El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para que las concesiones de rutas nacionales no paguen impuestos de ninguna jurisdicción, en el marco del proceso de privatización de los caminos viales dependientes de Nación.

La iniciativa oficial abarca inicialmente 6.000 kilómetros de rutas distribuidas por todo el país, que serán licitadas en los próximos meses, como parte de un nuevo lote de tramos a concesionar que llegará hasta los 12.000 kilómetros.

El plan del Ejecutivo fue dado a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su paso por el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso, al precisar que “todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal".

El objetivo trazado por la administración libertaria es generar “más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”, según adelantó el titular de la cartera económica.

De esta manera, la intención es que las empresas que asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional no estén alcanzadas por tributos nacionales, provinciales ni locales.

Para que el beneficio impositivo incluya las cargas provinciales y municipales, el Gobierno de Javier Milei deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes. Al respecto, Caputo confió en obtener dicho acompañamiento al indicar que “ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental”.

El reclamo de los mandatarios de las provincias y los jefes comunales por el estado de las rutas es constante e incluso algunos han logrado que determinados caminos pasen a su jurisdicción ante la falta de obras de mantenimiento y mejoras por parte de Nación.

La nueva estrategia gubernamental en busca de mayor inversión en la infraestructura vial se da en un contexto de un notorio recorte en los recursos destinados al sector, reflejado en las partidas dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En este sentido, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que el presupuesto de la DNV cayó al menor nivel en tres décadas y en conjunto con el de la ANSV registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.

Asimismo, el análisis detalló que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales “cayeron un 60% en términos reales entre 2023 ($826 mil millones) y 2025 ($333 mil millones)” y calculó que terminaría el 2026 con un nuevo recorte, ya que totalizaría $248 mil millones. El mismo panorama describió para las partidas destinadas a obras de construcción vial, que pasaron de $1.054 mil millones en 2023 a $265 mil millones en 2025.

Al referirse al impacto territorial, desde la ACIJ remarcaron que “la reducción de erogaciones se constata de forma generalizada en las jurisdicciones subnacionales” puntualizando que “en la provincia de Buenos Aires, el gasto devengado pasó de $468,5 mil millones en 2023 a $70,2 mil millones en 2025, registrando caídas de magnitud similar en distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza”.

La inversión de la Nación en las rutas de Córdoba sufrió una fuerte contracción durante los últimos tres años. El gasto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en la provincia cayó un 76% en términos reales entre 2023 y un promedio entre 2024 y 2026, según datos oficiales recopilados y procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Medido a precios de 2026 para eliminar el efecto de la inflación, Vialidad había ejecutado en Córdoba unos $ 115.900 millones durante 2023. Motosierra mediante, en los últimos tres años –el gasto en 2024 y 2025 y lo presupuestado en 2026–, promedia $ 27.182 millones.

En otras palabras, por cada $ 100 que la Nación destinaba a las rutas cordobesas en 2023, en 2024 gastó alrededor de $ 22 en términos reales; en 2025, $ 29; y en 2026, espera erogar $ 20.

El retroceso de la inversión en obra pública en Córdoba forma parte de una caída generalizada de la inversión vial nacional, aunque la provincia se ubicó entre las jurisdicciones con los recortes más pronunciados.

Según el relevamiento de ACIJ, si se consideran sólo 2023 y 2025, el gasto real cayó cerca del 85% en Buenos Aires y Chubut, 83% en Chaco, 77% en Formosa y 73% en Santa Fe.

La caída provincial se produjo en paralelo con un fuerte recorte de los recursos de Vialidad Nacional en todo el país.

A valores de 2026, el organismo ejecutó cerca de $ 2,7 billones en 2023. El gasto se redujo a $ 811 mil millones en 2024 y a $ 783 mil millones en 2025.

Para 2026, Vialidad dispone de un crédito vigente cercano a $ 563 mil millones. Si se compara esa cifra con el gasto de 2023, la reducción alcanza el 79%, una vez descontada la inflación.

El ajuste también alcanzó específicamente a la conservación de las rutas construidas. A nivel nacional, el programa de Mantenimiento en Rutas Nacionales pasó de ejecutar unos $ 828 mil millones a valores actuales en 2023 a $ 333 mil millones en 2025. Para 2026 dispone de apenas $ 248 mil millones, aproximadamente 70% menos que tres años atrás.

Natán Spollansky, economista del programa de Justicia Distributiva de ACIJ, le explicó a La Voz del Interior que el Monitor Presupuestario es un proyecto que fue relanzado el año pasado. "Busca hacer más fácil el acceso a la información del Presupuesto Nacional, presentándola de una manera más simple y sencilla", dijo.

La base de datos, según Spollansky, "se actualiza diariamente y permite seguir la evolución de distintas partidas a lo largo del tiempo, comparar sus presupuestos y niveles de ejecución y analizar los datos ajustados por inflación". "La idea es que la información que suele ser compleja y difícil de interpretar se vuelva más accesible para organizaciones, periodistas y la ciudadanía en general", agregó.

La caída del gasto se profundizó en 2026. Así lo muestra el nivel de ejecución: en lo que va del año, apenas se utilizó el 19,9% del presupuesto inicial.

Según la información del monitor, Vialidad comenzó 2026 con $ 35.504 millones presupuestados para un conjunto de proyectos y actividades en Córdoba. Al 24 de agosto, quedaban $ 22.419 millones de crédito vigente. Esto significa que durante el año el presupuesto disponible se redujo en $ 13.086 millones, un 36,9%. Y del crédito restante sólo se ejecutaron $ 7.085 millones, el 31,6%.

Explicado de otra forma: el gasto ejecutado equivale a apenas el 20% del presupuesto con el que comenzó el año.

Hay que tener en cuenta, además, que los poco más de $ 20 mil millones de crédito vigente representan una porción muy menor frente a años con inversiones mucho más elevadas. Además de los ya mencionados $ 115 mil millones ejecutados en 2023, se pueden mencionar los $ 310.319 millones de 2021 o los $ 432.681 millones de 2019, que fue el récord desde 2011.

Pero la caída de la inversión vial no se explica solamente por partidas que fueron recortadas o eliminadas durante el año. En uno de los principales rubros destinados al mantenimiento de las rutas cordobesas, el dinero continúa disponible, aunque prácticamente no se utilizó.

El programa de “Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias” comenzó 2026 con un presupuesto de $ 10.113 millones y conserva un crédito vigente de $ 10.072 millones. Sin embargo, al 24 de agosto sólo se habían ejecutado $ 336,7 millones: apenas el 3,3% de los recursos disponibles.

La baja ejecución adquiere relevancia por tratarse de recursos destinados a la conservación de la red y la atención de emergencias. Además, coincide con las advertencias que viene realizando la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) sobre la reducción de las tareas de conservación. Según datos expuestos por la entidad ante la Cámara de Diputados, al 31 de julio Vialidad Nacional había devengado, para el conjunto de sus programas en todo el país, el 32,6% de su presupuesto vigente, cuando ya había transcurrido más de la mitad del año.

A la baja ejecución se suma otro dato: durante 2026 hubo cuatro partidas para Córdoba que perdieron la totalidad del crédito que tenían asignado al comenzar el año. En conjunto, sumaban unos $ 4.713 millones en el presupuesto inicial y actualmente tienen un crédito vigente de cero.

La de mayor monto correspondía a las obras sobre la ruta nacional 19, con $ 1.578 millones. En este caso, sin embargo, la eliminación del crédito era esperable y se produjo después del acuerdo que Córdoba y la Nación firmaron para que la Provincia se hiciera cargo de completar la autopista entre Córdoba y San Francisco.

En ese momento quedaban inconclusos dos grandes sectores: 29,4 kilómetros entre Tránsito y Arroyito, con un avance cercano al 50%, y otros 35,5 kilómetros entre Cañada Jeanmaire y San Francisco, con aproximadamente el 25% ejecutado.

Desde entonces, la Provincia asumió con recursos propios la terminación de los tramos pendientes, con una inversión estimada oficialmente en $ 191.166 millones y bajo la órbita de Caminos de las Sierras. Esta semana, el gobernador Martín Llaryora informó que los trabajos que restan completar alcanzaron un avance del 30% y generan más de 250 puestos de trabajo directos e indirectos.

PROGRESO CORDOBÉS: AVANZA LA OBRA DE LA AUTOPISTA NACIONAL 19 En #Córdoba estamos convencidos de que la #infraestructura es la madre del #progreso. Por eso nos hicimos cargo de los trabajos para finalizar la Autopista Nacional 19, una megaobra que ya tiene un avance del 30% y… pic.twitter.com/BcgudqAb1V

La ruta, de todos modos, continúa bajo jurisdicción nacional. Córdoba cuenta con permisos para ejecutar las obras mientras reclama a la Nación el traspaso definitivo de la traza para asumir su administración y mantenimiento. La intención provincial es que Caminos de las Sierras tome la concesión por 30 años y pueda intervenir tanto en los sectores en construcción como en los tramos ya habilitados.

Distinto es el caso de las otras tres partidas eliminadas, todas vinculadas con la conservación y seguridad de la infraestructura vial. El mantenimiento del Distrito Córdoba comenzó el año con $ 1.254 millones; las tareas de seguridad en el mismo distrito, con $ 940,5 millones; y el programa de Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte, con otros $ 940,5 millones. Al 24 de agosto, las tres tenían un crédito vigente de cero.

En terminología vial, las “obras de arte” son estructuras complementarias de las rutas, como puentes, alcantarillas y desagües. Esa partida no sólo perdió la totalidad de los $ 940,5 millones asignados inicialmente, sino que tampoco registró ejecución durante el año.

El Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública comunicando las empresas que pasarán a administrar ocho tramos estratégicos de la “Red Federal de Concesiones - Etapa III”.

El proceso licitatorio determinó a los ganadores para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años.

Los corredores concesionados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país, y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados entre los distintos tramos licitados.

En esta última etapa, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

La Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta presentada por el consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Merco Vial S.A. - Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Además, se desestimaron ofertas de peso, entre las que se destaca la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los ocho tramos de la licitación.

Asimismo, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, los cuales limitan la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse individualmente para fomentar la competencia.

Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.

El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales en busca de aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.