En el Concejo Deliberante ingresaron distintos proyectos impulsados por concejales de la oposición vinculados al acceso a la educación superior y al cumplimiento de obligaciones alimentarias. Sin embargo, las iniciativas no lograron avanzar en el ámbito legislativo.

Uno de los proyectos presentados fue el de la concejala Cecilia Roffé (San Francisco Cambia), que propone que la Municipalidad adhiera al Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Córdoba. La iniciativa plantea que quienes figuren en ese registro no puedan ser designados funcionarios en el ámbito municipal ni tampoco contratar o proveer servicios al Estado local.

En paralelo, el Concejo también analizó otra propuesta vinculada a la misma problemática. El proyecto impulsado por concejales de Juntos por el Cambio proponía impedir que personas registradas como deudores alimentarios morosos pudieran acceder a beneficios económicos otorgados por el municipio.

La iniciativa establecía que no pudieran recibir “beneficios económicos, exenciones, subsidios, ayudas financieras, planes de pago especiales, programas de asistencia municipal ni cualquier otro beneficio de carácter económico” quienes estuvieran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Córdoba o tuvieran incumplimientos acreditados mediante resolución judicial firme.

Distinto será el caso de quienes mantengan deudas por multas de tránsito o sanciones del Tribunal de Faltas. El secretario de Economía del municipio, Juan Carlos Sola, había anticipado a LA VOZ DE SAN JUSTO que a partir del segundo semestre del año esas deudas impedirán acceder a los beneficios impositivos que ofrece la municipalidad. Aunque quienes regularicen su situación podrán recuperar los descuentos: una vez saldada la deuda, “automáticamente en 48 horas tenés solucionado el tema”.

Vale recordar que el esquema vigente permite una rebaja de hasta el 55% para contribuyentes que mantengan al día las tasas municipales. Ese descuento incluye un 30% por cumplimiento fiscal, un 10% por pago contado, otro 10% por adhesión al débito automático y un 5% adicional por optar por el cedulón digital.

La concejal Cecilia Roffé, del bloque San Francisco Cambia, presentó un proyecto de ordenanza que busca impedir que las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Córdoba obtengan la licencia de conducir en el ámbito local. La iniciativa se centra en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El nuevo proyecto se suma a otro presentado por Roffé en abril de este año, en el que proponía que la Municipalidad de San Francisco adhiriera a la normativa provincial. A través de esa ordenanza, se buscaba impedir que los deudores alimentarios puedan ocupar cargos públicos, ser proveedores del Estado o participar de contrataciones municipales.

“El foco debe estar en los derechos de las infancias”, remarcó la edil. “No se puede mirar para otro lado cuando hay personas que no cumplen con obligaciones básicas”, señaló, justificando la necesidad de avanzar con mecanismos que sancionen el incumplimiento de los deberes parentales.

“La ciudad necesita avanzar en normas que protejan a los más vulnerables. La crisis no puede ser excusa para dejar de legislar en ese sentido”, sostuvo Roffé. “Este proyecto no es coyuntural, es estructural. Y habla de qué tipo de sociedad queremos construir”, concluyó.

La concejal del bloque San Francisco Cambia, Cecilia Roffe, propuso que la municipalidad adhiera al alcance que actualmente tiene la Ley Provincial de Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Se trata de la Ley Provincial N° 9.998, publicada en el Boletín Oficial el 7 de noviembre de 2011 por medio de la cual se impone una serie de prohibiciones a todas aquellas personas que adeuden tres o más cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas que correspondan tanto a alimentos provisorios como definitivos fijados u homologados por sentencia firme y sin necesidad de que se encuentren en etapa de ejecución de sentencia.

Esa iniciativa fue tratada sobre el final del período legislativo 2023 en el Concejo Deliberante, donde por efecto de la mayoría del oficialismo, finalmente fue girada a comisión por lo cual ya perdió estado parlamentario. 

De todas maneras, la concejal Roffé se encuentra a la espera de la reanudación de las sesiones ordinarias a partir del próximo 1 de marco para presentarla nuevamente y, de esa manera, conocer cuándo podrá ser nuevamente analizada en comisión y debatida en el recinto de sesiones.

Dentro de las prohibiciones se encuentran las de no poder participar en ningún tipo de cargos electivos así como también en las tareas que se desempeñen en aquellos organismos, empresas o entidades adheridas a la citada normativa.

Luego de la sanción a la presente ley, el gobierno provincial invitó a los municipios de Córdoba a adherir a la misma.

Por todo ello, Roffé elaboró un proyecto de ordenanza proponiendo la adhesión de la municipalidad al alcance de la ley provincial. La propuesta de la concejal comprende la adhesión a la Ley Provincial N° 8.892 y su modificatoria, ley N° 9998, conocida como de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el exclusivo alcance previsto por esta ordenanza.

De esta manera, se propone que el Departamento Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y las empresas de economía mixta de las que el Estado Municipal forma parte de la municipalidad de San Francisco no podrán designar funcionarios, a quien se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Morosos, de la Provincia de Córdoba”.

Este proyecto establece además que “antes de tomar la decisión respectiva, deberá requerirse, la certificación de que se encuentren excluidos y/o ha cumplido sus obligaciones como deudor moroso. El certificado deberá ser presentado, durante el mes de diciembre de cada año, mientras dure su permanencia en el cargo”. 

De la misma manera se aclara en la iniciativa que “no podrá ser proveedor y contratista de los organismos de la municipalidad de San Francisco y sus empresas mixtas, aquellas personas que integre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Córdoba. A los fines de su comprobación deberán adjuntar sus antecedentes, la certificación anual en la que conste, que no se encuentren incluidos. En el caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado solo con los miembros directivos. El proveedor deberá comunicar cualquier cambio de situación al respecto”. 

Por último se explica que “los proveedores y contratistas de los organismos de la municipalidad de San Franciscos y sus empresas, deberán como condición para su inscripción como tales, para el caso de que se hallaren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, presentar una certificación que acredite su exclusión del mismo. En el caso de las personas jurídicas, el requisito deberá ser de cumplimiento obligatorio, para los titulares de la misma”. 

Roffé aseguró que la adhesión de la municipalidad a esta ley provincial “implicaría un gran avance de toda la ciudad porque nos pondría en pie de igualdad con lo que oportunamente trataron y aprobaron en la Legislatura”.

Recordó que en un proyecto anterior “el año pasado yo había pedido que a los deudores alimentarios les impidan renovar la licencia de conducir mientras dure el tiempo en el que permanecen en mora con sus obligaciones” aunque finalmente esto “no fue aprobado”.

“Estos temas son importantes para poner en práctica porque involucra a funcionarios, contratistas y personas físicas que tienen relación con el Estado que, como tales, no deberían tener estas actitudes si quieren seguir prestando servicios a la municipalidad. Para eso es que pedimos que todos los años presenten un certificado en el que conste que están al día con sus obligaciones alimentarias”, agregó.

La edil recordó que la adhesión a la ley provincial “está vigente en otras ciudades” de la provincia de Córdoba, incluyendo entre otras a la capital que se adhirió “cuando Martín Llaryora era intendente” y entendió que “San Francisco no puede seguir mirando para otro lado y debería adherir también”.

Por otra parte, la concejal Roffé, por medio de otro proyecto, propuso a la municipalidad la adhesión al Programa Córdoba Inclusiva” establecido por medio de la sanción de la ley provincial N° 10.728, reglamentada el 11 de octubre de 2022.

Esta iniciativa fue presentada por la concejal por tercer año consecutivo, teniendo en cuenta que en los dos anteriores no fue tratada ya que había sido enviada a comisión para su tratamiento posterior, “algo que finalmente no ocurrió”.

El Programa “Córdoba Inclusiva” está destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso públicos.

La capacitación obligatoria está destinada a los agentes y funcionarios públicos en todos sus niveles y cualquiera sea su jerarquía, dependientes de los Poderes Legislativo, Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo- a la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias, entidades autárquicas, banco, empresas, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta y entes en los cuales el Estado provincial sea titular de la participación total o mayoritaria del capital o posea el poder de decisión.

La accesibilidad contempla la adecuación física y cognitiva de los espacios de dominio y uso públicos, a fin de lograr el desenvolvimiento con independencia para quienes así lo necesiten. Las tareas de adaptación se desarrollarán de manera progresiva, previo relevamiento y estudio de las características y factibilidad de cada espacio en particular.

Sobre esta ley provincial, la concejal Roffé propuso mediante un proyecto de ordenanza que “la municipalidad de San Francisco exprese su adhesión” a esta iniciativa que “ya tiene aprobación a nivel nacional a partir de una iniciativa presentada por la diputada nacional Natalia De la Sota”.

Explicó además que a través de esta ley “se establece que los funcionarios públicos tienen que recibir la debida capacitación en cuanto al trato de las personas con discapacidad y además permitir la accesibilidad en todos los edificios públicos”.

“Hay funcionarios que ni siquiera saben cuál es la manera correcta de referirse a las personas con discapacidad. Es muy importante esa capacitación al igual que en su momento se lo hizo con respecto al género con la ley Micaela. ‘Córdoba inclusiva’ busca que se capacite a funcionarios y quienes ocupan lugares importantes en la sociedad para ver cuáles son las necesidades que tienen las personas con discapacidad”.