La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió este martes que la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. Fue un revés para la central obrera que quiso que el expediente cambie de Cámara.

El fallo, en línea con el pedido que había hecho la Casa Rosada, fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Según indicaron fuentes judiciales, el conflicto se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa. En ese marco, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo.

Por eso, la Cámara resolvió que le corresponde intervenir para dirimir la contienda y determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, de acuerdo con lo establecido en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En su resolución, el tribunal cuestionó el trámite adoptado por el juzgado laboral, al señalar que se apartó del procedimiento previsto para este tipo de planteos y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.

Al analizar la cuestión, los camaristas consideraron que el caso involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, entre ellos la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.

Para la central obrera, es una mala noticia: saben que el Fuero Contencioso es afín a la gestión Javier Milei y convalidará la vigencia total de la normativa que cuestionó mediante una cautelar por inconstitucionalidad. De todas maneras, al igual que el Gobierno, sabe todo el recorrido judicial finalizará en el máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa que discute la reforma laboral y dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley. La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino.

La resolución se dictó en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, en trámite ante el Juzgado N° 63, y revisa el alcance del recurso interpuesto por el Estado contra la medida cautelar innovativa dictada el 30 de marzo. En ese antecedente, el juez Enrique Ojeda había hecho lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo y suspendido la vigencia de una cantidad relevante de artículos de la Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de ese mes.

Según surge de la resolución de Cámara, el Estado había apelado esa decisión y el recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a ese encuadre, el Estado se presentó en queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo.

La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales vinculados a la tutela de derechos especialmente protegidos.

En ese sentido, los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones. Destacaron además que la cautelar había suspendido la vigencia de una cantidad significativa de artículos de una ley sancionada por el Congreso, lo que activa el régimen especial previsto en la norma. Bajo ese criterio, señalaron que corresponde que sea la Cámara —en tanto tribunal colegiado— la que evalúe la confirmación o revocación de la medida, en función de la entidad institucional del acto cuestionado.

Con ese encuadre, el tribunal resolvió “modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación deducido por el Estado Nacional”. La consecuencia inmediata es que la cautelar deja de tener efecto mientras se sustancia el trámite ante la Cámara.

Desde el punto de vista práctico, la decisión implica que los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos recuperan vigencia en esta etapa del proceso. La medida cautelar, que había tenido efecto inmediato y alcance general, queda sin aplicación hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo.

La presentación original de la CGT había cuestionado una parte sustancial de la reforma laboral, con argumentos centrados en la afectación de derechos laborales y sindicales. Entre los puntos objetados se incluyeron modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical.

El fallo de primera instancia había considerado acreditados los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable, y sobre esa base dispuso la suspensión de 83 artículos de la ley.

El Estado nacional apeló esa decisión a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde cuestionó la procedencia de la cautelar, la legitimación de la CGT y el alcance de la resolución judicial. También sostuvo que no existía un caso concreto que justificara la suspensión de una norma de carácter general sancionada por el Congreso.

Además de la apelación, el Gobierno presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de que se revise la suspensión de la reforma laboral.

La Ley 27.802 forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno en materia económica y laboral. El Ejecutivo sostiene que introduce cambios destinados a modificar el funcionamiento del mercado de trabajo, con el objetivo de reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo.

En resumen, la intervención se inscribe en la estrategia judicial del Gobierno, con participación del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En tanto, desde el sector sindical, la norma es cuestionada por considerar que implica una reducción de derechos laborales y una alteración del sistema de protección vigente.

Con la decisión de la Cámara, el expediente continúa su trámite en una nueva etapa. El tribunal deberá analizar los planteos de fondo formulados por las partes y definir si corresponde confirmar o revocar la medida cautelar en función de los argumentos jurídicos presentados.

Hasta tanto se produzca esa definición, la reforma laboral se mantiene vigente en los términos establecidos por la ley. La discusión judicial sigue en curso y no se descarta su eventual tratamiento por la Corte Suprema en instancias posteriores.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió este lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

Según consta en el fallo, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, en donde argumentó que los cambios introducidos afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.

La demanda de la CGT solicita una declaración de inconstitucionalidad para artículos que modifican leyes históricas del trabajo en Argentina, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y diversas normas vinculadas con jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva y estatutos sindicales. Entre los puntos objetados se encuentran la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para las plataformas tecnológicas, la limitación de responsabilidad solidaria de empleadores, la eliminación del principio “in dubio pro operario”, cambios en estatutos de huelga y representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555).

El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo, así como por la Procuración del Tesoro de la Nación, respondió al planteo oponiendo una serie de cuestionamientos formales y sustanciales.

Entre los argumentos presentados por el Estado figuran la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores de manera directa, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta respecto a los derechos invocados y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa, señalando que la suspensión provisional de una ley afecta el interés público y la división de poderes establecida por la Constitución.

El tribunal consideró que la acción cumple con los requisitos procesales necesarios para habilitar una “acción declarativa” prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y reconoció la legitimación colectiva de la CGT para representar los intereses involucrados, de acuerdo con la jurisprudencia y las regulaciones vigentes.

Asimismo, examinó el alcance de la vía cautelar y determinó que en este contexto corresponde dictar una medida innovativa que mantenga el “status quo” con el fin de evitar eventuales daños irreparables hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

En el análisis de los artículos impugnados, el tribunal puntualizó que las objeciones planteadas refieren, entre otros aspectos, a la exclusión de trabajadores de plataformas tecnológicas de la protección general, la eliminación de la presunción de relación laboral por prestación de servicios, la reducción de garantías en casos de tercerización, la flexibilización en materia de jornada y vacaciones, la restricción de atribuciones sindicales, la modificación de mecanismos de extinción y cálculo indemnizatorio, así como la creación de nuevos fondos de asistencia laboral que, según la parte actora, podrían afectar la financiación de la seguridad social.

En relación al peligro en la demora para justificar la medida, el juez indicó que la posible aplicación de las normas atacadas, antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos protegidos por la norma anterior. Además, destacó que la suspensión cautelar es de carácter provisional y no afecta el debate de fondo, señalando que “la suspensión urgente de los efectos de las normas atacadas brindará mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”.

El Estado Nacional también sostuvo que las reformas legislativas obedecen a una política pública dirigida a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal, pero el tribunal consideró que tales argumentos corresponden a debates de índole política que exceden la jurisdicción y concluyó que el análisis judicial deberá centrarse en la compatibilidad constitucional de la nueva legislación.

De acuerdo con lo dispuesto, la suspensión alcanza una serie de artículos detallados en la resolución judicial, los cuales incluyen modificaciones al ámbito de aplicación, condiciones salariales, protección ante despidos, nuevos marcos para jornadas laborales, licencias y protección sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo y otros estatutos sectoriales. Además, la medida es aplicable a todos los trabajadores y empleadores cuyas relaciones estén regidas por la Ley de Contrato de Trabajo y legislaciones complementarias.

El viernes pasado, como anticipó Infobae, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos. 

La ley de reforma laboral tuvo este jueves su primer fallo en contra, que llegó a través de un juez laboral de Córdoba que declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley, el que regula la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa.

Este apartado refiere a los juicios laborales y determina qué se puede reducir entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se usaban en varios tribunales laborales previo a la vigencia de la nueva ley.

El artículo 55 establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, usando intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.

Al respecto, el juez Ricardo Gileta resolvió que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55” en su sentencia con fecha del 10 de marzo, pero que se conoció este jueves.

El magistrado sostuvo que el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma laboral, esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

El magistrado explicó que el artículo 55 de la "Ley de Modernización Laboral" introduce un criterio distinto para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma. 

En esos casos, la ley fija que las deudas se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación, con un piso equivalente al 67% del cálculo que establece el artículo 276 de la legislación laboral vigente.

Para Gileta, ese tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El fallo subrayó que los créditos laborales tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo, o sea que cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, participó del aniversario de la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde confirmó que la Nación duplicará los envíos mensuales a la Caja de Jubilaciones provincial y defendió las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

En diálogo con La Voz del Interior, el funcionario aseguró que el acuerdo con la administración de Martín Llaryora ya está cerrado. “Ya tenemos acordado con Córdoba la asistencia por la Caja de Jubilaciones. Acordamos que serán 10 mil millones mensuales. Nos hemos puesto de acuerdo”, afirmó.

Actualmente, la Anses gira $ 5 mil millones por mes y, desde mayo, ese monto se elevará a $ 10 mil millones. El entendimiento se da en el marco de una negociación supervisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que interviene ante dos demandas presentadas por Córdoba por deudas previsionales. Mientras se concilian los balances del período 2019-2024 y se determina el monto total adeudado, la Nación continuará con pagos a cuenta, ahora con un incremento del 100%.

Caputo valoró además la relación institucional con la Provincia. “Seguimos trabajando muy bien con el equipo del ministro Guillermo Acosta”, señaló, y agregó que el Gobierno nacional continuará acompañando a las provincias en la toma de deuda: “Nosotros colaboramos y ellos también nos ayudan”.

Durante su exposición ante más de 600 empresarios, el ministro defendió la reforma laboral al sostener que apunta a “eliminar distorsiones” que desalientan la contratación. En ese sentido, afirmó que el alto costo y la incertidumbre ante un despido frenan la generación de empleo formal.

En materia cambiaria, ratificó la continuidad de las bandas y aseguró que la acumulación de reservas “supera lo comprometido con el FMI”. También negó una apertura importadora descontrolada al afirmar que “no hay un boom de importaciones”.

Al iniciar su discurso, Caputo destacó que el Gobierno redujo el gasto público “un 30% en términos reales” y eliminó “cinco puntos de déficit fiscal en un mes”. “Sin afectar la propiedad privada, sin default ni planes Bonex, sino por determinación”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo oficial es ganar competitividad sin recurrir a devaluaciones, sino a través de la baja de impuestos, regulaciones y la promoción de inversiones privadas.

Los sindicatos y organizaciones gremiales de San Francisco difundieron un documento conjunto en el que expresan su rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional y a la reforma previsional sancionada en la provincia de Córdoba.

En representación de sus trabajadores y trabajadoras, las entidades firmantes señalaron que la declaración surge de la necesidad de fijar “una postura técnica y política clara frente a normativas que, bajo el pretexto de la modernización o la emergencia económica, desmantelan décadas de conquistas sociales y perforan el piso de dignidad de nuestra comunidad”.

La ausencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional San Francisco como firmante institucional abrió interrogantes. Aunque la central no rubricó el documento, su secretaria general, Paula Cabrera, sí lo hizo al frente del sindicato de la madera. ¿Es una señal de matices internos dentro del movimiento obrero local o una decisión estratégica de la conducción cegetista? El dato introduce un elemento político que no pasó inadvertido en el escenario gremial de la ciudad.

En relación con la iniciativa nacional, los gremios sostuvieron que el nuevo marco normativo “constituye un retroceso sin precedentes que vulnera el principio de progresividad tutelado por la Constitución Nacional”.

En el documento cuestionan la modificación de los regímenes indemnizatorios, la extensión de los períodos de prueba y la flexibilización de las condiciones de contratación, al considerar que representan “un ataque directo a la estabilidad laboral y a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”.

También calificaron como “particularmente despiadada” la regresión en materia de licencias por enfermedad inculpable. Según expresaron, se pretende “limitar la protección del trabajador en el momento de mayor fragilidad psicofísica, facilitando despidos en contextos de convalecencia y alterando el régimen de salarios caídos”.

Asimismo, afirmaron que el proyecto resulta inconstitucional por contravenir el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ordena la protección del trabajo en todas sus formas. En ese sentido, indicaron de manera indirecta que la iniciativa dejaría al trabajador “en un estado de absoluta indefensión frente al capital, incluso ante contingencias biológicas o de salud”.

El bloque gremial también repudió la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. En el texto señalaron que las modificaciones en el cálculo del haber inicial y el diferimiento de los aumentos para el sector pasivo “no son medidas de ajuste técnico, sino una confiscación de derechos adquiridos que atenta contra el carácter alimentario de la jubilación”.

Afirmaron además que la normativa “es nula de toda nulidad” por considerar que viola la garantía de movilidad jubilatoria y la proporcionalidad entre el salario del trabajador activo y el haber del pasivo. Según indicaron, la reforma vulnera el derecho a la propiedad de los aportantes y desnaturaliza la seguridad social integral e irrenunciable.

Frente a lo que definieron como “un escenario de regresión normativa”, los gremios ratificaron su “unidad institucional en defensa de la ley y el orden constitucional”.

“No aceptamos que el saneamiento de las cuentas públicas o las metas fiscales se logren mediante el despojo de los derechos laborales y el sustento de nuestros jubilados”, expresaron.

Además, adelantaron que agotarán “todas las vías legales pertinentes para impugnar estas medidas que atropellan la dignidad del pueblo trabajador” y concluyeron con una definición política contundente: “Los trabajadores y sus derechos no son la variable de ajuste”.

El documento fue suscripto por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem); el Sindicato Regional de Luz y Fuerza; La Bancaria; Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Sindicato de Camioneros; Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc); Judiciales Córdoba; Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac); Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social; y Sindicato Obreros de la Industria de la Madera.

La cúpula de la CGT resolvió este miércoles concretar una marcha el lunes próximo para acompañar una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe esa norma en la sesión del viernes.

Así lo resolvió la mesa chica después de una reunión que se llevó a cabo en la sede de UPCN.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, dijo el triunviro Jorge Sola al finalizar el encuentro.

El dirigente sostuvo que el próximo lunes habrá una “movilización" hacia Plaza Lavalle, frente a los tribunales, ”acompañando la petición a la Justicia".

El encuentro tuvo lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Participaron de la reunión Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros.

En la CGT buscarán además hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

Varias frases utilizadas en las crónicas periodísticas para explicar situaciones que se producen en las contiendas deportivas están cargadas de significados oportunos para aplicar a la palpitante y convulsa política nacional. Mucho más en una semana agitada, en la que el gobierno volvió a enredarse solo, cometió errores de principiante y dejó la pelota picando en la puerta del arco… De su propio arco.

En este juego de analogías, resulta inevitable evocar aquel entretiempo del Mundial de 1990, cuando, tras haber sufrido un verdadero baile ante Brasil, el entonces director técnico de la selección nacional se limitó a advertirles a sus jugadores que “si se la siguen dando a los de amarillo vamos a perder”. Si bien en la simbología política argentina el amarillo se identifica con lo que queda del PRO, aliado del gobierno, la lógica de aquella frase de Carlos Bilardo, personaje al que públicamente el presidente le expresa admiración, también aplica a lo ocurrido.

El gobierno se vio contra las cuerdas cuando advirtió que el artículo referido a las licencias por enfermedad incluido en el proyecto de reforma laboral había caído muy mal, incluso en muchos de sus propios votantes. El episodio expuso, una vez más, una seguidilla de errores no forzados. Nadie se hizo cargo de la inclusión de ese texto, aprobado a ciegas por senadores que dieron muestras de amateurismo parlamentario, y las explicaciones posteriores del ministro Federico Sturzenegger definitivamente embarraron la cancha. El intento de “arreglarlo” luego vía decreto reglamentario fue percibido como una jugada antirreglamentaria. La intención de cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando evocó de inmediato las argucias de la actual dirigencia de la AFA. Finalmente, algo de cordura apareció y el artículo 44 fue eliminado del proyecto que, no sin sobresaltos, aprobó Diputados y remitió nuevamente al Senado.

Gracias a los desajustes tácticos y estratégicos del gobierno, la CGT, que venía perdiendo todos los rounds, se despabiló. Encontró argumentos, clima y oportunidad para llamar a un paro general. Cuando todo indicaba que estaba por tirar la toalla, la oposición más dura se paró de nuevo en el centro del ring. La votación favorable en Diputados aminoró el fallido que casi provoca el despiste del oficialismo y recordó aquella memorable asistencia de Maradona para que Caniggia definiera el cotejo en el que le daban todas las pelotas a los de amarillo y sellara el pase a la siguiente ronda.

La aprobación de la reforma sin el texto más resistido y la expectativa de su pronta sanción definitiva atenuaron el barquinazo. Pero el partido, claramente, no ha terminado. El cierre de Fate fue un golpe seco, de esos que hacen tambalear incluso al que va ganando. Se da en un contexto económico que empieza a mostrar efectos sociales evidentes. Tanto que hasta el Fondo Monetario Internacional habló de “mitigar los costos de transición”. Es un banderín en alto que advierte sobre la necesidad de encontrar recetas para no caer en “offside” frente a una problemática muy sensible.  

Sin embargo, pese a que la actuación de su equipo tiene aspectos que desconciertan,  Milei sigue conservando un importante nivel de aceptación. La explicación vuelve a estar en la política: no aparecen alternativas sólidas, ni liderazgos que disputen el dominio del juego. Escenas como la de una diputada desconectando micrófonos y lanzando insultos en plena sesión funcionan como muestras del desenchufe de una oposición que no logra conectar en la cancha.

Todo indica que el oficialismo buscará exhibir la sanción definitiva de la reforma laboral como trofeo en la próxima apertura de sesiones del Congreso. En verdad, sería una victoria relevante para un gobierno no peronista. Pero el juego sigue. Y varios funcionarios parecen haberse acostumbrado a meter dentro de su propio arco las pelotas que van afuera. Por eso, frente a lo acontecido en los últimos días y aunque el tablero marque ventaja, prevalece la cautela.

Tras la agitada semana que se vivió, si esto fuera un tuit, el jefe de Gabinete escribiría “fin”. Pero en la política argentina, como en el fútbol, el alargue y los penales siempre traen sorpresas.¿Fin?

En una sesión extensa, atravesada por acusaciones cruzadas y en el marco de movilizaciones en todo el país y un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral. El proyecto obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra en la votación en general y ahora deberá ser ratificado por el Senado.

 Durante el tratamiento en particular, el oficialismo blindó los 26 títulos y 218 artículos del texto. Entre los puntos más debatidos estuvieron la regulación de las indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales, limitaciones al derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

 Para su aprobación, la iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y algunos monobloques. En contra votaron los diputados de Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros legisladores.

 En el Senado, el oficialismo ya emitió dictamen en plenario de comisiones con el objetivo de convertir la iniciativa en ley en los próximos días, en línea con el pedido del presidente Javier Milei.

 En la representación cordobesa se registraron ausencias: Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres no participaron de la sesión.

 Votaron a favor, entre otros, Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, María Celeste Ponce, Luis Picat, Laura Rodríguez Machado y Carlos Gutiérrez. En contra lo hicieron Juan Brügge, Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.

 Víctor Lescano (Suoem): “Es un retroceso en derechos”

 El secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) San Francisco y Zona, Víctor Lescano, fue uno de los más críticos. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, sostuvo que la aprobación representa “un daño que va a ser lamentable para la clase trabajadora”.

 “Nosotros como gremio siempre hemos manifestado desde el primer momento que iba a ser un 2026 muy complicado, pero a esto se suma la tristeza de ver en la Cámara de Diputados cómo dirigentes del sector peronista han sido funcionales al gobierno nacional”, expresó.

 El dirigente apuntó contra legisladores que, según dijo, “terminan votando como quiere el gobierno nacional porque terminan negociando”, y consideró que “esto es un retroceso en derechos que deja a los trabajadores a merced de la patronal. Entonces, son todos cómplices”.

 Consultado sobre el argumento oficial de que la reforma generará empleo formal, fue categórico: “Todo por el contrario. No va a generar nuevos empleos. El Estado está totalmente precarizado. En el privado, ¿cuántas pymes se vienen cerrando por día? (…) Son todas mentiras”.

 Para Lescano, la norma “es una provocación y un ataque directo a los sindicatos para debilitar el movimiento sindical” y llamó a los senadores cordobeses a que “tengan grandeza” cuando deban votar el proyecto.

Lucas Sarmiento (UOM): “Una ley no va a crear trabajo”

 El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Francisco, Lucas Sarmiento, aseguró que la preocupación del sector “no es un solo artículo, sino los más de doscientos artículos”.

 “La reforma laboral, la mal llamada modernización laboral, desde que arranca hasta que termina, es dañosa para el trabajador. Toda”, afirmó.

 Entre los puntos cuestionados mencionó la creación del banco de horas, la posibilidad de extender la jornada hasta doce horas y la modificación en el cálculo de indemnizaciones. También advirtió sobre el fraccionamiento de vacaciones y la caída de convenios por actividad.

 “Es una locura pensar que va a crear trabajo una ley. Una ley no va a crear trabajo. Lo que va a crear trabajo es tener una economía estable”, sostuvo.

 Según Sarmiento, el objetivo central es “debilitar las organizaciones sindicales” y advirtió que, si el Senado ratifica el texto sin cambios, el sindicalismo profundizará el plan de lucha. “Si no reaccionamos, va a ser tarde”, dijo.

 Marcos Quaglino (La Bancaria): “Avasalla artículos constitucionales”

 En la misma línea, el secretario general de La Bancaria seccional San Francisco, Marcos Quaglino, calificó la iniciativa como “regresiva y sin ningún beneficio para los trabajadores”.

 Recordó que el texto sufrió modificaciones de último momento, como la eliminación del artículo vinculado a licencias por enfermedad, y cuestionó cambios en el cálculo de las indemnizaciones, que —según explicó— excluirían conceptos como el aguinaldo y premios.

 También objetó la creación de un fondo de cese laboral que reemplazaría la indemnización por antigüedad. “Para muchos significa un ahorro forzado del propio trabajador para costear su propio despido”, afirmó.

 Quaglino sostuvo que la norma podría ser judicializada al considerar que “avasalla artículos constitucionales”, y rechazó la idea de que la quita de derechos incentive inversiones. “El trabajo se crea cuando hay una política económica que incentive la inversión y el consumo. No creo que quitando derechos vengan más inversiones”, expresó.

 Sobre el rol sindical, indicó que los gremios deberán “plantarse” para defender convenios y paritarias, y advirtió que las restricciones al derecho de huelga y a las asambleas “son regresivas hacia los trabajadores”.

 Con dictamen ya emitido en la Cámara alta, el proyecto de reforma laboral se encamina a su votación definitiva. Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para fomentar el empleo formal, los gremios consultados por este diario coinciden en que se trata de un retroceso que afecta derechos adquiridos y debilita la organización sindical.

 El debate ahora se traslada al Senado, donde se definirá el futuro de una de las leyes centrales del programa del Gobierno nacional.

En un trámite veloz, que demandó algo más de una hora de debate, el proyecto de ley de reforma laboral obtuvo esta mañana dictamen de comisión en el Senado y quedó, así, en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Javier Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1° de marzo.

El despacho acepta la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.

El dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto yHacienda fue apoyado por el oficialismo libertario y los bloques de la oposición dialoguista (UCR, Pro, fuerzas provinciales) y el solitario rechazo de las facciones del peronismo reunidas en el interbloque Popular, que objetaron el contenido de la iniciativa, a la que tachan por inconstitucional y por conculcar derechos a los trabajadores.

El debate de comisión esta mañana fue conducido de manera expedita por la jefa de la bancada libertaria y, también, presidenta de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich (Capital).

En el inicio de la reunión, la senadora oficialista no se explayó en cuestiones políticas y sólo habló para anunciar que el dictamen iba a ratificar lo aprobado por la Cámara baja en el debate que concluyó esta madrugada.

“El dictamen que le vamos a proponer a las comisiones es para aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo que no está mas, que es el artículo 44″, informó Bullrich, tras lo cual aseguró que la intención es “tratarlo (al proyecto) el viernes que viene”.

Desde el kirchnerismo, el primero en manifestar el rechazo de la bancada fue el chaqueño Jorge Capitanich. Lo siguió el porteño Mariano Recalde, quien impugnó el trámite veloz impuesto por el oficialismo al tratamiento del proyecto.

“Nunca habíamos visto un procedimiento tan irregular; se aprobó todo a libro cerrado”, se quejó Recalde, quien calificó el contenido de la reforma laboral como “una afrenta a los trabajadores cada vez más escandalosa”.

Sobre el proyecto, el senador kirchnerista dijo que “no hay un sólo artículo que le mejore la vida a la gente; es más, le empeora la vida a la gente” y reiteró la advertencia acerca de que “esta ley va a terminar en la Justicia porque afecta derecho constitucionales”.

La kirchnerista Florencia López apuntó sus críticas a los senadores que apoyaron la reforma laboral. “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44″, acusó.

Además, López impugnó el plenario de comisiones por considerarlo “un acto jurídico inexistente, porque nos convocaron a tratar algo que todavía no se había salido de la Cámara de Diputados”. Se refirió, así, al hecho de que la reunión fue convocada en la noche del miércoles, incluso antes de que comenzara el debate en la Cámara baja.

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitirá dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocar para las 10 de hoy fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.

El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar  horas extras.

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.

La Oficina del Presidente celebró la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, y destacó que se trata de “una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”. 

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, indicó el Gobierno.

En un mensaje en redes sociales, la Oficina del Presidente sostuvo que “la nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”. 

Además, el Gobierno remarcó que la ley “incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distorsiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades”. 

“Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales. Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal”, subrayó el oficialismo.

Además, agregó: “Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”. 

“El Presidente Javier G. Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente”, afirmó la Oficina del Presidente.

Pasada la medianoche de este viernes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma laboral en una sesión atravesada por el paro nacional convocado por la CGT y una movilización frente al Congreso que concluyó con incidentes y detenidos.

El proyecto obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra. Debido a los cambios introducidos durante su tratamiento —entre ellos la eliminación del artículo 44 vinculado a licencias médicas— la iniciativa regresará al Senado, que ya le había otorgado media sanción.

El debate se desarrolló en un clima de fuerte tensión política. Desde el kirchnerismo impulsaron que el texto volviera a comisión, aunque el oficialismo avanzó con una estrategia reglamentaria para continuar con la votación y finalmente habilitó la palabra a los oradores inscriptos.

En el caso de la representación cordobesa, hubo ausencias. No participaron de la sesión Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca ni Alejandra Torres. Desde el entorno del exgobernador indicaron que no pudo viajar por la afectación del transporte aéreo a raíz del paro, mientras que Torres tenía compromisos en el exterior. Sobre García Aresca no hubo precisiones públicas.

Durante el tratamiento también se abordó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más debatidos por las modificaciones en el esquema de indemnizaciones.

Entre los diputados cordobeses que tomaron la palabra, Juan Brügge cuestionó la técnica legislativa del proyecto y votó en contra. Natalia de la Sota rechazó la iniciativa y la calificó como parte de un “paradigma deshumanizante”. Por su parte, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, respaldó la propuesta y pidió avanzar con la votación.

Votaron a favor: Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, María Celeste Ponce, María Cecilia Ibañez, Enrique Luch, Marcos Patiño Brizuela, Belén Avico, Luis Picat, Laura Rodríguez Machado, Laura Soldano, Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez.Votaron en contra: Juan Brügge, Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.

Estuvieron ausentes: Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti y Alejandra Torres.

El proyecto de reforma laboral  que aprobó la Cámara de Diputados y el oficialismo buscará convertir en ley la próxima semana en el Senado establece cambios en la ley de contrato de trabajo, en la Asociaciones Sindicalistas, limita el derecho de huelga,  entre otros. 

“Los Convenios Colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor”, dice la ley.

Se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso los sindicatos en la representación de los derechos colectivos.

Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo. 

Solo quedarán vigente las normas referidas a las condiciones trabajo.

Se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

Se mantiene el criterio de pago al trabajador de “una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”. 

Sin embargo, se especifica que en las liquidaciones resarcitorias por despidos sin causa “no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual".

Pago en hasta 6 cuotas (12 cuotas en Pymes) mensuales consecutivas, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del 3% anual.

La determinación de los montos, de esta manera, ya que dependerá de la interpretación de un juez.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos que se conformara con una contribución mensual del UNO POR CIENTO (1%) para las grandes empresas y DOS Y MEDIO PORCIENTO (2,5%) para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

“A cambio de esos aportes, las empresas recibirán el beneficio de descuentos en las contribuciones patronales que tienen destino a la Seguridad Social (ANSES)", dice la ley.

“Se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico aplicable.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Las vacaciones se otorgarán: entre 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente” y se podrán tomar en forma dividida con un plazo mínimo de 7 días.

Los empleadores deberán notificar por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”. 

Se incorpora la posibilidad de que el empleador remunere al trabajador en moneda extranjera, al margen de la moneda nacional, especie, habitación o alimentos, modalidades ya comprendidas en el régimen actual.

“Se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior, en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador”, establece el proyecto.

“Si transcurriese un plazo de dos (2) años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera fuera la causa, y el trabajador reingresara a prestar servicios con el mismo empleador, la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada”, dice la norma.

Tope del 2% en las cuotas solidarias.

Asambleas sólo podrán realizarse en los establecimientos de trabajo con la autorización del empleador.

Se les reconocerá a los delegados sindicales, para “el ejercicio de sus funciones”, un crédito de hasta DIEZ (10) horas mensuales retribuidas”.

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como "servicios esenciales" (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%).

Serán consideradas "infracciones muy graves" cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:

a. afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas; 

Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal que contrata a una tercera empresa para la prestación de servicios.

“Los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o a proporcionarlos a terceras empresas”, se estipula.

Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable. 

Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales.

Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios.

Se eximen los intereses de plazos fijos en dólares y el resultado de la venta de inmuebles destinados a casa-habitación (desde 2026).

Se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial

Se establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Se posterga hasta el 2028 la eliminación del 10% de las entradas,  un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom, que financia el Instituto de Cinematografía.

Derogación de la ley de teletrabajo y reemplazo por modalidades más flexibles.

Derogación de estatutos específicos (como el Estatuto del Periodista Profesional) en un plazo de un año desde la sanción de la ley.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, celebraron en el recinto de Diputados la aprobación de la reforma laboral.

Tal como sucedió la semana pasada en el Senado, los funcionarios nacionales se acercaron a la Cámara baja poco antes del momento de la votación.

Tras conocer el resultado de 135 votos afirmativos contra 115 negativos, los integrantes del Poder Ejecutivo festejaron con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados.

Karina Milei, Adorni y Santilli se mostraron juntos en la Cámara de Diputados en momentos en que el presidente Javier Milei se encontraba en un vuelo de regreso desde los Estados Unidos.

En el palco oficial también estuvieron acompañados por el secretario Eduardo “Lule" Menem.

En una sesión extensa con ribetes escandalosos, en medio de movilizaciones en todo el país y un paro general de la CGT, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.

Ese incluye artículos polémicas como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del INCAA.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.

Los gobernadores peronistas que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta) y los provinciales Hugo Passalacqua, y Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).

La deliberación comenzó en medio de un escándalo cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor.

El método de votación generó la indignación de Unión por la Patria, y varios de sus integrantes salieron disparados de sus bancas y se precipitaron sobre el estrado de la Presidencia para exigirle a Martín Menem que rectificara la decisión.

El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.

Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos acalorados en el recinto y en una acción insólita que le puede traer consecuencias a futuro apagó el micrófono mientras hablaba su par oficialista Carlos Zapata.

Pero no fue el único escándalo que sucedió en la sesión ya que se desató otra controversia cuando el peronismo quiso suspender la sesión en un momento determinado al advertir que la sesión había perdido el quorum.

Con la ayuda de Silvana Giudici y Luis Petri, Menem logró salir del apuro y evitar que se suspendiera la sesión.

El presidente de la comisión del Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma laboral y destacó “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”.

Almirón, el único libertario que expuso a lo largo del debate y que fue abucheado por los opositores por leer su discurso, dijo que "hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino".

“No podemos ignorar la realidad de la que partimos y la realidad es que hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social”, graficó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que si se aprueba la reforma laboral va a haber “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”.

Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”.

Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

La diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley sostuvo que “los chorros” son los diputados de extracción peronista, como los tucumanos de Independencia y los de Elijo Catamarca, que dieron quórum a la sesión para que el oficialismo pueda votar la reforma laboral.

Mientras daba su discurso, la legisladora kirchnerista aseguró que “los chorros son los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los que ustedes compran”.

“A esta ley también la está atravesando una Banelco. Pero lo lamentable de esta nueva Banelco es que se hace a la luz del día, que son las cajas de las provincias”, siguió.

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo “es un error” y que es “mejor negociar" con la representación sindical donde existen "marcos de mucha más racionalidad".

“Va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos”, alertó.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola desmintió que existan “problemas de costos laborales” en el país, como afirma el Gobierno.

“No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es 1.300.000 pesos y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, graficó.

“El problema son las tasas de interés, la desinversión, la fuga de capitales, la especulación financiera, el vaciamiento de empresas, los impuestos que van al pago de una deuda ilegítima y usuraria. Esos son los problemas, no el costo laboral. Es una burrada y por eso van a fracasar”, vaticinó.

El diputado radical mendocino Lisandro Nieri defendió el proyecto al asegurar que la actual ley "es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto".

“El marco laboral actual, lo único que ha logrado en los últimos años, es aumentar la litigiosidad, la informalidad y los costos laborales”, subrayó.

El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que "no hay plata" para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos".

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.

Por su parte, Juan Grabois (Unión por la Patria) consideró que esta ley “es de obsolescencia y regresión", y deja afuera cuestiones muy actuales como "la inteligencia artificial, el teletrabajo, la telemedicina”.

La diputada nacional de Coherencia Marcela Pagano aseguró que ella estaba a favor de impulsar una reforma laboral, “pero no así”, recordando que ella misma presentó un proyecto que no fue tenido en cuenta por el oficialismo.

Sobre los riesgos que supone la reforma del Gobierno, la ex periodista dijo que está en juego la libertad de expresión a partir de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.

Myriam Bregman (Frente de Izquierda) alertó que la reforma laboral del Gobierno “perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras”.

Mencionó en ese sentido la política del banco de horas, que pone en riesgo la jornada laboral con horarios establecidos e impide que los trabajadores puedan organizar sus vidas.

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner sostuvo que se opone a la ley de reforma laboral “porque va a fracasar”

El líder de La Cámpora aclaró que no se opone al proyecto “por capricho” o porque “pertenece a otro espacio político”.

“Me opongo a esta ley porque va a fracasar y porque va a someter a los argentinos y a los más pibes a la patronal o al dueño de turno”, consideró.

Según alertó, la reforma laboral le va a otorgar a los empleadores “mucho más poder sobre sus empleados para poder despedirlos o destrozar su salario y el poder adquisitivo del mismo”.

En el cierre de Unión por la Patria, el jefe de bloque, Germán Martínez, avisó que cuando el peronismo asuma nuevamente el poder "esta ley va a ser derogada inmediatamente”.

“Es llamativo tener una normativa tan absolutamente anti obrera y tan absolutamente tan anti trabajador”, consideró el santafesino.__IP__

Según señaló, la ley laboral del oficialismo “no solamente no moderniza nada” sino que “es pre peronista” y “pre yrigoyenista”.

En la sesión de la Cámara de Diputados que se realiza este jueves para avanzar con el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tres legisladores del sector político vinculado al gobernador de Córdoba Martín Llaryora no están presentes, según fuentes parlamentarias.

Entre los ausentes figuraron Juan Schiaretti, quien había asumido recientemente su banca, el sanfrancisqueño Ignacio García Aresca y Alejandra Torres.

Según las versiones recogidas en el Congreso, la ausencia de los tres diputados resultó estratégica en un contexto en el que el oficialismo necesitaba alcanzar el quórum mínimo para habilitar la sesión. La falta de estos representantes alivió los números para el oficialismo, que consiguió los apoyos necesarios para abrir el debate y avanzar en el tratamiento del proyecto legislativo.

Sobre las razones de las ausencias, se consignó que Torres se encontraba en España por un compromiso vinculado a una ONG, mientras que Schiaretti habría alegado problemas de movilidad debido al paro de aviones en el marco de la huelga de CGT. Por su parte, desde el entorno de García Aresca, hasta el momento, no se informó oficialmente el motivo de su ausencia.

Garcia Aresca ya había faltado el miércoles al plenario de comisiones en el que se emitieron los despachos para la sesión de este jueves. Así, la representación del oficialismo provincial en Diputados quedó reducida a la mitad: Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Juan Brügge sí ocuparon sus bancas.

NOTICIA EN DESARROLLO

La Policía abocada al operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso dispersó este jueves a manifestantes con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, luego de que estos arrojaran piedras y botellas contra los uniformados.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes en las inmediaciones del Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara de Diputados, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización.

También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.

Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Policía Federal detuvo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, mientras la Policía de la Ciudad reporto 8 detenidos más, lo que arroja un total de 12 aprehendidos durante las protestas.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el debate en comisión del proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado, con un cambio central: se eliminará el artículo que modificaba el pago de las licencias por enfermedad o accidente no laboral.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el libertario Lisandro Almirón, quien informó al inicio del plenario —que se desarrolla junto a la Comisión de Presupuesto— que se quitará el artículo 44. Ese punto establecía que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos al ámbito laboral, el trabajador percibiría el 50% del salario, o el 75% si tenía familia a cargo.

Almirón señaló que se pondrá a la firma un dictamen que mantiene el texto sancionado por el Senado en la madrugada del jueves 12, con excepción de los cambios en el régimen de licencias médicas. Además, precisó que hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego los bloques fijarán posición y definirán si acompañan el despacho oficialista o presentan uno propio.

El proyecto de modernización laboral incluye modificaciones en las leyes de trabajo y asociaciones sindicales, una rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y cambios en el sistema de indemnizaciones.

En este escenario, los diputados alineados al gobernador Martín Llaryora, dentro del bloque Provincias Unidas, marcaron objeciones sobre puntos clave. Aunque la bancada aún no definió una postura común, el sector cordobés anticipó diferencias que podrían resultar decisivas en una votación ajustada.

Entre los seis integrantes del subgrupo cordobés se encuentran Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. García Aresca integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que participa del plenario.

Sobre el artículo referido a las licencias por enfermedad, la diputada Torres manifestó que tiene “reparos legales”. “No me parece apropiado el diseño ni la redacción, tan confusa que solo generará problemas. Hay que buscar un nuevo diseño para darle respuesta a esta problemática, para no desproteger a los trabajadores y también reducir los abusos”, advirtió.

Además, los cordobeses cuestionan el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones por despido con un aporte patronal descontado de la contribución previsional. Desde ese espacio alertaron que el esquema podría afectar recursos del sistema jubilatorio.

También expresaron rechazo a la posibilidad de incorporar billeteras virtuales como agentes de pago de salarios. “Las billeteras no van a entrar. En las provincias que tienen bancos provinciales, ¿le van a dar esa posibilidad a una billetera que hace lobby con el gobierno y no cumple las reglas del Banco Central?”, señalaron desde el cordobesismo.

Con estos planteos, el debate en comisiones se desarrolla en un clima de tensión, mientras el oficialismo busca dictaminar el proyecto con el respaldo de aliados y la oposición analiza introducir modificaciones.

El diputado nacional Martín Yeza (PRO) afirmó que el proyecto de reforma laboral es “es un avance fenomenal” para la Argentina, pero cuestionó el artículo sobre licencia por enfermedad, que reduce los salarios entre un 15 y un 50 por ciento, y anticipó que “así como está redactado no lo acompañaríamos”.

“El tema de las enfermedades se incorporó en la medianoche del propio tratamiento (en el Senado) y creo que nadie supo decir muy bien por qué lo hicieron, nadie entiende bien por qué lo incorporaron”, sostuvo Yeza en declaraciones a Radio Rivadavia.

El legislador y ex intendente de Pinamar opinó que la propia senadora del oficialismo Patricia Bullrich reconoció que “si tiene que volver al Senado tendrá que volver” y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, puntualizó: “Nosotros ese artículo así no lo acompañaríamos, porque hasta quedó mal redactado”.

El diputado del PRO, un bloque aliado del oficialismo, agregó que “el proyecto es un avance fenomenal, que tiene detalles que son buenos, y otros que serían perfectibles, como los aportes a las cajas sindicales, que no se terminan de eliminar en su forma compulsiva”.

“Lo que hay que preguntarse es para quién uno legisla. Hay más gente que iría al trabajo, aunque esté enferma, porque no se puede dar el lujo de perder ese 25 o 50 por ciento del sueldo. Entonces qué es lo que se está estimulando" se preguntó y se respondió: "que se te enferme más gente” por enfermedades que aun siendo leves son contagiosas.

“Así como quedó redactado va a ser difícil acompañarlo”, dijo Yeza y puntualizó que “el espíritu de la ley es la modernización laboral, con soluciones para temas concretos como los trabajadores de las plataformas”, añadió.

Además, cuestionó que se haya eliminado el artículo que figuraba en el proyecto original, que permitía al trabajador cobrar el sueldo en billeteras virtuales, y sostuvo: “No entendemos por qué se lo eliminó”.

Finalmente, dijo que entre los mejores cambios que introduce la reforma está “la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permite que cuando una persona quiere irse del trabajo o el empleador lo quiere echar, se resuelve el tema del juicio laboral que de manera muy inusual tiene la argentina”.

Fuente: Noticias Argentinas