El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud.

El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la cautelar continuará vigente hasta que la Cámara Federal se expida sobre la presentación oficial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La medida judicial surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones cordobesas como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos de la provincia.

En su resolución, Vaca Narvaja ordenó al Estado nacional cancelar las deudas en un máximo de 72 horas y fijó una vigencia de seis meses para la cautelar o hasta el dictado de una sentencia firme.

El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.

En los fundamentos de la resolución, el juez señaló que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores, además del “riesgo inminente” para las personas con discapacidad.

Por otra parte, la nota también hace referencia a la Resolución 28/2026, mediante la cual el Gobierno eliminó los subsidios a empresas de transporte de larga distancia para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer.

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp) en medio de fuertes reclamos por cortes de servicio y falta de entrega de medicamentos.

En los considerandos se señaló que la medida tiene como objetivo que el organismo pueda “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo”.

Esta decisión administrativa responde a la "crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto", según se detalla.

De acuerdo con la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial,  el financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (Lecaps) con vencimientos programados para el año en curso.

O sea, esto implica que el Gobierno nacional tomará deuda para realizar el aporte.

El primer tramo del aporte, correspondiente al 33% del total, se integrará con letras que vencen el 31 de julio de 2026, con un valor nominal original de 173.672.159.684 pesos.

Un segundo tramo, también del 33%, se cubrirá con instrumentos con vencimiento al 31 de agosto de 2026, por un valor nominal de 164.037.509.356 pesos.

El 34% restante se completará con letras que vencen el 30 de septiembre de 2026, lo que representa un valor nominal de 187.363.497.440 pesos.

Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026.

La normativa establece que estas Letras del Tesoro deben ser "reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan", en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.

La resolución lleva las firmas de los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman.

En una resolución de fuerte impacto social, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba ordenó en las últimas horas de manera urgente a Pami y al Ministerio de Salud de la Nación (mediante el programa Incluir Salud) normalizar el pago de las prestaciones para personas con discapacidad.

El magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja fijó un plazo máximo de 72 horas para que el Gobierno nacional cumpla con esta disposición.

La medida cautelar responde a un amparo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a diversas instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.

El fallo busca proteger a titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad, asegurando la continuidad de servicios esenciales que se encontraban en riesgo por la falta de acreditación de fondos.

El magistrado subrayó que las demoras crónicas y la interrupción en la entrega de fármacos representan un "riesgo inminente" para un sector de alta vulnerabilidad.

Según la resolución, el Estado intentó "evadir o dilatar" sus obligaciones constitucionales de protección integral.

El desfinanciamiento llevó a situaciones críticas. En los fundamentos, el juez destacó el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, que debió afrontar más de $ 41 millones en intereses ante Arca por aportes y contribuciones impagas durante 2026, producto del atraso en los cobros estatales.

Este escenario se enmarca en la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026.

La cautelar tendrá una vigencia inicial de seis meses o hasta que se dicte una sentencia firme, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento por parte de los organismos nacionales.

El Concejo Deliberante de San Francisco aprobó una resolución en la que manifestó su preocupación institucional ante los cambios implementados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en las modalidades de cobertura, organización y remuneración de las prestaciones médicas destinadas a jubilados y pensionados.

La iniciativa fue aprobada por mayoría con el acompañamiento de los bloques Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, mientras que fue rechazada por el monobloque San Francisco Cambia, representado por Cecilia Roffé.

En el texto, el cuerpo deliberativo advirtió que las modificaciones generan “incertidumbre respecto de la calidad, la accesibilidad y la continuidad de la atención sanitaria en la ciudad”.

Asimismo, señalaron que eventuales cambios en el esquema prestacional vigente podrían “dificultar el acceso oportuno a servicios de salud”, afectar la estabilidad de los prestadores locales y derivar en una mayor demanda sobre el sistema público municipal. En ese sentido, alertaron sobre el riesgo de sobrecarga en los servicios locales de salud y asistencia social.

La resolución también recoge inquietudes expresadas por profesionales, instituciones médicas y prestadores locales en relación a los cambios en los esquemas de contratación y remuneración, con posibles efectos sobre la sostenibilidad económica de los servicios, la disponibilidad de especialistas y la continuidad de la atención.

En ese marco, el Concejo contextualizó la situación en la realidad de los municipios del interior, donde el sistema sanitario funciona a partir de la articulación entre prestadores privados, organismos nacionales, la provincia y el municipio. Según se indicó, cualquier modificación en las condiciones de cobertura o financiamiento “no solo impacta en los afiliados directos, sino que traslada tensiones al conjunto del entramado sanitario local”.

Además, en los fundamentos se remarcó: “La situación planteada exige una mirada integral y federal del sistema de salud, donde las decisiones adoptadas a nivel nacional contemplen su impacto real en las comunidades del interior, evitando trasladar costos sociales y sanitarios a los niveles locales de gobierno”.

A través de la resolución, el Concejo solicitó a las autoridades nacionales del PAMI que evalúen de manera permanente los efectos territoriales de las medidas adoptadas, priorizando el bienestar de los afiliados, garantizando condiciones adecuadas para los prestadores y asegurando la continuidad y calidad de las prestaciones.

También se dispuso remitir copia del documento a la Delegación PAMI San Francisco, a la Unidad de Gestión Local PAMI Córdoba, al Consejo Municipal del Adulto Mayor y a los representantes legislativos nacionales por la Provincia de Córdoba.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (conocido como Pami) reconoció deudas al 8 de abril con hospitales públicos de Córdoba por 4.229.546.552,34 pesos.

Es un monto muy cercano al reclamo que hizo conocer la Provincia por deudas por recupero de costos de atención a afiliados de la obra social de los jubilados en los hospitales públicos.

El Ministerio de Salud provincia estimó en 2.900 millones de pesos (a valor nominal) lo que debe Pami por recupero de gastos de atención a pacientes de la obra social nacional. Este monto, actualizado con intereses se eleva a 4.700 millones de pesos. Pero Pami no reconoce más que deuda histórica, sin indexación, por lo que el monto que admite incluiría a instituciones de salud de municipios de Córdoba, no sólo los hospitales provinciales.

Esto tiene sentido porque al reclamo de la Provincia se le sumó el de más de 150 intendentes y jefes comunales de toda la provincia de Córdoba que presentaron una nota formal de reclamo ante la Jefatura de la Delegación Córdoba de Pami por los mayores costos que deben asumir por la caída de prestadores de la obra social nacional en el interior provincial que saturan los servicios de salud municipales.

La admisión surgió como parte del paquete de respuestas por escrito de la Jefatura de Gabinete a preguntas de los legisladores, acto que tendrá como parte central la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso.

La pregunta que originó la respuesta nacional fue realizada por el bloque de Provincias Unidas, que integran los legisladores que representan al oficialismo en Córdoba.

Según los datos oficiales, la deuda reconocida por el INSSJP con los hospitales públicos de la provincia de Córdoba es la segunda más alta en el país, detrás de la Provincia de Buenos Aires que encabeza la lista con un rojo de 7.807.646.899,08.pesos.

El ranking de deudas con hospitales públicos provinciales se completa con otras jurisdicciones clave:

A nivel nacional, el Pami reconoce un pasivo total con efectores públicos de aproximadamente $ 21.700 millones.

Respecto a la regularización de estos montos, el organismo explicó que los convenios vigentes establecen que el pago de las facturas debe realizarse dentro de un plazo de 60 días corridos desde su presentación.

Sin embargo, el Pami justificó parte del retraso en cuestiones administrativas de los propios hospitales: una proporción significativa de la deuda se debe a que los centros de salud omiten presentar la declaración jurada obligatoria que garantiza que no han iniciado reclamos duplicados ante la Superintendencia de Servicios de Salud, respondieron.

En el caso de Córdoba, esto no es cierto, según las autoridades de Salud. Las facturas por recupero de gastos se han entregado a todos los financiadores a tiempo y con la documentación de respal y la efectivización de estos cobros se incrementó, con la sola excepción de Pami, que dejó de pagar en octubre del año pasado, de acuerdo a lo que afirmaron voceros de la cartera sanitaria provincial.

Frente al cierre de una clínica que concentraba la atención de los pacientes Pami en Marcos Juárez, el gobernador Martín Llaryora acentuó la gestualidad crítica con el Gobierno nacional con una amplia difusión de obras de ampliación de atención en el hospital regional de esa ciudad, para contener la demanda que deja sin atención la crisis de los prestadores de la obra social nacional.

"En el contexto del conflicto que afecta la prestación de servicios a afiliados del Pami en Marcos Juárez, el Gobierno de la Provincia puso en marcha un plan de emergencia para reforzar el hospital local y que los jubilados y vecinos de la región tengan acceso a la atención médica. La medida se enmarca en el incremento de la demanda que viene registrando el sistema público de salud, particularmente por pacientes que antes contaban con cobertura del Pami o privada y hoy recurren a los hospitales provinciales", dice el comunicado de Prensa provincial.

En concreto, la Provincia se ampliará la capacidad de respuesta del Hospital de Marcos Juárez, con nueve nuevas camas de internación —6 de piso y 3 de terapia intermedia— y la reconfiguración de la guardia central, donde se habilitarán 5 camas con oxígeno y monitoreo para internaciones breves, además de un shock room completamente equipado.

El plan incluye además una obra de adecuación del sistema de gases medicinales -detalla la Provincia-, que optimizará la atención en la guardia, el shock room y áreas críticas como sala de partos, prepartos y quirófano.

En el marco del conflicto que afecta la prestación de servicios a afiliados del PAMI, el Gobierno provincial puso en marcha un plan de emergencia para reforzar el hospital de Marcos Juárez y garantizar la atención de jubilados y vecinos de la región.

La medida responde al incremento de la demanda en el sistema público de salud, impulsado por pacientes que antes contaban con cobertura privada o de PAMI y que ahora recurren a hospitales provinciales. Ante este escenario, se dispuso una intervención integral para ampliar la capacidad de respuesta del centro de salud, especialmente de cara al período invernal.

El plan contempla la incorporación de nueve nuevas camas de internación, de las cuales seis serán de sala general y tres de terapia intermedia. Además, se avanzará en la reconfiguración de la guardia central, donde se habilitarán cinco camas con oxígeno y monitoreo para internaciones breves, junto con la instalación de un shock room completamente equipado.

El objetivo es descomprimir la demanda hospitalaria y asegurar la atención de pacientes que requieran internaciones de corta duración, particularmente adultos mayores, facilitando luego su derivación a centros de mayor complejidad.

La intervención incluye también la adecuación del sistema de gases medicinales para optimizar la atención en áreas críticas como guardia, sala de partos y quirófano. En paralelo, se sumarán seis enfermeros y cinco médicos para reforzar la cobertura y el funcionamiento de las nuevas unidades.

Asimismo, se realizará una inversión en equipamiento que supera los 150 millones de pesos, destinada a la adquisición de camas, monitores e insumos para emergencias. A esto se agrega la incorporación de una ambulancia de alta complejidad, que se integrará al parque sanitario del hospital.

Desde la Provincia señalaron que el objetivo es sostener el acceso a la salud en un contexto de alta demanda y garantizar la atención de los sectores más vulnerables, en medio de la tensión que atraviesa la red de prestadores.

La crisis que atraviesa el PAMI (Programa de Atención Médica Integral) comienza a impactar con fuerza en los sistemas de salud municipales del este cordobés, donde ciudades como San Francisco, Brinkmann y Arroyito enfrentan un sostenido incremento en la demanda de atención por parte de jubilados y pensionados. Autoridades locales coinciden en que los municipios están absorbiendo prestaciones que debería garantizar la obra social nacional, en un contexto marcado por demoras, recortes y dificultades de acceso.

En San Francisco, el fenómeno ya se refleja en cifras concretas. Según registros de la Asistencia Pública Municipal, los afiliados de PAMI representan actualmente el 12% del total de atenciones. Solo en los primeros tres meses de 2026 se realizaron 2.016 prestaciones a pacientes de esa obra social, lo que implica haber duplicado en un trimestre todo lo atendido durante 2025.

El aumento de la demanda está directamente vinculado a los problemas que enfrentan los afiliados dentro del sistema del PAMI. Demoras en los pagos a profesionales, falta de medicamentos y turnos médicos que superan los 90 días empujan a los jubilados a recurrir a los servicios municipales.

La secretaria de Salud de San Francisco, Silvina Martín, describió con claridad la situación: “En tres meses de 2026 observamos que se duplicó la atención de pacientes de PAMI con respecto a 2025. Al tener los turnos lejos de su médico de cabecera y no contar con medicamentos, los afiliados vienen al sistema de salud municipal. La demanda es cada vez mayor”.

El impacto no es homogéneo en toda la ciudad. En algunos sectores, la presión es aún mayor. En barrios como Sarmiento y Bouchard, los afiliados a PAMI llegan a representar hasta el 50% de los pacientes atendidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), lo que evidencia un desplazamiento concreto de la demanda hacia el sistema público local.

Desde el municipio advierten que esta situación genera una sobrecarga creciente en los recursos disponibles. “Nosotros no estamos para nada de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional a través de PAMI. Es necesario que se hagan cargo de la atención de sus afiliados porque, de lo contrario, se satura todo el sistema de salud”, sostuvo Martín.

En ese sentido, también remarcó las desigualdades en el acceso: “Es muy triste ver a diario a mutualizados de PAMI a los cuales el sistema privado le da turno a 90 días mientras que acá se los atiende en el momento, por orden de llegada”.

“Es una desatención con lo social"

La situación se replica en otras localidades de la región. En Arroyito, el intendente Gustavo Benedetti expresó su preocupación por el impacto que la crisis del PAMI tiene sobre el hospital municipal “Dr. Carlos J. Rodríguez” y sobre el sistema de salud en general.

“La situación del PAMI sin duda que preocupa porque repercute en la franja de menos ingresos que tiene la sociedad o que tiene la gente, es decir, que son los jubilados, encima que cobran una baja jubilación en su gran mayoría”, señaló. Y agregó: “La salud es primordial porque también cuando hablamos de jubilados hablamos de personas mayores que siempre alguna problemática tienen y no poder contar con el servicio o ver resentido el servicio o que los estudios no se puedan hacer termina afectando a la comunidad o al Estado donde tenemos hospitales públicos”.

Benedetti explicó que, si bien en la ciudad existe una clínica que atiende PAMI, su capacidad es limitada: “Aquí en Arroyito la clínica que atiende PAMI está pero está con la atención justa porque tampoco los recursos le alcanzan”. A esto se suma una situación financiera compleja: “El hospital hace cinco meses que no percibe toda la asistencia que se ha dado a PAMI pero de todos modos no dejamos de atender”.

El intendente también puso el foco en el impacto social más amplio: “Vemos la preocupación de la gente que no es solamente la atención sino que después si no pueden acceder a los medicamentos, hay muchas cuestiones que afectan y que realmente preocupan porque es una desatención con lo social”.

Además, cuestionó las políticas nacionales vinculadas a los pagos: “Uno no quiere criticar al gobierno nacional pero sí criticar la política que se está llevando adelante de postergar los pagos o patear los pagos hacia adelante, porque esto afecta a la comunidad”.

En ese marco, vinculó la crisis sanitaria con otras demandas crecientes: “Hoy se ha incrementado el tema de la demanda social, alquileres, todo lo que tiene que ver con el costo de la energía eléctrica… y sumado al tema social de PAMI donde también el abuelo jubilado que no tiene turno para hacerse un estudio tiene que ir a la parte privada y termina pidiendo ayuda en el área social”.

Por su parte, en Brinkmann, el intendente Mauricio Actis describió un escenario donde, aunque no existe convenio directo entre el Hospital Municipal “Dr. Saied Saleg” y PAMI, el impacto se siente de manera indirecta pero contundente.

“Nosotros no tenemos a nivel del hospital municipal convenio con PAMI. La cápita del PAMI la tiene la clínica privada, pero es una clínica que está en proceso de desachicamiento, o sea, cerró el internado. Entonces, muchos afiliados a PAMI directamente se atienden en nuestro hospital municipal, y no tenemos cómo cobrarle”, explicó.

Actis detalló además cómo se reorganiza la atención: “Muchos de los jubilados de todos modos acuden a su médico de cabecera, que está en Morteros, pero en muchos casos, para no irse hasta Morteros, directamente se atienden en el hospital de Brinkmann, que les resuelve la situación si es de baja complejidad o los traslada ante una emergencia”.

El intendente fue claro sobre el impacto estructural: “No nos afecta directamente, porque no teníamos convenio, pero indirectamente sí, por supuesto que nos afecta, porque nos hacemos cargo de la atención de muchos jubilados”.

A esto se suma la problemática de los medicamentos, que también recae sobre el sistema público: “Muchos abuelos retiran sus medicamentos en el hospital, porque aquí se les provee en caso de que sean muy necesarios”.

Actis vinculó esta situación con otros recortes en políticas sanitarias: “Esto viene de la mano con los problemas que hemos tenido ya desde hace dos años con el programa Remediar (a reducción de la transferencia de Nación a las provincias de muchos medicamentos esenciales) ahora hay como una amenaza de que se bajarían aún más”.

También advirtió sobre la falta de financiamiento nacional: “En el hospital hace desde octubre que no cobramos, que no recibimos ningún aporte del programa Sumar”.

Finalmente, Actis planteó un escenario más amplio de deterioro social: “Si a esta situación le sumamos la gran cantidad de gente que se quedó sin obra social, terminan yendo al hospital municipal. Hoy la salud pública municipal se está haciendo cargo de muchas situaciones”.

El panorama en estas ciudades refleja un mismo denominador común: la creciente transferencia de la demanda sanitaria hacia los municipios. Mientras la crisis del PAMI limita el acceso de sus afiliados, los sistemas locales absorben la atención, tensionando recursos y obligando a redefinir prioridades.

La crisis del PAMI comienza a reflejarse con fuerza en el sistema de salud público de San Francisco, donde los afiliados a la obra social nacional ya representan el 12% de las atenciones totales. El dato surge de los registros de la Asistencia Pública Municipal, que en los primeros tres meses de 2026 realizó 2.016 prestaciones a pacientes de PAMI, duplicando todo lo atendido durante 2025.

El incremento de la demanda está directamente vinculado a las dificultades que enfrentan los jubilados y pensionados para acceder a servicios dentro del sistema de la obra social. Demoras en los pagos a profesionales, falta de medicamentos y turnos médicos que superan los 90 días han llevado a miles de afiliados a recurrir al sistema público local.

La secretaria de Salud municipal, Silvina Martín, explicó el fenómeno: “En tres meses de 2026 observamos que se duplicó la atención de pacientes de PAMI con respecto a 2025. Al tener los turnos lejos de su médico de cabecera y no contar con medicamentos, los afiliados vienen al sistema de salud municipal. La demanda es cada vez mayor”.

El impacto es aún más marcado en algunos sectores de la ciudad. En barrios como Sarmiento y Bouchard, los afiliados a PAMI llegan a representar hasta el 50% de los pacientes atendidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps).

Desde el municipio advierten que esta situación genera una presión creciente sobre los recursos locales. “Nosotros no estamos para nada de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional a través de PAMI. Es necesario que se hagan cargo de la atención de sus afiliados porque, de lo contrario, se satura todo el sistema de salud”, sostuvo Martín.

Además, remarcó las diferencias en el acceso: “Es muy triste ver a diario a mutualizados de PAMI a los cuales el sistema privado le da turno a 90 días mientras que acá se los atiende en el momento, por orden de llegada”.

El escenario expone cómo el deterioro en la cobertura de la obra social nacional traslada la demanda al sistema municipal, que absorbe una parte cada vez mayor de la atención sanitaria destinada a los adultos mayores.

En medio de la creciente crisis que atraviesa el PAMI, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, se sumó a un reclamo conjunto impulsado por más de 160 intendentes y jefes comunales de Córdoba, quienes denunciaron deudas millonarias y fallas en la cobertura de servicios para afiliados.

La presentación fue realizada este 22 de abril ante la delegación Córdoba del organismo nacional. Allí, los mandatarios locales advirtieron sobre una “situación crítica” que afecta directamente la atención de adultos mayores en el interior provincial.

Según el documento, los municipios vienen garantizando prestaciones médicas en hospitales y dispensarios sin recibir los fondos correspondientes. “Esta situación obliga a los gobiernos locales a destinar recursos propios para cubrir obligaciones que corresponden a la obra social”, señalaron.

El reclamo se suma al planteo del Ministerio de Salud provincial, que estimó la deuda del PAMI en $2.900 millones, cifra que asciende a $4.700 millones si se actualiza con intereses no reconocidos por el organismo.

Otro punto central es la crisis en el sistema de traslados. Los intendentes denunciaron que las empresas contratadas por PAMI no cumplen con la cobertura de ambulancias, lo que obliga a las comunas a asumir esos costos. También alertaron sobre demoras en pagos a farmacias y prestadores privados, lo que impacta en la provisión de medicamentos y tratamientos.

“Se está sosteniendo el sistema sin el correspondiente respaldo”, remarcaron, al tiempo que advirtieron sobre el deterioro en la calidad de las prestaciones.

Entre las principales exigencias, solicitaron la regularización inmediata de la deuda, un esquema de pagos previsible, la revisión del sistema de traslados, la normalización de pagos a prestadores y la apertura de una mesa de trabajo institucional.

El documento lleva la firma de intendentes de distintos espacios políticos, entre ellos Damián Bernarte (San Francisco), junto a jefes comunales de localidades como Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, Villa General Belgrano, Cosquín, Morteros, Las Varas, Freyre, La Francia, entre muchas otras.

Intendentes firmantes:

José Ordoñez (Pueblo Italiano); Daniela Imolas (Aldea Santa María); Edgard Bruno (Canals); Aliain Correa (Benjamin Gould); Jaquelina Ojeda (Colonia Bremme); Leandro Dignani (Colonia Bismarck); Luis Trotte (Monte Maíz); Daniel Mondino (Escalante); María Cristina Sanabria (Laborde); Mariela Lolich (Pascanas); Juan Pablo Vassia (Idiazábal); Pablo Guevara (Ordóñez); Gustavo Isoardi (Monte Leña); Claudia Godoy (San Marcos Sud); Marcelo Bjorklund (Noetinger); César Morena (Chilibroste); Enrique Méndez Paz (Cintra); Nelson González (San Antonio); José Gigli (Alto Alegre); Santo Janices (Ana Zumarán); Graciela Sánchez (Ballesteros); Elena Bertero (Ballesteros Sud); Gustavo Reitano (Morrison); Ramiro Di Matteo (Villa Los Patos); Rodolfo Marguerit (Justiniano Posse); Marisel Sánchez (Charbonier); Carla Villanova (Del Campillo); María Antonella Lamberti (Buchardo); Claudio Medero (Villa Valeria); Juan Guevara (San Esteban); Iván Vélez (Ciénaga del Coro); Ariel Vidoret (Italó); Enzo Quiroga (Villa Huidobro); Elvio Benítez (Villa Rossi); Luciano Vrancic (San Marcos Sierras); Daniel Pastorino (Villa Los Aromos); Guillermo Legorburu (Las Acequias); Fernando Ruiz Díaz (Pozo del Molle); Carolina Airaudo (Melo); Nelson Basualdo (San Isidro); Celia Giorgis (Seeber); Carlos Oviedo (Villa Cura Brochero); Franco Oviedo (Lozada); Martín García (Yacanto); Mabel Godoy (Quilino); Walter Simon (Leguizamón); Claudia Acosta (Mi Granja); Ariel Petrocchi (Tío Pujio); Julio Gantus (Villa Rumipal); Mauricio Actis (Brinkmann); Carlos Entesano (El Fortín); Franco Castellina (La Francia); Beatriz Gutiérrez (Río Bamba); Maximiliano Rossetto (Santa Catalina); Emiliano Torres (Villa del Dique); Fabián Macías (Las Varas); Luciano Garay (San Pedro Norte); Valeria Montoya (Churqui Cañada); Claudio Boretto (Las Isletillas); Lara López (Rosario del Saladillo); Daniela Grosso (Pampayasta Norte); Melina Reta (Dique Chico); Eduardo Colombero (Colonia San Bartolomé); Nahuel Biole (Las Peñas Sud); Franco Suárez (Sampacho); Miguel Méndez (Balnearia); Víctor Biagioli (Villa Fontana); Gonzalo Querro (Corralito); Silvana Michelini (Los Cerrillos); Ramón Funes (La Paz); Maximiliano Pereyra (Luyaba); Jorge Gudiño (El Arañado); Marcos Ferace (Santiago Temple); Jorge Marino (Adelia María); Emilia Rodríguez (Punta del Agua); Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia); Matías Ramírez (Nono); Germán Baldo (Freyre); Alejandro Arenas (Capilla del Monte); Graciela González (Tuclame); Emiliano Rattazzi (Charras); Jorgelina Domínguez (Bengolea); David Moreno (Piquillín); Natalia Bellón (La Carlota); Sergio Ávalos (Las Perdices); Darío Arata (Estación General Paz); Flavia Bonelli (Suco); Carlos Guzmán Cardozo (La Serranita); Dalma Bustos (Tinoco); Sol Ochoa (Simbolar); Evelin Artusso (Assunta); Daniel Medina (Las Arrias); Gisela Becerra (Los Mistoles); José María Garzón (El Manzano); Miguel Aguirre (Agua de Oro); Maico Becco (La Palestina); Rosana Ferreyra (La Cautiva); Rubén Maspero (Bulnes); David Strasorier (Salsipuedes); Augusto Arietti (Luca); Ismael Boni (Serrano); Nicolás Merlo (Valle de Anisacate); Jorge De Napoli (Alta Gracia); Natalia Di Pace (Cerro Azul); Fabián Galfione (Los Zorros); Gabriel Faletto (Marull); Ariel Panichelli (Rosales); Oscar Santarelli (Villa General Belgrano); Claudia Bordoni (La Tordilla); Gustavo Dalbo (Cavanagh); Leonardo Cravero (Malena); Carlos Fullana (Altos de Chipión); Néstor Peralta (Chaján); Viviana Espadoni (Los Cedros); Elías Balduzzi (Costa Sacate); Marcelo Ruiz (San José de las Salinas); Paola Nanini (Colonia Caroya); Sergio Temporini (Colazo); Damián Bernarte (San Francisco); Ana Ascuet (Las Pichanas); Fabián Violo (Tránsito); Guillermo Valli (Unquillo); Patricia Molina (Esquina Díaz); Ariel (Despeñaderos); Ana Gaitán (Cuesta Blanca); Germán Agaccio (Mattaldi); Federico Quiñones (Silvio Péllico); Carla Bruno (Cabalango); Yamila Díaz (La Pampa); Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo); Gastón Mazzalay (Malvinas Argentinas); Daniel Haniewicz (Montecristo); Sebastián Demarchi (Morteros); Horacio Demetris (Saturnino María Laspiur); Dardo Pereyra (Pasco); Guillermo De Rivas (Río Cuarto); Alejandra Ita (Colonia Italiana); Nora Bessone (Capitán General O’Higgins); Julieta Aquino (Inriville); Franco Villar (La Playosa); Miguel Ángel Maradona (Colonia Prosperidad); Edgard Yordan (Saira); Héctor Nardi (Monte Ralo); Darío Quiroga (Saladillo); Jorge Bustamante (San Roque); Silvina Mansilla (Obispo Trejo); Eduardo Accastello (Villa María); Ricardo Granja (Río Segundo); Patricio Olmedo (Manfredi); Fernando Díaz (Pozo del Molle); Franco Cingolani (Matorrales); Ramiro Brondino (Colonia Videla); Miguel Pérez (Rincón); Agustín Bianchino (Alicia); Miguel Vanetti (La Rancherita); Raúl Cardinali (Cosquín).

Los intendentes insistieron en la necesidad de una respuesta urgente para evitar que continúe el deterioro del sistema de salud que impacta directamente en jubilados del interior cordobés.

El grupo autoconvocado “Jubilados y Pensionados en Lucha” de San Francisco mantendrá el próximo lunes una reunión con concejales de todos los bloques en el Concejo Deliberante, en el marco de los reclamos por la situación del PAMI.El encuentro está previsto para las 10.30 y, según indicaron, tendrá como eje la exposición de las problemáticas que afectan a jubilados y pensionados, principalmente vinculadas al acceso a la salud.

Desde el espacio señalaron que se registran dificultades en la atención médica, en la provisión de medicamentos y en la realización de estudios, lo que impacta en la vida cotidiana de los afiliados.

En paralelo, el grupo difundió una convocatoria a una concentración que se realizará el martes 29 de abril por la mañana frente a la sede local del PAMI, ubicada en Iturraspe 2300.

Entre los reclamos, mencionaron la falta de médicos de cabecera, restricciones en servicios de clínicas, y demoras en la entrega de prótesis, medicamentos y estudios. También vincularon la situación con problemas en los pagos a prestadores.“Sin salud no hay vida. Sin lucha no hay derechos. PAMI es nuestra y se defiende en la calle”, expresaron desde el grupo.Además, adelantaron detalles de la jornada: “El martes 29 vamos a hacer una protesta frente a la delegación del PAMI, en la cual haremos, no sé, chocolate con bizcochos y alguna factura, que sea para todos los jubilados que no pueden desayunar, que son muchos”.

En otro tramo, señalaron: “Vemos que la clase política de San Francisco no se ha manifestado sobre la crisis que hay en el PAMI y no tenemos red de contención por mucha gente que no tiene realmente ya un peso. Y estos tres días de paro que hicieron los médicos de cabecera huelga se complicó, no pudieron ir a comprar remedio”.

También hicieron referencia al impacto en la región: “Esta crisis es la que estamos sufriendo en San Francisco y Frontera, porque los de Frontera se vienen todos acá con nosotros, han cambiado hasta el domicilio para que los atiendan acá”.Desde el grupo convocaron a los afiliados a sumarse a la protesta y remarcaron la importancia de la participación. La audiencia en el Concejo será, indicaron, el inicio de una serie de acciones para visibilizar la situación.

El conflicto suscitado por las nuevas disposiciones del Pami respecto de los honorarios de los médicos prestadores tiene impacto directo en millones de jubilados y pensionados. Así, un adulto mayor que ya se ve agobiado por el monto ínfimo que percibe cada mes, pagaría las consultas, además de los medicamentos y otras prestaciones. Con ello, el margen para alcanzar una vida digna se reduce al mínimo.

En efecto, la reciente resolución del ente nacional provoca una reducción de ingresos importante para los médicos de cabecera porque elimina adicionales por atención presencial y fija un monto mensual insuficiente. Según lo que señalaron los voceros del grupo de prestadores, el monto que percibiría un profesional se reduciría a la mitad. Por ello, se adoptaron medidas de fuerza y se advirtió que un jubilado debería abonar 15 mil pesos por cada consulta. En este contexto, la disputa ingresa en terreno sensible, ya que altera de modo concreto el acceso a la salud de uno de los sectores más vulnerables.

Por cierto, debe atenderse el reclamo médico. Sus honorarios actuales no cubren costos ni justifican la continuidad de la prestación. La disposición del Pami solo agravó la situación y derivó en el riesgo de renuncias masivas. A esto se suma el retraso en los pagos a farmacias y clínicas. El reclamo puede sonar a corporativo, pero desnuda la debilidad estructural de un sistema que no brinda condiciones dignas ni para los profesionales ni para los beneficiarios.

La persistencia de estos dilemas expone las fallas de un sistema previsional y sanitario que no protege a los jubilados. Por el contrario, los empuja a situaciones de permanente fragilidad. Ingresos insuficientes y decisiones que trasladan costos a los beneficiarios exigen que éstos tengan la “obligación” de elegir entre atender la salud o cubrir otros gastos básicos. Una disyuntiva que no debería existir en un esquema de protección social porque, directamente, se transforma en una barrera de acceso a las prestaciones de salud.

La cuestión es de alta sensibilidad social y exige una respuesta inmediata. El sistema está tensionado y amenaza con quebrarse si no se actúa con responsabilidad. No hay contradicción entre defender a los jubilados y reclamar que se garanticen honorarios dignos a los médicos. Ambas condiciones son inseparables para que las cosas funcionen. Porque un sistema que paga mal expulsa profesionales y uno que traslada costos al paciente excluye a los más débiles. El desequilibrio no es una opción cuando entran en juego derechos básicos.

Desde el Centro Médico de San Francisco, el presidente de la entidad, Gustavo Stilman, amplió la mirada y ubicó el conflicto del PAMI en un contexto más amplio de crisis sanitaria.

“El tema con PAMI lógicamente es una preocupación […] no solamente con las clínicas sino también de farmacias y todo el sistema de salud”, afirmó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Y fue más contundente: “El sistema de salud realmente está quebrado, tanto en la parte pública como la parte privada”.

Para Stilman, las decisiones recientes no forman parte de una transición ordenada sino de respuestas improvisadas. “No se ve ninguna mejoría, no hay nada planificado, no se piensa en un plan de salud, pareciera que todos son manotazos de ahogado tratando de restringir en lo económico”.

En esa lógica, los jubilados quedan en el centro del ajuste. “Ya lo hemos visto, el mismo PAMI con el tema de los remedios, dejando a nuestros viejos sin medicamentos, desamparados, ahora con esto casi los dejan sin médicos de cabecera”.

El dirigente también alertó sobre un proceso de concentración que afecta especialmente al interior. “Las obras sociales más pequeñas van a ir desapareciendo, como desaparecen las clínicas pequeñas. Se centraliza todo a los que más poder económico tienen y están dejando una muy buena parte de la población sin atención”.

El resultado es un sistema que se tensiona por todos sus frentes: “La parte pública ya está saturada, tenemos un problema gravísimo de médicos, no hay médicos, no hay especialistas”.

En ese escenario, la supervivencia se vuelve el objetivo inmediato. “Tratar de sobrevivir realmente es hoy el desafío de las clínicas”, resumió. Y subrayó el carácter estructural del problema: “Esta crisis es estructural, no es algo coyuntural”.

El titular del PAMI, Esteban Leguízamo, sostuvo que el organismo que preside maneja un "presupuesto finito", a la vez que indicó que el acatamiento al paro “fue del 8%”.

“Tratamos de estar ordenados porque el presupuesto del PAMI es finito”, señaló en dialogó con Nelson Castro en Vamos Rivadavia.

Además, indicó: “El acatamiento al paro fue del 8%. Tenemos 8 mil médicos de cabecera en el país la atención se hizo normal y sigue hoy en ese sentido".

“Les puedo asegurar que los afiliados tienen la cobertura al 100% de PAMI”, aseveró Leguízamo, mientras que indicó que “el presupuesto se está ordenando, pero va a llevar un tiempo”

En tanto, manifestó: “El PAMI tiene un estrés financiero como consecuencia de gente que no hizo aportes. Viene de incorporar 2 millones de afiliados sin aportes correspondientes".

La crisis en el PAMI impacta de lleno en las farmacias de San Francisco, donde profesionales del sector alertan por demoras prolongadas en los pagos y un escenario cada vez más complejo para garantizar la provisión de medicamentos a los afiliados.La presidenta del Colegio de Farmacéuticos local, Nora Gagliano, explicó que el organismo mantiene deudas correspondientes a varias presentaciones mensuales. “Nosotros presentamos al PAMI cada 15 días y ya nos deben casi cinco o seis presentaciones”, indicó en diálogo con AM 1050 Radio San Francisco.

En ese marco, remarcó el desfasaje entre los plazos de cobro y las obligaciones del sector: “Nosotros a las droguerías les pagamos en promedio a 15 días, y si el PAMI se te atrasa tres meses, es mucho dinero que tenemos que afrontar y muchas farmacias lo están padeciendo. No solo no podemos comprar los medicamentos del PAMI, sino que no podemos comprar medicamentos de la gente que viene con otras obras sociales”.

“En general el sistema de salud está mal. Yo voy a hablar por los farmacéuticos, pero sé que todos la estamos pasando mal. El problema que nosotros tenemos es que tenemos firmado un contrato con PAMI, el cual la parte de PAMI no está cumpliendo con los plazos de pago”, agregó.

Según detalló, actualmente acumulan “casi seis quincenas, o sea, casi tres meses sin cobrar”. No obstante, señaló que recientemente se anunció un alivio parcial: “Nos dijeron que mañana (jueves) va a entrar un pago de un saldo de enero. De enero y un anticipo de febrero. No es mucho, pero bueno, ya lleva alivio”.

Gagliano también explicó el funcionamiento del sistema de pagos, donde una parte se liquida mediante notas de crédito: “Es un dinero que nosotros como que no lo vemos porque es un papel donde la industria colabora con el pago de los medicamentos del PAMI. Entonces estas notas de crédito van a la droguería, pero nosotros necesitamos dinero para pagar sueldos, impuestos, para vivir”.

La situación impacta directamente en la cadena de abastecimiento. “Cuando yo tengo cortada la droguería, no puedo comprar ningún medicamento. Entonces no le puedo vender al que viene con otras obras sociales. Es mayor el problema”, sostuvo.

El panorama también afecta a la estructura laboral del sector. “Hay farmacias que han cerrado y farmacias que te llaman y dicen ‘yo tengo que echar a un empleado y no es lindo’”, advirtió.A esto se suman cambios en la cobertura de medicamentos. “Con los cambios que hubo en el PAMI que no reconoce tantos medicamentos al 100%, el jubilado tampoco tiene acceso a todo. Y uno trata de buscar la vuelta para que se vayan con todo”, expresó.

En casos críticos, como tratamientos crónicos, la situación se vuelve más delicada. “Es muy triste que venga la afiliada de años y decirle ‘yo no te voy a dar la insulina’. En mi farmacia traté de darle a todos, pero no sabemos hasta cuándo lo vamos a poder hacer”, señaló.

Pese a las dificultades, descartó una interrupción generalizada del servicio: “Nunca se planteó un corte. Es muy difícil que todos cortemos, porque cada uno tiene una situación. Pero hay farmacias que hacen un corte porque no te queda otra”.En ese sentido, dejó una definición contundente: “Nosotros no los dejamos sin medicamentos, pero el Estado los está abandonando”.

Gagliano aclaró que los problemas no son nuevos, aunque se agravaron en el último tiempo: “Pasaron varios gobiernos, siempre se habló de PAMI, pero antes sabíamos que más o menos había fechas de pago. Ahora hace casi un año no se está respetando el contrato que se firmó”.

También cuestionó el esquema de descuentos que deben asumir las farmacias: “Nosotros aportamos un 14% en PAMI. Y es mucho dinero que se nos va”. Y remarcó otra dificultad: “Cuando te pagan, te pagan al precio que facturaste hace tres meses”.En medio de las críticas, la titular del Colegio de Farmacéuticos local diferenció la situación a nivel local y destacó la predisposición del director del PAMI en la ciudad, Pablo Vega. “El director del PAMI en San Francisco se preocupa, varias veces me llamó preocupado. Tiene mejor predisposición que las anteriores gestiones. Algo que ninguno había hecho”, afirmó.Además, valoró el contacto directo con el sector: “Cuando ingresó nos pidió una reunión en el Colegio de Farmacéuticos. Le pedimos un balance para ver cómo estaba la situación”.

En ese marco, también mencionó mejoras en aspectos operativos, como la entrega de vacunas antigripales: “Antes enviaban muchas que después no se usaban y se terminaban tirando. Este año van entrando más en tanda”, dijo.

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, expresó su preocupación por la situación del PAMI y advirtió que existe un escenario “complejo y delicado” en la atención a jubilados, en medio de demoras en pagos a prestadores.

“Hay una situación financiera importante. No se puede tapar el sol con las manos”, sostuvo el dirigente, quien aseguró haber realizado gestiones ante autoridades del organismo para abordar la problemática.

Juez señaló que mantuvo contactos con representantes de farmacias y prestadores de salud, quienes le transmitieron dificultades derivadas de atrasos en los pagos del PAMI.

Además, indicó que envió una nota formal al titular del organismo, Esteban Leguízamo, en la que expuso la situación de una clínica del sudeste cordobés.

“Hay una deuda del PAMI que tiene que regularizarse. Tiene que ponerse al día con los prestadores”, afirmó.

El senador también apuntó contra la administración provincial por la falta de respuestas en áreas sensibles como salud, educación y seguridad.

“No es una prioridad para el Gobierno provincial la salud ni la educación”, cuestionó, y planteó que, de estar en funciones ejecutivas, buscaría acuerdos para garantizar la atención de jubilados en hospitales públicos.

En ese sentido, sugirió que la Provincia podría articular mecanismos para sostener prestaciones mientras se resuelven los problemas de financiamiento.

Juez vinculó la crisis del sistema con el contexto económico general y el impacto de la inflación, que en marzo fue del 3,4%.

“Hay sectores que la están pasando muy mal en Argentina. Requieren que el Estado esté presente, pero no lo está todavía”, advirtió.

Consultado sobre la gestión del presidente Javier Milei, el legislador evitó una defensa cerrada, aunque reconoció la complejidad del escenario heredado.

“No voy a justificar lo que no se puede justificar, pero venimos de años de destrucción. Aun así, hay que avanzar con mayor velocidad”, sostuvo.

Finalmente, Juez insistió en la necesidad de abordar el problema con una mirada integral y sin especulación política.

“Lo que está mal, está mal. Hay que decirlo con objetividad. No se resuelve con discursos, sino con decisiones y prioridades claras”, concluyó.

El planteo del senador se da en un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema de salud para jubilados y el impacto de la situación económica en los servicios esenciales.

Los profesionales de la salud que atienden a través del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) llevan adelante un paro de actividades por 72 horas desde este lunes 13 de abril, en rechazo a la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos a los médicos de cabecera.

La medida impacta en la atención general y los turnos programados, aunque se mantienen las urgencias. El principal reclamo del sector apunta al cambio en la modalidad de cobro: se eliminan los adicionales por consultas y se establece un sistema exclusivamente capitado, con un monto fijo por paciente.

En este contexto, el médico de cabecera de PAMI en La Francia, Marcelo Primo, aportó su mirada desde una realidad distinta a la de las grandes ciudades, donde el vínculo con los pacientes y la falta de alternativas complejizan aún más el escenario.

Primo explicó a LA VOZ DE SAN JUSTO que hasta ahora el esquema combinaba un monto fijo por paciente con adicionales por cada consulta o atención realizada. Con la nueva resolución, ese sistema se elimina.

“Antes te pagaban una cápita más las consultas que vos hicieras. Ahora te dan una cápita nada más, te sacaron las consultas”, detalló.

Según indicó, esto se traduce en una caída del ingreso real: “Eso significa bajar el ingreso. Lo enmascararon diciendo que aumentaban la cápita, pero en definitiva terminás cobrando menos”.

El médico señaló que, con alrededor de 800 pacientes a cargo —lo que representa cerca del 80% del padrón local—, su ingreso quedaría sensiblemente por debajo de lo que percibía anteriormente.

La situación en La Francia tiene una particularidad: Primo es el único médico que atiende PAMI de manera sostenida en la localidad. “Cuando yo vine había cuatro médicos y todos atendían PAMI. Con el tiempo, por distintas razones, quedé yo solo como médico del pueblo, hay un porcentaje del padrón local se atiene en San Francisco”, relató.

Actualmente atiende sin restricciones, incluso fines de semana y urgencias, en un esquema que difiere del de las ciudades: “Acá es de lunes a lunes. Los sábados y domingos también atiendo urgencias y muchos son pacientes PAMI”.

Esa cercanía con la comunidad también condiciona la adhesión a la medida de fuerza. “Yo entiendo el paro, me parece excelente, pero acá no puedo hacerlo. Soy el médico, el vecino, el que se cruza con todos en el supermercado. No tiene sentido decir que no atiendo”, destacó.

Con casi tres décadas dentro del sistema, Primo marcó un contraste con situaciones previas.

“En 30 años pasé muchas crisis de PAMI. Hemos estado meses sin cobrar, pero siempre había una cara visible, alguien con quien hablar, que te pedía aguantar y te daba una respuesta”, recordó.

Y agregó: “Ahora no hay una cara visible de nada. Te dicen ‘esto es así’ y no tenés con quién discutirlo. Esa es la gran diferencia”.

Más allá de la cuestión económica, el médico puso el foco en las consecuencias para los afiliados, especialmente en localidades pequeñas. “Los pacientes están preocupados, lo único que te dicen es ‘por favor no nos dejes de atender’”, contó.

En ese sentido, advirtió sobre situaciones críticas que ya comienzan a aparecer: “Es la primera vez que veo serio riesgo en la salud del paciente de tercera edad”.

También describió dificultades en la atención. “Los pacientes van de un lado a otro y no los atienden. Es terrible lo que está pasando”, añadió.

Primo consideró que el panorama a futuro es complejo y difícil de prever. “No sé qué intenciones tiene esta gente. Antes sabías que era una crisis, pero ahora no entendés si es solo eso o son decisiones tomadas sin considerar la realidad de los pacientes”, expresó.

Y concluyó con una advertencia. “Dicen que si un médico se da de baja hay otros esperando, pero no es así. No hay médicos esperando. Y eso lo van a terminar pagando los pacientes”, cerró.

En medio de las fuertes críticas del gobernador Martín Llaryora al funcionamiento del PAMI, el presidente de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), Pablo Venturuzzi, respaldó ese diagnóstico y profundizó sobre la situación del sistema sanitario.“Yo describo la realidad como es, falta mucho por hacer, mejorar, quejas hay, somos conscientes de las quejas. Pero todo no se puede hacer de un día para el otro en un sistema, en un sistema donde está quebrado, un sistema que está en terapia intensiva hace años, pero los últimos 2 años se ha agravado considerablemente”, afirmó Venturuzzi en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.El funcionario advirtió además sobre el impacto estructural del financiamiento en el sistema de salud: “El 74% de las obras sociales sindicales no pueden cubrir, no pueden financiar un programa médico obligatorio. Eso hace que todos sus afiliados (…) caen en el sistema de Salud de la provincia. Por eso se ha incrementado 45% la actividad en los hospitales públicos y también el presupuesto destinado para ese ministerio”.En ese contexto, Venturuzzi marcó diferencias entre los distintos financiadores del sistema, en línea con los cuestionamientos del gobernador: “Hoy la diferencia entre un financiador y otro es contundente”. Y agregó: “A los intendentes no le pagan las prestaciones médicas, ni en los hospitales públicos, desbordados por la atención de pacientes con PAMI. Mire lo que pasó con Marco Juárez, donde cerró la única clínica privada que atiende PAMI: los jubilados no tienen clínica que los atiendan, tienen que trasladarse 130 kilómetros. Entonces, creo que es incomparable. Es incomparable la situación entre un financiador y otro”.Al mismo tiempo, el titular de Apross evitó plantear una lógica de competencia entre sistemas: “La gente necesita un servicio médico y eso es lo que estamos trabajando en Apross. No estamos comparando para ver quién es el mejor o el peor, sino que la gente tenga su servicio médico, su acceso a la salud como corresponde”.Finalmente, remarcó el contexto económico que atraviesa el sector: “Estamos en un país con una situación crítica económica donde el costo de la salud aumenta en mayores porcentajes que la inflación, los medicamentos cada vez son más onerosos, los tratamientos también lo son y todo eso hay que financiarlo”.Las declaraciones de Venturuzzi se dan luego de que Llaryora cuestionara con dureza al Gobierno nacional por la situación del PAMI. “Den la cara y asignen los recursos. No puede el PAMI estar dejando de lado a los abuelos”, sostuvo durante un discurso en el Centro Cívico.En la misma línea, el mandatario provincial remarcó: “No pueden mantener a todos los abuelos en estas condiciones” y reclamó a los referentes cordobeses con funciones nacionales: “Den la cara y gestionen los recursos, así como nosotros sostenemos el 45% del presupuesto en salud”.Además, en ese contexto se informó que profesionales del PAMI iniciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo por recortes salariales.Llaryora también reafirmó el compromiso provincial: “No vamos a dejar a nadie sin atención médica”, y convocó a actuar con “coraje” para “defender a los abuelos”. “¿O no recuerdan todo lo que hicieron por esta patria y por este país?”, concluyó.

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo, exigió la renuncia de las autoridades del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), al cuestionar el funcionamiento del organismo en un contexto que —según planteó— evidencia un deterioro sostenido en la atención a jubilados y pensionados.

El reclamo se da en un escenario marcado por haberes previsionales insuficientes, deudas con prestadores y crecientes dificultades en el acceso a medicamentos y tratamientos. Desde la Defensoría sostienen que esta situación impacta de manera directa sobre los derechos de las personas mayores, especialmente en lo vinculado a la cobertura de salud.

De acuerdo a lo expuesto, afiliadas y afiliados enfrentan obstáculos cada vez más frecuentes para acceder a prestaciones básicas, como estudios diagnósticos y prácticas médicas. Entre las problemáticas señaladas se encuentran la limitación de cupos por institución y por tipo de prestación, así como demoras en la asignación de turnos que, en algunos casos, superan los cuatro meses.

En la práctica, indicaron, aun contando con la orden médica correspondiente, el acceso a la atención queda supeditado a la disponibilidad y a circuitos administrativos que resultan cada vez más complejos para la autorización de prestaciones. Esta situación, remarcaron, se replica diariamente en las consultas que recibe la Defensoría.

Desde el organismo señalaron que cada vez son más los jubilados y pensionados que se acercan en busca de asistencia ante incumplimientos en prestaciones esenciales. Entre los casos más críticos, mencionaron dificultades para acceder a prótesis, tratamientos oncológicos, internaciones domiciliarias y cobertura en discapacidad.

En ese marco, Galoppo fue contundente en su posicionamiento: “El PAMI está empeorando la situación de los jubilados y pensionados, que carecen de medicamentos y tratamientos. Hay una clara indiferencia frente al dolor de las personas mayores que diariamente exigen respuestas”.

El funcionario agregó: “Por insensibilidad, impericia y por no estar a la altura de las circunstancias, exigimos la renuncia inmediata de todas las autoridades del PAMI Córdoba y de los responsables de su designación”.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba recordaron que continúan brindando atención gratuita a jubilados y pensionados a través de sus canales presenciales, telefónicos y virtuales. La sede central funciona de lunes a viernes de 8 a 18 en Deán Funes 352, en la ciudad de Córdoba, y también se puede acceder mediante la línea 0800-777-0337 o por WhatsApp.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este lunes al Gobierno nacional por la situación del PAMI, durante un discurso en el Centro Cívico.

“Den la cara y asignen los recursos. No puede el PAMI estar dejando de lado a los abuelos”, sostuvo el mandatario provincial.

En la misma línea, remarcó: “No pueden mantener a todos los abuelos en estas condiciones”.

Además, dirigió un mensaje a los referentes cordobeses con funciones a nivel nacional: “Den la cara y gestionen los recursos, así como nosotros sostenemos el 45% del presupuesto en salud”.

En ese contexto, se informó que profesionales del PAMI iniciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo por recortes salariales.

Llaryora también reafirmó: “No vamos a dejar a nadie sin atención médica”.

Por último, convocó a los responsables a actuar con “coraje” y a “defender a los abuelos”, y concluyó: “¿O no recuerdan todo lo que hicieron por esta patria y por este país?”.

Los profesionales de la salud que atienden a través de PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) realizan un paro de actividades desde este lunes 13 de abril y por 72 horas, por lo que la medida de fuerza culmina recién en las primeras horas del jueves, cuando se reanude la atención.

La medida de fuerza se lleva a cabo como protesta a la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos de los profesionales y que, según ellos, fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

Aunque se mantendrán las atenciones de urgencias, esta medida de fuerza afecta directamente la atención general y los turnos programados de los pacientes en los primeros días de la semana.

El principal reclamo se enfoca en una modificación en el sistema de pagos de los honorarios a los profesionales de la salud que atienden a jubilados y pensionados, a través del instituto.

Inicialmente, los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto que incluía un monto fijo per cápita, según la cantidad de afiliados asignados, al que se sumaban adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional.

La resolución emitida cambia esta forma de abonar los honorarios profesionales, y ahora solo utilizará un sistema exclusivamente capitado, en el que PAMI elevó el valor por paciente, pero eliminó todos los conceptos adicionales.

Para los médicos, la eliminación de los adicionales desconoce la carga de trabajo, que muchas veces implica varias consultas de un mismo paciente y desincentiva la atención que los profesionales suelen realizar, incluso, fuera del horario de trabajo.

Cabe aclarar que, desde el PAMI, aseguraron que en el cambio que se ve reflejado en el anexo de la resolución, “el valor cápita se aumentó de $946 a $2100″. Según dijeron, “esto da un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera y es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia controlando los posibles desvíos que se pudieran presentar”.

De acuerdo a lo señalaron, por tomar de ejemplo un médico que tiene 800 per cápitas “pasó de tener un ingreso fijo de $756.800 a $1.680.000″. “Es un aumento de ingreso fijo del 121%. No se le está achicando el ingreso sino unificando el nomenclador”, apuntaron.