La prensa de la ciudad de Villa María informó que, en el marco de la Ordenanza Nº 8.156, que declara el estado de “Excepción y Emergencia Vial”, la Municipalidad de esa ciudad remitió un listado inicial de más de 80 infractores que perderán acceso a beneficios y servicios municipales debido a violaciones a las normas de emisión de ruidos en vehículos. El objetivo de esta medida es combatir la contaminación. Las sanciones previstas incluyen la exclusión de beneficios sociales municipales, como asistencia alimentaria, subsidios y programas de medicamentos gratuitos, entre otros servicios.

La normativa, que estará vigente por un periodo inicial de seis meses, otorga facultades a la Secretaría de Prevención Comunitaria, Seguridad y Convivencia Urbana para retirar de la vía pública aquellos vehículos que no cumplan con las disposiciones sobre emisión sonora, en particular aquellos con modificaciones no reglamentarias en los caños de escape.

Esta decisión de las autoridades municipales villamarienses responde a un problema que, especialmente en verano, adquiere características singulares y, en ocasiones, preocupantes. A pesar de que ya existen normativas que regulan los niveles de ruido en cualquier centro urbano, la falta de criterios para una convivencia civilizada y el respeto mutuo genera una contaminación sonora que puede afectar la salud de las personas y se convierte en una molestia significativa, especialmente durante la noche.

El ruido generado por los escapes libres de autos y motos no es exclusivo de Villa María. Este fenómeno se repite en casi todas las ciudades y, ante ello, los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de abordar el problema y restaurar el orden. La contaminación sonora se ha convertido en una de las mayores amenazas para la calidad de vida en las sociedades modernas. Este fenómeno no sólo conduce a la sordera, sino que produce alteraciones del sistema nervioso y es causa de un grupo de enfermedades psicosomáticas e impide el normal descanso de los vecinos.

Decisiones similares a la mencionada también se toman en otras localidades. Por ejemplo, en marzo de 2022, el Juzgado de Faltas de San Francisco ordenó la destrucción y/o inutilización de 90 caños de escape antirreglamentarios incautados en controles vehiculares. En esa oportunidad, el propio intendente municipal afirmó que la medida se adoptaba a pedido de los vecinos, debido a los efectos perjudiciales causados por estos dispositivos, que no cumplen con las ordenanzas vigentes.

La continuidad de los controles y de decisiones como las apuntadas es la mejor alternativa para frenar a la contaminación sonora que provocan autos y motos, una problemática que se agudiza durante el verano. Sin entrar a evaluar si las sanciones establecidas en Villa María son las más adecuadas, es claro que debe existir la determinación de eliminar la contaminación sonora en el tránsito. Además, se hace necesario intensificar una política de educación ciudadana que procure revertir patrones de comportamiento que hacen del ruido un elemento visible y molesto en la sociedad.

Avanzada la primavera y pronto a llegar el tiempo estival, recobran actualidad algunos temas que pueden desatar problemas en la convivencia de la comunidad. Entre ellos, el derecho al ocio nocturno y el derecho al descanso: son dos realidades que no se llevan demasiado bien y que, en ocasiones, generan malestar en algunos sectores de la ciudad.

Es la época del año en la que los encuentros sociales adquieren mayor frecuencia. La organización de fiestas al aire libre o en sitios que no están perfectamente encuadrados en el código de espectáculos públicos dispuesto por la Ordenanza N° 5249 (legislación de hace dos décadas) generan ruidos que vulneran el descanso nocturno de los vecinos de las manzanas cercanas. El volumen de la música, por caso, es una de las manifestaciones más evidentes del problema. Los vidrios tiemblan frente a las vibraciones altísimas que duran varias horas y, al finalizar, el evento, gritos, ruidos de escapes y hasta peleas impiden conciliar el sueño a quienes habitan en cercanías de los solares donde se realizan este tipo de eventos.

En este punto, es preciso remarcar que la libertad de las personas es uno de los bienes más preciados de cualquier sociedad. Nadie discute el derecho a la diversión nocturna, especialmente ejercido por los más jóvenes. Pero esas libertades y derechos deben respetar las de los demás, deben ser ejercidas con responsabilidad y ajustarse a lo que la ley establece. Sobre esto último, años atrás, en ocasión de presentarse la discusión sobre este asunto, se afirmó que había un bache en la legislación sobre los espectáculos al aire libre. Sin embargo, la citada ordenanza de espectáculos públicos, en su artículo 18, si bien no se refiere específicamente a este tipo de eventos, dispone que todo establecimiento dedicado a la recreación nocturna “deberá adecuar sus instalaciones a fin que las luces, sonidos o ruidos propios de la actividad que desarrolle, no trasciendan al ámbito vecino, ni sean susceptibles de producir molestias o daños en la salud de las personas”. 

Por extensión, ante un supuesto vacío de la legislación, debería aplicarse este principio a la organización de cualquier evento al aire libre. El sentido común dictaría conductas en ese sentido. Sin embargo, no siempre es así. Es fácil de constatar por los relatos de los vecinos de algunos barrios de la ciudad que cuentan con predios en donde se llevan adelante estas fiestas, especialmente los fines de semana.

El problema enfrenta derechos. Y, como tal, se transforma en un dilema que se resuelve buscando el mejor equilibrio, lo que no siempre es sencillo. Por ello, es preciso que se aborde con claridad y se establezcan parámetros lógicos y realistas para evitar controversias mayores. La convivencia requiere de diálogo y sensatez, tanto a la hora de autorizar y llevar adelante espectáculos a cielo abierto, como a la de sopesar los trastornos que podrían originarse y actuar en consecuencia para impedirlos.