El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública destinada a modificar el esquema de asistencia en los servicios públicos y quedó allanado el camino para la puesta en práctica el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El procedimiento de participación ciudadana concluyó a las 0:00 horas del 20 de diciembre de 2025, según lo establecido en la Resolución 592/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Durante el plazo de quince días hábiles, la autoridad de aplicación recibió presentaciones de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores y asociaciones de consumidores.

El proyecto contempla la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Los lineamientos técnicos incluyen:

·         Bonificación transición: Se aplicará un descuento extraordinario durante el año 2026.

·         Canasta Básica Energética (CBE): El subsidio se determinará en función de un bloque de consumo básico necesario según la zona bioclimática de residencia.

·         Criterio de ingresos: El Estado cubrirá el excedente cuando el costo de la CBE supere un porcentaje específico del ingreso total del grupo familiar.

·         Patrimonio: Se utilizarán cruces de datos sobre titularidad de inmuebles, vehículos de menos de 10 años de antigüedad, medicina prepaga y consumos en moneda extranjera para determinar la elegibilidad.

Las presentaciones realizadas durante la consulta pública se centraron en los topes de consumo subsidiados por zonas geográficas. Asimismo, las asociaciones de consumidores solicitaron mecanismos de atención presencial para el registro, con el fin de evitar la exclusión de hogares sin acceso a medios digitales.

La autoridad de aplicación ratificó que el sistema busca establecer valores consistentes con los costos económicos de abastecimiento. Tras el cierre de esta etapa, el Poder Ejecutivo Nacional recibió los antecedentes y evaluaciones técnicas para avanzar con la reestructuración definitiva de los subsidios, lo que representa la culminación del período de transición vigente.

El Criterio de Ingresos responderá a los siguientes parámetros específicos __IP__

El criterio de ingresos se complementa con exclusiones automáticas basadas en el patrimonio. Un hogar queda excluido del subsidio, independientemente de sus ingresos declarados, si algún integrante cumple con estas condiciones:

El Gobierno nacional informó que, durante el mes de agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero.

En mayo, a partir de la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago.

"Sin embargo, 3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio", informó la Secretaría de Energía, en un comunicado.

A partir del uso de herramientas de geolocalización y análisis masivo de información catastral y tributaria, la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y procedió a retirar el beneficio que está destinado a usuarios de menores ingresos.

La Secretaría señaló que continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para "extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente".

"Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren", concluyó.

El Gobierno decidió excluir del régimen de subsidios energéticos a 15.500 usuarios de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, y de aquellos que viven en countries, clubes de campo y barrios cerrados. Para mantener el beneficio, el 44% de estos se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios.

La medida, que será oficializada en los próximos días en el Boletín Oficial, fue anunciada por el Vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa este miércoles. Esto implicará un ahorro fiscal para el Estado de más de 3.000 millones de pesos en total. “La energía cuesta, y quien pueda pagarla, debe hacerlo”, afirmó el funcionario.

“Es un paso importante para salir a un esquema de un barrio devastado por el despilfarro de 150.000 millones de dólares en subsidios que se han otorgado en los últimos 20 años”, sostuvo.

En el caso de los countries y barrios cerrados, se detectaron consumos eléctricos, incluidas “piletas climatizadas”, similares a los de una PYME, que duplican y hasta triplican el promedio nacional (250 kwh mensuales).

Alguno de los barrios en que se detectaron las irregularidades fueron:

Se hará una recategorización automática y dichos usuarios serán excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). No obstante, se habilitará un procedimiento de revisión individual: los afectados podrán presentar un reclamo a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), bajo el trámite “Solicitud de revisión de subsidios energéticos”, con carácter de Declaración Jurada, y serán responsables de aportar las pruebas que justifiquen su inclusión.

“Esta decisión marca un punto de inflexión: se terminó el subsidio para quienes no lo necesitan. No hay justicia en un sistema que financia el consumo de usuarios de altos ingresos con el dinero de los pagadores de impuestos”, apunta el comunicado oficial.

Cabe destacar que la reducción de subsidios es clave para el sostenimiento del superávit fiscal: estos cayeron 66,3% interanual real en abril, hasta ubicarse en $0,47 billones, su nivel más bajo desde al menos 2016, según Portfolio Personal Inversiones (PPI). La mayor parte del ajuste provino de las subvenciones a la energía (luz y gas), que redujo sus asignaciones en 78,1%, hasta $0,25 billones.

Los subsidios energéticos llegaron a representar $1,397 billones en 2022, mientras que en 2025 se ubicaron en apenas $252.000 millones.

Esto redundo en que en los últimos nueve meses 1,8 millones de hogares en la Argentina dejaran de recibir subsidios en sus tarifas de electricidad y comenzaran a pagar la energía a precio completo, es decir, sin bonificación.

Vale mencionar que la canasta de servicios públicos de un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, alcanzó los $166.559 en mayo. Esto representa un aumento del 16,8% respecto a abril y del 45% en relación a igual mes de 2024, en el contexto de la actualización de los cuadros tarifarios, según el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET).

Un hogar del área metropolitana debió gastar en promedio $62.958 por el servicio de transporte, $36.374 en gas natural, $36.973 en energía eléctrica y $32.253 en agua.

En tanto, en los 18 meses que van desde diciembre de 2023 a mayo de este año la canasta se incrementó 500%, mientras que la inflación fue de 149%.

Respecto a los ingresos, la canasta de servicios públicos ya representa el 11,6% del salario promedio registrado estimado en $1.432.538. El peso del transporte representa el 38% del gasto y “es significativamente más elevado respecto de los restantes servicios explicado, mayormente, por los factores estacionales que afectan a estos últimos”.

El Gobierno nacional definió el incremento del gas desde el lunes 1° de abril, con la quita de subsidios al precio mayorista del combustible, golpeando con fuerza en hogares de altos ingresos, comercios e industrias. Las cifras estarían por encima del 300% y estará dividida en tres tramos.

Dicho ajuste ya fue publicado en el Boletín Oficial en el marco del nuevo cuadro tarifario para usuarios de gas natural por red. 

La Secretaría de Energía aclaró que los nuevos valores mayoristas en PIST se establecieron por la quita de subsidios e impactará en las boletas, porque el precio del gas es uno de los componentes de la tarifa final. A esto hay que agregarle los componentes de transporte y distribución, por lo que el impacto final en las boletas será aún mayor.

El ajuste tendrá su primera actualización en abril; la segunda entre mayo y septiembre y la tercera desde octubre a diciembre.

Indicaron que los aumentos se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominado “servicio general”.

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El Gobierno informó que dejará de subsidiar las tarifas de luz a comercios, industrias y pymes, limitando la asistencia estatal solamente a los sectores vulnerables, en el marco de la exposición en la última audiencia pública de los funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía.

En la convocatoria del área comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo realizada el pasado jueves 29 de febrero, el funcionario Salvador Gil explicó que "el nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas” ya que “no sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados". Con esta decisión, se estima que las empresas afectadas serán al menos 100 mil.

Con respecto al funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE), precisó que "sólo se van a subsidiar necesidades humanas básicas y cuando sea necesario". En ese sentido, el nuevo esquema subsidiará directamente a la demanda, a través de una transferencia directa al banco, o un descuento en la factura.

En la misma línea, Martín Vauthier, asesor en Economía, afirmó que "en un contexto de recursos escasos, se eliminan subsidios a la demanda no residencial, por ejemplo, en procesos productivos, dado que en dicho caso no es posible asegurar que los beneficiarios reales sean los sectores de menores ingresos".

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET reflejó que los últimos incrementos de tarifas afectaron mayormente a los comercios y a las pymes. Por lo que la eliminación definitiva de los subsidios producirá otro fuerte impacto en el sector.

Los comercios pequeños con una potencia de 10 KW y un consumo de 1.200 kwh/mes, recibieron facturas con un aumento del 276% en el precio mayorista de la energía, frente al precio de enero, del cual sólo abonaban un 18%. En el AMBA, pasaron de pagar $64.775 hasta el primer mes del año a $266.213 en febrero, con impuestos.

En cuanto a los pequeños usuarios industriales, con una potencia contratada de 35 KW y un consumo mensual de 6.500 Kwh/mes, el alza en el precio de la energía alcanzó el 178%, frente al valor de enero, del cual sólo pagaban el 31%. En este caso, pasaron de abonar una factura de $274.875 a $1.060.187 en febrero.

En busca de atenuar el impacto a partir de un mejor manejo del consumo, el Gobierno anticipó que lanzará un programa de eficiencia energética, con financiamiento del Banco Mundial, para dar créditos a comercios y pymes, con el objetivo de que puedan reconvertir sus equipamientos eléctricos, y así lograr mayor eficiencia y ahorro.

Las transferencias por coparticipación de impuestos a las provincias se desplomaron un 20% en febrero como consecuencia de la reforma del Impuesto a las Ganancias y explica la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores.

Los giros del Gobierno ascendieron el mes pasado a $2,2 billones que, descontada la inflación, representan una baja real del 19,5%, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).  “Esta caída es explicada principalmente por el mal desempeño interanual real en la recaudación del Impuesto a las Ganancias (-38,3%) y un incremento de recaudación de IVA del 3,5%”, precisó el informe.

Junto a la caída de la Ley Ómnibus también se frustró la posibilidad de revertir la reducción del mínimo no imponible para el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los empleados de la cuarta categoría.

Organizaciones sociales se movilizarán al Congreso en la apertura de sesiones que encabezará Milei

Al no conseguir apoyo para el resto de sus propuestas, el presidente Javier Milei retiró la iniciativa y, en consecuencia, se profundizó el desfinanciamiento de las cuentas provinciales.

En el acumulado al primer bimestre del año, las transferencias automáticas por coparticipación alcanzaron los $4.5 billones, que equivalen a una caída real del 15,4%.

“Esto implicaría el menor monto real para el primer bimestre de los últimos 9 años”, aseguró IARAF.

Las transferencias automáticas son las que día a día reciben los estados subnacionales a partir de la recaudación nacional de impuestos. A esta baja, debe sumarse el corte total de las transferencias discrecionales.

La consultora Politikón Chaco con datos al 23 de febrero, estimó que este tipo de envíos se redujo en un 94% durante el mes pasado, poniendo en una situación de ahogo a varias provincias.

Además del Impuesto a las Ganancias, los envíos por coparticipación incluyen la parte proporcional por la recaudación de IVA.

IARAF señaló que “la recaudación conjunta de IVA y Ganancias (que representa el 54% de la recaudación nacional total) habría descendido un 16,7% en términos reales en febrero. Esta caída habría estado por encima del promedio de los últimos 5 años (-10%)”.

“A precios de hoy, la caída real interanual del consolidado de las transferencias totales en febrero es de $535.000 millones. Si lo expresamos en términos per cápita para cada jurisdicción, se observa que las provincias que menos perdieron fueron CABA, Buenos Aires y Mendoza, y las que más lo hicieron fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa”, señaló el instituto.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una advertencia al gobierno de Javier Milei luego de que los recortes al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia. "Si me pongo a fantasear, puedo cerrar los accesos o los puertos”, anticipó el mandatario provincial en sintonía con las advertencias de su par de Chubut, Ignacio Torres.

Lo cierto es que la decisión del Poder Ejecutivo generó la reacción del mandatario que, en conferencia de prensa, anticipó que acudirá a la Corte Suprema a través de una medida cautelar que suspenda esa decisión.

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El bloque Hacemos Unidos por Córdoba ratificó su rechazo a la quita del subsidio al transporte público de pasajeros. 

Lo hizo a través de un proyecto de resolución presentado el pasado viernes 16 de febrero en el Concejo Deliberante de San Francisco. A través del mismo, el bloque oficialista declaró su “rechazo y preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior que subsidia el Transporte Público de Pasajeros, creado por Ley Nº 27.467”.

El Gobierno “ha decidido eliminar el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del interior del país y en razón de ello, los municipios, como el nuestro, para sostener la prestación del servicio público de transporte deberán afrontar la mayor carga que dicha quita importa, o bien trasladar el mayor costo a los vecinos y usuarios del sistema, generando una nueva tasa o validando un aumento de tarifa que compense la eliminación del aludido Fondo”, dijo sobre el presidente del bloque, Matías Beccaría. 

Cabe recordar que desde el 1 de febrero pasado, el servicio de transporte urbano de pasajeros en San Francisco duplicó su valor, pasando de $50 a $100. 

“La medida que rechazamos, sin dudas, afecta mayormente a los estudiantes, docentes, jubilados y trabajadores de la ciudad, que a diario utilizan el servicio como principal medio de transporte para sus actividades, y que podrían verse privados del mismo en caso de que resulte imposible para el municipio garantizar su continuidad”, agregó Beccaría.

El proyecto alude además a “la falta de federalismo y a lo inapropiado temporalmente de la medida impulsada por Gobierno nacional, por un lado porque se torna aún más insoportable si reparamos que la eliminación afecta solo al interior del país, manteniéndose dicho Fondo para el Amba, en un claro desprecio, otro más, al federalismo que reza nuestra Constitución Nacional”, siguió Beccaría. 

En referencia a lo segundo, recordó que “habían sido aprobados previamente los presupuestos anuales de provincias y municipios, y tras la frustración legislativa del Gobierno nacional de no obtener las mayorías necesarias para la aprobación de algunos artículos de la denominada `ley ómnibus´”, añadió.

“El centralismo y el revanchismo, ni los agravios, conducen a solucionar los problemas”, subrayó Beccaría, destacando que “el camino es el diálogo, el consenso y el respeto por las autonomías locales. Procuraremos hasta el cansancio que se revea la medida y se restablezca el Fondo Compensador del Interior. Decisiones como ésta no consideran las necesidades reales de la mayoría de los argentinos. La verdadera libertad es la igualdad de oportunidades, que con estas medidas de ajuste, injustas e inconsultas, se desvanece día a día”, concluyó.

El intendente Damián Bernarte participó este jueves en Buenos Aires de la creación de la Red Federal de Intendentes, representada por mandatarios municipales de 10 provincias, en las que se analizaron soluciones para distintos problemas comunes, principalmente la continuidad de los servicios de transporte urbano ante la quita de subsidios decretada por el Gobierno nacional.

Esta organización es integrada por mandatarios municipales de diferentes fuerzas políticas, y los principales puntos tratados en la reunión tuvieron que ver con la inequidad en la distribución de los recursos nacionales y la reciente eliminación de los subsidios al transporte, decisión que fue calificada por el intendente sanfrancisqueño como “inconsulta, equivocada y de consecuencias nefastas para el interior del país".

En ese sentido, Bernarte aseguró que la quita de subsidio al transporte urbano de pasajeros “nos coloca en una situación muy difícil en la que se ven afectados fundamentalmente los estudiantes, los trabajadores y los jubilados en nuestra ciudad”.

Cabe destacar que, en el año 2023, en San Francisco, 135 mil boletos fueron utilizados por estudiantes de todos los niveles educativos, sumado a las más de 15 mil personas de otras actividades que utilizaron el servicio en todas sus líneas. 

“La incidencia en el costo total del servicio de lo que nos aportaba el subsidio nacional ronda el 37% y frente a este nuevo panorama, si las condiciones se mantienen como hasta el momento, nos pone en una situación muy complicada en la que nos veremos obligados a levantar el servicio de transporte urbano de pasajeros, ya que no contamos con partida presupuestaria para compensar esta quita que se ha dado de manera intempestiva”, afirmó Bernarte. 

Entre los referentes que integran la “Red Federal de Intendentes”, además del mandatario sanfrancisqueño, se encuentran por la provincia de Córdoba, Daniel Passerini de Córdoba capital y Juan Manuel Llamosas de Río Cuarto; por la provincia de Santa Fe, Juan Pablo Poletti de Santa Fe capital, Leonardo Viotti de Rafaela y Pablo Javkin de Rosario; de Entre Ríos, Rosario Romero de Paraná; de Formosa el intendente Jorge Jofré;  Maximiliano Frontera, de Villa Mercedes, San Luis; Raúl Jorge de San Salvador de Jujuy; Norma Fuentes de la ciudad capital de Santiago del Estero; Othar Macharashvili de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut; María Pasqualini jefa de Gabinete de Neuquén y por la provincia de Río Negro, de la ciudad de Viedma, Marcos Castro, de Cipoletti, Rodrigo Buteler y de Bariloche, Walter Cortés. 

Tras la reunión, los intendentes afirmaron que las medidas del gobierno nacional “afectan a los municipios desde todo punto de vista, ya que se pone en riesgo la dinámica y la actividad cotidiana de las ciudades, lo económico, social, productivo”. 

Remarcando además que, a través de esta Red, se insta al Poder Ejecutivo Nacional “a revertir esta medida injusta, inconsulta, potencialmente ilegal y de afectación directa a los ciudadanos”, solicitando también que se “suprima de manera concreta y definitiva la política de discriminación en la distribución de fondos nacionales que corresponden a todos los argentinos

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, participará este jueves en la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires de la reunión de la Red Federal de Intendentes, espacio que se nutre de distintas fuerzas políticas. 

El requerimiento de los intendentes confederados tiene como objetivo garantizar el servicio de transporte en el interior, el cual se ve comprometido por una medida de fuerza dispuesta para el día jueves en la totalidad del país, excepto en el Amba.

La Red Federal de Intendentes trabaja en visibilizar y revertir la histórica inequidad en la repartición de recursos fiscales nacionales entre las desfavorecidas ciudades del interior de Argentina, en pos del favorecimiento del Amba y Caba.

Con respecto a este reclamo, Bernarte se expresó hace unos días señalando lo “injusto” de la medida y que podría poner en peligro el servicio de transporte público de nuestra ciudad. "Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a revertir esta medida injusta, inconsulta, potencialmente ilegal y de afectación directa a los ciudadanos que representamos directamente. A la vez que requerimos se suprima de manera concreta y definitiva la política de discriminación en la distribución de fondos nacionales que corresponden a todos los argentinos", afirmó el intendente.

En sintonía con el gobernador Martín Llaryora, que luego de la embestida del Gobierno de Javier Milei contra la provincia con la eliminación de los subsidios al transporte, indicó que “Córdoba no se arrodilla” y ratificó la continuidad de los programas de boleto social que desde 2012 implementa la Provincia. Mediante una serie de posteos en la red social X, se informó que en 2024 siguen el Boleto Educativo Gratuito (BEG), el Boleto Obrero Social (BOS), el Boleto Social Cordobés (BSC) y el Boleto Adulto Mayor (BAM).

Por su parte, Bernarte se sumó a esta postura y afirmó: "Defenderemos con firmeza a nuestros vecinos en todas las instancias, hemos sido elegidos para gobernar nuestras ciudades y la responsabilidad que conlleva esta confianza delegada no será abandonada".

En San Francisco, Martín Llaryora remarcó sus diferencias con el presidente Javier Milei y ratificó que Córdoba “no se arrodillará” y que si bien apostará al diálogo, no apoyará medidas nacionales que impliquen “entregar el trabajo y la producción". 

El gobernador brindó estas declaraciones hoy al visitar nuestra ciudad y junto al intendente Damián Bernarte habilitar obras de infraestructura que benefician a los barrios Parque, La Milka y Bouchard. En los dos primeros finalizaron obras de urbanización, mientras que en Bouchard quedó concluido el Polideportivo Social.

Además, anunció un aporte de 30 millones de pesos para el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción. También, vecinos recibieron créditos del Banco de la Gente y del programa Más Vida Digna.

En medio del momento de la profundización de la crisis política entre el gobierno nacional y la provincia de Córdoba, Llaryora se mostró con voluntad de alcanzar acuerdos con Milei a quien llamó “al diálogo y la búsqueda de consensos” entendiendo que “es lo que la Argentina necesita en estos momentos”.

“La grieta, el insulto, la difamación y el ataque no solo a mi persona sino a miembros de la cultura no conduce a ningún lado -dijo el mandatario provincial-. Lo que saca adelante un país es la generación de consensos y diálogos necesarios para tomar las mejores decisiones que nos permitan salir de esta crisis”. 

Además, señaló que en estos días ha sido objeto “de una campaña tremendamente sucia en redes por parte de ‘trolles’ y emparentó lo ocurrido contra su persona “con lo que le pasó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro o al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo”. 

“Elevar la voz para defender al interior de la argentina y, en mi caso a los cordobeses, produce este ataque en cosas que la Argentina había dejado en el pasado”, sostuvo para luego cuestionar duramente la elaboración de “listas negras” integradas por parte de aquellos diputados que se negaron a acompañar el proyecto de ley que se estaba tratando. “Nosotros acompañamos la ley en general, así como artículos pero no podemos acompañar aquellos que claramente perjudican a la Argentina”.

“Yo no estoy dispuesto a vender YPF como tampoco el Banco Nación”, expresó Llaryora en clara oposición a lo que pretendía esa iniciativa privatizadora que finalmente fue retirada por el Ejecutivo.

“Yo me muevo con convicciones. Yo estoy convencido que en este momento histórico vamos a defender a Córdoba y no nos vamos a mover de esa huella”, sentenció.

Si faltaba algo más para dejar en claro sus diferencias con el libertario, Llaryora agregó de manera tajante “no soy parte del gobierno de Milei, no tenemos ningún acuerdo político. Estamos en un bloque (Hacemos Coalición Federal) que hemos decidido acompañar iniciativas que sean buenas para la Argentina, pero defendiendo los intereses de Córdoba”.

“Cuando él (por Javier Milei) caratula de alguna manera a determinadas personas tendría que hacerlo con los de su bloque porque yo no soy parte de éste. No comparto muchas de las acciones que Milei está tomando como la de no enviar los medicamentos a las personas con capacidades diferentes. En Córdoba no hacemos eso”.

“Acá ahora van a sacar los subsidios mientras que nosotros en la provincia vamos a seguir sosteniendo los programas emblema como el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Obrero Social”, agregó para luego recomendar al gobierno nacional que “se den una vuelta por el interior y conozcan la Argentina profunda y allí podrán entender que la Argentina existe de una manera más allá de la General Paz. Esa es la Argentina que le da los dólares con la cosecha”.

Llaryora respondió a aquellos que sostienen que “cada uno gobierne con la suya”: “Perfecto, ¿qué mejor que eso para Córdoba?. Las retenciones no son del gobierno nacional, son de Santa Fe, Córdoba o provincia de Buenos Aires. Si el Estado Nacional nos devuelve ese dinero, nos podemos administrar perfectamente. Movemos toda la economía regional de nuevo. La Nación no produce nada, todo se produce en las provincias. El esquema nacional es redistributivo. Si mañana me llaman a firmar el acuerdo, yo lo firmo, pero que me devuelvan las retenciones y con eso, junto a nuestros productores produciendo más y moviendo las economías de nuestros pueblos y ciudades, olvídense de la Nación”.

Traición, extorsión, rendición, erosión, venganza, tensión, represalia, avasallamiento, castigo. Actitud destituyente, redoblar la apuesta, defensa del federalismo, poner de rodillas, toma y daca. El listado de conceptos y lugares comunes podría continuar. Es extenso el vocabulario “bélico” utilizado para interpretar la complicada trama de la discusión política en el país. Mucho más luego del fracaso de la ley ómnibus en el Congreso y la primera medida adoptada por la Nación luego del insólito episodio: la eliminación de los subsidios al transporte público para las provincias y una reducción mínima para el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Este rubro significa, luego de los salarios de los empleados estatales, la mayor erogación que vienen haciendo las provincias desde hace dos décadas, cuando el populismo ganó la escena y comenzó a despilfarrar recursos nacionales, generando situaciones de injusticia evidentes como en este caso. Bajo ningún concepto puede aceptarse que, al menos en materia de transporte público y otros servicios, haya en el país dos clases de ciudadanos: los que gozan de tarifas hoy irrisorias y los que vienen pagando elevados precios por imperio de una política de subsidiariedad que discrimina al interior.

Citando a un gobernador dialoguista, una columna del diario La Nación reafirma la idea: “Lo insólito es que ese castigo de quitar los aportes es total para las provincias, que ya tienen tarifas más altas y que recibían menos subsidios, mientras la reducción es parcial para el Amba (área metropolitana), donde tiene mayor costo para el Estado nacional y el boleto es el más barato del país. Además, se da el agravante de que ahí no va a ganar ningún apoyo más del que ya tiene y va a engordar el capital opositor del kirchnerismo”. Así leída, es una decisión poco inteligente. 

En otro sentido, por más empeño que ponga en establecer diferencias entre los gobiernos anteriores y el actual, este tiempo disruptivo en el que ha ingresado la Argentina mantiene vigentes asuntos que remiten, otra vez, a la histórica lucha de unitarios versus federales. Una división que no tiene hoy sentido de ser. Ni de existir. Pero que se reaviva con las acusaciones de traición, las disposiciones que quitan recursos a las provincias y las reacciones que generaron en los gobiernos provinciales. 

Así, el presidente de la Nación y varios de sus colaboradores se explayan en las redes sociales con diatribas extemporáneas. Desde el interior algunas réplicas también lo son. Por caso, las expresiones del secretario general del gobierno de Santa Fe, quien amenazó afirmando “no jodan porque sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls”. Ambas actitudes tienen reminiscencias de las peleas intestinas que el país sufre desde hace dos siglos. Y que nunca se han resuelto del todo. 

Con las urgencias que vive la población, ¿puede admitirse el resurgimiento impulsivo, vehemente y con protagonistas con cualidades pendencieras, de estas rencillas que retroceden la línea del tiempo? Mantener o incrementar este nivel de confrontación para nada ayuda a esclarecer una problemática que existe casi desde el nacimiento de la Patria y que, en definitiva, remite a una lucha, en algunos momentos históricos encarnizada, por los recursos que son propiedad de todos los argentinos.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este sábado que dará continuidad a beneficios en el transporte público de pasajeros tras la quita del subsidio que recibían las provincias por parte del Gobierno nacional, al tiempo que calificó como "arbitraria" a la decisión tomada por el presidente Javier Milei."No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos. Ante la disposición del Gobierno nacional de eliminar únicamente para el interior del país los subsidios al transporte, he tomado la firme decisión de darle continuidad a las siguientes medidas", advirtió Llaryora en la red social X.En un hilo de mensajes, el mandatario anunció que los estudiantes, maestros y profesores van a "seguir con el beneficio del Boleto Educativo Gratuito (BEG)" para de esta forma favorecer "el acceso a la educación y el acompañamiento a las familias, más aún en momentos difíciles como lo es esta profunda crisis económica que atravesamos los argentinos".Además, informó que continuará el Boleto Obrero Social (BOS) y el Boleto Adulto Mayor (BAM) por lo que se reforzarán "las partidas presupuestarias ante la quita de los subsidios nacionales" al igual que el Boleto Social Cordobés (BSC) "para las familias que más lo necesitan"."Este es un enorme esfuerzo económico, pero es nuestro compromiso, convicción y decisión acompañar a la ciudadanía frente a la medida arbitraria que ha tomado en los últimos días el Gobierno nacional", remarcó Llaryora.También se solidarizó con "el reclamo que están realizando todos los intendentes y gobernadores del país alcanzados por estas medidas que perjudican a los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados y a las familias argentinas".El mandatario rechazó también "los aumentos de derechos de exportación y retenciones aplicados a los sectores productivos" y le pidió al presidente, Javier Milei, que "reflexione sobre la supresión del pago del incentivo docente". 

Señaló que Córdoba "nunca se arrodilló, y tampoco lo hará ahora, porque es el legado que su pueblo le dio con el voto, también a este Gobernador"."La grandeza de nuestro país requiere de la mesura y la cordura de sus dirigentes. Me encontrarán siempre dispuesto al diálogo para la construcción de una Argentina democrática, federal y productiva. ¡Córdoba no para!", acotó.

 La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informó este viernes que la Secretaría de Energía de la Nación determinó un incremento en la factura de luz del 60% para el sector de la población que actualmente no recibe subsidios y alcanza al 40% de los usuarios.

En ese sentido, el vocero de la empresa provincial de energía, Alfredo Camponovo indicó que la disposición del aumento "lo ha dispuesto directamente el Gobierno Nacional" y alcanza "a los usuarios residenciales incluidos en el grupo N1", es decir "el grupo de mayores ingresos en la segmentación energética".

Al mismo tiempo, indicó el Gobierno nacional dispuso una suba de entre el 80 y el 90 por ciento para los comercios y pequeñas industrias, ya que además de la suba tarifaria, también dejarán de percibir el subsidio sobre el costo de la energía, informó Cadena 3

"Es el caso de carnicerías, las heladerías, los quioscos, en este caso el impacto va a ser de un 80 y un 90% en el costo final de la factura", indicó Camponovo.

El aumento comienza a regir con los consumos del mes de febrero y los usuarios lo verán reflejado en la factura del mes de abril, destacó Epec, en un parte de prensa enviado desde la Casa de Gobierno.

Al atribuir la decisión al gobierno del presidente Javier Milei, la empresa de energía destaca: “Este incremento ajeno a Epec alcanzará a los usuarios residenciales incluidos dentro del grupo N1 de la segmentación, que comprende al sector de mayores ingresos que ya no goza del beneficio del subsidio a la energía eléctrica”.

“Mientras, los usuarios incluidos dentro de la tarifa general y de servicios, que reúne a los comercios de cercanía (carnicerías, heladerías, quioscos), no sólo serán alcanzados por la suba tarifaria sino que además, ya no percibirán el subsidio sobre el precio de la energía”, añade.

A través de la resolución 7/2024 la Secretaría de Energía dictaminó un aumento en el costo estacional de la energía de un 120% para el período comprendido entre los meses de febrero y abril de corriente año.

Epec recordó que la factura de luz tiene tres componentes: 

- Costo de la Energía Estacional, que lo determina la secretaría de Energía de la Nación.

- Valor agregado de distribución, que es el costo que EPEC cobra por transportar y distribuir la energía en la provincia.

- Impuestos.

Al respecto, la empresa de energía explicó: “El costo de la Energía Estacional, monto que determina el gobierno nacional, tuvo un incremento del 156,82% en el período enero 2023 – febrero 2024. En el mismo plazo de tiempo, el componente de la factura que cobra Epec, que se llama Valor Agregado por distribución, tuvo una suba del 75,02%, muy por debajo de la inflación interanual, cuyo porcentaje se ubicó en el 239%”.