El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) de San Francisco continúa esta semana con asambleas en diferentes dependencias municipales. La medida responde a un reclamo salarial por una recomposición cercana al 15%, además de exigir mejoras en las condiciones laborales del personal.

Bajo la consigna “Seguimos firmes, nuestras demandas son nuestros derechos”, el gremio difundió los horarios en que se desarrollan las asambleas, las cuales afectan áreas clave del funcionamiento municipal.

Entre las dependencias involucradas figuran guarderías municipales (de 7 a 9 y de 18 a 20 en su versión nocturna), Amos, Infraestructura y tanque (de 10 a 12), Tránsito (con turnos de 7 a 9, de 18 a 20, de 22 a 0 y de 5 a 7), Tribunal de Faltas y Registro Civil (de 7 a 9), y Mesa de Entrada (de 9 a 11).

También hay interrupciones en Economía (de 10:.30 a 12.30), Servicios Públicos (de 10 a 12), Estacionamiento Medido y Cemiri (de 10.30 a 12.30), además de áreas deportivas como Boxeo y el Polideportivo, con distintas franjas horarias.

En Transporte Urbano, se realizan asambleas en el servicio de colectivos (de 6 a 8, de 14 a 16 y de 14.30 a 16.30) y en el Cementerio (de 11 a 13). En el área de Salud, la medida alcanza los turnos de martes y jueves, de 7 a 9 y de 14.30 a 16.30.

Cabe recordar que rige el Decreto N° 210/25 que establece una prórroga excepcional de 30 días para las licencias de conducir de todas las categorías que venzan entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2025.

Desde el gremio indicaron que las asambleas se extenderán durante toda la semana y recalcaron que la acción gremial se da en el marco de una negociación que consideran demorada. Reiteraron que el pedido de recomposición apunta a recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

En San Francisco, integrantes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa donde detallaron el reclamo que los moviliza y explicaron cómo avanza el procedimiento de recolección de firmas que respalda su propuesta legislativa. A la cabeza de la actividad estuvieron Beatriz Broglia, vecina jubilada de nuestra ciudad, y Adriana Carranza, una de las seis fundadoras del espacio que impulsa esta herramienta ciudadana.

“Después de toda una vida de trabajo y de haber aportado mes a mes con la esperanza de una vejez tranquila, nos encontramos en una situación muy distinta. En vez de estar disfrutando del merecido descanso, estamos poniendo el cuerpo a una realidad que se ha vuelto cada vez más difícil”, expresó Broglia al abrir la actividad.

Y remarcó: “Esta lucha no es solo por nosotros. También es por quienes hoy están trabajando, para que no les pase lo mismo. Estamos defendiendo derechos que son de todos. En definitiva, estamos defendiendo el futuro”.

Carranza tomó la palabra para contextualizar el origen del colectivo. El disparador fue un video casero, difundido por redes sociales, donde una jubilada viuda denunciaba el impacto del artículo 58 de la ley 8024, que permite un "aporte solidario" obligatorio del haber bruto para quienes perciben jubilación y pensión provincial.

Esa queja encendió una alarma. “Me di cuenta de que lo que a ella le pasaba, me pasaba a mí también”, relató Carranza. Así se gestó este movimiento autoconvocado que, desde sus inicios, se caracteriza por ser independiente de partidos políticos y gremios. Esa libertad les dio legitimidad para construir un camino que se consolidó a través de la herramienta de la iniciativa popular, contemplada por la legislación provincial.

En 2023, presentaron 14.000 firmas ante la Legislatura. Pero fueron rechazadas: la normativa exige el 0,8% del padrón electoral de toda la provincia, no solo de un sector. Reorganizados y con el aval de la Junta Electoral Provincial, en febrero de este año presentaron 36.055 firmas, esta vez incluyendo a toda persona mayor de 16 años empadronada en Córdoba. Sin embargo, el Poder Legislativo respondió que todas debían estar certificadas individualmente.“Nos respondieron por escrito que no era viable, así que tuvimos que volver a empezar”, explicó Carranza.Actualmente, el colectivo está enfocado en reunir firmas certificadas en las comisarías y juzgados de paz de toda la provincia. En San Francisco, los interesados pueden firmar en la Jefatura de Policía, presentando su DNI. La convocatoria está abierta a toda persona mayor de 16 años registrada en el padrón electoral cordobés; no es necesario ser jubilado para apoyar.

El proyecto impulsado por Iniciativa Popular consta de cinco ejes centrales:

Restitución del 82% móvil: durante los años '90, los jubilados percibían el 82% del salario como activos. Hoy, el porcentaje ronda el 63% o 67%. “En el caso de los docentes, por ejemplo, esto nos empuja a la pobreza”, lamentó Carranza.

Derogación del artículo 58 de la ley 8024: habilita el llamado “aporte solidario”, un descuento obligatorio de hasta el 20% del haber bruto para quienes cobran pensión y jubilación, especialmente en casos de viudez. “No es un acto de solidaridad, es un castigo. No tiene sentido que cobremos menos que cuando estábamos en pareja, siendo dos jubilados”, denunciaron.

Reforma de la ley 9277 de Apross: exigen que Apross deje de ser la única opción obligatoria para los jubilados provinciales. También piden mejorar la atención médica en el interior y eliminar aportes extra por enfermedades catastróficas. Denuncian que el descuento actual para los pasivos es del 6%, mayor que el aplicado a los activos (4,5%).Reorganización de la Caja de Jubilaciones: solicitan el regreso de la atención presencial y la conformación del directorio previsto por ley, con participación efectiva de representantes jubilados. “La Caja funciona hoy exclusivamente online, y muchos no pueden acceder o no saben cómo realizar los trámites. Necesitamos puertas abiertas”, señalaron.Eliminación del diferimiento en los aumentos: los jubilados perciben los incrementos salariales 30 o 60 días después que los activos. “Es injusto y nos perjudica sistemáticamente”, subrayaron.

Carranza insistió en que el proceso de iniciativa popular es constitucional y legítimo. “No es lo mismo que un legislador presente un proyecto a que nosotros lo llevemos con 24.600 firmas certificadas. Y apuntamos a reunir muchas más de acá a fines de agosto, cuando cerremos el ciclo de firmas”, aseguró.

“La iniciativa popular no puede ser ignorada tan fácilmente. Es un derecho amparado por la ley y lo estamos ejerciendo con responsabilidad, pese a las dificultades que nos impone el mismo Estado”, cerró.

Las planillas están disponibles en todas las comisarías y juzgados de paz de la provincia. En San Francisco, el punto habilitado es la sede de Policía Departamental, ubicada en Libertad y Libertador Sur.

El procedimiento es simple: presentar DNI, tener más de 16 años y estar empadronado en Córdoba. Las planillas se remiten cada 15 días a la Junta Electoral Provincial, que se encarga de certificar y validar los datos uno por uno.La campaña de firmas estará abierta hasta el 30 de agosto. Luego, se formalizará el ingreso del proyecto a la Legislatura.

Empleados judiciales autoconvocados de la provincia de Córdoba realizaron hoy un "abrazo simbólico" a los Tribunales como forma de protesta ante la insuficiencia salarial y las condiciones laborales que enfrentan. La manifestación fue motivada por la creciente preocupación sobre los bajos sueldos en comparación con otras ramas del sector público y privado, así como la falta de acción por parte del gremio en respuesta a sus demandas.

Según los datos presentados por los empleados, hasta febrero de 2025, un trabajador judicial sin título y con un año de antigüedad percibe un sueldo neto de $797.304,23, mientras que uno con 5 años de experiencia llega a $894.470,58. En contraste, un empleado administrativo de comercio con tareas similares recibe un salario que varía entre los $908.164 y $951.775. Además, un empleado judicial auxiliar con título de abogado y 7 años de antigüedad gana $1.238.400,84, mientras que un docente con 27 horas semanales percibe un básico de $1.302.000.

"Un empleado judicial con un año de antigüedad apenas se encuentra por encima de la línea de indigencia", señaló uno de los trabajadores durante la protesta, destacando que la situación es aún más crítica si se considera el alto costo de vida, especialmente el alquiler, que supera el 50% del salario.

Los empleados judiciales también expresaron su malestar por la falta de acción del gremio AGEPJ, que, según ellos, no ha realizado reclamos adecuados de recomposición salarial, ni ha defendido sus derechos a ascensos y mejores condiciones laborales. "El gremio no exige una actualización salarial acorde a la inflación ni la equiparación con los empleados de la justicia federal, que realizan tareas similares a las nuestras", apuntaron.

En el marco de la protesta, los empleados demandaron a sus representantes gremiales que soliciten a la patronal una recomposición salarial urgente y definitiva, conforme a lo estipulado por el acuerdo N° 245 y la Ley Provincial 9725. Además, pidieron transparencia en las negociaciones y medidas concretas en caso de que sus demandas no sean atendidas.

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Los empleados judiciales de Córdoba señalaron además una notable diferencia salarial entre el Poder Judicial provincial y el fuero federal. Según explicaron, un ingresante al Poder Judicial de la provincia percibe un salario de $750.000, mientras que uno del fuero federal gana $1.700.000. Argumentan que el salario de la Justicia Federal es justificado, ya que los empleados deben cumplir con requisitos como rendir concursos, estudiar abogacía, recibir formación continua y especializarse.

En contraste, un empleado judicial provincial con 10 años de antigüedad recibe un sueldo de $1.300.000, por debajo de la canasta básica alimentaria. Además, denuncian que al ingresar al Poder Judicial se les inhabilita el título profesional, lo que les impide trabajar fuera de este ámbito, a pesar de la percepción pública de que los judiciales tienen sueldos elevados.

Otros reclamos incluyen la falta de insumos adecuados en los lugares de trabajo, lo que obliga a los empleados a comprar desde útiles hasta agua e insumos para el baño. También cuestionan los altos descuentos de la obra social (Apross), que, según indican, no ofrece una cobertura adecuada.

La Provincia de Córdoba citó hoy a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) para evitar el paro docente previsto para mañana, 6 de marzo. Según informó el gobierno provincial, la reunión será para presentar una propuesta salarial "superadora" que busque destrabar las negociaciones paritarias con el gremio docente.

El gremio recibió la convocatoria por parte del secretario general del Gobierno de la Provincia de Córdoba, quien, en respuesta a las demandas planteadas por la Uepc, entregará una propuesta que podría dar solución al conflicto. Desde el sindicato, afirmaron: “Informamos que el secretario general nos ha convocado para este miércoles 5 de marzo a la Mesa de Política Salarial, para entregar una propuesta salarial superadora”.

En la reunión, la Uepc planteará los puntos establecidos en la resolución de su asamblea departamental del 25 de febrero, entre los que se destacan:

El pago de un adicional no remunerativo por única vez de 100 mil pesos.

La incorporación de un adelanto de pauta y cláusula de revisión para julio y noviembre, con el objetivo de lograr un real recupero del poder adquisitivo.

Un aumento del 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La jerarquización salarial de los cargos directivos.

La actualización mensual del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) por IPC, tanto para activos como para jubilados.

La negociación entre ambas partes se lleva a cabo con el objetivo de evitar el paro docente previsto y llegar a un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores de la educación como al sector público en general.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) realizarán un paro por 48 horas este lunes 5 y martes 6 de agosto.

Hace una semana, Uepc rechazó la última propuesta salarial del Gobierno provincial y convocó a un paro de 48 horas al finalizar la conciliación obligatoria, es decir, este lunes.

A través de un comunicado el gremio docente remarcó que la oferta "representa un retroceso respecto a las presentadas previamente y un desconocimiento de los requerimientos planteados".

“Necesitamos que sea reconocido el trabajo docente en su magnitud, es hora de que empecemos a discutir toda la tarea extra que hacemos los docentes fuera del horario y que no es remunerada”, expresó el secretario general Roberto Cristalli.

Además del paro, Uepc realizará una movilización el martes desde las 10.30 en su sede ubicada en 25 de Mayo 427, en Córdoba Capital.

Por su parte, el Consejo Directivo de la seccional Córdoba de Sadop resolvió ratificar las medidas de fuerza que se habían dispuesto y debieron ser suspendidas por el proceso de conciliación obligatoria que impuso el ejecutivo provincial, juez y parte en este proceso.

Las medidas de fuerza coinciden con Uepc: paro por 48 horas y una movilización a la misma hora el martes.

Ante una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 40% durante el primer semestre de este año y la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el gobierno, los docentes y no docentes de las universidades nacionales se encuentran en emergencia y analizando medidas de fuerza. 

En muchas casas de estudios peligra el inicio de clases por el conflicto salarial, en la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Intergremial Universitaria analizará cuáles serán las medidas de fuerza que, de no haber acuerdo, se aplicarían en agosto. Mientras tanto, el decano Alberto Toloza informó que aún no hay medidas de fuerza y los exámenes que comienzan el lunes que viene, están asegurados. 

“Los exámenes están asegurados, comienzan el lunes próximo y tendremos abiertas las puertas de la universidad para dar continuidad a las actividades que estaban planificadas”, dijo Toloza en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

De todas maneras, agregó que “algunos planteos gremiales no dejan de lado la posibilidad de hacer un reclamo o medidas de fuerza al momento del inicio del segundo cuatrimestre en agosto, pero hoy no se decidió ninguna medida, ni están definidas”.

El decano afirmó que la situación de emergencia que está atravesando hoy la universidad “es la necesidad de negociar los salarios porque hubo una pérdida real del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes que ronda entre un 40 y un 60%. A modo de ejemplo, un auxiliar de laboratorio con dedicación exclusiva con 40 horas semanales cobra 600 mil pesos y un no docente, cobra un poco más de 500 mil pesos”.

Aclaró que hay que tener en cuenta que para “los no docentes es su único empleo, con 35 horas semanales, mientras que en el caso de los docentes hay una particularidad: tienen otra actividad laboral al ser profesional y dictan una o algunas materias por semana. También hay profesores para los que la universidad es su único trabajo y son aquellos que se llaman de dedicación exclusiva, porque además son investigadores, vinculadores y extensionistas”.

Toloza recordó que durante el primer semestre del año “el mayor énfasis en el reclamo fue puesto en presupuesto, en lo que tiene que ver con el costo o gastos de funcionamiento. Había un atraso que era muy notable de los fondos asignados a la universidad para que puedan abrir las puertas, afrontando el costo de los gastos fijos. Hubo un 270% de actualización de un valor asignado a las universidades que representa el 5 al 10% del presupuesto universitario, pero el 90% del presupuesto universitario es el salario que es lo que se está reclamando”.

Comentó que para eso “se realizaron discusiones sobre el salario en paritarias que se llevan adelante entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Política Universitaria y la Intergremial Universitaria donde están agrupadas las distintas entidades gremiales de los trabajadores docentes y no docentes”.

Gremios de la Alimentación ratificaron hoy el plan de lucha y anunciaron bloqueos de fábricas por 48 horas a partir de este jueves, en demanda de actualización salarial.

La medida podría generar desabastecimiento de productos claves como los lácteos.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) decidió incrementar sus protestas luego de fracasar la paritaria.

Frente a las diferencias entre las partes, la organización gremial dispuso otra etapa del plan de lucha, con bloqueos que impedirán la salida de camiones con productos.

En abril, el gremio consiguió un aumento del 16 por ciento en dos tramos, entre marzo (9 por ciento) y abril (7 por ciento), alcanzando un acumulado del 304 por ciento entre mayo 2023 y abril 2024 (los 12 meses que dura la paritaria).

El secretario General de la Federación, Héctor Morcillo, afirmó que "tratamos de buscar una salida a nuestros reclamos, sosteniendo el diálogo con los empresarios", pero remarcó que "no recibimos una respuesta satisfactoria, por lo que dimos paso a las medidas de fuerza que había sido aprobadas por un plenario de secretarios Generales, donde se le otorgó el mandato al Consejo Directivo para decidir las protestas que crea convenientes y necesarias".

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires respaldó los paros por turno, en tanto que su secretario General, Rodolfo Daer, advirtió: "Estamos viviendo la peor etapa de la vida democrática de nuestro país y creo que tenemos que mostrar las uñas, los dientes".

"Vamos a perder derechos si no nos ponemos de pie y damos batalla", alertó.

Los ceses de actividades afectarán la producción de todas las fábricas de alimentos del país que, de continuar, comenzará a golpear en la cadena de distribución (hipermercados, súper y comercios de cercanía, entre otros).

En el marco del plan de lucha, no se descarta que la Federación convoque a una movilización a la puerta de la sede de la cámara COPAL, para visualizar las demandas y presionar para que se cierre el aumento salarial correspondiente a mayo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) está desarrollando asambleas informativas en el marco de las gestiones que tienen por objetivo lograr una recomposición salarial para los trabajadores del sector. 

Para febrero, el gremio apunta a lograr un incremento del 35 % para febrero “para empezar a recuperar el salario real”, señaló el secretario general de UOM seccional San Francisco, Lucas Sarmiento.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Sarmiento explicó que las asambleas informativas comenzaron a desarrollarse a partir del lunes “buscando una recomposición salarial” para lo cual, durante el martes se venían llevando adelante negociaciones entre la UOM y las cámaras empresariales en el ámbito de la Secretaría de Trabajo.

En el caso de que no se arribe a un acuerdo en esa audiencia, dijo que “ya veremos cuáles son los próximos pasos a seguir” mientras que justificó el pedido de recomposición del 35 % para febrero “en la inflación de enero, sumado a los 15 % de desfasaje que tuvimos desde octubre en adelante ya que el cálculo en nuestro caso se hizo a mes vencido lo que nos provocó unos cuantos puntos de pérdida en el camino”.

Más allá de lo que ocurra en la reunión entre las partes, Sarmiento dijo que el accionar a llevar adelante “dependerá de lo que nos comunique el secretariado nacional para ver de qué manera seguimos con el tema”.

Luego de explicar que “por ahora no hay conflicto”, agregó que “estamos en negociaciones e informando a los compañeros a través de estas asambleas. Allí les comentamos cómo está fundamentado el pedido del 35 %. La medida que tome UOM va a depender del poder que tengan las empresas para llevar adelante una negociación”.

Sarmiento agregó que luego de una reunión del consejo directivo nacional de la organización sindical “advertimos que (las cámaras empresarias) no tienen las mejores expectativas” debido a que el pedido de UOM fue oficializado el pasado viernes “pero en el ámbito privado advertíamos que los empresarios conocían nuestras intenciones y, sin embargo, no fueron con ninguna propuesta concreta”.

Por último, el dirigente de UOM San Francisco indicó que “el secretario general de UOM, Abel Furlán, está dispuesto a recomponer el salario real de los trabajadores, sean cuales sean las consecuencias de eso. Cuando la UOM empieza a apretar las empresas amenazan con despedir gente si tienen que acceder al porcentaje que reclamamos. En este caso UOM está dispuesto a pasar por eso si es necesario para finalmente recomponer el salario. Eso es algo que le venimos comentando a la gente en las asambleas porque preferimos tener menos trabajadores, con un mejor poder adquisitivo y no tener que pasar por esta agonía. Además, son muy pocos los compañeros que quieren quedarse en la industria por el salario tan bajo que hay”.

Después de varios días de negociaciones, que incluyeron asambleas y paralización de actividades en diferentes servicios que brinda la municipalidad, finalmente se llegó a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Suoem que permitió destrabar el conflicto.

En este caso, el acuerdo alcanzado incluyó una mejora salarial de 14 % correspondiente a los haberes de enero y del 13,5 % para febrero, totalizando un 27,5 % para el primer bimestre del año. En lo que respecta a marzo, las partes se comprometieron a realizar un nuevo acuerdo y revisión de la marcha de la inflación en ese período.

El secretario de Gobierno, Raúl Angonoa, celebró el acuerdo arribado con el Suoem y, en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO explicó que “toda la negociación se dio en un marco de absoluto respeto entre las partes. En este caso el municipio estaba representado por el secretario de Economía, Marcelo Moreno y yo como secretario de Gobierno mientras que el Suoem por parte de las autoridades de comisión directiva. En cada reunión cada parte defendía su postura, pero con un ánimo de diálogo y negociación constante y así fue que pudimos llegar a un entendimiento donde se acordaron concesiones recíprocas”.

Lo importante de todo fue que, luego de esta negociación “en un marco de absoluto respeto se llegó a este entendimiento en un contexto económico que obliga siempre a rever cada acuerdo lo que hace que todo se haga un poco más complejo”.

Igualmente, el funcionario recordó que en marzo “nos vamos a reunir nuevamente” con el objetivo de continuar la negociación y en ese marco “ambas partes apostamos al diálogo que se ha mantenido en todo momento, sobre todo en buenos términos” por lo cual celebró que luego de esta serie de reuniones “hemos logrado recomponer el acuerdo”.

Angonoa resaltó además que en este tiempo de negociación “siempre hubo diálogo con el Suoem, nunca se cortó la relación y por ese entendimiento fue que pudimos llegar a este acuerdo”.

En medio del estado de asamblea permanente de trabajadores municipales en San Francisco, en reclamo de un aumento salarial, en las jornadas de ayer y hoy, el intendente Damián Bernarte junto a funcionarios salió a juntar la basura y limpiar espacios verdes, plazas, Jardín Botánico, entre otros sectores de la ciudad hasta que los trabajadores levanten la medida de fuerza. 

La protesta, que mantienen desde hace algunos días, hace que algunos servicios se vean resentidos.

“Las asambleas nos sorprendieron para mal porque se producen cuando el diálogo entre el sindicato y el municipio está abierto y en progreso. Es cierto que hay un punto donde no acordamos y buscamos un equilibrio, pero no estamos en situación irreconciliable, cerrados ni agotamos todas las posibilidades”, había manifestado a AM 1050 Mario Ortega, presidente del Concejo Deliberante, en respuesta al Suoem. 

“Ver estas asambleas, las sentimos como una presión innecesaria  e irresponsable que les genera un problema y un perjuicio a todos los vecinos y que se suma a la situación que atraviesa el país. Creemos que esto tiene que estar solucionado en el corto plazo”, dijo el oficialista. 

Desde el Suoem reclamaron que aún no pudieron cerrar el aumento de diciembre y consideran que la propuesta ofrecida por el Ejecutivo es insuficiente teniendo en cuenta la inflación, que fue del 25,5% en el último mes del año. En realidad, es el 23% el que está en discusión. El Ejecutivo había adelantado 2 % en diciembre.

El Víctor Lescano, secretario del gremio, indicó que “de parte del Ejecutivo nos están ofreciendo un 6 % y ahora adelantaron un 7 % que nosotros no acordamos, fue una disposición de ellos. A todo esto tenemos que afrontar los 2 puntos que nos descuentan por Caja de Jubilaciones más el 1 % por la obra social (Apross) y otro porcentaje que se destina a un fondo de emergencia. En total, tenemos un 4 % de descuento en nuestros haberes. Con ese 7 % que ellos adelantaron, nos quedan 3 % para diciembre, con una inflación del 23 % lo que marca que entre lo que nos ofrecen y la realidad de la inflación hay una diferencia”.

El primer día hábil de la semana comenzó con el personal de la municipalidad de San Francisco en estado de asamblea por reclamo de recomposición salarial. Se trata de una negociación para establecer un reajuste relacionado con el mes de diciembre.

De hecho, el Ejecutivo había adelantado 2 % para el último mes del año 2023 que cerró con una inflación del 25 % por lo cual hay 23 % que están en discusión por parte del Suoem.

En este caso, el secretario general del gremio de los trabajadores municipales, Víctor Lescano, dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO que “estamos reclamando el 23 % que nos están adeudando, pero si esto se extiende en el tiempo se va a estirar la diferencia”.

Resaltó además que “de parte del Ejecutivo nos están ofreciendo un 6 % y ahora adelantaron un 7 % que nosotros no acordamos porque fue una disposición de ellos. A todo esto tenemos que afrontar los 2 puntos que nos descuentan por Caja de Jubilaciones más el 1 % por la obra social (Apross) y otro porcentaje que se destina a un fondo de emergencia. En total tenemos un 4 % de descuento en nuestros haberes. Con ese 7 % que ellos adelantaron, en realidad nos quedan 3 % para diciembre, con una inflación del 23 % lo que marca que entre lo que nos ofrecen y la realidad de la inflación hay una diferencia de 20 %”.

Ante la primera jornada de negociación, Lescano dijo que “no tuvimos ninguna propuesta clara” por parte del Ejecutivo por lo cual aseguró que “continuamos en estado de asamblea hasta que nos acerquen una propuesta clara, que tenga posibilidad de destrabar. De lo contrario se va a profundizar la situación”.

“Los trabajadores no podemos ser el pato de la boda. El ajuste no puede empezar por el lado de los trabajadores”, concluyó el dirigente gremial. 

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas del sector durante un período de seis días que comenzará el viernes 21 de julio a las 17, ante el conflicto que mantienen por reclamos salariales.

Así lo estableció la resolución oficial por la que la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera laboral intimó a la UOM a "dejar sin efecto toda medida de acción directa" y a los sectores empresariales a "abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado".

Se fijaron además dos audiencias presenciales entre las partes con el objetivo de resolver el conflicto, para el próximo lunes 24 y martes 25.

La UOM llevó a cabo este jueves y viernes un cese de tareas para reclamar mejoras salariales, luego de una jornada atravesada por negociaciones frustradas, en las que el gremio metalúrgico exigió un 10% de aumento retroactivo, un 30% para el trimestre julio-septiembre y un bono de $60.000.

En San Francisco la seccional local de la UOM había realizado ayer jueves la primera de las dos jornadas de paro que incluyó escraches y pintadas frente a algunas empresas mientras que también se registraron entre trabajadores adheridos a la huelga y aquellos que intentaban ingresar a las fábricas a cumplir con su tarea.

En ese contexto, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco (AIM) repudió enérgicamente lo ocurrido y exhortó al sindicato a cesar con estas actitudes. 

A través de un comunicado, desde la AIM se manifestó “el más absoluto repudio ante los hechos de violencia perpetrados en diferentes empresas metalúrgicas de nuestra ciudad”. 

Acto seguido señalaron que la entidad gremial empresaria “respeta el derecho de los trabajadores a la huelga y a manifestarse, pero siempre en un marco de respeto, y priorizando el diálogo como instrumento fundamental para llegar a cualquier acuerdo”. 

Dicho esto, exigieron “que se respete el derecho a trabajar, por parte de las personas que lo quieren hacer”.

Tras reconocer “la legitimidad del reclamo de los trabajadores”, la AIM hizo “responsable a la UOM San Francisco” de los diferentes hechos “acaecidos en los ingresos a las fábricas que abrieron sus puertas esta mañana (por el jueves), y que mediante amenazas y diferentes actos violentos, se vieron obligados a cerrar sus puertas para preservar la integridad del personal”.

Además, manifestaron que los autores de la protesta incurrieron en “conducta antijurídica” al desconocer “hasta dónde llegan sus derechos y comienzan los derechos de sus semejantes”.

“El constitucionalmente garantizado derecho de huelga, encuentra un valladar inquebrantable en el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, también de jerarquía constitucional (Art. 14 CN). Ambos derechos deben ejercerse de manera regular, conforme las normas que reglamentan su ejercicio. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, y mucho menos cuando se llega al extremo de incitar a la violencia y a la comisión de actos de intimidación, coacción o amenazas, siendo que tales conductas encastran en figuras delictivas severamente castigadas por la ley penal, por lo que la entidad hace expresa reserva de formular la denuncia penal correspondiente”.

Voces del sector celebraron la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo, pero consideraron que “demoró demasiado”, en comparación a otras situaciones similares de negociación salarial. A raíz de esto, aseguran, el plan de lucha de la UOM afectó el normal abastecimiento a toda la industria metalmecánica, aunque se espera que durante los próximos días se normalice la situación.