La provincia de Córdoba contabilizó 16 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2026, el registro más bajo de los últimos años, de acuerdo al informe trimestral del Observatorio de Seguridad y Convivencia.

El dato se inscribe en una tendencia descendente sostenida, luego de los 37 casos registrados en 2023, 31 en 2024 y 26 en 2025, lo que consolida una reducción progresiva de la violencia letal en el territorio provincial.

El informe releva un total de 43.577 hechos presuntamente delictivos en el primer trimestre, con una fuerte predominancia de los delitos contra la propiedad, que concentran más del 60% del total.

En este sentido, también se registra una mejora en los delitos más frecuentes:

-18.795 robos y hurtos, con una caída significativa respecto a años anteriores.

-Tendencia descendente sostenida desde 2023.

-El 90,5% de los hechos se cometen sin armas.

Este comportamiento evidencia una reducción del delito común, especialmente en los hechos que afectan directamente a la vida cotidiana de los vecinos.

La baja en homicidios y en delitos contra la propiedad refleja el impacto de un trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad, con mayor presencia territorial, prevención y articulación operativa en toda la provincia.

Los datos muestran que los homicidios se mantienen en niveles acotados, con oscilaciones mensuales bajas (entre 4 y 6 casos) y sin picos abruptos, lo que indica un escenario de mayor control sobre los delitos más graves.

Asimismo, la caracterización de los hechos evidencia que gran parte de los homicidios responde a conflictos interpersonales, lo que refuerza la necesidad de seguir profundizando políticas de prevención y convivencia.

En contraste, el informe advierte que las muertes por siniestros viales no muestran una mejora sostenida:

Se registraron 96 víctimas fatales en el trimestre.

Niveles similares a los últimos años.

La mayoría de las víctimas son hombres y conductores, con fuerte incidencia de motociclistas, lo que posiciona a la seguridad vial como uno de los principales desafíos en materia de políticas públicas.

En síntesis, el primer trimestre de 2026 muestra un escenario en el que bajan los homicidios y el delito común, en el marco de un trabajo sostenido de las fuerzas de seguridad, mientras que las muertes viales se mantienen como el principal foco de preocupación por su impacto en la cantidad de víctimas fatales.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Manuel Calvo, encabezó el lanzamiento de una nueva cohorte del diplomado para Guardias Locales y resaltó su alcance territorial. La iniciativa se da en medio de las críticas del dirigente radical Rodrigo de Loredo, quien cuestionó el funcionamiento del sistema en la ciudad de Córdoba.

El Ministerio de Gobierno de Córdoba puso en marcha este martes la sede Capital del Diplomado en Seguridad y Convivencia para aspirantes a Guardias Locales, en un acto realizado en la Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo, de la Universidad Provincial de Córdoba. La iniciativa, que se desarrolla junto a la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), forma parte de una política de alcance provincial que ya suma más de 2.150 agentes diplomados en 327 municipios y comunas.

El lanzamiento fue encabezado por Calvo, acompañado por intendentes, jefes comunales y autoridades académicas. En esta edición, 166 aspirantes de 27 localidades comenzaron su formación, que incluye 10 clases con modalidad presencial y virtual. Sumadas las sedes que se replicarán en otros cuatro puntos, la nueva cohorte superará los 450 agentes en capacitación.

Durante el acto, Calvo destacó la adhesión territorial del programa y el respaldo político de los gobiernos locales. “Hemos logrado que más de 325 localidades se adhirieran a este nuevo programa. Los intendentes entendieron que la seguridad y la convivencia ciudadana son importantes en cada uno de los territorios de nuestra provincia, y dejaron de lado la política para ser parte de la solución”, afirmó.

El ministro también subrayó el enfoque federal de la iniciativa: “Para el gobernador Martín Llaryora no hay ciudadanos de primera y segunda. Hay ciudadanos en 427 municipios y comunas, y el gobierno debe estar presente allí donde está la necesidad de cada uno de los vecinos”. Además, ratificó la continuidad de la política en el actual contexto nacional: “El compromiso del gobierno de Córdoba con la seguridad, la prevención y la convivencia está intacto”.

Por su parte, el secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José César Gualdoni, remarcó los avances del programa desde su implementación: “Llevamos hechas 27 sedes, con más de 2.150 agentes diplomados en todo el territorio provincial. Renovamos el compromiso con la Universidad de Villa María para capacitar a más de 400 guardias que estarán diplomados antes del mes de agosto de este año”.

Gualdoni también destacó la adhesión voluntaria de los municipios: “Son 327 los municipios y comunas que han adherido a la ley voluntariamente, y el 45% de esos intendentes y jefes comunales pertenecen a un espacio político distinto al del oficialismo provincial”.

El Programa Provincial de Guardias Locales fue creado a partir de la Ley de Seguridad Pública sancionada a fines de 2023 y tiene carácter optativo para los gobiernos locales, lo que permitió alcanzar una cobertura territorial amplia en poco tiempo.

Sin embargo, el modelo de prevención basado en cuerpos locales volvió a quedar en el centro del debate tras las declaraciones del dirigente radical Rodrigo de Loredo, quien cuestionó con dureza la Guardia Urbana en la ciudad de Córdoba y propuso su eliminación.

“Siempre consideré que esto era puro marketing electoral”, afirmó el ex diputado nacional, y agregó: “No sirve ni funciona”. En esa línea, sostuvo que la falta de resultados en materia de seguridad no puede ser revertida por estos cuerpos: “Si 20.000 policías armados y formados, cuya misión es prevenir el delito, no han logrado resultados porque la inseguridad crece, mucho menos lo van a hacer guardias no armados y sin herramientas suficientes”.

De Loredo fue aún más crítico al evaluar el desempeño concreto del sistema: “Ya le hemos dado un tiempo suficiente. La demostración cabal es que no funciona, no ha logrado ningún resultado. Son un ‘cenicero en una moto’, están ahí sin ningún rol a cumplir”.

El Gobierno nacional reconoció formalmente el acuerdo vigente con la provincia de Córdoba para el financiamiento de su Caja de Jubilaciones, en el marco de una respuesta escrita al diputado Juan Schiaretti durante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La consulta apuntaba a conocer el estado de la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene con Córdoba por la falta de transferencias al sistema previsional no transferido, un reclamo histórico de la Provincia basado en compromisos asumidos por la Nación.

En su respuesta, el Ministerio de Capital Humano señaló que el compromiso del organismo previsional es "respetar el Consenso Fiscal de 2017 y el financiamiento a las provincias que no transfirieron sus cajas".

Además, indicó que toda deuda que sea determinada de manera fehaciente y acordada con la jurisdicción correspondiente “será oportunamente honrada”, en función de las posibilidades fiscales y presupuestarias.

El texto oficial no precisa un monto actualizado de la deuda ni su discriminación por períodos, capital e intereses, tal como había sido solicitado. Sin embargo, confirma que el proceso se encuentra en etapa de auditoría y validación de datos.

En ese sentido, el Gobierno nacional remarcó que resulta clave contar con la información aportada por las provincias y su posterior revisión técnica para garantizar su "veracidad y razonabilidad".

Respecto del caso específico de Córdoba, la respuesta detalla que equipos técnicos de Anses y de la Provincia trabajan de manera conjunta en el marco de convenios firmados el 14 de mayo de 2025 y el 25 de febrero de 2026.

Actualmente, se encuentra en proceso la auditoría correspondiente al ejercicio 2024, cuyos cálculos preliminares ya fueron remitidos a la Provincia para su análisis.

La definición del monto final de la deuda y un eventual esquema de regularización dependerán de la finalización de estas auditorías y de los acuerdos que se alcancen entre ambas partes.

En el marco de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario, el Gobierno de Córdoba consolidó un crecimiento histórico en el recupero de gastos en salud, lo que permitió ampliar la inversión y reforzar el reconocimiento al personal.

Con los sueldos correspondientes a marzo, la Provincia acreditó el tercer pago de la Asignación Estímulo destinada a casi 15 mil agentes del Ministerio de Salud en toda la provincia.

En esta oportunidad, el monto distribuido entre los agentes fue de $1.909.250.875, elevando la inversión total acumulada a $5.894.519.873,12.

Este incentivo se financia con recursos provenientes del recupero de prestaciones sanitarias, correspondientes al período entre octubre de 2025 y febrero de 2026, conforme a lo establecido por la Ley 8.373.

Se trata de una suma no remunerativa, variable y no permanente, que se liquida de manera semestral según criterios específicos.

El crecimiento del recupero de gastos ha sido clave para sostener esta política. En 2024, la recaudación alcanzó los $8.110.641.725, mientras que en 2025 ascendió a $17.338.809.585, lo que representa un incremento superior al 100%.

Este resultado responde a una combinación de factores: el aumento de la demanda de servicios, la mejora en los procesos de facturación y una mayor eficiencia en la gestión de cobro, que permitió reducir la mora y optimizar los ingresos sin afectar la calidad de la atención.

En este esquema, el 30% de los fondos recuperados se destina a la Asignación Estímulo, generando un círculo virtuoso que vincula la eficiencia del sistema con el reconocimiento directo a quienes lo sostienen diariamente.

La medida se inscribe en el Plan de Fortalecimiento Hospitalario impulsado por la Provincia, que promueve la descentralización y la transferencia de recursos a los hospitales para agilizar la gestión y mejorar la capacidad de respuesta. En efecto, los hospitales recibieron un total de 4.473.126.100 pesos durante el ejercicio 2025.

La Fiscalía Penal Juvenil de cuarto turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación por mensajes que advertían sobre presuntos tiroteos en escuelas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los hechos bajo análisis no se limitan a la capital provincial, sino que también se extienden a localidades como La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María, donde se desplegaron medidas procesales para esclarecer los casos.

La situación generó alarma en al menos nueve instituciones educativas, donde aparecieron mensajes con contenido intimidatorio, algunos de ellos con frases como “mañana tiroteo, no vengan”, lo que obligó a activar protocolos de emergencia.

Uno de los episodios iniciales se registró en el Ipem 142 Joaquín V. González, donde un cartel encendió las alarmas y motivó la inmediata intervención policial. Desde entonces, la presencia de fuerzas de seguridad en escuelas se intensificó en distintos puntos de la provincia.

“Decían ‘cuidado, tiroteo’ y agregaban fechas específicas, como el 21 de abril”, explicó la vicedirectora Marcela Ayús. Las inscripciones, realizadas con fibrón, se repetían en distintos sectores del colegio y formaban parte de una cadena de mensajes similares detectados en otras escuelas.

A pesar de la gravedad del contenido, desde la institución aclararon que no se encontraron elementos concretos que indiquen un riesgo inminente, por lo que las clases continuaron con normalidad.

Las autoridades sostienen que detrás de la reiteración de amenazas podría haber un desafío viral que circula en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok.

El ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, indicó que los mensajes presentan patrones similares, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada o replicada entre adolescentes.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos relevantes. Según explicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, una “pista firme” permitió avanzar sobre uno de los sospechosos.

El funcionario advirtió que algunos de los involucrados podrían estar vinculados a comunidades virtuales como la denominada “True Crime Community”, donde se comparten contenidos relacionados con hechos violentos.

Las autoridades remarcan que no se trata de simples bromas. “No estamos frente a una travesura, sino ante un delito”, subrayó Quinteros, al tiempo que pidió mayor control por parte de las familias sobre el uso de redes sociales.

La investigación continúa en distintas jurisdicciones, mientras la comunidad educativa permanece en estado de alerta y las autoridades refuerzan los protocolos de prevención para evitar cualquier riesgo en las escuelas.

Las autoridades reiteran que todo mensaje amenazante, ya sea escrito, verbal o difundido en redes, es investigado con la máxima seriedad. En estos casos se activan de inmediato los protocolos de seguridad conjuntos entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y la Justicia.

La participación de un menor en este tipo de hechos pone en evidencia la necesidad de abordar no solo el aspecto represivo, sino también el acompañamiento psicológico y familiar de los adolescentes involucrados.

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, advirtió sobre una situación crítica en el sistema sanitario a partir de recortes y deudas del Gobierno nacional que, según sostuvo, afectan programas esenciales, prestaciones médicas y el funcionamiento general del sector.

En ese marco, la funcionaria fue contundente al referirse a la decisión de interrumpir el envío de vacunas del calendario obligatorio: “Es un descuartizamiento”, afirmó, al tiempo que alertó que esta medida obliga a las provincias a asumir la responsabilidad de garantizar la cobertura.

Según detalló, la suspensión alcanza a dosis clave como la Triple Viral, la BCG, la vacuna contra el Covid pediátrico y la del HPV, lo que pone en tensión la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

Montero vinculó esta situación con un deterioro más amplio y cuestionó el enfoque del Ejecutivo nacional: consideró que la salud está siendo tratada como un gasto y no como una inversión. En ese contexto, explicó que los profesionales médicos perciben actualmente 2100 pesos por afiliado, lo que implicaría la eliminación del pago por la consulta inicial anual y los controles posteriores.

Además, señaló que existe una deuda acumulada con médicos, odontólogos y farmacéuticos, lo que —según indicó— “pone en riesgo la integralidad del sistema sanitario”. A esto se suma un recorte en el Plan Remediar, programa que provee medicamentos esenciales en el primer nivel de atención y que surgió tras la crisis de 2001.

En relación a los fondos, la funcionaria precisó que el Gobierno nacional mantiene una deuda de 8400 millones de pesos con municipios cordobeses en el marco del programa Sumar, destinado a mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria.

Respecto al PAMI, indicó que Nación adeuda 1300 millones de pesos correspondientes a 2026 en Córdoba, monto que ha sido cubierto por la Provincia para sostener las prestaciones en hospitales públicos para adultos mayores. La deuda total asciende a 4700 millones de pesos.

Finalmente, Montero advirtió sobre una “transferencia de responsabilidades” hacia las provincias sin el envío de recursos necesarios para afrontarlas, en un contexto que, según remarcó, compromete la sostenibilidad del sistema de salud.

El Gobierno de Córdoba avanza con la obra de desagües pluviales en barrio Parque de la ciudad de San Francisco, un proyecto que ya registra un 60% de avance y apunta a optimizar el drenaje urbano en sectores históricamente afectados por anegamientos.

La intervención es ejecutada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en el marco de un convenio con la Municipalidad local. Durante una recorrida por la zona, el ministro Fabián López, el intendente Damián Bernarte y el secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castello, supervisaron el desarrollo de los trabajos.

La obra forma parte de la estrategia provincial de fortalecimiento de la infraestructura hídrica urbana, orientada a mejorar la calidad de vida y dotar a las ciudades de sistemas pluviales más eficientes.El proyecto contempla una inversión total de $1.438.325.288, de los cuales la Provincia aporta $1.374.717.729, y beneficiará a aproximadamente 27 mil habitantes.

Los trabajos incluyen el entubado de canales pluviales mediante la colocación de pórticos premoldeados de hormigón armado, junto con infraestructura complementaria para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.En ese sentido, el secretario de Recursos Hídricos señaló: “la intervención del canal de desagüe pluvial permitirá readecuar todo el tramo de este, para que haya un desagüe adecuado, también prevé la ejecución del pavimento en este sector lo que va a permitir mejorar todas las condiciones del sector de transitabilidad y de inundabilidad, gracias a la ejecución del entubamiento.”

La obra incluye la instalación de 618 metros de conductos premoldeados de hormigón armado, además de tareas de excavación, preparación de base, relleno y compactación. También se construyen 6 sumideros y 25 cámaras de inspección, elementos clave para el funcionamiento del sistema.

Las intervenciones se desarrollan sobre calle Dante Agodino, entre San Francisco de Asís y Gutiérrez, y sobre calle Gutiérrez, entre Intendente Ditrich y San Lorenzo, zonas que históricamente presentaban dificultades en el escurrimiento pluvial.

La secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, anunció el financiamiento de viviendas con apoyo para personas con discapacidad, una iniciativa destinada a que puedan acceder progresivamente a una vida independiente, con derechos y de plena inclusión.

Con la instrumentación de estas viviendas compartidas con los apoyos personalizados que cada experiencia necesite, se busca que las personas con discapacidad dejen de depender exclusivamente de las familias o de las instituciones residenciales, facilitando así la transición hacia entornos autogestionados y una vida independiente.

En estos modelos de viviendas, los sistemas de apoyos pueden comprender desde el acompañamiento de la vida cotidiana y la gestión del dinero, hasta la organización doméstica, la toma de decisiones o la accesibilidad comunicacional. Se trata de apoyos transitorios o permanentes según las necesidades y preferencias, que constituyen un componente central para que puedan avanzar en el paradigma de la autonomía.

“Este año vamos a hacer una fuerte apuesta junto a seis instituciones de la provincia que participarán de esta línea de viviendas con apoyo, con financiamiento del Fondo Provincial de Inclusión para avanzar en un proyecto piloto. Van a trabajar en esta iniciativa que está destinada a la vida independiente con apoyos de las personas con discapacidad”, explicó Montero.

“Esta es la decisión del gobernador Martín Llaryora, que los recursos de los cordobeses estén al servicio del sistema y de las políticas públicas con esta perspectiva de la autonomía para la discapacidad”, subrayó.

El anuncio oficial va en sintonía con modelos exitosos de promoción de derechos y de autonomía esta población y fue formulado en el marco de la Primera Jornada de Vida Independiente en Personas con Discapacidad, evento organizado por las fundaciones Cein, Down is up, Arkho, Funaser y 5 Sentidos, que contó con la presencia de la psicóloga española Sofía Reyes Rosón.

La especialista es reconocida internacionalmente por liderar proyectos de vida independiente como “Mi Casa”, orientado a la inclusión comunitaria de personas con grandes necesidades de apoyo y compartió su experiencia en Plena Inclusión España, un colectivo social que opera en España con el objetivo de garantizar la plena ciudadanía y el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad del desarrollo y sus entornos familiares.

En la ocasión, Reyes Rosón destacó el rol de Córdoba como un referente de vanguardia en la construcción de políticas públicas para la discapacidad. La especialista subrayó que el avance en derechos requiere de una gestión que no tema al diálogo conjunto entre las familias y la administración pública, validando el compromiso político y económico de la provincia en este proceso.

“Córdoba es una provincia que apuesta claramente por repensar el sistema de apoyo; su capacidad de convocatoria y el hecho de realizar una apuesta pública y económica demuestran que cree en esto. Es una gestión valiente, que no tiene miedo de sentarse a ser honesta sobre el camino que queda por recorrer”, expresó la psicóloga.

Albergo Ético (Carlos Paz), Down is Up (Córdoba), El Andén (Villa María), Fundación Gabito (Deán Funes), Centro Integral de Desarrollo Humano (Córdoba) y Fundación Körper (Villa General Belgrano) son las instituciones que serán parte de esta primera experiencia.

“Ser beneficiarios de esta iniciativa es algo que siempre soñamos. Nuestra fundación nace uniendo familias que pensaron en sus hijos desde niños con una vida independiente, mirando el modelo de viviendas con apoyo. Hoy tener el apoyo del Fondo de Inclusión que nos permite llevar adelante este proyecto es un sueño cumplido para toda la comunidad que representamos”, expresó Nora Cingolani, una de las mamás que conforma la Fundación Down is Up Córdoba.

Estos modelos de viviendas comunitarias son una propuesta superadora que se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y buscan avanzar hacia apoyos centrados en la persona para una inclusión real y efectiva.

En Córdoba, la implementación de estas viviendas se realizará junto con seis instituciones que ya vienen trabajando de manera sostenida con la Dirección de Discapacidad en proyectos autogestivos.

El financiamiento de esta iniciativa es una de las nuevas líneas de apoyo económico del Fondo de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, que cuenta este año con un presupuesto de 4.500 millones de pesos, tal como anunció el gobernador Martín Llaryora.

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la elevación a juicio del joven que usó inteligencia artificial para colocar rostros de compañeras de colegio en cuerpos desnudos e insertar dichas imágenes en una página pornográfica. Tomó en consideración que tales publicaciones identificaban a las víctimas por su nombre y apellido. También tuvo en cuenta que el imputado publicó junto con esas fotografías enlaces que remitían a los perfiles de Instagram de sus compañeras. Esto provocó que las damnificadas recibieran numerosas solicitudes de amistad y visitas a sus redes sociales por parte de desconocidos.

El tribunal, integrado por los camaristas Patricia Alejandra Farías, Maximiliano Octavio Davies y Carlos Alberto Salazar, consideró que la conducta del imputado configuraba el delito de lesiones graves calificadas en razón de mediar violencia de género.

La resolución explica que, en la actualidad, el daño psíquico se considera una lesión del Código Penal, “aún sin daño físico concomitante”. También puntualiza que, en este caso, las damnificadas son personas menores de edad, que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, “como sujetos en formación”.

“Los trastornos de ansiedad persistentes, estrés postraumático, trastornos adaptativos, y aislamiento social, deben considerarse graves, sin lugar a dudas”, enfatizó la camarista Farías, autora del voto.

El tribunal agregó que, aunque las imágenes hayan sido manipuladas, “implicaron una exposición sexual, digital, pública y reiterada, por la multiplicidad de visualizaciones que genera dicho medio y en el marco de lo que también debe considerarse violencia simbólica”.

Asimismo, consideró que estas publicaciones en redes sociales configuraron violencia digital, “dado que fue en el espacio digital donde se concretó el mensaje estereotipado, lo que no requiere necesariamente de un vínculo interpersonal entre el agresor y las víctimas, pues el impacto se produce al incidir en representaciones sociales teñidas de una cultura patriarcal”.

“Van proliferando en nuestra sociedad conductas que utilizan los medios informáticos o las redes para la comisión de distintos delitos que tiene como sujeto pasivo a la mujer, lo que ha supuesto un ámbito importante de vulnerabilidad para la privacidad, y un espacio posible de ataques por medios muy diversos”, afirmaron los vocales.

En la localidad de San Basilio se llevó a cabo la constitución de la Mesa Nacional de Alfalfa, un ámbito de articulación público-privada orientado a potenciar el desarrollo productivo, industrial y exportador de este cultivo en Argentina.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, en el marco de la 62° Fiesta Nacional de la Alfalfa. Allí, el funcionario remarcó que “tenemos que avanzar en una hoja de ruta que nos permita desarrollar políticas específicas para un cultivo con enorme potencial productivo y exportador”.

La Mesa funcionará como un espacio permanente de trabajo técnico, con reuniones anuales destinadas a evaluar avances y coordinar políticas. Según se explicó de manera indirecta durante el encuentro, el objetivo es consolidar una estrategia común que permita transformar el potencial del sector en resultados concretos para la economía.

El nuevo ámbito reúne a más de 20 organismos nacionales y provinciales, junto a entidades científicas, universidades, centros de investigación y representantes del sector privado, incluyendo productores, exportadores y cámaras industriales.

Durante la jornada, Busso subrayó además que “la articulación entre el sector público y privado es clave para transformar ese potencial en crecimiento y oportunidades para las economías regionales”, en referencia al papel que tendrá este espacio en el desarrollo del cultivo.

Entre los principales desafíos señalados se encuentran la necesidad de garantizar volúmenes estables y calidad homogénea del producto, así como mejorar la infraestructura logística y ampliar el acceso al financiamiento. En ese sentido, se coincidió en que el fortalecimiento de la cadena de valor resulta central para posicionar a la alfalfa en los mercados internacionales.

En cuanto a la agenda de trabajo, se definieron lineamientos vinculados a la creación de un mercado más competitivo, el impulso a la industrialización, la reducción de costos logísticos y el fortalecimiento de la investigación y la adopción tecnológica.

Asimismo, se acordó avanzar en un plan de ejecución que incluye la generación de estadísticas confiables, el análisis de mercados externos y la identificación de oportunidades comerciales. También se prevén estudios sobre logística y transporte, junto con el desarrollo de herramientas de financiamiento específicas.

El espacio tendrá un carácter federal y buscará consolidarse como una herramienta de gobernanza para el sector, con participación de distintos niveles del Estado y actores privados. De este modo, se apunta a fortalecer la competitividad de la alfalfa como cultivo estratégico para las economías regionales y su inserción internacional.

El Gobierno de Córdoba consideró "aceptable" el acuerdo alcanzado con la Nación para incrementar en 5.000 millones de pesos mensuales las transferencias destinadas a la Caja de Jubilaciones provincial, aunque remarcó que el entendimiento no salda la deuda en discusión judicial.

El anuncio fue realizado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) elevará a 10.000 millones de pesos mensuales los envíos a Córdoba.

El titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, señaló que el entendimiento "es un acuerdo aceptable", aunque aclaró que "no cubre todas las expectativas ni las prestaciones que tiene la provincia y que reclama enfáticamente ante la Corte".

Según precisó, la deuda correspondiente a los períodos 2023-2024 —actualmente judicializada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación— asciende a aproximadamente un billón de pesos, de acuerdo con los cálculos actualizados. 

El refuerzo comenzará a regir desde mayo y las transferencias se efectuarán a partir del día 20 de cada mes. El convenio deberá ser aprobado por la Legislatura provincial.

En cuanto al destino de los nuevos fondos, Daniele indicó que la definición corresponde al Poder Ejecutivo y que será el gobernador Llaryora quien informe oportunamente cómo se aplicarán los recursos.

Con el inicio del ciclo lectivo este lunes, el Boleto Educativo Cordobés (BEC) ya registra 123.645 inscriptos en toda la provincia, según los últimos datos oficiales del sistema. La cifra refleja un alto nivel de adhesión al programa, que garantiza el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y personal de apoyo de todos los niveles educativos.

Del total de anotados, el 82,38% corresponde a estudiantes, con 101.862 inscriptos. Dentro de ese universo, el nivel secundario vuelve a encabezar la demanda con 65.284 registros, lo que representa el 64,09% del total de alumnos.

Le siguen el nivel primario con 19.094 inscriptos (18,74%), el universitario con 8.394 (8,24%), la modalidad especial con 6.705 (6,58%) y el nivel inicial con 2.385 anotados (2,34%). Los datos muestran que casi dos de cada tres estudiantes inscriptos pertenecen al secundario.

En cuanto al personal docente, ya se registraron 20.072 inscriptos, lo que equivale al 16,23% del total general. También aquí el nivel secundario concentra la mayor cantidad, con 10.512 docentes (52,37%), seguido por el primario con 6.395 (31,86%), el inicial con 2.304 (11,48%), el especial con 612 (3,05%) y el universitario con 249 (1,24%).

El programa también alcanza al personal de apoyo, que suma 1.711 inscriptos, es decir, el 1,38% del total. En este segmento predominan quienes se desempeñan en el nivel secundario (661), primario (591), especial (262) e inicial (197).

Desde la Provincia recordaron que el BEC no tiene fecha límite para anotarse, por lo que quienes aún no realizaron el trámite pueden hacerlo en cualquier momento.

La alta participación, tanto de estudiantes como de docentes y personal de apoyo, refleja la necesidad del beneficio y el compromiso de miles de familias cordobesas con la educación.

La inscripción se gestionará de manera online a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), mediante la carga del Formulario Único de Postulantes (FUP). El trámite se realizará por grupo conviviente y deberá ser efectuado por un adulto responsable que cuente con CiDi Nivel 2. Además, cada postulante deberá tener su propio usuario de Ciudadano Digital.

Una vez completada la información solicitada, los inscriptos recibirán notificaciones a través del correo electrónico declarado, lo que permitirá realizar un seguimiento del estado del trámite.

Para obtener más información sobre el proceso de inscripción o conocer los requisitos específicos del programa, los interesados pueden ingresar al sitio oficial, realizar consultas vía WhatsApp al 351 201-0651, de lunes a viernes de 8 a 18, o consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba.

Desde el inicio del fin de semana de carnaval pasearon alrededor de 420 mil personas por la provincia de Córdoba, un número que superó las expectativas previas.

“Todos los valles están repletos, hay ocupación al 100% en la mayoría de las localidades. Esto gracias al enorme impulso de una grilla de festivales, fiestas y distintos atractivos que el gobernador Martín Llaryora se encarga de acompañar y apuntalar”, precisó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

El funcionario además puntualizó que el número de turistas creció “32% respecto a 2025 (316 mil contra 417 mil); y el impacto económico estimado es de alrededor de 100 mil millones de pesos (sin contabilizar lo que generó el festival Cosquín Rock).

Algunos porcentajes de ocupación de acuerdo al relevamiento realizado por la Agencia Córdoba Turismo.

-Valle de Punilla: Villa Carlos Paz 95% (Categorizados al 100%) , Capilla del Monte 99%, La Falda 100%, La Cumbre 100%, Cosquín 90%, Santa María de Punilla 100%, Villa Giardino 100% y Tanti 90%.

-Calamuchita: Villa Ciudad Parque 98%, Santa Rosa De calamuchita 99%, La Cumbrecita 98%, Yacanto de Calamuchita 100%, Villa General Belgrano 100% (derivaciones a otras localidades), Villa Rumipal, Almafuerte y Embalse de Calamuchita al 100% y Córdoba Capital 80%.

-Paravachasca: Alta Gracia 85%, Potrero de Garay 95%, Villa la Bolsa 100% y Anisacate 90%.

-Sierras Chicas: Rio Ceballos 95%, Salsipuedes 80%; Colonia Caroya y Jesús Maria 60%. 

-Ansenuza: Miramar 100% (derivación a Marull, la Para 90% y Balnearia al 90%). 

-Traslasierras: Nono 100%, Mina Clavero 99%, Villa Cura Brochero 100%, Las Rabonas 100%, San Javier y Yacanto 98% y Villa Dolores 65%.

-Sierras del Sur: Río de los Sauces 90%, Alpa Corral 100%, Achiras 80% y Rio Cuarto 65%. 

-Norte y Noroeste: San Marcos Sierras 80%, San Carlos Minas 85%, Tulumba 50%, Dean Funes 55%. 

Con estos números de ocupación -y desde el arranque de la temporada de verano a hoy- la provincia de Córdoba superó los 5 millones de turistas.

La Provincia de Córdoba solicitó formalmente al Gobierno nacional la reactivación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior, cuyos envíos fueron suspendidos, situación que —según advirtió— generó un fuerte impacto en la sostenibilidad del sistema de transporte interurbano.

La presentación fue realizada por el secretario de Transporte provincial, Cristian Sansalone, a través de una nota enviada al secretario nacional de Transporte, Fernando Herrmann. En el documento, la Provincia plantea que la interrupción de las transferencias afecta de manera directa políticas educativas esenciales, como el Boleto Educativo Cordobés (BEC), beneficio que alcanza a más de 300.000 estudiantes, docentes y personal educativo y representa un 25% del total de estudiantes de Córdoba.

En la carta, el Gobierno provincial detalló que hasta 2024 cubría el 50% del costo del pasaje del BEC, mientras que el otro 50% era absorbido por las empresas prestatarias. Sin embargo, frente a la suspensión de los aportes nacionales y al deterioro de la ecuación económica de las empresas, la Provincia incrementó progresivamente su participación: primero asumió el 75% del valor del boleto y, desde noviembre de 2024, cubre el 100% del costo del pasaje, medida que fue prorrogada en dos oportunidades.

Este esfuerzo extraordinario —señala el escrito— se realiza para “garantizar el acceso al transporte público de estudiantes y sostener el derecho a la educación”, aunque implica un impacto creciente en las finanzas provinciales.

El pedido también destaca que el 88,95% de los beneficiarios del BEC son estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, superior y universitario; que más de 300 municipios y comunas están alcanzados por la modalidad rural; que el programa beneficia a más de 16.000 estudiantes rurales y abarca 2.054 establecimientos educativos; y que actualmente todo el financiamiento es sostenido exclusivamente con fondos provinciales.

Sansalone recordó además que el sistema de transporte del interior se encuentra declarado en emergencia por la Ley Provincial 10.957, prorrogada en 2025 y 2026, y advirtió que la suspensión de los aportes nacionales profundiza esa situación y compromete la sustentabilidad del transporte urbano y suburbano en las jurisdicciones del interior.En su presentación, Córdoba solicitó que el Gobierno nacional evalúe “la reanudación de las transferencias correspondientes”, al recordar que el Fondo fue creado para equilibrar las asimetrías entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

La nota sostiene que restituir esas partidas permitirá contribuir a la sostenibilidad del transporte público del interior, garantizar la continuidad de los beneficios tarifarios y sostener el acceso a la educación pública en todo el territorio provincial. Finalmente, Sansalone expresó la disposición de la Provincia para ampliar la información y continuar el diálogo institucional con la Nación.

La industria automotriz cordobesa sumó un nuevo capítulo a su historia productiva. Stellantis celebró la fabricación de la unidad número 500.000 del Fiat Cronos en su planta de Ferreyra, un logro que consolida al modelo como referente del mercado y como uno de los principales exponentes del entramado industrial argentino.

El Cronos no sólo se mantiene como líder en su segmento, sino que durante 2025 se posicionó como el vehículo de pasajeros más vendido del país, con más de 30.000 unidades comercializadas. Con una participación del 66% dentro de su categoría y el 5% del mercado total, el sedán reafirma su protagonismo en un contexto desafiante para la producción nacional.

Durante el acto, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó la relevancia del hito alcanzado. “Es un día muy importante para la industria cordobesa. Alcanzar las 500.000 unidades del Fiat Cronos fabricadas es un orgullo para Córdoba y para la Argentina. Este logro refleja la importancia de defender y hacer crecer la producción y el trabajo cordobés.”

Desde su lanzamiento, el modelo mostró un crecimiento sostenido. Durante dos años consecutivos duplicó su participación en patentamientos y logró consolidarse como líder de ventas durante tres años. En 2020, con precios competitivos y opciones de financiación atractivas, se convirtió en el tercer modelo más vendido del país.

El desempeño también marcó récords. En febrero de 2022 alcanzó una participación histórica del 15,2% del mercado, la mejor performance de un vehículo de la marca en Argentina desde 1993. Ese nivel de aceptación fortaleció la sustentabilidad del complejo industrial cordobés y la estrategia regional de la compañía.

“Este es un modelo icónico, muy importante para la sustentabilidad de la planta de Fiat en Córdoba y para el desarrollo de Stellantis en Argentina. Tanto a nivel regional como internacional, el Cronos es un éxito rotundo”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

Uno de los rasgos distintivos del sedán es su alto grado de integración nacional. Una parte significativa de sus componentes es producida por pequeñas y medianas empresas argentinas, lo que potencia la cadena de valor y genera empleo en distintos puntos del país. La articulación con proveedores locales permite sostener miles de puestos de trabajo y fortalecer el entramado productivo.

En el plano internacional, el modelo también consolidó su presencia. Más de 270.000 unidades fueron exportadas a mercados como Brasil, Paraguay, Chile y México, llevando el sello de la industria automotriz argentina a la región. Esta performance exportadora refuerza la competitividad del complejo industrial de Ferreyra y posiciona a Córdoba como un polo estratégico.

La unidad 500.000 del Fiat Cronos simboliza así mucho más que un número. Representa inversión, innovación y continuidad industrial en un sector clave para la economía. Con este hito, Stellantis reafirma su apuesta por la producción local y consolida a Córdoba como uno de los motores de la industria automotriz en la Argentina y en América Latina.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) invertirá más de 6.000 millones de pesos en la construcción de nuevas líneas eléctricas de media tensión en el sudeste de la provincia. El proyecto contempla el tendido de dos líneas de 33 kV que unirán las localidades de Charras con Olaeta y de Ucacha con Bengolea, ambas ubicadas en el departamento Juárez Celman.

El contrato para la ejecución de los trabajos fue firmado por el presidente de EPEC, Claudio Puértolas, durante un acto realizado en el Hogar de Día de la localidad de Olaeta. Del encuentro participaron además intendentes de la región, autoridades de cooperativas eléctricas locales y representantes de la empresa Electromecánica Muro, que estará a cargo de las obras.

Según se informó, la iniciativa permitirá acompañar el sostenido crecimiento de la demanda energética en el área de influencia, además de robustecer la infraestructura eléctrica y aumentar la confiabilidad del sistema. Las nuevas líneas brindarán mayor flexibilidad a la red de abastecimiento y favorecerán el desarrollo productivo y comercial de la región.

En ese marco, Puértolas destacó la importancia de la inversión y señaló que se trata de una respuesta concreta a las necesidades del interior provincial. “Es una obra histórica que viene a cumplir con los objetivos que nos han planteado tanto el gobernador Martín Llaryora como el ministro de Infraestructura, Fabián López, de atender las necesidades de cada una de las localidades de la provincia, tanto en el suministro de energía como en la conectividad”, afirmó. En ese sentido, agregó que EPEC “también viene desarrollándose en el área de la conectividad”.

Las nuevas líneas se suman a otras intervenciones que la empresa ejecuta en el sudeste cordobés. Entre ellas, se destaca la repotenciación de la Estación Transformadora Las Higueras, que presenta un avance cercano al 70%, y el nuevo tendido eléctrico entre Las Higueras y Chucul, obra que ya se encuentra finalizada y próxima a entrar en servicio.

De acuerdo a lo informado por la empresa, el conjunto de estas obras complementarias representa una inversión superior a los 11.000 millones de pesos y forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en la región.

La Provincia de Córdoba avanza en el fortalecimiento de su sistema de alerta temprana frente a incendios forestales mediante una red de Faros de Conservación y una Central de Monitoreo que funciona de manera ininterrumpida desde mediados de diciembre. Actualmente, el territorio provincial cuenta con ocho torres operativas y se encuentra en proceso de licitación la incorporación de otras siete.

Los Faros de Conservación son instalaciones técnicas diseñadas para vigilar amplias extensiones del territorio cordobés, incluyendo zonas serranas, áreas boscosas y sectores de interfase urbano-forestal. Cada torre tiene capacidad para monitorear un radio de 30 kilómetros, lo que equivale a una cobertura de hasta 282.600 hectáreas por unidad. En conjunto, el sistema permite una vigilancia superior a los 2,2 millones de hectáreas.

El funcionamiento de los faros se basa en sensores multiespectrales que detectan humo y elevaciones térmicas en tiempo real. La tecnología combina cámaras ópticas diurnas y nocturnas, cámaras térmicas de alta resolución, estaciones meteorológicas automáticas y sistemas de comunicación digital que operan las 24 horas del día.

Cada estructura cuenta con infraestructura metálica certificada de 30 metros de altura y sistemas de energía autónoma, como paneles solares o generación eólica, lo que garantiza su funcionamiento continuo incluso en zonas de difícil acceso. Las alertas generadas son georreferenciadas y se transmiten de forma inmediata a la Central de Monitoreo.

La Central funciona en el edificio anexo del Ministerio de Seguridad y constituye el núcleo operativo del sistema. Desde el 15 de diciembre de 2025 trabaja sin interrupciones, con turnos de 12 horas y dos operadores por turno, quienes reciben las alertas, analizan las imágenes captadas por los faros y validan los eventos detectados.

El centro integra herramientas tecnológicas como el sistema FireWatch, la plataforma de información SGIDIF y canales de comunicación redundantes que aseguran la transmisión inmediata de cada alerta. Una vez verificado un evento, se activan los protocolos correspondientes y se da aviso a brigadistas y responsables regionales. Además, se registra en tiempo real el despliegue de recursos y la evolución de cada foco.

Las ocho torres actualmente operativas están ubicadas en Ciénaga de Allende (San Alberto), Chancaní (Pocho), San Pedro Norte (Tulumba), Ciénaga del Coro (Minas), Tanti (Punilla), Atos Pampa (Calamuchita), Tala Cañada (Pocho) y Río Seco (Río Cuarto), con una distribución pensada para cubrir las zonas de mayor riesgo de incendios en la provincia.

El sistema integral de Faros de Conservación y la Central de Monitoreo apunta a reducir los riesgos asociados a los incendios forestales mediante la detección temprana y la coordinación rápida de la respuesta. La posibilidad de identificar un foco en sus primeras etapas y actuar con mayor rapidez resulta clave para evitar que un incendio inicial se propague y alcance dimensiones mayores.

La Dirección General de Estadística y Censos informa que la Provincia actualizará la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a fin de acompañar los cambios recientemente anunciados por el INDEC y que la ciudad de Buenos Aires ya implementa.

La medida tiene como objetivo preservar la comparabilidad de los indicadores de inflación y garantizar coherencia técnica entre las mediciones que se realizan en los distintos niveles del Estado. Busca, en definitiva, que los datos de Córdoba puedan leerse y analizarse en conjunto con los indicadores nacionales y de CABA, evitando distorsiones metodológicas y asegurando que las comparaciones sean válidas.

El cambio permite que el IPC de Córdoba continúe siendo un indicador consistente, comparable y alineado con los estándares vigentes, reflejando de manera homogénea las variaciones de precios en relación con las mediciones oficiales nacionales y de CABA.

La estructura del gasto de los hogares se modifica como resultado de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, incorporando nuevos bienes y servicios. Cambian las modalidades de compra y consumo. En este contexto, resulta necesario revisar la canasta del IPC a fin de preservar la representatividad del indicador y asegurar que refleje de manera adecuada el consumo efectivo real promedio de los cordobeses.

En función de los convenios existentes, la Dirección General de Estadísticas y Censos ya notificó formalmente al INDEC de este cambio. El proceso forma parte de las buenas prácticas estadísticas internacionales, que recomiendan actualizaciones periódicas para sostener la calidad y consistencia de los indicadores.

De esta manera, la Provincia acompaña un proceso de actualización anunciado por el sistema estadístico argentino, fortaleciendo la transparencia, la consistencia técnica y la lectura conjunta de los datos de inflación.

Una efectivo policial falleció este sábado por la tarde luego de ser embestida por una camioneta mientras participaba de un control vehicular sobre la ruta nacional 9, a la altura de la ciudad de Oliva, en el departamento Tercero Arriba.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30, en el kilómetro 606 de la traza nacional, donde personal de la Patrulla Rural realizaba un operativo preventivo. Por causas que son materia de investigación, una camioneta Ford F-100 atropelló a una joven policía de 24 años, que se desempeñaba con la jerarquía de Oficial Ayudante y se encontraba junto a otros dos efectivos.

Tras el impacto, se activó de inmediato un cordón sanitario. La uniformada fue trasladada de urgencia a un hospital zonal y posteriormente derivada al Hospital Pasteur de Villa María, donde los médicos constataron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el lugar del siniestro, se procedió a la aprehensión del conductor del vehículo, un hombre de 50 años, domiciliado en Oliva, quien circulaba acompañado por su pareja y su hija de seis años. Personal de Tránsito le realizó el control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

La víctima fue identificada como la oficial ayudante Milagros Cuello, integrante de la Patrulla Rural de Oliva.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Oliva, a cargo de la fiscal Patricia Baulies, que investiga las circunstancias del trágico episodio.

La oficial fallecida llevaba aproximadamente un año de servicio en la fuerza policial. El hecho generó conmoción en la comunidad local y en el ámbito de la Policía de Córdoba.

La actualización del precio de la nafta súper impacta de lleno en el valor de las multas de la Policía Caminera.

De acuerdo a lo publicado este lunes en el boletín oficial, la Unidad Fija de Multa pasa de 1.539 pesos que tenía el 7 de noviembre a los 1.696 pesos, es decir, un incremento del 10,2%.

De esta manera, según el nivel de gravedad de la infracción, las multas que aplicará la fuerza de seguridad provincial arrancará en 33.920 a 3.392.000 pesos.

-Infracciones leves: conducir fumando tiene una penalización de 20 a 100 UF, es decir entre 33.920 y 169.600 pesos, más la pérdida de 0 a 2 puntos de la licencia de conducir.

-Infracciones graves: no llevar las luces encendidas, tiene una penalización que va desde 100 a 200 UF; es decir entre 169.600 y 339.200 pesos con pérdida de 2 a 5 puntos de la licencia de conducir.

-Infracciones muy graves: cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad, de 200 a 400 UF es decir entre 339.200 y 678.400 pesos, con pérdida de 5 a 20 puntos.

-Infracciones máximas: destrucción o eliminación de infraestructura vial, adulteración de documentos y licencias, o grados máximos de alcoholemia: de 1.200 a 2.000 UF; es decir 2.035.200 a 3.392.000 pesos e inhabilitación para conducir y hasta denuncia penal en algunos casos.