Se desarrolla en Río Cuarto el juicio contra dos funcionarios por impedir el ingreso de Pablo Musse a nuestra provincia, en agosto de 2020, cuando su hija Solange agonizaba en Alta Gracia. La mujer falleció sin poder despedirse de su padre, en uno de los episodios más dolorosos y simbólicos de las restricciones sanitarias durante la pandemia.

Los imputados son un médico entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y una asistente social Analía Morales, miembro de un ente cuya sigla no es bien recordada: COE. Se los acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, limitar la causa a estos dos nombres se parece mucho a un intento de encubrimiento institucional.

Las decisiones que impidieron el reencuentro entre padre e hija no fueron aisladas ni improvisadas: respondieron a una lógica vertical, diseñada y ejecutada desde los más altos niveles del poder político y sanitario. Si bien las intenciones pudieron, inicialmente, cuidar a las personas y evitar los contagios, la acción de estos organismos creados para hacer frente a la emergencia se tradujo en situaciones que agregaron dramatismo al ya dramático panorama de la pandemia y que, en casos como éste, estuvieron totalmente alejadas del sentido común.

Pablo Musse, el padre, lo expresó con claridad tras la primera audiencia: “No fueron ellos solos”. Y apuntó directamente a la cúpula del Ministerio de Salud de aquel momento y las figuras clave del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Un razonamiento simple permite habilitar la duda. ¿Por qué no están imputados? ¿Por qué la justicia se detiene en los eslabones más débiles de la cadena? ¿Por qué se buscan responsables, pero se lo hace mirando hacia abajo?

Es verdad que la pandemia exigió decisiones difíciles. Pero también dejó al descubierto cómo el Estado puede fallar en la protección de la dignidad humana. Negar el ingreso de un padre a la provincia para despedirse de su hija moribunda no fue un mero error administrativo. Se inscribió en una estrategia de prevención que terminó cercenando derechos fundamentales. Con el aditamento perverso de que la cúpula del poder gozaba de prerrogativas indignantes. La foto de Olivos es un claro ejemplo de ello.

En verdad, las penas que podrían recibir los acusados serán todas condicionales. Pero no satisfarán. Porque no habrá verdadera justicia si no se sienta en el banquillo a quienes diseñaron órdenes inconcebibles que terminaron agigantando el dolor terrible que provocó la pandemia del Covid 19 en miles de familias e impidió, como en este caso paradigmático, que un padre pueda despedirse de su hija que sufría una enfermedad terminal.

Frente a estas consideraciones, resulta evidente que la verdad sobre el caso Solange Musso no estará completa cuando termine este juicio.

Después de tres años de negociaciones, la Organización Mundial de la Salud logró un consenso en torno a un nuevo Acuerdo sobre Pandemias, un marco global no vinculante que busca mejorar la cooperación internacional ante eventuales crisis sanitarias como la vivida en 2020.

El texto, aprobado por 124 votos a favor, sin objeciones y con 11 abstenciones, puede ser un punto de inflexión en los esfuerzos para prevenir, detectar y responder con mayor eficacia a futuras pandemias. Sin embargo, el debate abierto y la ausencia o abstención de algunos países claves evidencian las tensiones políticas y los desafíos pendientes que aún rodean su implementación.

El acuerdo establece principios generales que promueven la equidad, la solidaridad y la transparencia, e insta a los Estados miembros a fortalecer sus sistemas de salud, regulación e investigación, al tiempo que fomenta el acceso justo a herramientas médicas. Una de sus novedades es el sistema Pabs (Pathogen Access and Benefit-Sharing), una iniciativa destinada a facilitar el intercambio de datos genéticos de patógenos con potencial pandémico, una medida que podría acelerar el desarrollo de diagnósticos, vacunas y tratamientos.

Vale aclarar que este compromiso no es jurídicamente vinculante. Se trata de un marco de cooperación voluntaria, y, por lo tanto, su eficacia dependerá de la voluntad política de los Estados. Por ello, los analistas sostienen que el texto presenta luces, pero también sombras. Por caso, el acuerdo menciona la equidad, pero no establece mecanismos de financiamiento ni exige la transferencia de tecnología en el tiempo adecuado para hacer frente a una pandemia.

La posición del gobierno argentino es refractaria a este acuerdo. Coincide con su anuncio de separarse de la OMS en alineamiento con la postura de los Estados Unidos. Por ello, nuestro país no ocupó su banca durante la votación. Desde el Ministerio de Salud se aclaró que no se suscribirá ningún acuerdo que comprometa la soberanía nacional, un argumento que refleja desconfianza hacia una organización multilateral que cometió numerosos errores en el manejo de la pandemia del Covid 19, pero que también limita la posibilidad de influir en las discusiones globales.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la adopción del acuerdo como una “victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral”. Sin embargo, el optimismo de la declaración contrasta con el escepticismo de sectores que señalan que los grandes problemas que enfrentamos en 2020 -desigualdad en el acceso a vacunas, nacionalismos sanitarios, y sistemas de salud colapsados- siguen sin resolverse.

En definitiva, el Acuerdo sobre Pandemias puede representar un paso adelante, pero aún quedan variables cruciales sobre las cuales es necesario trabajar para alcanzar consensos definitivos: financiamiento, acceso equitativo, mecanismos de sanción y garantías de soberanía. A la luz de lo ocurrido durante la última traumática pandemia, no vale de nada estar preparados en los papeles, pero continuar siendo vulnerables en la práctica.