En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron tres allanamientos en Villa María y San Francisco, que culminaron con la detención de dos personas mayores de edad y el cierre de un punto de distribución de estupefacientes.Los procedimientos se llevaron a cabo en una celda del Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María y en dos domicilios de San Francisco, ubicados en José Ingenieros al 400 y San Francisco al 3900, en los barrios Sarmiento y Parque, respectivamente. Durante los registros, tanto en la celda como en las viviendas, se secuestraron $495.400, US$ 11.290 y elementos de interés para la causa.De acuerdo a la investigación, el principal implicado se encontraba detenido en Villa María por una causa de homicidio y, desde allí, coordinaba la actividad ilícita en San Francisco. En ese esquema, una de las detenidas se encargaba de la distribución de estupefacientes y de recaudar el dinero, mientras que la otra tenía como función el acopio del efectivo.

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El operativo está vinculado con un procedimiento previo realizado por la FPA el pasado 13 de marzo, cuando se allanaron seis domicilios, se detuvo a cuatro personas y se incautaron varias dosis de marihuana, $190.000, una escopeta, 74 cartuchos calibre 20 y otros elementos relacionados con la investigación.Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de San Francisco, se ordenó la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de las detenidas a sede judicial, donde quedaron imputadas por comercialización de estupefacientes. En tanto, el principal investigado también fue imputado en el marco de la misma ley.

En horas de la tarde del sábado 28 de marzo, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) llevó adelante la detención de un hombre que contaba con un pedido de captura vigente, en un procedimiento realizado en la intersección de Almafuerte y Lamadrid, en barrio Cottolengo de San Francisco.

De acuerdo a la información oficial, los efectivos procedieron a la identificación en la vía pública de un joven de 27 años, quien registraba un pedido de detención solicitado por la Policía de Santa Fe.

El requerimiento judicial está vinculado a un hecho de robo calificado por el uso de arma de fuego, con fecha del 24 de marzo de 2026.

Ante esta situación, se procedió a su inmediata detención y traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía solicitante.

Una niña se ahogó con un lápiz y, mediante un llamado al 911, su mamá logró salvarla. Ocurrió en la noche de este sábado en b° Müller, al este de la ciudad de Córdoba.

Según informó la Policía de Córdoba, la situación comenzó cuando el objeto obstruyó las vías respiratorias de la pequeña. Al darse cuenta, su madre llamó a la línea de emergencias pidiendo auxilio.

A través de la llamada telefónica, el operador brindó las instrucciones para realizar la maniobra de Heimlich.

Al mismo tiempo, personal policial acudió al domicilio de la familia y trasladaron a la pequeña junto a su madre al Hospital de Niños para su asistencia.

En un lapso de tres días, San Francisco registró dos amenazas de bomba que generaron preocupación y motivaron operativos preventivos de la Policía. Aunque las inspecciones realizadas descartaron la presencia de artefactos explosivos, los llamados activaron protocolos de seguridad y movilizaron recursos de distintas áreas del sistema de emergencias.

Estos episodios reavivaron el debate sobre el impacto que provocan las falsas alarmas. Cada advertencia obliga a desplegar personal policial, coordinar acciones con otras instituciones y analizar la situación como si el peligro fuera real hasta descartar cualquier riesgo. Además de la inquietud que se genera entre quienes se encuentran en los lugares afectados, también se altera el funcionamiento de actividades y servicios.

LA VOZ DE SAN JUSTO entrevistó al comisario José Luis Martel, coordinador de la Brigada de Explosivos Norte y Sur de la Policía de la Provincia de Córdoba, quien explicó cómo actúa la unidad especializada y cuáles son las consecuencias que tienen estas amenazas.

-          ¿Cuál es el rol específico de la Brigada de Explosivos dentro de la Policía y en qué tipo de situaciones interviene?

Intervenimos en todo aquello que tenga que ver con la palabra explosivo, o sea, amenaza de bomba, restos de explosivos que se encuentren, todo lo que intervenga con explosivos, ya sea en la prevención o en la ejecución de la acción. Siempre vamos a tratar del resguardo de la vida y de los bienes.

-          ¿Con qué frecuencia reciben alertas o intervenciones vinculadas a explosivos o amenazas de bomba?

En el ámbito de la Departamental San Justo específicamente no han sido muchas. En estos últimos dos años hemos tenido tres llamadas. Hacía aproximadamente un año que no se registraban episodios de este tipo en la región. En la provincia en general estamos manejando alrededor de 70 u 80 intervenciones por año.

-          ¿Qué tipo de capacitación reciben los integrantes de la brigada para actuar en este tipo de emergencias?

Primero se tiene que ser policía y tener cierta antigüedad dentro de la institución. Luego se realiza un curso interno que dura aproximadamente tres meses. En esa capacitación intensiva se abordan artefactos explosivos reglamentarios de uso militar, explosivos no reglamentarios y los protocolos de intervención. Hay casos en los que solamente existe una llamada y no hay nada que cause alerta en el lugar, y otros en los que aparece un objeto sospechoso. En función de la información disponible se determina cómo actuar.

“Siempre se trabaja como si la amenaza fuera real. Pedimos responsabilidad con la información y comunicarse siempre con el 911”

Martel explicó que el protocolo vigente es el número 7201 del año 2020, que establece diferentes procedimientos según la situación. “Hay casos en los que solamente existe una llamada y no hay nada que cause alerta en el lugar, y otros en los que aparece un objeto sospechoso. En función de la información disponible se determina cómo actuar, tratando de siempre llevar tranquilidad y hacerlo lo más organizado posible”, indicó.

-          ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una institución o una persona que recibe una amenaza de este tipo?

Lo primero es mantener la calma, tratar de ser organizados y dar aviso a la Policía al 911. A partir de allí nosotros somos informados por la Departamental y nos dirigimos al lugar.

El comisario también remarcó que la difusión inmediata por redes sociales puede complicar los operativos. “Cuando la información empieza a circular por grupos de WhatsApp, muchas personas se acercan al lugar o intentan retirar a familiares y eso genera desorden interno que puede afectar el trabajo que tenemos que realizar”, advirtió.

-          ¿Cuál es el protocolo que se activa cuando se recibe una amenaza de bomba en un edificio público o institución?

Cada intervención se evalúa de acuerdo con el contexto. No es lo mismo recibir la llamada antes, durante o después de un evento. También analizamos cuál puede ser la intención del llamado.

Por ese motivo, Martel aclaró que no siempre se aplican evacuaciones totales. “Podemos hacer evacuaciones parciales dentro del mismo edificio o incluso no evacuar. Todo depende de la información que tengamos y de la evaluación del riesgo”, agregó.

-          ¿Cómo se determina si una amenaza es real o se trata de una falsa alarma?

Por protocolo siempre se trabaja como si la amenaza fuera real. Lo que cambia es la forma en que se organiza la evacuación o la revisión del lugar.

-          ¿Qué errores suelen cometer las personas en estas situaciones y que deberían evitarse?

El error más grande es tomar la decisión de evacuar todo el lugar o suspender actividades sin antes consultar cómo se debe actuar. También influye mucho el manejo de la información en redes sociales, que muchas veces genera más confusión o desorden.

Además del impacto operativo y social, las falsas amenazas pueden derivar en sanciones penales. Martel recordó que el Código Penal contempla estas situaciones dentro del delito de intimidación pública.

“El artículo 211 habla de infundir temor público mediante amenazas o alertas de peligro común. Si se trata de una falsa amenaza de bomba y no hay explosivos, la pena puede ir de dos a seis años de prisión. Si existe un artefacto explosivo, el agravante puede llevar la pena de tres a diez años”, dijo.

-          ¿Las falsas alarmas generan un desgaste operativo para la brigada?

Sí, porque no solamente interviene la policía. También participan defensa civil, tránsito, centros asistenciales y bomberos. En ciudades grandes, una amenaza de bomba en el centro puede implicar millones de pesos en recursos movilizados por una sola llamada. Estos operativos obligan a desplegar personal preventivo, realizar cortes de calles y preparar dispositivos sanitarios ante la posibilidad de que haya heridos. Todo el sistema de emergencias se pone en funcionamiento para evitar mayores daños.

“La difusión inmediata por redes sociales puede complicar los operativos y afectar el trabajo de la brigada”

Martel también alertó sobre otro fenómeno que preocupa a las autoridades. Durante 2025 la Brigada de Explosivos registró un aumento de intervenciones vinculadas al hallazgo de artefactos explosivos en la vía pública o en domicilios particulares.

 “En muchos casos se trata de elementos de origen militar que llegaron a manos de particulares. Algunas personas los conservan como recuerdo o como adorno, creyendo que están inertes, pero no siempre es así”, sostuvo.

Según explicó, con el paso del tiempo algunos de esos objetos terminan siendo abandonados o entregados a la Policía para su desactivación. “Muchos creen que si llaman para informar que encontraron explosivos en sus casas serán penalizados por la ley, y no es así. Siempre recomendamos que llamen e informen para evitar complicaciones y realizar una extracción correcta”, añadió.

-          ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad?

En San Francisco se cuenta con personal de nuestra división para tratar de responder lo más rápido posible y dar tranquilidad. También se están realizando investigaciones para determinar el origen de las llamadas. Lo que pedimos es responsabilidad con la información y comunicarse siempre con el 911.

El impacto de estas amenazas no se limita al momento del operativo. Cada llamado obliga a reorganizar recursos policiales y de emergencia que podrían estar destinados a otras situaciones reales. El comisario recalcó que, aunque muchas veces los llamados se realizan como bromas o con la intención de generar una interrupción en una actividad, las consecuencias son reales. Cada amenaza es tratada como un posible hecho grave hasta que los especialistas finalizan el procedimiento.

La activación de estos protocolos también genera incertidumbre en la ciudadanía. Por eso, desde la Policía insisten en la importancia de la responsabilidad social y del manejo prudente de la información.

En horas de la mañana, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) intervino en una riña ocurrida en un local comercial de barrio Centro.

Según se informó oficialmente, los efectivos entrevistaron en Libertador Norte al 100 a una joven de 21 años, quien manifestó que se encontraba en el local “Pancho King” junto a su pareja, un joven de 18 años, cuando se apersonaron tres jóvenes de 18, 21 y 23 años, iniciándose una pelea en el lugar.

Ante la situación, el personal policial procedió a la aprehensión de los tres involucrados y su posterior traslado a sede policial. Los mismos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar los pasos a seguir.

Un hombre fue detenido en la madrugada en barrio Roca de San Francisco luego de tomar un remis, negarse a abonar el viaje y constatarse que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), que se encontraba realizando patrullaje preventivo en el sector. En ese contexto, los efectivos entrevistaron a un empleado de la empresa de transporte, quien manifestó que un pasajero se negaba a pagar el servicio prestado.

Al proceder al control del pasajero, se verificó que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente por el delito de hurto calificado, en relación a un hecho ocurrido el 26 de febrero de 2026 en la localidad de Devoto.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del masculino, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Turno de San Francisco.

En horas de la noche de este miércoles, personal del C.A.P. se constituyó en la intersección de calles Urquiza y Roma, donde entrevistó a un hombre de 54 años que manifestó haber observado a un sujeto de 31 años, forzar el candado de una casilla y sustraer elementos de montaje del interior.

Ante lo expuesto, los efectivos procedieron a la aprehensión del ladrón, quien fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

Posteriormente, tras realizar un rastrillaje por el sector, se lograron ubicar los elementos sustraídos, por lo que se procedió al formal secuestro de los mismos.

A las 19.30 de ayer, personal de la Guardia Local que se encontraba realizando tareas preventivas presenció un accidente de tránsito en la intersección de avenida Libertador Norte y avenida Rosario de Santa Fe, en San Francisco, donde una motocicleta de 110 cc embistió a una mujer que circulaba en bicicleta.

Tras el impacto, el conductor del rodado, quien se desplazaba acompañado por una mujer, se dio a la fuga del lugar sin brindar asistencia ni aportar datos a la víctima, dejándola en la vía pública.

Minutos después, en la intersección de avenida Libertador Norte y calle Entre Ríos, el personal actuante logró detener la marcha de la motocicleta involucrada. Al ser identificado, se constató que el conductor no portaba licencia de conducir y que el rodado no tenía dominio colocado. Asimismo, tanto el conductor como su acompañante circulaban sin casco reglamentario y sin la documentación correspondiente del vehículo.

Ante esta situación, se hizo presente personal de Seguridad Vial, que procedió a la retención de la motocicleta por las infracciones constatadas, labrándose las actuaciones correspondientes.

El policía del grupo Eter que le descerrajó dos balazos de plomo a una mujer que sufría una crisis psiquiátrica, y que presuntamente amenazaba a su familia con un cuchillo en un domicilio de barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, quedó detenido en las últimas horas por disposición de la fiscal Silvana Fernández. El sargento quedó preso por el presunto delito de lesiones gravísimas calificadas por uso de arma de fuego y por su condición de policía.

Será llevado al pabellón de los uniformados de la Cárcel de Bouwer.

En paralelo, según informó la Policía, quedó en situación pasiva y se le abrió un sumario en el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

Mientras tanto, la víctima de este caso se encuentra internada en el Hospital San Roque.

“No era necesario el uso del arma fuego por parte del efectivo por qué no había riesgo para terceros en el lugar. Así lo establece el protocolo de la Policía para estos casos”, señalaron fuentes calificadas con acceso a la causa a La Voz del Interior.

Lo sucedido, más allá de que se enmarcó en otro grave episodio de salud mental en un domicilio, a la par vuelve a poner en foco la capacitación y preparación que reciben los efectivos policiales en Córdoba.

Los interrogantes se potencian si se tiene en cuenta que el ahora acusado se desempeñaba en el Eter (Equipo de Tácticas Especiales Recomendables), el cuerpo de elite que tiene la Policía cordobesa.

No es la primera vez que un policía de ese cuerpo se ve involucrado en un grave caso en Córdoba. Nadie olvida aquel terrible episodio de años atrás cuando un instructor del Eter (Ariel Pedraza) ultimó de varios balazos a sus dos hijos en un departamento de barrio Alberdi en la Capital y, con la misma arma, se quitó la vida.

Volviendo al caso bajo investigación, todo sucedió el pasado martes 3 de febrero cuando ingresó un llamado al 911 en el que se informaba sobre una mujer que se encontraba alterada y con una aparente crisis psiquiátrica en un domicilio de barrio Pueyrredón, zona norte de la Capital.

Trascendió que un familiar llamó. La vecina, además, había ingerido pastillas.

Al cabo de unos minutos arribaron patrullas del CAP y los policías se dieron con que efectivamente una mujer, dentro del hogar, esgrimía un cuchillo tipo carnicero y amenazaba a familiares y a ella misma, según las fuentes consultadas.

Se vivía una altísima tensión. Una versión inicial dio cuenta de que se dispararon postas con gas pimienta. Pero no fue posible controlarla.

Fue así que, por protocolo, se convocó a personal del cuerpo Duar (de la Dirección Bomberos) y a efectivos del grupo de élite Eter de la Policía provincial.

Al cabo de unos minutos arribaron ambos grupos y un negociador (del propio Eter) comenzó a dialogar con la mujer para que entregara el cuchillo.

La intención era que depusiera su actitud y fuera trasladada a un centro de salud. El diálogo no prosperó.

Fuentes oficiales indicaron que la mujer habría intentado atacar a los efectivos del Eter. Otra versión señaló que habría llevado el cuchillo al cuello. Otra fuente refirió que todo sucedió prácticamente al mismo tiempo.

Fue en ese tenso momento que un sargento del Eter (con “vasta trayectoria”, según explicaron luego fuentes oficiales) abrió fuego con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros directo contra la mujer.

Uno de los impactos dio en una pierna. El otro, en el abdomen. La mujer cayó finalmente al suelo.

En medio de la conmoción y la tensión por lo sucedido, se llamó a una ambulancia que la trasladó hasta el Hospital San Roque, donde quedó internada.

Fuentes con acceso a la causa indicaron que quedó internada con pronóstico reservado.

El Eter cuenta con pistolas Taser (lanzan dardos electrificados) precisamente para estas situaciones como para toma de rehenes. Al parecer no había al momento del hecho.

En este sentido, el Gobierno planea adquirir 50 nuevas Taser para la Policía.

En el marco de las averiguaciones, la fiscal analizó las filmaciones de las cámaras de seguridad (“bodycams”) con que cuentan los efectivos. Además, valoró los testimonios iniciales y los testigos que se están incorporando, entre otras pruebas.

La funcionaria resolvió detener y acusar por lesiones graves calificadas agravadas al policía que tiró con plomo y dispuso que sea trasladado a la Cárcel de Bouwer.

Voceros de la causa enfatizaron que “no era necesario el uso del arma fuego por parte del efectivo por qué no había riesgo para terceros en el lugar. Así lo establece el protocolo de la Policía para estos casos”.

No se descarta que, conforme avance la prueba, puedan surgir otras imputaciones o cargos. No se sabe cuándo será indagado.

Mientras tanto, la víctima sigue internada en un centro de salud y se aguarda su evolución.

Si bien no se sabe todavía la posición exculpatorias del efectivo, fuentes policiales insisten que se debe “valorar la situación en general” y señalan que el policía “estaba a menos de 7 metros de la mujer con el cuchillo”.

En este sentido, enfatizan que “los 7 metros” es la distancia clave que permite a un efectivo reaccionar y accionar.

El punto es: no está claro que la mujer haya estado por atacar a los policías.

El caso se agrega a una serie de graves episodios con efectivos policiales en los últimos tiempos. En 2025, se registraron serios casos en Córdoba.

El caso Samuel Tobares. Los policías Guillermo Arce y Franco Romero siguen presos por el caso de Samuel Tobares, un muchacho que tenía 34 años y que murió en noviembre de 2025 en medio de un operativo el año pasado en Parque Síquiman. Los uniformados están presos por homicidio preterintencional por orden del fiscal Ricardo Mazzuchi, de Villa Carlos Paz. Esta  medida fue avalada por el juez de Control

El caso Guillermo Bustamante. El 24 de marzo, un hombre falleció en medio de un procedimiento de uniformados en una estación de servicio en barrio Villa Páez, de Córdoba capital. Se trataba de Guillermo Bustamante, quien tenía 39 años. Según la causa del fiscal Guillermo González, el hombre sufrió una crisis de comportamiento mientras cargaba combustible y llegaron policías. Con golpes, el hombre fue reducido y trasladado a un patrullero, donde finalmente falleció. Cinco policías fueron acusados por homicidio preterintencional. El fiscal quiere mandarlos a juicio, pero el expediente está en Cámara de Acusación.

La nena que perdió el ojo. En 2025, una nena sufrió la pérdida de un ojo producto de un balín de gas  pimienta disparado con un arma Byrna por un efectivo policial en un operativo en barrio Zepa B de la  ciudad de Córdoba. El efectivo participaba, con otros uniformados, de un procedimiento contra unos jóvenes que lanzaban piedras. Fuera de sí, el efectivo comenzó a tirar con un arma larga con balines de manera paralela al piso y le dio a una nena. Pese a haberla herido, siguió disparando.

El efectivo fue enviado a juicio por lesiones agravadas.

En horas de la noche, personal policial de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba tomó intervención en un grave hecho ocurrido en la localidad de Sacanta, a partir de la denuncia de una mujer de 34 años de edad.

Según se informó en el parte de prensa, la mujer manifestó haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, un hombre de 58 años, desde hace varios años. Además, indicó que el acusado le habría expresado intenciones de quitarse la vida.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía competente, que dispuso la detención del presunto padre abusador. El procedimiento se concretó en la localidad de Sacanta, donde además se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Redmi Note 9, color azul.

El detenido fue trasladado a la alcaidía de Las Varillas, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan la investigación.

La joven Milagros Bogado, de 21 años y oriunda de la provincia de Misiones, fue hallada en las últimas horas en la localidad de Saturnino María Laspiur, en el marco de un operativo conjunto desplegado por la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina. La joven era intensamente buscada en la provincia desde hacía aproximadamente un mes.

Según informó el Ministerio de Seguridad y la Unidad Regional Departamental San Justo, el procedimiento se llevó a cabo este miércoles en zona rural de Laspiur y permitió dar con el paradero de la joven, junto a su presunto captor, Patricio R. Rodriguez, un hombre de 21 años, también oriundo de Misiones.

Tras el hallazgo, Milagros fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde quedó bajo contención y evaluación médica. En tanto, el hombre fue detenido e imputado por el delito de trata de personas, conforme a la Ley 26.842, artículo 145 bis del Código Penal. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Villa María y quedó a disposición de la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo de la fiscal Guadalupe Riera.

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Del operativo participaron efectivos de la Departamental San Justo a cargo del comisario Pablo Nieto, DUAR y Patrulla Rural, junto a personal de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que el procedimiento se concretó a partir de una solicitud de colaboración de la Fiscalía Federal de Villa María para reforzar los rastrillajes en la zona. Indicó que, con la movilización del personal de la Departamental San Justo y el apoyo de unidades especiales, se logró encontrar con vida a la joven y detener a la persona que, según la investigación, la mantenía cautiva.

En los días previos al hallazgo, la familia de Milagros había denunciado que la joven se encontraba retenida contra su voluntad por su pareja. Incluso, una hermana de la víctima difundió audios en una comunicación con el canal Crónica TV, en los que la joven manifestaba de manera desesperada que estaba privada de su libertad en la región.La causa continúa en investigación en el fuero federal.

Un joven de 20 años ingresó al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco con una herida producida por arma de fuego en la planta del pie izquierdo. 

Según informó la Departamental San Justo, la víctima fue trasladada por un móvil policial perteneciente a la Comisaría de Frontera y presentaba una lesión con orificio de entrada y salida.

El paciente fue asistido por el médico de guardia, quien realizó las curaciones correspondientes y posteriormente le otorgó el alta médica.

En tanto, se dio intervención a la autoridad policial correspondiente, que inició las actuaciones de rigor a fin de establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y el origen de la herida. La investigación continúa en curso.

Durante la madrugada, personal policial que se encontraba de guardia en el Hospital "J.B. Iturraspe" de San Francisco procedió a la aprehensión de un hombre de 46 años, luego de un episodio de desorden registrado en el predio del nosocomio.

El procedimiento se inició a partir del arribo al hospital de un automóvil Ford Focus, conducido por el hombre, quien presentaba evidentes signos de ebriedad. Tras realizarle el correspondiente test de alcoholemia, el resultado fue positivo.Cuando los efectivos intentaron avanzar con el secuestro del vehículo, el conductor comenzó a increpar e insultar al personal policial actuante. Ante la continuidad de su actitud agresiva, se dispuso su aprehensión inmediata.

El hombre fue trasladado y alojado en sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno, que interviene en la causa.

Un hecho que generó profunda preocupación se registró en la noche del viernes en San Francisco, cuando la Policía encontró a un niño de 8 años solo dentro de un departamento, sin la presencia de un adulto responsable.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Suipacha al 440. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el menor se encontraba en el interior del inmueble y que la puerta de ingreso estaba cerrada con una cadena y un candado, lo que impedía su salida.

Según relató el propio niño a los uniformados, vive junto a su abuela, quien al momento del hallazgo se encontraba trabajando fuera del domicilio. Ante esta situación, y en cumplimiento de los protocolos vigentes, la Policía dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno.

Desde la Justicia se dispuso el traslado del menor a sede judicial para realizar las actuaciones correspondientes y evaluar su situación, con el objetivo de resguardar su integridad y determinar las responsabilidades del caso. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal.

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada permitió el secuestro de una réplica de arma de fuego de fabricación casera en una vivienda de barrio Jardín, luego de un hecho de amenaza denunciado por un vecino de la ciudad.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Patrulla Motorizada y del Grupo de Saturación Móvil (G.S.M.), quienes se constituyeron en un domicilio de calle J. Díaz de Solís. En el lugar, los uniformados entrevistaron a un hombre de 50 años, quien relató que dos menores de edad habrían amenazado momentos antes a su hijo, también menor, exhibiéndole un arma de fuego.

De acuerdo al testimonio, al advertir la presencia del padre del menor, los presuntos agresores emprendieron la huida, dejando abandonado el elemento en el lugar. Tras el control correspondiente, se constató que se trataba de un arma de fabricación casera, tipo “tumbera”, por lo que se procedió a su secuestro.

Bajo la fiscalización del director accidental de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba, comisario inspector Pablo Nieto, este miércoles se llevó a cabo un operativo de seguridad de acción rápida 90/10 que abarcó las localidades de San Francisco, Frontera y Josefina.

El despliegue comenzó a las 17.30 y se prolongó hasta la medianoche, con la intervención de Unidades Especiales de la Policía de Córdoba —ETER, Guardia de Infantería, Seom, CAP y GSM— junto a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Guardia Local yTránsito Municipal. El objetivo principal fue reforzar la seguridad en la zona fronteriza mediante controles vehiculares y de personas.

Según se informó oficialmente, la Policía de Córdoba controló a 98 personas y 65 motocicletas, y procedió al secuestro de 14 motovehículos por infracción al Código de Convivencia (Ley 10.326). En tanto, la Policía Federal concretó dos procedimientos positivos por infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737), mientras que Gendarmería realizó verificaciones de antecedentes de personas y vehículos a través de sistemas informáticos. 

Las autoridades señalaron que estos operativos de saturación forman parte del plan estratégico de prevención impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, y que continuarán desarrollándose de manera sorpresiva en distintos puntos de la región.

Durante el pasado fin de semana, la Policía de la Provincia de Córdoba, bajo la supervisión del director accidental de la Departamental San Justo, comisario inspector Pablo Nieto, y del jefe de Operaciones comisario Daniel Albera, realizó una serie de operativos estratégicos de saturación, prevención y control en distintos puntos de San Francisco.

En el sector del casino y microcentro, los controles se desarrollaron los días viernes, sábado y domingo desde las 22 hasta la madrugada, finalizando con el cierre de boliches. Se realizaron patrullajes a pie con apoyo de unidades móviles y motocicletas, integrando efectivos del CAP, SEOM, Guardia de Infantería, GSM, Guardia Local, Seguridad Vial y Espectáculos Públicos del municipio. El operativo permitió identificar a más de 70 personas y retener una motocicleta por falta de documentación.

En la madrugada del domingo se ejecutó un operativo de saturación barrial, con patrullajes preventivos del CAP y GSM, uso de armas menos letales y monitoreo a través del sistema de cámaras de la ciudad. Posteriormente, se realizó el cierre de locales bailables Ninna, Antártida, Fandango, Lemon y Berlín, con presencia de móviles policiales y patrullajes para garantizar la desconcentración pacífica de los asistentes.

El domingo, la Policía brindó cobertura de seguridad a la Peatonal y eventos públicos, asegurando el normal desarrollo de las actividades familiares en el sector céntrico.

Entre los procedimientos destacados, se destacan la aprehensión de una motocicleta adulterada en San Francisco y otra en Las Varillas, y la detención de un hombre de 37 años en Freyre por un pedido de captura vigente.

Desde la institución se informó que estas acciones forman parte del plan integral de seguridad ciudadana, coordinando recursos humanos y tecnológicos para prevenir delitos y garantizar la convivencia en los espacios públicos de mayor concurrencia.

Durante la noche del domingo, un joven de 21 años fue detenido en la esquina de Av. Libertador Sur y Dante Alighieri por personal del CAP, tras protagonizar una disputa que incluyó amenazas hacia integrantes de la Guardia Local.

Según fuentes policiales, el incidente comenzó en la zona de la Tecnoteca Municipal, donde el muchacho causaba disturbios. Al intentar intervenir los agentes municipales, el joven sacó un cuchillo y los amenazó antes de intentar huir del lugar.Luego de un operativo en las inmediaciones, los efectivos lograron su aprehensión, incautándole el arma blanca.

 Posteriormente, fue trasladado a la alcaidía de la sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno.

En horas de la madrugada de este jueves 8 de enero, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) intervino en un domicilio ubicado sobre calle Almirante Brown, en San Francisco, tras un aviso recibido a través de la línea de emergencias.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien denunció la presencia de su expareja, un hombre de 38 años, que se encontraba alterado frente a la vivienda, exigiendo hablar con ella.

Según se informó, ante la intervención policial el hombre hizo caso omiso a las advertencias de los efectivos, incrementó su nivel de agresividad e increpó al personal actuante.

Como consecuencia, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba determinó cambios en la cúpula de la Policía provincial y confirmó que el comisario general Marcelo Marín asumirá como nuevo Jefe de Policía, en reemplazo de Leonardo Gutiérrez. La decisión fue dispuesta por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Marín será secundado por el comisario Alberto Bietti, según se informó oficialmente. Desde la cartera de Seguridad remarcaron que el cambio forma parte de un recambio institucional y destacaron la labor del jefe saliente.En un comunicado, el Ministerio expresó su “reconocimiento y agradecimiento” al comisario general Leonardo Gutiérrez, quien culmina su gestión “dejando una marca indeleble en la institución”, y subrayó su ética de trabajo, profesionalismo y compromiso. Además, se señaló que su conducción “estableció una vara moral elevada para quienes continúan al frente de la fuerza”.

El ministro Juan Pablo Quinteros brindará una conferencia de prensa a las 10.30 horas en la Jefatura de Policía, donde se ampliarán detalles del recambio dispuesto.

La asunción de la nueva cúpula policial se realizará el lunes 29 de diciembre, a las 9 horas, en la explanada de la Jefatura de Policía. En ese acto, el comisario general licenciado Marcelo Marín será formalmente designado Jefe de la Policía de Córdoba.

Asimismo, se confirmó que el comisario general abogado licenciado Alberto Bietti asumirá como Subjefe Capital, Iván Rey será designado Subjefe Interior, mientras que Federico Cisnero continuará en funciones como Subjefe Administrativo de la fuerza.