El Gobierno volvió a extender el plazo para que prepagas y obras sociales implementen la “cuota transparente”, adecuando sus contratos al nuevo sistema, mediante la Resolución 843/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida establece una nueva prórroga a la normativa original (Resolución 1725/2025), que busca estandarizar la información que reciben los usuarios, obligando a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan.

Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura. De esta manera, desde que se comunicó la medida van 180 días de margen para concretar la puesta en marcha, ya que previamente se extendió tres meses y luego otro mes el plazo inicial que fijaba solo un mes.

Al argumentar la nueva prórroga, el Ejecutivo explicó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, al indicar que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”.

En relación al efecto de la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.

El nuevo modelo de Factura y Estado de Cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

Las entidades de salud tienen ahora un mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió la administración de Javier Milei mientras que 742.000 personas se quedaron sin cobertura médica en el mismo lapso y pasaron a depender del sistema sanitario público.

Los datos aportados por un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expuso la caída en la cobertura médica en el país ante contexto de caída del empleo y fuertes subas de las prepagas.

La población que cuenta con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023 mientras que en el segundo trimestre de 2025, se encontró 2,1 puntos porcentuales por debajo, en 65,4%.

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, dejó en evidencia que con la caída en el nivel de cobertura de salud en Argentina durante los últimos dos años, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones.

Al respecto, puntualizó que “la población que solo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosandose en 742.000 personas”.

Al analizar dicho panorama, desde el IAG remarcaron que está situación se da “en un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023”, por lo que afirman que “no sorprende que menos personas cuenten con obra social”.

Además, pusieron el foco en el incremento sostenido en los planes de medicina prepaga al señalar que “las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período”.

En este marco, sostuvieron que “el gobierno de Javier Milei que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”.

El crecimiento de la dependencia del sistema sanitario público también se da en un escenario de dificultad por el financiamiento a hospitales. En este sentido, los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron por la aplicación de la ley de financiamiento y advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de nuevas entidades de medicina prepaga, con lo que elevó a 166 el número total de empresas excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) desde el inicio de la actual gestión. A través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial, el organismo profundizó el proceso de reordenamiento del sistema sanitario, centrado en la depuración de agentes que no cumplen con los requisitos operativos y administrativos fundamentales.

En la última resolución, el organismo inhabilitó a cuatro entidades de manera definitiva: Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A. y Seres. Según explicaron fuentes de la SSS, estas organizaciones no lograron demostrar el cumplimiento de la normativa vigente ni acreditaron la capacidad operativa necesaria para prestar servicios de salud. La medida responde a una auditoría integral que busca garantizar la transparencia en el sector y asegurar que el padrón refleje únicamente a prestadores con actividad real.

El proceso de fiscalización, que culmina -al menos momentáneamente- en estas 166 bajas, se originó en los primeros meses de gestión del Gobierno de Milei, con una primera etapa que detectó un gran número de entidades calificadas como “fantasmas”.

Desde la SSS detallaron que el objetivo principal de este relevamiento es el saneamiento del sistema para proteger a los usuarios. La presencia de empresas inactivas o insolventes en el registro distorsiona la competencia y genera falta de previsibilidad en el mercado de la salud privada. La fiscalización actual pone el foco en que cada agente inscripto mantenga un estándar mínimo de solvencia patrimonial y una estructura de servicios acorde a los planes ofrecidos.

Las causas de las bajas son recurrentes en la mayoría de los expedientes analizados por la autoridad de control. La falta de presentación de los padrones de beneficiarios y la ausencia de los planes de cobertura actualizados son dos de los motivos principales. Asimismo, muchas de las entidades dadas de baja no habían informado durante años sus estados financieros ni los convenios con prestadores, condiciones indispensables para asegurar la continuidad de la atención médica a los afiliados.

Desde el organismo rector subrayaron que esta depuración no afecta la cobertura de los pacientes activos, ya que en la gran mayoría de los casos las firmas inhabilitadas no poseían cartera de clientes real al momento de la intervención. En los casos donde se detectó algún tipo de afiliación residual, el Gobierno dispone de mecanismos para asegurar la transición de esos usuarios hacia otros Agentes del Seguro de Salud, garantizando que no se interrumpan los tratamientos en curso.

La medida forma parte de un plan estratégico más amplio que busca que los prestadores compitan libremente y con reglas claras. Según los informes técnicos, la proliferación de sellos sin actividad funcional complicaba la trazabilidad del sistema y facilitaba irregularidades administrativas. Con la salida de estas 166 entidades, la Superintendencia de Servicios de Salud pretende optimizar la supervisión sobre las prepagas que sí operan de forma efectiva en el país, concentrando los recursos de fiscalización en el cumplimiento de las cartillas y el servicio de atención al cliente.

Las auditorías continuarán de forma permanente, por lo que no se descartan nuevas inhabilitaciones en los próximos meses si se comprueba que otras empresas mantienen incumplimientos normativos o falta de actividad prestacional comprobable.

La lista detallada por el Gobierno nacional incluye desde pequeñas cooperativas y mutuales regionales hasta sociedades anónimas que habían perdido su capacidad operativa o que nunca llegaron a conformar una estructura de servicios de salud real conforme a la Ley 26.682. La transparencia del padrón es considerada un paso clave para el nuevo esquema de libre elección de prestadores que impulsa la administración central.

Cada vez más familias deja de pagar los servicios de las empresas de medicina prepaga y regresa a las obras sociales, o decide atenderse directamente en el hospital público, lo que amenaza con provocar, a mediano plazo, un colapso en el sistema de salud argentino.

Así lo advirtió el titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), Hugo Magonza. 

Si bien explicó que “es difícil hacer un análisis en una situación tan dinámica, con todas las variables en movimiento“, Magonza dijo: "Observo un fenómeno nuevo: gente con patologías que deja de pagar la prepaga y vuelve a la obra social o al hospital público”.

La declaración de Magonza, que refleja la pérdida de ingresos de los sectores medios, se produjo en el marco de una entrevista en el programa “Salud en serio”, emitido por la señal de streaming @estoeslp.

Magonza reemplazó al frente de esa entidad al titular del Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, a mediados de 2024, luego de que éste quedara envuelto en una polémica con el gobierno nacional por los aumentos de cuotas posteriores a la desregulación del sistema, incluida en el decreto 70/2023, poco después de asumir Javier Milei la Presidencia.

El dirigente empresarial también se refirió al fenómeno de concentración que sufre el sector de la salud, al advertir que en la Argentina "durante muchos años se sancionaron leyes que subían la vara de las prestaciones, pero lamentablemente, una de las consecuencias fue que los más chicos no alcanzaron esa vara y fueron quedando en el camino. La concentración es una consecuencia no deseada de esas medidas”.

También aseguró que los aumentos de cuotas aplicados en los últimos dos años por las prepagas fueron “por debajo de la inflación” y “muy por debajo del dólar”.

Magonza reconoció también algo que los principales jugadores del sector suelen decir solamente en privado: dijo que hay un peso creciente del ítem drogas y medicamentos en la estructura de costos de las coberturas de salud, que en pocos años pasó de estar debajo del 20%, a superar el 40%. 

“Ya hay gente del gobierno trabajando en eso”, aseguró Magonza.

El Gobierno anunció este martes que los afiliados a servicios de medicina prepaga podrán disponer de los excedentes generados por las derivaciones de sus aportes y utilizarlos para reducir el costo de sus cuotas mensuales. La medida revierte una disposición de la gestión de Alberto Fernández que impedía ese uso y que, según fuentes oficiales, perjudicó a unos 1,8 millones de empleados en relación de dependencia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que en los próximos días el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dará de baja un artículo “oculto” del anexo de la resolución 2400/2023, firmada en los últimos días del gobierno anterior. Ese artículo establecía que los excedentes de aportes y contribuciones pertenecían a las empresas y no a los afiliados.

DEROGAMOS UN PRIVILEGIO OTORGADO POR EL GOBIERNO ANTERIOR A LAS PREPAGASDerogamos un artículo oculto en una resolución, y firmada 10 días antes del cambio de gestión, que permitía que las empresas de medicina prepaga se queden el excedente de aportes y contribuciones que… pic.twitter.com/7BcByLjs6y

De acuerdo con estimaciones oficiales, la aplicación de esta norma derivó en una retención indebida de alrededor de $180.000 millones en casi dos años. “Los principales afectados fueron los empleados en relación de dependencia, que veían cómo sus aportes quedaban ‘colgados’ sin poder utilizarlos y terminaban en las arcas de las prepagas”, señalaron las autoridades.

“Este dinero debe representar un descuento de cuota para los afiliados”, enfatizó Adorni al detallar los alcances de la nueva disposición.

El Gobierno también dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán discriminar en cada factura cuánto recibe cada afiliado en concepto de subsidios automáticos. Con esta medida, buscan que quede en claro que esos fondos pertenecen a los usuarios y no a las compañías.

La iniciativa responde a uno de los reclamos más frecuentes de los trabajadores en relación de dependencia, quienes señalaban que el sistema vigente les impedía acceder a un beneficio legítimo de sus propios aportes.

Con la modificación, los afiliados podrán finalmente aplicar los excedentes para pagar cuotas más bajas, al tiempo que se espera que el nuevo esquema aporte mayor transparencia y control sobre los fondos que ingresan al sistema de salud privado.

A contramano de la Resolución 645/2025 dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), distintas prepagas ya anunciaron sus aumentos antes de que se conociera el dato de inflación de julio.

Se trata de nueve prepagas de la categoría B, ubicadas entre medio de las categoría A -donde se ubican las prepagas más grandes- y C -donde se encuentran las de menor popularidad, según dispuso la SSS.

Además, una de ellas registró un aumento de más del 500% desde enero del 2024 hasta la actualidad.

De cara al próximo mes, las prepagas que ya anunciaron sus aumentos oscilan entre 1,4% y 2,9%, según se indicó en la página oficial:

Este incremento en sus cuotas no cumple con lo dispuesto por la SSS dentro de la Resolución 645/2025, la cual dispone que deben informar mensualmente los valores de sus planes al Gobierno dentro de un plazo de 5 días posteriores a la publicación de la inflación.

Los aumentos ya habían sido declarados antes de las 16 horas de hoy, momento exacto en el que se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

El caso de Medical’s es el que más ruido genera, ya que se incrementó un 554% desde enero del 2024 hasta la actualidad.

Si se consulta en los planes de la web de la SSS, esta prepaga (junto a Medin y Cober) aparece con valores insignificantes de tres cifras, mientras que la suba en sus planes fue del 2% durante el mes pasado.

En paralelo, una afiliada de 84 años de Medical’s mostró a Clarín que pagó $808.704 en agosto por su cobertura individual.

De esta manera, las prepagas siguen siendo el servicio que más aumentó y encienden las alertas sobre la consistencia de la información que se publica dentro de la web.

A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Gobierno nacional presentó en las últimas horas un sitio oficial que almacena y compara los precios de las distintas prepagas prestan servicio en el país.

El sitio, que fue presentado con el argumento de brindar mayor libertad para tomar decisiones, brinda a los interesados la posibilidad de filtrar por prestador, plan y región del país.

“Desde hoy vas a poder conocer en detalle cuáles son los valores de todos los planes de cada Prepaga en la página web”, anuncia la Superintendencia de Servicios de Salud.

Y, agrega: “Entrá, compará y elegí en libertad”.

La presentación fue destacada por el secretario de Salud Mario Lugones, quien sostuvo: “Este es un paso más que damos para terminar con la asimetría de la información y así tener un mercado más transparente. Con esta modificación, el usuario va a poder comparar planes y elegir en libertad la opción que se ajuste mejor a lo que necesita”.

En Córdoba, el 41% de las mujeres que dieron a luz en 2024 no cuentan con obra social y recibieron apoyo económico del Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé del Ministerio de Salud provincial. Este programa, que había otorgado un subsidio de 120 mil pesos en tres cuotas el año pasado, aumentará significativamente este 1° de abril. El nuevo monto ascenderá a 375 mil pesos, con el objetivo de continuar brindando asistencia integral a las embarazadas sin cobertura social.

El programa tiene como fin “acompañar a las personas gestantes sin obra social y a sus bebés, para fortalecer su salud, facilitar el acceso a los controles de embarazo y en la primera infancia, y ofrecer distintos beneficios”, según detallaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia.

Este subsidio no solo contempla una asignación económica, sino que también ofrece una serie de beneficios adicionales. Las embarazadas que se inscriban a partir de este 1° de abril recibirán, además del monto económico, un seguimiento personalizado de los controles de embarazo en el primer nivel de atención. A esto se suman turnos protegidos en caso de embarazos de alto riesgo, boleto gratuito para el transporte público y una serie de apoyos alimentarios, como leche entera fortificada y alimentos saludables durante todo el embarazo. También se entrega un ajuar para el parto a partir del séptimo mes de gestación.

La ampliación del subsidio busca mejorar las condiciones de las madres cordobesas más vulnerables y garantizar una mejor atención durante el embarazo y el parto.

En 2024, la cantidad de nacimientos en la provincia descendió por primera vez desde que se registran estos datos. En total, se contabilizaron 33.887 nacimientos, mientras que las muertes fueron 34.877, superando por primera vez a los nacimientos. Este descenso es un reflejo de las dificultades socioeconómicas que atraviesan muchas familias en Córdoba, lo que también se ve reflejado en el aumento de la demanda en los hospitales públicos y en programas como el Paicor.

El Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor), implementado en las escuelas desde 1984, también sigue en expansión, junto con otros programas como el BEG (Bono Escolar Gratuito), que intentan atender la creciente demanda de asistencia social.

La situación social en Córdoba sigue siendo compleja, con un aumento en la pobreza, según los últimos informes. Sin embargo, las autoridades provinciales anticipan que, aunque la pobreza ha disminuido, las necesidades de la población siguen creciendo. Esto se refleja en la mayor participación en programas de asistencia como el Paicor, la creciente demanda en los hospitales públicos y la ampliación de los subsidios a las embarazadas sin cobertura social.

Este panorama destaca la importancia de seguir fortaleciendo políticas públicas que aseguren el acceso a servicios básicos de salud, educación y asistencia social, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) resolvió imputar a siete empresas de medicina prepaga, a la asociación que las agrupa y a quien ejerció como su presidente, por presuntas prácticas concertadas.

En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la CNDC decidió imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que la presidía, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo.

Las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS).

También imputaron a Claudio Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical y quien fue presidente de la UAS.

La apertura de la investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización al realizar un aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024.

En abril de este mismo año, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.

De acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), a partir de la notificación, las personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.

La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles -y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más- para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos.

En caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones. 

En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.

La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.

En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.

El gobierno de Javier Milei emitió el Decreto 955/2024 para modificar la normativa sobre la libre elección de obra social de los pequeños contribuyentes, en una medida destinada a ofrecer mayores opciones y transparencia. Una nueva medida que impulsa la continuidad del plan “deep motosierra”. 

Con esta nueva disposición, el decreto crea un "Registro de Agentes del Seguro de Salud" en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se inscribirán las entidades de salud habilitadas para cubrir a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

El Decreto dispone que los afiliados podrán ejercer su opción de obra social cada doce meses y tendrán acceso progresivo a coberturas adicionales como las brindadas por el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE). La norma también determina que los cambios se harán efectivos desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, garantizando así la estabilidad en la cobertura médica del grupo familiar del contribuyente.

El registro, que abarca todas las categorías de contribuyentes, busca fortalecer la transparencia y la gestión en el acceso a la cobertura médico-asistencial. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

El Decreto 955/2024 establece modificaciones clave en los Decretos N° 504/1998 y N° 1/2010 para el régimen de obras sociales destinado a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Esta medida redefine la política de libre elección de obra social y establece un registro específico para agentes de salud que ofrecen cobertura a este grupo. Entre los principales cambios:

Registro de Agentes de Salud: Se crea un "Registro de Agentes del Seguro de Salud" para entidades que presten servicios a los pequeños contribuyentes. Este registro, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), facilita el acceso a opciones más transparentes y eficaces para los contribuyentes.

Libre elección de obra social: El Decreto N° 504/1998, modificado ahora por el Decreto 955/2024, establece que la elección de la obra social por parte de los contribuyentes será efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la solicitud. Se establece un periodo mínimo de permanencia de 12 meses en la obra social seleccionada antes de que el afiliado pueda optar por un cambio.

Acceso progresivo a la cobertura: Se especifican los plazos para el acceso a los beneficios del Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) según el tiempo de adhesión al RS. Al cumplir seis meses de permanencia, los beneficiarios acceden a prestaciones adicionales a través del Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), entre otros beneficios.

Transparencia y previsibilidad: Se busca optimizar la administración del sistema y garantizar el acceso equitativo y eficiente para los pequeños contribuyentes al sistema de salud. Asimismo, el decreto asegura que los derechos y obligaciones de los afiliados previos no se verán alterados.

A partir del 1 de diciembre de 2024, el sistema de salud en la Argentina vivirá un cambio sin precedentes, según lo dispuesto por la Resolución 3284/2024. Publicada en el Boletín Oficial se establece que todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados total o parcialmente con fondos provenientes de la seguridad social deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS). 

Esta medida pone fin a la triangulación entre obras sociales y prepagas, permitiendo que los trabajadores registrados puedan derivar sus aportes directamente a la empresa de medicina prepaga de su elección, sin necesidad de pasar por una obra social sindical.

Hasta el momento, las empresas de medicina prepaga, como Swiss Medical, Galeno u OSDE, entre otras, no podían recibir directamente los aportes de los trabajadores registrados. El sistema estaba diseñado de tal manera que los fondos debían pasar primero por una obra social, que actuaba como intermediaria y retenía una parte del dinero. 

Esta situación encarecía el costo del servicio para los afiliados, quienes debían cubrir la diferencia entre los aportes recibidos por la prepaga y el valor real del plan.

Mario Lugones, el nuevo ministro de Salud, celebró la implementación de esta medida tras reuniones con los principales actores del sector. “Es un paso importante hacia la transparencia y el orden en un sistema que durante décadas fue controlado por ‘cajas negras’”, expresó Lugones. 

El funcionario explicó que estas intermediaciones muchas veces funcionaban como fachada para obtener subsidios estatales, como los provenientes del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), sin que los fondos se destinaran claramente a cubrir los costos de los tratamientos o los planes de salud.

Con la publicación de la Resolución 3284/2024, todas las empresas de medicina prepaga deberán inscribirse en el RNAS para continuar ofreciendo planes de salud financiados con aportes de la seguridad social. Quienes no lo hagan no podrán comercializar sus planes y enfrentarán sanciones previstas en la Ley N° 26.682.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la importancia de esta medida: “El Gobierno celebra que las prepagas puedan recibir los aportes sin intermediarios. Swiss Medical ya obtuvo su ingreso al Registro, y esperamos que el resto de las empresas hagan lo mismo antes de la fecha límite”, comentó. 

Adorni también subrayó el impacto positivo para los trabajadores registrados, quienes podrán derivar sus aportes de manera directa, evitando el pago de comisiones adicionales a las obras sociales que antes actuaban como intermediarias.

Con la eliminación de la triangulación, más de 6,3 millones de argentinos cubiertos por empresas de medicina prepaga podrán elegir sus prestadoras sin necesidad de depender de una obra social sindical. De este modo, los trabajadores registrados tendrán la libertad de destinar sus aportes directamente a las prepagas, simplificando el proceso y reduciendo costos adicionales.

El fin de esta práctica también representa un golpe para el sistema de subsidios estatales que, durante años, estuvo en el centro de controversias por su falta de transparencia. 

La medida implementada por la Superintendencia de Servicios de Salud promete mayor control y un reordenamiento del sector, lo que podría derivar en beneficios tanto para las prepagas como para los usuarios.

Con el inicio de octubre vuelven a aplicarse nuevos aumentos que resienten el bolsillo de los consumidores. En ese marco, algunas tarifas, las prepagas, el alquiler y las telecomunicaciones, volverán a tener un incremento. Sin embargo, los precios de los combustibles, irán a contramano y bajarán hasta 3 % por la caída de la cotización internacional del petróleo Brent, que se utiliza de referencia en el mercado argentino.

Lo mismo ocurrirá en el caso del gas, en donde se espera una reducción del 6 % a raíz del menor consumo por el cambio de temperatura a valores más cálidos con el comienzo de la primavera. El impacto en las facturas se vería a partir de noviembre.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar sus notificaciones de aumento a los afiliados con la actualización de las cuotas que deberán pagar en octubre.

La novedad en este punto tiene que ver con la posibilidad que ofrece la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de subdividir las subas por región del país, al tiempo que las empresas también pueden diversificar las cuotas según el plan contenga o no copagos.

Así, se presenta la posibilidad de que la misma prepaga pueda tener hasta cuatro índices de actualización diferentes para un mismo período.

Algunas entidades de medicina privada confirmaron sus incrementos, tales como Swiss Medical, con un promedio del 4,1 %, Galeno comunicó un 4,5 % promedio, mientras que el Hospital Italiano informó un 5,86 % y Omint 5,9 %, reportó Ámbito.

El incremento más pronunciado lo marcó Accord Salud, que comunicó a sus afiliados una suba de 8,4 %, duplicando el último dato de IPC publicado por el Indec.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que octubre vendría con una actualización de las tarifas de servicios públicos, aunque aseguró que “no sería sustantivo”. De haberlo, “no sería más allá de la inflación”, comentó el funcionario. A su vez, sostuvo que los aumentos que se produjeron en lo que va del año alcanzan solo para “cubrir el mantenimiento” del sistema y que “no queda margen” para las inversiones que se deben realizar.

En el caso del gas, se espera una reducción del 6 % a raíz del menor consumo por el cambio de temperatura a valores más cálidos con el comienzo de la primavera. El impacto en las facturas se vería a partir de noviembre.

Los contratos de alquiler regidos por la antigua Ley de Alquileres también sufrirán un nuevo incremento en octubre. Sin embargo, por segunda vez en cuatro años, el Índice de Contratos de Locación (ICL) mostró una desaceleración en el incremento por lo que el aumento será del 237,9 %.

Aunque se trata de una suba significativa para el bolsillo del inquilino, marca una caída con respecto a la del mes anterior, que fue 243,1 %.

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en octubre, que rondan el 4 %. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

Las tarifas de los peajes de los corredores de jurisdicción nacional volverán a incrementarse en octubre, como parte del sendero de subas mensuales trazado por el Gobierno hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el Indec. El porcentaje de actualización se comunicará en los próximos días, a través del Boletín Oficial.

El Gobierno dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán aportar en la misma proporción que las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución, a través del Decreto 600/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión del Ejecutivo implica la unificación del porcentaje de las contribuciones y aportes que deben realizar todas las entidades que ofrecen cobertura sanitaria al Fondo Solidario de Redistribución en un 15%, que hasta ahora para las prepagas estaba estipulado en un 20%.

La normativa justificó la medida partiendo de la base que todas las entidades que participan del Fondo “reciben el 100 % de los beneficios y recursos generados por dicho fondo”, pero  se exhibía “una discrepancia en la medida en que estas entidades no integran por el total de sus percepciones, generando desequilibrios y contradiciendo los principios de equidad”.

Ante este panorama, el Gobierno consideró necesario plantear “la necesidad de corregir esta disonancia para asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en beneficio del fortalecimiento del mencionado Fondo Solidario de Redistribución”.

En ese sentido, el texto oficial sostiene que “la simplificación propuesta busca no solo mejorar la eficiencia en la recaudación, sino también promover condiciones igualitarias para todas las entidades, independientemente de las características de las remuneraciones o del porcentaje de los aportes o contribuciones”.

Asimismo, aseguró que “la modificación propuesta simplifica el sistema de aportes y contribuciones y elimina las disparidades relacionadas con las remuneraciones brutas mensuales, garantizando una mayor transparencia y equidad”.

Al mismo tiempo, el decreto también modificó los alcances del accionar de los Agentes del Seguro de Salud estableciendo que los mismos no podrán:

El Gobierno dispuso habilitar a las prepagas y obras sociales a fijar libremente los precios de los coseguros, que actualmente eran estipulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante la Resolución 1926/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.

El documento oficial argumentó que la decisión está vinculada “con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.

De esta manera, los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga “podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas”, lo que “permitirá más y mejor oferta para los beneficiarios”,  según precisó el Ejecutivo.

En ese sentido, puntualizó que la nueva normativa no incide en el sistema público y aseguró que “estos cambios impulsan la libre competencia entre los Agentes del Sistema del Seguro de Salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad”.  

La medida impacta en todas las prestaciones médicas menos las que ya estaban exceptuadas, que son las vinculadas a tratamientos oncológicos, discapacidad, plan materno infantil, y las previstas en las normativas para el tratamiento de Hepatitis, VIH y transmisibles, y de las comprendidas por el Sitema Nacional de Protección de Trasplantados.

Asimismo, la resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán “ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

La decisión supone una nueva desregulación del sector sanitario, que con el comienzo de la administración de Javier Milei había tenido la liberación de los precios en las cuotas de la medicina prepaga y que tras los aumentos desmedidos, requirió de una cautelar para limitar el alcance de las subas. Sin embargo, la misma quedó sin efecto tras el acuerdo con las empresas sobre un plan de reintegro, por lo que se volvió a permitir ajustes sin restricciones.

Al respecto, en los considerandos de la resolución se recordó que por el DNU 70/2023 “se propició liberar las restricciones a los valores de las cuotas de los planes de salud del subsistema de medicina prepaga para aumentar la competitividad del Subsistema de Salud” y aclaró que la liberación en el precio de los copagos también responde al citado decreto.

Las 41 empresas de medicina prepaga ofrecieron devolver lo cobrado de más a sus afiliados en un plazo de 12 cuotas durante la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3 a cargo del juez Juan Rafael Stinco.

De esta manera se devolvería a los afiliados un monto equivalente al 24% de la cuota de julio, en el plazo de un año. Los importes para reintegrar, según la iniciativa, tendrían una actualización de acuerdo con el índice de costos de la salud.

Además, las empresas habrían  propuesto que en el tercer trimestre del año los precios de los planes de salud se ajusten al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec del mes previo, para luego a partir de octubre liberar la tarifa como establecía el DNU 70/2024.

La secretaría de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no estarían de acuerdo con esta forma de devolución y la negociación se empantana y todavía al cierre de esta nota la audiencia sigue activa. 

Adicionalmente, las 7 empresas de medicina prepaga que atraviesan la denuncia por cartelización, estarían solicitando que la investigación que lleva a cabo la secretaria de Industria y Comercio mediante la oficina de Defensa de la Competencia quede inactiva.

Al respecto, fuentes de la Secretaría de Industria y Comercio precisaron que no es posible que dicha medida suceda en el ámbito de una audiencia en la Justicia, porque se trata de expedientes que tramitan en diferentes ámbitos.

De querer avanzar con esta propuesta, las empresas de medicina prepaga deberían ofrecer un compromiso en el marco del expediente que cursa en la Comisión Nacional de Defensa de La Competencia, el cual debe ser analizado por la Comisión y luego por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. Por lo que se seguirá investigando hasta encontrar la verdad de los hechos denunciados 

El encuentro pautado para hoy fue hecho por el juez Stinco a pedido de varias entidades prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas a las que se las acusó de cartelización para la suba de cuotas a partir de enero.

Días atrás se las autoridades del área de Salud pidieron la incorporaron a la causa otras 18 entidades, con lo cual son en total 41 las involucradas.

Además como no pueden juntarse las empresas por la causa de cartelización, cada una llegó al juzgado con diversas propuestas por lo que primero debieron ponerse de acuerdo para hacer una propuesta íntegra para todos.

En su fallo, el magistrado dispuso que las prepagas deben hacer un recálculo de las cuotas para que, en lugar de los que fueron cobrados, los importes vayan siguiendo la variación del IPC con dos meses de retraso (por ejemplo, las cuotas correspondientes a enero deben contemplar la inflación de noviembre; las de febrero, la inflación acumulada entre noviembre y diciembre, y así sucesivamente).

Además, estableció originalmente que en un plazo de cinco días cada entidad debía plantear ante el Juzgado un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso del nuevo criterio.  Ante este segundo mandato, varias entidades presentaron un pedido de prórroga y de convocatoria a una audiencia para hacer oír sus argumentos, una solicitud a la que se accedió y esta ocurriendo.

Tras los aumentos en las cuotas de las prepagas que se dispararon luego de la liberación de precios establecidos por el DNU 70/2023, que generaron quejas en los afiliados, el gobierno dispuso retrotraer los valores y difundió la nueva fórmula de aumentos que deberán realizar las empresas de salud para subir sus cuotas en los próximos cinco meses.

Ante esta situación los afiliados deberán calcular por sus propios medios si la prepaga aplicó o no la retracción de los incrementos y denunciar en caso de ser necesario. LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el defensor público federal de San Francisco, Esteban Lozada, quien recordó que la defensoría tiene las puertas abiertas “para que los afiliados puedan consultarnos ante la menor duda” y explicó cuáles son las alternativas a seguir. 

“Lo que deben hacer los afiliados para saber si se cumple la ley, es primero saber si su prepaga está incluida en estas resoluciones, en el caso que esté incluida, se debe aplicar la fórmula teniendo en cuenta la factura de mayo. Si el monto de la cuota está por encima de lo establecido, deben reclamarle a la prepaga para que adecúe sus valores bajo la fórmula que estableció el gobierno”, explicó Lozada.

Las empresas alcanzadas por la medida son: Osde, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico.

Agregó que, si la prepaga no cumple, los usuarios tienen dos alternativas para reclamar: una instancia administrativa y otra judicial. “La administrativa es la más fácil ya que el usuario puede ingresar a la página web de la Superintendencia de Salud www.argentina.gob.ar/sssalud y hacer el reclamo a través del chat, por correo electrónico o llamando por teléfono al 0800-222-72583 (SALUD) de 8 a 18. En esa instancia se abre un expediente para que le den una respuesta”, dijo el defensor público.

“Por otro lado, está la alternativa judicial –añadió Lozada- por eso en la Defensoría siempre tenemos nuestras puertas abiertas para que los afiliados se acerquen para asesorarse y ver si el caso se puede judicializar. Las dos vías de reclamo, la administrativa y la judicial se pueden hacer al mismo tiempo. Los afiliados pueden consultar a su abogado de confianza o acercarse a la Defensoría para que se le brinde asesoramiento”.

El monto a tener como referencia es el precio de diciembre del 2023, dado que la intimación judicial obliga a las compañías a retrotraer los cálculos a ese mes. Esto no implica que la próxima factura vendrá con el valor del último mes del año pasado, sino que será la base para el cálculo.

Partiendo de esa base, el usuario deberá tomar el valor de diciembre y multiplicarlo por la suma de 1 + la variación porcentual registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec a nivel nacional desde aquel mes hasta la actualidad.

Según indicó la Secretaría de Comercio, la fórmula es la siguiente: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023).

La Defensoría Pública Federal de San Francisco tiene jurisdicción en todo el departamento San Justo. Ofrece distintas formas de atención: 

Luis Caputo contó en sus redes sociales como será la fórmula para las obras sociales "El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento", escribió el funcionario en su cuenta de X.

El mensaje de Caputo fue en respuesta a una usuaria de esa misma red social, que escribió: "llegaron las facturas y no es lo acordado". 

El Gobierno mantiene una disputa con los prepagas desde mediados de abril, cuando dispuso poner límites a los aumentos que aplicaron esas empresas desde diciembre último. Es que esas compañías habían ajustado los valores de sus cuotas muy por encima de la inflación: entre diciembre y marzo la suba de precios fue de 70% y las cuotas de las prepagas subieron más de 150%.

Además, el Poder Ejecutivo presentó un recurso judicial en el que advirtió que "el accionar de las prepagas es un comportamiento que evidencia un abuso en contra de los argentinos de bien".

"Valiéndose de su posición dominante, aumentaron las cuotas por encima del 70% ciento del índice de inflación durante los últimos cuatro meses", añadió.

Los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo pagado en exceso durante los primeros meses del año y en ese sentido deberán aguardar una medida cautelar que presentará el Ministerio de Salud.

"La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio", aclararon desde la dependencia a cargo de Pablo Levigne.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre".

Bajo este cuadro de situación, los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo cobrado en exceso, a menos que haya un fallo de la justicia.

Tampoco hay ningún tipo de medida para el conjunto de afiliados que se dieron de baja, que se estimó en 500 mil personas.

Ante la andanada de aumentos que se acumuló en los últimos meses, el Gobierno decidió que las empresas puedan ajustar el valor de sus cuotas por inflación con base en los precios de diciembre 2023.

Cálculos de la Secretaría de Comercio estiman que la reducción de la cuota sería del orden del 33%.

El tope de ajuste a partir de la inflación regirá por los próximos seis meses, según indicó Comercio.

No obstante, cabe apuntar que las empresas pueden apelar la medida, pero la sola presentación de la queja no es suficiente para que quede sin efecto la decisión oficial.

El Gobierno anunció que las empresas de medicina prepagas que nuclean el 75% de los afilados van a retrotraer los aumentos a valores de diciembre de 20203 y recalcularlos en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que por disposición de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía siete empresas del sector tendrán que aplicar este índice para ajustar las cuotas por el plazo de 6 meses.

El dictamen obliga además a las compañías a cesar cualquier intercambio de información y a aportar datos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre cantidad de afiliados y precios nominales de los planes de salud ofrecidos.

"La Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre", remarcó el portavoz del presidente Javier Milei, y agregó: "El Gobierno del Presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas desde ningún punto de vista”.

A la disposición, se suma la medida cautelar que presentó la Superintendencia de Salud ante la Justicia, tal y como anticipó semanas atrás Noticias Argentinas, para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre.

“Este organismo no controla más los precios pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, aclararon.

De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.

El encargado de dar la cara por las empresas de medicina prepaga fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y quien fue titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el pasado lunes.

El empresario rechazó las acusaciones que recibió y se mostró ofendido por el hecho de que se haya revelado la cantidad de dinero que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus: afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo.

El Gobierno de Javier Milei sigue en conflicto con las empresas de medicina prepaga, que en palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, justamente le “hacen a guerra a la clase media”.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el Gobierno liberar busca congelar los aumentos de los próximos meses y estudia ir a la Justicia denunciando cartelización entre las principales empresas del rubro y abuso de posición dominante.  

El Gobierno libertario parece haber cortado comunicación formal con las prepagas. El pedido de reunión que habían cursado las empresas a Caputo la semana pasada luego de su tuit y otras declaraciones televisivas no fue concedida. La misma parece que no ocurrirá al menos esta semana ya que el titular del Palacio de Hacienda se apresta para volar a Washington a reunirse con el FMI.

Fuentes de la Secretaría de Comercio confirmaron a Noticias Argentinas que están aguardando el dictamen que viene trabajando Defensa de la Competencia, quién está investigando el tema. Una vez cursado el dictamen donde trabajan en definir si hay indicios de una coordinación entre las prepagas para aumentar el precio, desde Comercio definirán los pasos a seguir aunque no confirmaron una fecha tentativa.

El Gobierno viene denunciando que los cinco principales actores del sector habrían dispuesto aumentos similares y muy por encima de la inflación. Indican que las empresas líderes subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% desde enero hasta abril. 

Dichos aumentos, casi triplican el aumento de la inflación del período. Si bien debían recuperar precio por el atraso, la velocidad y dinámica con la que lo hicieron golpea fuerte a la clase media y levanta sospechas en el Gobierno.

La semana pasada se intimó a las prepagas a que presenten los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes, algo que el propio Milei los había liberado de hacer mediante la desregulación que llevó a cabo a través del DNU 70/23.

Pero antes las subas que consideran desmedidas, volvieron a implementarlas. Y, aseguran en el Gobierno, las empresas están cumpliendo y con ese material se esta trabajando en Defensa de la Competencia.