El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional y exigió que la vicepresidenta Victoria Villarruel “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con la gestión libertaria.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario nacional calificó de “barbaridad” y “disparate” los últimos mensajes publicados por Villarruel en X, en los que la vicepresidenta expresó una “genuina preocupación” por el estado del presidente y habló de “persecuciones imaginarias”.

Para Santill, esas expresiones son “agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula” y, al ser consultado si Villarruel debería renunciar, fue directo: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”.

La polémica con la vicepresidenta se desató el ayer, horas antes de la cadena nacional en que Milei presentó el proyecto de reforma del BCRA. Villarruel reaccionó a un retuit presidencial de la diputada Lilia Lemoine, que la acusaba de coordinar acciones contra el Gobierno junto a la legisladora opositora Marcela Pagano.

Por otro lado, Santilli defendió el paquete de reformas presentado por el Ejecutivo y explicó que la reforma establece como misión exclusiva del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe de forma taxativa al organismo emitir dinero para financiar al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.

“Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas”, enumeró el jefe de Gabinete.

Sobre la arquitectura institucional del BCRA, Santilli subrayó que el proyecto “blinda” al presidente del organismo frente a presiones políticas, al exigir dos tercios de los votos de ambas cámaras del Parlamento para su remoción —hasta ahora bastaba con esa mayoría solo en el Senado—. El jefe de Gabinete descartó que la “independencia” del BCRA sea el concepto rector de la reforma: “¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase ‘independencia del Banco Central’? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron”, indicó.

El proyecto incluye además la figura del “grillete fiscal” y el mecanismo de shutdown o cierre temporal de la administración pública en caso de déficit sostenido. Santilli explicó que, si durante varios meses el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio presidente quedarían suspendidos. Jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, salud y educación quedarían exceptuadas. “Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, sintetizó.

Santilli también apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner al respaldar las palabras de Milei, quien en la cadena nacional la acusó de haberle “robado” al BCRA 10.000 millones de dólares a través de la reforma de la carta orgánica de 2012. “Eso es una estafa definitivamente”, afirmó el jefe de Gabinete, quien recordó que la Argentina acumula una inflación de 169.000 % desde la salida de la convertibilidad en 2001.

Al ser consultado por los tiempos legislativos, Santilli confirmó que el proyecto entrará por la Cámara de Diputados y se tratará en los próximos meses, con el respaldo de varios gobernadores que ya ordenaron sus cuentas fiscales. Sobre el futuro del actual presidente del BCRA, Santiago Bausili, el jefe de Gabinete elogió su gestión, pero aclaró que la decisión de su continuidad corresponde al presidente de la Nación.

El paquete de reformas presentado por Milei incluye, además de la modificación de la carta orgánica del BCRA, proyectos de ley para la liberalización del mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros. Santilli indicó que estos últimos proyectos ingresarán al Congreso en una segunda etapa.

El presidente Javier Milei destacó este domingo las medidas que implementó en su gestión y remarcó "la eliminación del cepo cambiario" al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado".

Milei explicó que ese "no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos".

"Vaya que es bueno eliminarlo", indicó en su discurso durante la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

Asimismo, señaló: "Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena".

El mandatario nacional anticipó que "se viene un Campo radicalmente distinto" al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de ese sector.

"Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", afirmó Milei.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo "no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación".

Terminó el Mundial. La selección argentina fue subcampeona. A la decepción por no conseguir el título le siguió una reacción popular que fue muy distinta a la que se presentó frente a otras finales perdidas. Se reconoció el proceso y el trabajo en equipo. También los liderazgos austeros y sensatos, exentos de posturas demagógicas y con la sensibilidad a flor de piel.

Es verdad que el cierre del Mundial también dejó episodios que deslucieron parcialmente ese recorrido. Las reacciones de unos pocos jugadores resultaron innecesarias y alimentaron interpretaciones conspirativas sobre un supuesto sentimiento antiargentino en otras latitudes. Las hogueras virtuales de las redes sociales hicieron el resto, amplificando esos episodios hasta darles una dimensión mayor que la que realmente tuvieron. Sin embargo, el reconocimiento a los valores que encarnó esta selección quedó por encima de esos excesos, que merecen una revisión crítica, pero no alcanzan a opacar lo construido durante todo el proceso.

El Mundial significó un tiempo muerto para los grandes temas del país. El Congreso se aletargó y proyectos de ley trascendentes volvieron a su cajón. También varias decisiones en materia económica parecieron suspenderse debido a que la atención de la opinión pública estaba centrada en los partidos de la selección. Así, mientras el país miraba las remontadas de Messi y sus muchachos, la política se dedicó a esperar. “El 2027 empieza después del Mundial”, fue la consigna.

Y ya empezó. Como si el Mundial hubiera sido apenas un paréntesis en una dinámica que nunca cambió y de la que la dirigencia pretendió arrimar a su propio arco algunas enseñanzas de la "Scaloneta" para mejorar el clima político. Todo volvió a medirse en clave electoral, con la mirada puesta en las legislativas del año próximo. Se reactivó la confrontación entre las distintas fuerzas y también dentro de cada una de ellas. El cortoplacismo volvió a imponerse tanto en los discursos como en las decisiones, mientras la agenda pública acumula problemas que no admiten demoras.

El gobierno y los sectores autodenominados progresistas quedaron en offside frente a “ola antiargentina” que se desplegó luego de la final que ganó España. Los libertarios procuraron capitalizar este hecho para su batalla cultural. No tuvieron mayor éxito. En la vereda de enfrente fueron muchos los que no pudieron conciliar el sueño al escuchar  las acusaciones de discriminación y racismo que hicieron personajes representativos en el mundo de las ideas que defienden.  

La confusión se mantuvo cuando, era inevitable, se retomó una agenda política que había quedado eclipsada por el Mundial. Volvieron a discutirse las reformas que el Gobierno pretende impulsar -entre ellas la electoral y el futuro de las Paso-, la polémica por la ley de tierras y las modificaciones al régimen de inocencia fiscal. También regresó al centro del debate el desafío de consolidar la estabilidad sin resignar la demorada reactivación económica, en medio de declaraciones oficiales -como la de Luis Caputo sobre los dólares "en el colchón"- que remitieron a situaciones similares del pasado.

Al mismo tiempo, la política volvió a organizarse en función del calendario electoral. Mientras el oficialismo procura reordenar su estrategia y exhibe una unidad que las fotografías muestran más sólida de lo que en realidad es, las distintas expresiones de la oposición continúan inmersas en sus propias incertidumbres, con dirigentes enfrascados en disputas personales y movimientos destinados a despejar sospechas sin terminar de definir un rumbo común. La "rosca" recuperó protagonismo y también los gobernadores comenzaron a tomar decisiones con la mirada puesta en el tiempo electoral que se avecina.

Ni siquiera el fútbol quedó al margen del regreso de la política. El “Chiqui” Tapia de traje blanco inmaculado, observó el horizonte judicial detrás de sus anteojos negros, bajó del avión, cruzó la alfombra roja y esbozó una mueca con sorna. Sonreía.  Pese a que en Estados Unidos ya se investigan las sospechosas operaciones financieras de la dirigencia del fútbol nacional, sabe que en algunos ámbitos tribunalicios continúan aquí jugando su propio partido. Un pase para adelante, varios para el costado y otro al arquero. No solo es lentitud.

La discutida pausa de hidratación del Mundial sirvió, en algunos casos, para corregir errores, reorganizar posiciones y replantear estrategias de cara a los tramos decisivos de un partido. La pregunta es si la dirigencia hizo eso durante las semanas en las que estuvimos pendientes de la selección o simplemente aguardó a que pasara el campeonato pensando que un nuevo título fungiría como un bálsamo que acomodase la realidad a sus propios intereses.

Después de su golazo a Inglaterra, Enzo Fernández hizo el “Topo Gigio”. Para el columnista Luciano Román, en La Nación, ese gesto “tiene algo de desafío y de desahogo, pero también podría leerse como la predisposición a escuchar. A veces toca oír el aliento, la felicitación, el fervor de la idolatría; otras veces, la crítica constructiva y hasta las preguntas incómodas”.

Después de esta larga pausa de hidratación, la política volvió a la cancha. En el Mundial, los equipos aprovecharon ese intervalo para corregir errores, redefinir estrategias y escuchar a su entrenador. La dirigencia argentina, en cambio, volvió a jugar como si nada hubiera ocurrido. Es difícil corregir estrategias o tomar decisiones acertadas si antes no existe la disposición a escuchar.

El PRO Córdoba concretó la asunción de sus nuevas autoridades partidarias en un acto realizado en el salón del Automóvil Club Argentino (ACA), donde Oscar Tamis asumió como presidente de la fuerza en la provincia.

El lugar recibió a más de 600 personas, entre dirigentes, delegados y militantes provenientes de los distintos departamentos cordobeses, quienes participaron de la ceremonia que formalizó la nueva conducción surgida del proceso electoral interno del partido.

Junto a Tamis, asumieron María Lucrecia Bustos como secretaria general, mientras que las vicepresidencias quedaron a cargo de Alejandro Kuznitzky, Mariam Monguzzi e Ignacio Sala.

Desde el espacio destacaron que la renovación fue definida por los afiliados cordobeses mediante el voto y ratificada por la Justicia en todas sus instancias, luego de las presentaciones realizadas por sectores internos que cuestionaron el proceso electoral.

Durante el acto, el presidente saliente del partido y primer delegado de la Asamblea partidaria, Oscar Agost Carreño, tomó la palabra para repasar el camino recorrido y remarcar que el PRO Córdoba inicia una etapa con una estructura más ordenada y nuevas reglas de funcionamiento.

También tuvo un rol destacado la diputada nacional Laura Rodríguez Machado.  Su mensaje conectó la renovación partidaria con la agenda de reformas que el espacio apoya a nivel nacional, dejando en claro que el PRO Córdoba no solo ordena su casa puertas adentro: también se planta con voz propia en el debate político provincial y nacional.

La Juventud PRO Córdoba también formó parte del encuentro, con Ivo Foguet Passer, marcando que la renovación no es solo de nombres: es también de generación, de energía y de continuidad para la próxima década.

Además, el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, estuvo presente acompañando a la nueva conducción. 

El acto contó con representantes de los 26 departamentos de la provincia, quienes subieron al escenario para recibir sus certificados como autoridades partidarias. También participaron integrantes de la Asamblea de Delegados, la Comisión Revisora de Cuentas, el Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral y la Asamblea Provincial de la Juventud.

La jornada contó además con la presencia de dirigentes de distintos espacios políticos que acompañaron la asunción de las nuevas autoridades.

Entre ellos estuvieron representantes de La Libertad Avanza, el diputado Enrique Lluch, los legisladores Walter Nostrala y Walter Gispert del Frente Cívico, Franco Jular de la Unión Cívica Radical y Gastón Dueñas de Primero la Gente, entre otros dirigentes.

Asimismo, la Unión Cívica Radical (UCR) hizo llegar una nota de salutación al nuevo presidente y a la conducción entrante, en un gesto de reconocimiento institucional al proceso democrático que atravesó el partido.

Desde el PRO Córdoba señalaron que la nueva etapa tendrá como objetivo continuar trabajando junto a las fuerzas aliadas en propuestas destinadas a los municipios de la provincia, con una agenda común vinculada a la gestión.

Con la asunción de Oscar Tamis, el PRO Córdoba inició un nuevo período al frente de la conducción provincial, luego de un proceso electoral interno que definió a sus nuevas autoridades.

Luego del parate por el Mundial de Fútbol 2026, el oficialismo busca recuperar la iniciativa y en Casa Rosada se reunió la Mesa Política para reordenar la agenda legislativa y activar el Congreso luego de que finalicen las vacaciones de invierno.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, donde analizaron las estrategias para aprobar varios proyectos de reformas que se encuetran trabados.

Los principales actores de La Libertad Avanza (LLA), como el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo, entre otros, plantearon cuáles serán las estrategias que pondrán en marcha en este último semestre del año.

Durante dos horas, parte del Gabinete delineó un esquema parlamentario para implementar luego del receso de invierno, con temas vinculados a las distintas reformas que el Ejecutivo Nacional pretende llevar a cabo y el armado político electoral para el 2027.

En cuanto a la estrategia legislativa, se analizó las distintas formas de destrabar el debate y lograr los consensos necesarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para impulsar proyectos clave como la reforma del Banco Central, las modificaciones al régimen de Zona Fría y los cambios sobre propiedad privada.

También, discutieron acerca del correlato político y la reforma electoral que quieren aprobar prontamente, previo a los comicios nacionales.

Por su parte, Santilli manifestó que, en estos días, llevará a cabo encuentros con gobernadores "para formalizar convenios clave", entre ellos el traspaso de obras viales a la provincia de Santa Fe y confirmó que la próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de infraestructura, como acueductos y plantas potabilizadoras, entre otras iniciativas.

Por último, informaron que este miércoles, Luis Caputo presentará en conferencia de prensa el proyecto de ley de "Inocencia Fiscal II" para su ingreso en Diputados, mientras que el presidente Javier Milei presentará la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, antes de su tratamiento en el Congreso Nacional.

Con el Mundial 2026 finalizado, el Gobierno comenzó a hacer cuentas y a afinar su hoja de ruta de cara a 2027. Hay plazos concretos, expectativas económicas y metas en la recta final del año previo a la elección presidencial.

Como reconoce un miembro del gabinete de Javier Milei ante Agencia Noticias Argentinas, la economía no tiene los números ideales. Ven sí cuestiones positivas, como la estabilidad cambiaria, el aumento de las exportaciones o la baja de la inflación, entre otros ejes. Pero hay un reconocimiento muy claro sobre lo que pasa en el bolsillo del trabajador: “La gente no está recibiendo plata”.

Pese a este diagnóstico duro, hay optimismo para los próximos meses. En el seno de la administración libertaria están convencidos de que a partir de noviembre la economía va a despegar. “Hay que esperar 120 días, ese es el cálculo que tenemos”, subraya un funcionario de relevancia de este Gobierno.

Con otro dato más: imaginan que el peronismo no va a poder resolver sus diferencias internas y llegará totalmente golpeado a inicios del año próximo. “Es el escenario ideal”, agrega esta voz del gabinete sobre lo que desean para 2027, en el que el jefe de Estado buscará su reelección como ya lo ha dicho en varias ocasiones, como en el aniversario de la Bolsa de Comercio el pasado jueves. En aquella ocasión sostuvo: “Voy a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo en la Argentina”.

Claro está, para que este panorama que se encuentra en la cabeza del jefe de Estado sea una realidad, el Gobierno debe dejar de lado sus peleas puerta adentro. Enfrentamientos que en más de una ocasión tomaron estado público y que dañaron al oficialismo. En el elenco gubernamental lo expresan sin vueltas: “Somos especialistas en pegarnos tiros en los pies”, reconocen.

Dentro de los objetivos legislativos, en Balcarce 50 esperan que se concreten las reformas pendientes y que se paralizaron por el efecto Manuel Adorni, el ex jefe de Gabinete atravesado por múltiples causas que indagan su sorprendente evolución patrimonial.

En concreto, tratarán de sancionar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las modificaciones al Régimen de Zonas Frías y al de Inocencia Fiscal, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central que planteó el Presidente y la reforma electoral, que consagra la eliminación de las primarias.

Además, hay dos proyectos que ideó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el tintero: la reforma del código aduanero y la desregulación del mercado inmobiliario.

Todavía no se conocen los detalles de los textos. Sin embargo, los borradores ya circularon por empresarios y dirigentes sindicales, tal como le consta a este medio.

Daniel Scioli fue redesignado como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se informó este lunes a través del Decreto 606/2026 del Boletín Oficial y se indicó que el cargo seguirá siendo "ad honorem".

"Desígnase con carácter 'ad honorem', a partir del 8 de julio de 2026, en el cargo de Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete de la  Jefatura de Gabinete de Ministros al licenciado Daniel Osvaldo Scioli", señaló el escrito firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, en el Decreto 607/2026 se informó la designación en el cargo de Titular de la Unidad de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al abogado Ezequiel Galli y la misma también rige desde el 8 de julio de 2026.

El gobierno de Javier Milei definió este sábado la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna. De acuerdo a la información de la Agencia Noticias Argentinas , ya se está en la búsqueda de un reemplazante.

Geuna es un hombre del asesor Santiago Caputo y días atrás había perdido el control de tres áreas importantes: el Enacom, Arsat y el Correo Argentino.

En un decreto publicado esta semana, Enacom pasó a manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Arsat y Correo Argentino, quedaron a cargo de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, de Gustavo Coria.

Mientras millones de argentinos viven una jornada marcada por el fervor mundialista, la Unión Cívica Radical de Córdoba (UCR) protagonizó un episodio que volvió a exponer la profunda crisis institucional que atraviesa el partido. La conducción encabezada por Marcos Ferrer convocó para hoy sábado a las 10 a un Congreso partidario virtual, mediante la plataforma Zoom, con el objetivo de tratar la prórroga de los mandatos de las actuales autoridades, una decisión que generó un fuerte rechazo interno y profundizó la disputa por el control político del radicalismo de cara a las elecciones de 2027.

El oficialismo justificó la convocatoria en la imposibilidad económica de organizar una elección interna provincial. La propuesta consistió en extender por un año los mandatos vigentes, lo que permitiría a la actual conducción conservar el manejo partidario durante un período decisivo, cuando deberán definirse las alianzas electorales y las candidaturas para los próximos comicios provinciales y nacionales.

Sin embargo, desde los sectores opositores interpretaron que la discusión excede el aspecto económico y representa un serio retroceso institucional. El principal cuestionamiento provino del legislador provincial Dante Rossi, quien acusó a la conducción de intentar evitar el debate interno y concentrar el poder partidario.

"La UCR tiene que resolver democráticamente sus autoridades. A pedido de su presidente Marcos Ferrer llaman a un Congreso por Zoom el día que juega Argentina para intentar perpetuarse en el poder y tomar definiciones de espaldas a los afiliados", sostuvo Rossi.

El dirigente también apeló a la identidad histórica del partido para cuestionar la decisión. "La UCR es el partido de la institucionalidad. Reclamamos permanentemente institucionalidad al peronismo de Córdoba y no damos el ejemplo en nuestro propio partido", afirmó. En el mismo sentido agregó: "Perpetuarse en el poder es lo más parecido a la Formosa de Gildo Insfrán y no a la democracia que conseguimos con Alfonsín".

Según explicó Rossi, la conducción partidaria impulsó la convocatoria luego de consultar a los presidentes departamentales sobre la posibilidad de extender los mandatos por un año. "La mayoría de los presidentes departamentales son oficialistas, con algunas excepciones. Por ejemplo, Río Cuarto rechazó la prórroga", señaló.

El conflicto también gira en torno a la interpretación de la Carta Orgánica. Mientras la oposición sostiene que la normativa no contempla la posibilidad de prorrogar mandatos, el oficialismo entiende que el Congreso está facultado para resolver cuestiones no previstas expresamente mediante el voto de los dos tercios de los presentes.

Rossi anticipó además que, si la medida prospera, recurrirá a la Justicia. "Me parece increíble que el partido de la democracia la niegue para adentro, que no haya diálogo, que no haya debate, que nadie sea tenido en cuenta", expresó. Y advirtió: "Si aprueban la prórroga, la semana que viene vamos a ir a la Justicia. Para nosotros es totalmente ilegal".

Para el dirigente opositor, la verdadera motivación de la conducción es conservar el control de las decisiones estratégicas del partido. "Ellos quieren tener la lapicera para resolver entre ellos el 100 por ciento de las alianzas y de las candidaturas", afirmó, al sostener que la extensión de los mandatos permitiría definir el proceso electoral de 2027 sin abrir una discusión interna.

Desde el sector que responde a Ferrer y al diputado nacional Rodrigo de Loredo rechazaron esas críticas. La legisladora provincial Alejandra Ferrero defendió la decisión al sostener que "es una herramienta que se ha utilizado durante la mayoría de los mandatos. No hay nada raro".

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

A pesar de que en el mes de junio el gasto registró una suba puntual del 3,7%, el acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja.

Los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura, mientras que las partidas destinadas a subsidios mostraron comportamientos dispares.

De acuerdo con el informe de la consultora Analytica, el gasto primario devengado alcanzó una reducción acumulada en la primera mitad del año, destacando que “en el primer semestre acumula una baja del 2,3% interanual”.

El documento utiliza datos basados en información disponible al 3 de julio para analizar la dinámica fiscal.

Las transferencias a las provincias lideraron el ajuste del semestre. El informe señala que “el mayor ajuste correspondió a transferencias a provincias (-62,1%), aunque, descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída acumulada se reduce al 52,3%”.

Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4% en términos reales.

En el detalle de junio, la baja en este sector fue del 74,9%, con retrocesos tanto en construcciones como en transferencias de capital.

En contraste, los subsidios destinados a la energía mostraron una dinámica opuesta.

Según el documento, “el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7%)”.

En cambio, el sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre, afectado por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

El gasto en seguridad social tuvo variaciones mínimas durante la primera mitad del año. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%.

Por otro lado, las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con un incremento de apenas el 0,3%.

Finalmente, el reporte detalla el estado de la deuda flotante, que se refiere a los pagos pendientes del Estado.

“En el primer semestre del año, la deuda flotante acumulada es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB”.

Este nivel es similar al registrado en junio de 2025 y responde en parte al pago estacional de aguinaldos.

El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores.

Así se indicó en el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el cual se detalló que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”.

“Para una mejor gestión resulta conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior”, señaló el escrito en el cual se añadió: “Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.

En tanto, indicó: “El jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado”.

“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios y Cultura”, añadió el documento.

Por medio del Decreto 574/2026 firmado por el presidente Javier Milei y por Santilli, se le aceptó la renuncia al licenciado Guillermo Ignacio Devitt al cargo de Secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

El área en la que estará a cargo Devitt mantiene intervención en la articulación parlamentaria, la centralización de pedidos del Congreso y el seguimiento de las votaciones legislativas, mientras que además quedan bajo su órbita Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, además de Turismo, Ambiente y Deportes.

En tanto, a través del Decreto 575/2026 se le aceptó la renuncia al licenciado en Ciencia Política Gustavo Javier Coria al cargo de Secretario de Interior del entonces Ministerio del Interior y se lo designó “en el cargo de Vicejefe de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Según se informó, esta Vicejefatura tendrá bajo su control Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relación con Provincias, Relación con Municipios, Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral, el Renaper, el INAI, la AABE, la Corporación Puerto Madero y Parques Nacionales.

En el Decreto 573/2026 se le aceptó la renuncia a Fabián Horacio Fernández al cargo de Secretariado de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se lo designó como “Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación”.

Además, en el Decreto 572/2026 se indicó: “Desígnase en el cargo de Secretario de Vocería Presidencial de la Presidencia de la Nación al doctor Adrián Osvaldo Ravier”.

En un fallo de impacto institucional, la Cámara Nacional Electoral (CNE) declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que transfería la competencia para otorgar la ciudadanía argentina a la Dirección Nacional de Migraciones, un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad.

El tribunal consideró que el Presidente se excedió en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, tal como pudo consignar Agencia Noticias Argentinas.

La resolución de la Cámara se basó en dos ejes centrales que fulminan la legalidad del decreto. En concreto, habla de invasión en materia electoral. Porque los jueces recordaron que otorgar la ciudadanía está directamente ligado a la adquisición de los derechos políticos (como el voto). La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 3°, prohíbe de forma expresa y "bajo pena de nulidad absoluta e insanable" que el Poder Ejecutivo dicte DNUs que regulen la materia electoral.

A su vez, marca una falta de urgencia real: El tribunal desmontó los argumentos del Gobierno al señalar que no existían razones de "rigurosa excepcionalidad" que impidieran que este cambio de leyes se discutiera de manera ordinaria en el Congreso de la Nación.

"Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa", explicaron los magistrados, argumentando que la Justicia tiene la obligación de hacer valer las leyes por encima de cualquier decreto que intente modificarlas sin cumplir con los requisitos de la Carta Magna.

Tras declarar la invalidez de la norma, la CNE ordenó revocar un fallo de primera instancia que le había negado la ciudadanía a un solicitante bajo el paraguas del polémico DNU.

Además, informó que se notificó formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a dar marcha atrás con la medida. Por último, la resolución fue enviada a todos los jueces federales con competencia electoral del país para unificar el criterio: a partir de ahora, el otorgamiento de la ciudadanía argentina vuelve a ser una facultad estrictamente judicial.

El juez federal Luis Armella les prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a su ex pareja Jesica Cirio, aunque decidió no hacer lugar al pedido de detención requerido por el fiscal Sergio Mola, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En concreto, el ex intendente y la modelo tendrán la “obligación de no ausentarse de un radio de cincuenta kilómetros del domicilio denunciado, sin autorización judicial previa, y obligación de comunicar al Tribunal, con suficiente antelación, todo desplazamiento que importe una ausencia superior a veinticuatro horas de dicho domicilio”.

En su pedido de detención, el fiscal Mola había argumentado que existía riesgo de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas.

La causa avanza tras la difusión de videos grabados en 2023, donde se observan fajos de dólares en el vestidor de la casa de Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. A raíz de este material, la Justicia ordenó allanar domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo, así como peritar el teléfono celular que la modelo entregó en sede judicial. Se intenta establecer el monto exhibido en las imágenes, que según los investigadores rondaría los diez millones de dólares.

Piccirillo es un financista que fue pareja de Cirio después de su divorcio con Insaurralde. Actualmente cumple prisión domiciliaria por una causa en la que se lo acusa de haber armado un operativo para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero.

La causa identificada como FLP 38935/2023) investiga, entre otros, a Martín Insaurralde por dos figuras penales: Lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y Enriquecimiento ilícito (art. 268, inc. 1 del Código Penal). El período investigado abarca los años 2009 a 2023.

El magistrado esgrimió cinco argumentos centrales para no ordenar la detención:

El material audiovisual en el que se ve a la la la conductora de TV con dinero en efectivo —detonante del pedido fiscal— aún no fue analizado por la DATIP (dependencia del propio Ministerio Público). El juez ordenó un peritaje para determinar si el video fue modificado o adulterado, incluso mediante inteligencia artificial, y para establecer si el vestidor corresponde a algún inmueble de los imputados. Sin ese resultado, el elemento de prueba central carece de validez comprobada.

El propio fiscal sostuvo que el video dataría de 2023, posiblemente anterior al inicio de la causa y a los allanamientos ya realizados en la finca de San Vicente. Para el juez, eso impide afirmar que existe un riesgo actual o un cambio real en el cuadro fáctico que justifique la detención.

El juez señaló que los imputados se mantuvieron en todo momento a disposición de la justicia, cumplieron cada requerimiento y acataron las restricciones impuestas desde octubre de 2023. Ese comportamiento constituye, a su criterio, un elemento objetivo que descarta el riesgo de fuga o entorpecimiento.

“El juez advirtió que el Ministerio Público nunca identificó para Cirio un hecho concreto ni una calificación legal específica, incumpliendo el propio art. 283 del CPPN”. Además, la fiscalía no pidió su indagatoria durante tres años, lo que el juez interpretó como reconocimiento implícito de que no existía mérito suficiente para convocarla.

El juez consideró que el dictamen fiscal presenta “graves defectos de fundamentación” que lo exponen a ser declarado arbitrario o nulo, lo que generaría un riesgo para el avance de toda la investigación. Los informes de PROCELAC, además, aclararon expresamente que no debían utilizarse como prueba pericial.

Medidas impuestas en su lugar

En vez de la detención, el juez dispuso para Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Sofía Clérici y los otros imputados :

A. Prohibición de salida del país, con comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones (art. 210, inc. “d” del CPPF).

B. Restricción de circulación: prohibición de alejarse más de 50 kilómetros del domicilio declarado sin autorización judicial previa, y obligación de avisar al tribunal con antelación cualquier ausencia mayor a 24 horas.

C. Obligación de actualizar domicilio en un plazo de 24 horas y mantenerlo actualizado.

D. Promesa de no obstaculizar la investigación (art. 210, inc. “a” del CPPF).

El juez argumentó que estas medidas son “idóneas y proporcionales” para garantizar la comparecencia a los actos procesales y evitar la frustración de la investigación, sin necesidad de recurrir a la detención.

La investigación contra Insaurralde analiza posibles maniobras de lavado de dinero, tras la aparición de fotos del ex intendente navegando por el Mediterráneo en un yate junto a Sofía Clerici. El expediente incluye la revisión de cámaras de seguridad, peritajes sobre dispositivos incautados y análisis de movimientos financieros.

El juez dispuso medidas como la inspección ocular de la vivienda de San Vicente, que ocupa dos lotes en el barrio “Fincas de San Vicente Club de Chacras”, y la solicitud de informes sobre ingresos y egresos al country desde 2022. El objetivo es comprobar si las imágenes de los videos corresponden al inmueble investigado. Además, el magistrado citó a declarar a dos ex empleadas domésticas y a Walter de la Fuente, contador de la empresa Sasaxa Libero SA, titular registral de la propiedad.

La investigación sigue centrada en el origen de los fondos detectados y en la titularidad de bienes a nombre del exfuncionario y su entorno.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú entregará el 15 de julio las credenciales a la fórmula ganadora de la segunda vuelta de las presidenciales, encabezada por la derechista Keiko Fujimori, virtual vencedora del balotaje, se informó oficialmente el viernes.

Con el 99,887% del escrutinio, Fujimori tiene el 50,122% de los votos válidos frente al 49,878% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, con un estrecho margen de 44.824 votos que ya no podrá ser revertido, pues solo quedan menos de 22.200 votos pendientes de repartir entre los dos candidatos.

"Finalmente, estaremos proclamando a una nueva fórmula presidencial que va a liderar los destinos del país en el próximo periodo constitucional, esperando que exista un balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial”, anunció el presidente del JNE, Roberto Burneo, en un comunicado.

Burneo, informó que se espera proclamar los resultados finales de la elección presidencial el viernes 3 de julio, cuando los 60 jurados electorales especiales habilitados para este proceso hayan terminado con las proclamaciones descentralizadas en todas las circunscripciones del país. 

El 15 de julio entregarán las credenciales en una ceremonia en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de Lima de San Borja, a la fórmula de Fujimori, que completa en la primera vicepresidencia Luis Galarreta y en la segunda, Miguel Torres. Precisamente este viernes se entregaron las credenciales a los 130 parlamentarios escogidos en las elecciones generales del 12 de abril.

De acuerdo con el acta de proclamación de resultados, la Cámara de Diputados del próximo Parlamento estará integrada por 41 diputados del derechista Fuerza Popular, 32 del izquierdista Juntos por el Perú, 18 del centroderechista Partido del Buen Gobierno, 15 del ultraderechista Renovación Popular, 14 del centroizquierdista populista del Partido Cívico Obras y 10 del partido de centroizquierda Ahora Nación.

Una mujer recorre cámara en mano un vestidor de dimensiones exageradas, casi un departamento dentro de otro. Mientras filma, abre cajones, cajas, valijas. Adentro, ordenados con una prolijidad elogiable, se observan fajos de dólares en bolsas de plástico termoselladas. Todos organizados. Casi con la fecha en la que llegaron a ese vestidor.

No es difícil hacer inferencias. Alguien pensó que esa montaña de dinero iba a durar mucho tiempo allí, hasta que fuese posible disfrutar de semejante suma. Y alguien decidió registrar imágenes. Las razones por las que lo hizo importan menos que la escena de dinero

cuidadosamente preservado, aislado y protegido del paso del tiempo.

Los billetes sellados, ordenados y apilados en un vestidor funcionan como metáfora de una costumbre que existe en la Argentina desde hace varias décadas. Alguna parte de su dirigencia practica el termosellado como modo de gestionar la realidad para que los hechos no modifiquen su narrativa.

Utilizando la lógica esgrimida por el todavía hoy jefe de Gabinete en su intento por explicar su crecimiento patrimonial, sería posible afirmar que Martín Insaurralde hubiese “ahorrado en negro como todos los argentinos”. Pero Manuel Adorni no podría hoy salir a “defender” a quien ocupó un cargo similar en el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sus desventuras mediáticas y judiciales se lo impiden. Mucho más luego de las fallidas explicaciones sobre su patrimonio que obligaron a reproducir el mecanismo clásico de esconder, guardarse y esperar.

Frente a esa realidad, la decisión fue encapsular. Termosellar a Adorni, despojarlo de algunas de sus funciones y manejar los tiempos en el Congreso para evitar la interpelación y una posterior moción de censura. Retirarlo de la primera plana mientras se espera que los hechos permitan decidir si se lo rescata o descarta.

No obstante, la operación de “guardado” no alcanzó la prolijidad de los fajos alojados en el vestidor de Insaurralde. Porque la envoltura narrativa que pretende morigerar el impacto choca con la épica discursiva de un gobierno que construyó buena parte de su capital afirmando que venía a combatir los privilegios de la vieja casta política. Y también porque la maquinaria de termosellado libertario todavía está en construcción. Se está fabricando en tiempo real. En esto difiere del kirchnerismo, que ya lo tiene consolidado. La diferencia está en el grado de desarrollo de las acciones tendientes a proteger el relato cuando los hechos amenazan con desmentirlo.

El caso de los billetes de Insaurralde le quita -otra vez- el velo al ya varias veces expuesto termosellado kirchnerista. Los espacios políticos construidos alrededor de un ideas férreas o de liderazgos intensos se articulan en la forja de una identidad ideológica definida. Y crean su propio sistema inmune. Cuando un hecho los amenaza, se activan anticuerpos que no modifican creencias, sino que adaptan los hechos al discurso. Se cava una trinchera en la que la posverdad florece.

El kirchnerismo duro es dueño de una narrativa repetida sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia no es independiente, los jueces responden al poder de turno, los tribunales son una herramienta de persecución política, las causas son construcciones destinadas a eliminar a la única líder capaz de representar al pueblo. Lawfare, exclaman.

Y entonces, aparecen los videos de Cirio e Insaurralde. Y los hechos deben reinterpretarse.

El ministro bonaerense Carlos Bianco, vocero del gobierno de Kicillof, aseguró que el caso "deberá esclarecerlo el Poder Judicial, que determinará de dónde provienen esos fondos y, si se comprueba la existencia de un delito, definirá las sanciones que correspondan". Ninguna referencia a lawfare. Ninguna sospecha sobre los jueces. Ninguna mención a la persecución política. La Justicia, de repente, es un árbitro confiable al que hay que dejar trabajar.

Se asiste de este modo a un termosellado ideológico en el que se procura descomponer una contradicción evidente. Es verdad que son situaciones judiciales diferentes, difíciles de equiparar y con expedientes que transitan instancias distintas. La cuestión es el cambio de valoración que se hace del Poder Judicial. Entonces, surge el interrogante: ¿por qué el Poder Judicial es una herramienta de persecución cuando el expediente tiene el nombre de Cristina, y una instancia confiable cuando tiene el de Insaurralde?". Más allá de las críticas legítimas que puedan formularse sobre el funcionamiento de la Justicia, son los jueces quienes deben determinar responsabilidades en ambos casos.

Es una postura que exhibe inconsistencias y reflota la lógica del termosellado. Una costumbre que refleja la mayor o menor capacidad de cualquier espacio político para procesar un hecho incómodo sin alterar su discurso. Si el escándalo viene de adentro y daña la imagen, se protege al protagonista hasta que resulta imposible hacerlo. En ese momento, se lo eyecta y se sigue. Si el escándalo viene de afuera, se interpreta como persecución, se denuncia y se sigue.

No se aprende, no se corrige, no se cuestiona. La máquina selladora no distingue el contenido de su envase. Solo importa que el paquete se cierre para seguir.

El oficialismo logró  aprobar y convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda del 2001.

Con 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa recibió media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, el último día del plazo acordado con los fondos buitre.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

El entendimiento con los fondos buitre adopta como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.

En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.

Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

La aprobación en el Congreso nacional permite dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El miembro informante del oficialismo, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, aseguró que con el pago a los dos fondos buitres se buscará cerrar después de 25 años "esta herida de deshonra internacional".

El libertario acusó al kirchnerismo de "ser irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia", en referencia a la ley de Pago Soberano del año 2014.

Al defender el dictamen de mayoría que autoriza a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP,  Benegas Lynch dijo que "pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales”.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que en los acuerdos de conciliación "se negoció una condición de quita un 30% de este remanente".

Además destacó que se exime al Estado de "pagar honorarios legales, lo que no es poca cosa"

"Generalmente en esta conciliaciones lo tiene que pagar el Estado", acotó Benegas Lynch.

Por otro lado, resaltó el hecho de que "los acreedores se hayan comprometido a no hacer nuevas acciones legales"

"¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio y se empiezan a acelerar las instancias judiciales", explicó.

A su turno, el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman advirtió que se trata de "un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país".

El economista de Patria Grande cuestionó el proceso de negociación: "El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después".

Y agregó: "Nos enteramos más de este proceso de negociación que lleva adelante el estado argentino por el reporte del Fondo Monetario Internacional que por los funcionarios argentinos".

Sobre el marco legal, Hagman recordó que "hay una ley vigente en la Argentina que dice que no se le puede dar un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores".

Por último, alertó: "¿Qué creen que va a generar esto que estamos discutiendo hoy, si no es un nuevo ciclo de endeudamiento y, por lo tanto, una nueva crisis financiera en nuestro país?".

En tanto, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) ratificó su rechazo al proyecto de ley al sostener que "este acuerdo, con estas dos firmas (Bainbridge y Attestor), no específica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de renta generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.

“Esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”, reprochó.

Pichetto considerpo que “esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 (Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional”.

El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola ratificó que el planteo de su sector político es el de "romper con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda".

"Este acuerdo con los fondos buitre marca el precdente de nuevas deudas con jurisdiccción extranjera", alertó.

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, criticó que desde el Gobierno "no informaron el monto original de los bonos", lo que hubiera permitido dilucidar si el monto de 170 millones de dólares a abonar es el correcto.

"La comparación debe hacerse con el valor de adquisición. Insisto en que hay que estudiar el perfil de la deuda y recordar que el kirchnerismo pagó las deudas reestructuradas e intereses, como incluso reconoce (el presidente Javier) Milei", siguió.

"Debemos discutir estos temas seriamente, defender los intereses nacionales y no los de los fondos buitres, como hicimos en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y al cancelar la deuda con el FMI", finalizó el santafesino.

En el discurso de cierre de La Libertad Avanza, Silvana Giudici remarcó que los dos fondos involucrados cuentan con una sentencia firme dictada por la Justicia de Estados Unidos.

Valoró asimismo que la gestión del Gobierno nacional logró pactar una quita sobre los montos de dicha sentencia sujeta a condiciones específicas de pago.

Giudici explicó que el entendimiento incluye la devolución de acciones de clases A, B y D de YPF que estaban en manos de dichos fondos buitre.

Al respecto afirmó de manera contundente que la recuperación de estas acciones "va a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto", eliminando el riesgo latente de futuros embargos sobre activos soberanos.

El presidente Javier Milei emprendió este miércoles un nuevo viaje rumbo a Madrid. Se trata de su sexta travesía a España desde que asumió su cargo en diciembre de 2023.

Al igual que en sus anteriores visitas, el mandatario argentino no tiene previsto mantener reuniones oficiales con el Rey Felipe VI ni con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni el Ejecutivo español realizaron comentarios oficiales sobre la continuidad de la falta de contactos bilaterales al más alto nivel. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se limitaron a señalar que el gobierno de ese país "ha sido informado del próximo viaje del presidente Milei", sin precisar si se evaluó algún encuentro ni profundizar en el estado actual de las relaciones diplomáticas.

El motivo principal del viaje del jefe de Estado en esta ocasión es recibir este viernes la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo, una distinción otorgada por su rol como economista, docente y su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica", según detalla el decreto de la institución académica. Además, Milei será el encargado de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.

Paralelamente a las actividades académicas, fuentes diplomáticas confirmaron que el mandatario aprovechará su estadía en la capital española para mantener reuniones con representantes de empresas locales que acordaron inversiones millonarias en distintos sectores de la economía argentina. En torno a la comitiva, desde el Gobierno confirmaron que estará conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, proveniente de Panamá y Nueva York.

La agenda no contempla audiencias con las máximas autoridades institucionales locales. En el caso del monarca español, no se encontrará en Madrid durante los días de la visita del mandatario argentino: viajará a México para asistir al cierre de la primera fase del Mundial de fútbol y reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

La relación con Pedro Sánchez, en tanto, se mantiene distante tras el fuerte cruce diplomático de mayo de 2024, que derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires. Un conflicto que comenzó a normalizarse recién en octubre pasado con la designación de un nuevo diplomático.

De todos modos, puede que el economista mantenga algún encuentro informal con aliados políticos de la región, como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quienes ya ha mostrado sintonía en visitas previstas anteriores.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, asume informalmente este lunes su nuevo rol en el Poder Ejecutivo con una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su antecesor en el cargo.

Segúninformación de Agencia Noticias Argentinas, los funcionarios ultimaron detalles antes del desembarco formal relativos al puesto, el alcance del área y el perfil que tendrá la Vocería Presidencial.

Se trata del primer contacto del actual diputado pampeano que pedirá licencia en la banca para asumir su nuevo compromiso tras la designación del presidente Javier Milei que busca motorizar la comunicación empantanada por la polémica abierta por el ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuentes al tanto del intercambio revelaron a esta agencia que no se descarta la organización una conferencia de prensa para esta semana en la que el portavoz presidencial se presentará ante la prensa acreditada.

Lo cierto es que la elección de Ravier, de vínculo directo con el mandatario, apuesta a aceitar la comunicación en materia económica y reactivar la Vocería Presidencial que se encuentra temporalmente suspendida a raíz de la causa judicial que investiga al ministro coordinador.

Desde Balcarce 50 anticiparon además que habrá nuevos cambios en la administración libertaria que podrían ser anunciados en las próximas horas.

La Cámara de Diputados sesionará mañana desde 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria para sesionar, lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con la situación patrimonial declarada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

Tres de los seis proyectos que se tratarán mañana en la Cámara incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo.

La Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e, incluso, en una moción de censura para que abandone el cargo, en medio de la investigación que llevan a cabo sobre el funcionario el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que dimitirá como líder del Partido Laborista y estableció un calendario para su salida del Gobierno en un discurso pronunciado frente al número 10 de Downing Street.

Starmer, quien estuvo como primer ministro desde 2024, seguirá ocupando el cargo hasta que se elija a su sucesor.

“Un nuevo líder del Partido Laborista, y por ende del Reino Unido, asumirá el cargo en septiembre. Haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada. También brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional”, expresó.

Además, Starmer agradeció a sus amigos y compañeros por su compromiso, servicio y apoyo, a la vez que se mostró emocionado al indicar que ahora se centrará en ser “el mejor marido que pueda” para su esposa, a quien llamó “un pilar” a su lado y anheló: “Ser el mejor padre que pueda para mis hermosos hijos, que son mi orgullo y mi alegría”.

El anuncio de Starmer sucedió un día antes de que Reino Unido cumpla el décimo aniversario de su votación para abandonar la Unión Europea, una decisión que aún sacude la economía y la política del país.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado el domingo a través de su plataforma en redes sociales: “Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡ABRAN EL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT”.