El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, una iniciativa destinada a facilitar la regularización de deudas de familias que atraviesan dificultades económicas y financieras para afrontar sus obligaciones.

El proyecto apunta especialmente a personas cuya capacidad de pago se haya visto afectada y que deban recurrir a la refinanciación, reprogramación o reestructuración de sus deudas.

El objetivo es reducir el costo financiero, evitar un mayor deterioro de su situación crediticia y favorecer la recuperación progresiva de su capacidad económica.

La iniciativa contempla la participación voluntaria de entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito, que deberán instrumentar líneas especiales de financiamiento para las personas alcanzadas por el programa.

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que los bancos y emisoras de tarjetas que adhieran deberán ofrecer mecanismos de consolidación, refinanciación o reestructuración de las deudas bajo condiciones específicamente fijadas por la ley.

Las operaciones tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y podrán cancelarse en un plazo de entre 24 y 48 cuotas mensuales.

De esta manera, la Provincia busca generar una alternativa para familias que actualmente enfrentan dificultades para sostener el pago regular de sus compromisos financieros y requieren reordenar sus obligaciones bajo condiciones que reduzcan su carga financiera.

El programa comprenderá obligaciones originadas en préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento utilizadas para solventar gastos ordinarios relacionados con la subsistencia o las necesidades básicas del hogar.

El alcance y las condiciones particulares serán posteriormente establecidos por la reglamentación.

En cambio, quedarán expresamente excluidas las financiaciones vinculadas directa o indirectamente con juegos de azar y apuestas, así como las deudas tomadas para cancelar o refinanciar obligaciones originadas en esos conceptos.

El proyecto establece una serie de criterios para focalizar el beneficio en personas que atraviesen una situación de vulnerabilidad financiera.

Podrán ingresar quienes, al momento de formalizar la refinanciación o reestructuración, acrediten domicilio en la provincia de Córdoba con una antigüedad mínima de dos años y hayan estado clasificados en Situación 2 o Situación 3 al 31 de julio de 2026, de acuerdo con la información de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina.

Además, deberán reunir determinadas condiciones económicas, financieras y patrimoniales que serán definidas por la autoridad de aplicación.

Entre los parámetros que prevé la iniciativa se encuentran el nivel de ingresos del solicitante y de su grupo familiar conviviente; la titularidad de inmuebles, automotores, embarcaciones y otros bienes registrables; la tenencia de activos financieros o inversiones; y la relación entre los ingresos disponibles y las obligaciones financieras que debe afrontar cada persona.

La reglamentación podrá establecer, además, límites de ingresos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil y requerir declaraciones juradas y documentación respaldatoria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de acceso.

Para facilitar la participación del sistema financiero, el proyecto incorpora un incentivo tributario provincial.

Las entidades financieras que adhieran al programa tendrán una alícuota especial del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre los intereses y ajustes correspondientes a las operaciones de refinanciación, reprogramación o reestructuración realizadas en el marco de la iniciativa.

Un tratamiento equivalente se contempla para las emisoras de tarjetas de crédito respecto de los intereses compensatorios o financieros correspondientes a la refinanciación de saldos comprendidos en el programa, siempre que provengan de consumos relacionados con los gastos alcanzados por la ley.

La adhesión de bancos y emisoras será necesaria para instrumentar las líneas especiales previstas en el proyecto.

El Ministerio de Economía de la Provincia será la autoridad encargada de instrumentar el programa, establecer los procedimientos de adhesión y acreditación, verificar requisitos y disponer los mecanismos de registración, información y control.

También podrá celebrar convenios e implementar mecanismos de intercambio de información con organismos públicos, entidades financieras, emisoras de tarjetas y otros actores necesarios para poner en funcionamiento la iniciativa.

Una vez sancionada y reglamentada la ley, el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar tendrá una vigencia de tres meses calendario, período durante el cual podrán concretarse las operaciones comprendidas en el régimen.

Con el proyecto remitido a la Legislatura, la Provincia propone así una herramienta específica para atender el endeudamiento de familias en situación de vulnerabilidad, mediante la reestructuración de obligaciones de consumo y gastos esenciales bajo condiciones financieras predeterminadas y con incentivos para promover la participación de las entidades crediticias.

A través de su cuenta de X, el gobernador indicó al anunciar el proyecto de ley “Alivio cordobés” que es “una iniciativa para dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar”.

“No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando. Es decir, situaciones cotidianas de la vida de los argentinos. El cordobés es emprendedor y cumplidor, pero el sistema financiero actual se volvió imposible: la gente trabaja, paga y cada día debe más. Así la vida diaria de miles de cordobeses se torna más difícil”, aseguró.

Y cerró su misiva indicando diciendo que “Aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses. Este proyecto de ley se plantea desde una lógica muy nuestra que es el esfuerzo compartido. Acá nadie se salva solo.  El Estado provincial pone una reducción de la carga impositiva; las entidades financieras deben resignar una parte de su rentabilidad; y las familias aportan su compromiso real de pago a través de una cuota posible. No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”.