La reciente condena a 10 años de prisión efectiva contra la exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera, María Silvina Asís, por delitos vinculados a corrupción institucional, dejó al descubierto un entramado delictivo que sacudió a la región. Sin embargo, una nueva y grave denuncia que involucra a la exfuncionaria policial no formó parte del expediente que derivó en la sentencia.

Se trata del caso denunciado por Paola Andrea Aichino, una remisera de San Francisco que aseguró que su automóvil, un Fiat Cronos rojo robado en abril de este año en Frontera, fue hallado semanas después en un inmueble donde, según testimonios que recibió, residía o permanecía Asís.

La mujer relató a LA VOZ DE SAN JUSTO que el vehículo desapareció durante la madrugada del 27 de abril, luego de haber quedado estacionado frente a la vivienda de su padre, en calle 5 entre 92 y 94 de Frontera. “Cuando llegué me encontré con que el auto no estaba. Mi papá ya había hecho la denuncia, pero yo sentía que no se estaba haciendo nada”, afirmó.

Según contó, durante los días posteriores la familia comenzó a recibir distintos datos sobre el posible paradero del vehículo. Incluso, aseguró que personas desconocidas intentaron exigir dinero para devolverlo. “Querían que les comprara mi propio auto. Me dijeron: ‘¿Tenés la plata?’. Les respondí que no tenía dinero y me contestaron: ‘Entonces te vamos a desarmar todo el auto’”, recordó.

Aichino sostuvo que tanto ella como su familia realizaron numerosas consultas ante la policía local y reclamaron el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Frontera. “Yo insistía con las cámaras. Había domos por todos lados y siempre me respondían que estaban esperando órdenes. Sentía que no se hacía nada”, expresó.

La situación tomó un giro inesperado el 25 de mayo, cuando una persona le informó que el automóvil estaría guardado en una vivienda vinculada a la excomisaria ahora condenada. “Nos dijeron que el auto estaba ahí y que la persona que vivía en ese lugar era una expolicía. Ahí empezamos a desconfiar todavía más”, señaló.

La denunciante aseguró que acudió a la Policía Federal en busca de orientación y posteriormente continuó insistiendo ante las autoridades provinciales. Según su relato, las órdenes judiciales para realizar el allanamiento demoraron varios días. “Yo les dije que si ellos no iban a buscar el auto, iba a ir yo. Sentía mucha impotencia”, afirmó.

De acuerdo con la versión de Aichino, un familiar logró observar el vehículo dentro del inmueble y fotografiarlo. Finalmente, el allanamiento se concretó y el automóvil fue secuestrado. “La orden salió recién el viernes y el auto fue retirado del lugar ese día. A mí me lo devolvieron el domingo”, indicó.

La mujer sostuvo además que el vehículo presentaba importantes daños. “Le habían arrancado todo el sistema eléctrico, tenía golpes, le faltaban partes y habían sacado elementos de seguridad. También le faltaban las patentes”, relató.

Aichino indicó que la información obtenida por su familia provenía de vecinos y personas cercanas al entorno de la exfuncionaria policial. “El auto lo encontramos gracias a los vecinos y a gente que se animó a hablar. Todos lo veían, menos la policía”, aseguró.

La denunciante también manifestó que envió documentación y elementos vinculados a su caso a la fiscal que intervino en el juicio contra Asís, aunque señaló que no recibió respuesta. “La causa por el robo de mi auto no fue tenida en cuenta. Yo mandé fotos, información y todo lo que tenía”, sostuvo.

Además, denunció presuntas amenazas dirigidas a su familia. “A mi papá le dijeron que se iba a encontrar el auto quemado con las cenizas de su hija adentro”, expresó.

Respecto del accionar policial, fue contundente: “No me sentí escuchada. Incluso llegaron a insinuar que lo del auto podía haber sido un autorrobo”.

Días atrás, la jueza Cecilia Álamo condenó a María Silvina Asís a 10 años de prisión e inhabilitación por 20 años para ejercer funciones policiales. La investigación, impulsada por la fiscal Fabiana Bertero, determinó que la exjefa policial integró una asociación ilícita junto a otros efectivos entre 2020 y 2022.

La Justicia la encontró responsable de asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado por su condición de funcionaria pública.

La investigación incluyó escuchas telefónicas, testimonios, registros audiovisuales y diversas denuncias que permitieron reconstruir el funcionamiento de una estructura delictiva integrada por miembros de la fuerza de seguridad.