La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto con las Secretarías de Energía y de Agricultura, Ganadería y Pesca, establecieron los requisitos y pautas operativas para la implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La nueva reglamentación del régimen creado por la Ley 27.802, se formalizó mediante la Resolución General Conjunta 5849/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. De esta manera, se complementa el Decreto 242/2026, que dio hace un mes el primer paso reglamentario.

El objetivo central del RIMI es incentivar las inversiones de mediano porte, tanto nacionales como extranjeras, para promover el desarrollo de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad sectorial, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones.

El régimen prevé incentivos fiscales significativos, entre los que se destacan la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para inversiones en bienes muebles amortizables y obras productivas.

Si bien el régimen exige cumplir con un monto mínimo de inversión en un plazo de dos años, la resolución aclara que ciertas inversiones productivas están exceptuadas de este piso mínimo. Entre ellas se encuentran:

Podrán ser beneficiarios los sujetos que califiquen como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME), hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2, inclusive.

Para acceder, las empresas deberán contar con el “Certificado MiPyME” vigente al inicio del ejercicio fiscal donde se realice la primera inversión. Asimismo, deben encontrarse formalmente caracterizadas como tales en el "Sistema Registral" del fisco.

En el caso de entidades sin fines de lucro (como asociaciones, fundaciones o mutuales) que no posean dicho certificado, deberán tramitar una calificación específica ante la Secretaría de Industria y Comercio para ser caracterizadas en el sistema de ARCA.

La gestión integral del régimen, incluyendo la registración de inversiones y la selección de beneficios, se realizará exclusivamente a través del servicio web “Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)”, el cual será implementado por ARCA.

En cuanto al control, el organismo tributario verificará la inexistencia de deudas líquidas y exigibles al momento de solicitar los beneficios. Por su parte, las Secretarías de Energía y de Agricultura podrán realizar auditorías para verificar el cumplimiento de los planes de inversión.

En la normativa se aclaró que el incumplimiento de las condiciones podrá derivar en la caducidad del beneficio, obligando al sujeto a restituir los créditos fiscales e impuestos no ingresados, más intereses y multas.

El costo fiscal del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) alcanzaría en un escenario base los US$1.069 millones anuales, según reflejó un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El reporte expuso que una vez que los proyectos aprobados entren en fase operativa, la renuncia recaudatoria del Estado oscilará en un rango de US$786 a US$1.395 millones según el nivel de exportaciones alcanzado.

El análisis del CEPA destacó que el componente de mayor peso en la pérdida de recaudación es el diferencial en el Impuesto a las Ganancias, que genera una renuncia de US$545 millones anuales. Mientras el régimen general para sociedades es del 35%, el RIGI lo reduce al 25%, e incluso al 15% bajo el nuevo "SuperRIGI".

Otros beneficios que componen el costo fiscal incluyen:

Frente a estas estimaciones, el Ejecutivo sostiene en sus informes ante el Congreso que "no hay afectación al equilibrio fiscal". El argumento oficial es que el Presupuesto "no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal".

A la fecha, el Estado Nacional ha aprobado 12 proyectos bajo este régimen, los cuales suman una inversión comprometida de US$26.680 millones. Estas iniciativas abarcan sectores estratégicos como hidrocarburos, minería (litio, cobre, oro y plata), energías renovables, siderurgia e infraestructura.

YPF es el actor central del esquema. La compañía de bandera tiene participación directa o protagónica en proyectos que concentran el 68,5% de la inversión total aprobada, lo que equivale a US$18.267 millones. Entre estos se destacan el oleoducto Vaca Muerta Sur y la planta de licuefacción de GNL impulsada por Southern Energy.

El informe de CEPA, cuestionó la efectividad del RIGI para atraer capitales genuinamente nuevos. Según el relevamiento, al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados o contaban con avances significativos antes de la sanción de la Ley Bases.

Casos como el parque solar El Quemado, el proyecto Rincón de Litio de Río Tinto o el yacimiento Los Azules ya estaban en carpeta o en etapa de evaluación técnica mucho antes de la existencia del régimen.

Al respecto, desde CEPA indicaron que “esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos”.

El Gobierno aprobó formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa minera McEwen Cooper, que prevé una inversión de US$2.672 millones en exploración y explotación de cobre en San Juan.

El ingreso oficial al RIGI del proyecto minero quedó autorizado mediante la Resolución 1553/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde se explicó que el “Proyecto Los Azules”, tiene como objeto “completar el desarrollo (factibilidad, permisos) y la construcción de mina, planta e infraestructura asociada para extraer y procesar cátodos de cobre”.

La solicitud de adhesión que fue presentada por ANDES CORPORACIÓN MINERA SA en calidad de Vehículo de Proyecto Único (VPU) para el proyecto que se ubica en la Cordillera de los Andes, dentro del departamento de Calingasta, a aproximadamente 80 kilómetros al oeste-noroeste de la localidad homónima y a seis kilómetros de la frontera con Chile.

Desde el Ejecutivo nacional destacaron que “el proyecto empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta y, una vez consolidado, se estima que generará exportaciones por US$1.100 millones anuales”.

De la inversión total que representará el proyecto,  la suma de US$2.353 millones corresponden a inversiones en activos computables, superando el monto mínimo de inversión requerido.

Asimismo, la empresa informó que el monto inicial a invertir en activos computables durante los dos primeros años desde la fecha de adhesión al RIGI serán, para el primer año, de US$33.512.551,05 y para el segundo año de US$382.262.761,61, conformando un total de US$415.775.312,66 superando el 40% del monto mínimo de inversión dispuesto en la Ley Bases.

El texto oficial precisó que en la solicitud presentada al Ejecutivo, la empresa declaró que la fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables para el “Proyecto Los Azules”, es el 31 de diciembre de 2027.

En el plan de desarrollo de proveedores, se estipuló que el 61,1% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales, porcentaje que excede el 20% comprometido por la empresa y exigido por la normativa vigente.

El Comité Evaluador de Proyectos RIGI “efectuó un análisis de los antecedentes obrantes en el expediente y, con sustento en los informes técnicos producidos por las dependencias y reparticiones con competencia técnica en la materia, recomendó aprobar la solicitud de adhesión al RIGI del Proyecto Único denominado “Proyecto Los Azules” y su plan de inversión”, lo que termina efectivizando este martes el Ministerio de Economía.

"Los Azules” se convierte en el octavo proyecto aprobado por el RIGI, que ya suma un total de inversiones de US$15.739 millones.

El Gobierno Nacional informó que el Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aprobó el sexto proyecto por una inversión de US$217 millones.

Se trata del proyecto de litio presentado por la empresa Galán Litio en el Salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca.

Proyecta exportar más de US$180 millones a partir del 2029, según indicó el ministro de Economía Luis Caputo.

Así, se confirma la aprobación del sexto proyecto RIGI aprobado, y el monto total asciende a los US$12.800 millones.

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que el Comité Evaluador también rechazó la solicitud del proyecto “Mariana”, presentado por la empresa Ganfeng, por un total de US$273 millones.

Este había sido iniciado en el 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso.

“Por lo tanto no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, entre ellas la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años”, aclaró Caputo.

Ayer, el Ministerio de Economía oficializó el ingreso del proyecto de la empresa Sidersa a través del Boletín Oficial, el cual construirá una nueva acería de última tecnología en San Nicolás con una inversión de US$286 millones, siendo la primera inversión para el sector industrial en más de 50 años.

El Gobierno nacional aprobó un proyecto minero para la explotación de litio en la provincia de Salta con una inversión de US$ 2.744 millones bajo la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La autorización fue formalizada mediante la Resolución 735/2025 publicada del Ministerio de Economía publicada este martes en el Boletín Oficial.

El proyecto es titularidad de la empresa Rincón Mining, está localizado en el Salar de Rincón, departamento Los Andes, en la provincia de Salta, y abarca una extensión de 84.687 hectáreas de propiedades mineras.

El "Proyecto Rincón" tiene como objetivo principal la producción de 53.000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería, utilizando Tecnología de Extracción Directa.

El decreto señala que según la presentación de la empresa, existe el potencial de alcanzar las 60.000 toneladas por año a mediano o largo plazo.

La inversión total declarada para el proyecto, a partir de la entrada en vigencia del RIGI, asciende a dos mil setecientos cuarenta US$ 2.744 millones de los cuáles la inversión en activos computables será US$ 2.299 millones.

El desarrollo del proyecto se prevé en dos etapas. La primera etapa demandará una inversión de US$ 1.653 millones y se ejecutará entre julio de 2024 y diciembre de 2027. La segunda etapa, con una inversión estimada de US$ 646 millones se ejecutará entre los años 2026 y 2029.

La fecha límite comprometida por RMPL para cumplir con el monto mínimo de inversión en activos computables es el 30 de junio de 2029.

La Secretaría de Energía autorizó formalmente la primera libre exportación de Gas Natural Licuado (GNL) del país al consorcio Southern Energy, con un plazo de 30 años a partir de mediados de 2027.

La habilitación concedida al proyecto del consorcio que integran Pan American Energy, Golar, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy, contempla la instalación del buque flotante de licuefacción Hilli Episeyo frente a la costa de la provincia de Río Negro, en el Golfo San Matías.

La capacidad proyectada alcanza las 6 millones de toneladas anuales y se estima que la planta estará operativa en 2 años, por lo que se fijó la aprobación del proyecto en el período que se extiende desde el 1º de julio de 2027 hasta el 30 de junio de 2057.

El proyecto se enmarca dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta impulsada por la administración de Javier Milei en la Ley Bases para buscar ofrecer mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las inversiones de gran escala, especialmente en sectores estratégicos como el energético.

La habilitación de una iniciativa de estas características que permite la libre exportación de GNL es la primera en la historia argentina. Al respecto, el Gobierno nacional destacó el aval como un “paso clave” remarcando que “seguimos reforzando el perfil exportador de nuestro país”. 

Asimismo, también se expresó favorablemente el Ejecutivo rionegrino indicando que con la concreción del proyecto exportador se consolida a la provincia “como un actor estratégico en el mapa energético nacional e internacional”.

Además, resaltaron que “la habilitación para exportar GNL es fruto de una visión de desarrollo que posiciona a Río Negro como una provincia seria, previsible y comprometida con la producción responsable”.

En este marco, consideraron que “la adhesión temprana al RIGI fue clave para brindar seguridad jurídica y un marco amigable para las inversiones, generando confianza entre los principales actores del sector energético”.

En el mismo sentido, el gobernador, Alberto Weretilneck, sostuvo que "esta autorización representa un paso fundamental para que Río Negro consolide su perfil productivo de largo plazo, generando empleo, infraestructura y más desarrollo para toda la región".

A su vez, insistió que "con esta decisión, se abren oportunidades como nunca antes: empleo genuino, más infraestructura, nuevos proyectos y un crecimiento que alcanza a toda la provincia”, agregando que “todo ello, como siempre, con el cuidado del medio ambiente como una premisa fundamental".

Un sector pyme le reclama al gobierno nacional un plan de competitividad paralelo al RIGI que se lanzará para el sector, porque si bien valoran la iniciativa la consideran insuficiente para resolver los problemas estructurales del sector.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que para que el RIGI tenga éxito, “antes, es necesario poner en marcha un plan de competitividad para la producción”.

“Este mecanismo es un buen inicio, pero resulta insuficiente en términos de valor agregado de la producción, ya que no aborda de manera integral los desafíos estructurales que enfrenta la economía argentina”, sostuvo Rosatto.

Añadió que “necesitamos que el precio de la energía esté en niveles internacionales y no como en la actualidad que es entre tres y cuatro veces más caro; y que los impuestos bajen tan rápido como suben los beneficios para las importaciones de productos terminados”.

El presidente de IPA dijo que la “competitividad global muestra un panorama preocupante”, al señalar que “la Argentina ocupa actualmente el puesto 66 en el Ranking de Competitividad Global (WCR) 2024, elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) de Suiza”.

“Este indicador global, que evalúa el desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia empresarial y la infraestructura de los países, coloca a Argentina en la penúltima posición entre los 67 países analizados, solo por encima de Venezuela, el último del ranking. En comparación con el año anterior, Argentina ha retrocedido tres lugares en este importante índice de competitividad”, afirmó Rosato, en base a información recabada por el Observatorio IPA.

Desde IPA señalaron que el sector empresarial y la infraestructura son “desafíos clave” para el éxito de cualquier plan económico”.

Luego de que el gobierno provincial encabezado por Martín Llaryora adhiriera al RIGI impulsado por el Estado Nacional a través de un proyecto sancionado en la Legislatura, empresarios de nuestra ciudad hicieron un análisis de este nuevo régimen y se mostraron a favor de la postura de Córdoba.

El Régimen de Incentivo a las grandes inversiones se enmarcó dentro de la polémica Ley de Bases que pasó por el Congreso nacional. Se trata de una serie de beneficios que se le otorga a empresas que decidan hacer inversiones en el país por al menos 200 millones de dólares.

Si bien, para una economía golpeada como la argentina, las inversiones son muy necesarias, y un marco jurídico que las promueva es celebrado, hay algunos reparos. Sobre todo desde el sector de las pymes que temen que se cree un marco de desigualdad competitiva.

Sin embargo, los empresarios locales consultados por LA VOZ DE SAN JUSTO, ven con buenos ojos esta nueva iniciativa, esperando que estas inversiones traccionen y pongan en movimiento una economía estancada.

“El primer objetivo que tiene el RIGI es generar, en un país donde somos un péndulo, seguridad jurídica y previsibilidad para los nuevos y futuros inversores. Digo un péndulo porque normalmente nos manejamos de un extremo a otro, permitimos todo o prohibimos todo. Creo que el RIGI tiene tres objetivos muy claros: generar inversiones a largo plazo, incrementar las exportaciones y generar empleo”.

“La adhesión de la provincia de Córdoba a dicho régimen me parece adecuada teniendo en cuenta que extiende los beneficios a grandes inversores que no se encuentren dentro de lo que es el art 1. Córdoba se ha adherido e incluso se ha transformado en un facilitador de la aplicación del RIGI porque en su articulado provincial se establece que puede aplicar medidas adicionales para plantear la radicación de inversiones, ya sea a través de obra de infraestructura, tener régimen de incentivos, generar programas de capacitación y generar mayores puestos de trabajo”. 

“Creo que la adhesión de la provincia de Córdoba es adecuada y es correcta en este sentido. Obviamente que puede generar preocupación. Todas las veces que el país se abre y se desregula, surgen preocupaciones. Y no es un tema menor que creo que hay que atender. Pero para mí hay que ocuparse y no preocuparse. Creo que las Pymes se van a ver beneficiadas en el mediano y en el largo plazo con este régimen de inversiones. Porque todos estos regímenes de inversiones a largo plazo demandan actividades secundarias colaterales o complementarias que en definitiva pasan por las Pymes”.

“Entonces creo que las pymes tienen una gran oportunidad. Obviamente que deben trabajar para ser eficientes, para ganar en productividad y para fundamentalmente hacer de la productividad y de la eficiencia dos banderas que permitan reinsertarnos en el mundo económico”.

“Va a traccionar sobre la economía y sobre las economías regionales. Básicamente Argentina tiene desde hace muchos años una moneda débil, una inflación crónica y un sistema financiero que es muy chiquito para un país que se quiera desarrollar. Entonces la única opción es que vengan inversores que traigan programas y esos programas fundamentalmente están relacionados con el agro algunos otros tienen que ver con la minería, otros tienen que ver con la energía y otros tienen que ver con el gas y el petróleo. Yo creo que todas estas inversiones son inversiones a largo plazo y que la contrapartida de estas inversiones es darles seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores, algo que en la Argentina en los últimos 25 años no fue moneda corriente. Al contrario, el cambio de las reglas de juego y la falta de seguridad jurídica espantó las inversiones y eso hizo que el PBI no creciera y hace 12 años que estamos estancados y el crecimiento viene fundamentalmente a través de las inversiones”. 

“Creo que este es el puntapié inicial para empresas internacionales y nacionales para poder hacer proyectos a largo plazo que generen mano de obra, que permitan incrementar las exportaciones y que fundamentalmente mantengan un horizonte a largo plazo de previsibilidad en todos los aspectos de nuestra economía cotidiana”.

“La Ley aprobada por el ejecutivo Nacional, tiene por fin impulsar sectores estratégicos, como el energético, el minero o tecnológico, proyectos que en general son de mediano y largo plazo y que tienen el potencial de motorizar otros sectores de la economía, como ser la industria en sus diferentes ramas, esto creo que puede ser positivo”.

“Es cierto que ha habido preocupación en el sector Pyme, y que sería positivo contar con algún régimen de beneficios que busque potenciar exportaciones, o inversiones en nuevas tecnologías para las Pymes en búsqueda de ayudarles a ganar competitividad y con algunos beneficios similares a los que se han dado en el RIGI, tales como estabilidad jurídica, tributaria o cambiaria”. 

“El éxito de esta medida dependerá mucho del control en la ejecución de estos porcentajes o requisitos, en general es difícil luego dar seguimiento a este tipo de disposiciones. Pero como dije inicialmente, grandes inversiones siempre ayudan a traccionar otros sectores, así que es posible que veamos un efecto derrame”. 

“En primer lugar Córdoba es una provincia productiva, y me gusta que se posicione como una provincia receptora de inversiones.  La versión cordobesa del RIGI incluye la posibilidad de otorgar beneficios sobre impuestos provinciales, esto seguramente puede ser de interés para aquellos proyectos que estén gravados por Ingresos Brutos, que es siempre un tributo muy polémico”.

“Creo que estamos atravesando un momento de coyuntura donde hay que dejar de lado motivos personales y pensar en el bien común, apoyando cualquier cambio que signifique un atractivo a las inversiones y que en definitiva redunde en mayores puestos de trabajo. En ese aspecto -a pesar que no lei detalladamente la ley-, sé que en la adhesión de la provincia de Córdoba nuestro gobernador inteligentemente ha incrementado los beneficios del RIGI a nivel nacional. De otra manera, seguramente en un tiempo veríamos como muchas inversiones se van para otras zonas”.

El doctor en Ciencias Económicas de nuestra ciudad, Carlos Cravero, aportó su mirada al análisis local del RIGI, considerando que puede ser una herramienta para la reactivación para determinados sectores de la economía nacional.

Acerca de los reparos que generó la sanción del régimen, sobre todo en los sectores donde las pequeñas y medianas empresas son mayoría, Cravero expresó: “Es cierto que puede haber preocupaciones, porque mirándolo así fríamente habría una cierta competencia, si se quiere, no digo desleal, pero sí en desigualdad de condiciones con las empresas locales. Sobre todo porque el monto de la inversión es muy grande y muchas veces las empresas locales no están en condiciones de hacerlo para poder entrar al mismo. Entonces estar en desventaja con las grandes empresas extranjeras que entran incluso las mismas pymes contra las grandes empresas argentinas”,

Sin embargo, opinó que “esto puede llevar a una reactivación de algunas empresas argentinas vinculadas a los proyectos que se están anunciando”. 

Cravero explicó: “El RIGI es un régimen de incentivos a las grandes inversiones, como lo dice su nombre. ¿Y en qué consiste? Consiste en que las empresas que accedan a ese programa van a tener una serie de incentivos, como lo dice el nombre, incentivos impositivos, aduaneros, cambiarios y de seguridad jurídica. Por ejemplo, en el tema impositivo van a tener muchas ventajas en impuestos claves, como el IVA, impuesto a las ganancias, donde van a tener una tasa especial, además del impuesto a los débitos y créditos”.

“En cuanto al tema aduanero, van a tener una ventaja en el sentido de que tanto las importaciones como las exportaciones no van a tener los impuestos al comercio exterior, los derechos con que se los grava”, agregó.

Y añadió: “El tema cambiario es muy interesante, porque actualmente cuando una empresa exportadora vende al exterior, factura en dólares pero no recibe los dólares, sino que los dólares los toma el Banco Central y le acredita a la empresa pesos al cambio del tipo oficial, que no es tan conveniente, es menor. Entonces, para las empresas que ingresen a este programa van a tener la posibilidad, con un cronograma, de que al cabo del tercer año aproximadamente van a poder recibir la totalidad de los dólares.”

“O sea que la empresa en lugar de cobrar peso va a cobrar dólares, lo cual es muy importante. Y la cuarta ventaja, por así decirlo, o incentivo, es la seguridad jurídica, donde el gobierno le asegura a las empresas que ingresen a este programa que van a tener por 30 años seguridad en todas estas cosas. O sea que no se le van a cambiar”, añadió.

“En la mayoría de los países del mundo es así, no hay necesidad que se lo aseguren. Pero si miramos la historia nuestra, sobre todo en la parte impositiva, cambiaria, aduanera, vemos que tenemos cambios permanentes”, acotó.

Requisitos

Continuando con su explicación, Cravero abordó las exigencias que se propone para quienes adhieran al régimen: “En primer lugar, les exigen un cronograma de cómo van a desarrollar el proyecto. También en ese cronograma tienen que mencionar cómo va a ser la demanda de personal, en qué tiempo. Cómo va a ser la demanda de divisas a la hora de importar y además, un detalle de los flujos de toda la actividad económica”

“Como todo proyecto tiene sus críticas. La crítica que tiene, en primer lugar, el tema que es para grandes inversiones, porque estamos hablando de 200 millones de dólares, que no es una cifra tan simple”, aseguró.

“La cámara que nuclea las pymes que están rodeando al proyecto Vaca Muerta, dice ‘nosotros nos quedamos afuera’. Y son empresas importantes, porque no van a llegar a ese monto. Ese es uno de los temas”, ejemplificó.

Y acotó: “Las otras críticas que tiene es que hay muchas empresas que van a sufrir competencia desleal. Porque si yo estoy instalado e importo insumos, tengo que pagar un derecho, estas empresas que entren a ese proyecto van a tener un menor precio en los insumos. Entonces va a haber, dicen las empresas, una competencia desleal, una desigualdad”.

“Entonces, en esto es lógico que, a raíz de todas estas críticas, el estudio en comisión, porque recordemos que cuando ingresa un proyecto de ley, normalmente van a comisiones, a comisiones técnicas en donde se aprueban sobre tablas y demás. 

Las comisiones que lo han estudiado han hecho modificaciones y le piden, por ejemplo, que las empresas beneficiarias tengan en cuenta la oferta argentina. Porque si hay oferta argentina, le den prioridad. Porque las inversiones pueden ser buenas pero si no tienen en cuenta la oferta argentina van a generar una desigualdad y un problema serio en las empresas ya instaladas de años, que van a estar con costos mayores”, finalizó.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba publicó hoy en el Boletín Oficial la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que de esta forma entra en vigencia en todo el territorio provincial.

La flamante ley provincial 10.997 establece medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales y extiende los beneficios a proyectos que no se encuentren incluidos por la norma nacional.

Entre otras ventajas comparativas respecto a ley sancionada por el Congreso, el RIGI cordobés permite a la Provincia aplicar medidas adicionales para alentar la radicación de inversiones, acompañando su desarrollo con obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos y programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo.

La normativa establece la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley 27.742 y su marco regulatorio, respecto -exclusivamente- “de aquellos Vehículos de Proyecto Único (VPU) que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba, a los fines de desarrollar y/o ejecutar -en la misma- inversiones productivas en los sectores establecidos en el artículo 167 de la citada Ley conforme corresponda”.

El artículo 3 de la nueva ley, informa que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de los Ministerios y organismos competentes, “podrá incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo y, en su caso, disponibilizar las leyes de promoción vigentes además de otras acciones promocionales que en el futuro pueda crear, todo esto con el objetivo de fomentar y/o incentivar la radicación y/o localización efectiva de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) en la provincia, dentro del plazo previsto en el artículo 168 de la Ley Nacional Nº 27742”.

Además, la Ley provincial extiende los beneficios del RIGI a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió hoy a la Unicameral el proyecto de ley de adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (Rigi) previsto en el Título VII de la Ley N° 27.742. 

El texto destaca que la provincia de Córdoba se caracteriza desde hace años por su matriz productiva y tecnológica, el trabajo articulado entre el sector público y el privado que se dan en un marco de estabilidad institucional y jurídica que propician las inversiones.   

A principios de mes, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, había anticipado el carácter superador del proyecto local, al afirmar que este “impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”. 

En efecto, el proyecto de ley enviado hoy a la Unicameral añade, como una manera adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones, “disponer que los titulares de proyectos que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas en la misma, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales”.   

Además, la adhesión de Córdoba al Rigi incorpora la posibilidad de extender los beneficios de esta ley a otros proyectos. 

“Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo, a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1 de la norma sancionada por el Congreso Nacional", sostiene el texto que lleva la firma del mandatario provincial.   

Además, la Provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.

El proyecto de ley invita además a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los Vehículos de Proyecto Único (VPU)”.

El Gobierno de Córdoba enviará a la Legislatura provincial un proyecto para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley Bases en junio pasado en el Congreso de la Nación bajo el impulso de la administración del presidente Javier Milei.

A través de las redes sociales, el ministro de Economía de la provincia mediterránea, Guillermo Acosta, anunció que la iniciativa será girada a la Unicameral en los próximos días.

En ese marco, el funcionario llaryorista añadió: “Estamos convencidos de que gobernar es crear trabajo. Incentivar las inversiones es una política de estado en Córdoba que sostenemos y profundizaremos”.

Quiero contarles que el @GobDeCordoba enviará en los próximos días a la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones #RIGI con un esquema superador.

El RIGI, que fue reglamentado el 23 de agosto, está destinado a proyectos en ocho sectores de la economía para inversiones mínimas de 200 millones de dólares. En el caso del petróleo y del gas, la cifra sub a 300 millones de dólares.

En diálogo con Cadena 3, el jefe de la bancada oficialista en la Unicameral, el legislador Miguel Siciliano, afirmó: “Queremos ponerle el modelo Córdoba para hacer que este incentivo sea más atractivo para que vengan inversiones a la provincia”.

“La provincia tiene realidades que son diferentes a otras y posee un montón de necesidades a potenciar para la generación de empleo”, agregó Siciliano.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se prepara para emprender un viaje clave a Arabia Saudita en septiembre, con el objetivo de atraer inversiones estratégicas hacia la Argentina. Este viaje marca el inicio de una serie de esfuerzos internacionales del gobierno argentino para promocionar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Caputo planea viajar a Arabia Saudita donde se reunirá con empresarios y representantes del Fondo de Inversión Pública saudí (PIF), con un objetivo claro: captar inversiones que impulsen proyectos en infraestructura, energía y recursos naturales en Argentina.

El fondo saudí maneja una cartera de aproximadamente 620.000 millones de dólares y ya ha mostrado interés en la Argentina, especialmente en sectores clave como la energía renovable y la agroindustria. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Economía destacan que el RIGI ha generado un "enorme interés" entre los inversores.

Este grupo ve en la Argentina una oportunidad para diversificar sus inversiones, tradicionalmente concentradas en hidrocarburos. No obstante, la misión en Riad (capital del país) no incluirá la negociación de un paquete de financiamiento directo bilateral, sino que se centrará en presentar el nuevo régimen inversor y explorar oportunidades para proyectos conjuntos.

Aunque el viaje del ministro parecería inminente, aún se espera la reglamentación completa del RIGI, cuyo anuncio podría darse próximamente. El régimen, aprobado hace un mes y medio en el Congreso como parte de la Ley Bases, incluye facilidades impositivas y cambiarias diseñadas para atraer grandes inversiones extranjeras.

El interés saudí en Argentina no es nuevo. Durante el año pasado, funcionarios argentinos ya habían mantenido reuniones con el PIF y otras empresas saudíes, en busca de oportunidades en energía, infraestructura y turismo.

Para ese momento, el exministro de Economía, Sergio Massa, aseguró una inversión de 500 millones de dólares del Fondo Saudita para el Desarrollo para financiar el Gasoducto Néstor Kirchner y proyectos de infraestructura eléctrica.

El viaje de Caputo es visto como una continuación de esos esfuerzos, además, el gobierno proyecta que solo en el sector energético, el RIGI podría atraer inversiones por más de 54.000 millones de dólares, una cifra significativa clave para la estabilidad económica del país en los próximos años.

El éxito de esta misión en Arabia Saudita podría marcar un punto de inflexión para la economía y la gestión de Javier Milei, ya que de posicionarse como un destino atractivo para inversiones a gran escala atraería el interés de uno de los fondos soberanos más importantes del mundo.