El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. 

Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS. 

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías. 

El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la ANDIS y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.

En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Para Casanello, ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Según el fallo del magistrado, la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.

“Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, añade el juez.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, sintetiza el fallo.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Elías Daniel Argüello, líder del culto “Dimensión Cielo”, y también el de otras personas del grupo por trata de personas con fines de explotación laboral. Argüello, que estuvo detenido algunos meses en el año 2021, y el resto seguirán libres hasta el juicio.

La Justicia ratificó además la contundencia de la prueba recabada durante la investigación. 

En septiembre de 2023, el juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, había hecho lugar al pedido de la fiscalía y ordenado el procesamiento, medida que luego fue apelada por la defensa de los acusados. 

“La prueba fue contundente y la valoración que se hizo fue la correcta. Entendemos que se da por confirmada la participación de las cinco personas” en el hecho, dijo Montesi en declaraciones a AM 1050. 

Además del pastor evangélico, los otros procesados son Daiana Herrera, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado, como presuntos coautores, y Marcos Burini, como supuesto partícipe necesario, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral (finalidad de reducción a la servidumbre), “agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores, pluralidad de víctimas y por haber sido consumada”, según cita el fallo judicial que pudo conocer LA VOZ DE SAN JUSTO. En el caso de Argüello, se agrega el agravante por ser ministro de un culto religioso. 

“La Cámara estableció criterios y determinó conductas o hechos interesantes teniendo en cuenta que estamos frente a un grupo religioso de organización piramidal”, agregó Montesi tras el fallo.

Además, “destacó en su profundo análisis el grado de vulnerabilidad de al menos siete personas, un sistema de creencias impuestas por un líder religioso, mecánica de explotación laboral,  un grupo coercitivo de características sectarias, regímenes de mala alimentación, despersonalización de las víctimas e imposibilidad de formar pareja fuera del grupo, dominio psicológico, hacinamiento y precarización laboral de las víctimas, además de prolongadas jornadas laborales, todo manipulado desde un aspecto vinculado por la religión o cuasi religión”, enumeró el juez.

“Las víctimas fueron captadas en un alto grado de vulnerabilidad y de esclavitud”, sostuvo. 

Sin prisión preventiva, los procesados deberán cumplir con ciertas medidas hasta el juicio: someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; presentarse quincenalmente ante la División Unidad Operativa Federal Córdoba de la Policía Federal Argentina o dependencia de dicha fuerza; no podrán salir del país ni concurrir a reuniones, visitar lugares o acercarse a las víctimas. Si no obedecen, serán detenidos.

“Los cinco imputados esperarán el juicio en libertad porque no se da ninguna de las condiciones que se requieren para prisión domiciliara como peligro de fuga, por lo que no se obstaculiza la investigación. Entonces, continuarán en la misma situación hasta que se eleve la causa a juicio que podría ser a fin de año”, explicó Montesi.

Además, se confirmó el embargo sobre los bienes Elías Argüello, Daiana Felisa, Ricardo Mercado y Maximiliano Mercado por $10.000.000 cada uno y sobre los bienes de Marcos Burini por $5.000.000. 

El procesamiento había sido solicitado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, luego de que el juez de esa ciudad, Roque Rebak –que subrogaba a Montesi en ese momento- ordenara liberar a Argüello al dictarle “falta de mérito” a mediados de 2021. Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones revocó la decisión de Rebak y avaló lo investigado por la fiscal.

Se trata de una causa que data de finales de 2020 cuando se realizaron una serie de allanamientos en la vivienda de Argüello en el country Ayres del Golf en San Francisco y en dos de sus emprendimientos, vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario.

El pastor evangélico, que también era youtuber, se presentaba ante sus seguidores como un líder religioso y comenzó a ser investigado por las pésimas condiciones laborales a las que sometía a sus víctimas en una empresa de panificación.

Durante la investigación se llevaron a cabo distintos allanamientos en los que se recolectaron pruebas clave, pero además se realizaron escuchas telefónicas que fueron determinantes para la causa. También hubo muchas declaraciones testimoniales. 

En marzo de 2021, Argüello fue detenido hasta que meses después obtuvo la libertad. 

“La investigación determinó que este grupo de personas se dedicaba a captar a otras mediante la maniobra de convencimiento y persuasión. Sus víctimas estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza y de cierta fragilidad espiritual, entonces se aprovecharon de eso”, había manifestado durante una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO la fiscal Schianni que investigó este caso que tuvo repercusión nacional. 

Las víctimas que se nombran en el expediente de la causa son seis, aunque la funcionaria judicial sostuvo que eran más en base a “historias y testimonios” que llegaron a su fiscalía a partir de este caso y que demuestran que los acusados llevaban “varios años” captando gente. 

“Los hacían trabajar jornadas extensísimas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de salario, todo lo recaudado con la venta callejera y en los colectivos urbanos iba destinado a un fondo común. Recién cuando vendían todo, podían regresar. Vivían hacinados en una casa de barrio Argüello, en Córdoba -detalló Schianni-. También tenían deficiencias nutricionales”. 

Otra grave cuestión que determinó la investigación es que “a las víctimas se les cambiaba el nombre, esto fue analizado por los profesionales en sus declaraciones. Se dio un proceso de despersonalización, todo con la finalidad de manipularlas”. 

Dos de las víctimas estaban en San Francisco y el resto en Córdoba. Desde nuestra ciudad, eran vigiladas a través de cámaras instaladas en la casa de la capital provincial. 

“Aquí se violaron todos los parámetros que mencionan los protocolos de trata de personas, hubo explotación en términos de una reducción a la servidumbre, que considera a la persona como un objeto, una cosa, afectando a su dignidad”, afirmó Schianni. 

Asimismo, justificó su pedido de procesamiento con el hecho de que  “las víctimas no se autopercibían víctimas, entonces no se podían tomar al pie de la letra sus declaraciones porque habían sido despersonalizadas y su consentimiento estaba viciado. Los peritos hablaron de una coerción psicológica muy poderosa que tiene origen divino”.

“Eran víctimas pero no se percibían como tales, padecieron despersonalización, miraban y hablaban por los ojos del líder de la secta. Sus vidas eran manejadas”, manifestó la entrevistada. 

Daiana Herrera estaba involucrada junto a su marido, Argüello, en la presunta explotación laboral de dos mujeres las que realizaban tareas como empleadas domésticas, cuidaban de los hijos del matrimonio, recibiendo un exiguo pago y vivían en condiciones precarias. 

A Maximiliano Mercado se lo sindica como socio de Argüello en una panificadora de la ciudad de Córdoba. Esta persona habría tenido a su cargo el control sobre las víctimas, diagramar el trabajo, distribuir las tareas, además de administrar el dinero obtenido.

La Justicia sostiene que las víctimas fueron captadas por integrantes de la organización en San Francisco, se las convencía para que se alejaran de sus familias y cedieran en beneficio de la organización sus bienes materiales y de este modo reducirlas a la servidumbre con la finalidad de explotarlas laboral y económicamente.

Todo se conoció a partir de la denuncia radicada ante la Justicia Federal por la hermana de una de las víctimas oriundas de la provincia de Misiones.