Un proyecto presentado en la Legislatura de Córdoba para derogar la ley de paridad de género en las listas electorales generó un fuerte debate político y respuestas desde distintos espacios. La iniciativa busca eliminar la obligación de que los partidos conformen sus listas con un 50% de mujeres y un 50% de varones.

El proyecto fue impulsado por el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda y cuenta con el acompañamiento de Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) y Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal). Según explicaron sus autores, la propuesta pretende abrir un debate que, a su entender, la política cordobesa evita desde hace años.

“En el Día de la Mujer abundan los discursos y las consignas. Nosotros creemos que la mejor forma de defender los derechos de las mujeres es tratarlas como lo que son: personas libres e iguales ante la ley, no beneficiarias de cupos políticos”, sostuvo Hernández Maqueda al fundamentar la iniciativa.

El legislador cuestionó además el criterio de distribución de lugares en las listas y afirmó que la normativa responde a una lógica de “ingeniería social”. En ese sentido, planteó que los cargos públicos deberían definirse “por capacidad, liderazgo y mérito, no por género”.

Desde el espacio que impulsa la propuesta también señalaron que la Constitución provincial no exige la paridad de género y que la ley vigente —la 8.901, aprobada en el año 2000— constituye una forma de “discriminación positiva” que originalmente debía ser excepcional.

En esa línea, Hernández Maqueda sostuvo que eliminar la norma permitiría devolver mayor libertad a los partidos políticos y a los votantes, al quitar lo que definió como una intervención estatal que “condiciona artificialmente la competencia electoral”.

La presentación del proyecto generó respuestas inmediatas desde distintos sectores políticos. La vicegobernadora Myrian Prunotto salió a cuestionar la propuesta y defendió la legislación vigente.

“La política no está para provocaciones, y plantear la derogación de la Ley de Cupo Femenino, Ley Riutort, el Día Internacional de la Mujer, es una de ellas”, expresó. Además, recordó que Córdoba fue una de las provincias pioneras en avanzar en normas para garantizar la participación femenina en política.

En ese sentido, Prunotto advirtió que “que hayamos avanzado no significa que tengamos que retroceder”, y remarcó que dar marcha atrás implicaría “invisibilizar el esfuerzo de todas las que venimos trabajando para que cada vez seamos más las que ocupamos espacios de representación política”.

También desde la oposición radical hubo cuestionamientos a la iniciativa. La legisladora Brenda Austin señaló que la falta de normas de este tipo se refleja en la escasa presencia de mujeres en cargos ejecutivos.

“Basta mirar lo que pasa en el Ejecutivo provincial para darse cuenta del error de tu argumento. No hay norma y no hay ni una mujer ministra”, escribió en redes sociales al responder al legislador impulsor del proyecto. Y agregó: “El cupo rompió la misoginia que todavía hoy existe”.

Por su parte, la legisladora justicialista Karen Acuña defendió el sistema de paridad y sostuvo que se trata de una herramienta para equilibrar el acceso al poder. “La paridad no es un privilegio ni existe para obligar a poner mujeres. Es una herramienta democrática para corregir una desigualdad histórica en el acceso al poder”, afirmó.

Actualmente, en la Legislatura provincial 26 bancas están ocupadas por mujeres y 44 por hombres. La normativa vigente garantiza la paridad en la conformación de la lista única, aunque no en las candidaturas departamentales, lo que hace que la representación final no alcance un equilibrio pleno. Según se indicó, existen también otras iniciativas legislativas que buscan modificar el sistema para avanzar hacia una paridad efectiva en la integración del cuerpo.

La intención de eliminar la figura legal del femicidio y las leyes de paridad de género representan un retroceso inaceptable en la protección de los derechos de las mujeres y diversidades en Argentina.

Estas propuestas desconocen la realidad de la violencia de género, arraigada en nuestras sociedades y respaldada por datos concretos, e ignoran los avances en igualdad y justicia para las mujeres. Avances que forman parte de las obligaciones asumidas por el Estado argentino al suscribir tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), que exigen políticas efectivas para erradicar la violencia de género incluso en contextos de crisis.

El femicidio, tipificado en el Código Penal argentino desde 2012, reconoce la violencia extrema que sufren las mujeres por razones de género y establece penas más severas para estos crímenes. Eliminar esta figura legal implicaría desproteger a las mujeres y minimizar la gravedad de estos delitos. 

En el país, ocurre un femicidio cada 30 horas, una cifra alarmante que evidencia la necesidad de mantener y fortalecer esta tipificación legal.

Asimismo, las leyes de paridad de género y los cupos laborales para minorías sexuales buscan corregir desigualdades históricas y garantizar una representación equitativa en ámbitos políticos y laborales. Su derogación significaría un retroceso en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, contrariando el principio de progresividad y no regresividad reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estas propuestas no son aisladas ni inofensivas; forman parte de un discurso político que no busca empatía ni reflexión, sino reacciones viscerales. Parecen priorizar la confrontación por sobre el rigor de los datos y la construcción de consensos. Esto desatiende los principios democráticos y los pilares del Estado de derecho, donde la protección de los derechos humanos no puede ser revertida arbitrariamente.

Resulta preocupante que esta puesta en duda de derechos consolidados se realice en nombre de combatir el déficit fiscal o la llamada "casta". La protección de la vida y los derechos de las mujeres y minorías no puede estar supeditada a argumentos economicistas que ya han demostrado consecuencias nefastas en otros ámbitos, como la jubilación, la salud y la educación pública.

Temas tan trascendentes no pueden modificarse por mero efectismo electoral y de manera unilateral. Son cuestiones ya discutidas y resueltas por la sociedad. 

Históricamente, cada intento de modificar normativas clave mediante imposiciones autoritarias ha encontrado la respuesta de un pueblo movilizado en defensa de sus derechos.

Debemos fomentar debates honestos y constructivos, sin alimentar el odio ni la polarización. La violencia de género y las desigualdades estructurales persisten de manera evidente, y desmantelar las herramientas legales y políticas que las combaten es un retroceso inaceptable.

Gobernar requiere de respetar las instituciones y responsabilidad en el discurso.  A esta altura, nadie cree en el discurso del odio, retrogrado y ofensivo. Es momento de exigir a los líderes que actúen con responsabilidad, porque sus palabras no solo construyen narrativas, sino que también modelan el futuro de nuestra sociedad.