El abogado y exjuez Oscar Venica aseguró que la prohibición dictada por el magistrado Alejandro Maraniello sobre la difusión de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, constituye “claramente” un caso de “censura previa”, lo cual está “prohibido” por la Constitución Nacional.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Venica remarcó que “aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república”. En ese sentido, criticó la postura del Gobierno nacional: “Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite”.

Venica cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Fue consejero titular por los jueces del interior en el Consejo de la Magistratura de Córdoba, corredactor del actual Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, juez de Primera Instancia en Marcos Juárez y San Francisco, y vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

-              El exintegrante de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, habló de “un caso de censura previa”. ¿Podría explicar qué significa jurídicamente este concepto y por qué está prohibido en la Constitución? ¿Cuáles son los principales problemas procesales que observa en la decisión del juez Maraniello?

Ya el texto original de la Constitución Nacional (1853) establecía en su artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”. Fue una reacción a los regímenes absolutistas, España incluida, que tenían establecidos organismos públicos a quienes debían someterse a examen tanto libros como noticias a aparecer en la prensa. Por esa razón, en las primeras hojas de un libro se colocaba la leyenda ‘con las licencias necesarias’, y se añadía la autorización puntual para su publicación. La circulación de libros o periódicos sin dicho aval era un delito. Si bien de la sola indicación que la Argentina adopta la forma republicana, se deduce la prohibición de censura previa, los constituyentes estimaron conveniente consagrarlo expresamente.

Es un principio sostenido desde sus inicios por el liberalismo político. Muy equívocamente suele equipararse entre nosotros, especialmente en lo económico, liberal y conservador, siendo que el liberalismo nació como oposición al conservadurismo. Y en ese sentido es tomado en la mayoría de los países, como Estados Unidos, por ejemplo. Por otro lado, eso no significa que hay libertad para insultar, injuriar o publicar falsedades impunemente. Simplemente que la sanción, civil o penal, de corresponder, será impuesta luego de la publicación, y no prohibida de antemano.

-              ¿Existen antecedentes en la Corte Suprema argentina o en la Corte Interamericana que respalden esta interpretación?

 Hay antecedentes, tanto de la Corte Suprema como de tribunales inferiores. No tengo presente que los haya de la Corte Interamericana con relación a la Argentina. Lo más cercano fue una resolución a instancias de Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico que publicaron información relacionada con un hijo no reconocido de Carlos Saúl Menem en la revista Noticias, y fueron condenados civilmente por la Corte por violación a la vida privada de Menem; hay que aclarar que se trató de la Corte llamada de la mayoría automática y estando Menem en la presidencia. De todos modos, no fue censura previa. La Corte Interamericana ordenó anular ese fallo por cuanto había violado el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, lo que fue resistido por la Corte nacional entendiendo que aquella carecía de facultades en ese sentido. Coincido con este criterio, porque de ser así, esa Corte Interamericana se convertiría en una cuarta o quinta instancia, según el fuero, de los procesos argentinos. Además, tampoco lo contempla la Convención que dio origen a ese organismo. Sus facultades se limitan disponer que el Estado Nacional repare los perjuicios causados.

-              ¿En qué condiciones un juez sí podría limitar la difusión de determinado material? ¿Hay algún margen legal?

Desde el punto de vista sustancial se trata claramente de censura previa, como se han pronunciado prácticamente todos aquellos que se han referido al tema. No he tenido acceso al fallo de modo que carezco de elementos para analizarlo procesalmente.  Ahora, tanto el Código Procesal de la Nación como el de Córdoba, y estimo que todos los del país, no contemplan medidas cautelares autónomas, es decir que puedan existir por sí misma sin una demanda, que puede ser simultánea o posterior. Aparentemente se trató de una cautelar sola, a la que luego, para consolidarla, debería seguir la demanda, que no imagino cual podría ser su contenido. Tal como lo dijo Maqueda, ex ministro de la Corte, la prohibición de censura es absoluta, sin perjuicio de las sanciones posteriores que pudieran proceder. En tiempos normales no hay posibilidad legal de dejarla de lado. Distinto sería frente a un conflicto bélico, como ocurrió en diversas oportunidades aún en las democracias más consolidadas.

-              ¿Cómo se equilibra el derecho a la intimidad de un funcionario público con el derecho a la información de la ciudadanía? ¿La condición de “funcionaria pública” de Karina Milei cambia el análisis jurídico frente a este caso?

Los funcionaros públicos son los que se llaman políticamente expuestos, y por ende más susceptibles que sus acciones tomen conocimiento general. Por otro lado, los audios en cuestión no están referidos a su intimidad sino a cuestiones de mucho interés público. Pero aunque lo fuera, de la misma manera que un particular, no tiene derecho a exigir censura previa tampoco, con mucha mayor razón una funcionaria.

-              ¿Existen riesgos de que este tipo de decisiones abran la puerta a un precedente restrictivo para la prensa?

No creo que esa malhadada decisión de un juez -para peor, expuesto a presiones por su delicada situación al ser varias veces denunciado ante el Consejo de la Magistratura- influya en futuras restricciones. Máxime frente al enérgico repudio que recibió.

-              ¿Qué mensaje transmite al sistema judicial y a la sociedad que un juez adopte este tipo de medida cautelar?

Obviamente, un pésimo mensaje al apartarse abiertamente nada menos que de una cláusula fundamental de la Constitución Nacional, relacionada estrechamente con el sistema democrático.  Aceptar esta clase de medidas es renunciar conscientemente a la libertad de prensa, pieza fundamental de una república. Es totalmente contradictorio que quienes proclaman ser liberales, más aún libertarios –que no se sabe bien qué es y que no existe en ningún país-, se aparten de sus propios principios y requieran medidas de esa clase. Y lo peor, que encuentren un juez que las admite. En mi opinión, y más allá de las denuncias que ya tiene, esa sola resolución es motivo suficiente para ser sometido al Jurado de Enjuiciamiento.

-              Algunos sostienen que difundir estos audios podría afectar la privacidad o la seguridad de una funcionaria. ¿Qué le responde a ese argumento?

En nada afecta la privacidad o la seguridad, y aún si lo hiciera, se vuelve a lo mismo: no puede haber censura previa. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No debe permitirse que algunos sean más iguales que otros.

-              ¿Considera que este fallo se inscribe en una tendencia más amplia de intentos de control sobre el discurso público?

No creo que exista esa tendencia, y menos de parte del Poder Judicial. Hay que reconocer que en muchas ocasiones se pretendió avanzar en ese sentido, pues es natural al poder, mal ejercido, creerse omnipotente. Por otro lado, llama la atención lo siguiente: si no hay audio alguno que importe el reconocimiento de un delito, ¿por qué apresurarse a pretender prohibirlo? Entonces, habría que pensar lo contrario, con lo que la hermanísima se estaría autodenunciando implícitamente.

-              ¿Qué le diría a quienes piensan que la libertad de expresión puede ponerse en tensión con la gobernabilidad o la estabilidad institucional?

Que están completamente errados. Aceptar esa posibilidad sería renunciar nuestro sistema institucional.

En enero de 1963, San Francisco vivía uno de esos veranos bochornosos. La ciudad parecía detener su marcha frente al embate de la temperatura. Pocas noticias locales confirmaban esta especie de parálisis. Entre ellas, se destacaba la venta del arquero de Sportivo Belgrano, Raúl “Indio” Navarro, a Huracán. Pero la frialdad noticiosa de la mayoría de los veranos se vio alterada por una polémica que protagonizaron dos jóvenes sanfrancisqueños en las páginas de LA VOZ DE SAN JUSTO. 

En aquel enero, el país atravesaba otra etapa de tensiones políticas. El gobierno de José María Guido había convocado a elecciones para julio, que finalmente llevarían a Arturo Illia a la presidencia. La Argentina vivía, como tantas veces, debates encendidos sobre su pasado y su presente, con divisiones marcadas, bastante similares a las de la actualidad.

En ese marco, un editorial de este diario (16 de enero)  llamó a defender “nuestra tradición histórica liberal y democrática”, aludiendo críticamente a los “impulsos de revisionismo histórico”. Mientras no negaba “la posibilidad de una discrepancia ni consideremos a los que discrepan como réprobos”, afirmaba que “el precio de la libertad es una eterna vigilancia”.

Pocos días después, otra nota editorial criticó a la realización de un curso de perfeccionamiento docente y criticaba el sesgo “rosista” de un curso docente, postura respaldada el 1 de febrero por una solicitada firmada por vecinos. Ese clima abrió la puerta a un cruce de ideas en las páginas de LA VOZ DE SAN JUSTO.

Dos jóvenes sanfrancisqueños, ambos luego con importante participación en la política, la economía y la diplomacia, protagonizaron un intercambio de opiniones áspero, pero respetuoso. Ajeno a las formas degradantes del presente. Desde posturas contrapuestas sobre los estudios históricos, mantuvieron una discusión a través de las páginas de este diario que, creemos, merece ser rescatada del archivo, aunque más no sea para cotejar su contenido profundo -no exento de polémica y conceptos ásperos- con las bravatas actuales del fuego cruzado de las redes sociales que agigantan la polarización y destierran la verdad.

El 8 de febrero de 1963, Jorge Alberto Vázquez, de 20 años y estudiante de Ciencias Políticas, publicó un artículo titulado “Señores, la verdad no teme”. Allí cuestionó la posición de este diario y de los vecinos firmantes, defendiendo el derecho “de beber en las fuentes de la investigación histórica a la luz de nuevos documentos (…) que abren un nuevo panorama para las generaciones presentes que desean saber de dónde vienen para así avizorar el futuro”.

Escribió además: “En nuestra patria, que agoniza por falta de comprensión y amor, nos enseñan desde los primeros años a decir: ‘El grande Sarmiento, el sinvergüenza Rosas’ y reducimos nuestra historia a una polémica que gira sobre estos personajes”.

Tras afirmar que ambos protagonistas de nuestra historia tuvieron aciertos y errores, concluyó: “La historia no es un Dios y, por lo tanto, es tocable y discutible, no se hace con fanatismos, no se hace con mitos. Y si la historia oficial es la verdad, ¿qué problema tendrán sus defensores al ver que la critican? Porque, señores, la verdad no teme”.

La respuesta llegó el 14 de febrero. Domingo Felipe Cavallo, con 16 años y egresado del secundario, publicó la nota “Defendamos la verdad”. Allí afirmó: “Lo que teje la historia es el hecho memorable. Sin hecho trascendental no hay acontecimiento. Y la historia es, precisamente, la urdimbre científica de estos acontecimientos que deben perpetuarse”.

Tras criticar duramente la época de Rosas, sostuvo que “con estos hechos puede hacerse crónica de una época desgraciada, pero no historia”. En tono crítico, calificó el artículo de Vázquez de “pedante”, acusándolo de hablar de historia “con jactanciosa suficiencia y desaprensión”, y de pretender representar a la juventud. Finalmente expresó su indignación frente a un texto que –según dijo– “pretende ridiculizar la actitud de un grupo de ciudadanos de conocida personalidad y patriotismo”.

La discusión prosiguió el 16 de febrero, cuando Vázquez respondió a Cavallo a través de una nota titulada “Señor, la historia no excluye la educación”. Afirmó allí que “en ningún momento he dicho que represento a nadie”. Tras aludir a las críticas de Cavallo a Rosas, escribió: “Muy bien dije yo que el Restaurador de las Leyes tiene sus errores y sus aciertos. Pero si usted quiere atacarlo, tiene libertad de hacerlo, lo que no significa que tenga la verdad”. Tras defender el revisionismo histórico y señalar que “el hombre tiene que ir hacia la verdad y no esperar que se la traigan”, invitó a Cavallo a un debate en el Centro Cultural, bajo “las condiciones que dispondremos en una entrevista previa”.

 En la edición del 19 de febrero de 1963, Domingo Cavallo declinó la invitación al debate público. Pero rebatió la acusación de Vázquez de que le adjudicaba la intención de representar a toda la juventud, señalando que “yo no he dicho “representa” sino que “pretende representar” a los jóvenes. “Usted no hizo una mera exposición de opiniones: ha atacado a personas por el solo hecho de no opinar como usted”, señaló.

Se pronunció a favor de “que se revise la historia en general. Pero me refiero a un revisionismo sano, movido -como usted dice en su última solicitada- por las ansias de la verdad”.  Dijo que no debatiría públicamente pues “nunca lograremos ponernos de acuerdo, puesto que, si no han logrado convencerlo los historiadores, mal puedo convencerlo yo”. Y “si la invitación es para determinar quién conoce más historia, le manifiesto humildemente que no me avergonzaría saber menos que usted, pues en mi condición de perito mercantil no pretendo saber más que un “universitario”. Finalmente, sostuvo estar orgulloso de “los principios que me enseñaron a sostener en el Colegio Nacional San Martín”.

Compartiendo su condición de sanfrancisqueños, los caminos ideológicos y políticos de Vázquez y Cavallo trazaron rumbos distintos. No obstante, ambos desempeñaron roles importantes durante el gobierno de Carlos Menem.  Vázquez fue diplomático y representante argentino ante la ONU, mientras Cavallo se convirtió en ministro de Economía y autor del plan de convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem.

En 1992 sus diferencias volvieron a quedar expuestas: Vázquez renunció a su cargo en la ONU por no compartir los lineamientos del programa económico de Cavallo, criticando el proceso de privatizaciones.

Pero más allá de las discrepancias, aquel debate en las páginas de este diario, hace ya 62 años, revela la convicción de dos jóvenes y su claridad conceptual para defender sus posturas. A diferencia de la agresividad de este tiempo y a pesar de sus profundas diferencias, defendieron sus convicciones con altura y respeto.

Jorge Alberto Vázquez nació en 1943. Se graduó en 1965 como licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Católica de Córdoba. En 1967 ingresó al Servicio Exterior argentino. Se desempeñó como subsecretario de Relaciones Exteriores en 1973. Detenido por la dictadura militar, fue liberado en 1978. Fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y embajador en República Dominicana durante el gobierno de Alfonsin. A partir de 1989, se desempeñó representante de la Argentina en las Naciones Unidas y también en Chile. En 1995 fue candidato a vicegobernador de Buenos Aires por el Frepaso. Casado con Elisabet Amsler, tuvo cuatro hijos, entre ellos la modelo María Vázquez, esposa del polista Adolfo Cambiaso. Falleció el 16 de marzo de 2007.

Domingo Felipe Cavallo nació en1946. Contador público y doctor en Economía. Su protagonismo en la vida pública de nuestro país estuvo marcado principalmente por su rol como ministro de Economía de la Nación entre 1991 y 1996 y también entre marzo y diciembre de 2001. Ocupó cargos directivos en el Banco de la Provincia de Córdoba, fue presidente del Banco Central, diputado nacional, ministro de Relaciones Exteriores entre 1989 y 1991 y candidato a la presidencia de la Nación.  Más allá de las vicisitudes de su accionar como funcionario público, sus análisis económicos siguen siendo insumos importantes para los mercados y las decisiones políticas.  Casado con Sonia Abrazian, tiene tres hijos.

“Papá, ¿qué hice de malo?” preguntó uno de los chicos, con la inocencia herida de quien empieza a comprender que el mundo de los adultos está plagado de absurdos.

Cuando el hecho se conoció, esa pregunta resonó con fuerza. Y la respuesta desgarra. Un grupo de niños de 9 años -niños, conviene subrayarlo- fueron sancionados por su club, Newell’s Old Boys, tras tomarse una foto con el jugador de Rosario Central, Ignacio Malcorra. Un gesto genuino de admiración, propio de cualquier chico que sueña con ser futbolista, fue interpretado por los "formadores" del club como una traición a los colores. ¿El castigo? Separación del plantel y prohibición de entrenar. El mensaje es brutal: al rival no se lo respeta. Mucho menos se lo admira. Se lo odia.

La decisión expone una subversión alarmante de los valores esenciales de la convivencia. Se transforma, además, en una señal de alerta contundente sobre las enseñanzas que se inculcan en ciertas academias deportivas. En lugar de educar en el respeto, en el compañerismo, en la admiración por el talento y la dedicación -aunque el ejemplo venga del "otro"- se fomenta la división, el resentimiento y la intolerancia. En lugar de formar, se deforma.

Es verdad que el sectarismo no nos es ajeno. Se evidencia en la agresividad permanente de buena parte de la dirigencia política y en redes sociales donde se ataca con crueldad y se cancela a quien piensa diferente. No sorprende, entonces, que la formación deportiva castigue la admiración y premie el fanatismo ciego. Que se enseñe que la camiseta vale más que los valores, que la pertenencia institucional es un dogma y que al "otro" hay que despreciarlo por no compartir los mismos colores. Es un mensaje perverso. El deporte, que debería ser una herramienta de integración, termina convertido en un dispositivo de adoctrinamiento.

La inteligencia emocional -la capacidad de reconocer, comprender y gestionar emociones propias y ajenas- es central en la formación de una persona. Fomentar el respeto y la empatía debería ser una prioridad si aspiramos a recomponer el tejido social. Por ello, además de absurda, la sanción -que, ante el escándalo, el club rosarino intenta ahora matizar- es una postal desoladora: distorsiona la escala de valores y convierte en delito el simple hecho de tomarse una fotografía con un jugador rival.

La conclusión es inquietante: se instala la idea de que la identidad se construye negando al otro. No puedo aplaudirlo. No me dejan reconocerlo. Tengo que despreciarlo para que me acepten.

No, nene. No hiciste nada malo. Lo que está mal es que te hayan hecho creer que esa foto traiciona tus sentimientos. Está muy mal que te obliguen a elegir bandos desde la infancia. Pero lo peor es que quienes deberían guiarte, educarte y comprenderte, te hayan usado para expresar su resentimiento y su odio.

El presidente Javier Milei eliminó el tuit en el que promocionaba el token cripto $LIBRA, vinculado al proyecto Viva La Libertad Project, tras reconocer que no estaba al tanto de los "pormenores" de la iniciativa. En un nuevo mensaje, explicó su decisión y apuntó directamente contra la "casta política" por intentar sacar rédito del episodio.

"Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", agregó.

En el mismo posteo, Milei cargó contra sus adversarios: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡VLLC!", concluyó.

El pasado 14 de febrero, Milei sorprendió al anunciar en X (ex Twitter) el lanzamiento de Viva La Libertad Project, una iniciativa presentada como un puente entre inversores internacionales y emprendedores argentinos, a través del token $LIBRA.

En su publicación original, el presidente describió el proyecto como una herramienta para financiar pequeñas empresas y startups. Poco después, confirmó a Bloomberg Línea que el proyecto era real y que implicaba "puro financiamiento privado", aunque aclaró que no estaba directamente involucrado en su desarrollo.

Según la web oficial de Viva La Libertad Project, el token $LIBRA operaba en la blockchain de Solana, y prometía financiar proyectos locales a través de un formulario de registro online. Sin embargo, no especificaba criterios de selección ni detalles técnicos sobre la distribución de los fondos, lo que despertó dudas en el mundo cripto.

El sitio también ofrecía una dirección de contacto con un correo de Gmail, lo que generó críticas y sospechas sobre la seriedad del proyecto.

El anuncio del token generó fuertes reacciones. Desde la comunidad cripto, el influencer Javier Bastardo le preguntó directamente a Milei si le habían hackeado la cuenta. La trader Lady Market advirtió que el token "tenía dos cuentas con el 70% del supply" y pidió explicaciones.

Uno de los más críticos fue el economista liberal Carlos Maslatón, quien acusó públicamente a Milei de estar "directamente involucrado en un fraude criptográfico" y calificó el episodio como "causal de juicio político".

Desde el entorno presidencial, confirmaron a Agencia Noticias Argentinas que no hubo hackeo de la cuenta del presidente, desmintiendo las especulaciones iniciales.

Por otro lado, Milei había anticipado que la empresa detrás del proyecto, KIP Protocol, emitiría un comunicado para dar más detalles. Sin embargo, hasta el momento, no se difundieron más aclaraciones sobre la iniciativa.