El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9%.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%.

El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año.

De esta manera, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.

La útlima vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fu del 2,3% y el índice de salarios creció 2,5%.

Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación. Al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC de febrero.

El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.

El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el úblico lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).

En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado 27,4%; y el privado no registrado 75,1%.

“No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe en Libertad y Progreso. 

Ingresó al Concejo Deliberante de San Francisco un proyecto de ordenanza remitido por el Ejecutivo Municipal que pone en consideración el convenio firmado el 18 de marzo con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), el cual establece un incremento salarial escalonado para el personal municipal.

La iniciativa contempla una suba del 3% sobre el salario de febrero de 2026, cuya diferencia se abonará durante marzo. A ese incremento se suman aumentos del 3% correspondientes a los haberes de marzo, abril, mayo y junio, que se liquidarán con los sueldos de cada uno de esos meses. De aprobarse, el esquema implicará una recomposición acumulada del 15% en cinco tramos consecutivos.

El proyecto establece que todos los incrementos tendrán carácter remunerativo y se aplicarán sobre los salarios brutos del personal de planta permanente y contratado del municipio, independientemente de su modalidad de vinculación laboral. La medida también alcanza al personal regido por el Estatuto de la Administración de Obras Sanitarias (ex Epos).

Además, se incluye la incorporación progresiva como remunerativas de sumas otorgadas durante 2025. En ese sentido, se dispone un 2% retroactivo a febrero de 2026, un 1% en mayo y otro 2% en junio.

Por otra parte, el acuerdo prevé una nueva instancia de negociación entre las partes el 20 de mayo de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución de las variables económicas y la posibilidad de futuras actualizaciones salariales.

El tratamiento del proyecto en el Concejo definirá la implementación de la propuesta salarial para los trabajadores municipales en los próximos meses.

El índice de los salarios creció un 2,5% en enero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo periodo, que fue del 2,9%.

Esta suba se dio como consecuencia de los incrementos del 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado.

En el desglose de los distintos sectores, el salario del sector privado no registrado fue el único que le ganó a la inflación de enero.

Los datos se desprenden del informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El sector registrado (que junta al privado y al público) aumentó un 2% en el primer mes del 2026, y registra su quinto mes consecutivo por debajo de la inflación (desde septiembre del último año).

Si se separan los sectores registrados, el privado subió 2,1% (0,8 p.p. por debajo de la inflación) mientras que el público lo hizo en 1,8% (1,1 p.p. por debajo de la inflación).

En la medición interanual, el índice de los salarios se incrementó un 37,7% y quedó 5,3 p.p. por encima del costo de vida (32,4%).

“Estos valores se ubican por debajo de la inflación interanual de enero, que se situó en torno al 32%, lo que confirma que la recuperación del salario real, aunque en curso, aún no logra compensar la pérdida acumulada de los últimos años”, indicó el economista Tomás Amerio.

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, en base a la inflación y acumulan una suba del 5,9% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre.

La actualización paritaria establece un alza del 2,9% sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.187.023,79. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.__IP__

Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Las brechas de género en la economía argentina se profundizaron durante el último año, marcadas por un incremento en la desocupación femenina y un desmantelamiento progresivo de las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad. 

Así lo revela el informe "8 de marzo en perspectiva económica" elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De acuerdo con el relevamiento, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares al tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo para las mujeres ascendió al 7,4%, frente al 5,9% de los varones. Esta situación es particularmente crítica entre las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, donde la desocupación prácticamente duplica el nivel general.

El informe destaca una marcada “feminización de la pobreza”. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en el país.

En el extremo opuesto, la riqueza permanece mayoritariamente en manos masculinas: el 63% del sector de mayores ingresos son varones. Esta brecha patrimonial se refleja en el sistema tributario, donde las mujeres apenas representan el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% en el Impuesto a las Ganancias.

Uno de los puntos más críticos señalados por CEPA es el impacto del ajuste fiscal en las políticas de género. Según el análisis del presupuesto para 2026, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas sufrieron recortes o fueron eliminados.

La moratoria previsional sufrió un ajuste real del 41,71%. Con la eliminación de esta herramienta, el informe estima que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria.

En tanto, el programa de construcción de jardines de infantes fue directamente eliminado, y no se proyecta la creación de ninguno para 2026.

Además, la línea 144 registró una caída del 23% en el crédito ejecutado entre 2023 y 2025.

El informe advierte que la reforma laboral aprobada recientemente profundiza estas desigualdades. La introducción del "banco de horas", que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pagarlas, choca con la necesidad de previsibilidad que requieren las tareas de cuidado, las cuales recaen mayoritariamente sobre las mujeres (quienes destinan 3 horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado).__IP__

Asimismo, la derogación de la Ley de Teletrabajo suprime la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. 

Para el CEPA, este escenario consolida un modelo donde el retiro del Estado de las políticas de cuidado obliga a las mujeres a absorber estas tareas en sus hogares, limitando aún más sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo formal.

El Concejo Deliberante de San Francisco tratará en la sesión de este jueves la prórroga del recorte salarial del 20% aplicado a la planta política municipal, una medida que se encuentra vigente desde marzo de 2025 y que ahora se propone extender por seis meses más.

La decisión se enmarca en el Decreto N.º 059/26, firmado por el intendente Damián Bernarte, que dispone prolongar la reducción de su salario básico y el de los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2026. La medida alcanza a secretarios, directores generales, directores, coordinadores y demás integrantes de la planta política.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el recorte salarial aplicado durante 2025 permitió generar un ahorro cercano a 30 millones de pesos mensuales para el municipio.

Desde el bloque Hacemos Unidos por Córdoba señalaron que la iniciativa busca sostener una política de austeridad en el actual contexto económico. En ese sentido, sostuvieron que “entendemos oportuno y necesario acompañar la decisión adoptada, en consonancia con los fundamentos expuestos en el citado decreto, en el marco de la compleja coyuntura económica que atraviesa el país”.

En el mismo documento, los concejales oficialistas remarcaron que la situación económica nacional impacta en las administraciones locales, que deben afrontar mayores demandas mientras garantizan la continuidad de los servicios públicos. Por ello, consideraron que la medida representa “un gesto de responsabilidad institucional y política en la gestión de los recursos públicos”.

Asimismo, indicaron que la prórroga del recorte salarial reafirma el compromiso de la gestión municipal con “la administración prudente y eficiente del presupuesto”, priorizando el sostenimiento de las prestaciones esenciales para los vecinos.

Teniendo en cuenta los antecedentes de votaciones anteriores sobre la misma medida, se espera que la iniciativa cuente con el acompañamiento de todos los bloques del cuerpo legislativo. De confirmarse esa tendencia, la prórroga del recorte salarial sería aprobada por unanimidad durante la sesión.

Si bien Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, en ese orden, encabezan el ránking de las provincias que mejores sueldos pagan, según el último informe del “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, la Patagonia domina íntegramente el ranking de los distritos más caros para residir. 

Santa Cruz, con $911.587 para cubrir la canasta de alimentos y bebidas, lidera la estadística salarial regional y detrás se ubican Chubut ($903.640), Tierra del Fuego ($891.399), Río Negro ($887.034) y Neuquén ($867.078). 

Del cruce del poder adquisitivo promedio cada cada una entre lo que se gana y se gasta, la provincia cabecera de Vaca Muerta tiene una relación de 3 a 1 a favor de los ingresos, Santa Cruz ahí nomás, con 2,9, Chubut 2,4 y Tierra del Fuego 2,2.

La conclusión que extrae la consultora Analytica es que una familia patagónica necesita destinar, en promedio, el 15,7% de los salarios privados registrados para cubrir la canasta.

En tanto, en el NOA/NEA debe destinar el 29,7% de sus ingresos para adquirir los mismos productos que en el sur.

En enero, la brecha entre la provincia más cara y la más barata del país superó los $113.000. El desglose por productos muestra que el aceite de girasol subió entre un 3% y 5% en la mayoría de las provincias. 

Las hamburguesas lideraron los aumentos con saltos de hasta el 7%, seguidas por las salchichas con subas del 4%. Por el contrario, la docena de huevos no sufrió variaciones de precio en casi todo el país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde el valor cayó un 1,3%.

Del otro lado del ránking de sueldos, el Noreste (NEA) y el Noroeste (NOA) se mantienen como las zonas con los precios nominales más bajos, pero en un contexto de salarios sumergidos: Chaco, Corrientes, Tucumán, Misiones y Santiago del Estero son las provincias con los promedios de menor cuantía (entre $900 mil y poco más de un millón).

La característica saliente es que la jurisdicción que peores sueldos paga, Santiago del Estero, no por eso es la más barata: Misiones registró el “changuito” más económico con $798.252, seguida por La Rioja ($807.716) y Chaco ($808.958).

Por detrás de las cuatro vecinas patagónicas que remuneran mejor, Río Negro también se destaca, pero por superar a importantes provincias del centro del país. 

En contraste, otras tradicionalmente ricas como Córdoba y Mendoza cayeron en la ponderación, al ocupar el puesto 12° y 17° respectivamente, con sueldos inferiores a los del pelotón de punta que encabeza Neuquén.

La mayoría de los salarios en la región patagónica crecieron por encima de la inflación del año pasado, con registros de Neuquén y Río Negro que permitieron una recuperación real del poder adquisitivo que supera al resto del país.

Fuente: Agencia NA

Mientras el gobierno impulsa una polémica reforma laboral que intentará empezar a tratar en febrero próximo en el Senado, la estadística de empleo sigue arrojando datos negativos.

El empleo formal registró una caída de 11,3 mil puestos de trabajo en septiembre -última medición- y el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil volvió a experimentar una leve reducción, del 0,5%.

Así lo sostiene un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 

El gobierno confía en que a partir de una nueva ley laboral que reduciría los riesgos de tomar gente, sobre todo en materia de indemnizaciones, las pymes se animarán a incorporar más fuerza laboral, aunque para eso será necesario que la economía siga creciendo, y a tasas más elevadas que las del 2025.  

En materia laboral, la tendencia indica que, desde mayo, el empleo registró cinco meses de caídas consecutivas. Por su parte, el poder adquisitivo del salario volvió a reducirse.

Así lo sostiene el habitual informe mensual coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

El estudio arroja una caída de 10,6 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal del sector privado en septiembre, que son los últimos datos disponibles.

En el mismo sentido, concluye que el empleo asalariado formal del sector público se mantuvo prácticamente sin cambios y que hubo una leve caída de 2,9 mil puestos de trabajo en el empleo asalariado formal de casas particulares.

Tras las fases de caídas –desde septiembre de 2023 a agosto de 2024– y de estancamiento– con leves alzas y bajas hasta abril de 2025–, el empleo asalariado formal total registró caídas consecutivas durante 5 meses, desde mayo a septiembre de 2025, según el informe.

El empleo asalariado formal total en septiembre de 2025 representaba una pérdida de 57 mil puestos de trabajo (-0,6%) respecto de septiembre de 2024 y de 242 mil puestos de trabajo (-2,4%) respecto de noviembre de 2023.

En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de agosto de 2022.

El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo levemente durante noviembre de 2025 (-0,5%).

Ello se suma a las reducciones de los meses previos: octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%).

En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024.

Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 36%. En lo que va del año la caída ha sido de 8%.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de octubre de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Asimismo, implica una erosión del 64% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, y que represente solo un tercio del mismo.

El Gobierno de Brasil oficializó un nuevo aumento del salario mínimo, que a partir del 1 de enero de 2026 pasará de 1.518 a 1.621 reales mensuales, equivalentes a unos 293,7 dólares, lo que representa un incremento del 6,79%, según se publicó en el Diario Oficial.

El decreto fue firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y establece que, con el nuevo valor, el salario mínimo diario será de 54,04 reales, mientras que el valor por hora ascenderá a 7,37 reales.

Desde 2023, la administración brasileña aplica una política de valorización del salario mínimo orientada a garantizar aumentos reales del ingreso de los trabajadores. El esquema de actualización contempla la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de los 12 meses previos, a la que se suma el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) registrado dos años antes. En los casos en que no haya expansión económica, el ajuste se limita únicamente a la inflación.

De acuerdo con esta fórmula, el reajuste previsto para 2026 combina la corrección inflacionaria acumulada hasta noviembre de 2025 con el desempeño de la economía brasileña. En ese sentido, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó a comienzos de diciembre que el PIB de 2024 creció un 3,4%, dato clave para la determinación del nuevo salario mínimo.__IP__

La evolución del salario mínimo en Brasil muestra una tendencia ascendente en los últimos años. En 2023 se ubicaba en 1.320 reales, pasó a 1.412 reales en 2024, aumentó a 1.518 reales en 2025 y alcanzará los 1.621 reales en 2026, consolidando el esquema de recuperación del poder adquisitivo impulsado por el Gobierno.

El índice de salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó, octubre, una suba de 2,5% mensual, quedando por encima del costo de vida de ese mes, que fue del 2,3%.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el sector privado no registrado- comúnmente conocido como el sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el Indec que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año: con 4,2%, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

Comparado con octubre del año anterior, los salarios quedaron por encima de la inflación para ese período (31,3%) y aumentaron 43,1%.

Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.

En lo que va del año, los salarios acumularon una suba de 33,7%, en consecuencia de los aumentos de 22,9% en el privado registrado, 26,2% en el público y 84,5% en el privado no registrado.

“Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema. Es lo que se viene viendo en los últimos meses: el salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, señaló al respecto Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso.

La reelección de Víctor Lescano al frente del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de San Francisco y Zona (Suoem), con un contundente 97% de los votos positivos, cerró un año complejo para el gremio, atravesado por reclamos salariales, discusiones sobre precarización y un conflicto con el Ejecutivo que se prolongó más de dos meses. En un contexto económico desafiante, con aumento de tarifas, caída del consumo, recaudación municipal en baja y políticas nacionales que —según advierte— “desalientan la estabilidad laboral”, el dirigente anticipa que 2026 obligará al sindicato a sostener la unidad interna y a reforzar la defensa de los derechos.

En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Lescano trazó un balance del año, afirmó que la negociación salarial continúa abierta, criticó las decisiones del gobierno de Javier Milei y analizó cómo la reforma laboral y el avance de la Inteligencia Artificial pueden transformar las relaciones de trabajo, especialmente en el sector público.

- ¿Cuál es su evaluación general del año 2025 para el Suoem, especialmente después de haber sido reelecto?

El balance es positivo, principalmente porque logramos una participación muy alta a pesar de no haber una lista opositora. De un padrón de 700 afiliados votaron alrededor de 500 entre San Francisco y la zona, y eso para nosotros es un respaldo enorme. La elección nos permitió reforzar un mensaje hacia el Ejecutivo: seguimos firmes contra la precarización, defendiendo el salario y apostando a la unidad de los trabajadores. El 2026 se viene muy complejo. Sabemos que llegará una reforma laboral y todavía no sabemos cómo nos afectará, pero sí sabemos que históricamente las reformas apuntaron más a quitar derechos que a ampliarlos. Por eso insistimos tanto en mantener la unidad para proteger lo conquistado.

- ¿Qué metas concretas se plantea para este nuevo período como secretario general?

Participé del Congreso de la CGT (Confederación General del Trabajo) y, aunque no compartimos el esquema del triunvirato y seguimos reclamando la Secretaría de Asuntos Municipales, eso no nos aleja de la central. Sabemos defendernos entre nosotros y entendemos que lo que viene exige estar alertas. En el Congreso se habló claramente de la reforma laboral y de la pérdida de derechos. Nuestro objetivo es que, más allá de simpatías políticas, todos los trabajadores estén del mismo lado cuando haya que defender el empleo, el salario y la estabilidad. Esa es nuestra meta central para este nuevo período.

-  ¿Cree que el aumento escalonado del 13,5 % logrado este año es suficiente para recuperar poder adquisitivo, o seguirá insistiendo en una recomposición más amplia? ¿Las próximas mesas de negociación pueden tener un cambio de tono?

Hoy negociamos salarios sobre una inflación que no refleja la realidad. Mientras suben combustibles, servicios y alimentos, la recomposición siempre queda por detrás. No alcanzamos a recuperar el valor perdido del salario porque todo aumenta más rápido que cualquier acuerdo. Por eso insistimos en seguir discutiendo. La negociación de 2025 no está cerrada.

- Había alertado un atraso salarial del 20 % en los sueldos municipales…

Ese 20% lo perdimos apenas inició este gobierno nacional, y seguimos perdiendo porque el salario ya no es lo que era. Afortunadamente, en años anteriores logramos acuerdos que nos ubicaron en un piso relativamente alto, y eso nos permite amortiguar el golpe. Pero el atraso existe y el conflicto fue largo: más de dos meses, hasta que logramos una conciliación en el Ministerio de Trabajo. La discusión salarial sigue abierta.

 - Una de sus demandas históricas es la estabilización laboral. ¿Cuánto ha avanzado el Suoem en lograr más ingresos a planta permanente?

Este año cerramos el pase a planta de 164 trabajadores, algo fundamental en un contexto de salarios bajos y creciente desocupación. Son 160 familias que hoy tienen estabilidad. Eso nos deja tranquilos y orgullosos. La discusión salarial continuará, pero consolidar la planta permanente era muy necesario.

- ¿Creen que la precariedad en las contrataciones municipales es uno de los principales frenos para mejorar las condiciones laborales?

La precarización surge de un sistema que se aprovecha de la fragilidad laboral, y hoy el Estado nacional la está promoviendo abiertamente. Eso habilita que en todos los niveles se tomen decisiones que precarizan aún más. Nosotros resistimos eso. No queremos tensar innecesariamente, porque sabemos que detrás de cada trabajador hay una familia. Pero sí denunciamos que la Ley de Bases cambió las reglas del juego: no solo para los trabajadores, también para las organizaciones sindicales. Ya no es posible manifestarse como antes y debemos ser más prudentes. San Francisco tiene su propia realidad, pero en grandes municipios el impacto es mucho más duro.

- ¿Cómo se combina la estrategia de protesta con la negociación institucional para evitar desgaste?

Cada parte tiene sus reglas. Buscamos evitar medidas ruidosas como antes, pero seguimos usando los recursos que tenemos. Aunque en 2025 el conflicto fue más largo y muchos trabajadores aún no ven en el bolsillo el impacto del aumento, sabemos que lograr los 160 pases a planta fue un avance enorme. Y reitero: la discusión salarial sigue abierta. Hoy los sueldos se negocian a la baja y no alcanzan. Si la economía de los vecinos cae, cae la recaudación; y si cae la recaudación, se complica cualquier aumento. Es un círculo. A veces se nos culpa a nosotros, cuando en realidad somos quienes prestamos los servicios esenciales: limpieza, mantenimiento, cloacas, espacios públicos. Muchas dificultades no son decisiones del trabajador, sino consecuencias de políticas económicas.

- ¿Qué papel quiere que juegue el Suoem más allá de la negociación salarial, por ejemplo, en las políticas de gobierno local o en la planificación del presupuesto??

Siempre aportamos ideas para mejorar la gestión y evitar tercerizaciones innecesarias. Pero también reconocemos que intervenir demasiado sería meternos en decisiones políticas. Nuestro rol es advertir sobre gastos excesivos o ineficiencias y defender a los trabajadores. Hoy los salarios representan menos del 40% del gasto municipal, porque la recaudación bajó. Seguimos atentos a esa dinámica y planteamos nuestras observaciones cuando corresponde.

- ¿Por qué se sigue recurriendo a sumas no remunerativas pese a su impacto en jubilaciones?

Es una discusión compleja. Los jubilados provinciales y nacionales no están en la misma situación. Cuando se negocian aumentos, lo no remunerativo permite alcanzar porcentajes mayores en el corto plazo. Si fueran todas sumas remunerativas, el porcentaje sería mucho menor para los activos. Debemos equilibrar: que el jubilado no pierda, pero que el trabajador activo también pueda sostenerse. Muchas veces el jubilado percibe el aumento tarde, pero siempre llega por la lucha del sindicato.

- Si pudiera lograr durante su nuevo mandato solo una reivindicación para los municipales, ¿cuál sería?

Sin dudas, mejorar el salario. Hoy un ingreso inicial ronda 1.200.000 pesos. Los trabajadores jóvenes recién empiezan a construir antigüedad y recién en dos o tres años verán un impacto real. No queremos que se vuelva a pagar con bonos. Ya vivimos esa etapa durante el Cecom en el gobierno de Hugo Madona y sabemos lo que significa perder un 30% del salario en bonos. Ojalá no tengamos que repetir esa historia. Hoy el Gobierno nacional presiona a las provincias, la provincia presiona a los municipios y hay una realidad: vos vas al supermercado, la mercadería siempre aumenta, entonces, ¿qué le va a salir más barato?: ¿pagar horas extras, dar aumento o dar bonos? El receso económico producirá ese tipo de medidas.

- ¿Cómo impacta la situación económica en los servicios que ofrece el sindicato?

Seguimos sosteniendo coberturas en salud, farmacia y otros beneficios, pero estamos ajustándonos como lo hace cualquier familia. La obra de reconstrucción de la sede propia, en calle Ituzaingó, también demanda recursos. Es un desafío sostener todo lo construido en este contexto.

 - ¿Cómo piensa fortalecer al sindicato para que siga siendo representativo frente a nuevas generaciones de trabajadores?

Hay trabajadores a los que ni conocemos y que reclaman desde lejos, pero siempre negociamos para todos. Buscamos una suma fija que alivie a quienes menos ganan, especialmente los planes. Frente a la Inteligencia Artificial, debemos prepararnos para defender puestos de trabajo y actualizar la discusión sobre la carrera administrativa. Estamos reclamando que no se cubran cargos jerárquicos con designaciones políticas, sino fortaleciendo el personal de carrera.

-¿Cómo describiría hoy la relación institucional entre el Suoem y Bernarte?

Cada uno respeta su rol. Él gobierna y nosotros defendemos a los trabajadores. La relación es institucional, con diálogo y con diferencias cuando corresponde. Queremos que cada compañero que integra la comisión directiva del gremio pueda gestionar una necesidad en el área que corresponde. Y si el tema demanda una discusión más amplia, ahí sí participar al secretario general. Esa es la voluntad de la comisión.

Dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio de San Francisco —Orlando Montenegro, Víctor Pérez y Andrés Pardini— se reunieron con la directora de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba, comisario mayor Analía Ludueña, con el objetivo de coordinar un esquema de trabajo conjunto para acompañar las inspecciones laborales que realiza la Secretaría de Trabajo de la Provincia en comercios locales.

Según explicaron, la intervención de la policía será solicitada cuando inspectores o representantes del sindicato se encuentren con resistencia —como negativa o impedimento de ingreso— durante las fiscalizaciones. En esas situaciones, la presencia policial permitirá que el inspector y el gremio realicen su tarea de forma adecuada y acorde a la legislación vigente.

El secretario general del gremio, Oscar Fagioli, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO y fue enfático respecto a la necesidad de fortalecer el sistema de control: “Los sindicatos necesitan más inspectores y para ello se necesita una Secretaría de Trabajo reorganizada en ese sentido, que facilite a los gremios los inspectores que acompañen, que son la primera figura del control”. Además, sugirió dar a Trabajo rango de Ministerio. 

Actualmente, explicó, las inspecciones tienen una frecuencia promedio de dos veces por mes en San Francisco, pero según advirtió, ese ritmo es insuficiente. “El inspector llega desde Córdoba capital, porque en la delegación local no hay personal para cubrir todos los gremios y rubros”, detalló, y añadió que el sindicato debe hacerse cargo de los costos de traslado. “Faltan inspectores”, sentenció.

Fagioli también realizó un balance sobre la informalidad: “Según datos provinciales, la informalidad en el comercio alcanza al 50 % de los trabajadores, y esa realidad no es ajena a San Francisco”. Denunció que muchos locales contratan sin registrar o reducen horas laborales a empleados influenciados por temores a perder el trabajo. “En esas situaciones, muchas veces el trabajador acepta por falta de fuente de trabajo o por miedo a ser suspendido o cesanteado”.

Desde el sindicato, expresaron su satisfacción por la predisposición de la comisario Ludueña, a quien el gremio agradeció por su compromiso y apertura para intervenir cuando sea necesario. Destacaron su buena recepción y compromiso institucional.

En un pasaje notable de la entrevista, Fagioli fue crítico con el modelo económico del gobierno del presidente Javier Milei. “El presidente quiere trabajadores con malos salarios”, denunció, y agregó que las políticas oficiales buscan debilitar a los sindicatos. “El Gobierno nacional quiere eliminar a los sindicatos o controlarlos”, afirmó, describiendo una supuesta campaña para vaciar a las organizaciones gremiales.

Resaltó que los convenios colectivos incluyen beneficios como farmacia sindical, salud, ayudas escolares y otros servicios, y advirtió que el único que puede defender los derechos de los trabajadores es un gremio organizado. “Nuestra farmacia sindical brinda un 90 % de cobertura a los afiliados. Eso es lo que está en juego”.

Además, fue categórico acerca del poder adquisitivo: “Hubo aumentos de haberes, pero los salarios siguen corriendo detrás de la inflación. El Gobierno dice que los precios bajaron, pero eso no se siente en el bolsillo del trabajador”.

En cuanto a los acuerdos salariales, recordó que fue firmado un aumento del 6 % para el segundo semestre de 2025, condicionando un 1 % mensual alineado con la pauta oficial. Esa suba todavía no fue homologada por la Secretaría de Trabajo, lo que genera incertidumbre en su implementación. “Si no hay homologación, el empresario no tiene obligación de pagar los nuevos montos”, aclaró el dirigente gremial.

De acuerdo a las escalas vigentes, los sueldos en comercio son: maestranza B $1.008.906; administrativo B$1.021.301; cajero B $1.025.672; auxiliar B $1.027.856; vendedor B $1.042.438; más antigüedad y presentismo y sumas no remunerativas de $40.000 mensuales desde mayo a diciembre. “Los gremios han negociado, pero si no se homologa, mucho de eso no llega al bolsillo real del trabajador”, refirió.

Fagioli calificó al actual período como “el peor de la historia en cuanto al diálogo del gobierno con los sindicatos”, afirmando que hoy “no hay diálogo, solo amenazas de desaparición de los gremios”. Señaló que durante la pandemia de Covid‑19 quedó al descubierto la desigualdad entre grandes empresas que siguieron trabajando y acumulando ganancia sin trasladar ese rédito en los salarios.

“El problema no son los supermercados, sino quienes no cumplen con los derechos básicos de los trabajadores”, dijo. “Hay empleados que son maltratados, directamente se les hace sentir que no tienen derecho a nada”. Y añadió: “La Secretaría de Trabajo ha permitido acuerdos empresariales sin homologarlos. El Gobierno avala esa situación. No quiere un aumento de sueldo”.

Según Fagioli, el sindicato mantuvo contacto con el sector empresarial local, y aunque existen diferentes posturas, desde el gremio han sostenido una posición clara: “No se trata solo de un trabajador, sino de miles de familias. Tenemos mil agremiados, mil familias detrás de cada trabajador”.

El respaldo de la Departamental San Justo fue celebrado por el sindicato. “La directora Ludueña nos pidió que no dudemos en solicitar presencia cuando la situación lo requiera”, señalaron desde el SEC, subrayando el valor del acompañamiento policial para garantizar la efectividad de las inspecciones.

Fagioli remarcó que el control laboral no es solo una cuestión administrativa, sino una herramienta de prevención. “Un inspector acompañado por la policía tiene más posibilidades de que el comercio cumpla con su obligación. Eso protege al trabajador y también al comercio legal”.

En síntesis, el sindicato reclama: más inspectores laborales para cubrir toda la cantidad de comercios; acompañamiento policial durante las inspecciones; una Secretaría de Trabajo reorganizada y funcional; homologación real de convenios; y una revalorización de los derechos de los trabajadores. También destacó la necesidad de políticas que promuevan la formalidad, y no solo por sanción, sino por acompañamiento.

La combinación de informalidad laboral elevada, sueldos por debajo de la inflación y ausencia de homologación genera un escenario donde los trabajadores, según Fagioli, quedan desprotegidos. 

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) acordó un nuevo incremento del 6,5% en promedio, entre febrero y septiembre, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.

La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 3,5% sobre la remuneración de enero, cuando se aplicó el último incremento y del 1% tanto en junio, como en julio y agosto.

Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre, con montos diferenciados que van desde $4.000 a $10.000 según la carga horaria semanal.

A la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo, el aumento derivado de la negociación paritaria también incluyó un acuerdo para definir en octubre la actualización de los salarios para los últimos meses del año

Personal con más de 16 horas semanales:

Personal con 12 y 16 horas semanales:

Personal  con hasta 12 horas semanales:

El pago de servicios públicos esenciales como energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte representa hoy una carga cada vez más pesada para los hogares cordobeses. Así lo demuestra el último relevamiento de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que advierte que en junio de 2025, una familia tipo debió destinar entre el 13,3% y el 20,3% de sus ingresos mensuales para afrontar estos gastos.

El informe pone el foco en los hogares de menores ingresos, donde la carga es más severa: allí, el gasto en servicios públicos pasó del 13,4% en diciembre a un alarmante 20,3% en junio, en un contexto de subas tarifarias continuas y salarios que no logran seguir el ritmo inflacionario. En paralelo, las familias de ingresos medios destinan el 16,3% y las de ingresos altos, el 13,3%.

Mientras los salarios crecieron un 25%, las tarifas lo hicieron hasta un 54% en los hogares más vulnerables

El transporte urbano encabeza la lista de los servicios más onerosos para todos los perfiles, con un gasto mensual que puede llegar a $154.520 en hogares de altos ingresos que combinan colectivos con taxis. Le siguen el gas natural (con consumos mayores en invierno) y la energía eléctrica.

En el caso del gas, los hogares sin acceso a la red (como muchas familias del Gran Córdoba) deben recurrir al gas envasado, lo que eleva significativamente los costos: un hogar tipo sin red de gas natural paga en promedio $103.400 mensuales, el triple que uno conectado a la red, que abona alrededor de $35.286.

Una familia del Gran Córdoba sin gas natural gasta el triple en calefaccionarse que una en la ciudad capital

Lo mismo sucede con el transporte interurbano, que en el último año y medio aumentó un 513,7%. Viajar todos los días desde localidades como Jesús María, Río Segundo o Carlos Paz hacia la capital puede costar entre $176.000 y $264.000 mensuales, cifras muy superiores al costo del transporte urbano en la ciudad ($69.520 mensuales por persona).

Las tarifas de energía eléctrica y gas natural también sufrieron incrementos importantes. Por ejemplo, una familia de nivel medio pagó en junio $40.519 por electricidad y $35.286 por gas natural, mientras que en el caso del agua potable, el impacto fue más visible en los sectores de mayores ingresos, que llegaron a pagar $68.570 mensuales por el servicio.

El problema se agrava si se considera que los ingresos salariales crecieron sólo un 25% en el mismo período, muy por debajo del aumento en los costos de servicios, especialmente en invierno, cuando se dispara el consumo de gas y luz por calefacción.

El informe destaca que el aumento del peso relativo de los servicios fue más pronunciado en los hogares vulnerables. En solo seis meses, estos vieron subir sus gastos en servicios en un 54,2%, contra un 38,4% en los hogares medios y un 20,2% en los de mayores ingresos.

Este desbalance responde a varios factores: las fuertes subas en las tarifas, la quita de subsidios nacionales iniciada en 2024 y continuada este año, y el mayor consumo estacional de invierno. En contrapartida, los ingresos familiares, en especial en los sectores informales, no lograron recomponerse al mismo ritmo, lo que genera un desfasaje cada vez más preocupante.

De esta manera, el gasto en servicios públicos ya representa una quinta parte del ingreso mensual en muchas familias cordobesas, una proporción que pone en jaque su capacidad de cubrir otras necesidades básicas.

Desde la Defensoría del Pueblo advirtieron que esta tendencia genera una “presión silenciosa y constante sobre los presupuestos familiares”, especialmente en zonas periféricas donde los servicios llegan con menor cobertura y mayores costos.

El informe finaliza alertando sobre la necesidad de revisar los esquemas tarifarios y de subsidios vigentes, y garantizar que los aumentos futuros no profundicen aún más las desigualdades en el acceso a servicios básicos.

El índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó, en abril, una suba del 74,3% comparado con el mismo mes del año anterior.

En la medición mensual, los salarios subieron 3,4%.

El crecimiento mensual se debe a subas de 2,5% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 7,7% en el sector privado no registrado.

Así, desde diciembre del 2024, los salarios acumulan un alza de 13,8%.

En lo que respecta a la suba interanual,  estuvo conformada por los incrementos de 61% en el sector privado registrado, 58,6% en el sector público y 182,9% en el privado no registrado.

Con respecto al acumulado desde diciembre del año anterior, la suba del 13,8% está basada en el incremento del sector privado no registrado (32,6%), el sector público (11,4%) y el privado registrado (9,6%).

Dentro del informe, el INDEC anunció la incorporación de una nueva medición: el índice de salarios del sector público nacional y provincial.

Durante el cuarto mes del año, los salarios del sector público nacional aumentaron 2,7% mensual y 31,9% interanual.

Por el lado del provincial, se incrementó 2,4% mensual. En cuanto al interanual, trepó un 67,3%.

Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del 2024 fueron del 7,7% para el sector público nacional y del 12,9% para el público provincial.

Con este último dato del INDEC, los salarios mostraron un repunte y fueron mayores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, el cual fue del 2,8%.

También se ubicaron por encima de la interanual, que cerró en 47,3% durante el cuarto mes del año.

El conflicto en Lácteos Verónica recrudece y mantiene paralizadas las tres plantas que la compañía posee en la provincia de Santa Fe: Clason, Lehmann y Suardi.

La falta de pago completo de los salarios de abril, sumado a la falta de certezas sobre el sueldo de mayo y el aguinaldo, profundizó las medidas de fuerza, con bloqueos totales que impiden la actividad en las fábricas.

Según detalló Rodolfo Rodríguez, trabajador y delegado de la firma, “la situación es igual o un poquito más agravada que el 14 de mayo”, cuando se retomaron las retenciones.

Los empleados, que suman alrededor de 700, recibieron apenas un 54% del salario de abril, abonado en cuotas mínimas que incluyeron depósitos del 5%.

En la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, la empresa sólo deslizó la posibilidad de completar el pago entre el 2 y el 11 de junio, sin compromisos claros respecto al sueldo de mayo ni al medio aguinaldo.

La falta de respuestas concretas mantiene en vilo a las familias que dependen de la actividad de Lácteos Verónica, mientras el conflicto amenaza con extenderse en el tiempo.

Tras una reunión fallida en la Secretaría de Trabajo de la Nación, las tres plantas que la empresa tiene en Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi) siguen paralizadas y sin señales concretas de solución.

Los 700 empleados afectados reclaman el pago del 46% de los salarios de abril, mientras la incertidumbre crece también sobre los sueldos de mayo y el aguinaldo.

La crisis no es nueva. Según testimonios de los trabajadores, la empresa ya había iniciado un proceso de recortes en 2017, cuando amagó con un preventivo de crisis que no prosperó.

En ese momento, los empleados accedieron a cobrar sus sueldos en cuotas, en un esfuerzo para mantener la actividad. El ciclo se repitió durante la pandemia, aunque allí se logró normalizar el pago de haberes mientras se procesaban más de un millón de litros de leche.

Pero a principios de este año, la situación volvió a deteriorarse. Los trabajadores denunciaron que la empresa dejó de realizar aportes sociales, lo que afectó coberturas de salud, prepagas, cuotas alimentarias y otros compromisos.

La deuda salarial creció hasta llegar al incumplimiento del 46% de los sueldos de abril, una deuda que hasta ahora sigue sin saldarse.

Rodríguez advirtió que la situación “está igual o un poquito agravada” respecto a la semana pasada. Mientras tanto, las plantas de Clason, Lehmann y Suardi siguen bloqueadas y sin producción, en un conflicto que impacta de lleno en las familias de los trabajadores y en la cadena de valor del sector lechero en la región.

El entendimiento contempla aumentos salariales para personal de hospitales provinciales en el periodo de abril pasado a marzo de 2026.

Se garantiza que a lo largo del año los salarios se incrementarán de acuerdo a la variación del IPC Córdoba, con adelantos de inflación cada dos meses.

El Gobierno de Córdoba selló el acuerdo salarial con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa Filial Córdoba), que representa al personal de hospitales y centros asistenciales provinciales.

El entendimiento comprende el periodo anual abril de 2025 hasta marzo de 2026, inclusive.

De la firma participaron el Secretario General de la Gobernación David Consalvi y el Secretario General de Atsa Filial Córdoba, Ricardo López.

El acuerdo contempla incrementos cada dos meses, con adelantos de inflación y revisiones periódicas para garantizar que la pauta salarial se encuentre en línea con la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor que publica la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, asegurando de tal manera la protección del poder adquisitivo de los salarios.

El retroactivo correspondiente a abril se abonará conjuntamente con la liquidación salarial de mayo, de acuerdo al cronograma informado por la Secretaría General de la Gobernación.

La próxima negociación salarial se realizará en abril de 2026.

Desde mediados hasta final de esta semana, la actividad en los Tribunales locales se verá gravemente resentida por el paro de 72 horas que llevarán adelante empleados del Poder Judicial de Córdoba con sede en San Francisco. 

La medida de fuerza que se suma a las asambleas y paros que se vienen realizando hace más de un mes tanto en San Francisco como en otras dependencias de toda la provincia se debe al pedido que realizan judiciales autoconvocados y empleados nucleados en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) por a la equiparación de su escala salarial con la que gozan los judiciales que trabajan en la Justicia Federal. 

Según pudo saber LA VOZ DE SAN JUSTO, se espera que el acatamiento en nuestra ciudad sea del 90% y si no hay respuestas afirmativas al reclamo por parte del Tribunal Superior de Justicia provincial, se propondría un paro por tiempo indeterminado. 

El viernes se les depositó a los trabajadores judiciales la diferencia de sueldos por la nueva recategorización por la reestructuración del escalafón provincial. Además, los empleados judiciales percibieron el 2% de aumento que la Corte Suprema de Justicia otorgó en el salario de febrero, más el retroactivo de ese incremento de los meses de marzo y abril.

El máximo tribunal nacional aún no oficializó los aumentos para los meses de marzo y abril, suba salarial a la cual están alcanzados los empleados del Poder Judicial de Córdoba.

Desde el TSJ, remarcaron que la reestructuración del escalafón (ahora quedó en seis categorías, como en la Justicia federal), significó un incremento en los salarios de los judiciales provinciales –en promedio- de entre el 10% y el 12%.

La información oficial indica que el sueldo del cargo inicial aumentará un 16,73 % para los agentes que no tengan título universitario, y un 12,68 % para aquellos que sí lo tengan; como es el caso de las abogadas y abogados. Este aumento alcanza a 1.760 agentes del Poder Judicial Provincial,

A pesar de esto, desde el colectivo de trabajadores mostraron intransigencia con respecto a su postura y la medida de fuerza por tres días fue confirmada. El titular del Agepj, Fderico Corletti indicó al respecto que “La reestructuración del escalafón es un paso importante, pero insuficiente para levantar el plan de lucha. Nuestro reclamo es por la equiparación salarial con la Justicia Federal, algo que los jueces y funcionarios judiciales provinciales cobran desde el año 2012”.

“La equiparación es un acto de justicia que se tiene producir. Desde el año 2012, los jueces y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba cobran el 90% de lo que perciben sus paredes federales. Esto debe ocurrir también con los empleados provinciales. Por eso decimos que la reestructuración de escalafón, que quedó con seis categorías como los federales, es un paso importante, indispensable, pero no suficiente. Ahora falta la equiparación”, aseguró.

Según el reclamo de los judiciales, un empleado que recién ingresa al poder judicial cordobés cobra $750.000, mientras que uno del fuero federal recibe $1.700.000. Situación que, por ejemplo, genera que un empleado de la justicia cordobesa con 10 años de antigüedad en su puesto de trabajo este percibiendo de salario $1.300.000.

Luego del paro de 48 horas concretado durante hace dos semanas, la concentración realizada en las escalinatas de Tribunales en la ciudad de Córdoba, esta emana los judiciales provinciales vuelven a parar, esta vez durante tres días y con la decisión de agudizar el reclamo si no hay instancias de diálogo superadoras. 

Serán tres días de unos Tribunales desiertos, con mínima actividad, a la espera que la mesa de negociación entre los actores involucrados garantice la normalidad, algo que por ahora parece estar lejos de que suceda. 

La oposición manifestó que acompañará el recorte del 20% en las dietas de los funcionarios del Ejecutivo anunciado por Damián Bernarte, que busca optimizar los recursos del municipio y aliviar las finanzas ante la difícil situación económica. En tanto, insisten con la necesidad de achicar la órbita del Estado municipal y plantean falencias en términos de transparencia y rendición de cuentas.

“Adherimos al recorte. De hecho, yo había propuesto que la reducción fuera del 25 % en los salarios de la planta política”, indicó a LA VOZ DE SAN JUSTO Marco Puricelli, edil de Juntos por el Cambio. Aunque, “creemos que es una decisión ‘para la tribuna’ porque no hay otra señal fuerte de austeridad de parte de esta gestión. No cesaron los nombramientos de personal, funcionarios, monotributistas”, agregó. 

“Acompaño el recorte pero creo que además debería hacerse una reducción de la planta jerárquica, de la cantidad de secretarías, directores, subdirectores, coordinadores…, que en algunos casos, no se sabe cuál es su función. Por lo que, además de la reducción salarial, era necesario anunciar una disminución de secretarías”, dijo Cecilia Roffé, del monobloque San Francisco Cambia. El gabinete de Bernarte mantiene las 9 secretarías: Políticas Sociales; Infraestructura; Servicios Públicos; Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva; Gobierno; Salud; Prevención y Movilidad Urbana; Innovación; y Economía.  

Recordemos que en el marco de la apertura oficial del año político, el sábado pasado por la noche, el intendente presentó importantes medidas en su discurso ante el Concejo Deliberante. Una de las novedades más destacadas fue el anuncio de reducir su salario y el de secretarios, concejales, tribunos de cuentas, asesor letrado y miembros del Tribunal de Faltas, lo que implicará un ahorro significativo. De acuerdo con el presupuesto municipal para 2025, que asciende a casi 70 mil millones de pesos, la erogación prevista para los salarios de la planta política es de $1.102.777.125. Con esta medida, el municipio podría ahorrar más de 220 millones de pesos.

En su discurso, Bernarte también hizo referencia a otras decisiones de ajuste, como la disminución del 30% en horas extras del personal municipal y en adicionales salariales en comparación con 2023. El intendente destacó que "veníamos de una inflación del 254% anual en 2023, que desaceleró pero continuó siendo una de las más altas del mundo", una situación que, según explicó, afectó las finanzas municipales. Además, señaló que la economía nacional cerró 2024 con una caída del 3%, lo que provocó una disminución del 10.6% en la recaudación municipal, es decir, más de 4 mil millones de pesos menos en las arcas del municipio.

A pesar de los desafíos, Bernarte destacó la implementación de 47 programas con 163 iniciativas en áreas clave como educación, salud, producción y seguridad, subrayando que en 2024 "cumplimos el 90% de estas iniciativas, gracias a que nuestro municipio está ordenado en sus cuentas". En cuanto a las críticas sobre el empleo público, aclaró que "son 1.269 los empleados municipales, lo que representa 18 por cada 1.000 habitantes, casi la mitad que la provincia de Córdoba". Además, defendió la eficiencia de la administración local al afirmar que "hacemos más con menos", a pesar de la creciente demanda de servicios en una ciudad en expansión.

En su discurso, Bernarte también dirigió críticas al gobierno de Javier Milei, particularmente sobre la falta de apoyo del gobierno nacional ante la crisis económica. "Es una realidad que la demanda ciudadana al municipio sigue creciendo. En esta nueva realidad, con un Estado nacional en retirada, los gobiernos municipales deben hacerse cargo de más necesidades sociales y comunitarias", señaló. En este contexto, destacó la responsabilidad que tienen los municipios en la provisión de servicios, apuntando a la dificultad de cumplir con las expectativas ciudadanas mientras se reducen los recursos. "Muchas veces se pide reducción de la presión tributaria y al mismo tiempo nos piden más o mejores servicios. Al menos, a nivel municipal. Menos Estado, pero más servicios. Difícil, ¿no?", reflexionó el intendente.

Con esta medida de recorte salarial y el ajuste en diversas áreas, el municipio de San Francisco enfrenta un año de desafíos, con el objetivo de equilibrar su presupuesto y continuar ofreciendo servicios esenciales a la ciudadanía en un contexto económico complicado.

El Gobierno de Javier Milei determinó que los aportes económicos de las compañías empleadoras a las cámaras empresarias dejan de ser obligatorios para pasar a ser voluntarios, mediante el Decreto 149/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

En ese sentido, puntualizó que la imposición en curso o la aceptación voluntaria “podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente”.

En el texto oficial, el Ejecutivo argumentó la decisión indicando que la imposición de contribuciones obligatorias a favor de las cámaras o grupos de empleadores es una práctica “carente de sustento normativo”, asegurando que “afecta la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad”.

Al fundamentar dicha valoración, expuso que el artículo 9 de la Ley N° 14.250 admite la incorporación de cláusulas que establezcan contribuciones a favor de las asociaciones sindicales de trabajadores, pero asegura que no alcanza a terceros ajenos al ámbito de la representación ejercida en la suscripción del Convenio Colectivo de Trabajo por las asociaciones o cámaras o grupos de empleadores que lo suscriben.

En este marco, estableció que la Secretaría de Trabajo “no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan cláusulas destinadas a establecer contribuciones, aportes o cualquier tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a quienes no se encuentren afiliados o asociados a estas”.

Al respecto, sostuvo que “la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo tiene como finalidad exclusiva la regulación de condiciones de trabajo de aquellas relaciones individuales comprendidas en su ámbito de aplicación, sin extender su alcance a cuestiones relacionadas con el financiamiento o sostenimiento de cámaras empresariales o agrupaciones de empleadores”.

Asimismo, consideró que “tampoco resulta procedente extender su encuadre justificado en las denominadas cláusulas de solidaridad, en cuanto normativamente quedan ceñidas a los trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales, en favor de estas”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la medida en su cuenta de X asegurando que “el Decreto 149/25 termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados”.

Al valorar la decisión, explicó que “la Ley 14.250 regula los convenios colectivos como instrumentos destinados exclusivamente a fijar condiciones de trabajo”, señalando que “pensar que pueden ser usados para permitir la imposición de contribuciones obligatorias vulnera el principio constitucional de libertad de asociación, ya que impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades”. 

Sobre este aspecto, puntualizó que “la creación de cargas patrimoniales sólo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento”.

El ministro remarcó que “el tema no es menor”, ejemplificando que “en el comercio, por dar uno de los muchos ejemplos posibles, estas contribuciones alcanzan los 6.000 millones de pesos por mes! Y ¿quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio”. 

La medida entrará en vigencia en un plazo de 90 días, que servirán como periodo de adecuación para su implementación. En este punto, Sturzenegger precisó que “junto al Jefe de Gabinete hace unos meses le avisamos a lo que se conoce como el Grupo de los 6 (una serie de organizaciones empresarias) que avanzaríamos en el sentido de este decreto y nos comprometimos a establecer un plazo de transición para que las cámaras se adecúen y pasen a ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer voluntariamente aceptar”.