En medio de la creciente crisis que atraviesa el PAMI, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, se sumó a un reclamo conjunto impulsado por más de 160 intendentes y jefes comunales de Córdoba, quienes denunciaron deudas millonarias y fallas en la cobertura de servicios para afiliados.

La presentación fue realizada este 22 de abril ante la delegación Córdoba del organismo nacional. Allí, los mandatarios locales advirtieron sobre una “situación crítica” que afecta directamente la atención de adultos mayores en el interior provincial.

Según el documento, los municipios vienen garantizando prestaciones médicas en hospitales y dispensarios sin recibir los fondos correspondientes. “Esta situación obliga a los gobiernos locales a destinar recursos propios para cubrir obligaciones que corresponden a la obra social”, señalaron.

El reclamo se suma al planteo del Ministerio de Salud provincial, que estimó la deuda del PAMI en $2.900 millones, cifra que asciende a $4.700 millones si se actualiza con intereses no reconocidos por el organismo.

Otro punto central es la crisis en el sistema de traslados. Los intendentes denunciaron que las empresas contratadas por PAMI no cumplen con la cobertura de ambulancias, lo que obliga a las comunas a asumir esos costos. También alertaron sobre demoras en pagos a farmacias y prestadores privados, lo que impacta en la provisión de medicamentos y tratamientos.

“Se está sosteniendo el sistema sin el correspondiente respaldo”, remarcaron, al tiempo que advirtieron sobre el deterioro en la calidad de las prestaciones.

Entre las principales exigencias, solicitaron la regularización inmediata de la deuda, un esquema de pagos previsible, la revisión del sistema de traslados, la normalización de pagos a prestadores y la apertura de una mesa de trabajo institucional.

El documento lleva la firma de intendentes de distintos espacios políticos, entre ellos Damián Bernarte (San Francisco), junto a jefes comunales de localidades como Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, Villa General Belgrano, Cosquín, Morteros, Las Varas, Freyre, La Francia, entre muchas otras.

Intendentes firmantes:

José Ordoñez (Pueblo Italiano); Daniela Imolas (Aldea Santa María); Edgard Bruno (Canals); Aliain Correa (Benjamin Gould); Jaquelina Ojeda (Colonia Bremme); Leandro Dignani (Colonia Bismarck); Luis Trotte (Monte Maíz); Daniel Mondino (Escalante); María Cristina Sanabria (Laborde); Mariela Lolich (Pascanas); Juan Pablo Vassia (Idiazábal); Pablo Guevara (Ordóñez); Gustavo Isoardi (Monte Leña); Claudia Godoy (San Marcos Sud); Marcelo Bjorklund (Noetinger); César Morena (Chilibroste); Enrique Méndez Paz (Cintra); Nelson González (San Antonio); José Gigli (Alto Alegre); Santo Janices (Ana Zumarán); Graciela Sánchez (Ballesteros); Elena Bertero (Ballesteros Sud); Gustavo Reitano (Morrison); Ramiro Di Matteo (Villa Los Patos); Rodolfo Marguerit (Justiniano Posse); Marisel Sánchez (Charbonier); Carla Villanova (Del Campillo); María Antonella Lamberti (Buchardo); Claudio Medero (Villa Valeria); Juan Guevara (San Esteban); Iván Vélez (Ciénaga del Coro); Ariel Vidoret (Italó); Enzo Quiroga (Villa Huidobro); Elvio Benítez (Villa Rossi); Luciano Vrancic (San Marcos Sierras); Daniel Pastorino (Villa Los Aromos); Guillermo Legorburu (Las Acequias); Fernando Ruiz Díaz (Pozo del Molle); Carolina Airaudo (Melo); Nelson Basualdo (San Isidro); Celia Giorgis (Seeber); Carlos Oviedo (Villa Cura Brochero); Franco Oviedo (Lozada); Martín García (Yacanto); Mabel Godoy (Quilino); Walter Simon (Leguizamón); Claudia Acosta (Mi Granja); Ariel Petrocchi (Tío Pujio); Julio Gantus (Villa Rumipal); Mauricio Actis (Brinkmann); Carlos Entesano (El Fortín); Franco Castellina (La Francia); Beatriz Gutiérrez (Río Bamba); Maximiliano Rossetto (Santa Catalina); Emiliano Torres (Villa del Dique); Fabián Macías (Las Varas); Luciano Garay (San Pedro Norte); Valeria Montoya (Churqui Cañada); Claudio Boretto (Las Isletillas); Lara López (Rosario del Saladillo); Daniela Grosso (Pampayasta Norte); Melina Reta (Dique Chico); Eduardo Colombero (Colonia San Bartolomé); Nahuel Biole (Las Peñas Sud); Franco Suárez (Sampacho); Miguel Méndez (Balnearia); Víctor Biagioli (Villa Fontana); Gonzalo Querro (Corralito); Silvana Michelini (Los Cerrillos); Ramón Funes (La Paz); Maximiliano Pereyra (Luyaba); Jorge Gudiño (El Arañado); Marcos Ferace (Santiago Temple); Jorge Marino (Adelia María); Emilia Rodríguez (Punta del Agua); Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia); Matías Ramírez (Nono); Germán Baldo (Freyre); Alejandro Arenas (Capilla del Monte); Graciela González (Tuclame); Emiliano Rattazzi (Charras); Jorgelina Domínguez (Bengolea); David Moreno (Piquillín); Natalia Bellón (La Carlota); Sergio Ávalos (Las Perdices); Darío Arata (Estación General Paz); Flavia Bonelli (Suco); Carlos Guzmán Cardozo (La Serranita); Dalma Bustos (Tinoco); Sol Ochoa (Simbolar); Evelin Artusso (Assunta); Daniel Medina (Las Arrias); Gisela Becerra (Los Mistoles); José María Garzón (El Manzano); Miguel Aguirre (Agua de Oro); Maico Becco (La Palestina); Rosana Ferreyra (La Cautiva); Rubén Maspero (Bulnes); David Strasorier (Salsipuedes); Augusto Arietti (Luca); Ismael Boni (Serrano); Nicolás Merlo (Valle de Anisacate); Jorge De Napoli (Alta Gracia); Natalia Di Pace (Cerro Azul); Fabián Galfione (Los Zorros); Gabriel Faletto (Marull); Ariel Panichelli (Rosales); Oscar Santarelli (Villa General Belgrano); Claudia Bordoni (La Tordilla); Gustavo Dalbo (Cavanagh); Leonardo Cravero (Malena); Carlos Fullana (Altos de Chipión); Néstor Peralta (Chaján); Viviana Espadoni (Los Cedros); Elías Balduzzi (Costa Sacate); Marcelo Ruiz (San José de las Salinas); Paola Nanini (Colonia Caroya); Sergio Temporini (Colazo); Damián Bernarte (San Francisco); Ana Ascuet (Las Pichanas); Fabián Violo (Tránsito); Guillermo Valli (Unquillo); Patricia Molina (Esquina Díaz); Ariel (Despeñaderos); Ana Gaitán (Cuesta Blanca); Germán Agaccio (Mattaldi); Federico Quiñones (Silvio Péllico); Carla Bruno (Cabalango); Yamila Díaz (La Pampa); Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo); Gastón Mazzalay (Malvinas Argentinas); Daniel Haniewicz (Montecristo); Sebastián Demarchi (Morteros); Horacio Demetris (Saturnino María Laspiur); Dardo Pereyra (Pasco); Guillermo De Rivas (Río Cuarto); Alejandra Ita (Colonia Italiana); Nora Bessone (Capitán General O’Higgins); Julieta Aquino (Inriville); Franco Villar (La Playosa); Miguel Ángel Maradona (Colonia Prosperidad); Edgard Yordan (Saira); Héctor Nardi (Monte Ralo); Darío Quiroga (Saladillo); Jorge Bustamante (San Roque); Silvina Mansilla (Obispo Trejo); Eduardo Accastello (Villa María); Ricardo Granja (Río Segundo); Patricio Olmedo (Manfredi); Fernando Díaz (Pozo del Molle); Franco Cingolani (Matorrales); Ramiro Brondino (Colonia Videla); Miguel Pérez (Rincón); Agustín Bianchino (Alicia); Miguel Vanetti (La Rancherita); Raúl Cardinali (Cosquín).

Los intendentes insistieron en la necesidad de una respuesta urgente para evitar que continúe el deterioro del sistema de salud que impacta directamente en jubilados del interior cordobés.

El secretario general de la Uepc, Roberto Cristalli, reiteró el reclamo salarial del sector docente tras las dos jornadas de paro y aseguró que esperan una convocatoria "lo más rápido posible" para retomar las negociaciones con el Gobierno de Córdoba.

En declaraciones a Cadena 3, Cristalli sostuvo que uno de los principales puntos en discusión es la cláusula vinculada a la recaudación. "Entendemos que va a estar en la propuesta, pero el reclamo mayoritario fue que eso no tiene que estar", afirmó.

El dirigente gremial remarcó que las medidas de fuerza tuvieron "un altísimo acatamiento, que superó el 70% en promedio", y consideró que las movilizaciones en toda la provincia reflejan la necesidad de una mejora salarial. "Necesitamos sí o sí una recuperación del salario en un esquema que dé respuesta a lo que estamos reclamando", señaló.

Cristalli también advirtió que, hasta el momento, no recibieron una convocatoria formal a la mesa de negociación. "Son anuncios que han hecho funcionarios, pero nosotros formalmente no tenemos convocatoria todavía", indicó.

Además de la eliminación de la cláusula por recaudación, el titular de la Uepc planteó la necesidad de un incremento inicial superior en febrero para aliviar la situación económica de los docentes. "Es lo que sintetizó la asamblea y lo que vamos a reclamar cuando nos sentemos a discutir", explicó.

En relación con el sistema previsional, el gremialista cuestionó los cambios en la Caja de Jubilaciones y aseguró que afectan de manera directa a los jubilados del sector. "Uno se puede terminar jubilando con el 60% de lo que cobra como activo", advirtió.

Sobre los descuentos aplicados por los días de paro, que podrían rondar el 15%, Cristalli indicó que el tema será parte de la negociación. "Si hay acuerdo, será parte de la discusión", sostuvo, aunque aclaró que el eje central sigue siendo la propuesta salarial.

Finalmente, reafirmó la disposición del gremio al diálogo: "Nunca hemos dejado de participar. Vamos a negociar las horas que haga falta, pero con la convicción de que necesitamos una respuesta que supere ampliamente lo que se ofreció hasta ahora".

El crítico estado de la ruta nacional 158 volvió a encender alarmas en la región. En las últimas horas, el intendente de Saturnino María Laspiur, Horacio Depetris, difundió un video desde el acceso norte de la localidad donde expuso con crudeza la situación y reclamó definiciones urgentes. “A mis espaldas el abandono, el peligro. Una situación que nos incomoda y que hace muchísimos años que lo venimos padeciendo. Me animo a decir, más de 20 años reclamando por esta situación”, afirmó el mandatario.

El reclamo apunta al tramo que une Colonia Prosperidad y Las Varillas, uno de los más transitados por transporte pesado y producción regional. Depetris remarcó que no se trata de un planteo coyuntural, sino de un problema que lleva décadas sin solución. “Acá estamos en compañía de toda una comunidad y sin intenciones de hacer política, simplemente de levantar un reclamo y un pedido que hace meses y años venimos sosteniendo”, subrayó.

El intendente alertó además sobre los riesgos que se agravan con las condiciones climáticas. “Lo que le quiero pedir a la gente es precaución y cuidado en cómo transitamos esta ruta antes de que sea demasiado tarde, antes que nos tengamos que lamentar de cosas que no vamos a poder solucionar”, señaló en su mensaje.

La denuncia surge en un contexto de obras inconclusas. Semanas atrás, maquinarias de Vialidad Nacional habían iniciado tareas de fresado en algunos sectores muy deteriorados, pero los trabajos se paralizaron tras el anuncio de la disolución del organismo por parte del presidente Javier Milei. “Las máquinas trabajaron cuatro o cinco días, abrieron pozos y se retiraron sin completar. No hay material para tapar estos pozos y lo hacemos de manera provisoria. Si mañana llueve 40 o 50 milímetros, esto termina siendo una trampa mortal”, advirtió Depetris.

La segunda etapa de la reparación debía estar a cargo de la empresa San Ignacio de Loyola S.A., pero nunca se concretó. El municipio había cedido espacios para el acopio de materiales y resguardo de equipos, aunque la obra quedó suspendida sin fecha de reanudación. Mientras tanto, vecinos y autoridades locales reportaron roturas de neumáticos y desperfectos mecánicos frecuentes en vehículos que circulan a diario. La Dirección Nacional de Vialidad colocó algunos tachos de advertencia en inmediaciones de Laspiur, pero la mayoría de los baches siguen sin señalización.

Ante posibles lecturas partidarias, Depetris aclaró que su exposición pública no tiene motivaciones electorales. “Es lamentable tener que exponerme a esto, pero lo voy a hacer porque estoy cansado de reclamar. Pido que la gente comparta esto, que lo viralice y que nos cuidemos todos. Vuelvo a insistir: esto no es una campaña política, esto es una trampa que a cualquiera le puede tocar”, aseguró.

El intendente remarcó además la relevancia estratégica de la ruta para la región y el país. “Es una ruta del Mercosur, la que lleva la producción, la que transporta la educación, la salud, todos los valores que eso representa, hoy está en este estado”, manifestó.

Finalmente, lanzó un pedido directo al Gobierno nacional para que asuma responsabilidades: “¿No será el momento que alguna vez alguien tome la firme decisión y diga: esta ruta nacional 158, que es fundamental para el progreso, la empecemos a mirar y respetar? Hace 20 años que nadie se hace cargo. Ya llegó el momento de que se hagan cargo”.

Un “supermiércoles” de protestas se registrará con la marcha de los jubilados al Congreso y el paro y movilización de los trabajadores del Hospital Garrahan, que se manifestarán además en contra de los vetos del presidente Javier Milei.

Los jubilados volverán a marchar en las inmediaciones del Congreso, en una protesta a la que se sumará el rechazo al veto de Milei a la ley que establecía aumentos para el sector previsional y la extensión de la moratoria.

Como es tradición en cada miércoles, distintas organizaciones de jubilados y agrupaciones políticas confluirán desde las 16 en la Plaza del Congreso, por lo que se prevé un nuevo operativo de seguridad en la zona.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan concretarán este miércoles un paro en reclamo de la sanción “urgente” de la emergencia pediátrica y un aumento salarial “inmediato”, además de una movilización a la sede de la obra social Unión Personal en contra de los copagos extra para los afiliados.

Así lo resolvieron los trabajadores en una asamblea, en la que se definió el reclamo de la “sanción urgente” y la “aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, implementando un aumento salarial inmediato”.

El paro será de 24 horas y se efectivizará desde las 7, en una jornada que incluirá una movilización a las 10.30 a la sede central de Unión Personal, en Tucumán 949, en rechazo al cobro generalizado de copagos en distintas prestaciones desde el 1 de este mes.

“Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado” afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

El dirigente señaló que Milei “anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya”, añadió, según se informó en un comunicado.

El miércoles último, la Policía Federal reprimió con un camión hidrante y gases lacrimógenos la movilización de jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y universitarios en las inmediaciones del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se le daba media sanción al proyecto de aumento presupuestario de las universidades, otra de las iniciativas que es rechazada por el Gobierno.

El intendente Damián Bernarte lanzó un contundente reclamo al Gobierno nacional para que firme de manera urgente el decreto que permita retomar la obra inconclusa de la Autopista Ruta Nacional 19. El pedido se produce tras la trágica muerte de cuatro personas —tres de ellas menores— en el accidente ocurrido este fin de semana entre El Tío y El Fuertecito.

“Necesitamos la firma del decreto que transfiera los 63 km. inconclusos. Con ese acto administrativo, las máquinas pueden empezar mañana mismo a construir la ruta”, advirtió Bernarte a través de un comunicado institucional, en el que también expresó: “Estamos tristes, estamos juntos. Cada vida que se apaga nos recuerda la urgencia de actuar”.

El sanfrancisqueño remarcó que “la Ruta 19 ya no admite excusas” y que sin autopista, el corredor se convierte en una “trampa mortal” que pone en riesgo la vida de miles de personas. “No es una estadística: son padres, hijos, amigos que no vuelven a casa”, sostuvo.

Bernarte respaldó Así el reclamo del intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, quien a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, calificó como “deplorable” el estado de la ruta y cuestionó la paralización de la obra pública. Según Benedetti, en los últimos siete meses hubo cinco muertes y 63 personas asistidas en el hospital local por siniestros en los tramos inconclusos. “¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan?”, escribió.

En línea con el gobierno provincial, Bernarte destacó el compromiso del gobernador Martín Llaryora, quien “preadjudicó la obra y puso recursos sobre la mesa”, y aseguró que los intendentes del interior respaldan esa decisión: “Ofrecemos todo nuestro apoyo técnico y logístico”.

“No buscamos culpables; buscamos soluciones. Este pedido no es contra nadie. Es a favor de la vida, del trabajo y del futuro productivo de Córdoba y del país”, concluyó Bernarte. 

Octubre se aproxima. Y el ritmo de la política se intensifica frente a la proximidad de las elecciones legislativas. Mientras la atención pública se dispersa en discusiones sobre feriados de empleados estatales, tatuajes de tobilleras electrónicas o reformas bien “de casta” que permiten abrazar a perpetuidad cargos electivos en la provincia de Buenos Aires, un interrogante comienza a emerger: ¿se está gestando una nueva liga de gobernadores?

La pregunta cobra relevancia ante el reclamo de los mandatarios de todas las provincias, incluido el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los recortes de recursos aplicados por el gobierno nacional. A ello se suman las quejas por deudas acumuladas con las cajas previsionales y la paralización de obras públicas. Y adquiere características tangibles con el anuncio de la presentación de un proyecto de ley que dispone la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), suscripto por todos los gobernadores. La unificación del reclamo aparece como una advertencia al gobierno del presidente Milei y puede transformarse en un elemento clave en el tiempo preelectoral que se vive. 

Pese a que la Constitución estipula cómo llevarla a cabo, la distribución de fondos entre la Nación y las provincias es un tema pendiente, al que los distintos gobiernos dieron respuestas diferentes de acuerdo con su visión política y la coyuntura que les tocó enfrentar. Ello derivó en la desorganización de la relación entre el poder central y el interior del país, lo que -en los últimos tiempos- derivó en múltiples litigios judiciales. Lo único constante en esta disputa ha sido el carácter casi siempre discrecional del reparto de fondos públicos.

La historia recuerda episodios ilustrativos. En 1870 se constituyó una liga de gobernadores que se oponía a la política de acuerdos entre Nicolás Avellaneda y Bartolomé Mitre. Esa reacción fue el origen del Partido Autonomista Nacional bajo el liderazgo de Julio A. Roca. Un siglo después, de acuerdo con la visión de la historiadora Camila Perochena, “las ligas aparecieron en momentos de crisis con debilidad presidencial”.  Así ocurrió tras la derrota de la UCR en los comicios de 1987, cuando “los 17 gobernadores peronistas presionaron al gobierno para recibir más fondos del gobierno nacional. Para neutralizarlos, Raúl Alfonsín impulsó el actual régimen de coparticipación federal de impuestos”. En cambio, Carlos Menem, una vez en el poder, “pasó a ser el jefe político de los gobernadores. Se puso por encima de ellos. Les dejó margen de autonomía, mientras lo apoyaran”. Esta tendencia se profundizó con el kirchnerismo que redujo al mínimo el poder negociador de las provincias. Solo había recursos para quienes mostrasen su alineamiento incondicional. 

En línea con la interpretación de Perochena, al rígido manejo de la caja que impone Milei en su objetivo de déficit cero, se opone la debilidad de su gobierno en el Congreso. Y como respuesta a las restricciones económicas y financieras que denuncian, los gobernadores plantan la bandera de su autonomía política. Controlan voluntades en las cámaras legislativas y muestran que están dispuestos a moverlas en la dirección que pretenden. Ya lo hicieron algunos de los “dialoguistas” en la votación que aprobó la norma sobre las jubilaciones. Saben que la plena autonomía solo se alcanza con recursos. Conocen una regla elemental de la política argentina: sin recursos, no hay poder ni proyección posible, menos aún en un año electoral.

Así, sin haber constituido una alianza formal, los mandatarios provinciales lograron articular un reclamo común traducido en una propuesta legislativa concreta que pone en guardia al oficialismo nacional. La presentaron con un mensaje cuidado, sin ingresar en confrontación directa, pero expresando malestar.  

Han puesto a prueba la capacidad de negociación de la Casa Rosada, cuyo habitante principal no se caracteriza por tender puentes de diálogo. De todos modos, el mapa político del interior continúa exhibiendo heterogeneidad, miradas diferentes y estrategias electorales disímiles. Variables que habilitan dudas sobre la consolidación de la nueva “liga”. Todo dependerá del margen de maniobra que puedan lograr. Y del resultado electoral de octubre. 

En San Francisco, integrantes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa donde detallaron el reclamo que los moviliza y explicaron cómo avanza el procedimiento de recolección de firmas que respalda su propuesta legislativa. A la cabeza de la actividad estuvieron Beatriz Broglia, vecina jubilada de nuestra ciudad, y Adriana Carranza, una de las seis fundadoras del espacio que impulsa esta herramienta ciudadana.

“Después de toda una vida de trabajo y de haber aportado mes a mes con la esperanza de una vejez tranquila, nos encontramos en una situación muy distinta. En vez de estar disfrutando del merecido descanso, estamos poniendo el cuerpo a una realidad que se ha vuelto cada vez más difícil”, expresó Broglia al abrir la actividad.

Y remarcó: “Esta lucha no es solo por nosotros. También es por quienes hoy están trabajando, para que no les pase lo mismo. Estamos defendiendo derechos que son de todos. En definitiva, estamos defendiendo el futuro”.

Carranza tomó la palabra para contextualizar el origen del colectivo. El disparador fue un video casero, difundido por redes sociales, donde una jubilada viuda denunciaba el impacto del artículo 58 de la ley 8024, que permite un "aporte solidario" obligatorio del haber bruto para quienes perciben jubilación y pensión provincial.

Esa queja encendió una alarma. “Me di cuenta de que lo que a ella le pasaba, me pasaba a mí también”, relató Carranza. Así se gestó este movimiento autoconvocado que, desde sus inicios, se caracteriza por ser independiente de partidos políticos y gremios. Esa libertad les dio legitimidad para construir un camino que se consolidó a través de la herramienta de la iniciativa popular, contemplada por la legislación provincial.

En 2023, presentaron 14.000 firmas ante la Legislatura. Pero fueron rechazadas: la normativa exige el 0,8% del padrón electoral de toda la provincia, no solo de un sector. Reorganizados y con el aval de la Junta Electoral Provincial, en febrero de este año presentaron 36.055 firmas, esta vez incluyendo a toda persona mayor de 16 años empadronada en Córdoba. Sin embargo, el Poder Legislativo respondió que todas debían estar certificadas individualmente.“Nos respondieron por escrito que no era viable, así que tuvimos que volver a empezar”, explicó Carranza.Actualmente, el colectivo está enfocado en reunir firmas certificadas en las comisarías y juzgados de paz de toda la provincia. En San Francisco, los interesados pueden firmar en la Jefatura de Policía, presentando su DNI. La convocatoria está abierta a toda persona mayor de 16 años registrada en el padrón electoral cordobés; no es necesario ser jubilado para apoyar.

El proyecto impulsado por Iniciativa Popular consta de cinco ejes centrales:

Restitución del 82% móvil: durante los años '90, los jubilados percibían el 82% del salario como activos. Hoy, el porcentaje ronda el 63% o 67%. “En el caso de los docentes, por ejemplo, esto nos empuja a la pobreza”, lamentó Carranza.

Derogación del artículo 58 de la ley 8024: habilita el llamado “aporte solidario”, un descuento obligatorio de hasta el 20% del haber bruto para quienes cobran pensión y jubilación, especialmente en casos de viudez. “No es un acto de solidaridad, es un castigo. No tiene sentido que cobremos menos que cuando estábamos en pareja, siendo dos jubilados”, denunciaron.

Reforma de la ley 9277 de Apross: exigen que Apross deje de ser la única opción obligatoria para los jubilados provinciales. También piden mejorar la atención médica en el interior y eliminar aportes extra por enfermedades catastróficas. Denuncian que el descuento actual para los pasivos es del 6%, mayor que el aplicado a los activos (4,5%).Reorganización de la Caja de Jubilaciones: solicitan el regreso de la atención presencial y la conformación del directorio previsto por ley, con participación efectiva de representantes jubilados. “La Caja funciona hoy exclusivamente online, y muchos no pueden acceder o no saben cómo realizar los trámites. Necesitamos puertas abiertas”, señalaron.Eliminación del diferimiento en los aumentos: los jubilados perciben los incrementos salariales 30 o 60 días después que los activos. “Es injusto y nos perjudica sistemáticamente”, subrayaron.

Carranza insistió en que el proceso de iniciativa popular es constitucional y legítimo. “No es lo mismo que un legislador presente un proyecto a que nosotros lo llevemos con 24.600 firmas certificadas. Y apuntamos a reunir muchas más de acá a fines de agosto, cuando cerremos el ciclo de firmas”, aseguró.

“La iniciativa popular no puede ser ignorada tan fácilmente. Es un derecho amparado por la ley y lo estamos ejerciendo con responsabilidad, pese a las dificultades que nos impone el mismo Estado”, cerró.

Las planillas están disponibles en todas las comisarías y juzgados de paz de la provincia. En San Francisco, el punto habilitado es la sede de Policía Departamental, ubicada en Libertad y Libertador Sur.

El procedimiento es simple: presentar DNI, tener más de 16 años y estar empadronado en Córdoba. Las planillas se remiten cada 15 días a la Junta Electoral Provincial, que se encarga de certificar y validar los datos uno por uno.La campaña de firmas estará abierta hasta el 30 de agosto. Luego, se formalizará el ingreso del proyecto a la Legislatura.

Prestadores de servicios de discapacidad, transportistas y centros de día realizarán un paro este miércoles 28 y jueves 29 de mayo, en reclamo de la actualización de los montos por prestaciones, el pago en tiempo y forma, y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación.

Profesionales de San Francisco se suma a la convocatoria nacional que, bajo la consigna “No al ajuste en discapacidad”, comenzó el lunes en otras provincias y se extenderá durante la semana. En nuestra ciudad, el paro culminará con una movilización el jueves a las 11 en la Plaza Cívica, impulsada por profesionales que brindan atención directa a personas con discapacidad.

Desde el sector explicaron que se trata de una medida autoconvocada, nacida de la “desesperación” por la falta de pagos y la ausencia de actualizaciones del nomenclador nacional, que fija los valores de las prestaciones. “El directorio que debe actualizar los aranceles no se reúne, y desde la Agencia Nacional de Discapacidad nos dicen que no hay plata”, indicaron.

La situación es crítica en hogares y centros de día, donde ya no pueden pagar sueldos ni afrontar los gastos de alimentación e insumos para personas que requieren atención integral.

El jueves, representantes del sector estarán en el Congreso esperando la media sanción del proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sistema, garantizar recursos para prestadores y mejorar el proceso de otorgamiento de pensiones. Entre los puntos clave, se reclama un aumento para trabajadores con discapacidad que cobran apenas 28 mil pesos desde febrero de 2023.

La sesión en Diputados fue solicitada por la oposición y está prevista para las 11. Si el proyecto avanza, deberá pasar al Senado.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó una firme advertencia en Saturnino María Laspiur: si el Gobierno Nacional no concreta durante 2025 las obras de reparación prometidas sobre la Ruta Nacional 158, solicitará el traspaso de su jurisdicción a la Provincia. Luego ratificó su reclamo en su paso por San Francisco: “La ruta 158 es la ruta de la muerte. Si no lo hacen, la arreglaremos los cordobeses”, dijo.

"Sabemos que los intendentes de la zona, junto al legislador Gustavo Tevez, vienen gestionando desde hace meses el arreglo inmediato de este tramo. Hay un compromiso del Estado nacional que esperamos se cumpla. Si eso no ocurre este año, pediremos el traspaso para poder intervenir", afirmó Llaryora en referencia al deteriorado trayecto entre Colonia Prosperidad y Las Varillas, considerado el más crítico de toda la ruta.

El mandatario también cuestionó con dureza la paralización de la obra pública en el interior del país. “Nuestros impuestos deben volver en obras. Pero claro, las autoridades nacionales viven en Capital Federal y parecen no entender nuestras necesidades”, sostuvo.

En contraste, anunció que la Provincia invertirá más de $14 mil millones en la duplicación de calzada en el ingreso a Villa María por la misma ruta. Se trata de 3.650 metros de nueva infraestructura vial que incluyen readecuación de rotondas, accesos al Centro de Gestión Ambiental y a la avenida Savio, y una nueva intersección canalizada. La obra beneficiará a 96.000 vecinos y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

“Es una de las obras más importantes porque transforma el ingreso a Villa María y mejora la seguridad vial”, destacó Llaryora. El intendente Eduardo Acastello y el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, celebraron el anuncio y remarcaron el compromiso provincial con la infraestructura.

El gobernador de Córdoba criticó duramente al Gobierno nacional por no cumplir con los fallos judiciales que ordenan transferencias a la Caja provincial. La deuda reclamada asciende a $300.000 millones, pero podría alcanzar un billón con intereses.

En una jornada clave para el futuro de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora volvió a presionar al Gobierno nacional para que cumpla con sus obligaciones legales. Lo hizo este miércoles por la mañana, a su ingreso al edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde se realizó una audiencia de conciliación entre representantes de la Provincia y funcionarios del Ejecutivo nacional.

"Hay situaciones que no dan para más, y esta no da para más institucionalmente", declaró el mandatario cordobés frente a los medios. "Vos estás violando las leyes, los acuerdos, los pactos persistentes. Nunca nos pasó lo que nos está pasando ahora. Hoy nos están mandando cero pesos", denunció.

Llaryora fue enfático al señalar la gravedad institucional del conflicto. "Siempre hubo discusiones de fondos. De hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes", afirmó. "Esto tendría que haber durado un minuto, nunca tendría que haber llegado yo a estar acá", agregó.

La audiencia, convocada por el máximo tribunal, tiene como telón de fondo una demanda iniciada en 2023 por el entonces gobernador Juan Schiaretti. En ella, la Provincia exige a la Nación el cumplimiento del traspaso de fondos previsionales que le corresponden por ley. El reclamo principal asciende a $300.000 millones, aunque el Ministerio de Economía provincial, a cargo de Guillermo Acosta, estima que con intereses podría llegar a $990.000 millones.

Durante la reunión estuvieron presentes, además de Llaryora y Acosta, representantes del Gobierno nacional, como José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y funcionarios de Anses.

La Provincia de Córdoba planteó la posibilidad de incluir la deuda en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas, lo que permitiría recibir pagos mensuales a cuenta del monto total, hasta alcanzar un futuro acuerdo definitivo. También se discuten otras formas de compensación, como la cesión de propiedades nacionales, incluyendo terrenos del Ejército o la central nuclear de Embalse.

El reclamo cordobés cuenta con respaldo técnico. Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas de la Provincia y actual presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, aseguró en diálogo con Cadena 3 que “el reclamo de Córdoba es legal y legítimo”. Y añadió: “Todas las provincias aportan recursos al Anses, por lo que la compensación es un derecho, no una dádiva”.

Sin embargo, Giordano anticipó un panorama poco optimista respecto al accionar del Ejecutivo nacional: “La actitud del Gobierno va a ser seguir dilatando”, sostuvo, al tiempo que dejó en manos de la Corte Suprema la decisión de hacer cumplir la ley.

Este nuevo capítulo en la disputa por los fondos previsionales tiene antecedentes relevantes. En 2011, bajo la gobernación de José Manuel de la Sota, Córdoba logró un acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para la devolución de recursos a la Caja. Desde entonces, los conflictos por la financiación del sistema previsional cordobés han sido recurrentes.

“Si los que dirigen la Nación no cumplen las leyes, ¿para qué las vamos a cumplir nosotros?”, disparó Llaryora, dejando en claro que el reclamo no solo es económico, sino también político e institucional.

La Corte deberá decidir ahora si da curso a una solución inmediata o si el conflicto continuará su camino judicial. Córdoba exigió la restitución inmediata de los fondos adeudados y el regreso de los envíos periódicos. Si esto no se produce en términos razonables, la idea de la Provincia es ir por el pedido de una medida cautelar que obligue al Estado nacional a cubrir el déficit del organismo previsional cordobés. Es decir, que retituya los envíos mensuales, mientras siga la discusión judicial por la deuda.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de la Caja y los fondos para jubilados cordobeses persiste.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó la presencia del Estado a través del desarrollo de políticas públicas y alertó sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares. 

“Hay políticas públicas que son muy valederas, positivas, que plantean la idea de un Estado presente e inteligente en los barrios populares”, afirmó en declaraciones radiales, y añadió: “El retroceso del Estado genera que otros ocupen ese lugar, como el narcotráfico, por eso alertamos sobre la necesidad de una mejor calidad de vida en los sectores vulnerables”.

En la misma línea, sostuvo: “Si realmente se considera que hubo actos de corrupción en las medidas que se tomaron con estas políticas públicas que se investigue, denuncie, se condene y en sí mismo son políticas positivas”.

“Por eso, seguimos insistiendo en resaltar algunas políticas que platean una presencia inteligente del Estado que garantiza que hay un articulador general que no permite el avance de otro Estado que es el narcotráfico que en muchos barrios está sucediendo”, puntualizó. 

Asimismo, García Cuerva destacó la intervención del Gobierno en cuestiones “ligadas a la vivienda, a las cloacas, a la educación, a los microemprendimientos”, y argumentó que “no todo fue corrupción y un desastre”. 

Por su parte, reveló que mantiene diálogo con varios funcionarios del Poder Ejecutivo, incluso con el presidente Javier Milei, pese a las diferencias, y marcó algunas focos de tensión con la administración porteña de Jorge Macri, quien ordenó el vallado de la Catedral durante una marcha del colectivo LGBT.

“Cuando comencé el ministerio episcopal en Buenos Aires, la Catedral estaba vallada de manera diaria como otros monumentos, y pedí por favor que saquen las vallas porque teníamos que generar apertura y diálogo con la sociedad, aún con la diversidad”, narró el arzobispo, y añadió: “De hecho se hizo la marcha del orgullo y no hubo ningún inconveniente, al contrario, muchos de los que participaron ingresaron a la catedral de rezar y agradecieron el gesto”.

Tras la decisión, resolvió la eliminación de las vallas al rededor del edificio ubicado a metros de Casa Rosada, y responsabilizó al gobierno de la Ciudad de su colocación durante la última protesta del sector, desoyendo la solicitud del arzobispado y el acuerdo que mantuvo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

“En esta última ocasión no fue el gobierno nacional. Lo conversé con Patricia Bullrich y ella entendió que con el diálogo que tenemos con el colectivo LGBT  no había necesidad. Fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, les pedí que las saquen por favor y oh, sorpresa, a la mañana del sábado nos encontramos con las vallas colocadas. Por eso sacamos ese comunicado porque pedimos que las saquen y nos dijeron que no lo iban a hacer", expuso.

Por último, habló del estado de salud del Papa Francisco al contar que pasó una “buena noche”,  en la que logró descansar, y planteó que se trata de “una cuestión de día a día”, aunque puntualizó que continúa llevando adelante sus actividades desde el policlínico Gemelli.

“El Santo Padre plantea esta cuestión de la policrisis, habla de las guerras, el maltrato, la problemática de la migración, la cultura de la indiferencia frente a la cultural del encuentro”, aseveró García Cuerva, y concluyó: “Desde el comienzo del pontificado, Francisco fue una voz proféticas denunciando las injusticias, la guerra. El otro día reveló que desde donde está él, se ve más absurda la guerra. Es una contrafigura, una propuesta revolucionaria, en un mundo que va para el otro lado”.

Automovilistas que circulan a diario por la autopista 19 y de los tramos de la ruta 19 donde aún no finalizó la obra, entre San Francisco y Córdoba. Advierten sobre el deterioro de la traza y la falta de mantenimiento en distintos sectores. Entre las principales problemáticas mencionan banquinas erosionadas, hundimientos en los márgenes del asfalto, baches peligrosos y pastizales crecidos que afectan la visibilidad de la señalización.

La situación genera inquietud en quienes transitan por esta importante vía, utilizada por una gran cantidad de vehículos particulares. "En la zona de la Cañada Jeanmaire, algunas banquinas están comidas y se está hundiendo el asfalto. Es un desastre y es muy peligroso", expresó un conductor habitual del trayecto. 

Cabe destacar que, en el último tiempo, ocurrieron accidentes producto del mal estado de la ruta y poca, mala o nula, señalización en algunos tramos.  Esta situación se suma a la paralización de las obras de infraestructura, que han quedado inconclusas a pesar de los anuncios oficiales realizados en gestiones anteriores. La autovía 19, que se extiende desde Córdoba hasta la ciudad de Santa Fe, muestra un contraste evidente: mientras que el tramo santafesino entre Santo Tomé y Frontera fue finalizado en 2011, el sector cordobés avanzó parcialmente, pero quedó frenado por razones económicas y políticas.

El proyecto para convertir la ruta San Francisco - Córdoba en autopista fue licitado en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. La intención era reemplazar los 156 kilómetros de ruta entre Río Primero y San Francisco (la Provincia había construido el tramo Río Primero y la capital provincial), con una ejecución planificada en un plazo de 30 meses. Sin embargo, la crisis económica de 2018, la devaluación del peso, la inflación y el cepo cambiario impactaron en el avance de la obra. Luego, con el cambio de gestión en el Gobierno nacional, se sumaron nuevos desafíos, como la pandemia y los conflictos internos en la administración de Alberto Fernández.

Actualmente, la obra lleva meses paralizada, a la espera de que se puedan terminar de ejecutar los dos tramos entre San Francisco y Jeanmaire (35 kilómetros)  y entre Arroyito y Santiago Temple (29 kilómetros), que unirá completamente nuestra ciudad con Córdoba Capital. El gobierno de la provincia de Córdoba está trabajando para lanzar el llamado a licitación para las obras que permitirán concluir la autopista. 

Vale recordar que a mediados del año pasado se firmó un acuerdo con la Nación para traspasar a Córdoba la responsabilidad de terminar esta imprescindible vía de comunicación. El 11 de junio de 2024, el gobernador Martín Llaryora y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, suscribieron el acuerdo referido. A partir de momento, la responsabilidad de finalizar la autopista corre por cuenta de la empresa Caminos de las Sierras. 

Mientras se espera una definición sobre la obra inconclusa, los usuarios de la autovía insisten en la necesidad de realizar tareas de mantenimiento para garantizar condiciones de seguridad mínimas. La erosión en las banquinas, los baches sobre el asfalto y la proliferación de malezas continúan afectando la transitabilidad en una de las rutas más importantes del este cordobés.

En la noche del lunes, vecinos del barrio Los Palmares y sus loteos adyacentes se autoconvocaron en la esquina de Libertador Norte y Güemes para manifestar su preocupación por una reciente ola de robos en la zona. Los residentes expresaron su inquietud y pidieron un incremento en la presencia policial y municipal.

Durante las últimas dos semanas, los habitantes del barrio han sido víctimas de varios robos, lo que generó un ambiente de inseguridad. “Estamos muy preocupados por los recientes robos. La situación se ha vuelto insostenible y necesitamos una respuesta urgente de las autoridades”, afirmó uno de los vecinos durante la protesta.

El domingo por la tarde, alrededor de las 15, se registró un nuevo robo en una vivienda ubicada en calle Los Robles al 2600. Un ladrón logró ingresar a la casa tras forzar una ventana y sustrajo un monopatín. La Policía está investigando el hecho, que fue registrado por las cámaras de seguridad.

En respuesta a las demandas de los vecinos, se hicieron presentes el secretario de Prevención Urbana municipal, Nelson Carrizo; el director general de Prevención, Néstor Perrone; y la comisario Analía Ludueña, a cargo provisoriamente de la Departamental de Policía. Carrizo anunció que los barrios Palmares, Villa Golf y El Prado contarán con un móvil del Cuerpo de Prevención Urbana que realizará patrullajes constantes en la zona. “Vamos a intensificar los patrullajes y además invitamos a los vecinos a unirse al programa ‘Ojos en alerta’ para trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad”, dijo Carrizo.

Por su parte, la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba también se comprometió a reforzar los patrullajes en el área. Durante la reunión, patrulleros y motocicletas ya recorrían el sector norte de la ciudad.

Recordemos que el programa "Ojos en Alerta" permite a los vecinos reportar situaciones de inseguridad o comportamientos sospechosos a través de un mensaje de WhatsApp (al 3564-666454). Esta información es recibida en una central que coordina con las fuerzas de seguridad para una respuesta rápida. 

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor recibió durante el primer semestre del año 20.616 reclamos a entidades financieras de consumidores de todo el país, según un relevamiento difundido este jueves. El área dependiente de la Secretaría de Comercio, que replicó el informe a través de X (ex Twitter), precisó que el 33,3% del total de reclamos correspondió al rubro Tarjetas; el 22,6% a Paquetes de productos; el 18% a Cajas de ahorro; el 16,2% a Seguros; el 5,5% a Préstamos personales y el 4,4%, a Compañías financieras.Según Defensa al Consumidor, las empresas con mayor cantidad de reclamos son Naranja X, Supervielle, Brubank, Ualá, Wenance, Postacred, Moni online, Creditia, Credicuotas y Efectivo Sí.

Mediante la Ley Nacional de Defensa de las y los consumidores cuidamos tus derechos.Durante el primer semestre recibimos 20.616 reclamos sobre servicios financieros desde distintos puntos del país. pic.twitter.com/j8SQYg0X3b

En este sentido, dicha área recalcó que "las compañías financieras deben cumplir las condiciones que ofrecieron, respetar las promociones y bonificaciones, brindar las bajas al ser requeridas, así como garantizar una correcta atención y el acceso a una información cierta, clara y detallada sobre sus servicios".Por último, el relevamiento detalló que la provincia de Buenos Aires, con el 43,5%, fue el distrito donde más reclamos se efectuaron; le siguen la ciudad de Buenos Aires (27,97%), Santa Fe (7,28%), Córdoba (5,12%), Mendoza (3,61%), Entre Ríos (2,35%), Río Negro (1,27%) y Tucumán (1,14%).Debajo de ese umbral se sitúan Neuquén (0,99%), Chubut (0,81%), San Luis (0,81%), Misiones (0,67%), Salta (0,65%), Corrientes (0,54%), Chaco (0,51%), Santa Cruz (0,48%), San Juan (0,43%), Jujuy (0,38%), Santiago del Estero (0,37%), Catamarca (0,28%), Tierra del Fuego (0,26%), La Pampa (0,21%), La Rioja (0,19%) y Formosa (0,18%).