El secretario general de la Uepc, Roberto Cristalli, reiteró el reclamo salarial del sector docente tras las dos jornadas de paro y aseguró que esperan una convocatoria "lo más rápido posible" para retomar las negociaciones con el Gobierno de Córdoba.

En declaraciones a Cadena 3, Cristalli sostuvo que uno de los principales puntos en discusión es la cláusula vinculada a la recaudación. "Entendemos que va a estar en la propuesta, pero el reclamo mayoritario fue que eso no tiene que estar", afirmó.

El dirigente gremial remarcó que las medidas de fuerza tuvieron "un altísimo acatamiento, que superó el 70% en promedio", y consideró que las movilizaciones en toda la provincia reflejan la necesidad de una mejora salarial. "Necesitamos sí o sí una recuperación del salario en un esquema que dé respuesta a lo que estamos reclamando", señaló.

Cristalli también advirtió que, hasta el momento, no recibieron una convocatoria formal a la mesa de negociación. "Son anuncios que han hecho funcionarios, pero nosotros formalmente no tenemos convocatoria todavía", indicó.

Además de la eliminación de la cláusula por recaudación, el titular de la Uepc planteó la necesidad de un incremento inicial superior en febrero para aliviar la situación económica de los docentes. "Es lo que sintetizó la asamblea y lo que vamos a reclamar cuando nos sentemos a discutir", explicó.

En relación con el sistema previsional, el gremialista cuestionó los cambios en la Caja de Jubilaciones y aseguró que afectan de manera directa a los jubilados del sector. "Uno se puede terminar jubilando con el 60% de lo que cobra como activo", advirtió.

Sobre los descuentos aplicados por los días de paro, que podrían rondar el 15%, Cristalli indicó que el tema será parte de la negociación. "Si hay acuerdo, será parte de la discusión", sostuvo, aunque aclaró que el eje central sigue siendo la propuesta salarial.

Finalmente, reafirmó la disposición del gremio al diálogo: "Nunca hemos dejado de participar. Vamos a negociar las horas que haga falta, pero con la convicción de que necesitamos una respuesta que supere ampliamente lo que se ofreció hasta ahora".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó el paro general que lleva adelante hoy la CGT como “extorsivo” y sostuvo, en referencia a los sindicalistas, que “por algo la gente los odia”, ya que lo que buscan es “hacerle daño a la Argentina”.

“No hay nada más extorsivo y contrario a la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, señaló el funcionario en alusión a la medida de fuerza en rechazo de la reforma laboral, y aseveró que es un paro “perverso” porque quien quiere trabajar no puede hacerlo.

Adorni consideró que “por algo la gente los odia y tienen un 80 por ciento de imagen negativa, y es porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador. No podés dialogar con gente que lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina”, insistió en diálogo con “La casa streaming”.

El jefe del Gabinete consideró “extraño” que en otros Gobierno no hubo medidas similares, y puntualizó: “sin ir más lejos en la administración de Alberto Fernández tenías 200 por ciento de inflación y casi 60 por ciento de pobres y no había paro”.

Tras señalar que “las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, destacó que “el problema es cómo le explican al que vive de la diaria, a un vendedor ambulante que hoy no lo dejan llegar a su esquina de trabajo, y que no va a tener nada para poner arriba de la mesa”.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, Adorni opinó que la adhesión al paro que mide la CGT es cuestionable, y que se trata de un asunto “bastante perverso” porque “si te cortan el medio de transporte por más que quieras ir a trabajar no podés hacerlo”.

“Los argentinos tendremos (por el paro) una pérdida de 600 millones de dólares. A ellos les parece que esa es la forma de sacar la Argentina adelante. A nosotros nos parece que no”, concluyó.

El gremio de Judiciales de Córdoba expresó un fuerte rechazo a las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno provincial en relación con la Caja de Jubilaciones y anunció un paro provincial de 24 horas para el próximo viernes 26 de diciembre.

A través de un comunicado, desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) advirtieron que “el Gobierno de Córdoba vuelve a ir por nuestras jubilaciones” y remarcaron que el déficit previsional “no se soluciona con recortes ni con el ataque al bolsillo de las y los trabajadores”. En ese sentido, reafirmaron que “la Caja no se toca” y que su defensa se sostiene “con organización y lucha”.

Las definiciones surgieron luego de la reunión mantenida este martes 23 de diciembre entre los gremios aportantes, donde se acordó una medida conjunta para el lunes 29. Además, AGEPJ resolvió de manera independiente convocar a un paro provincial de 24 horas para el viernes 26 de diciembre, tal como se venía resolviendo en las asambleas de protesta realizadas en los últimos días.

El secretario general de AGEPJ, Federico Cortelletti, expresó que “es inaceptable que el déficit de la Caja que se arrastra en varias gestiones de gobiernos provinciales se piense resolver como única solución ajustando a las y los trabajadores y jubilados. Los gremios aportantes acompañamos la exigencia de la provincia a la Nación para que desembolse los fondos adecuados, pero también exigimos a la provincia soluciones dialogadas y paliativas que prevean no descargar el problema solo en las y los aportantes. Por eso los gremios aportantes nos hemos declarado en estado de sesión permanente. Y hemos decidido avanzar con una nueva movilización para el 29/12.”

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Por su parte, el secretario gremial de AGEPJ, Adrián Valán, que “es absolutamente inaceptable este nuevo saqueo hacia nuestros bolsillos de trabajadores y trabajadoras judiciales lo que aprobó el gobierno provincial".

El paro del viernes 26 de diciembre comenzará a las 0 horas y se extenderá hasta las 24 del mismo día, o hasta la finalización del turno en los casos donde exista trabajo nocturno. La medida será sin marcación de asistencia.

Concluyó la fase inicial del cese de actividades dispuesto por los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA), ocasionando demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país. 

La medida de fuerza, que se proyecta por un lapso de cinco jornadas, altera significativamente la logística de los servicios de tránsito aéreo tanto en cabotaje como en rutas internacionales. 

La disputa, originada por reclamos salariales y condiciones prestacionales frente a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), adquiere una relevancia crítica al coincidir con el incremento del flujo de pasajeros propio de la temporada de fin de año.

La medida afectó hoy exclusivamente a los despegues de vuelos domésticos en todas las terminales del país, entre las 8 y las 11, a pesar de que la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación para las 10, en la que finalmente no se llegó a un acuerdo.

Aerolíneas Argentinas informó que, tras la primera jornada de interrupciones, se logró evitar la cancelación de servicios, aunque el impacto en la puntualidad fue considerable.

Se registraron 94 servicios afectados, involucrando a aproximadamente 11.000 pasajeros. El desglose técnico indica 67 vuelos demorados (7.472 usuarios) y 25 adelantamientos preventivos (3.100 usuarios).

Ante el cese de actividades programado para mañana entre las 16 y las 19 horas, se estima una afectación mínima de 61 vuelos y 9.063 pasajeros. La planificación preliminar contempla 48 demoras y 13 adelantamientos, manteniendo hasta el momento la política de no cancelaciones.

En lo que hace a Flybondi, la compañía adoptó una postura de readecuación integral para las jornadas del miércoles 17 y jueves 18. Mediante un comunicado oficial advirtió que la rigidez de los horarios de paro la obligó a implementar la cancelación de 6 vuelos y la reprogramación de otros 69, incluyendo cambios de terminal aeroportuaria.

Se estima que 13.000 pasajeros vieron y verán alterados sus itinerarios durante este ciclo de 48 horas. La empresa manifestó su rechazo a las medidas gremiales por el perjuicio ocasionado en el umbral de la temporada de verano.

En cuanto a JetSmart, optó por un ajuste de itinerarios centrado en la reubicación de pasajeros, involucrando a alrededor de 8.300 viajeros, mayoritariamente durante la presente jornada.

Si bien no se han formalizado cancelaciones, la empresa ejecutó modificaciones horarias para mitigar el impacto del conflicto salarial entre ATEPSA y EANA, instando a los usuarios a realizar el seguimiento de sus vuelos vía plataformas digitales.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) mantiene este martes su cronograma de paros escalonados en todo el país, en el marco del conflicto salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La protesta ya paralizó la actividad en dos jornadas previas y afectó a más de 44.000 pasajeros. Con tres fechas aún pendientes en agosto, la tensión en la industria aérea se profundiza, y las aerolíneas advierten que el impacto se sentirá durante toda la semana.

La línea de bandera informó que su operación de este martes 26 de agosto se verá seriamente alterada.

Desde la compañía explicaron que la combinación de cancelaciones y reprogramaciones provoca un “efecto arrastre” que desorganiza la red de vuelos durante toda la jornada. Proyectan que entre 310 y 330 servicios nacionales e internacionales podrían sufrir alteraciones.

En las dos primeras jornadas del plan de lucha, Aerolíneas Argentinas había reportado 10.500 pasajeros afectados el viernes 22 y 4.400 el domingo 24, sumando 14.900 usuarios impactados.

ATEPSA exige una recomposición salarial frente a lo que consideran un “deterioro progresivo” de sus ingresos. El sindicato denuncia que la labor de los controladores aéreos es “altamente estresante y de máxima responsabilidad”, con salarios que actualmente van de $800.000 a $1,5 millones.

La última propuesta oficial contemplaba un incremento cercano al 1% mensual, lo que fue rechazado por el gremio por considerarlo insuficiente.

Las restricciones se aplican en franjas horarias determinadas, que limitan los despegues y autorizaciones de movimiento en superficie.

ATEPSA aclaró que quedan exceptuadas todas las operaciones de aeronaves en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento (SAR).

Las medidas de fuerza llegan después de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria durante las vacaciones de invierno, en un intento de desactivar la protesta. Sin embargo, la prórroga de las negociaciones no dio resultados y la disputa gremial se endureció.

Mientras el Gobierno insiste en sostener la pauta oficial de incrementos moderados, desde ATEPSA advierten que no levantarán las medidas hasta recibir una “propuesta salarial seria y sostenible”.

La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) protagoniza una jornada de paro universitario con un alto nivel de adhesión. Según informó el decano, la medida cuenta con un 86% de participación entre los docentes y un 94% entre el personal administrativo, no docente y de servicios generales, en el marco de la protesta nacional impulsada por gremios universitarios.

El decano Alberto Toloza explicó que este paro no surge de manera aislada, sino que es la continuidad de un proceso de reclamo que comenzó el año pasado con paros y marchas. “En ese momento, para algunos fue un poco repentino sumarse a las medidas de fuerza, pero hoy la comunidad universitaria siente mucho más el impacto de lo que consideramos un casi congelamiento salarial”, señaló.

De acuerdo con sus palabras, el retraso salarial acumulado “no baja del 30% desde noviembre de 2023, según distintos estudios”, y en los últimos meses los incrementos “no han superado el 1% mensual”, lo que refleja que el poder adquisitivo “no acompaña” y se deteriora mes a mes.

El reclamo, sin embargo, no es exclusivamente salarial. El decano destacó la necesidad urgente de más financiamiento para proyectos de investigación, la actualización de equipamiento, la ampliación de infraestructura y la reactivación de programas suspendidos. “Llevamos un año y medio de parate en muchas áreas. Esto ya se empieza a sentir y se va a notar más a medida que pase el tiempo”, advirtió.

Sobre el panorama general, indicó que la situación es diversa según la universidad: “Algunas iniciaron el paro con 24 horas, otras con 48, y en ciertos casos la medida es por toda la semana. Todo indica que este reclamo se va a mantener e incluso acentuarse si no hay respuestas”.

La jornada busca visibilizar la combinación de pérdida salarial, falta de inversión y freno en proyectos que afectan directamente la calidad académica, científica y profesional de la universidad pública argentina.Panorama nacional

El paro universitario se extiende entre el 11 y el 15 de agosto en gran parte de las universidades públicas del país, en reclamo de mejoras salariales, recomposición presupuestaria, financiamiento para ciencia y tecnología, y apertura de paritarias. La protesta se desarrolla con distintas modalidades: algunas instituciones optaron por medidas de 24 o 48 horas, mientras que otras decidieron interrumpir las actividades durante toda la semana.

En la Universidad Nacional de San Juan, la adhesión fue especialmente alta, con un 95% de participación en los colegios preuniversitarios y porcentajes que oscilan entre el 40% y 60% en otras unidades académicas. En la Universidad Nacional de Córdoba, tanto docentes como no docentes mantienen un paro total durante la semana, en continuidad con el plan de lucha nacional.

La Universidad Nacional de Rosario atraviesa una huelga docente que se prolongará hasta el viernes, mientras que en la UTN Rosario el sindicato Fagdut impulsa una medida de 48 horas respaldada por el 60,2% de los profesores. En la Universidad de Buenos Aires, el paro comenzó este lunes y continuará con diversas acciones de visibilización y protesta.

El mensaje de los gremios es contundente. La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) sostiene que “con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible”, en alusión al fuerte desfasaje salarial frente a la inflación. En paralelo, el Congreso Nacional comenzó a debatir medidas para atender la crisis: la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo a la inflación acumulada, con 158 votos a favor y 75 en contra. La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado, aunque existe el riesgo de un eventual veto presidencial.

Trabajadores del CONICET nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inician hoy a las 13 un paro de 48 horas en el Polo Científico Tecnológico del barrio porteño de Palermo, en rechazo al ajuste en el sector, la reducción salarial y la incertidumbre con el futuro del organismo.

Según informó ATE en sus redes sociales, la medida de fuerza incluye un acampe en el Polo Científico ubicado en Soler y Godoy Cruz, y de no recibir respuesta a sus reclamos por parte del Gobierno nacional el viernes podría producirse una “ocupación pacífica” del predio.

Hoy por la tarde está previsto un acto central seguido por una marcha de antorchas, mientras que, para mañana, jueves, se prevé una asamblea de trabajadores y científicos en horas de la mañana.

La protesta se produce en medio del impacto en la opinión pública de la expedición submarina protagonizada por un equipo científico del CONICET, que despertó entusiasmo en redes sociales por la ciencia argentina.

La exploración en el denominado Cañón de Mar del Plata, permitió observar en vivo vía streaming, imágenes a casi 4.000 metros de profundidad de fauna y flora investigadas desde una perspectiva científica.

ATE en su comunicado explicó que “por problemas de financiamiento, desde que asumió Milei se perdieron más de 1.600 puestos de trabajo” en el CONICET y reclamó: “No podemos permitir que se ponga en riesgo a la ciencia pública y a todos sus trabajadores”.

La medida de fuerza fue aprobada durante una reunión realizada en la sede nacional de ATE, de la que participaron la secretaria general de la Junta Interna gremial del Conicet, Victoria García; el adjunto, Gonzalo Sanz Cerbino, además de los delegados María Sol Martínez, Ianina Harari, y Gabriel Bober.

La medida se lanza a partir del desfinanciamiento en el área de ciencia, la reducción salarial y la incertidumbre por las 1.000 altas pendientes de investigadores y personal de apoyo con concurso aprobado.

Además, ATE señala que no se ha anunciado aún el resultado de la convocatoria a carrera de investigador 2023 ni de ha brindado certezas a los becarios que esperan prórrogas hasta sus altas para no perder continuidad laboral.

Durante las jornadas de protesta habrá charlas-debate abiertas a la comunidad y múltiples expresiones culturales, señaló el sindicato de trabajadores estatales.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén acató la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, por lo que suspendió el paro que tenía previsto realizar a partir de esta noche a las 20 y hasta el viernes próximo a las 24, el cual iba a impactar de manera directa en la producción del yacimiento de Vaca Muerta.

“Acatamos la medida y suspendemos toda acción directa mientras se desarrolle el proceso conciliatorio”, anunció a través de un comunicado en redes sociales el secretario general del gremio, Marcelo Rucci.

La medida de fuerza sindical era la respuesta a la pérdida de más de 3.200 puestos de trabajo en el sector hidrocarburífero, entre 1.200 despidos y más de 2.000 suspensiones, según había anticipado el gremio.

La conciliación dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación comenzó a regir a partir de las 9 de este miércoles, y tiene como objetivo “promover una solución pacífica y garantizar la continuidad del servicio”, se informó en un comunicado oficial.

La respuesta del gremio es el acatamiento a la conciliación obligatoria, que en esta primera instancia es por 15 días -puede prorrogarse por cinco días más-, “con el firme propósito de resguardar la paz social y la continuidad laboral de nuestros compañeros”.

“Confiamos en que esta instancia abra un canal de diálogo serio y productivo que permita garantizar los derechos de los trabajadores petroleros privados y la normalización de la actividad”, expresó Rucci.

El sindicato había lanzado el paro hace una semana, tras denunciar que “las patronales mienten en su justificación sobre los despidos en el sector” y asegurar que “esto no es una crisis, es una decisión empresaria” de la cual “pagan el costo los trabajadores".

El dirigente lamentó que una propuesta sindical para mantener los empleos hasta 2026, cuando se espera la operatividad de nuevos ductos de transporte, no haya sido considerada por las empresas del sector.

Asimismo, advirtió sobre la delicada situación de los trabajadores suspendidos. “Hoy hay compañeros en sus casas cobrando el básico pelado", lo que vislumbró como “el preludio de más despidos”.

El sindicato enfatizó que "la situación es inaceptable, especialmente cuando la producción de petróleo en Vaca Muerta alcanzó un récord de 600.000 barriles diarios”.

Tras el paro de 72 horas que paralizó la actividad en los tribunales provinciales, el Gobierno de Córdoba convocó a una mesa de negociación con el gremio judicial. La primera reunión se realizó ayer lunes con participación de representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el Ministerio de Trabajo.

La negociación fue coordinada por el secretario de Trabajo, Omar Sereno, y se extendió por más de dos horas. Las partes acordaron un plazo de 15 días hábiles para avanzar en la resolución del conflicto, centrado en el reclamo por la equiparación salarial con la Justicia Federal.

Agepj exige que los sueldos del personal judicial provincial lleguen al 90% de lo que perciben sus pares del fuero federal, lo que implicaría un aumento promedio del 20%. El pedido ya había sido elevado al TSJ en jornadas previas y fue reiterado de manera unánime durante el encuentro.

Mientras dure el período de negociación, las partes pactaron una tregua: no se descontarán los días de paro ni se llevarán adelante nuevas medidas de fuerza, salvo asambleas informativas tras cada encuentro.

La próxima reunión fue fijada para el lunes 2 de junio a las 11, aunque se prevé que puedan celebrarse encuentros intermedios.

En paralelo, Agepj convocó a asambleas informativas para este martes 27 de mayo en Córdoba capital e interior provincial, conforme a lo resuelto en la asamblea del pasado 23.

La convocatoria oficial busca calmar una disputa que sumó apoyos y tensiones crecientes, con la intervención del Colegio de Abogados y un proyecto opositor que propone declarar la emergencia judicial.

Prestadores de servicios de discapacidad, transportistas y centros de día realizarán un paro este miércoles 28 y jueves 29 de mayo, en reclamo de la actualización de los montos por prestaciones, el pago en tiempo y forma, y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación.

Profesionales de San Francisco se suma a la convocatoria nacional que, bajo la consigna “No al ajuste en discapacidad”, comenzó el lunes en otras provincias y se extenderá durante la semana. En nuestra ciudad, el paro culminará con una movilización el jueves a las 11 en la Plaza Cívica, impulsada por profesionales que brindan atención directa a personas con discapacidad.

Desde el sector explicaron que se trata de una medida autoconvocada, nacida de la “desesperación” por la falta de pagos y la ausencia de actualizaciones del nomenclador nacional, que fija los valores de las prestaciones. “El directorio que debe actualizar los aranceles no se reúne, y desde la Agencia Nacional de Discapacidad nos dicen que no hay plata”, indicaron.

La situación es crítica en hogares y centros de día, donde ya no pueden pagar sueldos ni afrontar los gastos de alimentación e insumos para personas que requieren atención integral.

El jueves, representantes del sector estarán en el Congreso esperando la media sanción del proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sistema, garantizar recursos para prestadores y mejorar el proceso de otorgamiento de pensiones. Entre los puntos clave, se reclama un aumento para trabajadores con discapacidad que cobran apenas 28 mil pesos desde febrero de 2023.

La sesión en Diputados fue solicitada por la oposición y está prevista para las 11. Si el proyecto avanza, deberá pasar al Senado.

El servicio de Transporte Urbano de Pasajeros estará interrumpido este jueves 22 de mayo entre las 6 y las 8 de la mañana, debido a una asamblea convocada por el Suoem. Así lo informó la municipalidad de San Francisco.

Durante ese lapso no circularán los colectivos urbanos de las líneas A, B, C ni el servicio que conecta con plaza San Francisco. Sin embargo, el transporte destinado a estudiantes del Ipea 222 "Agr. Américo Milani" funcionará con normalidad y saldrá desde la Terminal de Ómnibus.

Además, habrá interrupciones parciales en otras dependencias municipales por las asambleas, según comunicó el gremio:

Guarderías: 7 a 9

Guardería Nocturna: 18 a 20

AMOS Infraestructura: 9 a 11

AMOS Tanque: 10 a 12

Tránsito: 7 a  9 / 14 a 16 / 22 a 00

Tribunal de Faltas: 7 a 9

Registro Civil: 7 a 9

Mesa de Entrada: 9 a 11

Economía: 11 a 13

Servicios Públicos: 10 a 12

Estacionamiento medido: 10.30 a 12.30

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió un paro de colectivos por 24 horas en todo el país para el próximo martes 6 de mayo debido al fracaso de la negociación paritaria con las empresas del sector y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional.

“Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto", expresó la UTA a través de un comunicado.

La audiencia de este miércoles entre las partes concluyó sin una definición que permita desactivar la medida de fuerza.

“Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia", anunció la UTA.

En representación de los trabajadores estuvieron en la reunión Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, quienes remarcaron que el gremio reclama llevar el salario básico de los choferes desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos.

La discusión salarial quedó estancada desde el 7 de marzo, cuando el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces, la UTA participó de diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas.

Las cámaras empresariales argumentaron que el esquema vigente de tarifas y subsidios los deja en una posición de desfinanciamiento estructural. El secretario de FATAP, Gustavo Larrea, afirmó durante la audiencia que el sector “no puede formular ninguna propuesta” por carecer de los fondos necesarios. Además, señaló que el déficit operativo alcanza el 40%, teniendo en cuenta la diferencia entre los costos reales y los ingresos provenientes de tarifas y subsidios estatales.

La UTA ya había rechazado una propuesta de bonos no remunerativos presentada por las empresas en reuniones anteriores. Esa oferta contemplaba pagos de $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio, además de establecer un salario básico de $1.270.000. Para el gremio, ese esquema equivale a menos del 1% de aumento mensual frente a una inflación que ronda el 3% o 4%, y calificó la propuesta como un “avasallamiento a la dignidad” de los trabajadores.

El conflicto se inscribe en un contexto de deterioro del sistema de transporte urbano. Según el Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio real del boleto sin subsidios fue de $1.596,40 en marzo, pero los usuarios pagaron un mínimo de $371,13, con un promedio aún menor por efecto de los descuentos aplicados al acumular viajes. En ese escenario, las empresas recibieron $973,76 por boleto, muy por debajo del valor técnico que reclaman.

El congelamiento tarifario impuesto desde agosto para las líneas nacionales también constituye un factor central en el desequilibrio del sector. Las cámaras empresariales actúan como intermediarias entre los usuarios y el Estado, pero aseguran que no tienen margen para solventar mejoras salariales. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte deben definir si autorizan un aumento del boleto o una suba en los subsidios para destrabar el conflicto.

Durante las negociaciones, las autoridades de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, intentaron mediar sin éxito. El secretario de conciliación, Guido Arocco, fue quien encabezó las audiencias y certificó que las partes no lograron acercar posiciones. Desde el Gobierno nacional, sin embargo, se mantiene una postura de no intervención directa, al considerar que se trata de una paritaria entre privados, a pesar de que el Estado define tanto los valores tarifarios como el esquema de subsidios.

La Provincia de Córdoba citó hoy a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) para evitar el paro docente previsto para mañana, 6 de marzo. Según informó el gobierno provincial, la reunión será para presentar una propuesta salarial "superadora" que busque destrabar las negociaciones paritarias con el gremio docente.

El gremio recibió la convocatoria por parte del secretario general del Gobierno de la Provincia de Córdoba, quien, en respuesta a las demandas planteadas por la Uepc, entregará una propuesta que podría dar solución al conflicto. Desde el sindicato, afirmaron: “Informamos que el secretario general nos ha convocado para este miércoles 5 de marzo a la Mesa de Política Salarial, para entregar una propuesta salarial superadora”.

En la reunión, la Uepc planteará los puntos establecidos en la resolución de su asamblea departamental del 25 de febrero, entre los que se destacan:

El pago de un adicional no remunerativo por única vez de 100 mil pesos.

La incorporación de un adelanto de pauta y cláusula de revisión para julio y noviembre, con el objetivo de lograr un real recupero del poder adquisitivo.

Un aumento del 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La jerarquización salarial de los cargos directivos.

La actualización mensual del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) por IPC, tanto para activos como para jubilados.

La negociación entre ambas partes se lleva a cabo con el objetivo de evitar el paro docente previsto y llegar a un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores de la educación como al sector público en general.