El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro criticó la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad, en el marco de una jornada donde presentó 190 nuevos móviles para la policía rosarina. 

El mandatario santafesino advirtió que el monto destinado por la Nación para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones. 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, Pullaro detalló la postura de sus legisladores frente al proyecto oficial: “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública".

En el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, el titular del Ejecutivo provincial enfatizó la necesidad de que el texto contemple las acreencias que el Estado central mantiene con las jurisdicciones del interior. 

Al respecto, sostuvo: “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”. 

En materia de obra pública, el gobernador comparó las cajas de ambas administraciones y lamentó las proyecciones para el año entrante: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”.

En paralelo a las definiciones políticas, el gobernador encabezó la entrega de 190 camionetas Chevrolet Montana destinadas a la Unidad Regional II, adquiridas mediante licitación pública bajo la Ley de Emergencia en Seguridad. 

Durante la ceremonia, Pullaro se dirigió a las fuerzas de seguridad para destacar la baja en los índices de criminalidad: “Queremos tener la provincia más segura de la República Argentina”, afirmó ante los agentes, para luego concluir que “hace dos años, nadie en esta ciudad, en la provincia o en la República Argentina, creía que era posible lo que lograron: contener el delito y bajar la violencia”.

La Cámara de Senadores de la Nación trata este viernes, entre otros temas, el proyecto de Presupuesto nacional en una extensa sesión en la que el oficialismo trata de cerrar los acuerdos para que la votación en particular no determine que la norma debiese volver a Diputados.

A partir de su nueva conformación, el Senado -al igual que la Cámara Baja- se ha transformado en un verdadero laboratorio de alquimias políticas. Los acuerdos ya no se estructuran únicamente a partir de afinidades ideológicas, sino también en virtud de intereses coyunturales que juegan un rol preponderante y, al menos en la oposición peronista – kirchnerista- exhiben la novedad del debilitamiento de  los liderazgos capaces de ordenar y disciplinar voluntades.

En este contexto, el oficialismo intenta demostrar que puede gobernar con minoría parlamentaria, aunque se mantiene la duda acerca de su sagacidad para tejer  acuerdos estables con los bloques dialoguistas, mientras la oposición más dura, hoy nucleada en el interbloque denominado Popular, enfrentaba el riesgo concreto de exponer fisuras internas que vienen profundizándose desde hace meses

 La sanción de una ley de Presupuesto, luego de tres años sin contar con ella, es una señal política relevante para el gobierno. El mercado, los gobernadores y los actores de poder económico observan este debate como un test de gobernabilidad. Más allá de los casos puntuales en los que los dialoguistas han puesto reparos -vinculados con fondos que se destinan a áreas educativas- la cuestión central pasaba por determinar si La Libertad Avanza es capaz de construir mayorías estables en un Congreso que, a pesar del holgado triunfo en las elecciones legislativas, todavía le es adverso en los números.

Con apenas 21 senadores propios, el oficialismo se vio obligado a recurrir a acuerdos complejos con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales para alcanzar los votos necesarios. Esa ingeniería parlamentaria expone, como pocas veces, la esencia constitucional y federal de la Cámara Alta. Los senadores son representantes de las provincias y cada voto representa una soberanía territorial, aquejada por problemas diversos y, en muchos casos, distante de las prioridades del poder central. En este marco, la posibilidad de que votos peronistas terminasen contribuyendo victoria al oficialismo era impensada en tiempos recientes.

La creciente autonomía de los gobernadores y la pérdida de cohesión del bloque hoy denominado Popular aparecen como consecuencias directas de este escenario. Algunos senadores responden con mayor énfasis a las urgencias fiscales de sus provincias que a una estrategia política común. En varios representantes provinciales ya no se observa la subordinación a un liderazgo partidario personalista con base en Buenos Aires. Esta tensión forma parte de una tradición histórica del peronismo y se mantendrá mientras no emerja una figura con capacidad de reordenar al conjunto. Por lo que se observa, esta posibilidad es lejana, lo que abre el dilema entre  marcar límites claros al gobierno o aceptar la aceleración de la dinámica de fragmentación.

Así también queda claro que gobernar sin un Congreso convertido en escribanía implica administrar el disenso de manera permanente, con márgenes estrechos para el error. Lo ocurrido en la Cámara de Diputados la semana anterior mostró que los mecanismos de coordinación no están consolidados y que las disputas internas generan desconcierto tanto dentro como fuera del oficialismo.

En este contexto, el Senado define el destino del Presupuesto. Una sanción definitiva permitiría al gobierno exhibir fortaleza política y capacidad de negociación. En cambio, una eventual modificación que obligue a devolver el proyecto a Diputados, con el calendario legislativo agotado, dejaría al país otra vez sin esta norma fundamental y  mostraría al Ejecutivo con una señal de fragilidad difícil de disimular.

Más allá del resultado, queda la impresión de que la política argentina atraviesa un proceso de reconfiguración cuya profundidad aún es difícil de estimar. En el peronismo, los liderazgos personales ya no ordenan por sí solos. En el oficialismo, los cruces internos dificultan la construcción de coherencia. En el Congreso, las mayorías se construyen voto a voto y el Senado recupera centralidad como ámbito donde se expresa el poder real de las provincias.

El debate sobre el Presupuesto expone, en definitiva, el hecho de que está aflorando quizás un nuevo equilibrio político: inestable, todavía en etapa experimental. Un Congreso transformado en laboratorio.

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pese a que la oposición le bajó del texto original la derogación del financiamiento a las universidades y de la emergencia en discapacidad.

En declaraciones a LN+, sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y amplió: “Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos”.

El mandatario nacional destacó que "ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”.

Al ser consultado sobre si iba a aceptar la ley tal cual salió de Diputados, pese a las modificaciones a la propuesta original, Milei expresó: “Exactamente”.

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos", indicó Milei. 

Y agregó: “A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.

De esta forma, Milei rechazó un veto al Presupuesto 2026, versión que circuló en Casa Rosada luego de que el capítulo 11 del proyecto fuera rechazado en Diputados.

Está previsto que el viernes 26 de diciembre el tema se discuta en el recinto de la Cámara de Senadores, donde podría ser convertido en ley.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley del Presupuesto 2026 por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Para esto el oficialismo contó con apoyo del interbloque PRO-UCR y los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).

Sin embargo, en la votación en particular -que tal cual se había votado al principio de la sesión se hizo por capítulos y no por artículos- el capítulo XI fue rechazado por 117 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones. 

En este capítulo se encontraba el artículo 75°, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $ 148 billones, un superávit primario (la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado) equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero (el superávit primario menos el pago de intereses de la deuda) del 0,3% del PBI. Además, el Ejecutivo prevé una inflación del 10,1% y un aumento del PBI del 5% para todo 2026.

El texto con media sanción de Diputados ahora pasará al Senado donde los libertarios intentarán revertir el revés legislativo. De aprobarse el proyecto sería el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que en los 2 primeros años de gobierno no contó con esta herramienta y prorrogó la ley vigente para el ejercicio 2023.

El artículo 75 del capítulo XI propone la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serán a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. 

En una de las modificaciones sumadas a último momento, con el objetivo de garantizar el apoyo del PRO, se incorporó la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada. Además, se incluyó un aumento de financiamiento para el Poder Judicial.

El jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo estaba incluyendo los 2 nuevos artículos en el capítulo XI para que a ningún juez “se le ocurra cuestionar la votación para que no se le caiga el financiamiento al Poder Judicial”.

El gobierno confía en que el Congreso podrá sancionar la Ley de Presupuesto para el 2026 por primera vez en casi tres años, según señaló el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al hablar en el 20° Simposio Anual de Mercado que Capitales que organiza el IAEF ( Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas).

El funcionario aseguró que en el escenario actual “están dadas las condiciones políticas para que sí tengamos una ley de Presupuesto aprobada en el Congreso antes de fin de año”.

Aclaró que "la única línea que no se cruza es la del equilibrio fiscal" y destacó que, a diferencia de períodos anteriores, el Gobierno “vive únicamente con los recursos que obtiene por impuestos”, sin recurrir a emisión monetaria ni endeudamiento. 

Sostuvo que “desde el primer día decidimos vivir con lo nuestro. No necesitamos emitir deuda ni usar la maquinita para pagar el gasto”.

Guberman dijo que las claves de la política presupuestaria son la asistencia social a los sectores vulnerables, el fortalecimiento de las fuerzas de Seguridad y Defensa, y la desregulación del sector privado.

Explicó que “El objetivo es dotar de capacidades a las fuerzas armadas y de seguridad, y al mismo tiempo liberar al sector privado de trabas para que pueda invertir y generar empleo”.

Sobre del Presupuesto 2026, dijo que se mantienen sus proyecciones macroeconómicas, con un crecimiento estimado del 5% y una inflación promedio del 14%. 

“Seguimos convencidos de que estos valores son razonables y de alta probabilidad. No vemos elementos que nos hagan revisar la nominalidad del Presupuesto”, explicó.

El funcionario dijo que el 85% del gasto público está representado por jubilaciones, salarios e intereses de deuda, por lo que resulta clave “mantener una regla fiscal que impida gastar los excedentes por inflación”, práctica que, según dijo, caracterizó a gobiernos anteriores.

Sobre el dólar, Guberman explicó que el escenario previsto en el Presupuesto contemplaba “un nivel de tipo de cambio nominal algo más bajo” del que finalmente se consolidó tras la volatilidad política y financiera del segundo semestre. 

Sin embargo, aseguró que la nueva cotización “no altera las proyecciones macroeconómicas” del Gobierno.

“El tipo de cambio se acomodó en un nivel más alto de lo que esperábamos a fines de julio, pero no vemos motivos para modificar la nominalidad del Presupuesto ni el rumbo de la política económica”, afirmó.

El funcionario destacó que, tras los episodios de incertidumbre electoral, el mercado “tendió a estabilizarse” y que el Ejecutivo confía en que el escenario cambiario se mantenga previsible durante el próximo año.

Respecto de la agenda de reformas que se abre a partir del recambio en el Congreso, Guberman destacó la reducción gradual de impuestos que el gobierno de Javier Milei aplicó, y destacó que desde diciembre de 2023 se bajaron tributos “por el equivalente a 2,5 puntos del PBI”, mediante la eliminación del impuesto PAÍS y la reducción temporal de aranceles a las importaciones.

“Esos recursos no son del Estado, son del sector privado. Nuestra prioridad es devolverle capacidad de inversión al contribuyente, ya sea bajando impuestos o acelerando devoluciones de IVA y Ganancias”, señaló.

Dijo que ahora se buscará avanzar en las reformas laboral y tributaria, pero aclaró que e harán “de manera escalonada”. 

“No vamos a salir con un paquete de reformas de una sola vez para los próximos 100 años. El camino será paso a paso, sobre seguro, sin saltos al vacío”, aclaró.

El oficialismo se encaminaba hoy a tener dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, en la Comisión de Presupuesto, aunque su objetivo es tratar la iniciativa en sesiones extraordinarias.

El dictamen del oficialismo reunía 20 firmas mientras que el dictamen de Unión por la Patria reunía la misma cantidad pero, al haber empate, tiene voto doble el presidente de la comisión, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch.

Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, presentó un dictamen propio con seis firmas, mientras que la izquierda presentó otro en rechazo absoluto a la iniciativa oficial.

El presidente Javier Milei presentará este lunes por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026 que enviará al Congreso y el arco opositor anticipa que no admitirá una nueva prórroga adelantando que buscarán conseguir que salga la ley.

Gobernadores y legisladores de la oposición empezaron a manifestar que no consentirán un tercer año seguido sin una nueva Ley de Leyes, asegurando que fijarán un esquema riguroso para el tratamiento del proyecto que permita alcanzar una sanción antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

En este marco, emplazaran al presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con citaciones para funcionarios de la cartera económica y fecha definida para firmar el dictamen, según reveló La Nación.

De esta manera, buscarán ganarle de mano al Ejecutivo nacional para que no se repita lo sucedido el año pasado cuando se canceló el tratamiento ante la falta de acuerdo y se dispuso la segunda prorroga de la norma sancionada para 2023, dándole discrecionalidad a la gestión libertaria para administrar los fondos.

Ante este escenario, la respuesta del oficialismo se centraría en convocar al debate ni bien ingrese el proyecto al Parlamento y reconstruir el vínculo con los gobernadores más cercanos a partir de propuestas vinculadas a la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a la distribución del Impuesto a los Combustibles.

Entre los mandatarios provinciales que ya dejaron trascender su postura y mantuvieron diálogos con el Ejecutivo nacional en las últimas horas para intercambiar pareceres están Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Del lado de Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal no es negociable por lo que no convalidarán modificaciones al proyecto que pongan en riesgo ese propósito y desde las provincias sostienen que no es viable profundizar el ajuste duro otro año más, negar el diálogo y no sancionar el presupuesto nacional nuevamente.

Al respecto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que no existe intercambio fluido con el gobierno nacional y manifestó su respaldo al déficit cero, pero reclamó que se aplique con sensibilidad social, en una entrevista a Radio Rivadavia.

Al respecto, expresó que “estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La gente lo necesita”. En ese punto, lanzó una advertencia al oficialismo al considerar que “la motosierra capaz ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí, para ir efectivamente a los lugares donde hay que terminar con la corrupción y la ineficiencia, sin golpear a los más vulnerables”.

En la alocución de presentación de la iniciativa oficial que realizará Milei en el comienzo de la semana podrá vislumbrarse si la administración libertaria estará abierta a debatir los pedidos de la oposición o si intentará imponer su diagrama sin mayores concesiones.

El tratamiento del presupuesto se da en un clima político adverso para el gobierno nacional tras la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y los reiterados pasos en falso en el Congreso con las leyes sancionadas en las últimas semanas y el rechazo a los vetos. 

El Departamento Ejecutivo de Arroyito vetó artículos de la ordenanza del presupuesto que contemplaban aumentos en los sueldos de la planta política, las tasas para monotributistas y los gastos en publicidad. 

La medida implica que, en los tres casos, se reconducirá la ordenanza del presupuesto 2024 a los valores de diciembre de ese año. Según Benedetti, esta decisión responde al compromiso de atender las necesidades de los vecinos y a la sensibilidad social que hay en el país frente a incrementos relacionados con aspectos estrictamente políticos.

Por primera vez, el presupuesto destinado a salud superará al de Servicios Públicos y a otras áreas municipales, alcanzando un total de $4.200 millones para 2025, de los cuales $2.200 millones estarán asignados al funcionamiento y $2.000 millones al personal. En este marco, el intendente anunció que se está avanzando en la adquisición de un mamógrafo y un ecógrafo de última tecnología, junto con la capacitación del personal necesario para su operación.

Además, desde el municipio informaron que esta gestión destinará la recaudación de los tributos a potenciar la educación, la obra pública, dando inicio a la tan necesaria obra de cloacas en el sur de la localidad de Arroyito, así como en áreas de discapacidad, deporte, cultura, infancias, entre otras.

El intendente Bendetti subrayó la importancia de escuchar a la ciudadanía y de ajustar decisiones para garantizar servicios esenciales. “Arroyito acompañó masivamente nuestra propuesta de gobierno, donde el eje está en sostener un Estado que escuche, que esté presente y sea humano”, afirmó. Asimismo, aseguró que el veto es solo una de varias medidas que se implementarán en este sentido: “No será la única ni la última”.

El oficialismo buscará avanzar esta semana en las negociaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto 2025, que la Libertad Avanza (LLA) quiere aprobar en una sesión a celebrarse a fines de noviembre.  

El esquema de trabajo diseñado por la bancada libertaria es poder terminar el miércoles 6 de noviembre las reuniones informativas, emitir dictamen el martes 12 y sesionar el 26 o 27 del próximo mes, para que el Senado lo apruebe en el período extraordinario.

 Las negociaciones se hacen en paralelo a las reuniones de la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, que para este martes tiene previsto que asisten a exponer la secretaria de secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo y el titular de turismo, Daniel Scioli.

En el caso de los recursos destinados a la niñez se destinarán a diferentes programas 4 mil millones de pesos.  

En las últimas semanas La Libertad Avanza mantuvo conversaciones con el PRO, la bancada radical, Encuentro Federal e Innovación Federal, para empezar en que puntos pueden alcanzar acuerdos y en los cuales el oficialismo nouiere ceder.  

El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario.  

Las negociaciones están siendo encaradas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, Espert, el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Desde la Unión Cívica Radical ya le advirtió a los funcionarios que no quieren dejar librado a la potestad del Gobierno, la utilización del excedente de recaudación que se producirá por la subestimación de la inflación, informaron fuentes parlamentarias.

El Presupuesto contempla una inflación del 18,3 por ciento anual e ingresos por un monto de $ $115,2 billones de pesos.  

Pero como las estimaciones serán superiores, la UCR está planteando dejar especificado en presupuesto en que se utilizarán esos recursos, ya que no quieren que se usen para algún gasto discrecional, aunque el Gobierno.  

Esta postura también podrían sostenerla la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Las negociaciones están más avanzadas con el PRO ya que uno de los reclamos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se solucionó tras el acuerdo alcanzado entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

 La UCR, CC, y Encuentro Federal tienen otros reclamos que son más complejos para resolver como es que se incluya el aumento del 8 por ciento para los jubilados para compensar la inflación de enero como estaba en la ley vetada, y el aumento de las Universidades.  

Fuentes parlamentarias creen que será más difícil acordar con el Gobierno cualquier reforma en los artículos sobre la actualización para los jubilados, que en los referidos a las Universidades.  

También existen demandas de los bloques dialoguistas sobre las cajas previsionales, los fondos para cumplir con la ley de Bosques, que se mantenga la ley de Financiamiento Docente, y que se avance con el plan de obras que ya está avanzando en las provincias.

 Otro punto que será motivo de debate es el de los gastos tributos que para el año 2025 alcanzan $27.025.062,8 millones, que equivale a 3,54% del PBI, de los cuales 3.321.123,9 millones corresponden a fondos de compensación, y el resto a exenciones impositivas como el caso de los jueces que no pagan ganancias.

 Para el oficialismo es central que respalden la "ley de leyes" los bloques del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, ya que la LLA solo tiene 39 legisladores propios.  

Y otros aliados firmes como el MID-un desprendimiento del oficialismo-que tiene 3 miembros, 3 del Bloque Independencia, y uno de CREO.  

Con estos aliados permanente alcanza los 44 legisladores con lo cual necesita unos 85 legisladores para alcanzar los 129 para abrir el debate y tener mayoría para aprobar cada artículo del proyecto que establece gastos y recursos del 2025.

 Los acuerdos son entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas no solo son centrales para tener los votos en el recinto, sino para tener la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

 Ese organismo parlamentario tiene 49 diputados de los cuales, la LLA tiene 6 miembros y MID 2, el PRO 7; UCR 6; 2 Encuentro Federal; Innovación Federal 2; Producción y Trabajo 1; y 2 Coalición Cívica1; mientras que Unión por la Patria tiene 20 y la izquierda 1.

 Para tener mayoría debe reunir al menos 22 firmas para tener un número superior a Unión por la Patria y la izquierda que vienen firmado juntos los dictámenes, aunque algunos bloques lo hagan en disidencia parcial.  

El Presupuesto 2025 contempla también gastos totales corrientes y de capital de 117,6 billones de pesos, con un crecimiento de la economía del 5 por ciento.

 El aumento de la economía estará promovido por un aumento del 6,2 por ciento de la industria y el 6,7 del comercio, de la inversión del 9,9 por ciento, en tanto el consumo privado aumentará el 4,5 por ciento. 

Este miércoles 2 de octubre las universidades nacionales de todo el país salen a las calles debido al inminente veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria la llevó a cabo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales (Fsun).

Según se informó desde el área de prensa de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, que adhirió y convocó a la marcha, la concentración es a las 19 en avenida de la Universidad 501, con posterior marcha al Centro Cívico.  

El pasado domingo, el presidente Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de presupuesto para 2025, con la intención de "blindar el equilibrio fiscal para siempre". Esta política de austeridad se traduce en desafíos significativos para los municipios, que deberán adaptarse a las nuevas condiciones económicas.

Desde LA VOZ DE SAN JUSTO, se consultó a intendentes del departamento sobre cómo enfrentarán la situación, especialmente en lo que respecta a la obra pública. El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, expuso los avances en su gestión, así como las dificultades impuestas por la inflación y las proyecciones presupuestarias. "La inflación nos comió el presupuesto", aseguró Benedetti, aludiendo a los aumentos inesperados que han complicado el plan financiero de este año.

A pesar de estos retos, el intendente se mostró optimista sobre los proyectos en curso, enfatizando la necesidad de invertir en infraestructura. Entre los logros, mencionó la importancia de las alianzas público-privadas, que han permitido financiar hasta un 15% del costo de las obras. "Desde el inicio de mi gestión, hemos trabajado en colaboración con el sector privado", señaló, destacando la construcción de tres plazas, la inauguración de 1.100 metros de cloacas y la culminación de una obra de cordón cuneta.

Uno de los proyectos más relevantes es la pavimentación de la Costanera, que cuenta con un aporte provincial de 150 millones de pesos para la adquisición de 10.000 metros de adoquines. "En los próximos días se abrirán los pliegos para la siguiente etapa", informó el intendente. Además, está en marcha un plan de viviendas con 80 unidades en construcción, financiadas con recursos municipales y contribuciones de vecinos.

Sin embargo, Benedetti también reconoció las dificultades para llevar a cabo proyectos más ambiciosos, como el enlace de 1.600 metros con la autopista ruta 19, que ha enfrentado obstáculos en su coordinación con el gobierno nacional. A pesar de haber firmado un preacuerdo con la administración anterior, el proyecto permanece estancado y se están evaluando alternativas para su reactivación.

Consultado sobre las proyecciones para el próximo año, Benedetti fue cauteloso. "Es una utopía pensar que la inflación será del 18 % en todo el 2025", afirmó, subrayando la necesidad de ser responsables con los recursos municipales. Aunque se ha superado la recaudación esperada, el incremento de costos ha limitado la ejecución de algunas obras.

Para el presupuesto de 2025, Benedetti adelantó que se centrará en dos áreas clave: el hospital y los servicios públicos, que consumen gran parte del gasto. También anticipó ajustes en las tarifas de servicios esenciales, como el agua, que se ha vuelto insostenible debido al aumento en los precios de la energía.

Benedetti enfatizó la prioridad que su gestión le otorga a la salud pública sobre cualquier otro tipo de obra.  Al respecto el intendente, destacó la reciente compra de un tomógrafo, que ya está en funcionamiento desde principios de año. 

Además, mencionó que están evaluando la adquisición de una máquina para producir oxígeno, lo que permitiría reducir significativamente los costos operativos del hospital municipal. "Con lo que hoy pagamos mensualmente por el suministro de oxígeno, podríamos cubrir la cuota de la nueva máquina", explicó Benedetti, señalando que esta sería una medida innovadora en materia de salud municipal en la provincia.

Los intendentes de Las Varillas y Morteros, Mauro Daniele y Sebastián Demarchi, respectivamente, han expresado su preocupación por la falta de apoyo del gobierno nacional en materia de obras públicas, lo que afecta el desarrollo de sus localidades.

Daniele señaló que “básicamente con respecto a la obra pública de este año, lo que sea a nivel nacional ha sido nula”. La ciudad había iniciado una obra de pavimentación de varias calles a finales de 2022, parte del plan Argentina Hace, pero los fondos no fueron enviados en su totalidad. “Fueron paralizadas, no enviaron más, enviaron solo el 25% del valor de la obra y allí quedó”, lamentó. A pesar de los intentos por reactivarla con el nuevo gobierno, Daniele indicó que “nos dijeron que por lo pronto, por el momento, no se iban a reactivar”.

Otro proyecto afectado fue la refuncionalización del ex Palacio Municipal, una obra del arquitecto Salomone considerada patrimonio histórico. “Nos dijeron que la iban a dar de baja automáticamente”, expresó Daniele. Aunque se había firmado un convenio y se llamó a licitación, nunca se realizó el desembolso: “Nunca nos hicieron ningún desembolso, así como se había firmado el convenio”.

En el ámbito del presupuesto municipal, el intendente de Las Varillas mencionó que se realizaron “recortes presupuestarios”, que han afectado los sueldos de la planta política. Sin embargo, advirtió que esto no es suficiente para mantener los servicios esenciales. “Si no se reactiva, si no mejoran la coparticipación, si no mejoran los ingresos para el sostenimiento del hospital, el sostenimiento del sistema educacional, el sistema de seguridad, va a ser muy complejo”, advirtió. A pesar de las dificultades, se mostró optimista: “Todos tenemos que poner algo de nosotros para que esa reactivación funcione y avance”.

Respecto al reciente presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei, Daniele consideró que “el ajuste en algún punto era necesario”, aunque subrayó que se necesita una “movilización de la microeconomía” para impulsar el consumo diario.

El intendente también destacó las dificultades del sector metalmecánico en Las Varillas, las cuales han sido exacerbadas por condiciones climáticas adversas y cosechas deficientes en los últimos años. “Es toda una cadena y no se moviliza todo el sector productivo”, explicó. La mejora de las condiciones climatológicas y la reactivación de la producción agrícola y ganadera son claves para impulsar el consumo.

En cuanto a las perspectivas para el próximo año respecto a obras públicas, Daniele reflexionó sobre la reactivación que suelen traer las elecciones legislativas, aunque advirtió sobre la intención del presidente Milei de reducir las obras públicas. “Está muy claro que el presidente tiene la intención de bajar todo lo que sea obras públicas”, enfatizó, añadiendo que los municipios deberán negociar con la provincia para rescatar proyectos.

Finalmente, el intendente reiteró su solicitud para mejorar el estado de la ruta 158, entre Las Varillas y Colonia Prosperidad, que se encuentra deteriorado. Destacó la gestión de la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero y otros representantes para formalizar un pedido al gobierno para activar la realización de la autopista 158. “Hoy la prioridad es que se arregle ese tramo”, enfatizó, aunque mencionó que “por lo pronto, no deja de ser ideas y utopía de que esto ocurra”.

Por su parte, Demarchi comentó que en Morteros “desde hace un año, hemos estado gestionando con recortes, especialmente en el ámbito de obras”. Señaló que en esa ciudad del departamento San Justo el gobierno nacional no ha iniciado ninguna gestión, a pesar de la urgencia por mejorar el sistema de saneamiento y la respuesta del sistema cloacal tras la ampliación.

Demarchi expresó su preocupación por la falta de respuestas inmediatas del gobierno nacional, afectando directamente a los vecinos. “Siempre terminamos en la misma historia, cada gobierno local debilitado en lo económico y una caja nacional cada vez más fuerte y con menos responsabilidades”, concluyó.

Ambos intendentes coincidieron en la necesidad de un mayor apoyo por parte del gobierno nacional para afrontar los desafíos que enfrentan sus localidades, asegurando que la falta de financiamiento impacta en la calidad de vida de sus habitantes.

La 158. Los reclamos para convertir en autovía la ruta nacional Nº 158 llevan décadas sin resultados positivos. El pavimento, especialmente entre Las Varillas y Colonia Prosperidad, se encuentra en mal estado. El referente local, Daniele, afirmó: “Hoy la prioridad es que se arregle ese tramo”, aunque reconoció que “por lo pronto, no deja de ser ideas y utopía de que esto ocurra”. La situación sigue siendo una preocupación para los vecinos de la región.

El intendente de Brinkmann, Mauricio Actis, expresó su profunda preocupación por la situación actual del país y advirtió que “no se puede lograr superávit fiscal a costa de los recursos de las personas”.

Actis destacó el impacto negativo que los recortes y la anulación de la obra pública han tenido en su localidad. “Nos afecta mucho, ya veníamos teniendo recorte y con la anulación total de obra pública afecto mucho más. Por suerte estamos en una provincia que no ha detenido la obra pública y nos hemos caracterizados por trabajar en eso”, argumentó.

El intendente también criticó al Gobierno de Javier Milei, afirmando que “hay un desconocimiento de la Argentina profunda, de la real, la del interior”. Además, consideró que “hay desamparo total por parte del Gobierno Nacional a los municipios, sobre todo a los más pequeños”. En este contexto, Actis resaltó el esfuerzo del municipio para asumir la quita del subsidio de electricidad, asegurando que se hace cargo de este costo para que sus vecinos no lo sufran. 

El presidente Javier Milei se presentará este domingo en el recinto de la Cámara de Diputados, pero tendrá una presencia menor que el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones ordinarias, ya que los bloques opositores concurrirán con delegaciones más reducidas.

Unión por la Patria solo enviará un grupo integrado por los legisladores que conforman la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Encuentro Federal también asistirá este domingo, pero solo lo harán cuatro de sus 16 legisladores, ya que participarán el presidente de EF, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Florencio Randazzo.

El Frente de Izquierda, en tanto, decidió que no concurrirá a la presentación del Presupuesto 2025 a cargo de Milei.

"No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo", indicaron los legisladores del FIT.

Solo garantizan una presencia completa la bancada oficialista de la Libertad Avanza, el PRO, y los bloques provinciales más cercanos al oficialismo como Independencia, CREO y Producción y Trabajo.

El radicalismo también concurrirá con una delegación "nutrida" según informaron voceros de la bancada, que preside Rodrigo de Loredo, aunque algunos diputados indicaron que no tienen intenciones de escuchar al Presidente.

El presupuesto universitario del corriente año es el más bajo desde que se lleva registro (1997) y la caída interanual en su ejecución fue del 34,4 %, según detalló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El análisis reveló el complejo panorama económico que enfrentan las universidades para garantizar su funcionamiento, como consecuencia de la decisión del Gobierno de prorrogar el presupuesto 2023 y profundizar el recorte de fondos sobre el ámbito educativo frente a un escenario de fuerte inflación que llegó a 287,9 % interanual en marzo.

En ese sentido, desde ACIJ precisaron que “la decisión del poder ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año anterior implica una reducción del 72 % en términos reales para ‘Desarrollo de la Educación Superior’”, por lo que aseguraron que “de no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa”.

En cuanto a la ejecución del presupuesto durante el primer trimestre de 2024, el estudio reflejó que “el gobierno nacional ejecutó un 30 % menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo período de 2023” y remarcó que “la reducción en las políticas universitarias fue aún mayor, alcanzando el 34,4 %”.

Asimismo, detalló que “dentro de las partidas que conforman las políticas universitarias, la más importante, ‘Desarrollo de la Educación Superior’, experimentó una disminución del 32,9%” en los primeros tres meses del año, mientras que “lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9 %, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4 %”, en tanto que “los programas de infraestructura universitaria prácticamente no tuvieron ejecución”.

Al especificar el impacto de la reducción de las partidas en los distintos sectores, el informe indicó que “dentro del programa de desarrollo de la educación superior, la caída afecta de manera significativa a todas las actividades que comprende”.

Al respecto, puntualizó que “los fondos asignados al pago de salarios registran una disminución del 32% para docentes y autoridades, y del 28 % para el personal no docente”, en tanto que “el financiamiento destinado al funcionamiento universitario se ha reducido en casi un 60 % en comparación con el año 2023” y por el lado de “las transferencias a hospitales universitarios experimentan una caída del 72 %, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, al igual que los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales, no reciben asignación alguna”.

El estudio precisó que “la ejecución presupuestaria del primer trimestre de las partidas universitarias del año en curso es la más baja desde 2006” y detalló que “se ha reducido en un 33 % en comparación con el mismo trimestre del año 2023, y es un 45 % más bajo en relación con el nivel alcanzado en 2018, que fue el máximo desde 1997”. Además, aportó que “en comparación con el cuarto trimestre de 2023, la ejecución presupuestaria ha experimentado una disminución del 39,3 %”.

De esta manera, desde ACIJ remarcaron que “esta reducción en la ejecución de políticas universitarias resultó en una disminución de su participación dentro del gasto total”, ya que “mientras que para el primer trimestre de 2023, el gasto en políticas de educación superior representaba el 3,7% del presupuesto total, para el mismo período en 2024, esta proporción cayó al 3,5 %”.

La decisión del gobierno nacional de reconducir el Presupuesto 2023 para el presente año genera un lógico achicamiento de partidas producto del alza inflacionaria lo que implica serios inconvenientes para garantizar el normal funcionamiento de diferentes áreas del Estado nacional. Hay preocupación por las consecuencias que esto puede generar en el funcionamiento de las casas de altos estudios. 

En este caso, las universidades están atravesando por un panorama bastante preocupante y un futuro inmediato muy incierto debido, precisamente, a la falta de financiamiento estatal. 

San Francisco cuenta con dos exponentes de universidades públicas como son la Facultad Regional San Francisco de la UTN y la Universidad Nacional de Villa María a través del Centro Regional de Educación Superior (Cres).

En ambos casos, las principales autoridades de estos centros de formación universitaria coincidieron en señalar que los únicos fondos disponibles, que tienen que ver con cifras establecidas en 2023, sólo alcanzan para cubrir un tercio del total de las obligaciones por lo cual hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses con la universidad pública.

LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el decano de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, Alberto Toloza, quien estimó que, al igual que todas las universidades nacionales, tendrán problemas en su funcionamiento debido a que este 2024 contarán con el mismo presupuesto que en 2023. 

Toloza advirtió que en las actuales condiciones en las que está hoy el sistema universitario estatal, “no hay un solo indicio que establezca garantías de funcionamiento de nuestra UTN”.

De hecho, entre las principales actividades que se verán afectadas por esta situación se destacan las becas de desarrollo, los encuentros deportivos, becas de iniciación docente, etc. 

En el caso de UTN, a nivel nacional se tiene que financiar con los fondos incorporados en el Presupuesto de 2023, que ascendían a 49.800 millones de pesos para todas las facultades del país.

Toloza explicó además que “en este momento ni siquiera están reconduciendo el Presupuesto 2023. Esto significa que el sistema universitario tiene los fondos que se habían asignado en febrero del año pasado. Cuando se habla del presupuesto para las universidades públicas, lo único que estas tienen es el presupuesto anterior”.

“Al no haber un Presupuesto aprobado y tampoco una decisión de reconducción, sólo queda el Presupuesto anterior y en este escenario el gobierno les dice a las universidades: ‘quédense tranquilos que no les voy a tocar el Presupuesto’ cuando en realidad está designando fondos totalmente desfasados. Lo mismo ocurre con el resto de las organizaciones del Estado que están siendo tratadas bajo esta modalidad y hasta ahora, sin ninguna consideración de crecimiento o previsibilidad para los meses siguientes”, agregó el decano.

"El sistema universitario tiene los fondos que se habían asignado en febrero del año pasado, totalmente desfasados”

Toloza dijo que “el único acto explícito” que llevó adelante el gobierno de Javier Milei para con las universidades nacionales fue “una reunión paritaria donde expresó que daría un incremento salarial del 6 % para el mes de febrero junto a otro 10 % que había quedado pendiente de 2023”.

De cara al futuro inmediato, el decano de UTN San Francisco lo calificó de “incierto” ya que “no hay un solo indicio o decisión administrativa que diga que, a lo largo de 2024, vamos a tener un presupuesto que indique que vamos a poder funcionar de la manera en que lo hacíamos en 2023”.

Toloza contó que en estos últimos días “en la universidad estamos recibiendo el primer impacto tarifario en cuanto a energía eléctrica, agua y demás servicios. Todo lo que hoy está ingresando como partida presupuestaria es pendiente del año pasado. Cuando en febrero ingrese el 16 % de incremento salarial, por primera vez, será porque de manera unilateral el gobierno decidió otorgar ese porcentaje de aumento de salarios a docentes y no docentes. El resto continúa cómo venía mientras que los costos y valores han cambiado totalmente y los tenemos que afrontar con lo que recibíamos a principios del año pasado”.

Por su parte, el rector de la Universidad  Nacional de Villa María y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Interuniversitario Nacional, Luis Negretti, alertó que  “con este presupuesto peligra toda la actividad de la universidad. La situación de colapso no va a ir más allá de mayo, cuando mucho”.

El entrevistado hizo foco en la actualización salarial de docentes y no docentes señalando que es una situación que “me preocupa mucho” porque “de no existir un acuerdo paritario que medianamente recomponga la pérdida del poder adquisitivo que perdieron por inflación, no tengo dudas que habrá medidas de fuerza”.

Igualmente fue más allá al señalar que en estos momentos “lo asignado con la reconducción del Presupuesto cubre entre el 20 y el 25 % de las necesidades de la universidad” por lo cual “si lo planteamos en términos de tiempo, la universidad tiene fondos para tres o cuatro meses” por lo cual dijo que “estamos haciendo recortes en distintas áreas, dejando sin efecto programas y actividades históricas para alargar un poco más esa agonía pero no hay posibilidades de reasignación de partidas que nos permita, aun siendo muy austeros, llegar más allá de mayo”.

“Con este presupuesto peligra toda la actividad de la universidad. La situación de colapso no va a ir más allá de mayo, cuando mucho”.

En su análisis, Negretti expresó a LA VOZ DE SAN JUSTO que “hay cosas que no se pueden recortar” dentro de la vida universitaria, “los servicios públicos hay que pagarlos, lo mismo que los alquileres, el cuidado de los espacios verdes, la limpieza de la universidad, etc. Todo aumentó significativamente y por más que hagamos un ahorro férreo como lo estamos haciendo, este tipo de circunstancias nos llevan a que el presupuesto se agote significativamente”.

A pocos días de comenzar el ciclo lectivo en el país y en medio de las paritarias, el Gobierno anunció que evaluará declarar a la educación "servicio esencial" para la sociedad.

Negretti fue crítico de esta decisión señalando que “si lo que se busca es afectar el derecho constitucional a poder peticionar y coartar la posibilidad de que los docentes puedan hacer una huelga, creo que no tiene mayor sentido. Una declaración de esencialidad en el acceso a la educación debería venir acompañada de ciertos gestos como la generación de una paritaria que brinde a los docentes alguna herramienta para seguir trabajando”.

“En el caso de los docentes universitarios que viajan a San Francisco, muchos van a pérdida porque al no tener una actualización salarial, prácticamente cambian el dinero o tienen que poner dinero de su bolsillo para trabajar ya que se deben enfrentar al impacto de la quita de los subsidios al transporte sumado a que no se aumentan los salarios haciendo inviable el desarrollo de la actividad”, comentó.

“La declaración de la educación como servicio esencial necesariamente tiene que ir acompañada por una apoyatura a quienes son los actores y actrices de ese sistema. Entiendo absolutamente la situación de mis colegas docentes, pero, aun así, en los diálogos que tenemos con las entidades gremiales nadie habla de paralizar la educación. Todos estamos convencidos de que la universidad pública tiene que seguir funcionando. No obstante, hay que reconocer que en este tiempo que va desde diciembre a esta parte el poder adquisitivo de la gente disminuyó más de la mitad y tiene que haber sí o sí una recomposición porque de lo contrario, para mucha gente se torna inviable”, concluyó Negretti.