Aires del Sur, la empresa argentina que fabricaba y comercializaba los aires acondicionados Fedders y Electra, quebró oficialmente tras una crisis financiera que la propia compañía calificó como irreversible.

La decisión fue oficializada luego de su publicación en el Boletín Oficial y se produce en medio del proceso de redefinición del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, un sistema vigente desde 1972 y clave para el desarrollo de la producción electrónica y de línea blanca en la provincia.

El pedido de quiebra había sido presentado por el propio directorio de la firma, presidido por Roberto Ángel Ceretti, quien asumió en noviembre de 2025 y solicitó la medida en febrero de este año.

En la presentación judicial, Ceretti sostuvo que la empresa se encontraba en un "estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible". Como consecuencia de la crisis, unos 140 trabajadores fueron desvinculados en febrero, en medio de reclamos encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por salarios adeudados y definiciones sobre el futuro de la planta ubicada en Río Grande.

La compañía había intentado avanzar con un plan de continuidad productiva, pero la iniciativa fracasó. Aires del Sur puso a disposición de la Justicia sus principales activos, entre ellos la planta fueguina, valuada por el Banco Nación en más de US$15 millones, y unos 4.000 kits importados para fabricar equipos, cuyo valor potencial como producto terminado rondaba los US$2 millones.

Según el directorio, el esquema financiero de la empresa se volvió inviable porque "el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio". En ese sentido, planteó que las tasas de financiamiento local se ubicaban entre 25% y 30% anual, mientras que los márgenes de utilidad posteriores a impuestos apenas alcanzaban entre 10% y 15%.

La crisis de Aires del Sur se da, además, en un escenario de mayor presión sobre el régimen fueguino. En su reporte "Panorama económico de América Latina y el Caribe", el Banco Mundial calificó ese mecanismo como "un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas".

El informe también citó un cálculo de la organización Fundar sobre el costo fiscal de los incentivos a las empresas radicadas en Río Grande: US$1.070 millones anuales hasta 2023. Ese monto refleja el peso presupuestario del esquema de promoción sobre la economía nacional.

A ese contexto se sumó la eliminación de aranceles a la importación de celulares dispuesta en mayo del año pasado por el gobierno de Javier Milei, a iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una medida que profundizó las presiones competitivas sobre la producción local.

En busca de una salida, Aires del Sur había iniciado negociaciones con Chigo Group, fabricante chino de aires acondicionados, para una eventual venta total o parcial de la empresa y una inyección mínima de US$5 millones destinada a capital de trabajo.

El plan contemplaba reemplazar el financiamiento local por crédito de proveedor a 150 días y reactivar la planta con envíos mensuales de entre 7.000 y 14.000 kits desde China. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron. La contraparte postergó avances hasta realizar nuevas evaluaciones, algo que la administración de Aires del Sur consideró incompatible con la urgencia de su situación financiera.

Como último intento, la empresa propuso un plan de Continuidad Productiva Controlada para terminar los kits ya importados y destinar los fondos obtenidos al pago de una deuda aproximada de US$500.000 con proveedores, salarios pendientes y un fondo indemnizatorio. El tribunal rechazó esa autorización el 19 de febrero y cerró así la última vía de salvataje.

La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, perteneciente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela.

La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como "una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

El concurso no cambió la situación crítica de la empresa con el paso de los meses sino que la profundizó, lo que se evidencia en que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximadamente de $3.000 millones por mes, según expuso el expediente.

Al respecto, el escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Noticia en desarrollo…

La situación de la cooperativa láctea Sancor alcanzó un punto de no retorno este miércoles, cuando la conducción de la firma presentó formalmente el pedido de su propia quiebra.

Fuentes del gobierno de Santa Fe y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) confirmaron que la presentación se realizó sobre el cierre de la jornada judicial, reconociendo la imposibilidad de afrontar sus compromisos financieros.

La empresa arrastra un pasivo verificado por la Justicia que ronda los U$S 185 millones, compuesto por deudas con más de 1.517 acreedores.

Este colapso financiero se refleja en una caída estrepitosa de su capacidad operativa: SanCor pasó de procesar 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000 litros en la actualidad.

En su proceso de achicamiento, la firma se desprendió de establecimientos y marcas emblemáticas como Las Tres Niñas, vendidas a Adecoagro.

Según informes de la sindicatura y la coadministradora judicial designada, Lucila Inés Prono, la empresa se encuentra en un estado de cesación de pagos e insolvencia patrimonial general.

La solicitud de la quiebra figura en el orden del día de una asamblea extraordinaria pedida por el Consejo de Administración de la cooperativa láctea para el próximo jueves 30 de abril en Sunchales.

El secretario general de Atilra, Héctor Ponce, calificó en diálogo con La Nación el pedido de quiebra como el fin de un "falso relato" de la administración.

El sindicato denunció que la firma se sostiene gracias al patrimonio de los empleados, a quienes se les adeudan ocho meses de salarios, mientras la empresa dejó do de realizar los aportes de salud.

La crisis de SanCor tiene raíces profundas. En 2006, una intervención del entonces presidente Néstor Kirchner frenó una asociación con el grupo Adecoagro para favorecer un crédito de U$S 80 millones otorgado por la Venezuela de Hugo Chávez, deuda que la cooperativa canceló con exportaciones de leche en polvo.

Pese al pedido de quiebra, desde el gremio consideran que este paso no es el final, sino una oportunidad para que la marca "vuelva a florecer" bajo una nueva estructura, despojada de las gestiones que la llevaron al borde de la extinción.

Por el momento, la cooperativa que cuenta con tres plantas activas en la provincia de Córdoba (Devoto, Balnearia y La Carlota) no emitió declaraciones públicas oficiales.

La quiebra de la empresa láctea San Lucio de Morteros, en 2020, dejó a más de 40 familias sin empleo ni indemnización. Cuatro años después, los trabajadores siguen en lucha para recibir lo que consideran les corresponde por ley: su indemnización y la posibilidad de recuperar sus puestos de trabajo.

Este martes, 14 de los afectados estuvieron presentes en los tribunales de San Francisco, acompañados por su abogado Enrique Pistone, en el marco de un juicio laboral contra los responsables de vaciar la empresa. “Los empresarios se enriquecieron a costa de nuestro trabajo. Los 55 trabajadores que quedamos en la calle seguimos reclamando justicia”, expresaron los damnificados. 

Según Pistone, en los últimos años de funcionamiento, la empresa procesaba 100.000 litros de leche por día, lo que desmentiría la versión de una empresa al borde de la quiebra. “La empresa estaba lejos de estar en quiebra, era muy pujante, con 55 trabajadores especializados, que no eran robots sino gente que tenía un conocimiento profundo del proceso químico de la fabricación de productos lácteos”, aseguró quien representa a los trabajadores en el litigio.

Sin embargo, en 2020, San Lucio inició un concurso preventivo y, en 2021, cerró sus puertas sin dar noticias a los empleados, quienes quedaron desamparados. “No solo los dejaron sin trabajo, sino que tampoco nos pagaron lo que nos correspondía. Además, no se pagaron los aportes a la obra social ni a la AFIP, lo que nos impidió acceder a beneficios como el seguro de desempleo”, explicó Pistone a LA VOZ DE SAN JUSTO.

Este martes, los trabajadores presentaron su reclamo en los tribunales locales, donde se espera que la Cámara del Trabajo se pronuncie sobre el caso. Pistone subrayó la importancia de visibilizar la lucha, mencionando que en muchos casos similares la justicia ha logrado recuperar lo adeudado. “Esperamos que la Cámara haga justicia, ya que este tipo de casos tienen un impacto en toda la comunidad laboral”, dijo el abogado.

Por su parte, algunos de los trabajadores afectados, como José Luis, subrayaron las dificultades emocionales y económicas que enfrentaron tras el cierre de la fábrica. “No fue fácil. La mayoría de nosotros ya estábamos en una edad avanzada para conseguir otro trabajo. Muchos vivimos de changas, sin estabilidad. ¿Qué íbamos a hacer si la empresa que nos dio empleo durante tantos años cerró de golpe?”, lamentó, quien recordó que en su caso, había estado en la empresa durante más de 20 años.

Los testimonios de los trabajadores coinciden en que las condiciones laborales no eran fáciles. Algunos relataron un clima de incertidumbre constante debido a las amenazas de cierre que la empresa repetía cada año. “Siempre nos decían que la empresa iba a cerrar, que no vendía lo suficiente. Esas amenazas nos mantenían en vilo, sin saber si tendríamos trabajo al mes siguiente”, contó Clemar, quien estuvo en la firma durante 16 años.

Además, los trabajadores también denunciaron tratos poco respetuosos por parte de los dueños, quienes, según dijeron, utilizaban tácticas de manipulación y maltrato psicológico. “Siempre te decían que no ibas a conseguir trabajo en otro lado. La amenaza constante era parte de la estrategia para que no te quedaras a reclamar lo que te correspondía”, recordó otro trabajador.

Aunque algunos trabajadores han conseguido empleos temporales o en otras industrias, la mayoría sigue buscando una solución a su situación. "Con 44 años, conseguir trabajo fijo es casi imposible", reconoció Sergio, uno de los trabajadores afectados. "Solo quiero lo que me corresponde", afirmó con determinación.

La quiebra de San Lucio no solo dejó a las familias sin su sustento, sino que también generó acciones judiciales que buscan una reparación por los daños sufridos. Los trabajadores esperan que la justicia actúe con rapidez y les permita, al menos, cerrar esta etapa tan dolorosa de sus vidas laborales.

A pesar de los obstáculos, los ex empleados de la empresa siguen luchando por una respuesta que aún no llega. “La empresa ha sido finalmente declarada en quiebra, pero los dueños nunca dieron la cara”, comentó Pistone, quien resaltó que la situación se agrava por las estrategias dilatorias utilizadas por los responsables de la firma. “Ahora, después de años de litigios, no se sabe dónde están los bienes de la empresa. Las herramientas de trabajo fueron abandonadas a la intemperie y la empresa sigue siendo una incógnita”, concluyó el abogado.

Con la esperanza de que la Cámara del Trabajo resuelva a favor de los trabajadores, el futuro sigue siendo incierto para más de 40 familias que, tras la quiebra de la láctea, continúan luchando por obtener justicia.