La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un operativo que permitió desarticular una organización dedicada al microtráfico de estupefacientes en Frontera, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en el barrio San Javier.El procedimiento se concretó ayer sábado y estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas San Francisco, quienes ejecutaron cinco allanamientos en distintos domicilios que, según la investigación, eran utilizados para el fraccionamiento, acopio y comercialización de drogas.La investigación había comenzado en febrero de este año, cuando tareas de inteligencia permitieron detectar la existencia de una red criminal que operaba en la zona mediante diferentes puntos de venta.Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado Penal de la Circunscripción Nº 5 de Rafaela, a cargo del juez Nicolás Stegmayer, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Regional de Rafaela.Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron trozos de marihuana compactada —conocidos como “ladrillos”—, cocaína compacta, dinero en efectivo por aproximadamente 500.000 pesos, balanzas de precisión y teléfonos celulares, elementos considerados de interés para la causa.De acuerdo con las estimaciones realizadas en la investigación, el valor de las sustancias incautadas supera los 6.200.000 pesos en el mercado ilegal.

En el marco del Plan Bandera dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en Santa Fe, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon un clan familiar que se dedicaba al comercio ilegal de estupefacientes en la provincia.

La investigación se inició a partir de un procedimiento realizado en enero por la División Antidrogas San Francisco, cuando fue detenido un hombre que circulaba en la vía pública con decenas de dosis de clorhidrato de cocaína en su poder.

A partir de ese operativo, la Fiscalía Regional de Rafaela, a cargo de Carlos Vottero y Analía Abreú, ordenó una serie de pesquisas para determinar el origen de la droga. Las tareas incluyeron trabajos de campo, vigilancias encubiertas y análisis de información, lo que permitió establecer la existencia de cinco puntos de expendio en la localidad de Josefina.

Según se informó, esos centros eran operados por una organización integrada por personas con vínculos familiares, quienes se encargaban del acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes bajo la modalidad de “menudeo”.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado en lo Penal de la Circunscripción N°5, a cargo de Cecilia Álamo, autorizó allanamientos en domicilios ubicados en el interior del barrio Acapulco.

Como resultado de los operativos fueron detenidas cuatro personas —tres mujeres y un hombre— señaladas como integrantes de la banda. Además, se secuestraron varias dosis de cocaína, una importante cantidad de plantas de Cannabis sativa, más de 600.000 pesos en efectivo, 25 proyectiles calibre 9 milímetros, un cargador de pistola, once teléfonos celulares, una tablet y documentación considerada de interés para la causa.

Los detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

La Policía Federal Argentina llevó adelante un importante operativo contra el narcotráfico y desarticuló múltiples puntos de venta de estupefacientes en las localidades santafesinas de Frontera y Josefina. La acción se enmarcó en una investigación por infracción a la Ley 23.737 y fue ejecutada por la División Antidrogas San Francisco, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los procedimientos se concretaron este 29 de noviembre por la tarde, en coordinación con la Fiscalía Regional 5 de Rafaela, a cargo de Carlos Bottero, y la Fiscalía de  Analía Abreú. Tras reunir suficientes indicios, las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Penal de la Circunscripción 5ª de Rafaela.

Según se informó, luego de tareas investigativas minuciosas, los agentes lograron ubicar los lugares donde se fraccionaba y comercializaba clorhidrato de cocaína en dosis destinadas directamente al consumo. Durante los allanamientos se secuestraron más de un centenar de dosis de cocaína, una suma cercana al millón y medio de pesos, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

Además, se dispuso la aprehensión de los principales investigados: cuatro hombres mayores de edad y una mujer que, al momento del operativo, atendía uno de los puntos de venta.

La Policía Federal Argentina (PFA) concretó el derribo e inactivación de un inmueble utilizado como punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Frontera.

La medida se realizó este miércoles en calle 102 esquina Calle 13, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El procedimiento fue impulsado por el fiscal regional Nº 5 de Rafaela, Carlos Vottero, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de la Ley Provincial N.º 14.239 de Microtráfico. La División Antidrogas San Francisco, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, llevó adelante las tareas operativas que permitieron reunir las pruebas necesarias para avanzar con la demolición.

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El inmueble había sido allanado en dos oportunidades. En la más reciente, realizada el 2 de octubre, se secuestró una importante cantidad de dosis de clorhidrato de cocaína destinadas al comercio minorista. A partir de estos resultados, la fiscalía interviniente solicitó la inactivación del lugar, al considerar que su estructura era utilizada exclusivamente para la venta y consumo de drogas, representando un riesgo permanente para los vecinos.

La demolición se concretó en el barrio San Luis, con la participación del fiscal Vottero, las fiscales Fabiana Bertero y Franco Carbone, el intendente Oscar Martínez, funcionarios del MPA, y efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Con este accionar, la PFA reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, en coordinación con las autoridades judiciales y provinciales, para recuperar espacios públicos y garantizar mayor seguridad en las comunidades del centro del país.

Bertero afirmó que “el inmueble había sido cooptado para la actividad ilícita y no tenía residentes permanentes, sino que funcionaba como ‘aguantadero’ de personas vinculadas al microtráfico y delitos conexos”. En tal sentido, mencionó que “solicitamos la demolición luego de dos allanamientos en los que se secuestraron dosis de estupefacientes para vender al menudeo y fueron detenidos dos hombres que están imputados en el marco del legajo penal”.

Por su parte, Carbone subrayó que “la inactivación de este búnker es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, la Fiscalía Regional 5 y el Ministerio de Justicia y Seguridad”.

En tanto, Vottero indicó que “el procedimiento que se llevó a cabo hoy tiene un fuerte valor simbólico en la comunidad”. Según remarcó, “es una señal clara de que el Estado está trabajando para recuperar el control territorial y llevar tranquilidad a lugares en los que primaba la violencia extrema”.

En un nuevo operativo contra el narcotráfico, la División Antidrogas San Francisco de la Policía Federal Argentina desmanteló por segunda vez en menos de un mes un centro de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo el 2 de octubre, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, bajo la coordinación de la Fiscalía Regional N.º 5 de Rafaela del Ministerio Público de la Acusación, encabezada por el fiscal Carlos Vottero y con la asistencia de la fiscal Fabiana Bertero.

Luego de varias semanas de tareas de inteligencia, los investigadores confirmaron que en una vivienda del barrio San Luis se fraccionaba y vendía clorhidrato de cocaína, preparada en dosis listas para su distribución.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron envoltorios de cocaína valuados en alrededor de $530.000, junto con elementos vinculados a la actividad ilícita. En el lugar fueron detenidos los principales investigados, quienes fueron sorprendidos en plena comercialización de la droga al momento del ingreso policial.

San Francisco fue escenario este martes y miércoles de un operativo interfuerzas interprovincial, desarrollado con el objetivo de reforzar la seguridad en una región considerada “caliente” por su dinámica delictiva y su ubicación estratégica en el límite entre Córdoba y Santa Fe.

La acción, que contó con 63 efectivos y 24 móviles, se desplegó en barrios como Catedral y en diferentes sectores de la ciudad, bajo la coordinación de la Policía de Córdoba, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional.

Los resultados dan cuenta de un abordaje integral: la Policía de Córdoba informó la detención de tres hombres con órdenes de detención vigentes, además del secuestro de una motocicleta con pedido de captura del 8 de julio de 2025 y otras 27 retenidas por infracción a la Ley 10.326. También se registró la aprehensión de un hombre con pedido de paradero del 9 de septiembre, siete actas por infracciones a la Ley 8560 —dos de ellas por alcoholemia positiva— y la identificación de 253 personas, junto con controles a 155 motos y 84 automóviles.

En tanto, la PFA realizó seis procedimientos por infracción a la Ley 23.737 de drogas, que dejaron siete imputados. En este marco, se controlaron 32 personas y 25 vehículos. Por su parte, la Gendarmería Nacional identificó a 15 personas y tres vehículos, además de constatar antecedentes en 10 personas y tres rodados.

La magnitud del despliegue no solo refleja la decisión de coordinar esfuerzos entre fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, sino también la preocupación por fortalecer la prevención en una zona de frontera interprovincial donde la circulación del delito, en particular, el narcomenudeo. 

Con controles focalizados en personas y vehículos, la acción buscó transmitir un mensaje de presencia estatal en el territorio y reforzar la seguridad ciudadana en el conglomerado urbano que integran San Francisco, Frontera y Josefina.

Una organización que contrabandeaba mercadería tecnológica por sumas millonarias fue desarticulada por efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La red criminal se dedicada a introducir ilegalmente al país dispositivos tecnológicos para posteriormente comercializarlos y el hecho tuvo su inicio en abril de 2024 cuando los uniformados, en el marco de una serie de tareas preventivas, “detectaron que a través de redes sociales se exhibían en venta distintos productos pertenecientes a una reconocida empresa tecnológica multinacional, a precios significativamente menores respecto a los que prevalecen en el mercado”.

Sin embargo, lo que más les llamó la atención a los agentes es que dichas maniobras “carecían de la correspondiente facturación y que, además, los usuarios encargados de ofrecer dichos elementos tampoco contaban con el respaldo necesario en carácter de importadores”.

De esta manera, se dio inicio a una investigación para constatar el “detrás de escena” de las maniobras y se estableció la existencia de una organizada estructura que ingresaba, de manera ilegal a la Argentina, los artículos que posteriormente eran puestos a la venta.

Durante la pesquisa se comprobó que esa banda contaba con varios puntos físicos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también en diversas localidades del conurbano bonaerense, los cuales eran utilizados como centros de acopio, distribución y comercio.

Otro punto curioso de la investigación es que se supo que el pago del celular o los elementos secundarios solo se podían pagar en efectivo; sin emisión de comprobantes.

Para no ser detectados, el grupo realizaba diferentes maniobras tales como el cierre de usuarios y cambios de nombres en las plataformas empleadas.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 a cargo de Pablo Yadarola, ordenó la realización de 15 allanamientos.

Dos de ellos ubicados en Capital Federal y los restantes en las localidades de Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto.

Como resultado a dicha orden judicial, “se notificó a siete personas de la causa; cuatro hombres y tres mujeres, sindicados como integrantes de la estructura delictiva investigada”.

Durante los procedimientos, realizados de forma simultánea junto con personal de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), se incautaron 600 celulares, 2.400 fundas, 1.000 accesorios (cargadores, cables USB, auriculares, etc.), casi $8 millones y alrededor de 4 mil dólares.

Todo lo incautado tiene un valor de mercado de $673 millones, lo que representa un “importantísimo golpe al contrabando de tecnología en territorio nacional”.

Los imputados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.

El hijo de Jorge Omar Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, cabeza de lo que fue la feria ilegal más grande de Latinoamérica, se entregó este viernes a las autoridades luego de que su padre fuera arrestado en las últimas horas en su mansión de Luján.

Se trata de Manuel Castillo, 21 años, quien quedó detenido tras presentarse en la jefatura de Policía Federal Argentina luego de que su padre, Jorge Castillo, quedara detenido este jueves en el marco de una investigación dirigida por la fiscal Cecilia Incardona por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y evasión impositiva, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El expediente, bajo la firma del juez Luis Armella, incluyó 62 allanamientos simultáneos realizados por la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA en distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos, con otros 21 pedidos de captura. La Salada misma fue allanada hoy jueves, un día en donde no opera: Incardona, enfocada en la ruta financiera de la feria, buscó evitar el caos para secuestrar documentos clave, con un procedimiento ordenado hace más de dos meses.

La investigación fue iniciada en 2023. Desde entonces, la fiscal logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales, con la firma Punta Mogote SCA como cabeza del esquema, cuyo nombre puede verse en el cartel de ingreso a La Salada.

“Se trata de familias enteras dedicadas a obtención de ganancias ilícitas; vendían marcas falsas, envases para ropa falsos y alquilaban más de 7000 locales por día o por semana”, asegura una fuente clave en el caso: “Luego, ese dinero era colocado en el mercado a través de cuentas bancarias, empresas pantalla, diversificación en muchas cuentas, compra de inmuebles y de otros bienes suntuosos”.

En los allanamientos realizados en las últimas horas, se secuestró documentación contable, así como registros de operaciones financieras y dinero en efectivo, junto a computadoras y teléfonos que podrán ser peritados. También fueron arrestados los acusados de ser los actuales operadores administrativos de La Salada y su feria conexa, la feria Urkupiña.

No es la primera vez que Castillo es detenido. El empresario ya había sido allanado y arrestados el 21 de junio de 2017, en el marco de una causa por delitos similares. “El Rey de la Salada” fue más belicoso aquella vez.

Ese día, tal como hoy viernes, decenas de efectivos de la Policía Bonaerense y de fuerzas de seguridad federales realizaron 55 allanamientos simultáneos. Uno de los objetivos fue la casa de Castillo en la localidad de Open Door, partido de Luján, donde dormía junto a su familia.

Cuando los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental de la Bonaerense derribaron la puerta de su dormitorio, Castillo comenzó a disparar con una escopeta, estilo Tony Montana en Scarface. El tiro impactó en el escudo de policarbonato de uno de los efectivos; las esquirlas hirieron su ojo derecho.

En aquella ocasión cayeron otros 20 sospechosos, entre ellos Hugo, hermano de Jorge y supuesto dueño del paseo de compras “Coty 3″; su hijo Leandro Castillo y Gladys Elcira Arrieta, que figuran a cargo del paseo “Coty”; y Adrián Castillo, propietario de “Coty 4″, otro hijo de Hugo.

Fuentes judiciales en Lomas de Zamora aseguran que Castillo esperaba ir a juicio por el hecho de 2017. Sin embargo, ni siquiera estaba bajo prisión domiciliaria al momento de ser arrestado hoy por la mañana.

Ayer lunes, la Policía Federal desplegó un amplio operativo de saturación en el barrio San Javier de la vecina ciudad de Frontera, como respuesta a la creciente inseguridad que afecta a la región. Durante el operativo, se logró el secuestro de estupefacientes y la detención de varias personas. Este accionar se produce luego de una semana marcada por la violencia y la muerte, que incluyó nuevos asesinatos y heridos graves, evidenciando la crisis de narcotráfico, inseguridad y la desesperanza de los vecinos.

Los hechos de violencia siguen siendo una constante pese a los esfuerzos por mejorar la seguridad y los vecinos no dejan de expresar su preocupación. El intendente de Frontera, Oscar Martínez, se reunió a principio de año con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para analizar posibles medidas que puedan devolver la tranquilidad a los habitantes. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe aseguraron que uno de los objetivos principales para 2025 será el refuerzo de la seguridad en el departamento Castellanos, que incluye a la localidad de Josefina y otras áreas cercanas, como el conflictivo barrio Acapulco.

NOTICIA EN DESARROLLO 

Un escándalo de grandes proporciones se generó, luego de conocerse que el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Rolle, usó un avión de esa fuerza para trasladar familiares y allegados a la fiesta de su casamiento que se realizó en Corrientes.

Fuentes oficiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que Rolle celebró su casamiento en una estancia en esa provincia mesopotámica y para llevar a sus parientes usó una aeronave con capacidad para 11 o 12 personas.

El avión utilizado sería un Viking DHC-6-400 Twin Otter, adquirido a Canadá en 2019, justo cuando Patricia Bullrich también era ministra de Seguridad de la Nación.

El hecho que involucra a Rolle es similar al escándalo que se generó y que derivó en la salida del ex titular de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Fernando Mengo, quien usaba aviones de la FAA para trasladar amigos y allegados hacia Entre Ríos para comer asado o disfrutar de una jornada en esas provincia.

El viaje de Rolle se realizó el 3 de octubre pasado y partió desde Ezeiza (allí hay un hangar de la Policía Federal donde guardan varias aeronaves), ya que el casamiento fue el sábado 5 de ese mes.

La fiesta iba a ser para unas 300 personas, pero al parecer, el jefe de la PFA decidió dar marcha atrás con esa cantidad de asistentes. y acotarla a una celebración íntima.

"Fueron dos los motivos por los que dio marcha atrás. El primero fue porque semanas antes estalló el escándalo de la casona que tenía la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que se usaban para fiestas VIP, de las cuáles estaba acusada Tamara Pettinato y su pareja, el ex director de la PSA José Glinski. Y la segunda porque ya sabía que en el Ministerio de Seguridad empezaron a rondar nombres de jefes para reemplazarflo", reveló una fuente a NA.

De hecho, Rolle buscaba cuidarse y no dar motivos a Bullrich para desplazarlo de la Federal, ya que él sabía que la miniatra cuando asumió el cargo intentó cambiar la cúpula pero no pudo porque las designaciones en PFA, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y PSA las había ordenado el entonces jefe de Gabinete de la Nación Nicolás Posse.

Con la renuncia de Posse, la funcionaria de Seguridad podría volver a la carga y Rolle sabe que ella tiene definido un reemplazante para ese cargo. Por eso, el jefe de la fuerza prefirió mantener un perfil más bajo y no darle motivos a Bullrich.

El hecho cometido por Rolle es similar al de Mengo en la Fuerza Aérea, y más allá que hasta el momento solo se constató ese viaje, está penado por la ley usar los bienes del Estado para uso personal, algo que debería ser denunciado por cualquier funcionario policial o político que haya tomado conocimiento de esta irregularidad.

En un operativo desarrollado por la Policía Federal Argentina, y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se desarticuló un clan familiar dedicado al narcotráfico en la Ciudad de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

La División Antidrogas Río Hondo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas llevó a cabo seis allanamientos en los Barrios Herrera El Alto, Los Ralos y San Martín, como resultado de una investigación que se inició en febrero y se extendió por ocho meses. Esta pesquisa permitió identificar con claridad las operaciones de narcotráfico llevadas a cabo por este clan familiar, que vendía estupefacientes a jóvenes de la zona.

Es así que se realizó un importante operativo que resultó en la detención de cinco personas, mayores de edad, entre las cuales se encontraban los líderes del clan y la concubina de uno de ellos. Durante los allanamientos, se secuestraron grandes cantidades de cocaína, dinero en efectivo proveniente de ventas ilícitas, motos, automóviles y otros bienes adquiridos de manera ilegal. Además, se incautaron armas de fuego utilizadas para intimidar a los vecinos y defender su territorio delictual.

Con esta acción, la Policía Federal Argentina, reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santiago del Estero. Las operaciones se llevaron a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía, a cargo del Dr. Emanuel Sabater, y con la anuencia del Juzgado de Control y Garantías en lo Penal, dirigido por el Dr. Silvio Salice.

Este viernes se realizó un amplio operativo interfuerzas en el camino Interprovincial y los barrios Hospital, La Milka, Roque Sáenz Peña, Vélez Sarsfield, Palmares, El Prado y San Cayetano de San Francisco, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.

El operativo contó con la colaboración de diversas unidades especiales, entre ellas Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Antinarcotráfico. Equipo Táctico Especial Recomendable (Eter), Policía Caminera, Guardia de Infantería, Sección Especial de Operaciones Motorizadas (Seom), Patrulla Rural, Policía de Frontera (Santa Fe), bomberos voluntarios, inspectores municipales y móviles del Cuerpo de Prevención Urbana.

El operativo obtuvo resultados positivos, incluyendo: 264 personas controladas, 45 automóviles controlados y 148 motocicletas controladas, de las cuales 15 fueron retenidas.

Además, se recuperaron  dos motocicletas con pedido de secuestro y se detuvo a dos mujeres: se detuvieron a dos mujeres a solicitud de la Fiscalía de Morteros.

Se secuestraron cinco motocicletas por infringir la Ley de Tránsito. También se realizó un allanamiento exitoso por un caso de robo calificado.

"Este operativo subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito y la protección de los ciudadanos, destacando el trabajo coordinado entre diversas dependencias policiales y municipales", informaron las autoridades.

La Policía Federal Argentina (PFA), fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, secuestró una importante cantidad de mercadería (ropa, artículos de bazar y alfalfa) sin la documentación legal correspondiente en tres operativos realizados sobre la Ruta Nacional N°9, a la altura kilómetro 596. 

En el primero de ellos, agentes de la División Unidad Operativa Federal Villa María, indicó al chofer de un vehículo utilitario que detenga su marcha. Durante la requisa del rodado, se observó que el mismo transportaba productos varios como mercadería de bazar, regalería y juguetería, desde la ciudad de Villa María, hasta los locales aledaños, sin la acreditación legal pertinente, por lo que dicha carga, valuada en 400 mil pesos, fue incautada y el conductor, argentino de 44 años, fue notificado de la causa.

Durante el segundo procedimiento, los efectivos federales solicitaron al chofer de otro vehículo utilitario que detenga su marcha. Al requisar el vehículo, observaron que el mismo transportaba indumentaria de ropa interior, desde la ciudad de Carlos Paz, hasta la ciudad de Villa María, sin la documentación pertinente. Por este motivo, la carga, valuada en un millón quinientos mil pesos, fue incautada mientras que el conductor, boliviano de 24 años, fue notificado de la causa.

Finalmente, en el último operativo los uniformados le señalaron al chofer de un camión de gran porte, que detenga su marcha. Durante la requisa del rodado, los uniformados observaron que el mismo transportaba mega alfalfa desde la zona rural de Rincón, hasta las localidades aledañas de la zona rural de Tío Pujio, sin la documentación  correspondiente. De esta manera, la mercadería, valuada en dos millones quinientos mil pesos, fue confiscada mientras que el chofer, argentino de 39 años, fue notificado de la causa. 

El total de la mercadería secuestrada quedó a disposición del Afip distrito Villa María, por infracción a la Ley Penal Tributaria.