Las reiteradas protestas en el área central de Córdoba Capital en los últimos días reactivaron el debate de sobre la posibilidad de una normativa “antipiquetes”. Desde el Gobierno provincial confirmaron que está la voluntad política de abrir una mesa de discusión para poner “reglas claras” en las manifestaciones.

Hace dos años atrás, la Legislatura de Córdoba debatía dos proyectos que buscaban ponerles un coto a las manifestaciones ante los reclamos de los comerciantes del Centro y las quejas de automovilistas.

Los proyectos del entonces legislador Juan Manuel Cid (PJ) y de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta tuvieron varios reuniones en comisión, pero no lograron llegar al recinto. En el mismo oficialismo había parlamentarios, como José Pihen, que no los acompañarían por considerarlos intentos para limitar el derecho a la protesta.

El tema fue bajando de intensidad hasta que en una mesa con el Poder Judicial y las organizaciones sociales y sindicales se trabajó en un protocolo. Sin embargo, en estas últimas semanas hubo varios hechos que el Gobierno de Martín Llaryora puso atención.

Por un lado, la disposición a fines de abril de la Cámara de Acusación del sobreseimiento de seis dirigentes sociales y sindicales que habían encabezado una protesta en el Centro de la ciudad de Córdoba en abril de 2023.

Los fundamentos fueron “la protección constitucional de los derechos a expresarse y peticionar”. Esto no cayó nada bien en el Ejecutivo provincial que lo leyó como un retroceso judicial y al protocolo en uso. Mientras que la CTA volvió a denunciar al fiscal Ernesto de Aragón por ejerce persecución judicial. Ahora el tema quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Por otro lado, las diarias asambleas del gremio de los municipales y la protesta en el Polo Sanitario en aumento también hicieron que el Gobierno provincial empezara a mandar una señal al Poder Judicial, como a los gremios.

Desde el Centro Cívico ratificaron lo que desde mediados de semana comenzó a pedir el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al hablar de una ley “antipiquetes”, y, luego, de un cambio normativa que garantice los derechos más apuntado al Código de Convivencia Provincial.

“Necesitamos un marco legal para actuar porque el fallo de la Cámara de Acusación tumbó el protocolo. Sabemos que hay varias inquietudes ya en la Legislatura. Y esperamos que se abra un debate profundo y surja una legislación consensuada”, confió un hombre de extrema confianza del gobernador.

También se confirmó que “por ahora” el Ejecutivo no ingresará un proyecto, pero se aclaró que ya hay propuestas presentadas en la Unicameral que podrían discutirse. Se trataría de reabrir el debate que se dio en 2023 y pedir señales por parte de la Justicia.

El ministro Quinteros explicó a La Voz del interior por qué Córdoba debe repensar una normativa que podría darse con cambios en el Código de Convivencia Provincial que contemplen contravenciones, sin que se dañen los derechos de protestas, como los de libre circulación para aquellos que no marchan.

“El Gobierno tiene la clara voluntad de que se respete el derecho a la protesta, pero también los derechos de los comerciantes de poder trabajar, de transitar, de poder llegar al trabajo, a un turno al médico”, expresó el ministro Quinteros.

“Es preciso tener normativas claras, un instrumento legal para el accionar de la policía en la calle. Reglas claras para las protestas sociales, pero también para el derecho a circular, a trabajar, a que el comerciante trabaje. Se deben garantizar los dos derechos”, insistió.

Pero aclaró que “en el marco de la protesta social, como regla elemental de convivencia, el piquete es inaceptable”. “Ante las protestas que están admitidas por la Constitución Nacional, cuando hay desbordes el orden público se apela al diálogo y con severidad”, agregó.

Lo que la Provincia también espera es tener una decisión del TSJ, que tendrá que resolver en última instancia la cuestión a partir de la causa que inició el fiscal De Aragón (con la imputación a seis gremialistas y dirigentes sociales) y, luego, el fallo de la Cámara de Acusación que no vio en los hechos entorpecimiento del tránsito. Pero la Fiscalía de la Cámara apeló el fallo, por lo que el Gobierno aguarda esa resolución del TSJ.

Mientras tanto en la Legislatura de Córdoba ya hay varios legisladores que desempolvaron sus proyectos y buscarán que se reactive el tema. Los oficialistas reconocieron que el Gobierno no está dispuesto a que avance el deseo de los trabajadores del Polo Sanitario a colocar una carpa a metros del Hospital Rawson, y que los municipales corten los puentes.

“Ya no tenemos las marchas de años atrás en los que se ponían a los chicos y mujeres adelante, no todas las marchas son iguales. Algunos gremialistas tienen que saber cuándo su gente se descontrola y el fallo de la Cámara fue un retroceso”, confió un legislador oficialista.

“Martín (Llaryora) quiere que abramos el debate”, aseguró otra legisladora.

Nadia Fernández, legisladora del PJ y presidenta de la Comisión de Seguridad, adelantó que hay voluntad de debatir con distintos actores vinculados al tema y con los autores de los proyectos en una mesa que trate esta preocupación.

“Estamos abiertos a un debate constructivo sobre el derecho a la protesta, pero no toleraremos que se ejerza de manera abusiva, sitiando la ciudad y perjudicando a la mayoría”, dijo Fernández, que podría en esta semana convocar a una reunión.

“Desde Córdoba impulsaremos un diálogo para alcanzar consensos que garanticen el respeto por este derecho, sin que derive en prácticas que afecten el orden público o incurran en delitos”, insistió la legisladora.

Por ahora, el bloque oficialista analiza si avanzará con un proyecto propio o si tomará como base la propuesta del libertario Agustín Spaccesi, aunque sin acordar su planteo de prohibición de los cortes de forma total.

El legislador de La Libertad Avanza adelantó a La Voz que pedirá esta semana que su iniciativa sea tratada en la Comisión de Seguridad.

La propuesta de Spaccesi establece una ley que “garantice la libre circulación”, y fija “el impedimento de corte parcial total” de rutas o calles. Además de instruir a la Policía “a la intervención inmediata” frente a la imposibilidad para circular.

“El propio Gobierno nacional, a través una resolución de su Ministerio de Seguridad, sancionó un protocolo a los efectos de garantizar la libre circulación, el cual tuvo altísima aceptación en la ciudadanía y sirve como base”, expresó Spaccesi, que presentó una propuesta similar a la de la ministra Bullrich.

“Con el tiempo, y producto de la inacción de las autoridades, el derecho a manifestarse y ser oídos, se ha corrompido, incorporando en su práctica maniobras extorsivas, que nada tienen que ver con la garantía constitucional del derecho que se tutela”, aseguró en los fundamentos de su proyecto.

El segundo proyecto es el del legislador radical Rossi, quien en la última semana volvió a presentar su iniciativa de 2023.

“Las marchas de protestas y reclamos, que son legítimos y que no piden cercenarse, no pueden impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos ni la circulación de las personas. Por eso proponemos que el Consejo de Partidos Políticos convoque a las organizaciones sociales para establecer por consenso reglas de convivencia social”, pidió el legislador.

En su propuesta se “sugiere” delimitar algunas cuadras del área central para impedir que se realizan cortes. De esta forma, el radical fija que entre las arterias Marcelo T. de Alvear-Figueroa Alcorta, Humberto Primo-Sarmiento, Maipú-Chacabuco e Illia-San Juan no se realicen protestas.

“Está la necesidad de requerirle al gobernador la convocatoria con carácter urgente al Consejo de Partidos Políticos y a las distintas organizaciones sociales a los efectos de establecer reglas de convivencia social vinculadas a las marchas de protestas y reclamos que se vienen intensificado en la ciudad de Córdoba”, pidió Rossi, al coincidir que el tema debe volver a ser debatido.

Un día después de que el Suoem cortara durante la mañana del martes la avenida General Paz, una de las principales arterias del centro cordobés, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, lanzó duras críticas a la Justicia y reiteró su pedido de una ley que regule las manifestaciones en la vía pública.

El episodio que motivó su reacción fue el reciente fallo de la Cámara de Acusación que, en abril, sobreseyó a seis dirigentes del Polo Obrero acusados de interrumpir el tránsito durante una protesta en ese mismo cruce céntrico en abril de 2023. El tribunal, compuesto por los jueces Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías, consideró entonces que se trató de una “restricción tolerable” al tránsito y subrayó la ausencia de una legislación clara sobre los límites de la acción policial en manifestaciones.

Para Quinteros, esta decisión judicial dejó a las fuerzas de seguridad en una posición de debilidad operativa. “La Cámara de Acusación dejó claro cuál era su posición respecto a las marchas. Sobreseyó a las personas imputadas, planteó qué era una restricción tolerable de la circulación y también le marcó a la Policía cómo tiene que accionar, lo que la dejó en un marco de incertidumbre jurídica que debe ser zanjado”, afirmó el ministro en declaraciones a Cadena 3.

En ese marco, el funcionario pidió con énfasis una legislación que establezca un marco legal para las protestas. “Creo que hay que ponerle una ley antipiquete que deje absolutamente reglamentado el derecho a protestar. Porque el derecho a la protesta es constitucional, pero por arriba de ese derecho está el de la gran mayoría que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y vivir con normalidad”, señaló.

El conflicto se reavivó con la protesta del gremio municipal Suoem, que el martes pasado bloqueó el cruce de las avenidas Colón y General Paz, en rechazo a políticas del intendente Daniel Passerini. Esta manifestación volvió a poner en discusión el alcance del protocolo antipiquetes anunciado por el Gobierno provincial.

Quinteros expresó su preocupación por la falta de herramientas legales claras para fiscales y policías. “Imagine a aquel policía que intervino en esa acción (la del Polo Obrero), y al fiscal que decidió la imputación: ¿en qué posición quedan cuando tienen que volver a actuar en situaciones similares?”, planteó. Y sumó: “La pregunta que me hago, y que nos hacemos todos, es qué consideramos ‘tolerable’. Lo del martes, ¿fue tolerable o no? ¿Por una hora? ¿Por algunos minutos?”

En sus declaraciones, el ministro insistió en que la Policía no actúa por cuenta propia: “Ante una marcha, la Policía da aviso al fiscal de turno y es él quien determina qué hacer. Pero no podemos seguir con un protocolo del aire. Tenemos que debatir en serio una ley antipiquete”.

Quinteros también describió la seguridad como “una mesa de tres patas”, que requiere coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. “Hoy ese marco no existe. Queda todo a la discrecionalidad. Cuando el fiscal le dice al policía: ‘Déjenlos marchar’, ¿qué hace el policía? ¿Los detiene?”, cuestionó.

Pese al panorama que describió, el ministro aseguró que las fuerzas de seguridad intervendrán cuando lo consideren necesario. “Ante una situación flagrante, nuestra Policía va a actuar. Dentro del marco de la ley. Lo que no podemos permitir es que estas protestas, que no lo digo yo, tienen como objetivo hacer un ‘quilombazo’, molesten la vida a cientos de miles de personas”, dijo.

Y lanzó una advertencia final: “Si no hay leyes claras y no hay respaldo judicial, los que van a terminar imputados van a ser los policías. Y no sé si habrá una Cámara que los sobresea”.

Mientras tanto, en San Francisco, el conflicto con el Suoem también sigue escalando. El sindicato mantiene asambleas de dos horas por turno y rechaza las medidas anunciadas por el intendente Damián Bernarte, que incluyen la fusión de secretarías, la reducción del 30% de los cargos políticos y el congelamiento de los sueldos de funcionarios por al menos 120 días.

“Sabemos que estas medidas pueden afectar los ingresos de trabajadores municipales, pero es nuestra responsabilidad evitar problemas mayores mañana”, justificó Bernarte al anunciar el paquete de ajustes.

La respuesta gremial fue inmediata. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el secretario general del Suoem, Víctor Lescano, fue categórico: “Nosotros ya planteamos que el ajuste que él tenga que hacer no es responsabilidad nuestra. Si hay un déficit dentro de la municipalidad, esto no es un problema de los que ponen el lomo”.

Lescano también cuestionó duramente la gestión local: “Si una municipalidad hoy está con un déficit de 350 millones de pesos, es porque hay mala administración y un desorden. Esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo”.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , aseguró que los incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley Ómnibus fueron generados "a propósito" por los manifestantes que fueron "a copar la calle".

"Había una marcha ordenada hasta que en un determinado momento decidieron a propósito, porque tenían perfecto lugar en la plaza, salir a copar la calle solamente con el objetivo de impedir que la gente pudiese volver tranquila a su casa", acusó la funcionaria nacional.

Incidentes y gas pimienta frente al Congreso: organizaciones sociales cortaron el tránsito y Gendarmería activó el protocolo

En declaraciones a la prensa, la titular de la cartera policial  defendió el accionar de las Fuerzas de Seguridad y señaló que "se actuó de acuerdo al protocolo existente".

Además, Bullrich también se refirió al efectivo de la Policía Federal que lució un símbolo de ultraderecha en su pechera durante el operativo en Congreso.

"Cualquier miembro de las Fuerzas de Seguridad que tenga un distintivo que no pertenezca a la fuerza y sea partidario tiene una actuación administrativa", explicó.

Unidad Piquetera (UP) marchará a Plaza de Mayo mañana contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo se realizará a partir de las 16 y se dará en el marco del aniversario del estallido social de diciembre de 2001. 

“Hay compañeros en los comedores populares que comen una vez al día. Hace un mes y medio que no reciben comida”, indicó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en diálogo con Radio Colonia durante la previa de la marcha. 

“Esta es la primera movilización, no los vamos a dejar ajustar. Seremos miles de trabajadores. Lo de Caputo es un golpe a los trabajadores”, ahondó.

A su vez, el dirigente piquetero sostuvo que los canales de comunicación con el secretario de Familia y Niñez, Pablo De la Torre, están cerrados. “Nunca pude hablar con De la Torre y le pedimos una reunión específicamente y urgente frente a esta situación”, explicó Belliboni.

Las organizaciones sociales confirmaron este martes que se movilizarán a pesar de la implementación del protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad y las advertencias de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien anunció que le quitará los planes sociales a las personas que asistan a las marchas y corten las calles. 

Por su parte, el dirigente ferroviario y referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Rubén "Pollo" Sobrero, manifestó en conferencia de prensa que la de mañana es una marcha “crucial” para la sociedad.  

“Mañana es una marcha crucial para todos aquellos que nos están mirando, porque lo que se define en Argentina es, si cuando vos quieras salir a discutir por un aumento salarial o por una paritaria, vas a tener que pedir permiso o tenés derecho a reclamar”, consideró Sobrero. 

En la misma línea, el dirigente sindical aseguró que las “amenazas” que está llevando adelante el Gobierno tienen como objetivo “hacer pasar un ajuste y que la gente no proteste”.  

Por su parte, durante la previa del 20D, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió la inconstitucionalidad del protocolo anti piquete diseñado por la cartera de Seguridad. 

La presentación judicial recayó ante la jueza María Servini, que por incompetente giró la cautelar al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

El MST cuestionó que el protocolo viola ciertos derechos consagrados en la Constitución Nacional y reclamó una medida cautelar que suspenda su aplicación. 

Según señalaron, con las medidas que anunció Seguridad se lesiona la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho de protesta y peticionar a las autoridades.