Luego de la aprobación de la semana pasada, en una multitudinaria asamblea, este martes se firmó en la secretaría de Trabajo el acuerdo entre el gremio de los empleados judiciales provinciales (Agepj) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba. El eje central del final del conflicto fue la reclamada equiparación salarial con sus pares de la Justicia Federal, que será escalonada y a largo plazo.

El entendimiento establece un esquema progresivo de igualdad salarial, en cuatro tramos, que beneficiará principalmente a la categoría más baja (auxiliares) del escalafón judicial, que alcanzará el 91% de equiparación con sus pares federales, en dos años.

En cambio, los empleados de las categorías más alta verán completada su equiparación, que no será total, recién dentro de tres años.

La primera mejora será con el salario de julio, cuando los trabajadores judiciales provinciales percibirán un aumento del 4,16 %, igual para todos los niveles.

Este porcentaje, no remunerativo al inicio, se incorporará al salario básico en julio de 2026. Los tramos restantes se harán efectivos en julio de 2026, 2027 y 2028, cuando el proceso concluirá por completo para las categorías más altas del escalafón provincial.

Para los auxiliares, la diferencia a saldar es de un 8,8 %. Estos trabajadores alcanzarán el 91 % de los sueldos de los federales al cobrar el segundo tramo, en julio de 2026. Aunque la equiparación total y remunerativa, será en 2027.

En contraste, el camino será más largo para los escalafones superiores: escribientes, escribientes mayores, oficiales, oficiales mayores y jefes de despacho mayores deberán esperar hasta julio de 2028.

Sin embargo, aun al final del proceso, sus sueldos no llegarán al 91 % de los federales, como sí ocurrirá con las categorías inferiores.

Según lo estipulado en el acuerdo, los porcentajes de equiparación final serán los siguientes: escribientes (85,18 %), escribientes mayores (82 %), oficiales (77 %), oficiales mayores (73,61 %) y jefes de despacho mayores (75,38 %).

Por su parte, jueces y funcionarios judiciales provinciales ya perciben un 90 % respecto de sus pares federales, desde el año 2012.

No obstante, en términos reales, esta equiparación efectiva para los magistrados y funcionarios ronda el 85 %, debido a los mayores descuentos que enfrentan los provinciales -respecto a los federales- por aportes a la Caja de Jubilaciones y a Apross.

Este primer tramo del 4,16 %, se cobrará con el salario de julio, es decir, en los primeros días de agosto.

Mientras que el 2,2 % retroactivo a abril que otorgó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se cobrará con el sueldo de junio, la semana próxima.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema anuncie los aumentos correspondientes a mayo y junio. Se estima que será en torno al 2 % por mes.

Con la firma del acta en la Secretaría de Trabajo, el gremio se comprometió a no realizar medidas de fuerza vinculadas a los reclamos salarial hasta el final del proceso de equiparación, previsto para 2028.

Si bien subsisten otros reclamos -como la eliminación de los descuentos “de emergencia” para Apross-, se espera un largo período de normalidad en el funcionamiento de los tribunales provinciales, luego de casi tres meses conflictivos.

Por su parte, el TSJ también asumió un compromiso clave: no se descontarán los 14 días de paro registrados entre el 1° de abril y el 23 de mayo pasado.

Esta promesa fue decisiva para que la asamblea gremial aprobara el acuerdo, por 560 votos a favor, y apenas 69 en contra.

Los únicos que se opusieron fueron los delegados de los sectores autoconvocados, muy activos durante las protestas.

Tanto desde la conducción del gremio que encabeza Federico Cortelletti, como el referente opositor, Darío Di Tomaso, coincidieron en que el acuerdo “es insuficiente”.

Aunque los gremialistas también admitieron que “no había margen” para nuevas medidas de fuerza, luego de un conflicto de casi tres meses, con 14 paros, y asambleas casi a diario.

La resolución de este conflicto no fue un hecho aislado. Previamente, el Gobierno provincial había implementado una reforma del escalafón judicial que acercó los sueldos a los estándares federales.

Esa medida implicó un refuerzo presupuestario mensual de 586 millones de pesos. Ahora, la equiparación sumará un costo adicional de entre 400 y 450 millones mensuales.

En total, los aumentos salariales para pacificar los tribunales provinciales representan para el Gobierno provincial un desembolso de alrededor de 1.000 millones de pesos mensuales “extras”.

Luego de casi tres meses de tensión y 14 jornadas de paro, la Justicia provincial vuelve a funcionar con normalidad.

Según lo acordado en la secretaría de Trabajo, esa estabilidad debería sostenerse durante los próximos tres años. El conflicto parece haber llegado a su final.

Aunque desde el gremio de los judiciales consideran que “hay otras cuestiones por resolver”, más allá de la salarial.

Tras el paro de 72 horas que paralizó la actividad en los tribunales provinciales, el Gobierno de Córdoba convocó a una mesa de negociación con el gremio judicial. La primera reunión se realizó ayer lunes con participación de representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el Ministerio de Trabajo.

La negociación fue coordinada por el secretario de Trabajo, Omar Sereno, y se extendió por más de dos horas. Las partes acordaron un plazo de 15 días hábiles para avanzar en la resolución del conflicto, centrado en el reclamo por la equiparación salarial con la Justicia Federal.

Agepj exige que los sueldos del personal judicial provincial lleguen al 90% de lo que perciben sus pares del fuero federal, lo que implicaría un aumento promedio del 20%. El pedido ya había sido elevado al TSJ en jornadas previas y fue reiterado de manera unánime durante el encuentro.

Mientras dure el período de negociación, las partes pactaron una tregua: no se descontarán los días de paro ni se llevarán adelante nuevas medidas de fuerza, salvo asambleas informativas tras cada encuentro.

La próxima reunión fue fijada para el lunes 2 de junio a las 11, aunque se prevé que puedan celebrarse encuentros intermedios.

En paralelo, Agepj convocó a asambleas informativas para este martes 27 de mayo en Córdoba capital e interior provincial, conforme a lo resuelto en la asamblea del pasado 23.

La convocatoria oficial busca calmar una disputa que sumó apoyos y tensiones crecientes, con la intervención del Colegio de Abogados y un proyecto opositor que propone declarar la emergencia judicial.

El paro de 72 horas que llevaron adelante los empleados judiciales de Córdoba, impulsado por autoconvocados y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), tuvo un alto acatamiento en San Francisco. La medida de fuerza, que comenzó el miércoles y se extendió hasta este viernes, y que busca reactivar el diálogo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para lograr la equiparación salarial con la Justicia Federal.

“En la sede de San Francisco, el primer día registramos un acatamiento del 85%, y el segundo día esa cifra se superó, alcanzando el 90% o incluso más”, detalló a LA VOZ DE SAN JUSTO Julián Beltrami, integrante del grupo de autoconvocados judiciales. Aunque no pudo precisar cifras de otras sedes, aseguró: “Estamos en contacto permanente con las demás delegaciones y, en cada medida que se viene llevando adelante, el nivel de adhesión es tan alto como en nuestra ciudad. Eso demuestra la unidad de todos los empleados judiciales”.

El reclamo no es nuevo. Desde 2013, una acordada del TSJ establece la equiparación de los salarios de la Justicia provincial con los de la Justicia Federal. Si bien ese proceso se inició con magistrados y funcionarios, quienes lograron una equiparación cercana al 90%, los empleados judiciales aún no han sido alcanzados por ese beneficio, aunque si obtuvieron la reestructuración de la planta con las mismas categorías que los federales.

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“No se trata sólo de un reclamo económico, sino de un derecho incumplido. Hoy, por ejemplo, un ingresante al Poder Judicial de la Nación cobra entre 1.600.000 y 1.700.000 pesos, mientras que en la provincia de Córdoba un ingresante, sin tener título, que aún no se recibió apenas alcanza los 700.000 u 800.000. No llegamos a la canasta básica”, remarcó Beltrami. “Y eso sin contar que muchos empleados provinciales después tienen título universitario, posgrados o maestrías, además de haber aprobado un concurso para ingresar. No se le da el valor que merece a nuestro trabajo”, agregó.

Uno de los puntos que más resienten los trabajadores judiciales es la falta de diálogo por parte del Tribunal Superior. “No hay contacto alguno. El TSJ no ha emitido llamados ni ha mostrado intención de sentarse a negociar. Hay un silencio absoluto hasta ahora”, afirmó Beltrami. Incluso, cuestionó recientes medidas tomadas por el Tribunal, como la reedición de acordadas de décadas atrás para restringir las asambleas ruidosas dentro de los edificios judiciales, lo que interpretan como una amenaza al derecho de huelga.

Lo que sí está claro es que la continuidad del reclamo depende de una sola variable: la voluntad del Tribunal de abrir una mesa de negociación. “nuestro salario en relación a los federales está un 40% por ciento abajo y sabemos que la equiparación no se va a dar de un día para otro, pero lo que pedimos es sentarnos a dialogar y avanzar. El conflicto no se soluciona con silencio”, sostuvo.

Cabe destacar que la medida de fuerza por parte de los empleados judiciales continuará, cómo se vienen realizando meses atrás, tanto en San Francisco cómo en otras dependencias de toda la provincia, si no se llega a un acuerdo para lograr una equiparación de su escala salarial con la que gozan los judiciales que trabajan en la Justicia Federal.

Desde mediados hasta final de esta semana, la actividad en los Tribunales locales se verá gravemente resentida por el paro de 72 horas que llevarán adelante empleados del Poder Judicial de Córdoba con sede en San Francisco. 

La medida de fuerza que se suma a las asambleas y paros que se vienen realizando hace más de un mes tanto en San Francisco como en otras dependencias de toda la provincia se debe al pedido que realizan judiciales autoconvocados y empleados nucleados en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) por a la equiparación de su escala salarial con la que gozan los judiciales que trabajan en la Justicia Federal. 

Según pudo saber LA VOZ DE SAN JUSTO, se espera que el acatamiento en nuestra ciudad sea del 90% y si no hay respuestas afirmativas al reclamo por parte del Tribunal Superior de Justicia provincial, se propondría un paro por tiempo indeterminado. 

El viernes se les depositó a los trabajadores judiciales la diferencia de sueldos por la nueva recategorización por la reestructuración del escalafón provincial. Además, los empleados judiciales percibieron el 2% de aumento que la Corte Suprema de Justicia otorgó en el salario de febrero, más el retroactivo de ese incremento de los meses de marzo y abril.

El máximo tribunal nacional aún no oficializó los aumentos para los meses de marzo y abril, suba salarial a la cual están alcanzados los empleados del Poder Judicial de Córdoba.

Desde el TSJ, remarcaron que la reestructuración del escalafón (ahora quedó en seis categorías, como en la Justicia federal), significó un incremento en los salarios de los judiciales provinciales –en promedio- de entre el 10% y el 12%.

La información oficial indica que el sueldo del cargo inicial aumentará un 16,73 % para los agentes que no tengan título universitario, y un 12,68 % para aquellos que sí lo tengan; como es el caso de las abogadas y abogados. Este aumento alcanza a 1.760 agentes del Poder Judicial Provincial,

A pesar de esto, desde el colectivo de trabajadores mostraron intransigencia con respecto a su postura y la medida de fuerza por tres días fue confirmada. El titular del Agepj, Fderico Corletti indicó al respecto que “La reestructuración del escalafón es un paso importante, pero insuficiente para levantar el plan de lucha. Nuestro reclamo es por la equiparación salarial con la Justicia Federal, algo que los jueces y funcionarios judiciales provinciales cobran desde el año 2012”.

“La equiparación es un acto de justicia que se tiene producir. Desde el año 2012, los jueces y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba cobran el 90% de lo que perciben sus paredes federales. Esto debe ocurrir también con los empleados provinciales. Por eso decimos que la reestructuración de escalafón, que quedó con seis categorías como los federales, es un paso importante, indispensable, pero no suficiente. Ahora falta la equiparación”, aseguró.

Según el reclamo de los judiciales, un empleado que recién ingresa al poder judicial cordobés cobra $750.000, mientras que uno del fuero federal recibe $1.700.000. Situación que, por ejemplo, genera que un empleado de la justicia cordobesa con 10 años de antigüedad en su puesto de trabajo este percibiendo de salario $1.300.000.

Luego del paro de 48 horas concretado durante hace dos semanas, la concentración realizada en las escalinatas de Tribunales en la ciudad de Córdoba, esta emana los judiciales provinciales vuelven a parar, esta vez durante tres días y con la decisión de agudizar el reclamo si no hay instancias de diálogo superadoras. 

Serán tres días de unos Tribunales desiertos, con mínima actividad, a la espera que la mesa de negociación entre los actores involucrados garantice la normalidad, algo que por ahora parece estar lejos de que suceda. 

El Colegio de Abogados de San Francisco, a través de un comunicado difundido el lunes por la tarde, se expresó sobre el conflicto gremial que atraviesa a los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y que desarrollan sus tareas en la sede local de Tribunales. 

La misiva, firmada por el directorio de la entidad que nuclea a los abogados matriculados de la ciudad, expresa su preocupación por las medidas de fuerza que realizan los judiciales que ”impacta directamente en el acceso a la justicia".  

Además, aseguran que están abierto al diálogo con el objetivo de  “encontrar soluciones efectivas que garanticen la continuidad de los servicios judiciales, en resguardo de nuestra comunidad y del ejercicio de la profesión”.

COMUNICADO CONFLICTO GREMIAL - PODER JUDICIALCOLEGIO SAN DE ABOGADOS SAN FRANCISCO

El Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco expresa su preocupación ante el cese de actividades por parte de los empleados del Poder Judicial, situación que impacta directamente en el acceso a la justicia.Desde nuestra institución hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo, e invitamos al gremio de los judiciales a mantener una reunión para plantear sus problemáticas. Nuestro objetivo es poder elevar conjuntamente sus reclamos ante la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, buscando promover instancias de acercamiento y encontrar soluciones efectivas que garanticen la continuidad de los servicios judiciales, en resguardo de nuestra comunidad y del ejercicio de la profesión.Quedamos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario.

EL DIRECTORIO

Los testigos que declararon este jueves en el marco 10ª audiencia del juicio por la muerte de Maradona complicaron aún más la situación de Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Diego imputado en la causa, a quien señalaron como la persona que decidió operar de la cabeza al ídolo 20 días antes de su muerte, a pesar de que varios profesionales le habían dicho que su cuadro no requería de intervención quirúrgica.

Uno de los testimonios que acorraló al neurocirujano fue el de Flavio José Tunessi, el médico traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien tuvo un rol clave en los días previos a la cirugía debido a que lo veía casi diariamente en la sede del equipo platense y notó el abrupto deterioro del DT hacia fines de octubre de 2020.

Tunessi también prestaba servicios en el sanatorio Ipensa de la ciudad. Y desde la incorporación de Maradona a Gimnasia, Luque le había pedido estar en contacto por si Diego le manifestaba algún malestar. Él se puso a disposición.

En su relato, el traumatólogo dijo que notó un importante cambio en la salud del astro mundial entre el partido que marcó la reanudación del fútbol argentino en plena pandemia y la celebración de su cumpleaños número 60 que se hizo en el estadio.

“Ese día lo vi muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo, se tambaleaba. Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo ‘me voy, no estoy bien’. Al otro día me habla Luque, me dijo que nadie lo vio bien y me preguntó si se podía hacer una internación en Ipensa. Yo dije que no tenía drama”, relató quien gestionó su ingreso al sanatorio de La Plata.

Algunas horas después, Maradona llegó a la clínica y fue sometido a estudios de rutina, análisis de sangre y una tomografía computada, cuyos resultados arrojaron un hematoma subdural que el jefe de neurología del hospital, Guillermo Burry, definió en su declaración como “pequeño, leve”.

Los tres profesionales que intervinieron en la evaluación del estudio y declararon este jueves (el clínico Marcos Correa, Burry y el neurólogo Cesarinni) coincidieron en que el hematoma era crónico, que no era el responsable del cuadro clínico que tenía el paciente y que tampoco requería ser operado porque no significaba una emergencia.

Sin embargo, a pesar de la recomendación del equipo médico del sanatorio, Luque hizo su propia evolución y decidió intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

“Yo le dije a Luque que la decisión del sanatorio Ipensa fue que el hematoma no era quirúrgico, pero él consideró que sí y dijo que lo iba a trasladar para operarlo. Yo le dije ’nosotros hasta acá llegamos‘”, declaró el traumatólogo Tunessi sobre el intercambio que tuvo con el neurólogo tras la tomografía.

El ahora imputado pidió reunirse entonces con Burry, el encargado del área de neurología de Ipensa, a quien llamó para hablar de la situación de Maradona e intercambiar opiniones al respecto.

En su declaración, Burry detalló: “Yo (sobre el hematoma) definí una conducta expectante. Es decir, que se le dé medicación, que lo vea el clínico, el cardiólogo y hacer un seguimiento neurológico. Hay hematomas que con tratamientos médicos pueden ser reversibles. Para mí no había emergencia”.

En la reunión, Luque le transmitió su postura: “Su criterio era que para él era quirúrgico. Él me dio sus explicaciones científicas, yo le di las mías y yo le dije, después de una charla, que en el sanatorio Ipensa no se iba a operar a ese paciente. Lo decidí como jefe del área. Si era de urgencia, estaban las condiciones para operarlo. Pero para nosotros no era el momento porque había otras prioridades y el paciente no estaba compensado”.

Por decisión de Luque, Maradona fue trasladado ese mismo día a la Clínica Olivos, donde se lo operó. En este sentido, los médicos que declararon este jueves advirtieron de los riesgos que conllevaba llevar a un paciente así a una sala quirúrgica. Mencionaron desde la posibilidad de una infección, hasta el peligro de la anestesia y de un mal posoperatorio.

No obstante, la cirugía se realizó con éxito. Horas después de ser ingresado a la intervención, Luque habló ante los medios y dijo que la operación se concretó en buenos términos y que Maradona estaba bien. También se sacó una foto con Diego que llevó calma a los fanáticos.

Todos pensaron que el neurocirujano había sido quien lo operó al Diez. Sin embargo, en este juicio, se reveló lo contrario: quienes participaron de la operación fueron cinco profesionales de la Clínica Olivos que no le permitieron a Luque intervenir. Los motivos por los cuales él se adjudicó el hito médico se conocerán con el paso de las audiencias.

Empleados judiciales autoconvocados de la provincia de Córdoba realizaron hoy un "abrazo simbólico" a los Tribunales como forma de protesta ante la insuficiencia salarial y las condiciones laborales que enfrentan. La manifestación fue motivada por la creciente preocupación sobre los bajos sueldos en comparación con otras ramas del sector público y privado, así como la falta de acción por parte del gremio en respuesta a sus demandas.

Según los datos presentados por los empleados, hasta febrero de 2025, un trabajador judicial sin título y con un año de antigüedad percibe un sueldo neto de $797.304,23, mientras que uno con 5 años de experiencia llega a $894.470,58. En contraste, un empleado administrativo de comercio con tareas similares recibe un salario que varía entre los $908.164 y $951.775. Además, un empleado judicial auxiliar con título de abogado y 7 años de antigüedad gana $1.238.400,84, mientras que un docente con 27 horas semanales percibe un básico de $1.302.000.

"Un empleado judicial con un año de antigüedad apenas se encuentra por encima de la línea de indigencia", señaló uno de los trabajadores durante la protesta, destacando que la situación es aún más crítica si se considera el alto costo de vida, especialmente el alquiler, que supera el 50% del salario.

Los empleados judiciales también expresaron su malestar por la falta de acción del gremio AGEPJ, que, según ellos, no ha realizado reclamos adecuados de recomposición salarial, ni ha defendido sus derechos a ascensos y mejores condiciones laborales. "El gremio no exige una actualización salarial acorde a la inflación ni la equiparación con los empleados de la justicia federal, que realizan tareas similares a las nuestras", apuntaron.

En el marco de la protesta, los empleados demandaron a sus representantes gremiales que soliciten a la patronal una recomposición salarial urgente y definitiva, conforme a lo estipulado por el acuerdo N° 245 y la Ley Provincial 9725. Además, pidieron transparencia en las negociaciones y medidas concretas en caso de que sus demandas no sean atendidas.

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Los empleados judiciales de Córdoba señalaron además una notable diferencia salarial entre el Poder Judicial provincial y el fuero federal. Según explicaron, un ingresante al Poder Judicial de la provincia percibe un salario de $750.000, mientras que uno del fuero federal gana $1.700.000. Argumentan que el salario de la Justicia Federal es justificado, ya que los empleados deben cumplir con requisitos como rendir concursos, estudiar abogacía, recibir formación continua y especializarse.

En contraste, un empleado judicial provincial con 10 años de antigüedad recibe un sueldo de $1.300.000, por debajo de la canasta básica alimentaria. Además, denuncian que al ingresar al Poder Judicial se les inhabilita el título profesional, lo que les impide trabajar fuera de este ámbito, a pesar de la percepción pública de que los judiciales tienen sueldos elevados.

Otros reclamos incluyen la falta de insumos adecuados en los lugares de trabajo, lo que obliga a los empleados a comprar desde útiles hasta agua e insumos para el baño. También cuestionan los altos descuentos de la obra social (Apross), que, según indican, no ofrece una cobertura adecuada.

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime seguirá detenido en cárcel común condenado a seis años de prisión por la Tragedia de Once ya que se le volvió a rechazar un pedido de arresto domiciliario por haber cumplido 70 años en enero último.

La decisión fue del juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó al ex funcionario y otros acusados por el choque del tren ocurrido el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte a 51 pasajeros y heridas a más de 700, informaron fuentes judiciales.

Jaime se entregó para quedar detenido en noviembre de 2024 luego que su condena quedó firme al fracasar la última apelación que había presentado ante la Corte Suprema de Justicia.El 16 de enero pasado cumplió 70 años y la defensa pidió que se le conceda el beneficio de arresto domiciliario que está previsto para condenados que lleguen a esa edad.

Sin embargo, el juez evaluó que el beneficio no se concede de manera automática sino que depende de otros factores como la salud y el contexto y explicó que el ex secretario de Transporte sufre afecciones crónicas que pueden tratarse en el penal, según informó el Cuerpo Médico Forense.

"No se verifican circunstancias propias del estado de salud actual del causante que demanden su neutralización a través de la morigeración de la modalidad del encierro que hoy cumple", concluyó el juez.

La Corte Suprema de Justicia le tomó juramento este mediodía a Manuel García-Mansilla, designado por decreto y en comisión por el Poder Ejecutivo, como nuevo integrante del máximo tribunal de la Nación.

El  acto se realizó́ en el Salón Bermejo del 4to piso del Palacio de Tribunales en presencia del Horacio Rosatti, presidente de la Corte; Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, y Ricardo Lorenzetti, ministro del alto tribunal.

La decisión de recibir el juramento de rigor por parte de García Mansilla se aprobó en el Acuerdo de Ministros del hoy, conforme al decreto del Poder Ejecutivo 137/2025 del pasado 25 de febrero, y entendiendo la Corte que se encuentran  cumplidas todas las formalidades correspondientes.

El decreto 137/2025 firmado por el presidente Javier Milei, y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dispuso la designación “en comisión, y en los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional”, de García-Mansilla y del actual juez federal Ariel Lijo.

Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, recibió ayer la aprobación por parte de la Cámara Federal -tribunal de alzada que en la práctica es la instancia superior directa del magistrado- del pedido de licencia que solicitó para poder asumir en comisión en la Corte.

El pedido de licencia obedece a que la designación que establece el decreto 137/2025 , es para integrar la Corte hasta noviembre próximo, y de no contar con el acuerdo del Senado, podría tener que retomar sus funciones en el juzgado federal de Comodoro Py donde se desempeña actualmente.

Según pudo saber Noticias Argentinas, En el próximo Acuerdo del día 6 de marzo -el jueves de la próxima semana, la Corte tratará la solicitud de licencia extraordinaria de Lijo, paso previo a poder aceptar su designación como nuevo integrante del máximo tribunal.

Con el juramento de García-Mansilla la Corte vuelve a contar con cuatro integrantes, número que había perdido al finalizar diciembre último, cuando se jubiló Juan Carlos Maqueda dejando al tribunal con solo tres miembros.

El Tribunal de Justicia de Goya, Corrientes, condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, acusado de liderar la megaestafa piramidal de Generación Zoe, que dejó a decenas de damnificados. Asimismo, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte dispusieron 8 años de cárcel para Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, todos ellos señalados como coautores de la estafa.

En la lectura de las condenas, el juez Carbajal enfatizó que Cositorto recibió la pena más alta por ser considerado “ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo”, en referencia a Generación Zoe.

“No vemos que sea sustentable y menos fundamentada la pena. Vamos a apelar y denunciar a los jueces por prevaricato”, adelantó Cositorto en diálogo con Infobae.

Al comienzo de la audiencia de cesura, la Fiscalía, representada por los doctores Rubén Barry y María Eugenia Ballará, había solicitado una pena de 16 años de prisión para quien es considerado líder de una asociación ilícita y coautor de reiterados fraudes.

Asimismo, los fiscales Barry y Ballará pidieron 14 años de prisión para Batista, 12 para Camelino y 11 para Echegaray.

Por su parte, la querella, representada por los doctores Pablo Fleitas y William Maidana, solicitó la máxima pena posible para los cuatro imputados, 16 años de prisión, al considerar que no solo estafaron económicamente a los damnificados, sino que además perjudicaron la vida personal de los inversores que apostaron a Generación Zoe.

Pasado el primer cuarto intermedio, el doctor Guillermo Dragotto, abogado defensor de Cositorto y Batista, pidió una pena “justa y resocializadora” para sus clientes: 5 años de prisión para el apuntado como el líder de Generación Zoe, y 3 para uno de sus principales laderos.

Antes de entrar a un segundo cuarto intermedio para que el Tribunal pudiera realizar la deliberación correspondiente, Cositorto tomó la palabra y aseguró que “jamás” tuvieron la intención de estafar a alguien.

Luego de analizar por 30 minutos, el Tribunal presidido por el juez Carbajal determinó la pena máxima de prisión para Cositorto y le dio 16 años de prisión por los delitos de jefe de la asociación ilícita y como coautor por estafa.

A Echegaray, Batista y Camelino le dieron la pena de ocho años de prisión. Todos ellos fueron condenados como miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.

Las prisiones preventivas serán sostenidas. En el caso de Echegaray Batista y Cositorto retornarán a la provincia de Córdoba, ya que allí tienen pendientes otras acusaciones.

En cuanto a Camelino, se resolvió que quede en libertad bajo el requisito de que deberá fijar domicilio en Goya y deberá presentarse cada semana a la fiscalía. También deberá entregar su pasaporte.

Luego de conocer las condenas, Cositorto fue retirado de la sala con chaleco antibalas y en medio de una fuerte custodia policial.

Pablo Fleitas, abogado querellante, consideró que es una sentencia “óptima” para los imputados. No obstante aclaró: "No olvidemos que todos ellos deben responder penalmente por otro proceso que tienen en trámite, así que seguramente van a seguir acumulando condenas".

Consultado por si estaba conforme con las condenas, Fleitas opinó que quedó sorprendido con las resoluciones para Batista, Camelino y Echegaray. “Esperábamos un poco más para los otros imputados, pero entendemos que 8 años en esta instancia es un logro más que importante”, dijo en diálogo con LN+.

Tal como estaba estipulado, la audiencia de este martes comenzó a las 8.30. Cositorto arribó al recinto unos minutos antes, y desde un primer momento exhibió un rostro de preocupación, en la víspera de conocer su sentencia.

El viernes pasado, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, que componen el Tribunal de Goya, declararon culpable a Cositorto por el delito de asociación ilícita y el fraude a 98 ahorristas.

Junto a él, también fueron declarados culpables Echegaray, Batista y Camelino. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina quedaron absueltos.

Minutos antes de la sentencia, Cositorto protagonizó un fuerte cruce con el juez Carbajal, con quien se mostró enojado al escuchar sus palabras previas al veredicto: aseguraba que dos meses antes de pagarle a los 98 ahorristas víctimas, él ya había vaciado y cerrado sus cuentas bancarias.

Ante este escenario, el acusado comenzó a renegar desde el banco de los acusados y deslizar críticas contra el magistrado. Y en consecuencia, la autoridad del Tribunal interrumpió a los gritos su intervención y ordenó que se lo esposara a Cositorto y se lo retirara de la sala.

El Gobierno cambió el discurso sobre las nominaciones de Ariel Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema, en medio del escándalo por las criptomonedas y en la previa de la probablemente espinosa sesión del Senado para decidir el futuro de los pliegos. Dos días antes del debate legislativo sobre el primero, descartaron de plano la posibilidad de nombrar a Lijo por decreto, como habían insinuado con firmeza en varias oportunidades. E incluso admitieron que tienen otros nombres de magistrados en carpeta para el caso de que se caiga el pliego.

La discusión en el recinto está prevista para el viernes. Y hoy, en el Gobierno, mientras intentaban sin éxito sacudirse las esquirlas de la polémica por $LIBRA, deslizaron que está prácticamente descartado nombrar a Lijo por decreto, como había planteado el propio Milei. Y que incluso tienen cinco nombres en mente para reemplazarlo, en caso de que sea rechazado.

La votación para definir los reemplazos de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda se perfila reñida, según todos los pronósticos. El kirchnerismo, que tiene la mayoría, después de largos coqueteos y negociaciones, deja trascender que no acompañará. Y en el Gobierno, que necesita una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes, dicen que prefieren evitar un nombramiento de Lijo por decreto. Según argumentan, porque a partir de entonces, todos los fallos de los magistrados estarían sujetos a revisión. Pero no descartan nombrar por decreto en el caso de García Mansilla, y del otro, eventual candidato, cuyo nombre no se definirá mientras Lijo siga en carrera.

“Si rechazan a Lijo, vamos a proponer a los jueces más libertarios que podamos encontrar”, dijo un asesor presidencial. Los dos más firmes por los que se inclinan en la Casa Rosada son Ricardo Ramírez Calvo, recomendado por el propio García Mansilla, que trabajó a su lado; y Ricardo Manuel Rojas, el ex juez penal y autor del libro “La Inflación como delito” al que Milei había propuesto ser Procurador del Tesoro tras la escabrosa salida de Rodolfo Barra. Rojas rechazó el cargo -que finalmente aceptó el abogado Santiago Castro Videla-, y no está claro si en el momento en que declinó la propuesta sabía que podrían ofrecerle una designación para el Máximo Tribunal de Justicia.

En la lista de suplentes aparecen también el constitucionalista Carlos Laplacette, que también había sonado para encabezar a los abogados del Estado, autor de numerosos trabajos sobre derecho constitucional e integra el estudio Cassagne. Y Alberto Bianchi, otro abogado constitucionalista de perfil académico, cercano a Videla Castro y autor, entre otros, del libro Recurso Extraordinario, en alusión al recurso que funciona como puerta de entrada para acudir a la Corte Suprema.

Hay en cantera, también, una jueza, la única mujer en la lista de eventuales reemplazantes de Lijo, pero por ahora prefirieron evitar difundir su nombre. Según dijeron, para evitar exponerla. Uno de los principales argumentos contra las nominaciones de Milei era que no había ninguna mujer, pero en la Casa Rosada aseguran que el aspecto del género no será determinante.

A pocas horas de asumir como vocal del Superior Tribunal de Justicia y convertirse en la primera sanfrancisqueña en integrar el más alto cuerpo de ese poder del Estado provincial, la doctora Jesica Valentini expresó su convicción de que la justicia cordobesa es de las mejores del país. Fundamentó su mirada en que “la calidad de los miembros del alto cuerpo realmente es excelente, y de toda la justicia cordobesa en general”.

No obstante, en la entrevista que concedió a LA VOZ DE SAN JUSTO, remarcó que el principal desafío es “recuperar la credibilidad”. Al respecto, dijo que “las instituciones en general están pasando por una gran crisis La justicia no escapa a esa crisis. Si ustedes ven las estadísticas y las encuestas, muestran que hay un 85% de los ciudadanos que descree de la justicia”. Por ello, comprometió su esfuerzo para revertir este aspecto negativo, a partir de su experiencia en distintas áreas del Estado. Aseguró tener “una mirada muy abarcadora, muy amplia y que puedo aportar esa experiencia, por supuesto, y siempre cercana al ciudadano común, al ciudadano de a pie”. 

Se refirió también a los cuestionamientos que recibió durante el proceso de impugnación que se desarrolló luego de la postulación que hizo el gobernador Llaryora: “Creo que un sector subestimó mis antecedentes. Pero bueno, yo no personalizo, entiendo que la cuestión política es esa, el debate político es ese”. Tampoco eludió las referencias que se hicieron a su parentesco con el mandatario provincial, señalando que nunca compartió eventos sociales o familiares con él y que su relación fue “siempre institucional”.

Finalmente, expresó su anhelo de “representar, espero muy bien y destacadamente a mi ciudad. Eso es lo que ansío y voy a trabajar para ello”.

Bueno, es una gran responsabilidad, sin duda, formar parte de este Poder Judicial, que entiendo que es el mejor Poder Judicial que tiene el país. La calidad de los miembros del alto cuerpo realmente es excelente, y de toda la justicia cordobesa en general. Así que las expectativas son muchas, la responsabilidad es aún mayor y bueno, me toma a una altura de la vida que realmente es la coronación de mi vida profesional. 

Sí, es así. Es un orgullo. Voy a representar, espero muy bien y destacadamente a mi ciudad. Eso es lo que ansío y voy a trabajar para ello. Me van a tener siempre aquí en el Tribunal Superior de Justicia para servir, para que la justicia de Córdoba en general sea mucho mejor más cercana a la gente y por supuesto la de San Francisco. Una de las primeras las visitas que pienso hacer, va a ser a los tribunales de mi ciudad, por supuesto. 

No, eso va a ser una decisión en forma conjunta que tomaremos a partir del lunes, pero estoy dispuesta a ir a la sala donde me requieran. Yo vengo a colaborar al Poder Judicial, vengo a aportar mi experiencia social, digamos, con cercanía a la ciudadanía. Así que donde lo decidamos en el conjunto del cuerpo, así será

Primero, recuperar la credibilidad. Ustedes saben que las instituciones en general están pasando por una gran crisis La justicia no escapa a esa crisis. Si ustedes ven las estadísticas y las encuestas, muestran que hay un 85% de los ciudadanos que descree de la justicia. Pero cuando se habla de la justicia, se habla de la justicia en general. No habla ni de la justicia de Córdoba ni de la Nación, porque en realidad el común de la gente quizás no distingue ese tipo de diferencia. 

Hay una apertura importante en la justicia de Córdoba, con muchas oficinas y muchos programas que se acercan a la ciudadanía. Así que, fundamentalmente, vamos a trabajar en el acceso a la justicia. Es lo que técnicamente se denomina la tutela judicial. Voy a colaborar en eso porque, insisto, ya hay programas en marcha. Yo no vengo a descubrir nada nuevo, soy un aportante en este cuerpo. Una de las obligaciones de los miembros del Tribunal Superior de Justicia es hacer visitas en las distintas circunscripciones, por eso hablo de una mayor cercanía de la justicia hacia la gente. Nosotros no estamos en una cajita de cristal ni mucho menos. Bueno, ese es el desafío. Ustedes me conocen bien que yo vengo del trabajo social, del trabajo de campo, del trabajo territorial, así que yo creo que mi mirada puede ayudar y colaborar aún más en esta temática. 

Bueno, fue un proceso raro. Primero porque fue un tiempo bastante prolongado fueron 27 días. Escuchando muchas críticas y otras no tantas. Creo que un sector subestimó mis antecedentes. Pero bueno, yo no personalizo, entiendo que la cuestión política es esa, el debate político es ese. En realidad, ya está, ya pasó, fue un proceso más. Estoy preparada para iniciar mi periodo en el Tribunal Superior. 

Ese es un tema que lo tomaron como bandera algunos sectores políticos. No puedo negar que hay un parentesco. Somos parientes en grado sexto, una cosa así, muy lejana. Repito lo mismo que dije en la audiencia: yo no compartí nunca socialmente nada con el gobernador, ni cumpleaños, ni casamientos, ni fiestas de fines de año. Sí tuve siempre una relación institucional cuando era Defensora del Pueblo adjunto. Yo viajé mucho a San Francisco para intercambiar programas y compromisos que venían incluso con la gestión anterior, con la del intendente Madonna. Así que mi relación siempre fue absolutamente institucional, incluso cuando me invitó a participar en el gobierno municipal de Córdoba, también mi tarea fue institucional, en una tarea de oficialía mayor que es absolutamente administrativa, muy técnica, no política. 

Bueno, yo he trabajado desde muy joven en el Estado. Creo conocerlo muy bien. He pasado por varios poderes, inclusive por el Legislativo. Trabajé en las defensorías de Niñez y del Pueblo. No obstante, entiendo que la de la justicia es una mirada distinta pero también, como abogada, litigué hasta hace pocas semanas. Recorrí los pasillos de tribunales porque he litigado Así que entiendo que tengo una mirada muy abarcadora, muy amplia y que puedo aportar, insisto, esa experiencia, por supuesto, y siempre cercana al ciudadano común, al ciudadano de a pie. 

Mucha participación ciudadana tiene que haber. Me parece que hay que abrir la justicia en ese sentido. Además, el juez tiene que estar siempre sometido a la ley, es el único sometimiento que tiene que haber para que sea un verdadero juez y por fuera de cualquier presión, que sea presión política, de los medios o de la comunidad. El juez tiene que concentrarse y centrarse exclusivamente en la ley. 

El Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación de San Francisco, a cargo de Carlos Viramonte, resolvió días atrás imputar civilmente a un menor de 13 años que en el año 2020 abusó sexualmente de dos niñas de 3 y 6 años, respectivamente. 

A partir de ese fallo, los padres del adolescente deberán indemnizar a las víctimas y a su madre con una cifra que luego de las actualizaciones, asciende a los $ 65.120.285.

Si bien el agresor no pudo ser imputado penalmente ya que cuando cometió el hecho tenía 13 años, Viramonte justificó que la ley civil establece la imputabilidad a partir de los 10 años de edad (arts. 260, 261, 1749 y concordantes del CCC) y con el agravante de que la conducta del agresor fue ilícita y dolosa, ya que “cometió intencionalmente el hecho con el ánimo de menoscabar la integridad sexual de las víctimas”, según consigna el medio UP, que tuvo acceso al fallo judicial. 

Además el juez consideró que la madre de las niñas tiene legitimación activa para reclamar, por derecho propio, una indemnización del daño moral, toda vez que el hecho produjo una gran discapacidad en las niñas, en los términos del art. 1741 del Código Civil y Comercial.

El lunes 6 de enero de 2025, comenzará a desarrollarse en el edificio de Tribunales II, de la ciudad de Córdoba, el juicio oral y público por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal como así también por la tentativa de homicidio de otros ochos bebés. 

El debate estará a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, integrada por los camaristas Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, con jurados populares.

La enfermera Brenda Agüero, integrante del Servicio de Obstetricia del hospital, está acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Asimismo, se le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal, aunque en grado de tentativa.

También serán juzgados 10 exfuncionarios del Ministerio de Salud de la Provincia acusados por distintos delitos: omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público; y falsedad ideológica reiterada. Entre otros, serán juzgados la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Liliana Asís y el exministro de Salud de la Provincia Diego Hernán Cardozo. 

La lista se completa con Alicia Beatriz Ariza (enfermera profesional, exjefa de Enfermería del hospital), Pablo Miguel Carvajal (médico, exsecretario de Salud provincial), Julio Alejandro Tomás Escudero Salama (abogado, exsubdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud), Alejandro Gabriel Gauto (abogado, exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud), Marta Elena Gómez Flores (médica cirujana, con especialidad en Neonatología), María Alejandra Lujan, Adriana Luisa Moralez y Claudia Elizabeth Ringhelheim (médica, con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología).

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales de cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. En tanto, 14 personas damnificadas por estos hechos se constituyeron como querellantes particulares y 29 iniciaron acciones civiles contra los imputados y el Estado provincial.

A 18 años del crimen de Nora Dalmasso de Macarrón, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, el caso ha dado un nuevo giro con un avance significativo en las pruebas científicas. Pablo Jávega, el sexto fiscal del caso, habría logrado una importante coincidencia en la investigación que podría arrojar nueva luz sobre el homicidio que permaneció sin resolver durante casi dos décadas.

Según fuentes oficiales, el fiscal Jávega habría identificado una posible conexión entre una persona que admitió haber pasado por la casa de los Macarrón y una huella genética encontrada en el cinto de la bata con la que Nora Dalmasso fue asesinada. El hallazgo de esta coincidencia marca un avance clave en el caso, que hasta ahora había estado marcado por la falta de avances sustanciales.

En un comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal (MPF), se detalló que “una persona de sexo masculino figura como aportante compatible con las huellas genéticas colectadas en el cinto de bata que fuera ubicado anudado en el cuello de la víctima y de vello secuestrado en zona inguinal de la misma”. Según trascendidos, si la persona identificada tuviera antecedentes previos, podría evitarse la prescripción del caso y dar un giro significativo a la investigación.

El MPF también señaló que “la Fiscalía continúa trabajando en clave de analizar el resto del cuadro de pruebas disponible para la composición de hipótesis en función del aporte de dicho material”. A su vez, el organismo judicial informó que las conclusiones de este avance fueron comunicadas tanto a la familia querellante como a la persona sindicada. Esta última, con la debida asistencia letrada, compareció en la sede de la Unidad Fiscal para ejercer su defensa técnica.

En un comunicado posterior, se destacó que la Fiscalía “fue rigurosa en garantizar a todas las partes la posibilidad de observar, controlar y controvertir los resultados del cotejo genético referenciado”.

La investigación, que ha logrado avances gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, también contó con la cooperación del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, Estados Unidos, y la colaboración del Ministerio de Justicia del gobierno de la Provincia de Córdoba.

El caso de Nora Dalmasso tomó un giro inesperado en el juicio posterior a la absolución de su viudo, Marcelo Macarrón. A pesar de la absolución, la Justicia reconoció a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género, y el caso fue derivado al fiscal Jávega para que continuara la búsqueda de la verdad, aunque la causa ya estaba cerca de prescribir.

Desde que asumió la causa, Jávega ha revisado minuciosamente el expediente y, con la ayuda de la División de Investigación Operativa, realizó un exhaustivo mapeo de más de 200 personas que habían pasado por la casa de los Macarrón en los días previos al asesinato. Además, el fiscal también contactó con el laboratorio asociado al FBI, que en conjunto con el Ceprocor, logró aislar un ADN encontrado en el cinto utilizado como arma homicida. Este ADN no pertenecía ni a la víctima ni a su esposo, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

Con estos avances, la causa parece estar cerca de un nuevo capítulo. El fiscal Pablo Jávega ha convocado a una conferencia de prensa este lunes a las 11 para brindar detalles sobre el progreso de la investigación. La esperanza de la familia Dalmasso y la comunidad de Río Cuarto radica en que este avance permita finalmente esclarecer el crimen que ha marcado a la ciudad durante casi dos décadas.

El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó hoy "in limine" el amparo del ex senador del PJ entrerriano Edgardo Kueider para intentar que se le restituya su banca en la Cámara Alta.

El magistrado entendió que decisiones como remover a Kueider por inhabilidad moral luego de ser detenido en Paraguay cuando intentaba ingresar a ese país con 211.000 dólares sin declarar "no  pueden ser revisadas" en sede judicial, según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, se ha sostenido que el ámbito de control jurisdiccional del Poder Judicial no alcanza a las decisiones que otros Poderes del Estado adopten dentro de la esfera de competencia que la Constitución Nacional les asigna como propia y exclusiva, tal como acontece en el caso", indicó.

En el ámbito de las facultades exclusivas atribuidas constitucionalmente, "la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de las mismas", agregó el magistrado.

Ante ello "las consideraciones formuladas por los integrantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación en oportunidad de la Sesión Pública Especial celebrada el 12 de diciembre del corriente año y la decisión allí adoptada, relativa a la remoción del Senador Nacional Edgardo Darío Kueider por inhabilidad moral para desempeñar tan eminente función pública en razón de los hechos acaecidos en la República del Paraguay, no pueden ser revisados en esta sede judicial porque su examen constituye una competencia exclusiva y excluyente atribuida al Senado de la Nación por el art. 66 de la Carta Fundamental".

Resolver sobre la acción de amparo para reponer a Kueider "importaría avanzar indebidamente en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado", advirtió la resolución judicial que rechazó la presentación de su defensa.

El Poder Judicial "no puede arrogarse funciones reservadas por la Constitución Nacional a los otros poderes del Estado, como es en el caso, la remoción de un Senador Nacional en los términos del art. 66 de la Carta Magna".

La remoción "fue propuesta, debatida y sometida a votación en el seno del Honorable Senado y resultó aprobada por  en rigor, 60 los dos tercios previstos por la manda constitucional votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención", concluyó el juez.

La decisión es apelable ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero Kueider seguirá sin fueros para evitar ser detenido en Argentina, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la cual la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reclama su extradición a Paraguay.

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime se entregó hoy ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para comenzar a cumplir de manera efectiva los seis años de condena a prisión que se le impusieron por la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012.

Jaime arribó a las 9:20 al sexto piso de Comodoro Py, sede del TOF,  junto a sus abogados y proveniente de Córdoba, provincia donde vivió desde que fue excarcelado en otras causas penales el 18 de marzo de 2023.

El ex funcionario pasó ya siete años preso por diferentes causas de corrupción, entre ellas la de la tragedia de Once, donde recibió la excarcelación luego de cumplir aproximadamente dos años de pena, por lo cual el Tribunal dispuso realizar el cómputo para determinar cuánto le resta pasar en prisión.

Jaime se entregó pese a que el Tribunal analiza estos días un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud que presentó su defensa.

El Tribunal Oral Federal 2 revocó la excarcelación y ordenó que termine en prisión de cumplir la pena luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada los seis años de prisión que se le impusieron por "administración fraudulenta" en la causa por el choque de trenes en la estación de Once que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, llama a concursos públicos para cubrir las siguientes vacantes de jueces/zas:

1) Concurso N° 490, destinado a cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba, provincia del mismo nombre.

2) Concurso N° 514, destinado a cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa María, provincia de Córdoba. 3) Concurso N° 516, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Córdoba, provincia del mismo nombre.

4) Concurso N° 517, destinado a cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba.

El resto de la información estará disponible en las publicaciones del Boletín oficial de los días 29, 30 y 31 de octubre de 2024, en las páginas web del Consejo de la Magistratura de la Nación (www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar).

El presidente Javier Milei desestimó a través de un decreto una petición que buscaba frenar el pliego del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

En el Boletín Oficial este miércoles se publicó el decreto 785/2024, con la firma de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: "Desestímase, por resultar inadmisible, la petición incoada contra la solicitud de Acuerdo para designar al doctor Ariel Oscar Lijo en un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cursada al H. Senado de la Nación mediante el mensaje N° 31 del 27 de mayo de 2024″.

Se trataba de un planteo que marcaba supuestas irregularidades en la presentación administrativa del pliego de Lijo presentado por "el Colegio De Abogados De La Ciudad De Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana (Acr), Asociación Civil Usina De Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción y Profesores Republicanos".

También habían participado "los señores Alejandro E. Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo A. Pirovano, Gerardo Enrique Vega, Alberto Fidel Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo De Jesús y Marcelo A. Camerini".

De esta forma, el Gobierno mostró su decisión de profundizar su respaldo a la candidatura de Lijo, cuestionada por distintos sectores, incluso por dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), como la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Al rechazar la presentación, el Poder Ejecutivo dijo que "el acto cuestionado no exhibe contradicciones en su parte dispositiva; ni ha sido descubierto algún documento decisivo no presentado antes por desconocerse su existencia, por razones de fuerza mayor o por el hecho de un tercero; ni tampoco ha mediado la declaración de falsedad de algún documento que haya servido de base a lo decidido; como finalmente tampoco existe pronunciamiento jurisdiccional alguno del que surja la existencia de los ilícitos que contempla la norma".

La excarcelación del padre Julio César Grassi, sentenciado a 15 años de cárcel por dos hechos de abuso sexual, podría adelantarse y este jueves se llevará a cabo una audiencia clave para definir su situación.

El abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego, consideró a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentra "preocupado" por lo que puede pasar con el sacerdote.  

Según establece la condena, Grassi debería ser excarcelado en mayo de 2028, pero pidió que la Justicia revise su posible “liberación anticipada", algo que el Tribunal  en lo Criminal N°1 de Morón deberá resolver este jueves a las 11.

Gallego señaló que tiene los elementos necesarios para evitar que el cura sea beneficiado con la libertad.  

“Voy a exponer y alegar los motivos por los cuales Grassi no puede salir. En primer lugar porque el propio Código Penal establece que no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, por otro lado, el acusado hizo ese pedido por escrito y el tribunal de alguna manera abrió el incidente a prueba, se le pidió una pericia psicológica a la cual él se opuso y por último, hubo mucho cabildeo con el informe carcelario”, precisó el letrado sobre las razones por los que no tendrían que darle la libertad.  

No obstante, Gallego admitió que Grassi  es un “poderoso” que siempre “aprovecha” algún momento de “distracción” para obtener ventajas.

Durante su estadía en la prisión, Grassi se recibió de abogado  y en esta audiencia clave se representará a sí mismo, algo que no habría ocurrido en otras causas.  

Mientras continúa la sorpresa por esta actuación, Gallego se muestra “optimista” para llevar adelante la audiencia: “Es muy importante que esto se haga a la luz del día, que no quede como algo clandestino”.  

Fue en junio de 2009 cuando el TOC N°1 de Morón lo sentenció a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por ejercer el rol de sacerdote, estar encargado de la educación y la guarda del menor en víctima.

En el juicio se comprobó que Grassi atacó en 1996 a dos menores en la Fundación Felices los Niños, la cual había creado años atrás.  

En 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena y quedó alojado en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta.