Un hombre fue aprehendido durante la noche del martes en San Francisco, en el marco de una investigación por una tentativa de robo ocurrida en el centro.

De acuerdo con la información brindada por la Unidad Regional Departamental San Justo, el procedimiento se registró alrededor de las 22, cuando personal policial se dirigió a inmediaciones de Bv. 9 de Julio al 2200.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a una joven de 24 años, quien manifestó que momentos antes un hombre habría intentado sustraerle su cartera de mano mediante la fuerza. El hecho no llegó a concretarse y el sospechoso se dio a la fuga.

A partir de las características y datos aportados por la damnificada, los policías realizaron un recorrido por el sector y divisaron a un hombre que, al advertir la presencia de los efectivos, comenzó a escapar a pie.

Tras un seguimiento, el hombre fue alcanzado e identificado por el personal policial.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Turno, desde donde se dispuso su aprehensión y traslado a sede policial. El hombre quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Durante el primer semestre de 2026, la Policía de Córdoba secuestró más de 340.000 dosis de droga en distintos procedimientos realizados en toda la provincia, en el marco de las acciones preventivas e investigativas impulsadas para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

Según informó el Ministerio de Seguridad, entre el 1 de enero y la fecha la fuerza provincial incautó 97,24 kilogramos de marihuana, 29,66 kilogramos de cocaína y 1.814 plantas de cannabis. En conjunto, los estupefacientes retirados de circulación representan un valor estimado superior a los 4.700 millones de pesos en el mercado ilegal.

Los procedimientos se desarrollaron en los 26 departamentos de Córdoba mediante controles preventivos, allanamientos e investigaciones criminales llevadas adelante por las distintas áreas operativas e investigativas de la Policía.

Del total de droga secuestrada por peso, la marihuana representó el 76,7%, mientras que la cocaína alcanzó el 23,3%, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que los resultados reflejan la decisión de enfrentar al narcotráfico con distintas herramientas del Estado. "Más de 340.000 dosis que no llegaron a las calles significan miles de oportunidades menos para que el narcotráfico avance sobre nuestros barrios y nuestros jóvenes. Pero también representan un golpe económico de casi 5.000 millones de pesos contra las organizaciones criminales", afirmó.

Asimismo, sostuvo que la estrategia provincial combina presencia territorial, investigación criminal, incorporación de tecnología y coordinación permanente con la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y las fuerzas federales. En ese sentido, remarcó que "la lucha contra el narcotráfico no se gana con un solo operativo, se gana con inteligencia criminal, con controles permanentes y con un Estado presente que golpea a estas organizaciones donde más les duele: en su capacidad económica y operativa".

Finalmente, Quinteros indicó que cada procedimiento representa "menos violencia, menos delito y más tranquilidad para los cordobeses" y ratificó el compromiso de fortalecer la capacidad operativa de la Policía para impedir que las drogas lleguen a los barrios.

Un hombre mayor de edad fue trasladado a la Unidad Judicial luego de ser interceptado por personal de la Guardia Local mientras llevaba una motocicleta a tiro en las inmediaciones del Superdomo.

El procedimiento se inició alrededor de las 6 de la mañana, cuando personal de la Guardia Local fue comisionado por la Central de Monitoreo a la zona del Superdomo ante el aviso sobre un hombre que trasladaba una motocicleta.

Los agentes lograron ubicar al sospechoso en calle Poeta Lugones al 900. El hombre llevaba una motocicleta de color azul que no tenía dominio colocado.

En el lugar también intervino personal policial, que colaboró en las actuaciones posteriores. Mientras se desarrollaba el procedimiento, se logró localizar a la propietaria del rodado.

La mujer manifestó que había dejado estacionada la motocicleta en la playa destinada a motos ubicada sobre calle General Arenales. Según indicó, al retirarse del local bailable Atlantis advirtió que el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

A partir de esta situación, las autoridades dispusieron el traslado del hombre a la Unidad Judicial, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se desarrolló tras la intervención de la Central de Monitoreo y la actuación conjunta de la Guardia Local y la Policía, lo que permitió recuperar la motocicleta y ubicar a su propietaria.

Tres mujeres mayores de edad fueron aprehendidas en San Francisco en el marco de una investigación por un hecho de hurto ocurrido durante un evento musical realizado en el Gigante de Bomberos.

El procedimiento fue llevado a cabo durante la noche por personal de Investigaciones, luego de que se receptaran denuncias por la sustracción de teléfonos celulares pertenecientes a asistentes al espectáculo.

Según informó la Policía, las mujeres, oriundas de la ciudad de Córdoba, fueron identificadas y detenidas en el marco de las actuaciones iniciadas tras los hechos denunciados. El recital fue el de Las Pastillas del Abuelo.

Las sospechosas fueron trasladadas y alojadas en sede policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Turno.

La causa continúa en etapa investigativa mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar la participación de las aprehendidas en los hechos denunciados.

Una mujer de 76 años resultó con lesiones leves luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana del martes en la intersección de Salta y Formosa, en San Francisco.

Según informó personal del CAP, la mujer circulaba a pie por calle Salta cuando, por causas que son materia de investigación, fue colisionada por una camioneta Chevrolet Sprint gris, conducida por un hombre de 55 años.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias , que asistió a la peatona y posteriormente la trasladó a una clínica privada para una mejor atención. 

Tras ser examinada por profesionales médicos, se le diagnosticaron lesiones leves, informaron las fuentes consultadas.

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en San Francisco, acusados de haber sustraído un teléfono celular en el marco de un evento bailable desarrollado en el Gigante de Bomberos Voluntarios.

El procedimiento policial se inició tras la denuncia realizada por la víctima, quien advirtió el faltante de su dispositivo móvil mientras se encontraba en el lugar. A partir de ello, se logró rastrear el teléfono mediante una cuenta de Gmail vinculada al aparato, lo que permitió establecer una ubicación aproximada.

Con esa información, personal policial desplegó un operativo en las inmediaciones del predio y logró localizar el dispositivo dentro de un automóvil estacionado cerca del lugar donde se desarrollaba el baile.

Al controlar el vehículo, los efectivos identificaron a sus ocupantes, un hombre y una mujer, y constataron que tenían en su poder el celular denunciado como sustraído.

Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

En la mañana de este martes, entre las 5 y las 7, personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba junto al grupo ETER llevó adelante tres allanamientos simultáneos en la ciudad de San Francisco, en el marco de una causa por robo calificado por el uso de arma operativa.

Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de Oscar Gieco.

Dos de los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados sobre calle Amadeo Belén Cabrera, mientras que el restante tuvo lugar en una vivienda de calle Dante Agodino.

Según se informó oficialmente, los operativos arrojaron resultados positivos. Durante los procedimientos, los investigadores lograron secuestrar parte del dinero sustraído y también el teléfono celular de la víctima del hecho.

Además, se procedió a la detención de dos personas sindicadas como autoras del robo: un menor de 15 años y un joven de 22 años.

La causa está relacionada con un robo calificado por uso de arma operativa ocurrido el pasado 10 de mayo en barrio Hernández.

Desde la investigación destacaron que, con las detenciones y el secuestro de los elementos vinculados al hecho, el delito quedó “totalmente esclarecido”.

Una mujer de 27 años fue detenida durante la mañana de este domingo en inmediaciones de un local bailable del centro de San Francisco, acusada de resistencia a la autoridad y lesiones a personal policial, tras un incidente registrado a la salida del establecimiento.

Según se informó, efectivos policiales que cumplían servicio adicional en el boliche Ibiza observaron una pelea entre dos mujeres en la vía pública, por lo que intervinieron con el objetivo de separarlas.

En ese contexto, una de las involucradas habría agredido físicamente al personal policial, provocándole a una uniformada una lesión en el rostro.

Ante la situación, la mujer fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que interviene en la causa.

Las amenazas de tiroteos en escuelas, replicadas en los últimos días en distintos puntos del país y también en San Francisco, no solo encendieron la alarma en la comunidad educativa, sino que dejaron al descubierto el fuerte impacto operativo y económico que cada caso genera para el Estado. En ese contexto, el comisario inspector Pablo Nieto, director de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, puso el foco en la magnitud de los procedimientos y respaldó la decisión oficial de trasladar esos costos a los responsables.

Los mensajes, con frases como “Mañana, tiroteo. No vengan”, aparecieron en al menos tres instituciones locales y derivaron en intervenciones inmediatas. Aunque en todos los casos se trató de amenazas falsas, el protocolo obliga a actuar como si el riesgo fuera real. “No las podemos subestimar ni descartar. Trabajamos por protocolo, igual que con las amenazas de bomba, como si fuera un hecho real”, explicó Nieto a LA VOZ DE SAN JUSTO.

El jefe policial describió un despliegue que se activa desde el primer momento y que involucra a múltiples áreas. “Desde que se toma conocimiento, se activa un protocolo de seguridad que incluye servicios de emergencias, policía, guardias locales y unidades especiales como Eter (Equipo de Tácticas Especiales Recomendable) e Infantería”, detalló. Y agregó: “Tenemos que trabajar simultáneamente para confirmar o descartar la amenaza, lo que implica movilizar una gran cantidad de recursos”.

En términos concretos, el operativo en cada establecimiento no es menor. “Trabajamos con tres móviles por escuela, con un jefe de operativo, más un móvil de Investigaciones y una brigada”, precisó. A esto se suma el equipamiento específico ante la posibilidad de un tirador activo, como protección balística, escudos y unidades tácticas preparadas para intervenir.

“Mover móviles, movilizar servicios especiales, alertar sistemas de emergencia, tener todo un equipo preparado para un caso que, gracias a Dios, fueron solo amenazas, tiene un costo importante”, subrayó. En esa línea, se mostró de acuerdo con la decisión del Gobierno provincial: “Corresponde que se haga un resarcimiento y que los responsables se hagan cargo de los gastos”.

Córdoba endurece medidas

La Provincia dispuso que los costos derivados de estos operativos sean reclamados a los padres o adultos responsables cuando los autores sean menores. La medida apunta a recuperar los recursos utilizados y a desalentar este tipo de conductas que alteran el funcionamiento escolar y generan temor en la comunidad.

“Hay una responsabilidad penal, pero también una responsabilidad civil. Y corresponde el resarcimiento de los daños ocasionados”, sostuvo el comisario, al referirse al alcance de la decisión oficial.

Más allá del despliegue en territorio, el funcionario advirtió que la investigación continúa en el plano digital. “Esto no queda solamente en una broma o en un reto. Tenemos que investigar qué hay de fondo, quién está detrás, qué organización o qué red está influenciando a los chicos”, señaló. En ese sentido, destacó el trabajo de la división de Cibercrimen para rastrear direcciones IP, dispositivos y posibles conexiones con redes que operan a través de plataformas digitales.

“Creemos que hay una autoría intelectual detrás de esto que motiva a los adolescentes a generar estas amenazas”, afirmó Nieto, al tiempo que remarcó que estos hechos constituyen delitos. “No son bromas. Son amenazas contempladas en el Código Penal y deben ser investigadas como tales”, insistió.

El fenómeno, además, abre un debate más amplio sobre el rol de las familias. El comisario fue enfático al advertir sobre la falta de control en el uso de dispositivos. “Hemos perdido como padres el control de nuestros hijos a través de la pantalla de un celular. No sabemos qué hacen, en qué sitios están o con quién interactúan”, expresó.

Nieto dejó un mensaje dirigido a la sociedad: “Es un tema que se tiene que tratar desde la familia, que es la primera sociedad. Lo que pasa ahí después se refleja en la comunidad”. También llamó a recuperar el diálogo cara a cara y a supervisar el uso de la tecnología en adolescentes.

Mientras la Justicia avanza con las imputaciones en San Francisco, el endurecimiento de las medidas en Córdoba busca no solo sancionar estas conductas, sino también desalentar su repetición. El costo de cada falsa amenaza, advierten desde la Policía, ya no será solo simbólico.

Un arrebato ocurrió en la noche del martes en la vía pública y  se logró recuperar el teléfono sustraído, aunque los autores permanecen prófugos.

El hecho se registró alrededor de las 20.15, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre el robo. Según indicó la víctima, minutos antes, en la intersección de calles Libertador Norte y Entre Ríos, dos sujetos le sustrajeron su celular, un iPhone 16 de color blanco con funda transparente y detalles fucsia.

La mujer aportó características físicas de los presuntos autores, quienes se movilizaban en una motocicleta blanca tipo Wave y escaparon por calle Pueyrredón en sentido norte.

A través del seguimiento por cámaras de seguridad del sector, se logró constatar el hecho y reconstruir el recorrido de los sospechosos, quienes circulaban en contramano por calle Pueyrredón hacia avenida Rosario de Santa Fe y luego hacia el este. Con esta información, se alertó a los móviles policiales de la zona, a quienes también se les enviaron imágenes de los individuos.

Minutos después, efectivos lograron recuperar el teléfono sustraído en la intersección de Brigadier Bustos y Güemes. Sin embargo, los delincuentes lograron darse a la fuga y continúan siendo buscados.

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron tres allanamientos en Villa María y San Francisco, que culminaron con la detención de dos personas mayores de edad y el cierre de un punto de distribución de estupefacientes.Los procedimientos se llevaron a cabo en una celda del Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María y en dos domicilios de San Francisco, ubicados en José Ingenieros al 400 y San Francisco al 3900, en los barrios Sarmiento y Parque, respectivamente. Durante los registros, tanto en la celda como en las viviendas, se secuestraron $495.400, US$ 11.290 y elementos de interés para la causa.De acuerdo a la investigación, el principal implicado se encontraba detenido en Villa María por una causa de homicidio y, desde allí, coordinaba la actividad ilícita en San Francisco. En ese esquema, una de las detenidas se encargaba de la distribución de estupefacientes y de recaudar el dinero, mientras que la otra tenía como función el acopio del efectivo.

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El operativo está vinculado con un procedimiento previo realizado por la FPA el pasado 13 de marzo, cuando se allanaron seis domicilios, se detuvo a cuatro personas y se incautaron varias dosis de marihuana, $190.000, una escopeta, 74 cartuchos calibre 20 y otros elementos relacionados con la investigación.Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco, se ordenó la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de las detenidas a sede judicial, donde quedaron imputadas por comercialización de estupefacientes. En tanto, el principal investigado también fue imputado en el marco de la misma ley.

En horas de la tarde del sábado 28 de marzo, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) llevó adelante la detención de un hombre que contaba con un pedido de captura vigente, en un procedimiento realizado en la intersección de Almafuerte y Lamadrid, en barrio Cottolengo de San Francisco.

De acuerdo a la información oficial, los efectivos procedieron a la identificación en la vía pública de un joven de 27 años, quien registraba un pedido de detención solicitado por la Policía de Santa Fe.

El requerimiento judicial está vinculado a un hecho de robo calificado por el uso de arma de fuego, con fecha del 24 de marzo de 2026.

Ante esta situación, se procedió a su inmediata detención y traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía solicitante.

Una niña se ahogó con un lápiz y, mediante un llamado al 911, su mamá logró salvarla. Ocurrió en la noche de este sábado en b° Müller, al este de la ciudad de Córdoba.

Según informó la Policía de Córdoba, la situación comenzó cuando el objeto obstruyó las vías respiratorias de la pequeña. Al darse cuenta, su madre llamó a la línea de emergencias pidiendo auxilio.

A través de la llamada telefónica, el operador brindó las instrucciones para realizar la maniobra de Heimlich.

Al mismo tiempo, personal policial acudió al domicilio de la familia y trasladaron a la pequeña junto a su madre al Hospital de Niños para su asistencia.

En un lapso de tres días, San Francisco registró dos amenazas de bomba que generaron preocupación y motivaron operativos preventivos de la Policía. Aunque las inspecciones realizadas descartaron la presencia de artefactos explosivos, los llamados activaron protocolos de seguridad y movilizaron recursos de distintas áreas del sistema de emergencias.

Estos episodios reavivaron el debate sobre el impacto que provocan las falsas alarmas. Cada advertencia obliga a desplegar personal policial, coordinar acciones con otras instituciones y analizar la situación como si el peligro fuera real hasta descartar cualquier riesgo. Además de la inquietud que se genera entre quienes se encuentran en los lugares afectados, también se altera el funcionamiento de actividades y servicios.

LA VOZ DE SAN JUSTO entrevistó al comisario José Luis Martel, coordinador de la Brigada de Explosivos Norte y Sur de la Policía de la Provincia de Córdoba, quien explicó cómo actúa la unidad especializada y cuáles son las consecuencias que tienen estas amenazas.

-          ¿Cuál es el rol específico de la Brigada de Explosivos dentro de la Policía y en qué tipo de situaciones interviene?

Intervenimos en todo aquello que tenga que ver con la palabra explosivo, o sea, amenaza de bomba, restos de explosivos que se encuentren, todo lo que intervenga con explosivos, ya sea en la prevención o en la ejecución de la acción. Siempre vamos a tratar del resguardo de la vida y de los bienes.

-          ¿Con qué frecuencia reciben alertas o intervenciones vinculadas a explosivos o amenazas de bomba?

En el ámbito de la Departamental San Justo específicamente no han sido muchas. En estos últimos dos años hemos tenido tres llamadas. Hacía aproximadamente un año que no se registraban episodios de este tipo en la región. En la provincia en general estamos manejando alrededor de 70 u 80 intervenciones por año.

-          ¿Qué tipo de capacitación reciben los integrantes de la brigada para actuar en este tipo de emergencias?

Primero se tiene que ser policía y tener cierta antigüedad dentro de la institución. Luego se realiza un curso interno que dura aproximadamente tres meses. En esa capacitación intensiva se abordan artefactos explosivos reglamentarios de uso militar, explosivos no reglamentarios y los protocolos de intervención. Hay casos en los que solamente existe una llamada y no hay nada que cause alerta en el lugar, y otros en los que aparece un objeto sospechoso. En función de la información disponible se determina cómo actuar.

“Siempre se trabaja como si la amenaza fuera real. Pedimos responsabilidad con la información y comunicarse siempre con el 911”

Martel explicó que el protocolo vigente es el número 7201 del año 2020, que establece diferentes procedimientos según la situación. “Hay casos en los que solamente existe una llamada y no hay nada que cause alerta en el lugar, y otros en los que aparece un objeto sospechoso. En función de la información disponible se determina cómo actuar, tratando de siempre llevar tranquilidad y hacerlo lo más organizado posible”, indicó.

-          ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una institución o una persona que recibe una amenaza de este tipo?

Lo primero es mantener la calma, tratar de ser organizados y dar aviso a la Policía al 911. A partir de allí nosotros somos informados por la Departamental y nos dirigimos al lugar.

El comisario también remarcó que la difusión inmediata por redes sociales puede complicar los operativos. “Cuando la información empieza a circular por grupos de WhatsApp, muchas personas se acercan al lugar o intentan retirar a familiares y eso genera desorden interno que puede afectar el trabajo que tenemos que realizar”, advirtió.

-          ¿Cuál es el protocolo que se activa cuando se recibe una amenaza de bomba en un edificio público o institución?

Cada intervención se evalúa de acuerdo con el contexto. No es lo mismo recibir la llamada antes, durante o después de un evento. También analizamos cuál puede ser la intención del llamado.

Por ese motivo, Martel aclaró que no siempre se aplican evacuaciones totales. “Podemos hacer evacuaciones parciales dentro del mismo edificio o incluso no evacuar. Todo depende de la información que tengamos y de la evaluación del riesgo”, agregó.

-          ¿Cómo se determina si una amenaza es real o se trata de una falsa alarma?

Por protocolo siempre se trabaja como si la amenaza fuera real. Lo que cambia es la forma en que se organiza la evacuación o la revisión del lugar.

-          ¿Qué errores suelen cometer las personas en estas situaciones y que deberían evitarse?

El error más grande es tomar la decisión de evacuar todo el lugar o suspender actividades sin antes consultar cómo se debe actuar. También influye mucho el manejo de la información en redes sociales, que muchas veces genera más confusión o desorden.

Además del impacto operativo y social, las falsas amenazas pueden derivar en sanciones penales. Martel recordó que el Código Penal contempla estas situaciones dentro del delito de intimidación pública.

“El artículo 211 habla de infundir temor público mediante amenazas o alertas de peligro común. Si se trata de una falsa amenaza de bomba y no hay explosivos, la pena puede ir de dos a seis años de prisión. Si existe un artefacto explosivo, el agravante puede llevar la pena de tres a diez años”, dijo.

-          ¿Las falsas alarmas generan un desgaste operativo para la brigada?

Sí, porque no solamente interviene la policía. También participan defensa civil, tránsito, centros asistenciales y bomberos. En ciudades grandes, una amenaza de bomba en el centro puede implicar millones de pesos en recursos movilizados por una sola llamada. Estos operativos obligan a desplegar personal preventivo, realizar cortes de calles y preparar dispositivos sanitarios ante la posibilidad de que haya heridos. Todo el sistema de emergencias se pone en funcionamiento para evitar mayores daños.

“La difusión inmediata por redes sociales puede complicar los operativos y afectar el trabajo de la brigada”

Martel también alertó sobre otro fenómeno que preocupa a las autoridades. Durante 2025 la Brigada de Explosivos registró un aumento de intervenciones vinculadas al hallazgo de artefactos explosivos en la vía pública o en domicilios particulares.

 “En muchos casos se trata de elementos de origen militar que llegaron a manos de particulares. Algunas personas los conservan como recuerdo o como adorno, creyendo que están inertes, pero no siempre es así”, sostuvo.

Según explicó, con el paso del tiempo algunos de esos objetos terminan siendo abandonados o entregados a la Policía para su desactivación. “Muchos creen que si llaman para informar que encontraron explosivos en sus casas serán penalizados por la ley, y no es así. Siempre recomendamos que llamen e informen para evitar complicaciones y realizar una extracción correcta”, añadió.

-          ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad?

En San Francisco se cuenta con personal de nuestra división para tratar de responder lo más rápido posible y dar tranquilidad. También se están realizando investigaciones para determinar el origen de las llamadas. Lo que pedimos es responsabilidad con la información y comunicarse siempre con el 911.

El impacto de estas amenazas no se limita al momento del operativo. Cada llamado obliga a reorganizar recursos policiales y de emergencia que podrían estar destinados a otras situaciones reales. El comisario recalcó que, aunque muchas veces los llamados se realizan como bromas o con la intención de generar una interrupción en una actividad, las consecuencias son reales. Cada amenaza es tratada como un posible hecho grave hasta que los especialistas finalizan el procedimiento.

La activación de estos protocolos también genera incertidumbre en la ciudadanía. Por eso, desde la Policía insisten en la importancia de la responsabilidad social y del manejo prudente de la información.

En horas de la mañana, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) intervino en una riña ocurrida en un local comercial de barrio Centro.

Según se informó oficialmente, los efectivos entrevistaron en Libertador Norte al 100 a una joven de 21 años, quien manifestó que se encontraba en el local “Pancho King” junto a su pareja, un joven de 18 años, cuando se apersonaron tres jóvenes de 18, 21 y 23 años, iniciándose una pelea en el lugar.

Ante la situación, el personal policial procedió a la aprehensión de los tres involucrados y su posterior traslado a sede policial. Los mismos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar los pasos a seguir.

Un hombre fue detenido en la madrugada en barrio Roca de San Francisco luego de tomar un remis, negarse a abonar el viaje y constatarse que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), que se encontraba realizando patrullaje preventivo en el sector. En ese contexto, los efectivos entrevistaron a un empleado de la empresa de transporte, quien manifestó que un pasajero se negaba a pagar el servicio prestado.

Al proceder al control del pasajero, se verificó que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente por el delito de hurto calificado, en relación a un hecho ocurrido el 26 de febrero de 2026 en la localidad de Devoto.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del masculino, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Turno de San Francisco.

En horas de la noche de este miércoles, personal del C.A.P. se constituyó en la intersección de calles Urquiza y Roma, donde entrevistó a un hombre de 54 años que manifestó haber observado a un sujeto de 31 años, forzar el candado de una casilla y sustraer elementos de montaje del interior.

Ante lo expuesto, los efectivos procedieron a la aprehensión del ladrón, quien fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

Posteriormente, tras realizar un rastrillaje por el sector, se lograron ubicar los elementos sustraídos, por lo que se procedió al formal secuestro de los mismos.

A las 19.30 de ayer, personal de la Guardia Local que se encontraba realizando tareas preventivas presenció un accidente de tránsito en la intersección de avenida Libertador Norte y avenida Rosario de Santa Fe, en San Francisco, donde una motocicleta de 110 cc embistió a una mujer que circulaba en bicicleta.

Tras el impacto, el conductor del rodado, quien se desplazaba acompañado por una mujer, se dio a la fuga del lugar sin brindar asistencia ni aportar datos a la víctima, dejándola en la vía pública.

Minutos después, en la intersección de avenida Libertador Norte y calle Entre Ríos, el personal actuante logró detener la marcha de la motocicleta involucrada. Al ser identificado, se constató que el conductor no portaba licencia de conducir y que el rodado no tenía dominio colocado. Asimismo, tanto el conductor como su acompañante circulaban sin casco reglamentario y sin la documentación correspondiente del vehículo.

Ante esta situación, se hizo presente personal de Seguridad Vial, que procedió a la retención de la motocicleta por las infracciones constatadas, labrándose las actuaciones correspondientes.

El policía del grupo Eter que le descerrajó dos balazos de plomo a una mujer que sufría una crisis psiquiátrica, y que presuntamente amenazaba a su familia con un cuchillo en un domicilio de barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, quedó detenido en las últimas horas por disposición de la fiscal Silvana Fernández. El sargento quedó preso por el presunto delito de lesiones gravísimas calificadas por uso de arma de fuego y por su condición de policía.

Será llevado al pabellón de los uniformados de la Cárcel de Bouwer.

En paralelo, según informó la Policía, quedó en situación pasiva y se le abrió un sumario en el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

Mientras tanto, la víctima de este caso se encuentra internada en el Hospital San Roque.

“No era necesario el uso del arma fuego por parte del efectivo por qué no había riesgo para terceros en el lugar. Así lo establece el protocolo de la Policía para estos casos”, señalaron fuentes calificadas con acceso a la causa a La Voz del Interior.

Lo sucedido, más allá de que se enmarcó en otro grave episodio de salud mental en un domicilio, a la par vuelve a poner en foco la capacitación y preparación que reciben los efectivos policiales en Córdoba.

Los interrogantes se potencian si se tiene en cuenta que el ahora acusado se desempeñaba en el Eter (Equipo de Tácticas Especiales Recomendables), el cuerpo de elite que tiene la Policía cordobesa.

No es la primera vez que un policía de ese cuerpo se ve involucrado en un grave caso en Córdoba. Nadie olvida aquel terrible episodio de años atrás cuando un instructor del Eter (Ariel Pedraza) ultimó de varios balazos a sus dos hijos en un departamento de barrio Alberdi en la Capital y, con la misma arma, se quitó la vida.

Volviendo al caso bajo investigación, todo sucedió el pasado martes 3 de febrero cuando ingresó un llamado al 911 en el que se informaba sobre una mujer que se encontraba alterada y con una aparente crisis psiquiátrica en un domicilio de barrio Pueyrredón, zona norte de la Capital.

Trascendió que un familiar llamó. La vecina, además, había ingerido pastillas.

Al cabo de unos minutos arribaron patrullas del CAP y los policías se dieron con que efectivamente una mujer, dentro del hogar, esgrimía un cuchillo tipo carnicero y amenazaba a familiares y a ella misma, según las fuentes consultadas.

Se vivía una altísima tensión. Una versión inicial dio cuenta de que se dispararon postas con gas pimienta. Pero no fue posible controlarla.

Fue así que, por protocolo, se convocó a personal del cuerpo Duar (de la Dirección Bomberos) y a efectivos del grupo de élite Eter de la Policía provincial.

Al cabo de unos minutos arribaron ambos grupos y un negociador (del propio Eter) comenzó a dialogar con la mujer para que entregara el cuchillo.

La intención era que depusiera su actitud y fuera trasladada a un centro de salud. El diálogo no prosperó.

Fuentes oficiales indicaron que la mujer habría intentado atacar a los efectivos del Eter. Otra versión señaló que habría llevado el cuchillo al cuello. Otra fuente refirió que todo sucedió prácticamente al mismo tiempo.

Fue en ese tenso momento que un sargento del Eter (con “vasta trayectoria”, según explicaron luego fuentes oficiales) abrió fuego con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros directo contra la mujer.

Uno de los impactos dio en una pierna. El otro, en el abdomen. La mujer cayó finalmente al suelo.

En medio de la conmoción y la tensión por lo sucedido, se llamó a una ambulancia que la trasladó hasta el Hospital San Roque, donde quedó internada.

Fuentes con acceso a la causa indicaron que quedó internada con pronóstico reservado.

El Eter cuenta con pistolas Taser (lanzan dardos electrificados) precisamente para estas situaciones como para toma de rehenes. Al parecer no había al momento del hecho.

En este sentido, el Gobierno planea adquirir 50 nuevas Taser para la Policía.

En el marco de las averiguaciones, la fiscal analizó las filmaciones de las cámaras de seguridad (“bodycams”) con que cuentan los efectivos. Además, valoró los testimonios iniciales y los testigos que se están incorporando, entre otras pruebas.

La funcionaria resolvió detener y acusar por lesiones graves calificadas agravadas al policía que tiró con plomo y dispuso que sea trasladado a la Cárcel de Bouwer.

Voceros de la causa enfatizaron que “no era necesario el uso del arma fuego por parte del efectivo por qué no había riesgo para terceros en el lugar. Así lo establece el protocolo de la Policía para estos casos”.

No se descarta que, conforme avance la prueba, puedan surgir otras imputaciones o cargos. No se sabe cuándo será indagado.

Mientras tanto, la víctima sigue internada en un centro de salud y se aguarda su evolución.

Si bien no se sabe todavía la posición exculpatorias del efectivo, fuentes policiales insisten que se debe “valorar la situación en general” y señalan que el policía “estaba a menos de 7 metros de la mujer con el cuchillo”.

En este sentido, enfatizan que “los 7 metros” es la distancia clave que permite a un efectivo reaccionar y accionar.

El punto es: no está claro que la mujer haya estado por atacar a los policías.

El caso se agrega a una serie de graves episodios con efectivos policiales en los últimos tiempos. En 2025, se registraron serios casos en Córdoba.

El caso Samuel Tobares. Los policías Guillermo Arce y Franco Romero siguen presos por el caso de Samuel Tobares, un muchacho que tenía 34 años y que murió en noviembre de 2025 en medio de un operativo el año pasado en Parque Síquiman. Los uniformados están presos por homicidio preterintencional por orden del fiscal Ricardo Mazzuchi, de Villa Carlos Paz. Esta  medida fue avalada por el juez de Control

El caso Guillermo Bustamante. El 24 de marzo, un hombre falleció en medio de un procedimiento de uniformados en una estación de servicio en barrio Villa Páez, de Córdoba capital. Se trataba de Guillermo Bustamante, quien tenía 39 años. Según la causa del fiscal Guillermo González, el hombre sufrió una crisis de comportamiento mientras cargaba combustible y llegaron policías. Con golpes, el hombre fue reducido y trasladado a un patrullero, donde finalmente falleció. Cinco policías fueron acusados por homicidio preterintencional. El fiscal quiere mandarlos a juicio, pero el expediente está en Cámara de Acusación.

La nena que perdió el ojo. En 2025, una nena sufrió la pérdida de un ojo producto de un balín de gas  pimienta disparado con un arma Byrna por un efectivo policial en un operativo en barrio Zepa B de la  ciudad de Córdoba. El efectivo participaba, con otros uniformados, de un procedimiento contra unos jóvenes que lanzaban piedras. Fuera de sí, el efectivo comenzó a tirar con un arma larga con balines de manera paralela al piso y le dio a una nena. Pese a haberla herido, siguió disparando.

El efectivo fue enviado a juicio por lesiones agravadas.

En horas de la noche, personal policial de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba tomó intervención en un grave hecho ocurrido en la localidad de Sacanta, a partir de la denuncia de una mujer de 34 años de edad.

Según se informó en el parte de prensa, la mujer manifestó haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, un hombre de 58 años, desde hace varios años. Además, indicó que el acusado le habría expresado intenciones de quitarse la vida.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía competente, que dispuso la detención del presunto padre abusador. El procedimiento se concretó en la localidad de Sacanta, donde además se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Redmi Note 9, color azul.

El detenido fue trasladado a la alcaidía de Las Varillas, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan la investigación.