Un violento episodio ocurrido en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco dejó a un interno en grave estado y abrió una investigación judicial para determinar responsabilidades, en medio de un clima de tensión que derivó además en un intento de protesta frente al penal de avenida Savio.

El joven herido fue identificado como Valentín Escobedo, de 24 años, quien habría sido brutalmente golpeado dentro del pabellón en el que se encontraba alojado. Según trascendió, la agresión le provocó graves lesiones, especialmente en la cabeza, que lo dejaron inconsciente.

Tras el ataque, Escobedo fue trasladado al Hospital “J. B. Iturraspe”, donde permaneció internado por un breve lapso. Luego recibió el alta médica y regresó a la cárcel, aunque sus familiares sostienen que no se encontraba plenamente recuperado.

Con el paso de las horas, su estado de salud se complicó, por lo que se dispuso su traslado al Establecimiento Penitenciario N° 1 de Bouwer, en Córdoba. Una vez allí, se advirtió la gravedad del cuadro clínico y fue derivado a un centro de salud de la capital provincial, donde permanece internado en estado crítico.

La Justicia investiga las circunstancias de la golpiza. En una primera instancia, se manejó la hipótesis de una pelea entre internos dentro del pabellón. Sin embargo, con el avance de la investigación, surgieron sospechas de que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre familias. Hasta el momento, no hay responsables identificados, y el propio Escobedo no pudo aportar información debido a su estado de inconsciencia inicial y la posterior falta de recuerdos sobre lo ocurrido.

En paralelo, el jueves por la noche se registró un hecho de tensión frente a la cárcel local, donde un grupo de personas arrojó cubiertas encendidas hacia el interior del predio en lo que fue interpretado como un intento de protesta. Por este episodio fueron detenidas dos mujeres y un adolescente de 16 años. Si bien trascendió que el hecho podría estar vinculado a la situación de Escobedo, esa relación no fue confirmada oficialmente.

A raíz de estos acontecimientos, se dispuso el traslado de internos por razones de salud y seguridad hacia otros establecimientos del interior provincial, y se reforzó la seguridad externa con la intervención de unidades especiales como Infantería, Seom, Eter y CAP.

Cabe recordar que Escobedo había estado previamente vinculado a la investigación por la muerte de un niño en Frontera, aunque posteriormente la Justicia determinó que no tenía relación con ese hecho y recuperó la libertad. Actualmente, se encontraba detenido por otra causa, cuyos detalles no fueron precisados por fuentes judiciales.

La Policía abocada al operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso dispersó este jueves a manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, luego de que estos arrojaran piedras y botellas contra los uniformados.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes en las inmediaciones del Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización.

También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.

Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Policía Federal detuvo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, mientras la Policía de la Ciudad reporto 8 detenidos más, lo que arroja un total de 12 aprehendidos durante las protestas.

Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifestaron en la Casa de Gobierno provincial en reclamo por mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, al tiempo que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que 20 efectivos serán pasados a disponibilidad.

La protesta comenzó durante la noche del lunes, cuando los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local, donde dos patrulleros fueron apostados (uno sobre San Jerónimo y otro en 3 de Febrero sobre San Martín).

Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, y expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.

A su vez, los policías también se manifestaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde hubo quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.

Por su parte, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte total del tránsito en los dos sentidos de la calle Gutiérrez y aconsejó a los habitantes evitar la zona.

La fuerza llevó a cabo un procedimiento en Aborígenes al 6300, lugar en el que se concretó la detención de un menor de edad y la incautación de un arma de fuego.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad “con retiro de arma y de chaleco antibala”.

Desde la sede local de Gobierno, junto a los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), señaló que en su gestión trabajan “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.

"En este caso, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares, acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó el titular de la cartera.

Cococcioni agregó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una investigación por “posibles ilícitos penales”.

“En un momento se trató de impedir la salida de móviles hacia su patrullaje. Hubo un estimado de 20 unidades que fueron directamente paralizados, puestas frente a la jefatura”, remarcó el ministro.

Según Cococcioni, “el reclamo es válido, pero no negamos que falte mucho para el bienestar de las fuerzas, juzgamos en el fondo legítimo, se montaron otros legítimos que de legítimos tienen muy poco”.

La empresa Caminos de las Sierras S.A. presentó una denuncia penal contra distintos gremios por la obstrucción de la circulación vehicular durante una protesta realizada este lunes en una estación de peaje de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (RAC), en el tramo Córdoba–Villa Carlos Paz, en rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno provincial que encabeza Martín Llaryora.

Según consta en la presentación judicial, el hecho ocurrió este lunes 12 de enero, entre las 10 y las 11.30, cuando una manifestación integrada por entre 350 y 400 personas bloqueó carriles en sentido hacia Villa Carlos Paz. La medida provocó un importante caos vehicular, con filas de automóviles que alcanzaron hasta cuatro kilómetros y maniobras riesgosas de conductores que intentaban avanzar por la traza.

Desde la concesionaria indicaron que la protesta se desarrolló en un sector destinado a la desaceleración y detención de los vehículos, lo que incrementó de manera significativa el riesgo de siniestros viales. La situación, señalaron, afectó tanto a los usuarios de la ruta como al personal que presta servicios en la estación de peaje.

En la denuncia se consignó que durante la manifestación se identificó la presencia de distintos gremios, cuyos integrantes portaban banderas, pancartas y vestimenta identificatoria.

“El corte de vías de acceso durante dos horas fue caótico para el turismo y para la gente que transitaba, pero también para los peajistas y los trabajadores de la empresa”, expresó el abogado de Caminos de las Sierras, Benjamín Sonzini Astudillo, en declaraciones a La Voz En Vivo.

“Nunca en la historia de la empresa, en la cual yo hace 26 años que trabajo, pasó una situación como esta”, agregó el letrado. Además, remarcó que se trató de una acción sorpresiva: “Fueron cuatro kilómetros de cola de autos, un caos total, y han anunciado que lo van a seguir haciendo”.

De acuerdo con lo expuesto por la empresa, voceros sindicales habrían manifestado públicamente que se trató de una “acción sorpresiva” y no descartaron la posibilidad de repetir la modalidad en otras estaciones o sectores de la RAC en los próximos días.

Caminos de las Sierras sostuvo que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona a quienes impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento del transporte terrestre. En ese marco, solicitó a la Fiscalía que impulse la investigación correspondiente y pidió la habilitación de la feria judicial, al considerar que se trata de una situación de gravedad y urgencia.

Asimismo, la empresa requirió ser admitida como querellante particular con el objetivo de colaborar con la investigación y prevenir la reiteración de episodios que, según advirtió, ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de quienes circulan por los corredores concesionados.

Una persona murió tras una nueva jornada de protestas de diversos sectores contra una reforma de pensiones en Panamá, de acuerdo con el saldo que dieron a conocer fuentes oficiales a medios internacionales.

La víctima fatal fue hallada con "una herida en la espalda", especeficó un informe del sitio RFI.

Los manifestantes llevan un mes protestando en las calles contra la reforma de pensiones del gobierno del presidente José Raúl Mulino e invariablemente se reportan choques con las fuerzas de seguridad.

Esta vez, la Policía dispersó las protestas con gases lacrimógenos y posteriormente se encontró con una persona fallecida en la vía pública, según afirmó el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza.

Esto ocurrió en la localidad de Rambala, provincia caribeña de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

El herido fue atendido por paramédicos en un principio, para luego ser trasladado al hospital, donde posteriormente se declaró su deceso.

Icaza negó que las fuerzas policiales hubieran utilizado armas letales.

Pero la Asociación Universitaria Reforma Estudiantil acusó al gobierno de cometer un "crimen" por el "asesinato de un compañero de lucha".

Desde el pasado sábado, grupos de personas encapuchadas cortaron con troncos y piedras el paso de vehículos en diversas rutas de Bocas del Toro.

En el intento de contenerlo, el gobierno panameño desplegó un operativo de seguridad con la presencia de 1.300 policías en la región.

El saldo de detenidos superaba las 500 personas, informaron las mismas fuentes.

Todo se desencadenó luego de la aprobación de una reforma del seguro social el pasado marzo en el Congreso.

Sindicatos de la construcción, maestros y grupos indígenas son los principales opositores, quienes argumentan que la nueva ley aumenta la edad de jubilación y privatiza las pensiones.

Las reiteradas protestas en el área central de Córdoba Capital en los últimos días reactivaron el debate de sobre la posibilidad de una normativa “antipiquetes”. Desde el Gobierno provincial confirmaron que está la voluntad política de abrir una mesa de discusión para poner “reglas claras” en las manifestaciones.

Hace dos años atrás, la Legislatura de Córdoba debatía dos proyectos que buscaban ponerles un coto a las manifestaciones ante los reclamos de los comerciantes del Centro y las quejas de automovilistas.

Los proyectos del entonces legislador Juan Manuel Cid (PJ) y de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta tuvieron varios reuniones en comisión, pero no lograron llegar al recinto. En el mismo oficialismo había parlamentarios, como José Pihen, que no los acompañarían por considerarlos intentos para limitar el derecho a la protesta.

El tema fue bajando de intensidad hasta que en una mesa con el Poder Judicial y las organizaciones sociales y sindicales se trabajó en un protocolo. Sin embargo, en estas últimas semanas hubo varios hechos que el Gobierno de Martín Llaryora puso atención.

Por un lado, la disposición a fines de abril de la Cámara de Acusación del sobreseimiento de seis dirigentes sociales y sindicales que habían encabezado una protesta en el Centro de la ciudad de Córdoba en abril de 2023.

Los fundamentos fueron “la protección constitucional de los derechos a expresarse y peticionar”. Esto no cayó nada bien en el Ejecutivo provincial que lo leyó como un retroceso judicial y al protocolo en uso. Mientras que la CTA volvió a denunciar al fiscal Ernesto de Aragón por ejerce persecución judicial. Ahora el tema quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Por otro lado, las diarias asambleas del gremio de los municipales y la protesta en el Polo Sanitario en aumento también hicieron que el Gobierno provincial empezara a mandar una señal al Poder Judicial, como a los gremios.

Desde el Centro Cívico ratificaron lo que desde mediados de semana comenzó a pedir el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al hablar de una ley “antipiquetes”, y, luego, de un cambio normativa que garantice los derechos más apuntado al Código de Convivencia Provincial.

“Necesitamos un marco legal para actuar porque el fallo de la Cámara de Acusación tumbó el protocolo. Sabemos que hay varias inquietudes ya en la Legislatura. Y esperamos que se abra un debate profundo y surja una legislación consensuada”, confió un hombre de extrema confianza del gobernador.

También se confirmó que “por ahora” el Ejecutivo no ingresará un proyecto, pero se aclaró que ya hay propuestas presentadas en la Unicameral que podrían discutirse. Se trataría de reabrir el debate que se dio en 2023 y pedir señales por parte de la Justicia.

El ministro Quinteros explicó a La Voz del interior por qué Córdoba debe repensar una normativa que podría darse con cambios en el Código de Convivencia Provincial que contemplen contravenciones, sin que se dañen los derechos de protestas, como los de libre circulación para aquellos que no marchan.

“El Gobierno tiene la clara voluntad de que se respete el derecho a la protesta, pero también los derechos de los comerciantes de poder trabajar, de transitar, de poder llegar al trabajo, a un turno al médico”, expresó el ministro Quinteros.

“Es preciso tener normativas claras, un instrumento legal para el accionar de la policía en la calle. Reglas claras para las protestas sociales, pero también para el derecho a circular, a trabajar, a que el comerciante trabaje. Se deben garantizar los dos derechos”, insistió.

Pero aclaró que “en el marco de la protesta social, como regla elemental de convivencia, el piquete es inaceptable”. “Ante las protestas que están admitidas por la Constitución Nacional, cuando hay desbordes el orden público se apela al diálogo y con severidad”, agregó.

Lo que la Provincia también espera es tener una decisión del TSJ, que tendrá que resolver en última instancia la cuestión a partir de la causa que inició el fiscal De Aragón (con la imputación a seis gremialistas y dirigentes sociales) y, luego, el fallo de la Cámara de Acusación que no vio en los hechos entorpecimiento del tránsito. Pero la Fiscalía de la Cámara apeló el fallo, por lo que el Gobierno aguarda esa resolución del TSJ.

Mientras tanto en la Legislatura de Córdoba ya hay varios legisladores que desempolvaron sus proyectos y buscarán que se reactive el tema. Los oficialistas reconocieron que el Gobierno no está dispuesto a que avance el deseo de los trabajadores del Polo Sanitario a colocar una carpa a metros del Hospital Rawson, y que los municipales corten los puentes.

“Ya no tenemos las marchas de años atrás en los que se ponían a los chicos y mujeres adelante, no todas las marchas son iguales. Algunos gremialistas tienen que saber cuándo su gente se descontrola y el fallo de la Cámara fue un retroceso”, confió un legislador oficialista.

“Martín (Llaryora) quiere que abramos el debate”, aseguró otra legisladora.

Nadia Fernández, legisladora del PJ y presidenta de la Comisión de Seguridad, adelantó que hay voluntad de debatir con distintos actores vinculados al tema y con los autores de los proyectos en una mesa que trate esta preocupación.

“Estamos abiertos a un debate constructivo sobre el derecho a la protesta, pero no toleraremos que se ejerza de manera abusiva, sitiando la ciudad y perjudicando a la mayoría”, dijo Fernández, que podría en esta semana convocar a una reunión.

“Desde Córdoba impulsaremos un diálogo para alcanzar consensos que garanticen el respeto por este derecho, sin que derive en prácticas que afecten el orden público o incurran en delitos”, insistió la legisladora.

Por ahora, el bloque oficialista analiza si avanzará con un proyecto propio o si tomará como base la propuesta del libertario Agustín Spaccesi, aunque sin acordar su planteo de prohibición de los cortes de forma total.

El legislador de La Libertad Avanza adelantó a La Voz que pedirá esta semana que su iniciativa sea tratada en la Comisión de Seguridad.

La propuesta de Spaccesi establece una ley que “garantice la libre circulación”, y fija “el impedimento de corte parcial total” de rutas o calles. Además de instruir a la Policía “a la intervención inmediata” frente a la imposibilidad para circular.

“El propio Gobierno nacional, a través una resolución de su Ministerio de Seguridad, sancionó un protocolo a los efectos de garantizar la libre circulación, el cual tuvo altísima aceptación en la ciudadanía y sirve como base”, expresó Spaccesi, que presentó una propuesta similar a la de la ministra Bullrich.

“Con el tiempo, y producto de la inacción de las autoridades, el derecho a manifestarse y ser oídos, se ha corrompido, incorporando en su práctica maniobras extorsivas, que nada tienen que ver con la garantía constitucional del derecho que se tutela”, aseguró en los fundamentos de su proyecto.

El segundo proyecto es el del legislador radical Rossi, quien en la última semana volvió a presentar su iniciativa de 2023.

“Las marchas de protestas y reclamos, que son legítimos y que no piden cercenarse, no pueden impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos ni la circulación de las personas. Por eso proponemos que el Consejo de Partidos Políticos convoque a las organizaciones sociales para establecer por consenso reglas de convivencia social”, pidió el legislador.

En su propuesta se “sugiere” delimitar algunas cuadras del área central para impedir que se realizan cortes. De esta forma, el radical fija que entre las arterias Marcelo T. de Alvear-Figueroa Alcorta, Humberto Primo-Sarmiento, Maipú-Chacabuco e Illia-San Juan no se realicen protestas.

“Está la necesidad de requerirle al gobernador la convocatoria con carácter urgente al Consejo de Partidos Políticos y a las distintas organizaciones sociales a los efectos de establecer reglas de convivencia social vinculadas a las marchas de protestas y reclamos que se vienen intensificado en la ciudad de Córdoba”, pidió Rossi, al coincidir que el tema debe volver a ser debatido.

El paro de 72 horas que llevaron adelante los empleados judiciales de Córdoba, impulsado por autoconvocados y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), tuvo un alto acatamiento en San Francisco. La medida de fuerza, que comenzó el miércoles y se extendió hasta este viernes, y que busca reactivar el diálogo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para lograr la equiparación salarial con la Justicia Federal.

“En la sede de San Francisco, el primer día registramos un acatamiento del 85%, y el segundo día esa cifra se superó, alcanzando el 90% o incluso más”, detalló a LA VOZ DE SAN JUSTO Julián Beltrami, integrante del grupo de autoconvocados judiciales. Aunque no pudo precisar cifras de otras sedes, aseguró: “Estamos en contacto permanente con las demás delegaciones y, en cada medida que se viene llevando adelante, el nivel de adhesión es tan alto como en nuestra ciudad. Eso demuestra la unidad de todos los empleados judiciales”.

El reclamo no es nuevo. Desde 2013, una acordada del TSJ establece la equiparación de los salarios de la Justicia provincial con los de la Justicia Federal. Si bien ese proceso se inició con magistrados y funcionarios, quienes lograron una equiparación cercana al 90%, los empleados judiciales aún no han sido alcanzados por ese beneficio, aunque si obtuvieron la reestructuración de la planta con las mismas categorías que los federales.

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“No se trata sólo de un reclamo económico, sino de un derecho incumplido. Hoy, por ejemplo, un ingresante al Poder Judicial de la Nación cobra entre 1.600.000 y 1.700.000 pesos, mientras que en la provincia de Córdoba un ingresante, sin tener título, que aún no se recibió apenas alcanza los 700.000 u 800.000. No llegamos a la canasta básica”, remarcó Beltrami. “Y eso sin contar que muchos empleados provinciales después tienen título universitario, posgrados o maestrías, además de haber aprobado un concurso para ingresar. No se le da el valor que merece a nuestro trabajo”, agregó.

Uno de los puntos que más resienten los trabajadores judiciales es la falta de diálogo por parte del Tribunal Superior. “No hay contacto alguno. El TSJ no ha emitido llamados ni ha mostrado intención de sentarse a negociar. Hay un silencio absoluto hasta ahora”, afirmó Beltrami. Incluso, cuestionó recientes medidas tomadas por el Tribunal, como la reedición de acordadas de décadas atrás para restringir las asambleas ruidosas dentro de los edificios judiciales, lo que interpretan como una amenaza al derecho de huelga.

Lo que sí está claro es que la continuidad del reclamo depende de una sola variable: la voluntad del Tribunal de abrir una mesa de negociación. “nuestro salario en relación a los federales está un 40% por ciento abajo y sabemos que la equiparación no se va a dar de un día para otro, pero lo que pedimos es sentarnos a dialogar y avanzar. El conflicto no se soluciona con silencio”, sostuvo.

Cabe destacar que la medida de fuerza por parte de los empleados judiciales continuará, cómo se vienen realizando meses atrás, tanto en San Francisco cómo en otras dependencias de toda la provincia, si no se llega a un acuerdo para lograr una equiparación de su escala salarial con la que gozan los judiciales que trabajan en la Justicia Federal.

En el marco del conflicto con los empleados municipales, que ya lleva varias semanas, el Ejecutivo municipal presentó una denuncia contra el Sindicato Unido de Obreros y Empleados (Suoem) de nuestra ciudad.

A través de la Asesoría Letrada, la Municipalidad de San Francisco presentó este martes una denuncia en la ante la Unidad Judicial San Francisco con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción y Familia 1 T, por daño y hurto en distintas dependencias municipales.

Desde el municipio recordaron que el pasado miércoles 30 de octubre las partes (Ejecutivo Municipal y Suoem) habían firmado la conciliación voluntaria ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, por el cual se sometían durante el plazo que durará la conciliación a cesar las medidas de fuerza, ello con el objeto de privilegiar el diálogo, lo que fue incumplido por parte del gremio que nuclea a los trabajadores municipales.

En la denuncia presentada hoy, contra los integrantes del Suoem a determinar, se describen los hechos sucedidos durante las protestas llevadas adelante este martes. 

Desde el municipio informaron hubo distintos daños en el mobiliario, rotura de elementos personales y de documentación pública en la Secretaría de Infraestructura, daño en el reloj de fichaje digital ubicado en la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaria de Economía y hurto de luminaria en la Secretaría de Gobierno, además de diferentes desmanes y destrozos en distintas áreas municipales entorpeciendo el normal funcionamiento de las mismas.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre al municipio de San Francisco y el Sindicato de Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem). Esta decisión se tomó tras varias jornadas de negociaciones que no lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio en torno al reclamo de aumento salarial por parte de los trabajadores municipales.

La conciliación obligatoria, que se extenderá hasta el próximo viernes 15, implica que durante este período no se podrán llevar a cabo medidas de protesta por parte de los trabajadores. Según información proporcionada por el Suoem, la Delegación del Ministerio de Trabajo en San Francisco, bajo la dirección de Juan Boccanera, fue la encargada de implementar esta medida.

Víctor Lescano, secretario general del Suoem, comentó sobre la situación actual del conflicto gremial: "El municipio otorgará un adelanto del  7,5 %, aunque esto no cubre lo que veníamos reclamando desde enero hasta agosto, que es un 23 % acumulado". Además, destacó que el municipio se comprometió a pagar un aumento del 4% con retroactividad a septiembre y un 3,5% adicional para octubre, que se abonará el viernes 15 de este mes.

En relación a una denuncia presentada contra el Suoem por parte del municipio, Lescano expresó: “La Asesoría Legal hizo una denuncia contra nosotros mientras estábamos reunidos en el Ministerio. Queremos ver qué dice la denuncia”. Aclaró que no estaban presentes en el momento del incidente mencionado en la denuncia y enfatizó: “Nadie justifica ningún acto de violencia ni nada por el estilo. Estamos viviendo una situación económica que trae un malestar, pero eso no justifica ningún acto violento”.

A pesar de las tensiones, subrayó que están dispuestos a asumir responsabilidades si es necesario: “No vamos a desconocerlo, pero lamentablemente no estábamos allí en ese momento”.

Con la conciliación obligatoria en marcha y nuevas negociaciones programadas, tanto el municipio como el Suoem buscan una solución pacífica al conflicto que ha afectado los servicios en la ciudad. La comunidad espera que las partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio antes del 15 de noviembre.

De este lunes universidades de todo el país, realizan un paro por 48 en defensa de la Ley de Financiamiento convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Se prevén, además, para el resto de la semana, actividades de visibilización. 

El paro del 17 de octubre tuvo altísimo acatamiento en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y se espera el mismo impacto durante las medidas de fuerza de esta semana.

En ese marco, Leticia Medina, secretaria adjunta de la Asociación de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), en diálogo con Cadena 3 adelantó que ante la situación de desfinanciamiento, una situación que lleva 10 largos meses sin respuestas del Gobierno, consideran "la suspensión de mesas de exámenes".

La medida de fuerza se convocó en medio de una escalada del enfrentamiento del Gobierno contra las universidades públicas y luego que se multiplicaran las tomas en las casas de altos estudios, el Gobierno, a través de Capital Humano, anunció que la SIGEN realizará auditorias, algo que ya está previsto por ley, pero que desde el oficialismo se utilizó como argumento para atacar el reclamo.

el miércoles habrá clases públicas de todas las universidades del país al mismo tiempo y en la ciudad de Buenos Aires, será frente al Congreso, porque ese día se debatiría en comisión el capítulo de educación de la ley de presupuesto para 2025. Esperan, según las fuentes, repetir la medida todos los miércoles.

Aun reconociendo los atractivos que tiene la Argentina para cualquier visitante extranjero, la realidad indica que todavía se halla bastante lejos de las grandes capitales que acogen lo que se ha dado en llamar el turismo masivo. Por ello, las imágenes que por estos días llegaron desde Barcelona movieron a la sorpresa: vecinos de esa ciudad utilizaron pistolas de agua para molestar a los turistas que caminaban por las calles o estaban sentados a la mesa de un bar.

El episodio incluso movió a interpretaciones banales y risueñas, pero la repercusión de esta protesta contra la masificación turística recorrió la prensa internacional. Y no se trata de una reacción intempestiva, extemporánea, sino de una manifestación particular de un malestar profundo que se está generando en algunas regiones de Europa, en donde son cada vez más frecuentes las movilizaciones que reclaman a las autoridades que se ponga límites a la llegada de visitantes. 

Se señala con insistencia que el turismo masivo está ejerciendo presión sobre los servicios sanitarios, la gestión de residuos, el suministro de agua y la vivienda a expensas de los residentes. Al mismo tiempo, la creciente construcción de complejos hoteleros y de viviendas está poniendo en peligro los lugares históricos, la biodiversidad y los recursos naturales.

Las pistolas de agua barcelonesas solo han sido un símbolo de un sentimiento que se esparce en el viejo continente y amenaza con seguir creciendo. Vecinos de bellas poblaciones que todos los años reciben cientos de miles y hasta millones de turistas afirman sentirse invadidos y hartos de la escasez de viviendas y el constante incremento del precio de los alquileres, fruto del éxito de las aplicaciones que ofrecen ocupación temporaria de los inmuebles. En este punto, vale señalar que este último problema está surgiendo con fuerza también aquí en la Argentina. 

También se manifiestan hastiados del ruido que provocan quienes están de vacaciones, la contaminación y la basura que generan, así como de la indiferencia de las autoridades a sus reclamos. Otra de las críticas es que el turismo masivo genera empleo de baja calidad, ya que es estacional y ofrece sueldos bajos. 

La extensión de las protestas y los métodos para llevarlas adelante no son propiedad de una comunidad en particular. Se han extendido a lo largo de toda la geografía europea. Es que el turismo masivo, aunque beneficioso para la economía, puede tener efectos adversos profundos en la vida cotidiana de los residentes. Por ello, encontrar un equilibrio entre las ventajas que la industria sin chimeneas ofrece y las demandas de los vecinos se presenta como el desafío más urgente.

De este modo, regulaciones horarias, limitaciones para la oferta de alquileres temporarios, imposición de una tasa local que deben abonar los turistas por cada noche que permanezcan en un lugar, control del impacto ambiental, vigilancia sobre los desbordes de la actividad nocturna y la participación de los residentes en la toma de decisiones sobre políticas turísticas son algunas de las estrategias que se han experimentado. Sin embargo, las protestas persisten.

Es posible que algunas de estas movilizaciones sean impulsadas por sectores radicalizados que pretenden imponer su agenda para alcanzar fines que no conducen al bien común. Sin embargo, no puede minimizarse el rechazo creciente de los habitantes de los lugares más atractivos a la entrada sin control de visitantes. Porque deja en evidencia un problema serio del que debería tomarse nota en todos los sitios turísticos. Incluso en los que todavía no han alcanzado la masividad que se observa en Europa.

Unidad Piquetera (UP) marchará a Plaza de Mayo mañana contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo se realizará a partir de las 16 y se dará en el marco del aniversario del estallido social de diciembre de 2001. 

“Hay compañeros en los comedores populares que comen una vez al día. Hace un mes y medio que no reciben comida”, indicó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en diálogo con Radio Colonia durante la previa de la marcha. 

A su vez, el dirigente piquetero sostuvo que los canales de comunicación con el secretario de Familia y Niñez, Pablo De la Torre, están cerrados. “Nunca pude hablar con De la Torre y le pedimos una reunión específicamente y urgente frente a esta situación”, explicó Belliboni.

Las organizaciones sociales confirmaron este martes que se movilizarán a pesar de la implementación del protocolo antipiquetes dispuesto por la ministra de Seguridad y las advertencias de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien anunció que le quitará los planes sociales a las personas que asistan a las marchas y corten las calles. 

Por su parte, el dirigente ferroviario y referente del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Rubén "Pollo" Sobrero, manifestó en conferencia de prensa que la de mañana es una marcha “crucial” para la sociedad. 

“Mañana es una marcha crucial para todos aquellos que nos están mirando, porque lo que se define en Argentina es, si cuando vos quieras salir a discutir por un aumento salarial o por una paritaria, vas a tener que pedir permiso o tenés derecho a reclamar”, consideró Sobrero. 

En la misma línea, el dirigente sindical aseguró que las “amenazas” que está llevando adelante el Gobierno tienen como objetivo “hacer pasar un ajuste y que la gente no proteste”. 

Por su parte, durante la previa del 20D, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió la inconstitucionalidad del protocolo anti piquete diseñado por la cartera de Seguridad. 

La presentación judicial recayó ante la jueza María Servini, que por incompetente giró la cautelar al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

El MST cuestionó que el protocolo viola ciertos derechos consagrados en la Constitución Nacional y reclamó una medida cautelar que suspenda su aplicación.

Según señalaron, con las medidas que anunció Seguridad se lesiona la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho de protesta y peticionar a las autoridades.

Centenares de manifestantes volvieron a exigir en Lima la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, en una marcha en la que hubo enfrentamientos con la Policía y al menos tres detenidos.La protesta de la noche de este sábado es la segunda que se registra en lo que va de la semana en la capital de Perú desde que el miércoles pasado se reactivaron las movilizaciones después de cinco meses.La marcha, convocada por organizaciones de izquierda, buscaba la renuncia de la jefa de Estado, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones, y convocó a miles de ciudadanos en Lima y otras ciudades del país.En la capital, la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que ocuparon la céntrica plaza San Martín, en medio de forcejeos con las fuerzas del orden.Al menos tres manifestantes fueron detenidos, dijeron la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, informó la agencia de noticias AFP.La Defensoría del Pueblo no reportó heridos, pero el diario La República dijo que hubo 11 en Lima. El periódico, que no citó fuentes, agregó que otras 10 personas fueron detenidas.La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos afirmó en sus redes que se trató de una “represión injustificada" contra la población que ingresó a la plaza San Martín a expresar su rechazo contra "el régimen de Boluarte”.“La ciudadanía tiene el derecho de usar las plaza públicas para hacer oír su voz”, agregó la organización.La marcha fue menor que la del miércoles, cuando más de 4.000 manifestantes ganaron las calles de Lima.Esta vez no participaron opositores de centro y centroderecha.Los organizadores pretenden continuar la próxima semana con las marchas, para coincidir con la fiesta nacional de Perú el 28 de julio.Se convocaron nuevas protestas para el 27, 28 y 29 de julio.A diferencia de la protesta del miércoles, que afectó a 64 provincias del país, equivalente al 32% del territorio peruano, la del sábado involucró a dos provincias (1% del territorio), señaló la Defensoría.Las manifestaciones volvieron después de cinco meses, cuando las primeras protestas contra Boluarte dejaron 50 muertos entre diciembre 2022 y febrero pasado.Una de las consignas de las protestas es reclamar justicia por los 50 muertos de la represión policial y militar, tras la destitución del presidente de izquierda Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre luego de que intentara disolver el Congreso.Castillo cumple 36 meses de prisión preventiva a la espera de un juicio.El Congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de año dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024. Luego, ambos acordaron tácitamente permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos en julio de 2026.