El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, acusó hoy a la lista de Cristina Kirchner de intentar frenar las elecciones internas en el peronismo, tras denunciar irregularidades en el proceso de validación de su candidatura y la de su lista. Así, el mandatario provincial dio un paso más en el marco de tensión que vive el PJ por la interna.

En declaraciones a radio Futurock, Quintela aseguró que, aunque cumplió con todos los requisitos y presentó los avales necesarios, la Junta Electoral le negó a su lista el acceso a la custodia de esos documentos, señalando una clara parcialidad a favor de la lista rival.

“No digo Cristina, pero la lista de Cristina no quiere ir a elecciones”, afirmó Quintela, explicando que, si bien evita involucrar directamente a la expresidenta, el sector kirchnerista estaría bloqueando la competencia interna. “El partido lo ganaron en las oficinas, hay que salir a la cancha”, criticó, destacando que mientras su equipo llevaba dos meses recolectando avales, la lista opositora habría logrado validar casi 200 mil firmas en menos de una semana, planteando dudas sobre la transparencia del proceso.

Las tensiones internas en el Partido Justicialista (PJ) se profundizaron en las últimas semanas a medida que distintos sectores discuten la conveniencia de realizar elecciones internas o alcanzar listas de unidad. La división surge entre los sectores alineados con Cristina Kirchner y quienes apoyan a Quintela. La conducción de la Junta Electoral fue criticada por su supuesta falta de imparcialidad en la supervisión del proceso, según expresó el riojano.

Quintela también cuestionó la composición del organismo partidario, afirmando que 12 de sus 15 miembros apoyan a la lista kirchnerista. “Tenemos que modificar las conductas de la Junta Electoral que es mentira que es imparcial”, denunció, ratificando que su equipo impugnará el proceso: “Nosotros vamos a recusar a la Junta porque evidentemente tiene una parcialidad absoluta”.

Más allá de lo que dijo hoy Quintela, su espacio presentó anoche la recusación contra la Junta partidaria y denunció “proscripción”.

Quntela también reveló que ayer a la tarde recibió un llamado de Juan Manuel Olmos, miembro de la Junta cercano a la expresidenta, para proponer una lista de unidad, buscando evitar las elecciones. “Me llamó el compañero Olmos, con buena fe, con buenas intenciones, tratando de resolver un problema. Le dije: ‘Juan Manuel, si ustedes tienen el dream team, si tienen los mejores jugadores, ¿cuál es el problema de que los afiliados se expidan’?”, relató Quintela.

“Hasta las 8 de la noche de ayer estuvieron hablando conmigo para que yo, entre comillas, pudiera reflexionar y aceptara una lista de unidad”, detalló.

Asimismo, mencionó que, aunque una integrante de la Junta que lo apoya pudo haber votado en contra de las decisiones, lo hizo porque se otorgó un plazo de 24 horas para presentar recursos adicionales, lo cual describió como “imposible” de cumplir.

Quintela enfatizó que el respeto por las reglas claras y procesos transparentes en el PJ es fundamental: “Queremos reglas de juego claras. Soy gobernador por segundo mandato, no puedo estar aceptando cosas que no corresponde”, dijo. Aunque se mostró abierto al diálogo, comentó que no ha tenido contacto directo con Axel Kicillof, quien en un acto en Berisso llamó a una lista de unidad en el partido.

La falta de elecciones internas, señaló Quintela, genera descontento entre los afiliados, y concluyó que lo más “sano es que la gente se pueda expedir”.

Anoche, el espacio interno que lidera Quintela presentó la recusación de los miembros Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) y solicitó que se interponga su recurso ante la Justicia, luego de que las autoridades partidarias no oficializaran su lista al detectar supuestas irregularidades entre sus afiliados.

En el escrito presentado sobre el deadline que había establecido el órgano partidario, los apoderados del rival de la ex presidenta Cristina Kirchner argumentaron que hubo “parcialidad” de la Junta al revisar la situación de los avales y otras formalidades en la documentación, que concluyeron en la negativa a oficializar la Lista N°2 “Federales Un Grito de Corazón”.

En la presentación, los abogados Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni señalaron que el órgano partidario mostró una falta de “imparcialidad” que vulneró derechos constitucionales de los candidatos y de sus votantes. Explicaron que no se garantizó un “proceso equitativo y objetivo” y se cometieron actos “antidemocráticos” y limitativos del derecho a elegir y ser elegido.

Quintela, que volvió a ratificar hoy que competirá por la presidencia del PJ, buscó devolver el golpe a sus adversarios del kirchnerismo. A través de sus apoderados, dijo que al espacio le fue negado la “oportunidad de ser oído”, a “hacer valer sus pretensiones legítimas frente a la Junta” y de “poder fiscalizar íntegramente el proceso electoral”.

“Esta parte fue limitada en todos los aspectos, siendo ello no solo violatorio del debido proceso sino fiel reflejo de la parcialidad de la Junta a favor de la lista contraria”, señaló la Lista 2 en el escrito, al que tuvo acceso Infobae. Y agrega que existieron “una serie de actos elocuentes que procuraron facilitar la oficialización de la lista contraria y buscando proscribir a nuestra lista”.

Más temprano, desde el kirchnerismo habían rechazado la idea de una Junta Electoral afín y advirtieron que a Quintela le faltaban unos 15 mil avales.

“La Junta electoral tuvo un pronunciamiento contundente ayer, que fue acompañado por unanimidad por sus integrantes. Nosotros durante toda la semana solicitamos que se otorgara más plazo a la lista de Quintela para que pueda subsanar la gran cantidad de irregularidades que tenía su presentación”, afirmaron fuentes cercanas a la expresidenta a Infobae.

Asimismo, resaltaron que la decisión de la Junta Electoral partidaria no solo habla de irregularidades en la lista de candidatos de Quintela, sino que advierte por graves irregularidades en los avales presentados.

En ese marco, resaltaron que es necesario que el gobernador riojano cumpla con los requisitos básicos que se piden para las postulaciones.

“Cumplimentar la cantidad necesaria de avales es un requisito sustancial para la oficialización de cualquier lista. No es un requisito formal. Por lo tanto, no es subsanable. Más aún cuando, además de faltante, hay gravísimas irregularidades en los mismos. La democracia partidaria hay que tomarla con seriedad y esos requisitos básicos si queremos recuperar el orden y la legitimidad de nuestra conducción partidaria”, subrayaron. 

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, suscribió este viernes un convenio marco de cooperación con su par de La Rioja, Ricardo Quintela, "para promover el trabajo conjunto en materia de salud, seguridad, trabajo y políticas de género y diversidad sexual, entre otras".

La firma del convenio entre las provincias se concretó en el superdomo del Parque de la Ciudad de La Rioja, en el marco del acto de jura de la nueva Constitución riojana.

“Hemos venido a acompañar este día tan importante e histórico para La Rioja y toda la República Argentina: cuando hay un Gobierno nacional que se borra y deserta, las provincias se unen y colaboran para representar los intereses de un pueblo profundamente federal”, expresó Kicillof.

Y agregó: “En este momento tan difícil debido al ajuste que despliega la Nación sobre los trabajadores, los jubilados y las provincias, el pueblo de La Rioja nos marca el camino con una Constitución moderna, de vanguardia, que refleja todos los cambios sociales que se han producido”.

El mandatario bonaerense se refirió al texto constitucional aprobado y que juró este viernes el gobernador Quintela, su vice y los intendentes de la provincia. "Se trata de una Constitución que se inscribe dentro de la línea del constitucionalismo social, como aquella que impulsó Juan Domingo Perón en 1949 para que los derechos sociales dejen de estar en discusión”.

Kicillof subrayó: “Aquí se establece que la salud, la educación, el acceso al agua y los servicios públicos son un derecho de todos y todas; aunque algunos quieran ponerlo en duda, está en el corazón de nuestro pueblo: donde hay una necesidad nace un derecho, y eso está ahora ratificado también en la Constitución de la Provincia de La Rioja”.

Por último, Kicillof resaltó que “a quienes nos dicen que quieren fundir a las provincias, aquí les estamos respondiendo que la Argentina es un país federal”. “Mi admiración para un pueblo que lucha y defiende la soberanía, la independencia y la justicia social”, concluyó.

En representación de la Provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes para la firma de convenios específicos los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; y de Trabajo, Walter Correa; y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

En lo que respecta a salud, se trabajará en términos de articular programas y acciones de investigación, formación, utilización de sistemas informáticos, logística, equipamiento e intervenciones para garantizar mejores prestaciones en ambas provincias. Entre los aspectos vinculados al trabajo, la colaboración apuntará a garantizar condiciones laborales dignas y una mejor formación de los cuerpos de inspectores de seguridad e higiene.

Asimismo, ambas jurisdicciones articularán para fortalecer la seguridad ciudadana mediante planes de actuación conjunta; la coordinación de instituciones competentes en áreas de análisis pericial y estudios orientados a esclarecer hechos delictivos; la planificación e investigación sobre el delito complejo; y actividades de capacitación en el uso de nuevas tecnologías. Además, se coordinarán programas para la prevención de las violencias por razones de género y la igualdad en materia de inserción, permanencia y crecimiento laboral de mujeres y personas LGTBI+. 

Durante la jornada, Kicillof saludó a los más de 100 intendentes e intendentas que viajaron a La Rioja para participar del acto central de jura de la nueva Constitución de la Provincia de La Rioja. Participaron de las actividades el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; la senadora nacional Lucía Corpacci; autoridades provinciales; legisladores y legisladoras.

La Real Academia Española define la palabra gobernanza como la “forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable”. Las vinculaciones que se alcanzan en esta manera de gobernar incluyen a los más variados actores sociales en la búsqueda del anhelado bien común. Y es la democracia la forma de gobierno óptima para alcanzar aquel desarrollo.

Entre estos actores, cobra protagonismo la misión central de la prensa que es la de informar sobre los hechos de interés público, incluso si esa información revela acciones reñidas con la esperada conducta de las autoridades. Mucho más si denuncia abusos o delitos. De este modo, el periodismo hace una de las contribuciones más importantes a la democracia, pues se transforma en el contrapeso que impide desniveles en el equilibrio que la definición de gobernanza exige y que se vincula con la limitación de los poderes propios de los sistemas democráticos. 

Es bienvenido siempre el debate de ideas en una asamblea constituyente que, se supone, ilumina desde los valores de la convivencia todos los aspectos de las relaciones equilibradas entre los distintos actores sociales para redactar un texto constitucional. Entonces, en principio, no es grave que el gobernador de La Rioja haya abierto las sesiones del cuerpo que reformará la Carta Magna de esa provincia, afirmando su intención de debatir distintas temáticas, enfatizando en que debe analizarse la relación entre “la libertad de expresión y la gobernanza”. 

Sin embargo, la intención del mandatario riojano parece ir a contramano de la definición expresada en el primer párrafo de esta columna. Porque, al tiempo que reclamó a los medios de comunicación que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas”, insistió con instalar un debate para imponer limitaciones a la prensa y exigió “respeto” a los periodistas en el trato a las autoridades elegidas por el voto popular.

El gobernador de La Rioja confirmó, con su discurso de inauguración de la convención constituyente provincial, la posición que expresó al día siguiente de ser reelecto: “Nosotros respetamos la libertad de expresión a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”. 

Se retoma, así, un debate añejo y agotado sobre el rol de la prensa en la democracia. Un debate que la historia democrática ya ha saldado y que solo asoma cuando las posturas autoritarias pretenden imponerse –casi siempre desde el Estado- para alterar el equilibrio que supone la gobernanza. Es verdad que cierto periodismo sufre una crisis potenciada por el desarrollo de los medios tecnológicos que permiten recibir, procesar y enviar información. Así también, por el clima enrarecido, intolerante y politizado de este tiempo. Pero cualquier intento de eliminar o limitar la libertad de prensa, especialmente cuando cumple con su rol de controlar al poder político, es inaceptable. Esencialmente, porque rompe el equilibrio previsto en el significado de la palabra gobernanza. 

Al homenajear en 1955 a un periodista colombiano que debió exiliarse en París debido a la persecución que sufría en su país, el escritor Albert Camus –autor de libros emblemáticos como La Peste- sentenció: “Con libertad de prensa, la gente no tiene certidumbre de avanzar hacia la justicia y la paz. Pero sin ella, con certeza no avanzarán”.