La historia reciente de Frontera vuelve a quedar atravesada por una condena judicial que excede a una funcionaria policial y obliga a mirar más profundo. La sentencia de diez años de prisión impuesta a la exjefa de la Comisaría 6ª, María Silvina Asís, no sólo representa el desenlace de una investigación por corrupción institucional, sino que reactualiza una pregunta que desde hace años acompaña a la ciudad del oeste santafesino: hasta qué punto algunos sectores de las fuerzas de seguridad formaron parte de las mismas tramas delictivas que debían combatir.

Frontera se convirtió en una referencia habitual de las crónicas policiales. Con alrededor de 10.000 habitantes, la ciudad aparece vinculada a hechos de violencia armada, conflictos asociados al narcotráfico y disputas territoriales. Aunque las autoridades destacan una disminución de los homicidios durante el último año, la problemática de la seguridad continúa ocupando un lugar central.

Su ubicación geográfica explica parte del fenómeno. Situada en el límite entre Santa Fe y Córdoba y conectada por corredores estratégicos como las rutas nacionales 19 y 34, además de numerosos caminos rurales, Frontera constituye un punto de circulación y distribución de drogas. La captura de Héctor Argentino Gallardo, alias “el Patrón”, señalado como líder de una organización criminal que operaba entre ambas provincias, en los últimos meses volvió a colocar a la ciudad en el centro de la agenda pública.

Sin embargo, esta vez la noticia no surgió de una banda narco ni de un hecho de violencia callejera, sino desde el interior de la propia institución policial.

El pasado jueves, la jueza Cecilia Álamo condenó a María Silvina Asís a una década de prisión efectiva e impuso además una inhabilitación de 20 años para ejercer funciones policiales. El fallo se conoció tras un juicio oral realizado en Rafaela y coincidió con la acusación impulsada por la fiscal Fabiana Bertero, integrante de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5.

La investigación estableció que entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 la exjefa policial integró una asociación ilícita conformada por efectivos de la fuerza. Según la acusación, el grupo utilizaba recursos estatales y atribuciones propias de la función policial para cometer delitos.

Para la Fiscalía, Asís ocupó un rol de liderazgo junto al entonces jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya había sido condenado en la misma causa mediante un juicio abreviado.

Entre las maniobras investigadas aparecieron actas con información falsa, omisión de informar hechos a los fiscales de turno, custodias irregulares y la obtención de beneficios económicos mediante dádivas. El expediente también incluyó episodios concretos que, según la Justicia, demostraron el abuso de autoridad.

Uno de ellos ocurrió el 21 de septiembre de 2020, cuando un periodista que cubría incidentes frente a la dependencia policial fue detenido ilegalmente y se confeccionó un acta con contenido falso. Otro hecho se registró en noviembre de 2021, cuando se incorporaron declaraciones apócrifas al libro de guardia y un adolescente fue privado ilegítimamente de la libertad durante varias horas.

La condena incluyó los delitos de asociación ilícita agravada en calidad de jefa, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y secuestro coactivo agravado por la condición de funcionaria pública.

El caso Asís no constituye un episodio aislado en Frontera. Diez años antes, otro proceso judicial ya había colocado a la policía local bajo la lupa.

En 2016, el excomisario Carlos Alberto Flores fue condenado a seis años de prisión por distintos delitos cometidos durante 2014. Entre ellos sobresalió el caso del “crucificado”, el joven Víctor Robledo, quien apareció atado con cintas a una cruz de madera del lado de San Francisco junto a un cartel que decía “No robarás”.

Robledo denunció haber sido golpeado por policías santafesinos antes de ser abandonado en esas condiciones. Flores fue condenado por lesiones gravísimas agravadas, privación abusiva de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales.

Aquella causa había generado una fuerte conmoción social y se transformó en uno de los antecedentes más graves de violencia institucional vinculados a la fuerza santafesina en la región.

Hoy, la nueva condena vuelve a colocar a Frontera frente a una realidad incómoda. En una ciudad marcada por el avance del narcotráfico y la violencia, los expedientes judiciales muestran que parte de las respuestas estatales también quedaron bajo sospecha.

Las investigaciones, las escuchas telefónicas, los testimonios y las pruebas reunidas en la causa contra Asís expusieron una estructura que, según la Justicia, utilizó la autoridad policial para cometer delitos. El fallo no sólo sanciona conductas individuales: también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y la capacidad del Estado para evitar que quienes deben garantizar la seguridad terminen integrando organizaciones delictivas.

En Frontera, donde la violencia suele ocupar los titulares, la corrupción policial volvió a convertirse en noticia.

Un macabro hallazgo se produjo en la tarde del lunes en la zona rural de Frontera, donde fueron encontrados restos humanos en un campo ubicado sobre la ruta provincial 32S, a la altura del kilómetro 501.

El hecho ocurrió mientras trabajadores rurales realizaban tareas de cosecha de soja. En ese contexto, el conductor de una máquina cosechadora advirtió la presencia de los restos y dio aviso de inmediato.

En el lugar también se encontraron prendas de vestir, lo que motivó la intervención de las autoridades.Durante la noche, personal de Policía Científica trabajó en la zona para llevar adelante las pericias correspondientes, mientras que efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe se constituyeron en el lugar y procedieron al resguardo de la escena.

Productores del sector señalaron que ese lote había sido sembrado entre noviembre y diciembre de 2025, y que en ese momento no se había observado ningún elemento extraño en el campo.

Hasta el momento, no hay información sobre la identidad de los restos hallados ni mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho, que es materia de investigación.

Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifestaron en la Casa de Gobierno provincial en reclamo por mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, al tiempo que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que 20 efectivos serán pasados a disponibilidad.

La protesta comenzó durante la noche del lunes, cuando los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local, donde dos patrulleros fueron apostados (uno sobre San Jerónimo y otro en 3 de Febrero sobre San Martín).

Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, y expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.

A su vez, los policías también se manifestaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde hubo quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.

Por su parte, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte total del tránsito en los dos sentidos de la calle Gutiérrez y aconsejó a los habitantes evitar la zona.

La fuerza llevó a cabo un procedimiento en Aborígenes al 6300, lugar en el que se concretó la detención de un menor de edad y la incautación de un arma de fuego.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad “con retiro de arma y de chaleco antibala”.

Desde la sede local de Gobierno, junto a los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), señaló que en su gestión trabajan “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.

"En este caso, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares, acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó el titular de la cartera.

Cococcioni agregó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una investigación por “posibles ilícitos penales”.

“En un momento se trató de impedir la salida de móviles hacia su patrullaje. Hubo un estimado de 20 unidades que fueron directamente paralizados, puestas frente a la jefatura”, remarcó el ministro.

Según Cococcioni, “el reclamo es válido, pero no negamos que falte mucho para el bienestar de las fuerzas, juzgamos en el fondo legítimo, se montaron otros legítimos que de legítimos tienen muy poco”.