La Justicia Federal concedió este jueves la excarcelación de Oscar González en la causa en la que está imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó la inmediata liberación sin fianza, según indicaron desde la defensa del exlegislador.

González cumplía la detención desde hace un año en su domicilio, luego de que se dispusiera su arresto en el marco de la investigación federal. Con la nueva resolución, deberá cumplir una serie de condiciones para mantener el beneficio de la libertad, según lo establecido por el magistrado.

La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos es paralela al proceso judicial que se inició tras la tragedia vial que protagonizó el exlegislador peronista en el camino de las Altas Cumbres.

En aquel hecho, ocurrido el 29 de octubre de 2022, murió la docente Alejandra Bengoa y dos niñas sufrieron lesiones gravísimas. Por ese episodio, González está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. En esa causa se espera el juicio oral, luego de que la Justicia rechazara el pedido de probation que había presentado su defensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el procesamiento dictado contra el exfuncionario Oscar Félix González por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado, al considerar que la decisión resultó prematura sin la incorporación de una prueba clave: la pericia contable. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de excarcelación y confirmó el mantenimiento de la detención domiciliaria por la persistencia de riesgos procesales.

La resolución fue adoptada por la Sala A del tribunal, integrada por los jueces Abel G. Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, en el marco del legajo de apelación vinculado a la causa “González, Oscar Félix por evasión agravada tributaria – infracción art. 303 del Código Penal”. De ese modo, el tribunal dejó sin efecto el procesamiento dispuesto el 21 de octubre de 2025 por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Vaca Narvaja, aunque mantuvo las medidas de coerción personal ya vigentes.

En primera instancia, el magistrado había considerado acreditada, con grado de probabilidad, la existencia de un incremento patrimonial no justificado y de maniobras destinadas a otorgar apariencia lícita a bienes de presunto origen ilícito. Sobre esa base, procesó a González por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en concurso real, y dispuso la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, junto con medidas cautelares de carácter patrimonial.

La defensa apeló esa decisión al sostener que el procesamiento carecía de motivación suficiente, se apoyaba en apreciaciones dogmáticas y desconocía constancias esenciales del expediente. También cuestionó la validez de los actos procesales iniciales y alegó afectación del derecho de defensa.

Al analizar esos planteos, la Cámara descartó la nulidad solicitada y sostuvo que la resolución del juez de primera instancia cumplía con los requisitos formales y sustanciales exigidos por el Código Procesal Penal. Según los camaristas, el auto cuestionado se encontraba debidamente fundado y los agravios expresaban, en realidad, un desacuerdo con las conclusiones alcanzadas, pero no una falta de motivación.

No obstante, el tribunal sí dio la razón a la defensa en un punto central: la oportunidad del procesamiento. Los jueces entendieron que, dadas las características de la causa, resulta indispensable contar previamente con la pericia contable encomendada al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No se trata de una prueba más, sino de aquella que permitirá definir la existencia o no de mérito suficiente para que el proceso avance hacia la etapa de juicio oral”, señalaron.

Por ese motivo, la Cámara resolvió revocar el procesamiento y ordenar al juez instructor que realice las diligencias necesarias para incorporar la pericia pendiente y, una vez producida, vuelva a pronunciarse sobre la situación procesal del imputado.

En paralelo, el tribunal analizó la situación de la prisión preventiva. Si bien reconoció avances relevantes en la investigación —como tasaciones de inmuebles y la incorporación de documentación fiscal, contable y registral—, consideró que aún resta producir prueba de singular importancia y que subsisten los indicadores de peligrosidad procesal ya señalados en resoluciones anteriores.

Con ese argumento, la Cámara confirmó el mantenimiento de la detención domiciliaria de González, al entender que persiste el riesgo de obstrucción de la investigación y de elusión de la justicia. En la misma línea, en un incidente separado, ratificó la decisión de denegar la excarcelación solicitada por la defensa.

Así, aunque el procesamiento quedó sin efecto de manera provisoria, la situación personal de Oscar González no se modifica: seguirá detenido bajo modalidad domiciliaria mientras la causa avanza y se incorpora la prueba pericial que el tribunal considera determinante para el futuro del expediente.

La Justicia de Villa Dolores resolvió este jueves rechazar la “probation” para el exministro y exlegislador Oscar Félix González por el siniestro vial conocido como la tragedia de las Altas Cumbres que dejó como saldo una víctima fatal y una adolescente con graves secuelas.

Luego de un prolongado proceso, a casi tres años del hecho, González había propuesta una suspensión del juicio a prueba (probation) con una alta suma de dinero en favor de las familias de las víctimas.

La decisión fue celebrada por la familia de las víctimas.

“Queremos que se realice el juicio porque eso es hacer Justicia. La justicia no se suplica, no se lucha. Quien rompió los platos tiene que pagarlos. Y no es algo leve como el abogado del imputado vino al comienzo a decirnos”, sostuvo Nazzia a Telefe Córdoba, mamá de Alexa, la joven que sobrevivió al choque con serias consecuencias físicas.

“Ella quería estar acá, pero no quería exponerla este momento tan duro. Por eso me dio una carta que leí ante todos”, agregó.

Laura Bengoa, hermana de Alejandra, sostuvo: “Lo que necesitamos es un juicio y es lo que nos han promedito. Es insólito que alguien mate a alguien y se imponga su propia pena. Que lo diga un juez”.

En tanto, el abogado de González, Pedro Despouy adelantó que esperarán a conocer los fundamentos de la resolución para analizar la posibilidad de recurrir.

“se hizo una propuesta económica más que serie, siempre basaba en el sistema de indemnización de daños y perjuicios por accidentes de tránsito. La reparación ofrecida era integral”, indicó.

El exlegislador y exdiputado nacional Oscar González fue procesado por la Justicia Federal de Córdoba por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de ser imputado por omisión, falsedades e imprecisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales. 

La causa se originó tras la tragedia vial en las Altas Cumbres, ocurrida el 29 de octubre de 2022, luego de una denuncia de la legisladora provincial del MST, Luciana Evchevarría.

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian confirmó a Canal 10 que el juez Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento de González. Según explicó, se detectaron inconsistencias significativas en sus declaraciones juradas, entre ellas una notable diferencia entre el valor declarado de una propiedad y su valor real.

“Se detectaron falencias en las declaraciones juradas, principalmente omisión de presentarlas cuando correspondía, y también declaraciones patrimoniales con falsedades e inexactitudes”, sostuvo Hairabedian en diálogo con el programa Fuerte y Claro de Canal 10.

El fiscal recordó además que el caso tiene dos frentes judiciales: uno vinculado al siniestro vial, que dejó como saldo una mujer fallecida y dos niñas heridas con secuelas, y otro relacionado con las maniobras patrimoniales posteriores atribuidas al exlegislador. 

“El enriquecimiento se origina por una denuncia que realiza la legisladora Luciana Echevarría luego del accidente ocurrido en las Altas Cumbres. Allí se destapa una sospecha”, confirmó.

“Nosotros recibimos de la Justicia provincial una investigación por las declaraciones juradas patrimoniales de esta persona, y ahí es cuando se desencadena otra nueva imputación. De alguna manera se relaciona con lo anterior”, agregó el fiscal.

Por último, explicó cómo seguirá el proceso penal: “En la causa por enriquecimiento, la defensa no comparte la decisión y mediante un recurso la revisará la Cámara de Apelaciones. En cuanto a la imputación por las declaraciones juradas, el juez federal ya fijó fecha para recibir la declaración indagatoria”, señaló.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó este martes la prisión domiciliaria del exlegislador cordobés Oscar González en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El tribunal, integrado por los jueces Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del dirigente, y ratificó la medida dispuesta por el juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja.

La prisión domiciliaria había sido solicitada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

Los camaristas consideraron que persisten los riesgos procesales en el caso, en particular, la posibilidad de que González entorpezca la investigación o eluda a la Justicia. En ese marco, justificaron el mantenimiento de la medida de coerción y evaluaron que el avance de la causa todavía no permite descartar esas amenazas.

Además, la Cámara estableció por mayoría que la detención domiciliaria tendrá un plazo inicial de cuatro meses, contados desde el momento en que el juzgado reciba formalmente la causa. Esa duración podrá ser prorrogada si el magistrado interviniente lo autoriza.

En los fundamentos del fallo, el tribunal explicó que la decisión se basa en razones estrictas de legalidad, en línea con el principio de proporcionalidad y la evolución del expediente. Indicaron que el avance sustancial de la instrucción permite proyectar una reducción progresiva del riesgo procesal, aunque no su eliminación total por el momento.

Asimismo, los jueces remarcaron que el plazo impuesto responde a la necesidad de garantizar un juicio dentro de un tiempo razonable, tanto en resguardo de los derechos del imputado como en función de los intereses de las víctimas y de la sociedad.

“La justicia debe actuar con celeridad y sin dilaciones que conduzcan a la impunidad”, advirtieron.

González, exfuncionario de alto perfil en la política de Córdoba, ya se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace varias semanas, tras ser imputado en una causa que investiga un presunto crecimiento patrimonial no justificado y maniobras de lavado de dinero.

Con esta decisión, la Cámara ratificó la gravedad del caso y la vigencia del proceso penal, que sigue su curso bajo reserva judicial.

El juez federal Hugo Vaca Narvaja ordenó este lunes la detención de Oscar González, ex legislador peronista, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo, el dirigente del PJ cumplirá su detención en su domicilio, bajo el régimen de prisión domiciliaria, y deberá usar una tobillera electrónica.

La medida fue adoptada luego de la solicitud realizada por el fiscal Maximiliano Hairabedian, quien imputó al exfuncionario tras una investigación iniciada a raíz de un fatal accidente ocurrido en las Altas Cumbres.

El accidente ocurrió en octubre de 2022, cuando la docente Alejandra Bengoa perdió la vida y dos adolescentes resultaron gravemente heridos en el paraje Niña Paula. Tras el choque, surgieron dos causas paralelas que involucraron a González.

Una de ellas gira en torno al uso de una camioneta BMW, que había sido cedida a la Legislatura para funciones oficiales pero que fue utilizada por González, lo que despertó sospechas sobre la legalidad del uso de dicho vehículo. La otra causa se relaciona con el retiro de bolsos por parte de familiares del ex legislador poco después del accidente, lo que generó inquietudes sobre posibles irregularidades en la gestión del patrimonio de González.

A partir de las investigaciones, se descubrió que González poseía numerosos inmuebles, algunos de los cuales fueron transferidos a sus hijos poco después del choque, lo que despertó la atención del fiscal Hairabedian y dio pie a la imputación por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Oscar González fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la causa que investiga el fiscal Maximiliano Hairabedián en la Justicia Federal. Pidió su detención que deberá ordenar el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja al regreso de la feria judicial.

La investigación derivó de la causa por el accidente de las Altas Cumbres, ocurrido en octubre de 2022, en el que murió Alejandra Bengoa y dos adolescentes sufrieron gravísimas lesiones.

Tras la tragedia en el paraje Niña Paula, surgieron dos causas paralelas que tienen al exdirigente peronista en la mira. Por un lado, el uso de la camioneta BMW que estaba a disposición de la Justicia de Córdoba y, por el otro, el retiro de bolsos que hicieron familiares de González tan solo momentos después del accidente.

La legisladora opositora, Luciana Echeverría sumó una denuncia por este último hecho y comenzó una investigación por el patrimonio del ex presidente provisorio de la Legislatura. Fue entonces que Hairabedián descubrió que González tenía numerosos inmuebles que, tras el choque de 2022, fueron transferidos a sus hijos.

El lunes próximo retoma la feria judicial y se espera que Vaca Narvaja defina el pedido de detención contra el exlegislador. Cabe remarcar que al tener más de 70 años, en su caso 77, podría contar con el beneficio de una prisión domiciliaria.

La Unicameral  dispuso este miércoles la sanción de suspensión y en consecuencia el apartamiento de Oscar Félix González como legislador provincial, sin goce de dieta, hasta tanto haya pronunciamiento de sentencia firme en las causas judiciales inherentes al siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 del que fuera parte; disponiendo su suspensión en todo cargo que ejerza en representación del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.

La decisión se tomó en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y tuvo el apoyo de la bancada oficialista (Hacemos por Córdoba) y el PRO. 

El apartamiento se aprobó con la siguiente votación:

62 votos a favor: 47 Hacemos por Córdoba, 7 Juntos UCR, 4 Juntos por el Cambio, 2 Encuentro Vecinal Córdoba, 2 Identidad peronista.

4 votos en Contra: 1 Juntos UCR, 1 Coalición Cívica ARI, 1 MST Nueva Izquierda, 1 Izquierda Socialista - FIT Unidad.

4 ausentes: 2 Hacemos por Córdoba, 1 Juntos UCR1 Juntos por el Cambio.

Vale destacar que González protagonizó un trágico accidente en el camino a las Altas Cumbres, en el que murió una docente y dos adolescentes resultaron gravemente heridas.

El propio González envió una carta al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Cid, y pidió que se leyera que no iba a volver a la Legislatura hasta tanto hubiera una resolución en el juicio. 

"Planteé el tema, como dicta mi responsabilidad y se va a tratar. Fue votado pro mayoría su suspensión sin goce de sueldo hasta que se resuelva su situación en la Justicia", indicó. 

El legislador cordobés Oscar González habló este martes por primera vez sobre el trágico accidente vial que protagonizó el 29 de octubre pasado en el camino a las Altas Cumbres, en el que murió una docente y dos adolescentes resultaron gravemente heridas. 

En diálogo con Radio Verdad de Villa Dolores, González, quien se encuentra de licencia de su cargo de presidente provisorio de la Unicameral, aseguró que no recuerda lo que pasó en el momento en que el BMW X1, que él conducía, impactó de frente con una Renault Sandero, que manejaba la maestra fallecida, Alejandra Bengoa, de 56 años, y en el que también viajaban dos chicas de 14 años (Marina Szulewicz, su hija, y Alexa Miranda). 

Desdichadamente, no recuerdo el momento del accidente. No tengo memoria de haber intentado sobrepasar o adelantarme a alguien.

En ese marco, confesó: "Lo único que puedo decir es que, cuando supe que había una persona muerta y dos niñas malheridas, se cruzó por mi mente que habría dado mi vida para haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final".

"Dios ha planteado las cosas de este modo y ha puesto una cruz en mi espalda, que debo sobrellevar y sobreponerme a eso", reflexionó.

Al ser interrogado acerca de si conducía a alta velocidad y si pasó sobre la línea amarilla, respondió: "No puedo ni debo inmiscuirme en la instrucción que lleva cabo la Fiscalía de Cura Brochero. Lo que sí puedo decir es que los testigos presenciales, aportados por la misma, indican una versión totalmente distinta de la que existía hasta la fecha".

Por otra parte, González enfatizó que nunca se negó a hacerse un análisis de sangre tras el siniestro vial ni a entregar su teléfono celular a la Justicia.

"El sábado a la noche del accidente, se había instalado en los medios que yo me había negado a hacerme el control del análisis de sangre, cuando el médico forense, a los cinco minutos de llegar al hospital de Mina Clavero, me hizo la extracción", afirmó.

"También se dijo que me había negado a entregar el celular, cuando la propia fiscal dijo que lo di voluntariamente. Desde ahí en más, ha habido una catarata de versiones y cosas juzgadas, que confío que la Justicia va a aclarar", añadió.

Con respecto a las versiones que circularon sobre los bolsos que llevaba en el auto al momento del accidente, aseguró que en los mismos sólo "llevaba ropa y un obsequio" que le había dado un amigo.

Con respecto a su licencia de conducir, aseguró que la sacó en Las Tapias por una cuestión de comodidad. "Un día, con el carné a punto de vencer, tenía una actividad oficial en esa localidad y lo renové ahí. Obré dentro de la ley", dijo.

"Las multas por excesos de velocidad, las dos que supuestamente tengo, infracciones de las cuales de una estoy seguro de haberla cometido, son posteriores a la fecha de emisión del carné. La emisión de la licencia fue en enero y las penalidades son de junio o julio", aclaró.

El legislador Oscar Félix González, se presentó este jueves ante la fiscal Analía Gallarato, de Cura Brochero, por la causa de la tragedia vial de las Altas Cumbres ocurrida el 29 de octubre.

"Cumplió con la citación y negó los hechos. Se abstuvo de declarar", dijo a Cadena 3 su abogado, Miguel Ortiz Pellegrini.

"Podemos conocer el expediente que hasta ahora era secreto", apuntó.

González, de 74 años, se accidentó el sábado 29 de octubre en la zona de Altas Cumbres, cuando chocó de frente al mando de un BMW X1 contra un Renault Sandero.

Como consecuencia del fuerte impacto falleció Alejandra Bengoa, quien conducía el Renault, mientras que su hija y una amiga de esta, ambas de 14 años, quedaron internadas en grave estado.

La situación del legislador, quien solo sufrió algunas contusiones en el choque, se complicó con el correr de los días, especialmente a partir del testimonio de algunos testigos, quienes aseguraron que no respetó las líneas amarillas en el asfalto, que indican la prohibición de sobrepasar a otro vehículo.

Por tal motivo, fue imputado por "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas".

Luego, surgieron distintas irregularidades, como la asignación arbitraria de vehículos judicializados, la chapa "gemela" que tenía su vehículo, y la extensión de su carnet cuando tenía infracciones de tránsito impagas.

Otro hecho que la justicia está tratando de dilucidar es la presencia de dos personas que se acercaron al BMW, poco después del siniestro, para retirar pertenencias.

El legislador Oscar González presentó este miércoles un pedido para extender su licencia sin goce de sueldo por seis meses (hasta mayo de 2023) en la Unicameral de Córdoba.

Es la segunda modificación en menos de dos semanas, tras protagonizar un accidente vial en el camino a las Altas Cumbres en el que murió una mujer y dos adolescentes resultaron heridas.

González fue imputado por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas. Se sospecha que él, al volante del BMW X1, se cruzó al carril contrario, donde impactó de frente con el Renault Sandero.

El siniestro reveló que el legislador oficialista conducía un auto judicializado con patente "melliza", además de irregularidades en su carnet de conducir.

Francisco Fortuna, jefe de la bancada del oficialismo, dijo a Cadena 3: "Hoy asumirá la legisladora suplente de González, Noelia Brizuela".

"Asimismo, en la comisión del jury asumirá, quien reemplaza a González, la legisladora Victoria Busso, la presidencia provisoria estará en manos de la Cámara Nadia Fernández y el vicepresidente de la Cámara será Raúl Latimori", precisó.

Desde la oposición hay rechazo hacia la solicitud de licencia y algunos van a pedir la expulsión de González.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba informó que el legislador Oscar González presentó este sábado su renuncia a la presidencia provisoria de este cuerpo.

Según la nota N° 36445/N/22, el legislador comunicó que lo hace por prescripción médica y a los fines de permitir un normal funcionamiento del cuerpo legislativo.

Además solicitó a través de la nota N° 36444/N/22, en los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, se le otorgue la prórroga de su licencia (sin goce de sueldo) hasta el 31 de diciembre del 2022.

Hace una semana el legislador oficialista protagonizó un accidente vial en el camino a las Altas Cumbres, en el que murió una mujer y dos adolescentes siguen internadas.

El siniestro reveló que González conducía un BMW X1, un rodado "mellizo" secuestrado en 2019 por la Justicia de Villa Dolores y que a fines de ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) asignó al legislador como depositario judicial.

Además, González circulaba con una licencia de conducir otorgada en Las Tapias pese a que tiene domicilio en Villa Dolores.

Este viernes, el bloque de Juntos por el cambio había pedido la renuncia de Oscar González como presidente provisorio y una licencia sin goce de sueldo mientras se sustancia el proceso penal por el trágico accidente.

Un siniestro vial ocurrido en el camino de las Altas Cumbres, en el que se vio involucrado el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba y en el que falleció trágicamente una docente de Traslasierra, puso a la luz algunas prácticas judiciales y políticas que están mereciendo un arduo debate en los medios de comunicación y también en la opinión pública. Como es habitual, las autoridades competentes investigan el trágico suceso para deslindar responsabilidades y tener certezas acerca de cómo se produjo el choque. Pero, al mismo tiempo, asoma en este tema la cuestión vinculada a la cesión legal de automóviles judicializados a distintos estamentos del Estado. En este caso, el vehículo en el que se trasladaba el legislador formaba parte del grupo de autos entregados por la Justicia a la Legislatura provincial y que son utilizados por varios de sus integrantes.

Los tribunales judiciales de la provincia están autorizados por ley para entregar vehículos secuestrados en distintas causas a organizaciones estatales para que los utilicen en sus funciones específicas. El objetivo es que no se deterioren estos vehículos y puedan aprovecharse para el servicio público. El organismo que los recibe tiene obligaciones, como conservarlo en buen estado, contratar un seguro y utilizarlo dentro de los márgenes que la norma establece. Sin embargo, incluso desde la Justicia se ha admitido que "no hay forma" de controlar en qué se usan estos rodados.

Si no se puede controlar, deberá revisarse o reformarse la norma. Porque los interrogantes aparecen al instante. ¿Quién establece cuándo un vehículo se usa para la función oficial o la vida privada, mucho más cuando no tiene identificación visible de que pertenece a alguna repartición pública? ¿Por qué estos mismos rodados no son entregados a la policía para que se conviertan en móviles de patrulla o sirvan para trasladar a maestros rurales, a bomberos o para el uso de organismos que trabajan para paliar las vastas necesidades sociales que existen?

 Más allá de que normas lo habiliten, la mirada ciudadana en torno a la cuestión es cuestionadora. Y tiene argumentos sólidos para serlo. Porque asoma en el horizonte la idea de que existen ciertos privilegios para determinados funcionarios del Estado que, aprovechando resquicios legales, consiguen privilegios que se convierten en irritantes para la población. Mucho más en medio de las urgencias y las penurias que la crisis socioeconómica ha generado.

Sin ingresar en el análisis del caso particular del presidente provisorio de la Legislatura -la Justicia es la que debe establecer las responsabilidades-, la tragedia del camino de las Altas Cumbres abrió la puerta a que se expandan las dudas acerca de que determinadas habituales prácticas como la de entregar autos a entes estatales pueden convertirse en maniobras que solo favorezcan a algunos dirigentes y ello derive en que el noble fin de la ley se vea desvirtuado. Por ello, asoma como necesario que la Justicia revise los procedimientos de adjudicación y que, si cabe, se modifiquen las normas que hasta ahora han regido para estos casos.

Dos autos chocaron de frente este sábado a la altura del kilómetro 17 en el Camino de las Altas Cumbres, Córdoba.

En uno de los vehículos se conducía el legislador por el departamento San Javier y presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González, quien se encuentra consciente.

En el otro automóvil viajaban un hombre y dos mujeres que quedaron atrapados y están en grave estado de salud.