Los empleados del Poder Judicial de Córdoba aceptaron por amplio margen la oferta salarial que les presentaron en conjunto el TSJ y el Ejecutivo provincial. Con este acuerdo, termina un extenso conflicto salarial que incluyó 25 días de paro en Capital y 28 en el interior, y que afectó el funcionamiento del servicio de Justicia durante el último semestre.

Como en la oferta anterior, el eje central de la propuesta salarial fue el adelanto de las cuotas correspondientes a la equiparación gradual con la Justicia Federal.

Los incrementos que originalmente estaban previstos para julio de 2027 y julio de 2028, se percibirán con los salarios de septiembre y diciembre de 2026. Para las categorías de escribiente y auxiliar ayudante, las cuotas serían adelantadas al sueldo de septiembre.

Además, la propuesta contempla el pago del 50% del concepto permanencia para todas las categorías; un adicional del 1,9% no remunerativo y la promesa de una reducción progresiva del aporte extraordinario a la Caja de Jubilaciones del 8% al 6% para quienes actualmente tributan ese porcentaje.

Esa baja de aportes tendrá un impacto final de 2,8% en el recibo de sueldos y beneficiará a unos 1.400 empleados y a la totalidad de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Ese compromiso no forma parte del acta firmada en la Secretaría de Trabajo, pero será parte de un anuncio oficial que se producirá en los próximos días y abarcará a todos los aportantes de la Caja que hoy aportan 8% extra.

La decisión del TSJ de no descontar los más de 20 días de paro que quedan pendientes también fue fundamental para destrabar el conflicto, que había llegado a su punto máximo a fin de julio, cuando se aplicaron quitas de entre $200 mil y $450 mil por cinco jornadas de paro. Tras esa medida, intervino la Secretaría de Trabajo con la conciliación obligatoria.

De acuerdo con las estimaciones del gremio, todas esas medidas representan en conjunto un 5,65% de incremento salarial por encima de la pauta de la Corte para la categoría más baja. Para el resto de las categorías, el incremento se ubicaría entre el 7,66% y el 14%, dependiendo de la categoría y otras particularidades.

Según lo informado por el Ministerio de Justicia, el costo salarial de esa propuesta aceptada por los judiciales es de $1.800 millones mensuales. Cuando se suma el impacto de la futura baja de los aportes previsionales extraordinarios del 8% al 6%, la cifra se incrementa hasta los $2.400 millones mensuales. La participación directa del Ejecutivo, a través del ministro Julián López y el secretario de Capital Humano, Gustavo Panighel, fue vital para destrabar el conflicto.

Aunque el resultado ya se anticipaba por las votaciones de los días previos en cada dependencia judicial, el proceso terminó en la asamblea general extraordinaria, donde el 70,7 % de los votos fueron por la aprobación de la oferta salarial. Fueron 810 los votos por la aceptación.

Esa moción fue impulsada por la conducción de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, liderada por Federico Cortelletti, y fue impulsada por las agrupaciones Confluencia, Identidad Judicial, Lista Celeste y Blanca de Río Cuarto, y delegadas y delegados del interior y Capital.

En tanto, el 24,1 % de los votos (276) optaron por la moción de rechazo con posibilidad de solicitar la continuidad de la mesa de negociación, la postura de La Judicial, una de las agrupaciones de autoconvocados.

También votaron en contra, con el 5,1 % (59 votos), las agrupaciones que impulsaron el rechazo y la continuidad de las medidas de fuerza. Hubo una sola abstención.

Todo indica que, resuelta la discusión salarial con los empleados judiciales, el TSJ se abocará ahora al otro conflicto que creció en paralelo: el reclamo de los magistrados y funcionarios judiciales por el incumplimiento de la ley de Equiparación con la Justicia federal.

La proporcionalidad del 90% establecida por esa norma se desvirtuó por la suba de aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross y hoy los magistrados provinciales ganan el equivalente al 77% de los sueldos de sus pares nacionales. Cabe aclarar que esos salarios nacionales están muy afectados por el ajuste impuesto por Javier Milei a todos los sueldos que paga el Estado nacional.

La reducción de dos puntos porcentuales del aporte extraordinario a la Caja es el primer paso en esa negociación con la Asociación de Magistrados, y el pago del adicional no remunerativo de 1,9% también va en ese sentido.

No obstante, esas medidas están lejos de conformar las exigencias de los grupos autoconvocados de magistrados y funcionarios, que piden el pleno cumplimiento con la ley de equivalencia antes de fin de año y también reclaman la eliminación del tope de 30 años para los adicionales por antigüedad.

Esa conflictividad se expresa en cientos de acciones judiciales contra la ley de Equidad Jubilatoria, y en casi un millar de recursos administrativos presentados por magistrados y funcionarios en el mismo sentido.

Este viernes, en la sede judicial de San Francisco, se llevó a cabo el lanzamiento del programa “Disminución de Stock de causas pendientes de resolución en Cámaras Laborales especializadas del Interior de la Provincia de Córdoba”. 

Esta iniciativa, impulsada por el presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Angulo, que había comenzado a implementarse el 1 de julio en nuestra ciudad y  fue lanzado formalmente hoy por las autoridades del máximo tribunal provincial, junto con quinees estarán a cargo de la iniciativa en los tribunales locales, se extenderá progresivamente a las sedes de Villa María y Río Cuarto.

Durante el acto, Angulo señaló que “haber obtenido el 61% de conciliación en la experiencia de la capital demuestra que una justicia que dialoga es una justicia más efectiva porque el objetivo no es solo resolver expedientes sino solucionar conflictos”. Explicó que el resultado “no debe medirse únicamente en términos cuantitativos, sino por la calidad y eficacia de la respuesta jurisdiccional”. 

También participó en el lanzamiento del programa el vocal del TSJ Luis Enrique Rubio y dijeron presentes el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, Cristian Godoy; el fiscal Adjunto, Néstor Alejandro Gómez; el defensor Adjunto, Jorge Gustavo Folloni; la delegada de administración de la sede, Roxana Peredo; el juez de Conciliación y Trabajo de San Francisco, Matías Astegiano; como así también los vocales de las cámaras de San Francisco, Villa María y Río Cuarto y demás funcionarios judiciales.

Bajo la coordinación de la Oficina de Gestión Judicial del Fuero Laboral, el programa busca brindar una respuesta judicial rápida y eficaz mediante el incremento de resoluciones y el acortamiento de los plazos procesales. 

La estrategia consiste en aplicar en estas sedes el mismo sistema de trabajo que permitió resolver el 91,9% de las más de 28.000 causas que integraban el stock inicial en Capital.

Se logró reducir el tiempo de espera para la resolución de los expedientes de 3 años y 6 meses, en el segundo semestre de 2022, a 1 año, 1 mes y 13 días, en el segundo semestre de 2025. 

La implementación del proyecto cuenta con equipos especializados que, respetando la independencia funcional de cada autoridad judicial, llevaron adelante tareas de clasificación y sistematización de los expedientes, en la primera etapa fomentando especialmente la conciliación como la vía más adecuada para la resolución de los conflictos.

Mediante la extensión del proyecto, el vocal Angulo, en conjunto con los integrantes del Alto Cuerpo, reafirmaron su compromiso de potenciar la labor de las sedes del interior y dar continuidad a la reforma laboral iniciada con la Ley n.° 10.596, con el objetivo de ofrecer respuestas de calidad en todo el territorio provincial.

En el mismo acto, el titular de la Sala Laboral anunció que a partir del 10 de octubre próximo se implementará en el juzgado de conciliación y trabajo en San Francisco el supuesto relativo a enfermedades profesionales rechazadas por las comisiones médicas. Cabe destacar que San Francisco, es la primera localidad del interior en contemplar la totalidad de los supuestos legales de la ley 10.596.

Por último, Angulo adelantó que el equipo de la Oficina de Gestión y el de la Oficina de Conciliación se encuentran trabajando con la Cámara de Río Cuarto en la implementación de un programa denominado “Proyecto Conciliación Interior”. Este tiene como objetivo incrementar la celebración de audiencias de conciliación previas a la vista de las causas. Este proyecto también, se extenderá progresivamente al resto de las sedes del interior provincial.

Hay experiencias que comienzan como una actividad escolar y terminan acompañando toda una vida. Para Julián Pronello, el Modelo de Naciones Unidas fue una de ellas. En su momento, fue parte de la organización, hoy desde otro lugar, sigue destacando la importancia del mismo. Lo conoció cuando era adolescente, mientras cursaba el secundario en Devoto, a partir de una de esas formas de transmisión que suelen darse entre estudiantes: un hermano mayor, un compañero o un amigo que invita a participar de algo que, hasta ese momento, era desconocido.

“El modelo de Naciones Unidas era básicamente una herencia que todos los estudiantes más chicos teníamos de los más grandes”, recordó a Posta/LA VOZ DE SAN JUSTO. Su hermano cursaba cuarto año cuando comenzó a participar y Julián, que estaba en segundo, empezó a interesarse. Ya le gustaban la historia, el debate y la oratoria, por lo que decidió anotarse junto a dos amigos.

La primera experiencia tuvo un detalle que todavía recuerda: le tocó representar a Yemen, un país del que prácticamente no tenía conocimientos. “Es un país del Medio Oriente que no tenía ni idea que existía y del cual no había suficiente información”, cuenta. Sin embargo, aquella primera aproximación fue suficiente para despertar una curiosidad que con los años se transformaría en una verdadera pasión.

El Modelo de Naciones Unidas que se desarrollaba en San Francisco reunía durante un fin de semana a estudiantes de la ciudad y de distintas localidades de la región. En alguna oportunidad también participaron jóvenes de Chile, en el marco del hermanamiento que existía entre San Francisco y Rancagua. La propuesta implicaba asumir la representación de un país, estudiar una problemática internacional y defender una posición frente a otros participantes.

“La primera vez que participé en el modelo quedé impactado por la cantidad de chicos”, relató. Pero no fue solamente el número de participantes lo que llamó su atención. También lo hizo la seriedad con la que los estudiantes asumían el rol que les había tocado. “El verdaderamente sentir que uno era un diplomático debatiendo un tema relevante y encontrando una solución a esa problemática”, explicó.

Después de aquel primer modelo llegó el deseo de volver. Y una vez que se participa, cuenta Pronello, aparece también la intención de asumir desafíos cada vez mayores. Comenzar representando un país menos conocido podía llevar, con el tiempo, a querer asumir la representación de alguna de las grandes potencias.

Los participantes podían elegir distintos órganos dentro del modelo, entre ellos la Asamblea General, el Consejo Económico Social, el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad. Este último fue el objetivo que Julián se propuso después de su primera experiencia.

El Consejo de Seguridad aborda situaciones vinculadas con la paz y la seguridad internacional. Para los jóvenes que participan, esto significa estudiar conflictos y asumir la posición del Estado que les toca representar frente a esas situaciones.

“Esa pasión por el debate se convierte en estudio, en estudio intenso y serio de una problemática que a veces lleva muchos años”, explicó. Con el paso del tiempo, Pronello dejó de participar como estudiante y comenzó a involucrarse desde otro lugar. Una vez terminado el secundario ya no podía continuar como delegado en el modelo destinado a ese nivel, pero decidió permanecer vinculado a través de la organización y el asesoramiento.

Ese cambio de rol también le permitió comprender con mayor profundidad cuál era, para él, el verdadero objetivo de la propuesta. Ya no se trataba solamente de la experiencia de representar a un país, sino de reconocer el valor educativo que podía tener para quienes participaban.

Pronello considera que uno de los principales aportes del Modelo de Naciones Unidas está relacionado con la formación ciudadana. “El modelo tiene un objetivo académico fundamental y tiene que ver con la formación ciudadana de los jóvenes, formación democrática, basada en el diálogo, en el respeto y sobre todo también en el respeto de las diversas opiniones que pueden surgir en un debate”, afirmó.

En esa dinámica, los estudiantes aprenden a estructurar argumentos, pero también a escuchar. Aprenden sobre protocolo, compañerismo, historia, normativa internacional y relaciones entre los Estados. Pero, sobre todo, incorporan la necesidad de encontrar consensos frente a posiciones diferentes.

Para Pronello, ese aprendizaje adquiere todavía más importancia en una sociedad donde muchas discusiones públicas terminan reducidas a enfrentamientos personales. “Los objetivos académicos del modelo de Naciones Unidas nunca tienen que perderse de vista”.

En este sentido, advierte sobre el riesgo de que el modelo pierda su verdadero sentido educativo y termine reducido únicamente a una puesta en escena. Asimismo, sostiene que “cuando se pierde de vista cuál es el objetivo académico” de la propuesta, se corre el riesgo de pasar “de querer formar jóvenes o ciudadanos comprometidos con la vida democrática a través del diálogo y del consenso a una simple teatralización”. Para él, la representación de un país, el protocolo y la dinámica del evento son herramientas para alcanzar un objetivo mayor: que los jóvenes aprendan a investigar, argumentar, escuchar otras posiciones, respetar las opiniones diferentes y, fundamentalmente, encontrar caminos de consenso frente a una problemática.

“Lo fundamental del modelo de Naciones Unidas es lograr que los estudiantes puedan argumentar y estructurar sus argumentaciones sobre bases sólidas”, señaló.

Esa idea también forma parte de su manera de entender cualquier proyecto educativo. Actualmente integra la Asociación Civil Puentes Enteros y participa de iniciativas relacionadas con la formación de jóvenes. Desde allí sostiene que toda propuesta destinada a estudiantes debe tener objetivos académicos y pedagógicos claros.

Con los años, Julián pudo comprobar en otros jóvenes el efecto que puede tener la experiencia. “He visto alumnos que les costaba hablar, que les costaba expresarse o que les costaba plantear una opinión, participar de dos o tres modelos de Naciones Unidas y al tercero dar un discurso fluido, coherente y cargado de una argumentación importante y fructífera”, cuenta.

También vio el caso contrario: jóvenes que ya tenían una importante capacidad de comunicación y encontraron en el modelo una herramienta para potenciarla. En su caso particular, asegura que siempre tuvo facilidad para expresarse y que eso hizo que los primeros pasos fueran algo más sencillos. Pero fue la experiencia acumulada la que le permitió descubrir que las ciencias sociales eran el ámbito en el que quería desarrollarse.

“Para mí el modelo fue muy relevante en mi vida, fue un antes y un después porque encontré mi vocación y entendí que mi vocación tenía que ver con la comunicación en primer lugar y con el derecho también acompañado de la comunicación”, afirmó.

Esa definición terminó orientando sus estudios. Primero eligió el periodismo, una formación que pudo realizar en San Francisco, y posteriormente decidió estudiar Derecho. Para Pronello, ambas carreras terminaron complementándose con las herramientas que había incorporado durante su experiencia en los modelos.

Su recorrido académico terminó llevándolo al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, donde actualmente trabaja. Allí volvió a encontrarse con una necesidad que, de alguna manera, mantiene relación con lo que había aprendido durante su adolescencia: la importancia de comunicar, explicar y construir argumentos. Dentro del Poder Judicial participa del Programa Comunitario de Referentes Judiciales, una iniciativa que tiene como objetivo acercar la Justicia a la comunidad.

Pronello explica que muchas personas tienen dificultades para comprender cómo funciona el Poder Judicial, qué organismos lo integran o a qué lugar deben acudir cuando tienen un problema. “Siempre fue como un gran monstruo donde la gente temía entrar porque básicamente desconocía cómo funcionaba”, describió.

Frente a esa situación, el programa busca que sean empleados y funcionarios judiciales quienes se acerquen a la comunidad, se relacionen con referentes locales y expliquen de manera directa cómo funciona la Justicia. Se trata de una actividad voluntaria que los integrantes realizan por fuera de su horario laboral y sin recibir un ingreso adicional. Cada grupo trabaja con una comunidad determinada. En el caso de Pronello, actualmente articula actividades entre San Francisco y Porteña.

La historia de Julián Pronello tiene un hilo conductor: la comunicación como herramienta para acercarse al otro. Primero apareció en un adolescente al que le gustaba la historia y quería debatir. Después se transformó en una elección profesional. Y finalmente encontró un espacio de aplicación en el trabajo judicial y comunitario.

El Modelo de Naciones Unidas le enseñó, según su propia experiencia, a expresarse, construir argumentos, escuchar activamente y sostener una discusión con fundamentos. La universidad le permitió profundizar esos conocimientos desde el periodismo y el Derecho. Y su actividad actual le permite utilizarlos para acercar una institución pública a la comunidad.

Pero también hay una enseñanza que Pronello considera fundamental y que excede cualquier carrera o profesión: la posibilidad de comprender que frente a una diferencia no necesariamente tiene que existir un enfrentamiento.