La implementación del DNI obligatorio para perros y gatos en Villa María abrió un nuevo debate sobre las herramientas que pueden utilizar los municipios para promover la tenencia responsable y mejorar el control de la población animal. La medida establece un registro gratuito para las mascotas y sus tutores, además de sanciones económicas para quienes incumplan determinadas obligaciones. Pero, ¿alcanza con identificar a los animales para resolver algunos de los problemas que atraviesan las ciudades?

La pregunta fue planteada a la Sociedad Protectora de Animales Grupo “Mario Gemelli” de San Francisco, para conocer qué impacto podría tener una iniciativa de estas características y cuáles son, desde su mirada, las políticas que deberían acompañarla.

El sistema implementado en Villa María alcanza a perros y gatos que viven en esa ciudad cordobesa. El DNI reúne información del animal, como nombre, raza y fecha de nacimiento, junto con los datos de su responsable. El trámite es gratuito y busca promover la tenencia responsable, además de facilitar el control de mascotas.

La normativa también contempla multas de hasta $844.000 para quienes no cumplan con las obligaciones de cuidado. Entre las conductas que pueden derivar en sanciones se encuentran el abandono, el maltrato o mantener a los animales en condiciones inadecuadas.

La propuesta, entonces, combina identificación, responsabilidad y sanción. Sin embargo, desde la Protectora de San Francisco consideran que sus resultados pueden ser relativos si no se trabaja sobre el origen de buena parte de los problemas vinculados con la población animal.

“Respecto al DNI para animales, puede resultar una medida simpática, pero creemos que los resultados para la comunidad y los animales serán relativos”, sostuvo Lucina Isoardi quien forma parte de la organización de nuestra ciudad.

Uno de los principales interrogantes planteados por la Protectora está relacionado con el control poblacional. Para Isoardi, un registro puede perder efectividad si la cantidad de animales continúa creciendo y no existen políticas suficientes para evitar una reproducción descontrolada. “En una comunidad en donde nazcan muchos animales, es decir, donde exista un servicio ineficiente de control poblacional, el registro quedará siempre desactualizado”.

Según señaló, esta situación puede generar un efecto en cadena: más animales, mayor dificultad para encontrar hogares responsables y más presión sobre las organizaciones que trabajan con perros y gatos abandonados. “Los vecinos, aunque no quieran, se verán desbordados de animales y no habrá capacidad para la adopción responsable de los nuevos cachorros que nacerán”, advirtió.

A esto se suma otro interrogante: qué ocurrirá con quienes no cumplan con la obligación de registrar a sus mascotas. La medida de Villa María establece que la identificación es obligatoria, pero para la Protectora será clave determinar cómo se controlará su cumplimiento.

“Es posible que en muchos casos los vecinos no se acerquen a identificar a los animales. ¿Cuál será la medida del municipio frente a los no identificados?”, señalaron.

La discusión también aparece vinculada con uno de los objetivos que persiguen este tipo de regulaciones: mejorar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo con animales.

Para la Protectora, contar con los datos de un tutor puede ser útil para establecer responsabilidades después de un incidente, pero no necesariamente evita que ese hecho ocurra. El planteo cobra especial relevancia a partir de los últimos casos registrados en la provincia, donde los ataques de perros volvieron a poner el foco sobre la prevención. En Córdoba capital, un niño de 3 años murió tras ser atacado por un perro pitbull, mientras que un hombre de 70 años debió ser hospitalizado luego de sufrir otro ataque. A estos episodios se sumó el caso de un niño de 2 años que fue mordido por un perro en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla.

“Si nos ponemos a revisar los casos más recientes y delicados de agresividad de canes a personas, en general se trata de animales con tutores ya identificados, pero que sus animales no estaban lo suficientemente cuidados y tampoco castrados”, sostuvo.

La afirmación vuelve a poner el foco sobre qué herramientas pueden actuar antes de que se produzca un conflicto. Desde la mirada de la Protectora, la identificación sería una parte del esquema, pero no necesariamente la solución completa.

Frente a esta problemática, Isoardi destacó la importancia de las políticas de castración como una herramienta de prevención, tanto para controlar la reproducción como para incidir en determinadas conductas: “Se conoce que hay un gran impacto de la castración, sobre todo en perros machos castrados a temprana edad, que reduce la agresividad, la búsqueda de hembras en celo y, por lo tanto, disminuye la tendencia a escaparse, deambular o intentar salir permanentemente”.

También señaló que la intervención puede disminuir determinadas conductas relacionadas con la actividad sexual y la competencia entre machos. “En conductas sexuales, la castración disminuye la monta y el interés sexual”. Y agregó que también puede reducir la motivación de los machos para competir con otros ejemplares, especialmente cuando el conflicto está relacionado con la presencia de hembras. “Castrarlos reduce la agresión vinculada específicamente a la competencia sexual o territorial”.

El esquema de sanciones económicas es uno de los aspectos centrales de la medida aplicada en Villa María. Las multas buscan desalentar conductas como el abandono y el maltrato animal.

Sin embargo, para la Sociedad Protectora de Animales Grupo “Mario Gemelli”, las sanciones por sí solas no alcanzan: “Las sanciones punitivas actúan sobre las consecuencias y no logran prevenir estados de agresividad y las consecuencias para personas y otros animales”.