La Provincia de Córdoba entregó aportes económicos por un total de 16 millones de pesos a cuatro instituciones de la localidad de La Francia. La entrega estuvo a cargo de Graciela Brarda y Matías Beccaría, en representación del Gobierno provincial.

Las organizaciones que recibieron los fondos son La Tiendita Solidaria, el Club Deportivo y Cultural La Francia, la Biblioteca Popular Marcela Rodríguez y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec). Cada una de estas entidades desarrolla actividades en el ámbito social, cultural, deportivo y de salud en la localidad.

El monto entregado tiene como destino el sostenimiento y la potenciación de las tareas que estas organizaciones llevan adelante de manera cotidiana. Entre sus actividades se incluyen la provisión de espacios de encuentro, contención social y oportunidades para los habitantes de La Francia.

La entrega de los aportes se enmarca en una política de acompañamiento del Estado provincial hacia las instituciones locales. Desde el Gobierno de Córdoba se señaló que el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones busca promover el crecimiento de la comunidad.

Las provincias destinaron este año 1,42 billones de pesos al funcionamiento de sus Legislaturas, según un informe publicado por la Fundación Libertad, y las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Chaco, además de la ciudad de Buenos Aires, lideran el ranking de costo por legislador con 1,18 millones de pesos anuales.

El documento demuestra grandes diferencias entre jurisdicciones: Tucumán es la provincia que más invierte en el área, con $2.735 millones por funcionario; le sigue CABA, con $2.661 millones; Chaco, con $2.492 y provincia de Buenos Aires con $2.293 millones.

Por lo contrario, Santiago del Estero y San Luis registran los menores montos, con un valor de 138 millones y 174 millones respectivamente.

“Esto implica que un legislador tucumano cuesta 6 veces más que uno jujeño y casi 20 veces más que uno santiagueño”, indicó el informe.

En promedio, “el 86% del gasto legislativo se destina a personal y las Legislaturas representan el 1,34% de los presupuestos provinciales. Comparado a nivel internacional, Argentina gasta tres veces más que España en mantener sus cuerpos legislativos y 6,4 veces más en proporción al tamaño de su presupuesto”, lo que, según la Fundación Libertad, evidencia la necesidad de “revisar y reducir el gasto político provincial”.

El informe también hizo foco en la “desigualdad” dentro de una misma región, ya que el costo por legislador en Chaco “duplica” al de Misiones y “supera en 2,5 veces” al de Santa Fe, donde a su vez “el gasto es cuatro veces mayor que el de Córdoba”.

Este informe indica que, si bien el gasto legislativo “representa un 1,34% de los presupuestos provinciales”, algunas jurisdicciones muestran ratios “muy superiores”: Tucumán (3,9%), Catamarca (2,7%) y Corrientes (2,1%) encabezan el ranking de mayor peso relativo.

En tanto, provincias como Santa Cruz, Río Negro y Corrientes destinan más del 95% del gasto legislativo a personal, mientras que San Luis y Neuquén lo hacen en menor proporción, con el 73,9 y 75,7 por ciento, respectivamente.

En promedio, cada legislador cuenta con 26 empleados a su cargo, aunque en Corrientes esa cifra asciende a 72.

“En comparación con los datos de las Comunidades Autónomas de España, cuyo gasto total en legislaturas equivale a 453 millones de euros y que, convertido al tipo de cambio oficial, representa 483.486 millones de pesos, un legislador provincial argentino cuesta tres veces más que su par español, mientras que el peso del gasto legislativo sobre el presupuesto es 6,4 veces mayor en Argentina”, sostuvo la fundación.

Y señaló que “el caso de Tucumán es paradigmático” porque “su gasto por legislador supera 7,3 veces al de la Región de Murcia, mientras que Buenos Aires gasta 7,3 veces más que Madrid”.

El estudio tomó como referencia los Presupuestos 2025 y consideró, también, los sueldos de los asesores, secretarios, personal administrativo y contratados. En promedio, el 86% del gasto legislativo provincial se destina a personal, lo que refleja “estructuras sobredimensionadas frente al tamaño de los cuerpos legislativos”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió a los gobernadores que el Poder Ejecutivo tiene "actitud positiva" para encarar las problemáticas que les manifiestan, pero remarcó que “los números no cierran”. 

“Nosotros siempre tenemos una actitud positiva, lo que no da a veces son los números. Trataremos de ver cómo llegamos”, anticipó en declaraciones a Cadena 3, y sumó: “Hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes y otros que no dicen nada”.

Tras los reclamos de las provincias, que pidieron rediscutir la distribución de los aportes del tesoro nacional (ATN) e incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles, Francos reveló que el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunirán hoy para alcanzar un entendimiento. 

“En la Nación hemos hecho ajustes y bajado muchos impuestos y esperamos que la actitud sea recíproca porque la situación económica del Estado Nacional y de los provinciales deben ser motivo de preocupación de todos los líderes”, destacó en la previa a la reunión de mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de este mediodía. 

En la misma línea, sumó: “El gasto ha sido reducido fundamentalmente en Nación. Las provincias deberían analizar eso, algunas han hecho mucho esfuerzo, pero nunca se hace lo necesario”. 

En otro pasaje de la entrevista, Francos apoyó que la Justicia le haya otorgado la prisión domiciliaria a la dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner, que cumple su condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos, en la causa Vialidad, pero cuestionó el accionar de la titular del Partido Justicialista (PJ).

“Me parece bien que se la den, pero no es correcto lo que hace, esta especie de afrenta -más allá de que sean sus seguidores, que son cada vez menos- dar estas expresiones públicas afecta al conjunto de los argentinos”, criticó, y sumó: “Estar bailando o expresar esta sensación de alegría cuando en realidad está presa no es razonable”. 

Por otra parte, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente, el jefe de Gabinete remarcó que el conflicto supera a la administración libertaria, pero se pronunció en sintonía con Estados Unidos e Israel. 

“El tipo de conflicto nos supera. Es una confrontación entre naciones que tienen un poderío militar por encima del nuestro. No estamos en esa posición, ninguno de los contendientes nos lo han solicitado”, aseveró. 

Por su parte, aclaró: “Por supuesto apoyamos la posición de defensa de Israel y Estados Unidos contra la enorme amenaza que significa Irán, que los argentinos ya lo hemos sufrido y eso no hay que olvidarlo”.

“Más allá de que no podamos colaborar, lo importante es saber de qué lado estamos y estamos del lado de Estados Unidos e Israel”, afirmó, y concluyó: “Hemos tomado medidas de prevención en las fronteras, en lugares donde hay información que se concentran personas de ese origen, y en sectores estratégicos del país”. 

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, informó que el lunes se reunirá con 23 gobernadores en Buenos Aires para plantear la situación fiscal de los distritos, debido a la disminución de la coparticipación nacional, la baja en el consumo y la caída de las actividades comerciales e industriales. 

“Vamos a llevar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que se van cerrando, que van dejando a gente sin trabajo o adelantando vacaciones”, dijo y adelantó que viajará el domingo por la noche. “Vamos a hablar no solo del Estado provincial, sino también de la actividad privada. Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma”, aseveró Jaldo.

En esa línea, remarcó que “la Nación tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias y lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento”. Sin embargo, aseguró: “Ahora, yo puedo ser dialoguista, pero yo dialogo a favor de la provincia de Tucumán. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”.

“A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el presidente (Javier Milei) que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal. Eso no existe en ninguna posibilidad. O nos va bien a todos o nos va mal a todos. El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”, sostuvo Jaldo. 

Por último, el Gobernador advirtió: “El gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar. Necesita el acompañamiento de las provincias. De la misma manera nosotros necesitamos el acompañamiento de la Nación”.

Las transferencias por coparticipación de impuestos a las provincias se desplomaron un 20% en febrero como consecuencia de la reforma del Impuesto a las Ganancias y explica la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Los giros del Gobierno ascendieron el mes pasado a $2,2 billones que, descontada la inflación, representan una baja real del 19,5%, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).  “Esta caída es explicada principalmente por el mal desempeño interanual real en la recaudación del Impuesto a las Ganancias (-38,3%) y un incremento de recaudación de IVA del 3,5%”, precisó el informe.

Junto a la caída de la Ley Ómnibus también se frustró la posibilidad de revertir la reducción del mínimo no imponible para el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los empleados de la cuarta categoría.

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Al no conseguir apoyo para el resto de sus propuestas, el presidente Javier Milei retiró la iniciativa y, en consecuencia, se profundizó el desfinanciamiento de las cuentas provinciales.

En el acumulado al primer bimestre del año, las transferencias automáticas por coparticipación alcanzaron los $4.5 billones, que equivalen a una caída real del 15,4%.

“Esto implicaría el menor monto real para el primer bimestre de los últimos 9 años”, aseguró IARAF.

Las transferencias automáticas son las que día a día reciben los estados subnacionales a partir de la recaudación nacional de impuestos. A esta baja, debe sumarse el corte total de las transferencias discrecionales.

La consultora Politikón Chaco con datos al 23 de febrero, estimó que este tipo de envíos se redujo en un 94% durante el mes pasado, poniendo en una situación de ahogo a varias provincias.

Además del Impuesto a las Ganancias, los envíos por coparticipación incluyen la parte proporcional por la recaudación de IVA.

IARAF señaló que “la recaudación conjunta de IVA y Ganancias (que representa el 54% de la recaudación nacional total) habría descendido un 16,7% en términos reales en febrero. Esta caída habría estado por encima del promedio de los últimos 5 años (-10%)”.

“A precios de hoy, la caída real interanual del consolidado de las transferencias totales en febrero es de $535.000 millones. Si lo expresamos en términos per cápita para cada jurisdicción, se observa que las provincias que menos perdieron fueron CABA, Buenos Aires y Mendoza, y las que más lo hicieron fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa”, señaló el instituto.

Como era de esperar, algunas definiciones del presidente electo, Javier Milei, han generado un amplio debate entre políticos y funcionarios de todas las áreas y niveles del Estado. En este contexto, despertó numerosas reacciones el anuncio de que uno de los principales recortes de gastos de la Nación pasará por la obra pública. 

Más allá de las enfáticas palabras del ganador del balotaje, todavía existen algunos grises que aguardan ser esclarecidos en torno al tema. No obstante, la tajante definición de que “no hay plata” y que, por lo tanto, los trabajos que viene ejecutando el Estado nacional deberán buscar otras alternativas de financiación ha generado preocupaciones y rechazos en algunos sectores, mientras que en otros ámbitos se prefiere aguardar definiciones e, incluso, existen intenciones de buscar alternativas para que las obras continúen. El presidente electo sostuvo que cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena". "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación, con el 95 por ciento de pobres", dijo. 

La inevitabilidad del ajuste fiscal no ingresa en la discusión. Es esencial que los números del Estado ingresen en un terreno de racionalidad luego del enorme despilfarro que se verificó en la gestión del actual gobierno. La cuestión pasa, entonces, por los rubros que serán afectados. 

Así las cosas, a la obra pública se destinan ingentes fondos, pero no siempre se concretan las realizaciones proyectadas. Una sombra de sospechas se cierne, debido a conocidas maniobras de manejos espurios y de hechos de corrupción, en reiterados casos determinantes de que la infraestructura de nuestro país tenga 20 años de atraso como mínimo. Sin embargo, será importante conocer en detalle los parámetros sobre los cuales se asentará la política del futuro gobierno en esta materia. 

La realidad muestra que las concesiones en materia de trenes, energía de varios rubros y corredores viales ya han vencido o han pasado nuevamente a la órbita del Estado. Y que no hubo en estos últimos años decisiones para que se favoreciera la participación privada en este tema. En este punto, voceros de la agrupación política que ganó las elecciones sostienen la necesidad de avanzar en un sistema “a la chilena”. En el vecino país, aun con un gobierno de tinte socialista, los privados tienen una participación muy importante desde hace varias décadas en la obra pública. Es un esquema que permite ahorrar recursos estatales y liberarlos para otras iniciativas. 

No obstante, el Estado chileno nunca se retiró totalmente de la obra pública. Quienes conocen exhaustivamente el sistema afirman que las decisiones se toman en función de la “rentabilidad social”, lo que permite “focalizar la inversión”. Además, sostienen, “participan las regiones para definir prioridades”.

Está claro que el recorte o la suspensión de las obras públicas es una medida que se origina en la crisis grave que sufre la Argentina. Pero será clave aquello de definir las prioridades y establecer acuerdos con las provincias y los municipios. Por lo mismo, tal como lo ha sostenido el intendente de nuestra ciudad cuando fue consultado por este diario sobre el tema, existen modelos de gestión que permiten encontrar soluciones al menos hasta que la emergencia se atenúe. Bernarte indicó al respecto que “si se pueden generar acuerdos para tomar decisiones que nos permitan generar mejores condiciones de vida para los vecinos, entre ellas, cuestiones vinculadas a una nueva modalidad de obra pública, estaremos con la cabeza abierta para ver qué es lo que se puede hacer”.

Del análisis sereno y de la responsabilidad en el manejo de los fondos pueden surgir nuevas alternativas.  El dogmatismo de una u otra vertiente ideológica no es una buena receta para el análisis del futuro de la obra pública en el país.