CORDOBA (Corresponsalía)-. La segunda audiencia del juicio oral contra el pastor e influencer sanfrancisqueño Elías Argüello comenzó este lunes en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba con la declaración de una de las principales testigos de la causa, identificada como MK, alias “Samara”, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

El proceso judicial también tiene como imputados a Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, este último acusado como partícipe necesario.

Durante la jornada también declararon  otras supuestas víctimas mencionadas en la investigación con las iniciales LP (alias “Ari”), MB (alias “María”), DSF (alias “Anita”), LC y EMA, en tanto que se acordó la incorporación por su lectura del testimonio de GF (alias “Josué”). 

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, y abogados de su estudio jurídico representan la totalidad de los acusados. 

M.K. fue la primera testigo en declarar. Ante los jueces relató que en 2019 se mudó desde Córdoba a San Francisco luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Daiana Herrera. También explicó que fue pareja de Maximiliano Mercado y que comenzó a participar de las actividades vinculadas a la organización religiosa Dimensión Cielo.

Según declaró, vivió junto a Argüello, Herrera y los hijos de la pareja en una vivienda del country Ayres del Golf. Allí, dijo, se desarrollaba una convivencia comunitaria que incluía distintas actividades laborales relacionadas con emprendimientos inmobiliarios y comerciales.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo la testigo al describir la dinámica cotidiana dentro de la vivienda.

También afirmó que se bautizó en la iglesia evangélica y que participó de distintos emprendimientos comerciales vinculados a la organización, entre ellos “Visiter 7”, “Costumbres Light”, “Barritas y Más” e “Inmobiliaria Ciudad”, algunos relacionados con la panificación y otros con el rubro inmobiliario.

La joven explicó que no percibía un salario fijo por esas tareas, aunque aseguró que tenía acceso a dinero para gastos cotidianos. Según indicó, esos recursos eran administrados por otra mujer que cumplía funciones organizativas dentro del grupo.

“La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró ante el tribunal.

En otro tramo de su testimonio señaló que los gastos importantes “se debatían entre todos” los integrantes y remarcó que existía un “fondo común” para sostener el funcionamiento cotidiano de la comunidad.

La existencia de ese fondo común es uno de los puntos centrales de discusión dentro del juicio. Durante la primera audiencia, Argüello ya había mencionado ese esquema económico para rechazar las acusaciones y negar cualquier situación de explotación o sometimiento.

M.K. también hizo referencia a la investigación judicial y al impacto que tuvo el avance de la causa sobre los integrantes de la organización. “La causa nos perjudicó a todos”, afirmó.

En relación con la acusación de captación de personas, la testigo rechazó que hubiera sido llevada por Maximiliano Mercado hacia la organización. “Se hablaba de captación, que Mercado me había llevado con Elías, pero ambos conocimos casi al mismo tiempo a Elías”, expresó.

La joven declaró además que trabajaba de 9 a 17 y los sábados hasta el mediodía, y aseguró que podía salir libremente. También reconoció que en la vivienda había cámaras de seguridad, aunque sostuvo que se utilizaban “para controlar el descanso de cada uno” y también como medida de prevención, ya que anteriormente se habían registrado episodios de robo en la casa.

“La computadora siempre estaba abierta en la casa, Elías trabajaba desde allí”, agregó al describir la dinámica diaria en la vivienda del country.

M.K. además relató el impacto de los allanamientos realizados en 2020. “En el allanamiento se llevaron toda la plata del fondo común”, afirmó.

Además indicó que, tras el operativo judicial, dejó de tener vínculo con Argüello y con los otros imputados.

La declaración de M.K. se produjo en un contexto en el que la fiscalía sostiene una versión distinta sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal federal María Marta Schianni sostuvo que Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante engaños y promesas vinculadas a la salvación espiritual.

La acusación afirma que las presuntas víctimas fueron persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor de la organización.

Según la instrucción de la causa, las personas captadas habrían trabajado en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias bajo extensas jornadas laborales, salarios “ínfimos o inexistentes” y mecanismos permanentes de control psicológico y religioso.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y pluralidad de víctimas. En el caso de Argüello, además, se incorporó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La causa se originó a fines de 2020 tras allanamientos realizados tanto en la vivienda de Argüello como en distintos emprendimientos ligados a la organización. En marzo de 2021 el pastor fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

Durante la primera audiencia, realizada la semana pasada, Argüello negó todas las acusaciones y aseguró que nunca existieron restricciones sobre las personas que integraban la comunidad religiosa.

El debate continuará el próximo miércoles 13 de mayo con nuevas declaraciones testimoniales. Sin embargo, debido a la amplitud de la prueba incorporada al expediente y a la cantidad de personas citadas, no se descarta que el juicio se extienda durante la próxima semana antes de llegar a los alegatos y a la sentencia.

NOTICIA EN DESARROLLO 

La Fiscalía solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva para el pastor evangélico que fue declarado culpable de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años, durante una audiencia de cesura celebrada este martes en la ciudad de Trelew.

Según supo Noticias Argentinas, los abusos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2022 en el ámbito de una iglesia evangélica cristiana del sur de la ciudad, a la que la víctima asistía con regularidad.

El Ministerio Público Fiscal imputó al acusado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravados por su condición de ministro de culto y por la imposibilidad de la víctima de consentir libremente los actos. Los delitos fueron calificados en concurso real, en contexto de violencia de género, conforme a los artículos 119, 45 y 55 del Código Penal, además de estar enmarcados en la Ley 26.485 y en la Convención de Belem do Pará.

Durante la audiencia, las fiscales Silvia Pereira y Claudia Ibáñez fundamentaron el pedido de pena destacando como agravantes la edad de la víctima, la reiteración de los hechos y el vínculo de confianza que el acusado mantenía con la menor. También solicitaron el decomiso de un vehículo utilizado durante los abusos.

La Defensa, en tanto, reclamó una pena mínima de ocho años, apoyándose en un informe social y en el testimonio de dos testigos que intentaron atenuar la responsabilidad del condenado.

El juez Fabio Monti anunció que dictará la sentencia definitiva dentro del plazo legal de cinco días hábiles y resolvió prorrogar la prisión preventiva del pastor por seis meses o hasta que la condena quede firme.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto “Dimensión Cielo”, y también el de otras personas del grupo por trata de personas con fines de explotación laboral. Argüello, que estuvo detenido algunos meses en el año 2021, y el resto seguirán libres hasta el juicio.

La Justicia ratificó además la contundencia de la prueba recabada durante la investigación. 

En septiembre de 2023, el juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, había hecho lugar al pedido de la fiscalía y ordenado el procesamiento, medida que luego fue apelada por la defensa de los acusados. 

“La prueba fue contundente y la valoración que se hizo fue la correcta. Entendemos que se da por confirmada la participación de las cinco personas” en el hecho, dijo Montesi en declaraciones a AM 1050. 

Además del pastor evangélico, los otros procesados son Daiana Herrera, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, como presuntos coautores, y Marcos Burini, como supuesto partícipe necesario, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre), “agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada”, según cita el fallo judicial que pudo conocer LA VOZ DE SAN JUSTO. En el caso de Argüello, se agrega el agravante por ser ministro de un culto religioso. 

“La Cámara estableció criterios y determinó conductas o hechos interesantes teniendo en cuenta que estamos frente a un grupo religioso de organización piramidal”, agregó Montesi tras el fallo.

Además, “destacó en su profundo análisis el grado de vulnerabilidad de al menos siete personas, un sistema de creencias impuestas por un líder religioso, mecánica de explotación laboral,  un grupo coercitivo de características sectarias, regímenes de mala alimentación, despersonalización de las víctimas e imposibilidad de formar pareja fuera del grupo, dominio psicológico, hacinamiento y precarización laboral de las víctimas, además de prolongadas jornadas laborales, todo manipulado desde un aspecto vinculado por la religión o cuasi religión”, enumeró el juez.

“Las víctimas fueron captadas en un alto grado de vulnerabilidad y de esclavitud”, sostuvo. 

Sin prisión preventiva, los procesados deberán cumplir con ciertas medidas hasta el juicio: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; presentarse quincenalmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina o dependencia de dicha fuerza; no podrán salir del país ni concurrir a reuniones, visitar lugares o acercarse a las víctimas. Si no obedecen, serán detenidos.

“Los cinco imputados esperarán el juicio en libertad porque no se da ninguna de las condiciones que se requieren para prisión domiciliara como peligro de fuga, por lo que no se obstaculiza la investigación. Entonces, continuarán en la misma situación hasta que se eleve la causa a juicio que podría ser a fin de año”, explicó Montesi.

Además, se confirmó el embargo sobre los bienes Elías Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado por $10.000.000 cada uno y sobre los bienes de Marcos Burini por $5.000.000. 

El procesamiento había sido solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, luego de que el juez de esa ciudad, Roque Rebak –que subrogaba a Montesi en ese momento- ordenara liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” a mediados de 2021. Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión de Rebak y avaló lo investigado por la fiscal.

Se trata de una causa que data de finales de 2020 cuando se realizaron una serie de allanamientos en la vivienda de Argüello en el country Ayres del Golf en San Francisco y en dos de sus emprendimientos, vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario.

El pastor evangélico, que también era youtuber, se presentaba ante sus seguidores como un líder religioso y comenzó a ser investigado por las pésimas condiciones laborales a las que sometía a sus víctimas en una empresa de panificación.

Durante la investigación se llevaron a cabo distintos allanamientos en los que se recolectaron pruebas clave, pero además se realizaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para la causa. También hubo muchas declaraciones testimoniales. 

En marzo de 2021, Argüello fue detenido hasta que meses después obtuvo la libertad. 

“La investigación determinó que este grupo de personas se dedicaba a captar a otras mediante la maniobra de convencimiento y persuasión. Sus víctimas estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza y de cierta fragilidad espiritual, entonces se aprovecharon de eso”, había manifestado durante una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO la fiscal Schianni que investigó este caso que tuvo repercusión nacional. 

Las víctimas que se nombran en el expediente de la causa son seis, aunque la funcionaria judicial sostuvo que eran más en base a “historias y testimonios” que llegaron a su fiscalía a partir de este caso y que demuestran que los acusados llevaban “varios años” captando gente. 

“Los hacían trabajar jornadas extensísimas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de salario, todo lo recaudado con la venta callejera y en los colectivos urbanos iba destinado a un fondo común. Recién cuando vendían todo, podían regresar. Vivían hacinados en una casa de barrio Argüello, en Córdoba -detalló Schianni-. También tenían deficiencias nutricionales”. 

Otra grave cuestión que determinó la investigación es que “a las víctimas se les cambiaba el nombre, esto fue analizado por los profesionales en sus declaraciones. Se dio un proceso de despersonalización, todo con la finalidad de manipularlas”. 

Dos de las víctimas estaban en San Francisco y el resto en Córdoba. Desde nuestra ciudad, eran vigiladas a través de cámaras instaladas en la casa de la capital provincial. 

“Aquí se violaron todos los parámetros que mencionan los protocolos de trata de personas, hubo explotación en términos de una reducción a la servidumbre, que considera a la persona como un objeto, una cosa, afectando a su dignidad”, afirmó Schianni. 

Asimismo, justificó su pedido de procesamiento con el hecho de que  “las víctimas no se autopercibían víctimas, entonces no se podían tomar al pie de la letra sus declaraciones porque habían sido despersonalizadas y su consentimiento estaba viciado. Los peritos hablaron de una coerción psicológica muy poderosa que tiene origen divino”.

“Eran víctimas pero no se percibían como tales, padecieron despersonalización, miraban y hablaban por los ojos del líder de la secta. Sus vidas eran manejadas”, manifestó la entrevistada. 

Daiana Herrera estaba involucrada junto a su marido, Argüello, en la presunta explotación laboral de dos mujeres las que realizaban tareas como empleadas domésticas, cuidaban de los hijos del matrimonio, recibiendo un exiguo pago y vivían en condiciones precarias. 

A Maximiliano Mercado se lo sindica como socio de Argüello en una panificadora de la ciudad de Córdoba. Esta persona habría tenido a su cargo el control sobre las víctimas, diagramar el trabajo, distribuir las tareas, además de administrar el dinero obtenido.

La Justicia sostiene que las víctimas fueron captadas por integrantes de la organización en San Francisco, se las convencía para que se alejaran de sus familias y cedieran en beneficio de la organización sus bienes materiales y de este modo reducirlas a la servidumbre con la finalidad de explotarlas laboral y económicamente.

Todo se conoció a partir de la denuncia radicada ante la Justicia Federal por la hermana de una de las víctimas oriundas de la provincia de Misiones. 

El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto “Dimensión Cielo” de esta ciudad y también el de otras personas del grupo por trata de personas con fines de explotación laboral. Por este delito, Argüello estuvo detenido algunos meses en el año 2021.

Los otros procesados son Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, como presuntos coautores, y Marcos Burini, como supuesto partícipe necesario, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre), “agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada”, según cita el fallo judicial que pudo conocer LA VOZ DE SAN JUSTO. En el caso de Argüello, se agrega el agravante por ser ministro de un culto religioso. 

Sin prisión preventiva, los imputados deberán cumplir con ciertas medidas: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; presentarse quincenalmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina o dependencia de dicha fuerza; no podrán salir del país ni concurrir a reuniones, visitar lugares o acercarse a las víctimas. Si no obedecen, serán detenidos.

Además, Montesi trabó un embargo sobre los bienes Elías Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado por $10.000.000 cada uno y sobre los bienes de Marcos Burini por $5.000.000. 

El procesamiento había sido solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, luego de que el juez de esa ciudad, Roque Rebak –que subrogaba a Montesi en ese momento- ordenara liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” a mediados de 2021.

Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión de Rebak y avaló lo investigado por la fiscal.

Se trata de una causa que data de finales de 2020 cuando se realizaron una serie de allanamientos en la vivienda de Argüello en el country Ayres del Golf en San Francisco y en dos de sus emprendimientos, vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario.

El pastor evangélico, que también era youtuber, se presentaba ante sus seguidores como un líder religioso y comenzó a ser investigado por las pésimas condiciones laborales a las que sometía a sus víctimas en una empresa de panificación.

Durante la investigación se llevaron a cabo distintos allanamientos en los que se recolectaron pruebas clave, pero además se realizaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para la causa. También hubo muchas declaraciones testimoniales. 

En marzo de 2021, Argüello fue detenido hasta que meses después obtuvo la libertad

“La investigación determinó que este grupo de personas se dedicaba a captar a otras mediante la maniobra de convencimiento y persuasión. Sus víctimas estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza y de cierta fragilidad espiritual, entonces se aprovecharon de eso”, dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO la fiscal Schianni que investigó este caso que tuvo repercusión nacional. 

Las víctimas que se nombran en el expediente de la causa son seis, aunque la funcionaria judicial sostiene que eran más en base a “historias y testimonios” que llegaron a su fiscalía a partir de este caso y que demuestran que los acusados llevaban “varios años” captando gente. 

“Los hacían trabajar jornadas extensísimas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de salario, todo lo recaudado con la venta callejera y en los colectivos urbanos iba destinado a un fondo común. Recién cuando vendían todo, podían regresar. Vivían hacinados en una casa de barrio Argüello, en Córdoba”, detalló Schianni. “También tenían deficiencias nutricionales”. 

Otra grave cuestión que determinó la investigación es que “a las víctimas se les cambiaba el nombre, esto fue analizado por los profesionales en sus declaraciones. Se dio un proceso de despersonalización, todo con la finalidad de manipularlas”. 

La fiscal contó que dos de las víctimas estaban en San Francisco y el resto en Córdoba. Desde nuestra ciudad, eran vigiladas a través de cámaras instaladas en la casa de la capital provincial.  

“Aquí se violaron todos los parámetros que mencionan los protocolos de trata de personas, hubo explotación en términos de una reducción a la servidumbre, que considera a la persona como un objeto, una cosa, afectando a su dignidad”, afirmó Schianni. 

Asimismo, justificó su pedido de procesamiento con el hecho de que  “las víctimas no se autopercibían víctimas, entonces no se podían tomar al pie de la letra sus declaraciones porque habían sido despersonalizadas y su consentimiento estaba viciado. Los peritos hablaron de una coerción psicológica muy poderosa que tiene origen divino”.

“Eran víctimas pero no se percibían como tales, padecieron despersonalización, miraban y hablaban por los ojos del líder de la secta. Sus vidas eran manejadas”, manifestó la entrevistada. 

Daiana Herrera estaba involucrada junto a su marido, Argüello, en la presunta explotación laboral de dos mujeres las que realizaban tareas como empleadas domésticas, cuidaban de los hijos del matrimonio, recibiendo un exiguo pago y vivían en condiciones precarias. 

A Maximiliano Mercado se lo sindica como socio de Argüello en una panificadora de la ciudad de Córdoba. Esta persona habría tenido a su cargo el control sobre las víctimas, diagramar el trabajo, distribuir las tareas, además de administrar el dinero obtenido.

De acuerdo a la investigación, las víctimas fueron captadas por integrantes de la organización en San Francisco, se las convencía para que se alejaran de sus familias y cedieran en beneficio de la organización sus bienes materiales y de este modo reducirlas a la servidumbre con la finalidad de explotarlas laboral y económicamente.

Todo se conoció a partir de la denuncia radicada ante la Justicia Federal por la hermana de una de las víctimas oriundas de la provincia de Misiones.