El flamante fiscal de la ciudad de Frontera, Pedro Ignacio Machado, asumió su cargo con la misión de enfrentar una de las zonas más complejas de la región, marcada por delitos contra la propiedad, violencia armada y narcotráfico. En diálogo con la prensa, habló del mayor desafío de su carrera, de las principales problemáticas que detecta en el territorio, de la cercanía que quiere mantener con las víctimas y dejó un mensaje directo a los vecinos de Frontera y Josefina, descreídos de la Justicia.

 “Es el desafío más importante que he tenido en mi carrera desde que me recibí; tengo la expectativa de hacerlo bien y obtener buenos resultados”, afirmó Machado durante la rueda de prensa en la sede judicial. A sus 42 años, el funcionario asumió el cargo que había quedado vacante luego de que Nicolás Stegmayer fuera designado juez penal, en 2022.

 Entre Stegmayer y Machado, la región experimentó un aumento sostenido de delitos graves, que incluyeron homicidios, violencia armada, narcotráfico, búnkeres de drogas y tiroteos cotidianos. La ausencia de un fiscal radicado de manera permanente generó en los vecinos una sensación de vulnerabilidad que ahora Machado busca revertir, ofreciendo una presencia constante y un contacto directo con la comunidad.

 Machado nació en la ciudad de Santa Fe y cursó la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Posee múltiples posgrados, entre ellos en Derecho Penal, Ejercicio de la Magistratura en la Universidad Católica en Rosario, y Garantías Condicionales de Investigación y del Justo Penal en España. También completó una diplomatura en Análisis Criminal Forense en la Universidad Nacional de Rosario y está finalizando una maestría en Argumentación Jurídica.

 Machado comenzó su recorrido profesional como pasante en organismos públicos de Santa Fe y posteriormente tuvo breves experiencias en estudios jurídicos y tribunales, realizando investigaciones prácticas antes de recibirse. Más adelante, se trasladó a Rafaela, donde trabajó en el Juzgado de Faltas y luego en el Juzgado de Instrucción de primera nominación antes de ingresar a la Fiscalía Regional Nº5 en noviembre de 2016. Allí adquirió experiencia en todas las áreas, incluyendo flagrancia, violencia de género y delitos complejos y económicos.

 “La decisión de ser fiscal o de intentarlo era natural según las decisiones que venía tomando previamente. Después de muchos años de trabajo y aprendizaje, me sentí capacitado para dar este paso”, expresó Machado, quien destacó que rindió dos concursos con buenos resultados antes de recibir su actual nombramiento.

 Consultado sobre la proximidad con la ciudad de San Francisco, el fiscal reconoció que existen complejidades debido a los diferentes códigos procesales y autoridades policiales de cada provincia: “Si no lo manejamos bien y no lo coordinamos puede perjudicar algunas investigaciones, pero haremos todo lo posible para que sea lo menos burocrático y lograr objetivos concretos en las investigaciones”.

 Respecto a los recursos de la ciudad, Machado destacó la sede fiscal y el personal disponible: “Aquí cuento con Cintia Navarro, abogada de amplia experiencia que trabajó con el anterior fiscal, y con personal policial de calle y de investigaciones (PDI). Es un apoyo constante que permitirá abordar los casos con mayor eficiencia y rapidez”.

 Además, subrayó que la coordinación con la Fiscalía Regional Nº5 y con las demás fiscalías de la circunscripción será permanente, garantizando que los procesos se desarrollen sin demoras y con una supervisión constante por parte de los superiores, incluyendo al fiscal regional Carlos María Vottero, quien cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en casos complejos.

“La principal problemática son los delitos contra la propiedad, robos y hurtos, pero los hechos con armas y los homicidios son prioritarios y requieren la mayor atención"

 Uno de los principales objetivos de Machado es garantizar la presencia permanente de la justicia en Frontera. “Voy a estar todos los días en la oficina y radicado en la ciudad. La idea es revertir la desconfianza y que los vecinos sientan la presencia de la Justicia”, afirmó.

 El fiscal explicó que las distancias, la ausencia prolongada de un funcionario judicial y la vulnerabilidad de las víctimas —ya sea económica, física o emocional— habían generado un sentimiento de desconfianza en la comunidad. “La presencia de un fiscal en la sede de manera permanente puede tener un impacto positivo y ser un elemento relevante para garantizar los derechos de las víctimas”, destacó.

 Machado señaló que el contacto directo con las personas afectadas por delitos será permanente y que la Fiscalía trabajará para garantizar que sus derechos sean respetados y que las investigaciones se realicen de manera efectiva.

 En cuanto a los delitos más frecuentes, el fiscal indicó que “según los datos estadísticos, la principal problemática son los delitos contra la propiedad, robos y hurtos, pero los hechos con armas y los homicidios son prioritarios y requieren la mayor atención”. También hizo hincapié en la relevancia de los delitos rurales, especialmente por las características geográficas y socioeconómicas de la región.

 Explicó que los delitos de mayor agresividad requieren atención prioritaria y que la Fiscalía debe garantizar investigaciones con resultados concretos. “La Fiscalía debe estar presente y actuar con seriedad para que las investigaciones se desarrollen de manera efectiva, garantizando los derechos de quienes sufren los delitos”, agregó.

 Machado detalló cómo la transformación del sistema judicial de Sata Fe, con la implementación del modelo acusatorio, impacta en localidades como Frontera. “La separación de tareas dentro del proceso permite que la Fiscalía asuma el rol de defensa de los intereses de las víctimas y del impulso del proceso penal, mientras los jueces resuelven las controversias y la defensa actúa en su ámbito. Esto garantiza que los derechos de las víctimas sean protegidos”.

 “Desde la vigencia de la ley de víctimas, la Fiscalía es el principal promotor de que esos derechos se cumplan, asegurando protección, acceso a la justicia y la posibilidad de aportar evidencia”, subrayó Machado, destacando la planificación estratégica y la especialización de los equipos de investigación.

 Consciente de la complejidad de su territorio y de la elevada tasa de homicidios en el departamento Castellanos –con Frontera y Josefina a la cabeza-, Machado reconoció la presión que implica asumir el cargo. “Sí, me genera estar alerta para tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento, pero cuento con el apoyo de la Fiscalía Regional Nº5 y de otros fiscales con amplia experiencia”, señaló.

 El fiscal también insistió en la importancia de reconstruir la confianza de la comunidad: “Los vecinos quedaron vulnerables por la falta de presencia de la justicia, y nuestro objetivo es revertir ese sentimiento, acercarnos y garantizar que sus derechos sean respetados”.

 Machado concluyó con un mensaje claro: “Es un territorio con complicaciones, pero me siento preparado y motivado. La idea es que los habitantes de Frontera y alrededores vean que la justicia está presente y que pueden confiar en su funcionamiento”.

 “La expectativa es trabajar de manera constante, garantizar la protección de las víctimas y obtener resultados concretos que restauren la confianza de la comunidad en la justicia”, afirmó el nuevo fiscal, quien desde septiembre se convirtió en el referente judicial de la ciudad y sus alrededores.

A pocas horas de asumir como fiscal de Frontera, Pedro Machado ya enfrentaba un caso complejo: la investigación del homicidio del mecánico sanfrancisqueño Javier Gustavo Ortiz (53).

La causa avanza. Quedó en prisión preventiva Ariel Gorosito (34), acusado de exceder los límites de la legítima defensa tras una pelea entre ambos. La decisión la tomó el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Bumaguin, en una audiencia en Rafaela, a pedido de Machado, quien solicitó que el imputado permanezca privado de libertad por al menos 45 días.

Según relató el fiscal, el domingo 14 de este mes, Ortiz llegó a la vivienda de Gorosito con una barra de hierro de 60 centímetros y 2 kilos. Tras agredirlo, Gorosito logró escapar hacia la casa de un vecino y tomó un palo tipo “gomero” para defenderse. La pelea continuó en la vereda, donde Ortiz recibió un golpe en el costado izquierdo que le provocó serias dificultades para respirar. Ambos fueron trasladados al Hospital Iturraspe: Gorosito recibió curaciones leves y Ortiz quedó internado en terapia intensiva, falleciendo tres días después por shock hipovolémico y falla multiorgánica.

Machado precisó que “el imputado excedió los límites de la legítima defensa, tanto en intensidad como en extensión”, y que utilizó un palo para golpear a Ortiz en distintas partes del cuerpo. La pelea, indicó, se dio en el marco de un conflicto personal que involucraría también a una mujer.

El fiscal informó además que el 8 de agosto, Gorosito ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, la amenazó de muerte, le dijo que prendería fuego la casa, la agredió físicamente y rompió su cartera, en un contexto de violencia de género.

Machado señaló que “con el grado de probabilidad requerido, el juez dio por acreditado que los hechos ocurrieron como se planteó desde la Fiscalía”. La calificación incluye homicidio con exceso en legítima defensa; lesiones leves dolosas; amenazas coactivas; violación de domicilio y daño.

Ariel Gorosito (34) fue imputado por el homicidio de Javier “Patán” Ortiz (53), el mecánico y expresidente del Aero Club de San Francisco que falleció tras una violenta pelea ocurrida el 15 de septiembre en Frontera. La resolución judicial se conoció este lunes en los tribunales de Rafaela, donde el juez Gustavo Bumaguin dispuso su prisión preventiva por 45 días.

 De acuerdo a lo informado por Rafaela Noticias, durante la audiencia, el fiscal Pedro Ignacio Machado reconstruyó el hecho: relató que Ortiz aguardó en su camioneta a Gorosito y lo atacó con una barra de hierro de 60 centímetros y dos kilos de peso. Según explicó, lo persiguió hasta un lavadero donde le asestó un golpe en la cabeza, lo que provocó que el joven huyera ensangrentado hacia la casa de un vecino. Testigos aseguraron que Ortiz continuaba con “amenazas de muerte y golpes” mientras intentaba ingresar al domicilio.

 Ya en la vereda, la confrontación se reanudó. Cuando Ortiz levantó los brazos para tomar impulso con el hierro, Gorosito lo golpeó con un palo en el costado izquierdo. Ortiz quedó gravemente herido y tres días después murió en el Hospital Iturraspe de San Francisco a causa de un shock hipovolémico derivado de una hemorragia interna.

 La defensa, encabezada por la defensora pública Georgina Alassia, planteó que se trató de un caso de legítima defensa: “Fue Ortiz quien buscó el enfrentamiento, llegó armado con el hierro y meses atrás ya había intentado atropellarlo con la camioneta”, argumentó. Según su postura, que Gorosito se refugiara y tomara un palo para repeler el ataque “fue un acto justificado ante la inminente irrupción en la vivienda”.

 El fiscal, en cambio, sostuvo que si bien existió una primera reacción legítima, “ese escenario cesó una vez que Gorosito estaba resguardado dentro de la casa”. Para Machado, salir nuevamente a la vereda y confrontar a Ortiz configuró un “exceso” en la defensa.

 El juez coincidió con esa interpretación. Bumaguin señaló en la resolución que “Ortiz no hubiera podido atravesar la puerta de hierro” y que Gorosito “tenía alternativas menos riesgosas, como llamar a la Policía”. Por ello, resolvió dictar prisión preventiva por 45 días, bajo la calificación de homicidio simple por exceso en la legítima defensa, delito que prevé penas de entre 2 y 14 años de prisión.

 En las próximas semanas, el Ministerio Público de la Acusación continuará con la recolección de pruebas y testimonios que permitirán definir la calificación legal del hecho.

Durante esta semana, en una reunión privada realizada en el edificio municipal de Frontera, el titular de la Fiscalía Regional 5, Carlos María Vottero, presentó formalmente al intendente Oscar Martínez y a miembros del gabinete ejecutivo al nuevo fiscal adjunto, Pedro Ignacio Machado.

Machado desarrollará sus funciones con foco en la vecina ciudad. Su designación se enmarca en el fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación en la región, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a las demandas locales.

Desde el municipio se destacó positivamente la incorporación, al considerarla un paso importante en el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado, con el objetivo de garantizar mayor presencia y eficacia en la labor judicial en el territorio.

Esta mañana,  en  el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, tomaron juramento 11 nuevos  Fiscales Adjuntos Subrogantes para las Fiscalías Regionales de las Circunscripciones Judiciales N° 1, N° 4 y N° 5 del Ministerio Público de la Acusación.

Uno de esos nuevos fiscales subrogantes será Pedro Ignacio Machado que dentro de la fiscalía n° 5 con sede en Rafaela, desempeñará sus tareas en la ciudad de Frontera, algo que no sucede desde el año 2022 cuando el por entonces fiscal Nicolás Stegmayer fue promovido a juez y dejó el cargo vacante.

El pliego de Machado había sido presentado en el año 2023 por el entonces gobernador Omar Perotti. Dos años después, dicho expediente fue avalado por la legislatura santafesina y esta mañana hizo lo propio el supremo tribunal.  

Los nuevos Fiscales Adjuntos Subrogantes del MPA que prestaron juramento son: Vivian Ester Galeano, María Rosario Haeffeli, Daniela Soledad Montegrosso para la Circunscripción Judicial N° 1; Leandro David Aguilar, Elizabet Miriam Aguirre, Luciana Violeta Chiavarini y Sebastián Galleano para la Circunscripción Judicial N° 4 y Analía Elizabeth Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Martín Odriozola y Adrián Darío Soria para la Circunscripción Judicial N° 5, todos para el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.