedido de sesión especial para el miércoles 4 de junio al mediodía con el objetivo de someter a votación en el recinto de la Cámara de Diputados la emergencia en Discapacidad y distintas iniciativas de mejora previsional, entre ellas la renovación de la moratoria, el aumento del bono para jubilados y pensionados y un incremento de los haberes del 7.2%.

Tras intensas negociaciones, la nota fue presentada este martes con las rúbricas de referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

A diferencia de la última sesión que cayó por falta de quórum, no se incluyó en el temario la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra, aunque no se descarta que la cuestión pueda ser planteada directamente en el recinto mediante una moción.

Para evitar que algunos sectores lo utilicen como excusa para ausentarse, los bloques de la oposición acordaron dejar afuera del dictamen la designación de los representantes de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN).

La semana pasada, había un acuerdo para impulsar para cubrir esas vacantes en el organismo de control al camporista Juan Ignacio Forlón y al diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó.

Éste último, sin embargo, sumaba resistencias en el radicalismo e incluso dentro de su propio bloque por parte de tres diputados cordobesistas que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes dejaron sin quórum la sesión.

En el temario de la sesión también aparece el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, con una recomposición de las prestaciones para los beneficiarios, y una gama amplia de expedientes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por graves inundaciones.

Se trata fundamentalmente de las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco.

La nota con el pedido de sesión dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue firmada por Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ana Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

El regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 representa una de las noticias deportivas más sobresalientes del año. Más allá de sus virtudes como piloto, su figura se ha instalado en el imaginario colectivo como un fenómeno cultural, capaz de movilizar emociones y generar adhesiones que trascienden lo estrictamente automovilístico. Dueño de un carisma particular, encarna ciertos rasgos del estereotipo porteño —simpatía, espontaneidad, calidez y un dejo de soberbia— que lo convierten en un personaje mediático de gran alcance.

En apariencia, establecer una analogía entre el impacto generado por el bonaerense y la dinámica de la política nacional podría parecer forzado. Sin embargo, al analizar aspectos del llamado “efecto Colapinto”, es posible identificar elementos reflexivos comunes sobre los modos en que la sociedad argentina construye adhesiones, expectativas y rechazos tanto en el plano deportivo como en el político. 

Para algunos es el nuevo Fangio. Para otros, un pibe que “vende humo”. En este punto, se puede advertir la creciente dificultad social para matizar, para reconocer zonas grises. Desde hace tiempo, la política nacional no escapa a esa lógica: se impone la polarización, el antagonismo y el diálogo constructivo se vuelve una rareza.

El recorrido del piloto argentino en las pistas ha sido hasta ahora irregular. Ha mostrado talento, pero también ha cometido errores. En términos políticos, el actual gobierno ha cosechado algunos logros significativos, pero también ha incurrido en tropiezos innecesarios que sembraron dudas sobre su capacidad para sostener el rumbo.

No obstante, muy entusiasmado por su desempeño en las recientes elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus módicos éxitos en algunas provincias, el oficialismo pisó el acelerador. Convencido de que todo el país se teñirá de violeta, el ritmo de su accionar se intensificó. Bajo esta lógica, la “motosierra” encendió el DRS. Así, la semana transcurrió con el gobierno extendiendo la frenada en las curvas. Pisando los pianitos, hizo anuncios de fuerte impacto: reducción de aranceles a la importación de celulares, declaración de servicios esenciales a actividades como la educación y los que abren la puerta a los “dólares del colchón”. Agua helada para algunos. Oleada refrescante para otros.

Colapinto tiene una mochila pesada: porta las enormes -a veces desmesuradas- esperanzas que depositan los argentinos en cada uno de sus grandes deportistas. Una carga que no está exenta de la toxicidad de los fenómenos de comunicación de este tiempo. Y que contiene dosis de la misma toxina que se inocula en la política nacional a través del accionar de los barrabravas de las redes sociales. La violencia simbólica, la manipulación informativa y el hostigamiento virtual se convirtieron en moneda corriente. Tal fue el caso de Jack Doohan, víctima de “fakes” infundados, similares a los que circularon en la veda electoral porteña. La agresión digital y la banalización del debate público son instrumentos usuales. Con una diferencia significativa: mientras el mismo Colapinto y todo el espectro de la Fórmula 1 las repudiaron, en la política nacional se relativizan o incluso se celebran.

Es posible que los rivales del piloto argentino estén sorprendidos por sus dotes conductivas en las pistas y por su personalidad extrovertida fuera de ellas. Similar estupor vive la oposición que no acierta a encontrar las claves para desentrañar el nuevo tiempo ni para sintonizar con las preocupaciones sociales. Un ejemplo es el intento de restituir la posibilidad de reelección indefinida para los intendentes bonaerenses, lo que implicaría un retroceso institucional grave.

Con Colapinto, los argentinos redescubrimos la Fórmula 1. Desde los tiempos de Reutemann no dedicábamos varias horas domingueras para ver competir a uno de los nuestros. Quizás ése sea el tiempo que la mitad de los ciudadanos de Buenos Aires no utilizó para participar en las últimas elecciones. La dirigencia debería tomar nota de que la apatía es un síntoma de la lejanía y desinterés. 

Mientras se acercan las últimas vueltas de la carrera electoral, la política acelera. Todavía quedan varias curvas riesgosas. Los cimbronazos se sienten más sin un casco protector. El repartidor de compras online no llegó todavía. 

Diputados opositores firmarán la próxima semana un dictamen para ampliar la moratoria y ajustar el bono a los jubilados, luego de haber concluido hoy la ronda de consultas con especialistas, y organizaciones de jubilados y pensionados.  

De todos modos, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica deberán alcanzar acuerdos para extender la moratoria que venció el pasado 23 de marzo y el ajuste del bono estancando desde diciembre del 2023 en 70 mil pesos. 

 Por ese motivo, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Konning (UCR)  informó que se le pedirá a la Oficina de Presupuesto una evaluación sobre el costo fiscal de la moratoria, del ajuste del bono y de la prestación proporcional para "poner tener algunos números".  

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, señaló que la Oficina de Presupuesto (OPC) "está evaluando el costo fiscal sobre la emergencia en discapacidad" y advirtió que sobre los proyectos previsionales debe haber algún acuerdo sobre líneas comunes para que la Oficina pueda evaluarlos porque no está en condiciones de evaluar 21 proyectos".  

 Al respecto, el legislador de Nicolas Massot (Encuentro Federal) estuvo de acuerdo que no se le puede pedir a la OPC analizar una veintena de proyectos pero se "pueden agrupar en tres sectores" y se le puede pedir un cálculo lo que se "ahorra el Tesoro Nacional con la caída de la moratoria y cuánto costaría prorrogar la moratoria".  También señaló que se  le puede pedir un estudio sobre el proyecto para aumentar de 70 a 105 mil pesos el bono que cobran los jubilados que perciben la jubilación mínima, "con lo cual serían dos números cual será el costo de aumentar la moratoria y cual sería de aumentar el bono", añadió. 

 Los diputados tienen en estudio varios proyectos para extender la moratoria por espacio de dos años para que las personas personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes podían regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.  

Sin la moratoria solo podrán acceder a la Prestación Universal a lAdulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez. 

 En el plenario de las comisiones expusieron hoy especialistas y organizaciones de jubilados, entre quienes estuvieron Nora Biaggo, quien participa en las marchas que se hacen todos los miércoles al Congreso y que pronunció un discurso donde criticó con dureza al Gobierno.

 La representante del Movimiento de Jubilados manifestó que "estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco".  

 Además precisó que "reclamamos algo elemental los jubilados: que se termine la intervención de 45 años en el PAMI ya que "debería estar dirigida por trabajadores y jubilados que somos los que aportamos".

   Por su parte, Renee Girardi del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, señaló que "la situación de los jubilados sigue siendo pésima" ya que "nuestra vida, las personas mayores, nuestra vida, se deteriora junto con nuestra dignidad de personas simplemente, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna",. 

 "Solicitamos un aumento de emergencia urgente que nos devuelva los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente; mientras esto no ocurra habrá calle, porque queremos una patria libre, justa y soberana", agregó.

 En tanto, la secretaria de Previsión de CTA Autónoma Nacional, Olivia Ruiz, dijo que "tenemos la precariedad laboral de más del 50%, los jubilados cobrando una haber mínimo mayoritariamente de miseria y un bono sin movilidad".

 Añadió que "nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias, el sistema de salud que nos contiene y que los diferentes gobiernos se han dedicado a destruir", declaró. 

Respecto del bono, instó a que "se incluya dentro del haber jubilatorio".  

 Los proyectos para extender la moratoria por dos años fueron presentados por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, además de la legisladora de la izquierda Vanina Biasi.

También hay una iniciativa de la legisladora de UxP Gisela Marziotta para extender la moratoria por diez años, aunque este proyecto no reuniría el consenso suficiente.   Asimismo, figura un proyecto de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y de Innovación Federal, Agustín Domingo, para establecer una jubilación proporcional de acuerdo a la cantidad de años de aportes, con un haber no inferior a la PUAM.

Desde los bloques de la oposición, los concejales Marco Puricelli (Juntos por el Cambio) y Cecilia Roffé (San Francisco Cambia), pidieron una reducción en la cantidad de secretarías y cargos de alta jerarquía en la municipalidad de San Francisco. La respuesta por parte del oficialismo no se hizo esperar y justificaron el actual organigrama del Gobierno municipal.El secretario de Gobierno de la municipalidad de San Francisco, Raúl Angonoa, expresó que los dichos de los ediles opositores “no se ajustan a la función actual que cumple el municipio en una ciudad cada vez más grande y con mayor población” y recordó que San Francisco “tiene una densidad poblacional que supera los 69.000 habitantes (69.047 para ser exactos, según el censo 2022), si a ello le sumamos el conglomerado con Frontera y Josefina, estamos hablando de unos 80.000 habitantes. Además, su ejido urbano abarca 8.500 hectáreas, es decir que se trata de una ciudad que crece permanentemente y que demanda mayor presencia de los servicios que brinda el municipio”.El funcionario aprovechó la oportunidad para recordar una nota periodística con fecha marzo de 2006, donde se informaba que el por entonces intendente municipal, el radical Hugo Madona, había creado en aquel momento las secretarías de Economía; Gobierno y Cultura; Desarrollo Económico y Privada de Intendencia, las cuales se sumaban a las ya existentes de Coordinación General; Infraestructura y Servicios, y Salud y Ambiente. “En aquella oportunidad, hace casi 20 años atrás, existían 7 secretarías que conformaban el gabinete municipal en una ciudad bastante más pequeña y menos poblada. Por ese entonces el municipio tenía sus arcas comprometidas, con una crisis institucional grave, y ya sabemos cómo terminó esa gestión municipal, con deudas y una emergencia económica que tuvo que afrontar Martín Llaryora, quien sucedió a Madona frente al Ejecutivo municipal”.“Actualmente, la municipalidad se involucra y brinda una mayor prestación de servicios respecto a lo que ocurría hace varios años atrás, donde el Estado municipal se ocupaba principalmente de lo que se conoce como ABL (alumbrado, barrido y limpieza). Hoy existe una mayor demanda en cuanto a asistencia social, seguridad, educación o innovación tecnológica, cuestiones que eran difíciles de imaginar hace algunos años”, destacó Angonoa y añadió: “Todo ello requiere una mejor organización, una estructura mayor con personal que coordine, sea capaz y esté a la altura para satisfacer esas demandas cada vez mayores; por ello consideramos que la disposición existente de las secretarías y direcciones es el adecuado a estos tiempos”. De allí que en 2025, la gestión de Damián Bernarte mantendrá las 9 secretarías: Políticas Sociales; Infraestructura; Servicios Públicos; Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva; Gobierno; Salud; Prevención y Movilidad Urbana; Innovación; y Economía.

Por último, el secretario de Gobierno manifestó: “Históricamente se hace este tipo de críticas y pedidos por parte de la oposición, aunque en este caso puntual queda de manifiesto la falta de interés por conocer fehacientemente el rol que cumple cada una de las secretarías y de los funcionarios, información que es de acceso público y que se puede obtener fácilmente”.

Las declaraciones de Raúl Angonoa van en sintonía con lo expresado por Damián Bernarte en su discurso de apertura del año legislativo, el pasado 1º de marzo, apuntalado en la gestión en el que destacó el rol estatal en un contexto de caída de la recaudación propia y en la coparticipación. “El municipio cubre muchas demandas porque nadie más las cubre (…) Se analizan mucho los impuestos, pero muy poco los servicios que presta el Estado. Se pide reducción de la presión tributaria, pero a la vez, más obras y servicios", indicó el intendente y afirmó que "la Nación ha reducido las pocas prestaciones que daba a los ciudadanos de San Francisco".  

La oposición manifestó que acompañará el recorte del 20% en las dietas de los funcionarios del Ejecutivo anunciado por Damián Bernarte, que busca optimizar los recursos del municipio y aliviar las finanzas ante la difícil situación económica. En tanto, insisten con la necesidad de achicar la órbita del Estado municipal y plantean falencias en términos de transparencia y rendición de cuentas.

“Adherimos al recorte. De hecho, yo había propuesto que la reducción fuera del 25 % en los salarios de la planta política”, indicó a LA VOZ DE SAN JUSTO Marco Puricelli, edil de Juntos por el Cambio. Aunque, “creemos que es una decisión ‘para la tribuna’ porque no hay otra señal fuerte de austeridad de parte de esta gestión. No cesaron los nombramientos de personal, funcionarios, monotributistas”, agregó. 

“Acompaño el recorte pero creo que además debería hacerse una reducción de la planta jerárquica, de la cantidad de secretarías, directores, subdirectores, coordinadores…, que en algunos casos, no se sabe cuál es su función. Por lo que, además de la reducción salarial, era necesario anunciar una disminución de secretarías”, dijo Cecilia Roffé, del monobloque San Francisco Cambia. El gabinete de Bernarte mantiene las 9 secretarías: Políticas Sociales; Infraestructura; Servicios Públicos; Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva; Gobierno; Salud; Prevención y Movilidad Urbana; Innovación; y Economía.  

Recordemos que en el marco de la apertura oficial del año político, el sábado pasado por la noche, el intendente presentó importantes medidas en su discurso ante el Concejo Deliberante. Una de las novedades más destacadas fue el anuncio de reducir su salario y el de secretarios, concejales, tribunos de cuentas, asesor letrado y miembros del Tribunal de Faltas, lo que implicará un ahorro significativo. De acuerdo con el presupuesto municipal para 2025, que asciende a casi 70 mil millones de pesos, la erogación prevista para los salarios de la planta política es de $1.102.777.125. Con esta medida, el municipio podría ahorrar más de 220 millones de pesos.

En su discurso, Bernarte también hizo referencia a otras decisiones de ajuste, como la disminución del 30% en horas extras del personal municipal y en adicionales salariales en comparación con 2023. El intendente destacó que "veníamos de una inflación del 254% anual en 2023, que desaceleró pero continuó siendo una de las más altas del mundo", una situación que, según explicó, afectó las finanzas municipales. Además, señaló que la economía nacional cerró 2024 con una caída del 3%, lo que provocó una disminución del 10.6% en la recaudación municipal, es decir, más de 4 mil millones de pesos menos en las arcas del municipio.

A pesar de los desafíos, Bernarte destacó la implementación de 47 programas con 163 iniciativas en áreas clave como educación, salud, producción y seguridad, subrayando que en 2024 "cumplimos el 90% de estas iniciativas, gracias a que nuestro municipio está ordenado en sus cuentas". En cuanto a las críticas sobre el empleo público, aclaró que "son 1.269 los empleados municipales, lo que representa 18 por cada 1.000 habitantes, casi la mitad que la provincia de Córdoba". Además, defendió la eficiencia de la administración local al afirmar que "hacemos más con menos", a pesar de la creciente demanda de servicios en una ciudad en expansión.

En su discurso, Bernarte también dirigió críticas al gobierno de Javier Milei, particularmente sobre la falta de apoyo del gobierno nacional ante la crisis económica. "Es una realidad que la demanda ciudadana al municipio sigue creciendo. En esta nueva realidad, con un Estado nacional en retirada, los gobiernos municipales deben hacerse cargo de más necesidades sociales y comunitarias", señaló. En este contexto, destacó la responsabilidad que tienen los municipios en la provisión de servicios, apuntando a la dificultad de cumplir con las expectativas ciudadanas mientras se reducen los recursos. "Muchas veces se pide reducción de la presión tributaria y al mismo tiempo nos piden más o mejores servicios. Al menos, a nivel municipal. Menos Estado, pero más servicios. Difícil, ¿no?", reflexionó el intendente.

Con esta medida de recorte salarial y el ajuste en diversas áreas, el municipio de San Francisco enfrenta un año de desafíos, con el objetivo de equilibrar su presupuesto y continuar ofreciendo servicios esenciales a la ciudadanía en un contexto económico complicado.

Damián Bernarte dará inicio este sábado 1 de marzo al período 2025 de sesiones del Concejo Deliberante con su tradicional discurso en el Superdomo. Desde las 20, presentará un balance sobre las gestiones realizadas en 2024 y anticipará los proyectos que se llevarán adelante en el presente año. El intendente expondrá hoy cuáles serán las prioridades de gestión de este año, en el marco del nuevo contexto nacional. 

Según fuentes de LA VOZ DE SAN JUSTO, se espera que Bernarte haga importantes anuncios sobre inversiones en infraestructura, seguridad y, en especial, un nuevo plan de viviendas y lotes que se implementará en el municipio. Mientras tanto,  la oposición espera que en su mensaje el mandatario local haga referencia a temas cruciales tales como viviendas, la cuestión impositiva,  seguridad y salud. 

El mandatario local ratificará el rumbo de su administración y podría definir la relación con el gobierno nacional en el contexto de un año electoral. En este sentido, se prevé que el discurso mantenga la línea de los pronunciamientos de 2024, cuando Bernarte se refirió al impacto de la inflación y detalló las políticas municipales en áreas clave como seguridad, salud, educación, medio ambiente, obra pública e innovación. En aquella oportunidad, el intendente también destacó la implementación de medidas para enfrentar las dificultades económicas, una situación que continuará marcando la agenda en 2025.

Uno de los anuncios más esperados es el que se refiere al nuevo plan de viviendas, anunciado parcialmente en 2024, y que este año podría traer más certezas, dado el contexto económico que atraviesa el país, donde el gobierno de Javier Milei implementó políticas de ajuste fiscal que afectan directamente a programas nacionales de vivienda. La expectativa crece en torno a cómo la gestión local enfrentará esta situación, con la posibilidad de redoblar la apuesta por el acceso a la vivienda en un contexto de recortes en los planes de la Nación.

En el ámbito de seguridad, también se aguardan novedades. En el discurso de este año, se espera que Bernarte revele nuevos avances en este frente, sobre todo en lo que respecta a la ampliación del sistema de prevención y la mejora del equipamiento de seguridad.

En cuanto a obra pública, la pavimentación de calles, mejoras en el alumbrado público y otras obras de infraestructura figurarían entre los proyectos más relevantes que se presentarán en el discurso de apertura del período legislativo. 

Además, las políticas de innovación y tecnología seguirán siendo una de las piedras angulares de la gestión. Programas como la Escuelita Tecnológica de Verano, el Chatbot Municipal y la licencia de conducir digital continúan avanzando, y el discurso podría traer nuevos anuncios vinculados a la digitalización de los servicios municipales, con el fin de optimizar el acceso de los ciudadanos a la administración local.

En el ámbito educativo, otro de los logros destacados de 2024 fue la radicación de la Universidad Provincial de Córdoba en San Francisco. Actualmente, ya se está llevando a cabo la construcción de la nueva sede de la universidad en un terreno ubicado sobre la Av. de la Universidad. La llegada de esta institución fue un hito importante para el desarrollo de la ciudad, y se espera que en el 2025 se continúe con este proceso de expansión educativa.

En su discurso, Bernarte también hará referencia a los programas sociales y laborales, como el apoyo a emprendedores, los entrenamientos laborales y las capacitaciones a través de la Oficina de Empleo, continuando con el objetivo de promover la inclusión social y el desarrollo económico en San Francisco.

En la previa de la apertura del año legislativo, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Luciano Stopanni, compartió sus sensaciones y los desafíos que enfrenta la municipalidad de San Francisco. “Me siento honrado de haber sido elegido presidente del bloque por unanimidad por mis compañeros concejales. Voy a tratar de estar a la altura de ser presidente de bloque por tercera vez, y seguir demostrando que somos un ejemplo a nivel provincial y nacional”, afirmó.

Entre los proyectos que volverá a presentar JxC en el reinicio de sesiones del Concejo estarán el de “Ficha limpia” y “narcotest” a los funcionarios,  insistiendo en la transparencia en la gestión municipal. El concejal hizo hincapié en la necesidad de que la municipalidad publique datos sobre la cantidad de empleados. “No contamos con una página que detalle el número de empleados. Si hay 1.280, no hay razón para ocultarlo. Lo que se está haciendo no es transparente, y la falta de información alimenta la desconfianza”, señaló el edil opositor. 

La inseguridad, tanto vial como ciudadana, es otra de las preocupaciones del bloque. Stoppani pidió más controles de alcoholemia y la implementación de pruebas de narcotest para conductores. 

Además, el concejal expresó su deseo de que se avance en un plan municipal de viviendas. “La municipalidad tiene terrenos que pueden ser desarrollados para ayudar a la gente a construir su casa, en lugar de despilfarrar recursos”, indicó. 

Stopanni también se refirió a la situación de la salud pública, señalando la falta de atención médica especializada y la necesidad de contar con un hospital infantil que brinde servicios 24 horas como lo tienen otras ciudades. “Es fundamental que la municipalidad interceda ante la Provincia para resolver estos problemas”, indicó. 

La concejala Cecilia Roffé, del monobloque San Francisco Cambia, expresó sus expectativas sobre los anuncios que realizará el intendente y remarcó la necesidad de eliminar el Fondo para Obras y Servicios Públicos (Fosp) que se encuentra en todas las boletas municipales, salvo la del gas natural.

Además, criticó el uso de los recursos municipales. "Estoy expectante por los anuncios de Bernarte. Estoy ansiosa para ver si este año se anuncia la eliminación del Fosp, el cual encarece tanto los impuestos de los sanfrancisqueños. Espero que este sea el año en que se derogue este artículo de la ordenanza tributaria, sobre todo porque es un año en el que el impuestazo está golpeando muy fuerte a los vecinos de nuestra ciudad", sostuvo Roffé.

Roffé pidió más transparencia: “El intendente presentó un balance sin mostrar los números reales del municipio. El balance de diciembre llegó la semana pasada al Concejo Deliberante con un déficit de más de 1.000 millones de pesos. Creo que las prioridades del intendente no son las mismas que tienen los vecinos. Los números no cierran”. 

“Creo que otro de los anuncios que debería hacer es el de achicar la cantidad de secretarías, secretarios, directores y colaboradores en cada área", agregó la edil sobre el gasto en personal. “En 2024 de un presupuesto de casi 50 mil millones, el 82 % fue para gastos de funcionamiento y subsidios”, señaló. 

Roffé además adelantó que uno de los proyectos que impulsará este año será “la obligación de presentar declaraciones juradas de vínculos e intereses, para evitar que se siga beneficiando a familiares y amigos en las contrataciones municipales". 

“Recorro los barrios y escucho a los vecinos. Hay muchas necesidades sin atender –dijo-. Por ejemplo, los vecinos del sector sur están solicitando que la parte del exferrocarril Mitre, cercana al camino interprovincial, se transforme en un pulmón verde, con juegos e infraestructura adecuada, como ya se hizo otros sectores del ferrocarril".

Por último, señaló que en distintos sectores hay una fuerte demanda por el cerramiento de los canales a cielo abierto. "Recibimos numerosas quejas sobre este tema y, a pesar de que hubo promesas de que se realizarían cerramientos con premoldeados de hormigón, teniendo la hormigonera municipal a disposición, la obra nunca se concretó", sostuvo.

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el concejal oficialista Matías Beccaría dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO sobre las expectativas para el nuevo período legislativo y el contexto en el que se desarrollará.

"Estamos muy expectantes por el discurso del intendente, de su análisis conceptual y los anuncios que puedan surgir en cuanto a propuestas. Damián Bernarte trae propuestas y no promesas, porque son iniciativas para concretar con el conjunto de la sociedad", expresó.

Al referirse a la situación actual de la ciudad, Beccaría mencionó las dificultades derivadas del contexto nacional: "A fin de año hicimos un balance y particularmente yo señalaba que tanto el gobernador Martín Llaryora como el intendente tuvieron que gestionar en un contexto de crisis económica y política a nivel nacional, lo que generó muchos perjuicios, especialmente para los municipios. Pese a ese escenario, las obras no se detuvieron y los servicios crecieron y mejoraron, de la misma manera que continuarán también en 2025. Ante un Estado nacional ausente, fueron los municipios los que debieron afrontar muchas necesidades derivadas de los recortes del gobierno nacional y está gestión no miró para otro lado, sino que se hizo cargo de la situación "

Beccaría destacó la constante demanda de los vecinos de nuevas obras y mejoras en los servicios. "Siempre que se resuelve una necesidad, surgen otras nuevas. Eso es algo que nos identifica a los sanfrancisqueños, cuando se termina un cordón cuneta, se busca avanzar con el pavimento; cuando se finaliza el pavimento, se quiere mejorar la iluminación con luces LED o renovar los juegos de las plazas", destacó.Asimismo, valoró el trabajo conjunto con los distintos sectores políticos dentro del Concejo: "El año pasado, más allá de las discusiones ideológicas que siempre existen, logramos consensos importantes entre oficialismo y oposición. Queremos continuar con ese camino de trabajo como órgano legislativo.

Por último, el edil de Hacemos Unidos por Córdoba dejó un mensaje a los vecinos: "Este año enfrentamos un contexto de crisis similar al anterior y en ese escenario vamos a apuntalar la gestión del intendente. Vamos a seguir trabajando para que continúen las obras, mejorar y mantener los servicios, que son muchísimos, y fortalecer el trabajo en comunidad para que nadie se quede atrás".

En una sesión marcada por la ausencia de apoyo de los bloques opositores, el Concejo Deliberante de San Francisco aprobó el Presupuesto, la Tributaria y la Tarifaria 2025. El debate se desarrolló en un clima de controversia, donde los concejales de la oposición decidieron no acompañar los proyectos de ordenanza enviados por el Ejecutivo, argumentando que los números reflejados no coinciden con la situación económica real de la calle y exigiendo un manejo más eficiente de los recursos municipales.

A pesar del rechazo de los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) y San Francisco Cambia, que no respaldaron las iniciativas, el Presupuesto General Anual de Erogaciones fue aprobado con el voto positivo de la mayoría. El Ejecutivo Municipal, encabezado por Damián Bernarte, ejecutará el próximo año un presupuesto de $69.601.910.400, que marcará un incremento significativo en comparación con el año anterior, cuando la cifra fue de $49.493.285.566. Sin embargo, la nueva cifra estará condicionada por las expectativas recaudatorias luego de una "fuerte caída" de los ingresos por impuestos durante 2024.

Si bien desde el oficialismo indicaron que las subas en las tasas no significarán un porcentaje similar, la oposición sostuvo que el impacto impositivo “superará el 150%”.  

En cuanto a la distribución de estos fondos, la mayor parte del presupuesto será destinada al pago de salarios, que continúa siendo el gasto principal, seguido por las erogaciones vinculadas a la obra pública, servicios básicos, modernización del Estado municipal, salud y ayuda social. En este contexto, los ediles oficialistas destacaron la prioridad dada a la infraestructura y al bienestar social.

Desde el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Pilar Gioíno, defendió el Presupuesto, asegurando que es "prudente, equilibrado y pone énfasis en la obra pública y en la mejora de los servicios para los vecinos de la ciudad". Además, destacó que se prevé un sistema de fiscalización y análisis de gastos para un manejo más eficiente de los recursos. "Este presupuesto responde a un contexto económico nacional de incertidumbre, con quita de subsidios y reducción de la coparticipación", explicó Gioíno.

A pesar de las defensas del oficialismo, los concejales de la oposición no tardaron en expresar sus críticas. Marco Puricelli, de JxC, cuestionó la eliminación de 24 tasas en 2025, tildándola de una "medida insignificante" frente al aumento de impuestos. "La gente quiere un Estado más eficiente", manifestó, en referencia a los incrementos en los tributos, que consideró desproporcionados.

Por su parte, Cecilia Roffé, de San Francisco Cambia, apuntó a la falta de cumplimiento de los anuncios de obras municipales, como el proyecto del loteo municipal y la transformación del relleno sanitario. "El dinero presupuestado para esas obras se usa en otras cosas", denunció Roffé.

Uno de los puntos más polémicos fue el gasto en personal, que representará el 40% de los egresos, $27.893.691.303. La oposición acusó al gobierno municipal de haber incorporado un número significativo de empleados, con una cifra cercana a 1.000 nuevos trabajadores, según Puricelli. No obstante, Gioíno lo retrucó aclarando que la planta de empleados municipales actualmente asciende a 1.280 personas, entre planta permanente y contratados.

Roffé también cuestionó la tercerización de servicios, señalando que el gobierno municipal gastará $25.000.000 en contratar a una empresa privada para el mantenimiento de espacios verdes en el sector sur. "Esto no significa un manejo eficiente de los recursos", opinó Roffé. En cambio, el concejal oficialista Matías Beccaría defendió el contrato, argumentando que la contratación de empresas externas es proporcional al crecimiento de la ciudad y que la capacidad de los empleados municipales está limitada durante el período estival debido a las vacaciones: “San Francisco creció en superficie y espacios verdes a cargo del municipio. Todos los años se prevé la contratación privada para el mantenimiento. Además, debemos contemplar que los empleados municipales tienen derecho a tener vacaciones en enero y febrero, lo que limita la capacidad de respuesta”, justificó el oficialista. 

En cuanto a las estimaciones de ingresos, el municipio espera un crecimiento del 100% en comparación con 2024. Se proyecta que los ingresos corrientes totales ascenderían a $65.134.267.583, mientras que los ingresos de capital llegarían a $4.467.636.817. Dentro de estos ingresos, las tasas sobre inmuebles, servicios de agua y cloacas, y actividades comerciales seguirán siendo las principales fuentes de recursos, representando aproximadamente el 47% del total de los ingresos corrientes.

La recaudación por la tasa de comercio, que es la principal fuente de ingresos propios, experimentaría un aumento del 68% en relación al año anterior. Los impuestos sobre el inmobiliario y el automotor también sufrirían incrementos, del 54% y 68%, respectivamente. La tasa de servicios sanitarios (Amos) tendría un incremento del 42%, lo que también será impactado por la aplicación del Fondo para Obras y Servicios Públicos (Fosp) en todas las boletas municipales, a excepción de la del gas natural.

El Ejecutivo Municipal ha justificado estos aumentos en el contexto de la "fuerte caída" de la recaudación de las principales tasas durante 2024, así como la disminución de la coparticipación nacional. "Este escenario también afectó a muchas empresas locales, que reportaron caídas en sus ventas superiores al 50% en varios meses, lo que impactó directamente en los ingresos municipales", señalaron desde el gobierno local.

Dentro de los proyectos destacados, el Presupuesto 2025 contempla un plan de obras públicas que ascenderá a $10.571.541.184, lo que representará el 15,19% del total del presupuesto. Estos fondos estarán destinados a obras de bacheo, pavimentación, mantenimiento de espacios públicos, desagües pluviales, cloacas y otros proyectos de infraestructura. Además, $500.000.000 se destinarán al nuevo proyecto de loteo municipal.

En cuanto al gabinete municipal que acompañará a Damián Bernarte en 2025, se mantendrán las 9 secretarías existentes: Políticas Sociales, Infraestructura, Servicios Públicos, Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, Gobierno, Salud, Prevención y Movilidad Urbana, Innovación y Economía. No se realizaron modificaciones respecto a la estructura organizativa propuesta en el presupuesto.

El municipio continuará con la reducción del 30% en la tasa de Inmobiliario para aquellos que se encuentren al día con sus impuestos, además de un 10% de descuento por pago al contado. También se mantendrá la política de exención de la tasa de Inmuebles para el Parque Industrial, con el objetivo de fomentar la actividad económica y la radicación de empresas. Asimismo, se eximirá de la tasa de automotor a 1.818 jubilados con ingresos inferiores a $554.000, lo que representa un aumento del 70% respecto al año pasado.

El Centro Empresarial y de Servicios (CES) también expresó su rechazo a la continuidad del cobro de las tasas como el Fondo para Obras y Servicios Públicos (Fosp) y la Ordenanza Impositiva Municipal (OIM), que afecta al servicio de alumbrado público. El oficialismo defendió la legalidad del OIM amparándose en que la decisión de cobrarla es una potestad provincial.

Oscar Vidal, presidente del CES, que había llevado el reclamo a las audiencias públicas, calificó estas sobretasas como "impuestos distorsivos", afirmando que "afectan al comercio y a los ciudadanos en general". En sus declaraciones a LA VOZ DE SAN JUSTO, Vidal pidió la optimización de los recursos y la reducción de impuestos en todos los niveles de gobierno. "Si a nivel nacional se pide bajar los impuestos y optimizar los recursos, lo mismo debe aplicarse a los municipios", enfatizó.

Luego del discurso del intendente Damián Bernarte pronunciado en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, los presidentes de los distintos bloques que componen el cuerpo deliberativo dieron su parecer acerca del contenido del mensaje expresado por el titular del Departamento Ejecutivo.

En este caso, el presidente del bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Beccaría remarcó que “el intendente vino con propuestas y no con promesas. Esto es producto de una actitud asumida ante la profunda crisis económica por la que estamos pasando y en ese sentido es importante destacar anuncios como el del loteo municipal, la ampliación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, continuar construyendo una ciudad amigable con el ambiente con todo lo que eso implica y sobre todo continuar y garantizar los servicios que viene prestando el municipio”.

A su vez rescató el anuncio sobre políticas vinculadas a la protección de los vecinos. “Se trata de un nuevo rol que incorpora al municipalismo” expresó para luego rescatar “los anuncios en materia de desarrollo tecnológico que tienden a llevar al Estado cada vez más cerca de la gente para ayudarlos a afrontar esta crisis económica con un claro sentido social”.

“Desde Hacemos Unidos por Córdoba estamos decididos a acompañar a Damián Bernarte y a todo su equipo de gobierno para que, frente a esta profunda crisis económica, nadie se quede atrás y por sobre todas las cosas, que los vecinos de la ciudad puedan sentirse incluidos dentro de las distintas políticas que surjan desde la municipalidad de San Francisco”, concluyó.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli, omenzó señalando que de su parte “esperaba una mayor apuesta a las políticas sociales que tiene que generar el municipio, con medidas que impliquen un alivio fiscal para los vecinos y en cambio se dio una enumeración de obras y servicios que se buscan prestar y nosotros estaremos pendientes de que se cumpla con lo que se prometió en el discurso”.

Además, dijo que “esperaba señales más claras”, sobre todo “en este contexto tan complejo que atraviesan los vecinos de San Francisco y los ciudadanos de la Argentina”.

En ese marco, el concejal aludió a la búsqueda de consensos que señaló el intendente en relación a la forma de trabajo que aspira a generar en el Concejo Deliberante y en ese sentido dijo que “esta fue la conducta que tuvimos en Juntos por el Cambio donde hemos acompañado decisiones troncales de este municipio. Aquellos proyectos que fueron abordados con respeto a la oposición los hemos acompañado porque no somos ‘anti San Francisco’ y tampoco vamos a permitir que ocurra lo que pasa en otros niveles de la política. Queremos que a la ciudad le vaya bien, más allá del signo político que se encuentre ejerciendo circunstancialmente el gobierno municipal”.

Por su parte, la presidenta del bloque unipersonal de San Francisco Cambia, María Cecilia Roffe aseguró que el intendente Damián Bernarte “está en distinta sintonía con los reclamos que recibo de manera permanente en distintos sectores de la ciudad”.

“El intendente describió una realidad que no es la que vive el vecino de la ciudad”, expresó para luego agregar que “hablaba de medio ambiente cuando dejó muchos barrios de la ciudad con un sistema de recolección diferenciada de residuos muy distinta a la del resto de San Francisco que es atendida por Ashira”.

Además expresó que “son constantes los reclamos que tengo por la presencia de líquidos cloacales en la vía pública en distintos puntos de la ciudad. Los reclamos son muchos y no han sido solucionados”.

A su vez celebró el anuncio de la puesta en marcha de un programa municipal de loteos y al respecto dijo que “ojalá que no sea sólo una promesa como tantas otras que se volvieron a repetir porque no se concretaron el año pasado. Más allá de eso, espero que los anuncios se concreten, sobre todo porque a modo de ejemplo, es una lástima el estado de abandono que presentan las 25 viviendas que están en ejecución en el Loteo Lo Tengo. Para mí lo importante es que el intendente se acerque más a los vecinos para que vea cuáles son sus problemas”.