La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) presentó un recurso de amparo solicitando la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026.

La acción se debe a la derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que la norma dispone.

Dichos artículos establecen el aumento progresivo de los recursos asignados al sistema científico, definiendo que nunca serán inferiores, en términos absolutos, a los del presupuesto del año anterior.

En consonancia, la ley estima un porcentaje anual mínimo de crecimiento en la inversión dentro del presupuesto nacional: en 2026, plantea un incremento del 0,52% del PBI.

Sin embargo, con la derogación de esta normativa, la Ley de Presupuesto 2026 asigna solo el 0,15 % del PBI a la Función Ciencia y Técnica (FCyT), monto menor al ejecutado en 2025.

El texto del amparo afirma que esto genera una “profundización de un marco de violación a los derechos humanos, puntualmente el derecho a la ciencia, la técnica y la educación superior”.

Desde la Raicyt destacaron en un comunicado público a través de sus redes sociales que la decisión fue tomada considerando la doble función de los profesionales que integran la red.

“Como miembros del Sistema Científico y Tecnológico, somos titulares de derechos específicos, pero a su vez somos garantes de que la sociedad argentina acceda al disfrute y se beneficie del conocimiento científico y tecnológico y de su producción, como así también de la progresividad del mismo”, expresaron.

El artículo 75 de la Constitución Nacional, sostiene que corresponde al Congreso “proveer lo conducente (...) a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

Además, el Estado Nacional asume obligaciones ante la comunidad internacional. Entre ellas, adscribe al Pacto Internacional del Derecho Económico, Social y Cultural que conduce “al desarrollo humano, a su progreso económico con justicia social, (...) a la investigación y al desarrollo científico tecnológico, su difusión y su aprovechamiento”.

Con la derogación de los artículos de la Ley de financiamiento científico por parte del Presupuesto 2026, estas obligaciones se ponen en jaque.

Sergio Dassie, director del Centro Científico Tecnológico del Conicet Córdoba y del Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), profesor titular de la UNC e investigador principal del Conicet, habló con La Voz al respecto.

En calidad de miembro de la Coordinación del Raicyt, explicó: “El eje del amparo radica en la inconstitucionalidad de que una ley temporal -el presupuesto rige únicamente durante el Ejercicio Fiscal 2026- pueda suspender o derogar parte de una ley nacional que tiene vigencia”.

“Esto deja muy vulnerable al sistema de ciencia y tecnología hacia el futuro”, aseguró Dassie.

Además de modificar el corazón del financiamiento del sistema científico, el Presupuesto 2026 ataca con su artículo 30 otras leyes de suma importancia.

El texto deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI. A su vez, elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnica, que se financiaba con un monto anual no menor al 0,2% del total ingresos corrientes.

Por último, también deroga el inciso de la ley 27.565, que dispone que el Fondo Nacional de la Defensa debe ser del 0,8% de los ingresos corrientes del Tesoro Nacional.

Si bien la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología puede actuar contra aquellas disposiciones que afecten directamente su actividad, el pedido de amparo también considera y alerta sobre todas las consecuencias expuestas.

En este sentido, la Raicyt invita a personas vinculadas al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a sumarse al reclamo mediante la figura de un “Amicus Curiae”. Si bien este no forma parte del proceso judicial, expresa opiniones que permiten una mirada más abarcativa por parte del juez interviniente.

Para sumarse, hay que completar un formulario difundido por la Red que releva quiénes están interesados en realizar la presentación: Link al formulario.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología surge en diciembre de 2023, momento en el que el ajuste presupuestario dispuesto por el Gobierno Nacional empezó a amenazar activamente los proyectos de investigación y el funcionamiento de las instituciones científicas.

“Es el principio de acción y reacción de Newton llevado a la máxima tensión. No estábamos organizados hasta que hubo necesidad de organizarse”, explicó Sergio Dassie, que se sumó a la red en 2024.

El organismo está constituido por 500 directores y directoras de unidades ejecutoras del Conicet, de las Universidades y otras instituciones científico tecnológicas a lo largo y ancho del país.

“El objetivo central es defender el sistema científico tecnológico nacional. Estamos convencidos que sin ciencia no hay un futuro promisorio posible para el desarrollo de nuestro país”, dicta la página web oficial de la red.

Eufórico, el presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026, fundamental para su proyecto de gobierno, con un posteo en sus redes sociales y la frase que lo identifica desde la época de la campaña electoral.

"Viva la Libertad carajo", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, poco después de haberse conocido la votación en el Senado, con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención.

Además, y según supo la agencia Noticias Argentinas, Milei acompañó el posteo con una fotografía del panel de votación.

En el mismo sentido se expresó Patricia Bullrich, titular del bloque libertario: "Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.

Además, la Oficina del Presidente publicó un mensaje para destacar la labor de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y de los legisladores que acompañaron con su voto el plan económico impulsado por el oficialismo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Ley de Inocencia Fiscal resguarda a los ciudadanos frente a administraciones que intenten tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros y frente a intentos de persecución estatal arbitraria.

El texto también señaló que las modificaciones a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten un uso pleno y libre del fruto del trabajo, con impacto positivo en el dinamismo económico y el crecimiento sostenido.

El Gobierno afirmó además que los controles excesivos aplicados durante décadas resultaron ineficaces para combatir el lavado de dinero, y sostuvo que a partir de ahora los esfuerzos se concentrarán en enfrentar a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, sin perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas.

Por último, Milei invitó a los argentinos a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros, al considerar que la medida marca un punto de inflexión en la historia del país y reafirma que ahorrar ya no constituye un delito.

La senadora nacional de Unión por la Patria (UxP) Juliana Di Tullio vaticinó este viernes que “este Presupuesto lo único que va a hacer es cagarle la vida a los argentinos” y pronosticó que el presidente Javier Milei "va a caer preso” una vez que concluya su presidencia.

“Este presupuesto tiene una intención en todo su articulado de demoler el Estado-Nación, eso que nos llevó tanto tiempo construir a partir de nuestra independencia”, analizó al intervenir como oradora en la sesión especial de la Cámara alta.

El senador peronista de Chaco Jorge Capitanich tuvo este viernes su primera intervención tras asumir y pidió discutir “el estancamiento” de la economía en el país.

“Discutamos muy bien el tema de recursos, discutamos la composición; no sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo y para eso este recinto tiene que discutir la tendencia secular del estancamiento en la Argentina”, reclamó el ex gobernador. 

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyect. 

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

El Concejo Deliberante aprobó hoy en segunda lectura con el voto del oficialismo el Presupuesto Municipal 2026, junto con la Ordenanza Tarifaria y el Código Tributario. Al igual que en la primera votación, los bloques opositores no acompañaron la iniciativa y mantuvieron la misma postura, cuestionando principalmente la carga impositiva y el impacto que tendrán las tasas en el bolsillo de los vecinos.

Tras la sesión, el presidente del órgano legislativo, Mario Ortega, explicó que “en un contexto nacional complejo, marcado por restricciones fiscales y una fuerte demanda social de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Concejo Deliberante de San Francisco aprobó el paquete económico 2026, integrado por el Presupuesto, la Ordenanza Tributaria y la Ordenanza Tarifaria”. En ese marco, remarcó que la ciudad logró sostener el equilibrio fiscal “sin recurrir a financiamiento externo, sin paralizar obras y sin reducir servicios”, una situación que atribuyó a “una administración ordenada”.

En relación con la situación financiera municipal, el titular del Concejo indicó que la Municipalidad cerrará el ejercicio 2025 “con superávit, sin deuda y con todas sus obligaciones cumplidas en tiempo y forma”, y señaló que ese resultado es consecuencia de un proceso sostenido de racionalización del gasto. Según detalló, ese proceso incluyó reorganización administrativa, control de consumos, centralización de compras e incorporación de tecnología. Entre los indicadores, mencionó una reducción superior al 30 % en bienes de consumo, una inversión en personal por debajo del 50 % del Presupuesto y un recorte permanente del 20 % en los sueldos de la planta política. “No se trata de achicar el Estado sin criterio alguno, sino de hacerlo racional y acorde a la cantidad y calidad de servicios que presta San Francisco”, afirmó.

Ortega también subrayó que el Presupuesto aprobado garantiza la continuidad de los servicios municipales en un año de alta demanda social. En ese sentido, recordó que durante 2025 el sistema de salud pública municipal registró más de 53.000 atenciones espontáneas y se sostuvieron políticas como el Plan Integral de Lucha contra el Dengue. Además, destacó el funcionamiento de las 10 guarderías municipales, que asistieron a más de 600 niños, y el trabajo en materia de discapacidad, con casi 4.000 prestaciones a través de la Oficina de Discapacidad y el CEMIRI. A ello sumó el rol del Refugio Nocturno, que brindó más de 2.600 camas durante el año, y las acciones de inserción laboral y formación en oficios, con más de 500 personas capacitadas.

 En materia de seguridad, el presidente del Concejo señaló que la Guardia Urbana realizó más de 4.000 intervenciones durante 2025, se avanzó con iluminación LED en el eje este de la ciudad y el programa Ojos en Alerta superó las 18.000 personas adheridas. “Mantener las cuentas ordenadas permitió sostener estos servicios cuando más se los necesitó”, remarcó.

Respecto a la obra pública, Ortega explicó que el Presupuesto 2026 garantiza la continuidad de proyectos sin endeudamiento ni paralización. Enumeró obras finalizadas o avanzadas durante 2025, como la conexión de avenida Libertador Norte y Sur, la puesta en valor del Palacio Tampieri, la refuncionalización del Pasaje Cornaglia y la bulevarización de 9 de Julio. De cara al próximo año, señaló que se prevé la ejecución del Loteo Municipal La Arbolada, la continuidad de la sede de la Universidad Provincial y nuevas intervenciones de pavimentación e infraestructura urbana. “El orden fiscal no frena obras. Permite planificarlas y sostenerlas sin hipotecar el futuro”, aseguró.

Uno de los ejes centrales del debate fue el alivio impositivo. Ortega destacó que el paquete económico incorpora “el alivio impositivo más importante de los últimos años”, con descuentos acumulables de hasta el 55 % para contribuyentes cumplidores y una reducción de cargas de hasta el 30 % para el 97 % de los comercios de la ciudad. También mencionó la ampliación del tope de exención para jubilados y beneficios para industrias y nuevas radicaciones. Según explicó, estas medidas son posibles gracias a una administración que cuida los recursos y evita trasladar desequilibrios a los vecinos.

En cuanto a las críticas opositoras por la política de vivienda y la continuidad del Fondo de Obras y Servicios Públicos (FOSP), Ortega respondió con datos concretos. Señaló que en los últimos dos años se entregaron 66 viviendas en la ciudad, incluyendo unidades sociales de relocalización y viviendas del Plan Vivienda Semilla. Además, destacó el Loteo Municipal La Arbolada 1 y 2, con 346 lotes ya adjudicados, cuyas obras se iniciarían en los primeros meses de 2026.

Sobre el FOSP, afirmó que “el paquete económico priorizó un alivio fiscal más amplio y efectivo”, y sostuvo que la reducción de cargas para el 97 % de los comercios, con un impacto real de hasta el 30 %, es mayor al beneficio que hubiera generado la eliminación total del fondo. Según indicó, el FOSP se verá reducido, pero “sin desfinanciar obras ni servicios”. Para Ortega, el esquema aprobado “es más justo y más profundo”, ya que premia al contribuyente cumplidor y alcanza a un universo más amplio.

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante sostuvo que la aprobación del paquete económico expresa una definición institucional clara. “En momentos complejos, es clave administrar con responsabilidad, sin endeudarse, sin paralizar la ciudad y sin desatender servicios esenciales. Gobernar implica definir prioridades, y nosotros elegimos cuidar a la ciudad y a los vecinos”, concluyó.

La última sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados trazó un mapa claro del posicionamiento político de los legisladores cordobeses frente a tres proyectos centrales impulsados por el Gobierno nacional: el Presupuesto 2026 en general, el Capítulo XI de ese mismo texto y la Ley de Inocencia Fiscal. Las actas de votación muestran coincidencias parciales, pero también rupturas que se profundizaron a medida que avanzó el debate.

Un dato clave fue el rol inicial de los diputados de Provincias Unidas, que aportaron los votos necesarios para habilitar el cuórum y permitir el inicio de la sesión.

El Presupuesto Nacional 2026 fue aprobado en general por 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. En ese tramo, la delegación cordobesa mostró una división previsible.

Acompañaron el proyecto todos los diputados alineados con La Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, Belén Avico, María Cecilia Ibáñez, Enrique Lluch, Marcos Patiño Brizuela, Luis Picat, María Celeste Ponce, Gonzalo Roca, Laura Rodríguez Machado y Laura Soldano.

En tanto, los diputados de Provincias Unidas —Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Alejandra Torres— optaron por la abstención. En contra votaron Natalia de la Sota, por Defendamos Córdoba, y Gabriela Estévez, de Unión por la Patria. Juan Schiaretti no participó de la votación.

La mayor tensión apareció con la votación del Capítulo XI del Presupuesto, que fue rechazado por 123 votos contra 117 y dos abstenciones. Allí se incluía el artículo 75, que proponía derogar las leyes de presupuesto universitario y de emergencia en discapacidad, vetadas previamente por el presidente Javier Milei.

En este punto, La Libertad Avanza volvió a votar de manera unificada a favor, con los mismos diez diputados cordobeses que habían respaldado el Presupuesto en general.

Sin embargo, el rechazo se amplió: además de De la Sota y Estévez, votaron en contra Basualdo, Brugge, García Aresca y Gutiérrez, todos de Provincias Unidas. Así, el voto cordobés se alineó con una mayoría transversal integrada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores del radicalismo y bloques provinciales.

La tercera votación relevante fue la de la Ley de Inocencia Fiscal, que resultó aprobada en general por 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones. En este caso, los diputados cordobeses volvieron a mostrar un comportamiento más ordenado.

Respaldaron la iniciativa todos los legisladores de La Libertad Avanza, que mantuvieron su cohesión en una de las banderas del oficialismo en materia tributaria y penal económica.

Por el contrario, votaron en contra Basualdo, Brugge, García Aresca y Gutiérrez, repitiendo la postura adoptada en el Capítulo XI. Alejandra Torres se abstuvo, mientras que De la Sota y Estévez también rechazaron el proyecto, consolidando un bloque opositor cordobés que, pese a su heterogeneidad, mostró consistencia en los debates fiscales.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, acompañado por funcionarios del área, expuso en la Legislatura ante las Comisiones de Economía y Presupuesto; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación.

“Celebramos siempre este ejercicio de escuchar y de poder exponer los avances de nuestra gestión a los legisladores, y poder dar respuestas a sus inquietudes”, dijo Busso.

El ministro destacó que el Gobierno Provincial continúa avanzando con políticas consensuadas y de fuerte impacto productivo.

“El Gobernador tiene como objetivo aliviar la carga impositiva e incentivar las inversiones y el trabajo”, agregó al explicar la importancia de la reducción del Impuesto Inmobiliario Rural dentro del Plan de Reducción de Impuestos, que se suman a la eliminación de impuestos distorsivos como el de Mera Compra.

Además, detalló las bases del nuevo registro de Propietarios Productores que busca incentivar la producción en campos propios de la provincia, otorgando un descuento adicional del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural, que se suma al otro 35% al que pueden acceder los productores mediante el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias y Contribuyente Cumplidor. 

También subrayó el valor estratégico del Fondo de Desarrollo Agropecuario, al recordar que “el 98% de lo recaudado vuelve directamente al sector productivo, permitiendo sostener obras fundamentales sin competir con otras prioridades del Estado”.

Al referirse a otros desafíos para 2026, destacó el Plan Piloto de Seguros Multiriesgo, único en su tipo en el país que permitirá reducir el impacto económico en zonas afectadas por factores climáticos adversos; la reglamentación y puesta en marcha de la ley de caminos rurales, normativa que establece un sistema de gestión integral para los caminos rurales no pavimentados; y la implementación de la ley de igualdad territorial que permitirá destinar recursos a zonas más desfavorecidas, entre otros ejes de gestión. 

Durante su presentación, el titular de la cartera productiva detalló los principales logros alcanzados durante el 2025, y respondió consultas de legisladores de distintos bloques sobre infraestructura y seguridad rural, Plan Provincial Agroforestal, el programa Gen Nativo, las líneas de crédito ganadero articuladas con el Banco de Córdoba y los programas ejecutados por las Subsecretarías de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria y de Agricultura Familiar.

Finalmente, Busso reafirmó el compromiso del Ministerio con el desarrollo sostenible y la articulación público-privada como base del modelo productivo cordobés: “Nuestra provincia sigue demostrando que es posible impulsar la producción cuidando los recursos y trabajando junto al sector para transformar la matriz productiva”.

Esta semana, el Concejo Deliberante votará en segunda lectura el Presupuesto Municipal 2026, junto con la Ordenanza Tarifaria y el Código Tributario. En la primera votación, los bloques opositores no acompañaron la iniciativa y adelantaron que mantendrán la misma postura, cuestionando principalmente la carga impositiva y el impacto que tendrán las tasas en el bolsillo de los vecinos.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el secretario de Economía municipal, Juan Carlos Sola, respondió a los planteos, defendió que el esquema incluye rebajas y descuentos significativos, ratificó la continuidad del Fondo de Obras y Servicios Públicos (FOSP) y remarcó que se busca “premiar al contribuyente cumplidor”. El proyecto prevé para 2026 un total de $88.372.301.518 entre gastos y recursos.

—¿Cuáles son los principales supuestos económicos sobre los que se construyó el presupuesto 2026?

En el presupuesto fundamentalmente nos basamos en el pedido del intendente: austeridad, eficiencia y prudencia. Si vos analizás el presupuesto original del año 2025, no llegaba a los 70 mil millones, y este presupuesto, con un 30% de inflación, está en 88 mil millones de pesos. Si lo comparamos con el presupuesto ajustado, ya hablamos de otros valores. Lo importante es entender el contexto completo, porque la inflación es un flagelo. A pesar de que el Gobierno Nacional esté hablando para el año que viene de una inflación del 10%, hoy no es una variable sencilla de sostener.

—Pero para elaborar el proyecto tomaron proyecciones macrofiscales nacionales que hablan de una inflación del 10,1%, crecimiento del PBI del 5% y un dólar de $1.423…

Tenemos que trabajar para el futuro. Plantean un 10% de inflación; que me expliquen cómo lo van a hacer. Cerramos noviembre con alrededor del 2,5% mensual. Para que dé menos del 10% anual, tendríamos que tener prácticamente todo el año por debajo del 1%, y no lo vamos a tener, por lo menos el primer semestre. Cuando partimos de bases que no son reales, la gente termina comprando un discurso porque estamos, de alguna manera, acostumbrados a la inflación, que es el peor impuesto que tenemos.

—¿El municipio tiene margen real para bajar impuestos o tasas sin comprometer el funcionamiento del Estado local?

La inflación perjudica más al que menos tiene. Por eso, cuando analizamos la tasa de Inmuebles, pensamos en los jubilados que cobran la mínima, con un bono que hace dos años es el mismo. No es lo mismo aumentar un porcentaje sobre el total de la jubilación que sobre jubilación más bono. En ese marco, llevamos la exención del impuesto inmobiliario para jubilados hasta ingresos de un millón de pesos mensuales. Antes era menor el tope. Esto no es demagogia, es focalizar el alivio en quien realmente lo necesita.

—Se mantienen las exenciones para jubilados y pensionados.

Se mantiene y se amplía. Alrededor de 2.000 jubilados y pensionados propietarios de una única vivienda quedarán exentos de la tasa de Inmuebles. El tope de ingresos se eleva a $1.000.000 mensuales. Pero hay que solicitarlo y demostrarlo. Si no, terminamos desvirtuando los beneficios, como pasó en otros niveles del Estado.

—Además, se anunciaron descuentos de hasta el 55% para contribuyentes cumplidores. ¿Cómo funciona ese esquema?

Es una forma de premiar al que cumple. El esquema combina distintos incentivos: 30% por estar al día; 10% por pago de contado; 10% por operaciones bancarizadas, y 5% por utilizar el cedulón web. Pero hay una condición: el contribuyente debe estar al día en todas sus obligaciones. Sabemos que lo que percibimos en febrero por pagos anuales es parte de los recursos de todo el año. Por eso es clave la prudencia, la eficiencia y la austeridad en el manejo de los fondos públicos.

“Con los descuentos por cumplimiento, pago contado, bancarización y cedulón web, un contribuyente puede llegar a pagar hasta un 55% menos en sus tasas municipales. Hay un beneficio concreto”

—El sector comercial siente una fuerte presión tributaria. ¿Cómo se buscó equilibrar esa situación?

En la tasa de Comercio e Industria se estableció una rebaja del 30% en las alícuotas para el 96% de los contribuyentes, principalmente pequeños comercios y mipymes. El grueso está en las categorías A, B y C. La actualización de bases imponibles fue del 29%, por debajo de la inflación. Si vos mirás el número literal, aumentás la base un 29% pero bajás la alícuota un 30%. Hay un beneficio concreto.

—¿Cómo impacta este alivio en la recaudación?

En 2025 habíamos proyectado recaudar cerca de $23.000 millones por Comercio e Industria y terminamos muy por debajo. Aun así, hicimos eficiente el uso de los recursos. La modificación para 2026 es prácticamente insignificante desde el punto de vista del impacto fiscal, pero importante para los pequeños contribuyentes.

“Si a nivel nacional prometen una inflación del 10%, primero que la hagan realidad. Si no, seríamos irresponsables al proyectar con números irreales”

-  ¿El sistema impositivo municipal es progresivo o regresivo? La oposición sostiene que cuando lleguen las boletas en el verano, no va a haber cambios para el bolsillo de los sanfrancisqueños, y alegan un “impuestazo” en 2025. ¿Qué responde?

El que tiene las tasas al día va a pagar mucho menos. En Inmuebles, por ejemplo, puede llegar a pagar solo el 45% del valor si accede a los descuentos. Si sumás 30% por estar al día, 10% por pago de contado, 10% por débito automático y 5% por cedulón web, llegás al 55%. No es nada despreciable. Hay un error conceptual en decir que el aumento del Presupuesto se traduce directamente en aumento de tasas. No es así.

—¿Cómo se justifican las tasas actuales para cubrir el presupuesto total de $88.372 millones, considerando que las proyecciones de recaudación propia representan alrededor de $36.277 millones? ¿Qué riesgos ve en la ejecución presupuestaria si la recaudación no acompaña lo proyectado?

 Yo no hablaría de $36 mil millones, porque vamos a estar por encima de ese valor porque trabajamos para mejorar la eficiencia. Hay tributos, como AMOS, donde estamos avanzando en medición digital del consumo de agua. Es un recurso escaso y tenemos que administrarlo mejor. Además, estamos trabajando fuertemente en la inversión municipal para adquirir más rodados y maquinaria, con el objetivo de evitar tercerizaciones en la prestación de servicios. Esto permitirá optimizar recursos y, al mismo tiempo, generar mayores ingresos para las arcas del municipio.

—La continuidad del FOSP fue muy cuestionada por la oposición. ¿Por qué sostenerlo?

Gobernamos con hechos y con realidad. El FOSP nos permite sostener el nivel de obra pública. Hay servicios que, si se financiaran solo con tasas específicas, serían mucho más caros para toda la ciudad. Todo lo que se hace —recolección, alumbrado, mantenimiento, personal— se paga con recursos. La plata no aparece por arte de magia.

—¿Cómo impactan las políticas económicas nacionales en la recaudación municipal?

Hoy se dice que no hay déficit fiscal, pero hay impuestos nacionales que no vuelven en obras. El impuesto a los combustibles, por ejemplo, no se traduce en rutas. La Ruta 19 es nacional y la está afrontando la Provincia. Eso impacta en los municipios.

—Los bloques opositores también cuestionaron el aumento de multas al fijarse la UE en $168.000…

La solución es respetar las normas. Si respetás las leyes viales, no tenés multas. No hay mucho más que decir.

“Muchas veces se plantea la discusión solo desde la lógica de la oposición, que hace de cuestionar por cuestionar casi un deporte nacional, pero gobernar implica administrar recursos reales y dar respuestas concretas”

—¿Qué políticas existen para combatir la evasión?

El contribuyente sanfrancisqueño, en general, es cumplidor. No proyectamos ninguna moratoria para 2026. Este año firmamos un acuerdo con la Provincia para fiscalizar en conjunto y mejorar la eficiencia recaudatoria. A la evasión hay que controlarla, pero siempre con criterios de eficiencia.

-   ¿Cómo evalúa hoy la carga impositiva municipal sobre vecinos y comerciantes? ¿Cree que es alta, razonable o competitiva frente a otras ciudades?

Depende del contexto. Hay ciudades que tienen cooperativas para el agua o subsidios que acá no existen. Si a nivel nacional prometen una inflación del 10%, primero que la hagan realidad. Si no, seríamos irresponsables al proyectar con números irreales.

- Si tuviera que definir el presupuesto y las ordenanzas en una frase, ¿diría que priorizan recaudar, ordenar o aliviar?

 Si no habláramos de recaudación, no podríamos ejecutar la administración municipal. Es como cualquier empresa: si no vende, no funciona. En el Estado, la recaudación cumple ese rol, tanto en lo industrial como en lo comercial. Ahora bien, recaudar no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para ordenar y poder prestar servicios. Muchas veces se plantea la discusión solo desde la lógica de la oposición, que hace de cuestionar por cuestionar casi un deporte nacional, pero gobernar implica administrar recursos reales y dar respuestas concretas a la ciudad.

—¿Qué mensaje le da a los vecinos que dicen que San Francisco es una ciudad cara para vivir?

Si la comparamos con Buenos Aires, donde siguen teniendo subsidios al transporte, a la luz y al gas, servicios que hoy afronta nuestro municipio. ¿De qué federalismo hablamos entonces? Esta administración municipal va en el camino que nos marcó el intendente Damián Bernarte. Tratamos de ser eficientes tanto en la recaudación como en el gasto, para seguir haciendo una ciudad que funcione y crezca.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la primera lectura del Presupuesto Municipal 2026, la Tarifaria anual y el Código Tributario Municipal. El proyecto del Ejecutivo avanzó únicamente con el acompañamiento del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, mientras que Juntos por el Cambio y San Francisco Cambia votaron en contra y expusieron fuertes críticas a los incrementos tributarios y a la continuidad de fondos como el FOSP y el OIM.

La concejal Pilar Gioíno defendió los proyectos y afirmó que el modelo de gestión del intendente Damián Bernarte “acompaña al vecino” en un contexto económico difícil. Señaló que la Secretaría de Economía implementó medidas de alivio para comerciantes y destacó que, si un comerciante mantiene su nivel de ventas, “verá reducida sustancialmente” la tasa de Comercio en 2026. Según indicó, el 97% de los contribuyentes del régimen general se beneficiará con reducciones de alícuotas.

 Gioíno también recordó que se amplió el premio por cumplimiento: quienes paguen la anualidad al contado y adhieran al cedulón web y al débito automático podrán acceder a descuentos de hasta el 55%. “Son ordenanzas innovadoras”, sostuvo, y recalcó que por primera vez se trabaja sobre una reducción de alícuotas y no sobre incrementos atados a la inflación. El Presupuesto prevé una suba del 26,9%, que la concejal comparó con aumentos mayores aplicados en otros municipios.

 La edil subrayó que los proyectos se elaboraron con “mucha austeridad” para sostener el equilibrio fiscal y el superávit, siguiendo directivas del intendente Bernarte y del secretario de Economía, Juan Carlos Sola. También destacó los beneficios para jubilados y pensionados, al ampliarse en un 80% el tope de ingreso mensual para acceder a exenciones y descuentos en tasas, lo que permitirá incluir a quienes perciben hasta un millón de pesos.

 Además, se mantendrán los beneficios tributarios para empresas del Parque Industrial, consideradas estratégicas para el desarrollo productivo local. Gioíno aseguró que las ordenanzas “apuntan a evitar sumar cargas a los vecinos” mediante una gestión más eficiente, optimización del gasto y modernización administrativa. Cerró señalando que el rumbo de la gestión “sigue siendo muy claro” y que en 2026 se ejecutarán obras que profundizarán la transformación de la ciudad.

Desde la oposición, las críticas fueron sostenidas y coincidieron en señalar que los aumentos tributarios superan de manera sistemática la inflación. El concejal Luciano Stoppani (Juntos por el Cambio) volvió a exigir la eliminación del Fondo de Obras y Servicios Públicos (FOSP) y del (Ordenanza Impositiva Municipal (OIM), señalando que se trata de “sobretasas que se mantienen sin justificación”. Aseguró que el FOSP “se puso como una emergencia en 2007 y no se sacó nunca más”, y remarcó que, con niveles de superávit, “ya lo tendrían que haber eliminado hace varios años”.

Stoppani cuestionó también los incrementos aplicados en 2025. “Aplicaron un aumento de impuestos de casi un 190% y la inflación fue de un 30%. ¿Qué sueldo de los sanfrancisqueños pudo seguir ese ritmo?”, planteó, y agregó que el Presupuesto 2026 “podría haber sido más moderado”.

Su compañera de bancada, Camila Sol Pérez, centró las críticas en la demora con la que ingresó el proyecto. “Llegan tarde con el Presupuesto, pero jamás con los impuestos políticos: el FOSP y el OIM siguen siendo la caja del oficialismo”, expresó. También sostuvo que la presentación “no tuvo el tiempo necesario para un análisis serio y responsable”.

Pérez cuestionó que el Presupuesto —que asciende a $88.372 millones— incluya nuevamente los fondos que considera “prescindibles y ajenos a una verdadera necesidad de gestión”. Para la edil, “estos fondos no se discuten ni se transparentan”, y aseguró que su bancada insistirá en la revisión de cada uno de los tributos. “El Presupuesto no es del gobierno: es de la gente”, afirmó.

El concejal Pablo Terraf, de JxC, analizó el Presupuesto desde una mirada económica y advirtió que la aparente estabilidad fiscal podría ser “una ilusión contable producto de la baja de la inflación”. Explicó que, si la recaudación se mantiene con inflación en descenso, en realidad se produce “un aumento en términos reales”. Sostuvo que la reforma tributaria vigente “no mejora la eficiencia, sino que expande la voracidad fiscal”.

También alertó sobre los niveles de recaudación proyectados y anticipó que “con estos números van a tener que rectificar el Presupuesto porque no les va a alcanzar”. Agregó que muchas partidas “están por el piso” y que podría ser necesario revisarlas durante el año.

El también concejal de JxC, Marco Puricelli, analizó el impacto práctico del Presupuesto. “Cuando lleguen las facturas en el verano, no va a haber cambios para el bolsillo de los sanfrancisqueños”, afirmó. Señaló, además, una distancia entre “la agenda oficialista y la vida cotidiana de los vecinos”, y cuestionó la continuidad del FOSP, cuyo retiro —dijo— “generaría una inyección de 5.550 millones de pesos”.

Puricelli también marcó la ausencia de políticas de acceso a la vivienda social y de mejoras en materia ambiental. Recordó que “la famosa planta de tratamiento de residuos sigue sin aparecer” y advirtió que el actual relleno sanitario “es uno de los peores de la provincia”.

Desde San Francisco Cambia, la concejala Cecilia Roffé fue más contundente: “El intendente Damián Bernarte es un mal administrador”, afirmó. Según la edil, el proyecto “está en contra de los intereses de los vecinos” y sostiene “una estructura política tan grande que se lleva el dinero de los vecinos”. Enumeró aumentos en partidas vinculadas a AMOS, inmuebles, automotores, multas, OIM y FOSP, y cuestionó que, en paralelo, “disminuyen partidas sensibles como programas alimentarios, atención a la niñez o fortalecimiento deportivo”.

Sobre los beneficios para contribuyentes cumplidores, Roffé señaló que “los que no pueden pagar todo a principio de año terminan pagando mucho más”, por lo que consideró que el esquema “no acompaña a quienes más lo necesitan”.

La votación definitiva será en sesión especial dentro de dos semanas. Antes, el Ejecutivo expondrá el proyecto en dos audiencias públicas, el 5 y el 10 de diciembre, a las 10, instancias que permitirán escuchar planteos y objeciones de vecinos, instituciones y entidades intermedias.

La Municipalidad de San Francisco presentó el proyecto de Presupuesto 2026 ($88.372.301.518) y paquete de medidas económicas, cuyos ejes centrales, según informaron, son “la administración responsable del gasto con un incremento de solo el 26 %, medidas de alivio impositivo de hasta el 30% a comercios, descuentos de hasta el 55% a contribuyentes, equilibrio fiscal y una inversión histórica de más de $12.000 millones en obra pública; además de sostener la prestación de servicios como también las numerosas medidas de ayuda social y desarrollo educativo”.La presentación fue realizada este lunes por el secretario de Economía, Juan Carlos Sola, junto al equipo de trabajo de la Secretaría de Economía, ante los ediles del oficialismo y la oposición del Concejo Deliberante.“El plan elaborado por el municipio garantiza el equilibrio fiscal sin endeudamiento, una reducción superior al 30% en gastos de bienes de consumo, sostener las obras en marcha y proyectar nuevas para mejorar la infraestructura esencial, que permiten el crecimiento de la ciudad en todos sus aspectos y generar nuevos puestos de trabajo”, argumenta el proyecto elevado al cuerpo legislativo.El proyecto se complementa con “un amplio paquete de alivio impositivo: hasta 55 % de descuento en la tasa de Inmuebles y Automotores para contribuyentes cumplidores; reducciones de hasta el 30% para el 96 % de los comercios, beneficios para industrias e instituciones y exenciones y descuentos para jubilados con ingresos de hasta $1.000.000. Se mantienen también las exenciones impositivas a personas con discapacidad, entre otros grupos, lo que se hace posible consolidando un modelo de gestión basado en la austeridad y la eficiencia”, agregaron.El Presupuesto 2026 proyectado “permite además sostener todos los servicios esenciales que administra el municipio y consolidar políticas para el desarrollo de la ciudad”. Además, destinarán más de $5.300 millones en para apoyo de instituciones educativas y programas sociales, entre otras acciones destinadas a fortalecer el entramado social. También se garantiza la continuidad de numerosos eventos.  De esta manera, “en un contexto de dificultades económicas a nivel nacional y que impacta especialmente en municipios de todo el país, la actual administración municipal de San Francisco puede cerrar el presente año con equilibrio y sin deudas, proyectando un presupuesto para el próximo año que combina equilibrio fiscal con políticas para el desarrollo. Con esto, reafirma sus principios de cuidar los recursos públicos, contener el gasto y administrar con criterios estrictos de responsabilidad fiscal”, afirmaron desde la gestión de Damián Bernarte.El Presupuesto General Anual de Erogaciones proyectado es un 15% superior al ejecutado en 2025, que tras actualizaciones llegó a $76.491.910.400 (y 26% respecto al cálculo original, que había sido de $ 69.601.910.400). No obstante, el Ejecutivo Municipal podrá realizar, cuando lo considere necesario, compensaciones y rectificaciones de rubros y partidas presupuestarias. Para su elaboración, el municipio tomó las proyecciones macro fiscales del Gobierno nacional: inflación del 10,1%, crecimiento del PBI del 5% y un dólar estimado en $1.423. “El ejercicio fiscal de la municipalidad vuelve a cerrar el año con déficit cero, consolidando equilibrio financiero real, transparente y sustentable. A pesar de un primer semestre complejo, las medidas aplicadas permitieron recomponer las cuentas en el segundo semestre, sostener todos los servicios y garantizar inversión pública sin recurrir al endeudamiento para gastos Corrientes”, se explicó. Y destacaron: “Mantener equilibrio implica no tomar deuda para gastos corrientes, no trasladar problemas a futuras gestiones y no comprometer obras ni servicios esenciales”.

En cuanto a las erogaciones, el gasto en personal insumirá el 45,85 % de los egresos, siendo la partida más significativa, aunque por debajo del límite del 50 % establecido en la Ley de Municipios, “evidenciando una estructura administrativa austera, moderna y eficiente”, sostuvieron. Asimismo, se mantiene el descuento de hasta el 20 % en los sueldos de los funcionarios, “reforzando la responsabilidad fiscal y permitiendo que más recursos se destinen a obras e infraestructura”.

El Presupuesto 2026 proyecta una reducción superior al 30 % en bienes de consumo, “producto del ordenamiento administrativo, la renegociación de costos, control de stock, centralización de compras y eliminación de gastos superfluous”, de acuerdo a lo informado.“La austeridad se traduce en administración inteligente, pero sin afectar la prestación de servicios esenciales para la ciudad y que hacen a su funcionamiento ordenado”, aseguraron. Además, se proyecta un ahorro corriente de $8.491.194.848, “lo que indica la estabilidad financiera del municipio, ya que permitirá financiar con recursos propios una parte significativa de los gastos de capital (obras)”.

Los proyectos de ordenanzas Tributarias y Tarifaria 2026 contemplan “medidas de alivio impositivo destinadas a acompañar a los contribuyentes, fortalecer al comercio, apoyar a las instituciones y promover el desarrollo industrial”.Para los contribuyentes cumplidores, se prevé hasta 55 % de descuento: 30 % por estar al día, 5 % por cedulón web, 10 % por débito automatic y 10 % por pago contado. Por su parte, afirmaron que el 96 % de los comercios tendrá descuentos de hasta el 30 %. Y que se mantendrán las exenciones y beneficios para industrias y nuevas radicaciones productivas; exención de la tasa sobre Inmuebles; exención de la contribución comercial para nuevas industrias; exención de la tasa de actuación administrative. En Automotores, se aplicarán exenciones para personas con discapacidad; bomberos voluntarios; asociaciones de beneficencia, maquinaria agrícola y vial; Parque Industrial; veteranos de Malvinas y ersonas trasplantadas. Las exenciones en Inmuebles, alcanzarán a jubilados y pensionados; centros vecinales; bibliotecas; cooperadoras; instituciones deportivas; institutos educativos incorporados; personas con discapacida; industrias del Parque con final de obra; veteranos de Malvinas. Además, asociaciones gremiales, partidos políticos, entidades culturales (10 años), IPV, pensión única, comodatos a entidades, bomberos voluntarios y entes con participación municipal. Las empresas radicadas en el Parque Industrial estarán exentas de la tasa de Comercio durante 10 años y con exenciones sobre Inmuebles del sector. También, quedarán eximidos los jubilados con ingresos inferiores a $ 1.000.000, y tendrán descuento del 50 % en la tasa de Amos.

El Presupuesto 2026 incorpora una inversión superior a $12.000 millones en obra pública, “destinada a sostener un programa integral de mejoras, modernización y crecimiento urbano, con impacto directo en la generación de nuevos puestos de trabajo locales”, indicaron desde el oficialismo.“El plan garantiza la continuidad plena de todas las obras en marcha, asegurando previsibilidad y avance sostenido de los proyectos estructurales de la ciudad”, afirmaron.Las intervenciones previstas incluyen: infraestructura vial y urbana; señalización y equipamiento urbano; plan de bacheo municipal; obras de pavimentación; mantenimiento de calles de tierra; plan de gestión integral del pavimento urbano; pavimentación en distintos barrios; infraestructura hídrica y saneamiento;ampliación y mantenimiento de la red cloacal; obras de impulsión y desagües cloacales; mantenimiento y ampliación de la red de agua potable; desagües pluviales; entubamientos; canales y desagües internos y externos; espacios públicos, edificios y equipamiento comunitario; obras de arquitectura y espacios públicos; mejoras edilicias; accesibilidad e iluminación urbana; fortalecimiento del vivero municipal; mantenimiento edilicio y electromecánico. En cuanto al desarrollo urbano y planificación, se proyecta la ejecución de obras del loteo La Arbolada; parquización, ciclovías y movilidad sustentable. También, obras estratégicas del Eje del Centenario; culminación de la restauración del Palacio Municipal (futuro museo); nueva sede de la Departamental San Justo de Policía; sede de la Comunidad Regional; refuncionalización del Pasaje Cornaglia; edificio de la Universidad Provincial y finalización del paso peatonal a nivel y en altura sobre avenida Cervantes.En materia de gestión ambiental; prevén mantenimiento y ampliación del relleno sanitario, con una nueva celda para la disposición final de residuos. En cuanto a apoyo institucional, social y educativo, prevén más de $5.300 millones en transferencias estratégicas. Dentro de la estructura del gasto municipal para 2026, se destacan las transferencias destinadas a instituciones, educación y programas sociales, que alcanzan los $5.301.746.000. Las principales líneas son: subsidios y subvenciones; FODEMEEP; programa alimentario; transferencias al sector educativo y social; programa de créditos solidarios.

“San Francisco mantiene su condición de municipio sin deuda para financiar gastos corrientes, lo que otorga estabilidad, previsibilidad y autonomía para continuar invirtiendo sin comprometer recursos futuros”, informaron. “Los compromisos financieros existentes se destinan exclusivamente a bienes de capital, que fortalecen la capacidad operativa del Estado municipal”, indicaron.“El Presupuesto 2026 es el reflejo de una administración responsable, que cuida cada peso y prioriza la inversión pública, las obras y los servicios. Nuestro objetivo es mantener equilibrio fiscal sin resignar desarrollo, y los resultados de este año muestran que estamos en ese camino”, manifesto Sola.“Hemos logrado cerrar un año con superávit, sin deuda y con todas las obligaciones cumplidas en tiempo y forma. El presupuesto que presentamos no solo es austero: es eficiente, es realista y permite proyectar un 2026 con obras garantizadas y previsibilidad para todos los vecinos”, señaló.“Con un incremento del 26 %, claramente por debajo de otros distritos, queda demostrada la prudencia con la que se administra el gasto”, agregó.

El Concejo Deliberante de San Francisco comenzará a debatir este miércoles a las 10 el Presupuesto 2026, un proyecto que requiere doble lectura y que prevé un total de $88.372.301.518 entre gastos y recursos. La presentación formal, realizada por el secretario de Economía, Juan Carlos Sola, definió como prioridades obra pública, servicios esenciales, modernización administrativa, educación, salud y asistencia social.

El cálculo de erogaciones representa un 15% más que lo ejecutado en 2025, cuando el monto final —tras actualizaciones— ascendió a $76.491.910.400, y un 26% más que el presupuesto original, que habían sido de $ 69.601.910.400. Desde Economía aclararon que el incremento proyectado está muy por debajo de la inflación anual esperada del 32%, lo que para la gestión constituye una señal de “prudencia y austeridad”. Y aclararon que “no significa que vayamos a incrementar en ese porcentaje las tasas y contribuciones municipales porque es un aumento de Presupuesto no de alícuota. Las tasas financian una parte del Presupuesto, pero de ninguna manera en su totalidad”.

Aun así, el Ejecutivo conserva la facultad de realizar compensaciones y rectificaciones de partidas cuando sea necesario.

Si bien el contexto provincial generó expectativas —luego de que el Gobierno de Córdoba anunciara un programa de reducción tributaria cercano a los $900 mil millones—, y el municipio buscó acompañar esa línea, en San Francisco no habrá quita de tasas, sí una revisión de alícuotas en Comercio e Industria y el mantenimiento de exenciones y más beneficios para contribuyentes cumplidores.

Para la elaboración del proyecto, el municipio tomó las proyecciones macro fiscales del Gobierno nacional: inflación del 10,1%, crecimiento del PBI del 5% y un dólar estimado en $1.423. 

El eje tributario del proyecto se concentra en la tasa de Comercio e Industria, para la cual se establece una rebaja del 30% en las alícuotas que alcanza al 96% de los contribuyentes, principalmente pequeños comercios y mipymes.

Sola explicó que la estructura se mantiene por categorías —A, B, C, D y E— y que “el grueso, que supera el 90%, está comprendido entre las categorías A, B y C. Esto implica un descuento de hasta el 30% en la tasa de Comercio a valor constante”. Aclaró también que la actualización de bases imponibles “se ubicó por debajo de la inflación, en un orden del 29%”.

Al justificar la medida, recordó que en 2025 la recaudación de esta tasa quedó por debajo de lo proyectado: “Se había estimado una recaudación cercana a los $23.000 millones, pero terminamos muy por debajo. Sin embargo, se trabajó para hacer eficiente el uso de los recursos, por lo que la modificación para el año próximo es prácticamente insignificante”, sostuvo.

Sobre las estimaciones de ingresos tributarios por $36.277.480.997 (inmuebles, servicio de agua y cloacas, actividades comerciales, automotor  y otras tasas) que tendrá la municipalidad en 2026, se proyecta un crecimiento respecto a 2025, cuando estimaba recaudar $31.581.297.746. Los impuestos generarán aproximadamente el 41% de los ingresos corrientes totales estimados en $ 80.329.976.365. Mientras que para el año próximo se prevén ingresos de capital por $ 8.042.319.153.

Por otra parte, el valor de la UE (Unidad Económica) se fijó en $ 168.000, por lo que se incrementará el monto de las multas.  

Entre los beneficios que se sostienen y amplían para 2026, Sola detalló que los frentistas que se mantengan al día podrán acceder a hasta un 55% de descuento en tasas y contribuciones.

El esquema combina distintos incentivos: 30% por estar al día; 10% por pago de contado; 10% por operaciones bancarizadas (tarjeta de crédito o débito) y 5% por utilizar el cedulón web. No obstante, el beneficio exige condición plena de cumplimiento: “Quienes sean propietarios de más de un inmueble o tengan vehículos registrados deben estar al día en todos. De lo contrario, pierden el beneficio”, remarcaron desde Economía.

Sola justificó la importancia de estos ingresos tempranos: “Sabemos que el dinero que percibimos en febrero por pagos anuales de contado es parte de los recursos de todo el año. Por eso es fundamental la prudencia, la eficiencia y la austeridad en el manejo de los fondos públicos”.

Una de las políticas sociales de mayor alcance se mantendrá en 2026: la exención del pago de la tasa de Inmuebles para jubilados y pensionados propietarios de una vivienda única.

El tope de ingresos para acceder al beneficio se eleva de $800.000 a $1.000.000 mensuales, lo que permitirá incorporar a más beneficiarios. Alrededor de 2.000 jubilados y pensionados serán eximidos. Los interesados deberán reinscribirse antes de febrero de 2026, presentando cedulón y comprobante de ingresos en las oficinas de Libertad 1149, de 7 a 13.

En materia de gastos, el 45,85% del total se destinará al pago de sueldos de personal contratado y de planta permanente. El porcentaje se encuentra por debajo del límite del 50% establecido por la Ley Orgánica Municipal.

También se mantendrá el recorte salarial del 20% en la planta política, vigente desde marzo y prorrogado hasta febrero de 2026. El Ejecutivo anticipó que la medida volverá a renovarse, lo que, según sus argumentos, “evidencia una estructura administrativa austera, moderna y eficiente”.

El proyecto contempla una reducción superior al 30% en bienes de consumo y un ahorro corriente de $8.491.194.848. Según el Ejecutivo, esto permitirá financiar con recursos propios una parte relevante de la obra pública planificada. “Los compromisos financieros existentes se destinan exclusivamente a bienes de capital, que fortalecen la capacidad operativa del Estado municipal”, detallaron.

El Presupuesto 2026 incluye más de $12.000 millones en obra pública. Según Sola, el plan “garantiza la continuidad plena de todas las obras en marcha”, entre las que se mencionan infraestructura vial, saneamiento, pavimento, agua, desagües, renovación de espacios públicos y proyectos estratégicos como el Eje del Centenario o la restauración del Palacio Municipal.

El debate local se da en un contexto provincial marcado por la reducción de impuestos, lo que abrió expectativas entre el empresariado sanfrancisqueño. La Provincia presentó su Presupuesto 2026 con reducciones y exenciones en los principales tributos: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con especial foco en pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura. Ese escenario, que observaba si el municipio acompañaría la tendencia.

Comerciantes de San Francisco, nucleados en el Centro Empresarial y de Servicios (CES), habían calificado la medida como “una muy buena señal”. Pero uno de los tributos más cuestionados por el sector, el Fondo para Obras y Servicios Públicos (Fosp), seguirá vigente.

Desde el CES reiteraron que “la carga impositiva es muy elevada en todos los niveles” y que el Fosp tiene “peso significativo” en la estructura municipal, aunque evitaron confrontar abiertamente con la gestión.

A través de un parte de prensa oficial, Sola defendió la propuesta: “Este es un Presupuesto basado en tres pilares fundamentales: austeridad, prudencia y eficiencia”. 

El funcionario subrayó que el municipio cerró otro año “con déficit cero, equilibrio financiero real, transparente y sustentable”. Explicó que, pese a un primer semestre complejo, se logró recomponer las cuentas, “sostener todos los servicios y garantizar inversión pública sin endeudamiento”.

También insistió en la previsibilidad como principio rector: “San Francisco mantiene su condición de municipio sin deuda para financiar gastos corrientes, lo que otorga estabilidad y autonomía para seguir invirtiendo”.

En su repaso por el ejercicio 2025, destacó “una notoria mejora en la corrección de gastos corrientes” y la responsabilidad sobre los recursos ciudadanos.

“El Presupuesto 2026 es el reflejo de una administración responsable, que cuida cada peso y prioriza la inversión pública, las obras y los servicios. Nuestro objetivo es mantener equilibrio fiscal sin resignar desarrollo, y los resultados de este año muestran que estamos en ese camino”, añadió.

“Como funcionarios públicos tenemos que respetar a rajatabla el aporte que realiza el contribuyente. El Presupuesto se construye sobre orden, austeridad y eficiencia”, afirmó para cerrar.

* 30 % por estar al día

* 5 % por cedulón web

* 10 % por débito automático

* 10 % por pago contado

Total: hasta 55 % de descuento

 Alivio para comercios: el 96 % tendrá descuentos de hasta el 30 %.

 Industrias y nuevas radicaciones:

Exención de la tasa Inmuebles

Exención de la contribución comercial

Exención de la tasa de actuación administrativa

Exenciones en Automotores

Exención de la tasa de Comercio durante 10 años, en el Parque Industrial.

Otros exentos: 

Personas con discapacidad

Bomberos Voluntarios

Asociaciones de beneficencia

Maquinaria agrícola y vial

Parque industrial

Veteranos de Malvinas

Personas trasplantadas (Ley 26.928)

En Inmuebles: 

Jubilados y pensionados

Centros vecinales

Bibliotecas

Cooperadoras

 Instituciones deportivas

Institutos educativos incorporados

Personas con discapacidad

Industrias del Parque con final de obra

Veteranos de Malvinas

Gremios, partidos políticos, entidades culturales (10 años), IPV, pensión única, comodatos a entidades, bomberos y entes con participación municipal.

Jubilados

Con ingresos inferiores a $ 1.000.000, descuento del 50 % en la tasa de Amos.