La recientemente Ley de Presupuesto para el próximo año aprobada en última instancia en el Senado finalmente derogó el artículo 6 de la Ley 26 026 que establecía que el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y que, entre otras cosas, no podía ser inferior al 6% del PBI.

El porcentaje que este año destinó el gobierno nacional para la educación superior  fue del 0,49%. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó en base a los datos oficiales que de no aplicarse la Ley de Financiamiento Universitario votada en el Congreso, el presupuesto para Educación y Cultura en el 2026 caerá un 47,3% respecto a lo ejecutado en el año 2023. 

En el caso específico de las universidades, el retroceso será casi del 7,2% contra el año pasado y del 34,3% respecto del 2023 con una partida de 4782 millones de pesos.

El Presupuesto 2026 destina en total para Educación y Cultura, el total de los gastos, $ 7,7 billones. Sí se tiene en cuenta la inflación proyectada en la misma ley, implica una caída real del 1% respecto del 2025. 

También dispone unos 90 mil millones de pesos para los vouchers educativos lo que significa un descenso real del 13,5% respecto del año pasado y refleja también una caída de las solicitudes de ayuda que se registraron en 2025.

El financiamiento de las universidades nacionales proviene en un 90% de transferencias del gobierno nacional, a diferencia de otros niveles educativos donde también participan las provincias. 

Desde diciembre de 2023, el presupuesto otorgado por el Gobierno Nacional a las universidades públicas cayó un 30%, lo que ha generado una disminución del 23% en los salarios reales docentes. Estos datos, publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), son reflejo de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, que incluyeron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. A lo largo de 2024, el sector estudiantil y docente se opuso fuertemente a estas medidas, organizando movilizaciones masivas con el respaldo de sindicatos.

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, reunió a más de 800 mil personas, con un apoyo del 51% de los encuestados, según el relevamiento nacional de Equipo Mide. A pesar de la masiva participación, el Gobierno Nacional minimizó el reclamo, tildándolo de “construido sobre una mentira”, y el presidente Milei expresó que las agrupaciones involucradas solo demostraban “el miedo” que le tienen a su figura.

Una de las principales controversias fue la decisión del Gobierno de promover auditorías a las universidades públicas, lo que fue rechazado por las autoridades académicas, que defendieron la transparencia de sus gestiones. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de estudio, se destacó que las auditorías son realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 1994, en el marco de la autonomía universitaria. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, aclaró que todas las auditorías son públicas y accesibles a través de la página web de la universidad.

A pesar de no haberse encontrado irregularidades en las auditorías, el Gobierno continuó cuestionando la gestión universitaria, sugiriendo que las universidades estaban inflando el número de estudiantes para recibir más fondos. Rectores como Oscar Arellano de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) desmintieron esta acusación, explicando que el sistema de inscripción es anual y debe ser renovado por los estudiantes, lo que hace imposible "inventar" alumnos.

Fue un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira (…) En el fondo, muestran el miedo que me tiene” Javier Milei

El conflicto escaló con la segunda Marcha Federal Universitaria, realizada el 2 de octubre, que convocó a más de un millón de personas en Buenos Aires, y a 400.000 en otras ciudades del país. Los manifestantes no solo rechazaron el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sino que exigieron una mejora en los salarios docentes. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, pidió al Gobierno la promulgación de la ley para salvar al sistema educativo público.

"Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema” Piera Fernández de Piccoli (FUA)

Sin embargo, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente ratificado por la Cámara de Diputados, donde no se alcanzó el quórum necesario para rechazarlo. En respuesta, el Consejo Superior de la UBA solicitó una nueva Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que las necesidades del sistema ascienden a 7,2 billones de pesos para 2025, mientras que el proyecto del Gobierno solo contempla 3,95 billones.

Este contexto refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo Nacional y el ámbito universitario, mientras los actores del sistema educativo continúan exigiendo una mayor inversión en la educación pública para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio en todo el país.

En el marco del paro nacional docente de 48 horas que comenzó este lunes, se realizó una clase pública en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de San Francisco. Esta protesta es parte de las acciones llevadas a cabo en universidades públicas de todo el país en rechazo al desfinanciamiento gubernamental y en apoyo a un aumento del presupuesto universitario.

La clase, organizada por una comisión de la materia Álgebra y Geometría Analítica de primer año del Departamento de Materias Básicas, se llevó a cabo en el frente del ingreso principal de la institución. Los docentes y estudiantes buscaron visibilizar el reclamo por un incremento en el presupuesto universitario y por una partida específica destinada a recomponer los salarios de los trabajadores docentes y no docentes.

Desde los gremios que agrupan a estos trabajadores, se convocó al paro de 48 horas para este lunes 21 y martes 22 de octubre, que incluye la realización de clases públicas. Las acciones de protesta se extenderán a lo largo de la semana y continuarán en las próximas semanas, tanto en la Facultad Regional San Francisco como en el resto de las universidades nacionales del país.

Además, se anticipan marchas regionales federales que culminarán en un Encuentro Federal Universitario en noviembre, donde se buscará fortalecer la lucha por el presupuesto universitario propuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

De este lunes universidades de todo el país, realizan un paro por 48 en defensa de la Ley de Financiamiento convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Se prevén, además, para el resto de la semana, actividades de visibilización. 

El paro del 17 de octubre tuvo altísimo acatamiento en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y se espera el mismo impacto durante las medidas de fuerza de esta semana.

En ese marco, Leticia Medina, secretaria adjunta de la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), en diálogo con Cadena 3 adelantó que ante la situación de desfinanciamiento, una situación que lleva 10 largos meses sin respuestas del Gobierno, consideran "la suspensión de mesas de exámenes".

La medida de fuerza se convocó en medio de una escalada del enfrentamiento del Gobierno contra las universidades públicas y luego que se multiplicaran las tomas en las casas de altos estudios, el Gobierno, a través de Capital Humano, anunció que la SIGEN realizará auditorias, algo que ya está previsto por ley, pero que desde el oficialismo se utilizó como argumento para atacar el reclamo.

el miércoles habrá clases públicas de todas las universidades del país al mismo tiempo y en la ciudad de Buenos Aires, será frente al Congreso, porque ese día se debatiría en comisión el capítulo de educación de la ley de presupuesto para 2025. Esperan, según las fuentes, repetir la medida todos los miércoles.

El gobernador Martín Llaryora publicó este viernes por la tarde en sus redes un comunicado en el que, respecto a la situación de las universidades públicas, le pide expresamente al Gobierno nacional que "convoque y conforme una mesa de diálogo urgente para superar el conflicto que afecta a la educación universitaria, luego de que el Congreso de la Nación mantuviera el veto a la ley de financiamiento".

"Este tema necesita una salida, y a esa salida la deben construir quienes gobiernan porque tienen una responsabilidad mayor", afirmó el gobernador.

Acto seguido, aseguró que si necesitan la participación de los gobernadores en dicha negociación, estarán presentes: "Tenemos que destrabar y descomprimir este conflicto".

A continuación, Llaryora afirmó que el conflicto universitario "no terminó con el veto" y que "se necesitan acercar soluciones ya que el presupuesto educativo previsto por el Ejecutivo nacional para 2025 es la mitad de lo solicitado por las universidades".

El gobernador demandó de la gestión de Javier Milei "gestos de inteligencia y de humildad para llamar a la concordia, para que las universidades dejen de estar tomadas, que los estudiantes vuelvan a las aulas y que las casas de estudios continúen siendo centros académicos de excelencia, formación e investigación".

En este sentido, subrayó que "la fortaleza no está en la agresión, en ver quien insulta más, sino en abrirse al diálogo, a la construcción y a la tolerancia".

Concluyó el gobernador, citando una experiencia provincial: "Pese a la profunda recesión que afronta la Argentina, en Córdoba nuestro Gobierno ha tomado la decisión de llevar adelante el proyecto de expansión de la Universidad Provincial de Córdoba, a través de la creación de nuevas sedes con más oferta educativa en el interior provincial", porque cree que "de las crisis se sale con más educación, no con menos".

Y cerró su publicación, destacando que el tema en cuestión no es "partidario", ya que se debe "considerar que la educación es una herramienta que transforma la vida de los pueblos".

La Cámara de Diputados confirmó este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, tras una votación que evidenció la falta de apoyo suficiente por parte de la oposición. Con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa, que había sido aprobada previamente por el Congreso, no logró los dos tercios necesarios para ser mantenida.

El Gobierno de Javier Milei logró así mantener su veto, en una sesión marcada por intensos cruces entre los legisladores. La oposición, compuesta por Unión por la Patria, la izquierda, una parte de la UCR y la Coalición Cívica, no consiguió reunir los votos necesarios para insistir en la normativa que contemplaba fondos destinados a las universidades.

El respaldo al veto presidencial provino principalmente del PRO, sectores dialoguistas y La Libertad Avanza. La intervención de Mauricio Macri fue fundamental para consolidar la posición del PRO, que enfrentaba tensiones internas significativas.

En este contexto, el debate sobre la financiación de las casas de estudio queda nuevamente en suspenso, generando preocupación entre los sectores académicos y estudiantiles que habían promovido la ley. La decisión del Gobierno se alinea con su agenda de reformas, pero ha generado críticas por la falta de apoyo a las instituciones educativas.

NOTICIA EN DESARROLLO

Doce universidades de todo el país fueron tomadas en repudio al veto por la ley de financiamiento universitario. Esta medida fue tomada en el marco de la sesión en el Congreso donde Diputados va a tratar el rechazo de la prohibición del presidente Javier Milei.

Desde hace horas, estudiantes de toda la Argentina realizan diversas acciones en sus universidades en contra del veto por el financiamiento. Entre las más destacadas fueron las clases públicas en la calle, vigilias, asambleas y tomas.

A la espera de saber el dictamen de Diputados, los estudiantes también marcharán al Congreso a las 11 para escuchar desde afuera del plenario la votación y “meter presión”.

En este marco, hay cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dos en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), dos en la Universidad de San Martín (Unsam), en la Universidad de José C. Paz (Unpaz), en la Universidad de Tres de Febrero (Untref), dos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dos en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Unju de Jujuy, Santa Cruz en la UNPa, UNLPam en La Pampa, UNT en Tucumán, en el Litoral la UNL y en Mendoza la UNCuyo.

Sobre el Colegio Nacional Buenos Aires, que depende de la UBA, decidieron sumarse a la medida y de esta forma también fueron tomadas las instalaciones.

Para que el veto dictado por Milei quede sin efecto, tanto la Cámara de Diputados y el Senado deberán ratificar la ley de financiamiento universitario con al menos dos tercios de los votos.

Aun así, el PRO anunció que votará a favor del veto y los números no alcanzarían para que los estudiantes de las universidades obtengan un resultado favorable.

Horas después de la masiva marcha llevada a cabo este miércoles en el Congreso en apoyo a la universidad pública, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Quedó oficializado este jueves a primera hora en el Boletín Oficial.

El decreto indica que "el proyecto de ley sancionado por el H. Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento", y que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”. 

Además, asegura “que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”.

El miércoles, la oficina del presidente informó en redes sociales que Milei iba a vetar "el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal".

El comunicado añadió: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".

"El Gobierno reafirma su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica", indicó el texto de la oficina del presidente en X.

La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior tendría la misma determinación que la adoptada con el proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones: ser vetada.

De todas maneras, el Gobierno iba a analizar los efectos generados por la masiva marcha al Congreso que involucró a diferentes integrantes de la sociedad, incluso a muchos de los votantes de Milei.

La Casa Rosada le atribuyó motivaciones políticas, al remarcar la participación de los dirigentes de la oposición.

"El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política", precisó.

Por último, señaló: "Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez".

La Facultad Regional San Francisco de la UTN y el Centro Regional de Educación Superior (Cres) también marcharán este 2 de octubre en defensa de la educación pública, el presupuesto y en rechazo al veto anunciado por el presidente Javier Milei de la Ley de Financiamiento de las universidades, adhiriendo de esta manera a lo dispuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).  

Por eso convocan a toda la comunidad a participar de la medida de fuerza que comenzará a las 18 con la apertura de un espacio de debate en la explanada de la UTN para explicar cuál es la situación de finaciamiento de las universidades públicas. Finalizado ese tiempo de consultas, a las 19, se realizará un abrazo simbólico a la universidad y la movilización partirá hacia la Plaza Cívica para visibilizar el reclamo. Es la segunda marcha que se realiza, ya que hubo otra el pasado 23 de abril.

“Lo que fue una pequeña señal de luz que fue la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, se apagó con la intención del presidente Milei de vetarla. Pensar que la educación va a ser vetada y no defendida es una preocupación”, aseguró a LA VOZ DE SAN JUSTO el representante de la Asociación Gremial de Docentes de UTN (Fagdut), Rodolfo Podadera.

El docente e ingeniero invitó a toda la comunidad de San Francisco a apoyar el reclamo. “La comunidad de San Francisco siempre manifestado su apoyo y ahora lo pedimos una vez más. Pueden acercarse al espacio de debate o directamente a las 19 para realizar el abrazo simbólico que es la mejor manera de dar vida a la educación pública y de calidad como ofrecen las universidades”.

Podadera advirtió que puntualmente “lo que está en juego es el presupuesto que cuenta principalmente con tres componentes: lo salarios docentes y no docentes que necesitan recomposición ya que desde esta gestión están atrasados en sesenta puntos, es necesario recuperar el poder adquisitivo de debido a la inflación; también los gastos de funcionamiento que también necesitan ser actualizados ya que el importante aumento en el costo de los servicios que tiene un fuerte impacto en los costos totales de funcionamiento”.

“El tercer componente se encuentra en el financiamiento de programas especiales, anualmente se definen programas de fortalecimiento de las actividades de extensión, investigación, equipamiento, posgrado, entre otras, y se le asignan fondos para su ejecución. Muchos programas no pudieron ofrecerse”, añadió.

Podadera afirmó que la UTN “es una comunidad pequeña y lo que menos se busca es hacer paro, porque no conduce a nada, es solamente una expresión de que no estamos correspondidos; pero hoy es visible que la educación pública es una herramienta fundamental de movilidad social ascendente y está en peligro, debemos pensar en que los jóvenes de hoy tengan todas las posibilidades de estudiar y por qué no, ser los grandes conductores del país del mañana”

El presupuesto propuesto para 2025 por el Ejecutivo nacional es solo la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo que ha generado gran preocupación en la comunidad académica. El presupuesto elevado por el CIN a las autoridades nacionales alcanza un valor total de 7,1 billones de pesos.

En cambio, el presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación es de 3,8 billones de pesos para el conjunto de las universidades lo que constituye sólo el 53,5% del presupuesto elevado por el CIN.

Este jueves, en el marco del tratamiento legislativo a la Ley de Financiamiento Universitario, las y los trabajadores del sistema universitario nacional activan un plan de lucha a lo largo de todo el país por la pérdida de poder adquisitivo y la crisis presupuestaria que afrontan las casas de altos estudios.

Los gremios del sector, unidos en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, harán un banderazo en Ciudad Universitaria. Además, a la mañana brindarán una conferencia de prensa en la sede de Adiuc y por la tarde, la sesión en el Congreso será transmitida a la comunidad desde el Museo de Antropología.  

“En línea con lo resuelto a nivel nacional por las Federaciones Docentes Universitarias, Adiuc ratifica la convocatoria al PARO NACIONAL UNIVERSITARIO anunciado para este jueves 12 de septiembre, jornada en la que el Senado trataría la ley de financiamiento universitario”, comunicó la asociación que representa a los investigadores y docentes de la UNC.

Tras la media sanción en Diputados, el proyecto recibió dictamen favorable en plenario de comisiones del Senado y quedó listo para ser tratado en el recinto. "No hay motivo para más dilaciones, exigimos su aprobación definitiva", expresaron.

Los gremios docentes, no docentes y estudiantiles de las universidades nacionales de Córdoba realizarán una conferencia de prensa a las 11 horas en la sede de Adiuc, en Haya de la Torre y Rogelio Nores Martínez, para exigir la aprobación e inmediata puesta en vigencia de la ley de financiamiento universitario.

Su promulgación permitiría comenzar a revertir la crisis del sistema universitario, garantizando recomposición y actualización por inflación de los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024; actualización bimensual por inflación de las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, investigación, extensión e infraestructura; ampliación anual y progresiva de los montos y número de beneficiarios de las becas para estudiantes; fortalecimiento del sistema científico-tecnológico.

"Necesitamos su aprobación definitiva en el Senado, construir la fuerza necesaria para evitar el veto presidencial y sostener la educación superior y la ciencia como pilares para el desarrollo soberano de nuestro país. En este marco damos continuidad al plan de acción y convocamos a una conferencia de prensa para brindar información actualizada sobre la crisis del sistema universitario, el estado del conflicto y las perspectivas abiertas con la media sanción de este proyecto de ley", indicaron a a través de un comunicado.

Además, se llevará cabo el paro nacional universitario y habrá un banderazo en las dependencias de la UNC.Por otro lado, a las 14 habrá una transmisión en vivo de la sesión de tratamiento de la ley, en el Museo de Antropología (avenida Hipólito Yrigoyen 174).

En una sesión caliente, la Cámara de Diputados aprobó hoy una moción conjunta de los bloques de la Unión Cívica Radical y de Unión por la Patria para emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda para dictaminar este jueves los proyectos que buscan declarar la emergencia presupuestaria y actualizar automáticamente las partidas de financiamiento para las universidades nacionales públicas de todo el país, y para hacer lo propio el martes que viene con los proyectos que apuntan al restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

"Son parte de una misma convocatoria que acordamos aquí en el recinto", aclaró el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, luego de que el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, leyera la moción conjunta.

La propuesta obtuvo 152 votos a favor y 81 rechazos. En contra votaron los diputados de La Libertad Avanza y el PRO, mayormente.

El Plan A de la UCR y UP era constituir al recinto en comisión para votar los proyectos durante la sesión especial, pero la moción no tuvo chances de ser aprobada dado que requería una mayoría agravada de tres cuartos para habilitar el apartamiento de reglamento.

Tanto el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, como la Coalición Cívica se negaron a acompañar esa propuesta, por lo que se procedió a impulsar el plan B: éste consistía en emplazar a las comisiones para este jueves 23 a las 14 hs para dictaminar los proyectos sobre financiamiento universitario y para el martes 28 a las 15 para dictaminar los proyectos sobre la reposición del FONID.

De esta manera, la oposición logró torcerle el brazo al oficialismo y al PRO, y marcar los tiempos del debate.

El pedido de sesión especial había sido formulado por el bloque de la UCR el viernes pasado, pero el anuncio del Gobierno del acuerdo que alcanzó con los rectores sembró dudas acerca de cuál sería la determinación que tomaría la bancada presidida por De Loredo, que dudó hasta último momento si mantener en pie la convocatoria o suspenderla. 

A partir de conversaciones en tiempo real con los rectores, que le plantearon la conveniencia de sostener la sesión hasta tanto no llegara la resolución oficial del Gobierno, el radicalismo decidió a último momento bajar al recinto. 

La sesión obtuvo quórum con 130 diputados sentados en sus bancas: además de los radicales contribuyeron al propósito Unión por la Patria, cuatro diputados de Hacemos Coalición Federal (Mónica Fein, Esteban Paulón, Oscar Agost Carreño, y Ignacio García Aresca), Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), cinco de los seis diputados de la Coalición Cívica (solamente no llegó Victoria Borrego), y el diputado de Por Santa Cruz Sergio Acevedo.

Hasta avanzada la tarde de ayer se había especulado con la posibilidad de que el radicalismo levantara el pedido de sesión especial, luego de que el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro confirmara su intención de convocar a un plenario de comisiones junto a Presupuesto y Hacienda, con la intención de dictaminar.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el bloque conducido por Rodrigo de Loredo estuvo en contacto durante toda la jornada con los rectores de las distintas universidades públicas (exceptuando a la UBA, que ya arregló su situación con el Gobierno) para monitorear el estado de las conversaciones con el Gobierno, para ver si se encontraba alguna solución inmediata y efectiva a la actualización del presupuesto universitario para este año.

Recién la respuesta se alcanzó este martes, y fue anunciada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, pese a lo cual el compromiso de palabra no fue refrendado por resolución en el Boletín Oficial.

A las 14 hs se conoció la decisión del bloque conducido por De Loredo de mantener la sesión y bajar al recinto.

El cordobés había sido muy criticado por los rectores radicales por haber dejado sin quórum la sesión convocada el 24 de abril por Unión por la Patria con el mismo propósito. 

Con esta acción, De Loredo buscaba congraciarse con este sector de la academia universitaria con el que se siente en deuda.

El primero en tomar la palabra fue Finocchiaro, quien calificó la sesión como “desprolija” y “ridícula” y acusó al bloque radical de regalarle una tribuna al kirchnerismo para que embista contra el Gobierno.

“Es una sesión desprolija porque pareciera que quienes han convocado a esta sesión quieren hacer una distinción entre quienes apoyan y quienes no apoyan a las universidades públicas. Todos las apoyamos a las universidades públicas. En mi caso en particular si no hubiesen existido yo no habría podido estudiar”, introdujo el ex ministro de Educación de Mauricio Macri.

Para Finocchiaro, la sesión “es desprolija porque hay cuestiones incluidas en el temario que ya han sido resueltas por el Gobierno nacional en el día de ayer y se van a instrumentar el día lunes”.

“Además de que el Gobierno ya arregló esto está convocada una sesión conjunta de las comisiones de Educación y Presupuesto para el día jueves 23 con el objetivo de dictaminar sobre estos temas. Es un dispendio terrible lo que se ha hecho hoy en este Congreso”, sentenció.

Según dijo, “es una sesión ridícula” porque “se le está dando la oportunidad al kirchnerismo de mostrar cuánto le importa la educación cuando el jueves que viene su brazo sindical educativo va a dejar sin clases a todos los chicos de nuestros país”.

“Es una sesión grave porque el verdadero objetivo del kirchnerismo en esta sesión no es el presupuesto universitario. El verdadero objetivo del kirchnerismo en esta sesión es emplazar para que se trate el FONID”, consideró.

A su entender, “el FONID es una mal concepto porque es dinero en negro que deben pagar los gobernadores y nunca el Gobierno nacional pero que además produce en las arcas de este Estado nacional que el kirchnerismo ha dejado vacías un déficit fiscal de entre un billón y 1,4 billones de pesos”

“Es irresponsable porque lo que está buscando el kirchnerismo con este tipo de cosas es que el Gobierno se vaya. El kirchnerismo hoy está en el límite del sistema democrático”, castigó. 

En tanto, Finocchiaro afirmó que “esta sesión se gestó de forma ignominiosa porque habiendo trabajado muy bien (con los diputados de los bloques de la oposición dialoguista) y teniendo encaminado un dictamen el viernes a la noche hubo una reunión entre distintos diputados donde se acordó que si el diputado Espert y yo llamábamos a una sesión conjunta para dictaminar el jueves 23 de mayo, esta sesión se levantaba”. 

“Le pregunté a De Loredo si esto era así, y su respuesta fue ''sí, Ale'”, reveló. “Es decir que el diputado De Loredo faltó a su palabra. Para mí es muy importante la palabra empeñada en la política”, arremetió.

“Llegamos a esta sesión porque quien sabe que culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”, fulminó Finocchiaro. 

A modo de réplica, el jefe del bloque radical aseguró que Finocchiaro no tuvo “una actitud honorable”.

“No veo en las palabras de Finocchiaro de ninguna manera una actitud honorable. No le piden tanto al diputado Finocchiaro. Veo una actitud de otras características. Falta absolutamente a la verdad en sus términos”, indicó. 

Segundos después, De Loredo aprovechó para desquitarse contra el diputado del PRO: “Soy un férreo defensor del gobierno que me tocó integrar, el de Mauricio Macri, Tenia un rumbo absolutamente acertado, le faltó tiempo. Ha llegado la hora de que haga pública una de las autocríticas más importantes que ha tenido ese Gobierno por haberlo integrado que es el bajo nivel de su ministro de Educación, que queda claramente expresado por la carencia de educación”. 

Más tarde aprovechó para justificar la razón por la cual insistió con la sesión pese a que el Gobierno ya había anunciado un acuerdo con los rectores de las universidades nacionales.

“Estamos acá por una cuestión de tiempo, porque el tiempo está pasando y las soluciones no están llegando. Venimos a esta sesión a construir una mayoría agravada persuadiendo a los diputados de que no queda más tiempo”, argumentó el cordobés. 

“También fuimos agraviados cuando le dimos tiempo a ustedes. Ha pasado un mes de una de las marchas más relevantes de la cual creo que el Gobierno ha tomado nota”, continuó De Loredo.

Y concluyó: “El tiempo va pasando y las soluciones no van llegando. A esta sesión hemos venido para ver si se recapacita y que se de una solución al fondo de la cuestión”.