Los sindicatos y organizaciones gremiales de San Francisco difundieron un documento conjunto en el que expresan su rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional y a la reforma previsional sancionada en la provincia de Córdoba.

En representación de sus trabajadores y trabajadoras, las entidades firmantes señalaron que la declaración surge de la necesidad de fijar “una postura técnica y política clara frente a normativas que, bajo el pretexto de la modernización o la emergencia económica, desmantelan décadas de conquistas sociales y perforan el piso de dignidad de nuestra comunidad”.

La ausencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional San Francisco como firmante institucional abrió interrogantes. Aunque la central no rubricó el documento, su secretaria general, Paula Cabrera, sí lo hizo al frente del sindicato de la madera. ¿Es una señal de matices internos dentro del movimiento obrero local o una decisión estratégica de la conducción cegetista? El dato introduce un elemento político que no pasó inadvertido en el escenario gremial de la ciudad.

En relación con la iniciativa nacional, los gremios sostuvieron que el nuevo marco normativo “constituye un retroceso sin precedentes que vulnera el principio de progresividad tutelado por la Constitución Nacional”.

En el documento cuestionan la modificación de los regímenes indemnizatorios, la extensión de los períodos de prueba y la flexibilización de las condiciones de contratación, al considerar que representan “un ataque directo a la estabilidad laboral y a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”.

También calificaron como “particularmente despiadada” la regresión en materia de licencias por enfermedad inculpable. Según expresaron, se pretende “limitar la protección del trabajador en el momento de mayor fragilidad psicofísica, facilitando despidos en contextos de convalecencia y alterando el régimen de salarios caídos”.

Asimismo, afirmaron que el proyecto resulta inconstitucional por contravenir el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ordena la protección del trabajo en todas sus formas. En ese sentido, indicaron de manera indirecta que la iniciativa dejaría al trabajador “en un estado de absoluta indefensión frente al capital, incluso ante contingencias biológicas o de salud”.

El bloque gremial también repudió la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. En el texto señalaron que las modificaciones en el cálculo del haber inicial y el diferimiento de los aumentos para el sector pasivo “no son medidas de ajuste técnico, sino una confiscación de derechos adquiridos que atenta contra el carácter alimentario de la jubilación”.

Afirmaron además que la normativa “es nula de toda nulidad” por considerar que viola la garantía de movilidad jubilatoria y la proporcionalidad entre el salario del trabajador activo y el haber del pasivo. Según indicaron, la reforma vulnera el derecho a la propiedad de los aportantes y desnaturaliza la seguridad social integral e irrenunciable.

Frente a lo que definieron como “un escenario de regresión normativa”, los gremios ratificaron su “unidad institucional en defensa de la ley y el orden constitucional”.

“No aceptamos que el saneamiento de las cuentas públicas o las metas fiscales se logren mediante el despojo de los derechos laborales y el sustento de nuestros jubilados”, expresaron.

Además, adelantaron que agotarán “todas las vías legales pertinentes para impugnar estas medidas que atropellan la dignidad del pueblo trabajador” y concluyeron con una definición política contundente: “Los trabajadores y sus derechos no son la variable de ajuste”.

El documento fue suscripto por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem); el Sindicato Regional de Luz y Fuerza; La Bancaria; Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Sindicato de Camioneros; Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc); Judiciales Córdoba; Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac); Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social; y Sindicato Obreros de la Industria de la Madera.

En San Francisco, integrantes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa donde detallaron el reclamo que los moviliza y explicaron cómo avanza el procedimiento de recolección de firmas que respalda su propuesta legislativa. A la cabeza de la actividad estuvieron Beatriz Broglia, vecina jubilada de nuestra ciudad, y Adriana Carranza, una de las seis fundadoras del espacio que impulsa esta herramienta ciudadana.

“Después de toda una vida de trabajo y de haber aportado mes a mes con la esperanza de una vejez tranquila, nos encontramos en una situación muy distinta. En vez de estar disfrutando del merecido descanso, estamos poniendo el cuerpo a una realidad que se ha vuelto cada vez más difícil”, expresó Broglia al abrir la actividad.

Y remarcó: “Esta lucha no es solo por nosotros. También es por quienes hoy están trabajando, para que no les pase lo mismo. Estamos defendiendo derechos que son de todos. En definitiva, estamos defendiendo el futuro”.

Carranza tomó la palabra para contextualizar el origen del colectivo. El disparador fue un video casero, difundido por redes sociales, donde una jubilada viuda denunciaba el impacto del artículo 58 de la ley 8024, que permite un "aporte solidario" obligatorio del haber bruto para quienes perciben jubilación y pensión provincial.

Esa queja encendió una alarma. “Me di cuenta de que lo que a ella le pasaba, me pasaba a mí también”, relató Carranza. Así se gestó este movimiento autoconvocado que, desde sus inicios, se caracteriza por ser independiente de partidos políticos y gremios. Esa libertad les dio legitimidad para construir un camino que se consolidó a través de la herramienta de la iniciativa popular, contemplada por la legislación provincial.

En 2023, presentaron 14.000 firmas ante la Legislatura. Pero fueron rechazadas: la normativa exige el 0,8% del padrón electoral de toda la provincia, no solo de un sector. Reorganizados y con el aval de la Junta Electoral Provincial, en febrero de este año presentaron 36.055 firmas, esta vez incluyendo a toda persona mayor de 16 años empadronada en Córdoba. Sin embargo, el Poder Legislativo respondió que todas debían estar certificadas individualmente.“Nos respondieron por escrito que no era viable, así que tuvimos que volver a empezar”, explicó Carranza.Actualmente, el colectivo está enfocado en reunir firmas certificadas en las comisarías y juzgados de paz de toda la provincia. En San Francisco, los interesados pueden firmar en la Jefatura de Policía, presentando su DNI. La convocatoria está abierta a toda persona mayor de 16 años registrada en el padrón electoral cordobés; no es necesario ser jubilado para apoyar.

El proyecto impulsado por Iniciativa Popular consta de cinco ejes centrales:

Restitución del 82% móvil: durante los años '90, los jubilados percibían el 82% del salario como activos. Hoy, el porcentaje ronda el 63% o 67%. “En el caso de los docentes, por ejemplo, esto nos empuja a la pobreza”, lamentó Carranza.

Derogación del artículo 58 de la ley 8024: habilita el llamado “aporte solidario”, un descuento obligatorio de hasta el 20% del haber bruto para quienes cobran pensión y jubilación, especialmente en casos de viudez. “No es un acto de solidaridad, es un castigo. No tiene sentido que cobremos menos que cuando estábamos en pareja, siendo dos jubilados”, denunciaron.

Reforma de la ley 9277 de Apross: exigen que Apross deje de ser la única opción obligatoria para los jubilados provinciales. También piden mejorar la atención médica en el interior y eliminar aportes extra por enfermedades catastróficas. Denuncian que el descuento actual para los pasivos es del 6%, mayor que el aplicado a los activos (4,5%).Reorganización de la Caja de Jubilaciones: solicitan el regreso de la atención presencial y la conformación del directorio previsto por ley, con participación efectiva de representantes jubilados. “La Caja funciona hoy exclusivamente online, y muchos no pueden acceder o no saben cómo realizar los trámites. Necesitamos puertas abiertas”, señalaron.Eliminación del diferimiento en los aumentos: los jubilados perciben los incrementos salariales 30 o 60 días después que los activos. “Es injusto y nos perjudica sistemáticamente”, subrayaron.

Carranza insistió en que el proceso de iniciativa popular es constitucional y legítimo. “No es lo mismo que un legislador presente un proyecto a que nosotros lo llevemos con 24.600 firmas certificadas. Y apuntamos a reunir muchas más de acá a fines de agosto, cuando cerremos el ciclo de firmas”, aseguró.

“La iniciativa popular no puede ser ignorada tan fácilmente. Es un derecho amparado por la ley y lo estamos ejerciendo con responsabilidad, pese a las dificultades que nos impone el mismo Estado”, cerró.

Las planillas están disponibles en todas las comisarías y juzgados de paz de la provincia. En San Francisco, el punto habilitado es la sede de Policía Departamental, ubicada en Libertad y Libertador Sur.

El procedimiento es simple: presentar DNI, tener más de 16 años y estar empadronado en Córdoba. Las planillas se remiten cada 15 días a la Junta Electoral Provincial, que se encarga de certificar y validar los datos uno por uno.La campaña de firmas estará abierta hasta el 30 de agosto. Luego, se formalizará el ingreso del proyecto a la Legislatura.

El presidente Javier Milei aclaró hoy que “la reforma jubilatoria no es para este momento”, al salir al cruce de declaraciones formuladas el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros.

Así, el jefe de Estado echó por tierra con la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año.

De los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”.

Pero Milei desechó de plano esa posibilidad, en medio del año electoral.

Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años. 

No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años.

Además, ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros ratificó que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y volvió a la carga con la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

La Prestación Proporcional – figuraba en el proyecto de Ley Bases pero luego del Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso- consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM ( Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo ( en febrero ese mínimo es de $ 218.469).

El Gobierno impulsará una reforma previsional que incluirá la posibilidas de acceder a una jubilación aún si no se alcanzaron los 30 años de aportes, a cambio de aceptar el cobro de un haber menor, que se llamaería “Prestación de Retiro Proporcional”, indicó el titular de la ANSES, Mariano de los Heros.

Además, el proyecto buscará subir la edad jubilatoria, que en la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. 

Ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros consideró errado que quien no llega a los 30 años de aportes no tenga derecho a acceder a una jubilación.

Es que por el empleo en negro, que ronda el 30%, más del 85% las personas no reunen los 30 años de aportes, porque los empleadores no los hicieron.

Las moratorias fueron una alternativa de jubilación para esos sectores, descontando la ANSES la deuda por los años no aportados del haber jubilatorio.

De los Heros dijo que se busca discutir el régimen previsional, porque el sistema “está quebrado”, en declaraciones a TN.

El Gobierno también buscaría eliminar o cambiar algunos regímenes jubilatorios especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, ervicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.

La propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para las nuevas jubilaciones.

También figura revisar las pensiones, en especial las por discapacidad. Y modificar las pensiones por fallecimiento del titular (por viudez), excluyendo bajo ciertas condiciones a los cónyuges o convivientes que están jubilados. 

Y en los casos de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años del matrimonio o convivencia.

La iniciativa oficial incluiría una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios que podrían ser estimulados con alguna deducción sobre el impuesto a las Ganancias.

Del total de beneficiarios del sistema previsional, 5.666.805 corresponden a jubilaciones y 1.712.673 a pensiones. 

De esos totales, 4.019.661 tienen beneficios por moratoria o plan de pago de deuda previsional y 3.359.817 son beneficios contributivos puros. 

Más de la mitad cobran la jubilación mínima.( $ 273.086 más $ 70.000 de bono).

Además, 1.835.063 son beneficios no contributivos, como Pensiones por discapacidad, madres de 7 o más hijos o y 1.835.063 son beneficios no contributivos.

En tanto, los aportantes suman más de 13 millones, de lo que se desprende que más de 7 millones se desempeñan en la informalidad.

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025.

El titular del Anses, Mariano de los Heros, informó anoche ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo no tenía previsto extender ese programa, que permite acceder a la jubilación a aquellos que no tienen los 30 años de aportes.

Ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, sobre si se iba a extender la moratoria previsional ante las dificultades de los ciudadanos de tener la prestación jubilatoria que no tienen los aportes, el funcionario respondió que no está en los planes del Gobierno prorrogar ese plan.

"La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga", dijo De los Heros.

Dijo que "la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la Puam. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la Puam, que representa el 80 % de la jubilación mínima".

Al tratarse la ley Bases y a pedido de algunos bloques dialoguistas se eliminó el artículo que derogaba la moratoria previsional y se establecía una renta proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes que habían acumulado en su vida laboral.La ley de moratoria sancionada el 28 de febrero del 2023 permite comprar aportes a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado, que es el mínimo que se requiere para acceder al beneficio previsional.

La iniciativa sancionada concluye el 23 de marzo y se había previsto que puedan jubilarse alrededor de 800.000 ciudadanos entre hombres y mujeres, que ya tiene la edad para acceder al beneficio, y que le falte diez años para jubilarse y tenga una cantidad de aportes verificables hasta el 2008. Les ofrece un plan de pagos para comenzar a cancelar sus deudas previsionales para así llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender. 

Se estima que 552.000 mujeres y 327.000 varones estaban de acceder a ese plan cuando se sancionó la norma.El Plan de Pago de Deuda Previsional permite a las mujeres mayores de 60 y hombres de 65 acceder a un plan de regularización en 120 cuotas para completar los aportes que le faltan para alcanzar los 30 años.

También establece que los trabajadores de 50 años que tengan menos de 20 años de aportes realicen pagos extra para llegar a la edad jubilatoria sin deudas previsionales.

La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió hoy suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.

Sin embargo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, intentará contenerlos dentro del bloque.

“Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, señalaron las fuentes consultadas de la conducción partidaria sobre Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su ficha de afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación que desde ahora llevará adelante un tribunal de ética partidario.

En realidad fueron cinco los diputados del bloque que votaron a favor del Gobierno y en contra del proyecto que había impulsado la UCR junto a otros bloques, pero Federico Tournier queda al margen de la sanción ya que es un extrapartidario.

El correntino se sumó a la bancada que lidera Rodrigo de Loredo por su vínculo con el gobernador Gustavo Valdés, pero pertenece a otro partido político. 

Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate. 

En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo, sirviendo a los intereses del Gobierno.

La medida disciplinaria contra Campero, Arjol, Picat y Cervi se aprobó por 10 votos contra 2 en la mesa directiva de la convención nacional, que es encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi. 

Solamente votaron en contra de la sanción los representantes de Mendoza (responde al gobernador Alfredo Cornejo) y Misiones.

Más allá de este castigo contra los cuatro radicales “violetas” que cambiaron su voto, De Loredo agotará los medios para que no peguen el portazo del bloque. 

Según supo NA, Campero ya está con un pie afuera, ya que es el que más lejos llegó al exponer sus diferencias con el bloque, mientras que los otros cuatro (incluyendo a Tournier) están evaluando qué hacer.

“No puede ser que una minoría ruidosa del AMBA, que tiene una impronta de colaboración con el kirchnerismo, tome este tipo de decisiones que va a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”, cuestionó un influyente diputado de la UCR con Noticias Argentinas 

“El radicalismo del interior tiene cinco gobernaciones. ¿El sector de Manes qué gobierna? ¿Y Evolución? Solamente la Universidad de Buenos Aires. Parece que la centralidad de la agenda para ellos es la cuestión universitaria. Ese tema tiene que estar, pero no es el único. Somos el radicalismo, no un centro de estudiantes”, estalló. 

La resolución firmada por la Convención Nacional señala: “al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido".

"Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, se agrega.

Al hacerse eco de esta decisión partidaria, la diputada nacional de la UCR, Pamela Verasay, despotricó contra Martín Lousteau, quien preside el Comité Nacional de la UCR y apoya la suspensión de los cuatro diputados radicales.

“Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta”, disparó la mendocina.

El Tribunal de Ética de la UCR está integrado por Alicia Tate de la provincia de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones, quienes tendrán en sus manos la decisión definitiva.

Otro caso polémico que fue pasado por alto es el del entrerriano Pedro Galimberti, quien sospechosamente renunció a su bancada de diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.

Resulta que el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, quien hasta hace poco era su rival político, le ofreció un cargo para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, por el que cobrará mensualmente en dólares una suma que multiplica la dieta que percibía como legislador nacional.

Así fue que no solamente el bando que intentaba juntar los dos tercios para anular el veto de Javier Milei perdió un voto significativo sino que además le anotó un voto al bando que buscaba blindar el veto, ya que al comienzo de la sesión juró como su reemplazante fue la macrista Nancy Ballejos.

Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto a la mejora a jubilados, pero decidió adelantar su salida.

La presunción de un sector de la oposición es que en el medio hubo una transacción non sancta para que el Gobierno se compre un voto en una batalla crucial para el objetivo del equilibrio fiscal.

El Gobierno propuso ratificar en el Presupuesto 2025 la fórmula de ajuste de las jubilaciones en base a la inflación, tal como había sido establecido en el decreto 274, según se conoció hoy en la presentación del plan de gastos para el año próximo.   

Después de que la Cámara de Diputados confirmara el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso donde se establecía un incremento del 8,1 por ciento a las jubilaciones en compensación de la inflación, el Gobierno incluyó un artículo para ratificar el decreto sobre aumento de los haberes de la clase pasiva.   

De esta manera, para el 2025 se establece que los haberes de la clase pasiva se aumentarán cada mes en base a la inflación de los dos meses anteriores. 

También se estableció que el monto destinado al pago de deudas previsionales con sentencia firme es de 390.050 millones de pesos. Además se fija en 355.000 millones de pesos el monto para el pago de sentencias por retroactivos para las fuerzas de seguridad.

El presidente Javier Milei pidió este viernes "mirar a los kirchneristas" para saber "quiénes han arruinado a los jubilados", al acusar a la gestión de ese espacio de haber cometido la "irresponsabilidad" de haber "jubilado a personas sin aportes".

En el marco del 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el mandatario también recordó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "vetó el 82 por ciento móvil" de las jubilaciones en 2010, por lo que, dijo, "no resiste el archivo". 

Milei insistió además en que los senadores y diputados, a los que volvió a llamar "degenerados fiscales", votaron "en gran mayoría un disparate que implica el 62% del PBI de toma de deuda", en referencia a la ley de aumento de jubilaciones.

"Eso le cuesta a los argentinos 370 mil millones de dólares, arruinándole la vida a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras", dijo Milei al justificar la decisión de vetar esa ley, durante una exposición en Rosario.

En tanto, el jefe de Estado definió la reforma jubilatoria sancionada por el Congreso como un "chiste" y una "bestialidad propia de brutos" que, dijo, le costaría al país "370 mil millones de dólares".

"¿Pretendían que no vetara semejante disparate? Vine acá para poner el pellejo para salvar a la Argentina, no para hundirla", dijo Milei en Rosario, donde advirtió que, si se aplicara el aumento de jubilaciones, se generaría "impuesto inflacionario, riesgo país por las nubes o aumento de la presión fiscal explícita".

Formaron parte del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin y el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, entre otras autoridades nacionales, provinciales y locales.

El Presidente había anticipado esta mañana en diversas entrevistas un "veto total" de la ley de actualización de las jubilaciones que aprobó el Congreso y advirtió que, con la sanción de esa norma, "la política" quiere "romper" al Gobierno.

Lo hizo en el marco de la celebración del 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, a donde arribo pasadas las 20 junto a su pareja Amalia "Yuyito" González, el vocero Manuel Adorni y la diputada santafesina Romina Diez. También hablaron el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

La ceremonia marcó la tercera visita de Milei a la provincia de Santa Fe desde su asunción el pasado 10 de diciembre.

En la víspera del evento, la Bolsa de Comercio de Rosario fue evacuada debido a una amenaza de bomba, tanto en la entidad bursátil como en el aeropuerto. 

Entra en vigencia en Uruguay una reforma jubilatoria que fue resistida por la central sindical PIT-CNT y el opositor Frente Amplio, y también por el jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, en un acto por el día de la institución frente al presidente Luis Lacalle Pou."Como lo habíamos anunciado. A partir de hoy será compatible jubilarse y seguir trabajando. Nuevos derechos que se alcanzan por la reforma de la seguridad social. Generando equidad entre los uruguayos con independencia de a qué Caja aportan", dijo este martes mañana el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en su cuenta de X (ex Twitter). 

La ley aumenta gradualmente la edad jubilatoria hasta los 65 años en una escala vinculada con la fecha de nacimiento, permite la continuidad laboral aún después de tramitado el retiro y dispone de un "suplemento solidario" para los haberes más bajos, entre otros puntos.Al momento de firmar su promulgación el 2 de mayo pasado, Lacalle Pou rescató especialmente que los trabajadores puedan seguir trabajando luego de pasar a retiro, porque "esto genera un ingreso económico mejor" para los más vulnerables y permite que sigan "existiendo esos procesos de socialización que a veces los jubilados, cuando dejan de trabajar, lamentablemente pierden".Los jubilados de los sectores Industria y Comercio y Rural podrán seguir trabajando y mantener el cobro de su jubilación, según establece la ley 20.130, que crea el sistema previsional común.El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, explicó al medio local Subrayado que el beneficio regirá para quienes perciban una jubilación común y no aplica para los casos de jubilados por incapacidad. 

Unas 600.000 personas potencialmente podrán acceder a este nuevo sistema. "Una persona hoy jubilada con 60 años es una persona que está en actividad, que generalmente se siente todavía activa y me parece que mucha de esa gente va a tomar esa opción", afirmó Cabrera.La empresa que contrata al jubilado deberá realizar el trámite y lo incluirá en la nómina mensual que presenta al BPS. Los aporte por los nuevos años trabajados irán a la cuenta de ahorro, sin afectar el cobro de la jubilación actual."En el caso del multiempleo, el nuevo sistema permitirá jubilarse por una de las actividades y mantener las otras, o acogerse a una jubilación parcial de hasta 50% con el objetivo de reducir la jornada laboral", consignó Subrayado. 

El proyecto originó una inusual réplica de parte del general Stevenazzi el último 18 de mayo, en oportunidad del acto por el Día del Ejército y ante la presencia del mandatario.El oficial planteó en su discurso que las edades contempladas en la reforma de seguridad social son "demasiado elevadas para cumplir con las actividades profesionales militares que implica cada jerarquía"."No debemos olvidar que desde el año 2015 se está discutiendo este tema, lo que ha generado una gran incertidumbre en varias generaciones. En el año 2018 se aprueba la Ley 19695 donde se modifica el sistema. Hoy culminó el proceso de una nueva reestructura", recordó.

Dirigentes del PIT-CNT, la central única de trabajadores de Uruguay, y del opositor Frente Amplio, analizaron distintos mecanismos de democracia directa que podrían impulsar para impugnar la reforma.El titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, había anunciado en el acto del 1 de mayo que la central analizaría cómo cuestionarla, y más tarde explicó que se encargó a un constitucionalista un informe sobre variantes de herramientas que puedan aplicarse."Las mismas limitaciones que nos impiden hacer un referendo también nos impiden hacer una ley de iniciativa social. El único espacio es agregar una enmienda a la Constitución, uno de cuyos mecanismos de democracia directa es juntar firmas del 10% del padrón electoral del país", relató Abdala.Y detalló que esas firmas "deben ser entregadas a seis meses de la próxima elección nacional, que es en octubre de 2024, y se trata de un plebiscito que se vota de manera simultánea con la elección nacional".