La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, perteneciente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela.

La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como "una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

El concurso no cambió la situación crítica de la empresa con el paso de los meses sino que la profundizó, lo que se evidencia en que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximadamente de $3.000 millones por mes, según expuso el expediente.

Al respecto, el escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Noticia en desarrollo…

La situación de la cooperativa láctea Sancor alcanzó un punto de no retorno este miércoles, cuando la conducción de la firma presentó formalmente el pedido de su propia quiebra.

Fuentes del gobierno de Santa Fe y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) confirmaron que la presentación se realizó sobre el cierre de la jornada judicial, reconociendo la imposibilidad de afrontar sus compromisos financieros.

La empresa arrastra un pasivo verificado por la Justicia que ronda los U$S 185 millones, compuesto por deudas con más de 1.517 acreedores.

Este colapso financiero se refleja en una caída estrepitosa de su capacidad operativa: SanCor pasó de procesar 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000 litros en la actualidad.

En su proceso de achicamiento, la firma se desprendió de establecimientos y marcas emblemáticas como Las Tres Niñas, vendidas a Adecoagro.

Según informes de la sindicatura y la coadministradora judicial designada, Lucila Inés Prono, la empresa se encuentra en un estado de cesación de pagos e insolvencia patrimonial general.

La solicitud de la quiebra figura en el orden del día de una asamblea extraordinaria pedida por el Consejo de Administración de la cooperativa láctea para el próximo jueves 30 de abril en Sunchales.

El secretario general de Atilra, Héctor Ponce, calificó en diálogo con La Nación el pedido de quiebra como el fin de un "falso relato" de la administración.

El sindicato denunció que la firma se sostiene gracias al patrimonio de los empleados, a quienes se les adeudan ocho meses de salarios, mientras la empresa dejó do de realizar los aportes de salud.

La crisis de SanCor tiene raíces profundas. En 2006, una intervención del entonces presidente Néstor Kirchner frenó una asociación con el grupo Adecoagro para favorecer un crédito de U$S 80 millones otorgado por la Venezuela de Hugo Chávez, deuda que la cooperativa canceló con exportaciones de leche en polvo.

Pese al pedido de quiebra, desde el gremio consideran que este paso no es el final, sino una oportunidad para que la marca "vuelva a florecer" bajo una nueva estructura, despojada de las gestiones que la llevaron al borde de la extinción.

Por el momento, la cooperativa que cuenta con tres plantas activas en la provincia de Córdoba (Devoto, Balnearia y La Carlota) no emitió declaraciones públicas oficiales.

La situación de SanCor volvió a sumar un capítulo adverso. Esta semana, la Justicia de Santa Fe confirmó la intervención dispuesta sobre la cooperativa láctea en el marco de su concurso preventivo, al considerar probada la falta reiterada de información y la gravedad del pasivo laboral acumulado.

El fallo representa un nuevo revés para una empresa que supo liderar el sector y que hoy enfrenta una de las crisis más profundas de su historia.

La resolución fue adoptada por la Cámara de Apelación de Feria del Poder Judicial santafesino, con competencia en las circunscripciones de Rafaela, Reconquista y Santa Fe Capital.

De manera unánime, los jueces ratificaron la medida ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela, que dispuso la coadministración judicial de SanCor CUL como respuesta a los reiterados incumplimientos detectados durante el proceso concursal.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la conducta de la empresa frente a los requerimientos judiciales. Según la Cámara, quedó acreditada la reticencia de SanCor a brindar información solicitada por la sindicatura, una situación que obstaculizó la elaboración de los informes exigidos por la ley concursal y encendió alertas sobre el manejo interno de la firma.

En ese marco, los magistrados también desestimaron los argumentos de la cooperativa vinculados a la existencia de un fideicomiso de administración.

El tribunal sostuvo que esa figura no exime a la empresa de su obligación de informar ni la aparta del control que corresponde ejercer tanto la sindicatura como el juez del concurso.

El contexto económico y laboral de la firma fue otro de los elementos considerados. De acuerdo con estimaciones del sector, la deuda laboral de SanCor supera actualmente los $20.000 millones, un pasivo que se fue acumulando a lo largo de los últimos meses y que afecta de manera directa a trabajadores activos y retirados.

Los antecedentes del caso refuerzan la decisión judicial. A comienzos de este año, la Justicia de Rafaela ya había dispuesto una intervención parcial ante la acumulación de incumplimientos laborales, previsionales y fiscales.

En aquel momento, se ordenó la designación de un coadministrador judicial con el objetivo de garantizar mayor transparencia y resguardar los derechos de los acreedores.

Según consta en el expediente, la cooperativa adeuda salarios desde mediados de 2025 y no logró regularizar el pago de haberes en los meses posteriores. Tampoco abonó en su totalidad el Sueldo Anual Complementario correspondiente al último período, una situación que agravó el conflicto laboral y profundizó el deterioro de su imagen institucional.

La ratificación de la intervención marca un punto de inflexión en el proceso concursal. Para la Justicia, la medida busca frenar maniobras dilatorias, asegurar el acceso a información clave y encauzar un proceso que permita dimensionar con mayor precisión la situación real de la empresa.

Mientras tanto, el futuro de SanCor sigue envuelto en incertidumbre. La confirmación de la coadministración judicial deja en claro que, para los tribunales, la crisis ya no puede ser gestionada sin un control más estricto, en una firma que pasó de ser emblema del sector lácteo a símbolo de una crisis prolongada.

La histórica cooperativa láctea de Santa Fe, SanCor, quedó bajo una nueva etapa de control judicial, en medio de reclamos salariales impagos, cuestionamientos al manejo interno y procesos penales que involucran a ex autoridades.

Ayer, lunes 29 de diciembre, el juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, resolvió intervenir SanCor Cooperativas Unidas Limitadas, con sede central en Sunchales, al ordenar una coadministración judicial dentro del concurso preventivo que atraviesa la empresa, con el objetivo de reforzar el control sobre su funcionamiento.

La medida se tomó luego de los pedidos presentados por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control, que alertaron sobre una serie de incumplimientos graves por parte de la cooperativa. Entre ellos, se mencionaron deudas salariales persistentes, el no pago del aguinaldo correspondiente a 2025 y un crecimiento constante del pasivo desde que se abrió el concurso.

Según el juez, este escenario profundiza la delicada situación económica y financiera de SanCor y pone en riesgo tanto a los acreedores como a los trabajadores, en un contexto ya marcado por la incertidumbre.

Otro punto clave fue la falta de colaboración de la empresa durante el proceso concursal. La Sindicatura señaló que SanCor no entregó información esencial sobre contratos, vínculos con otras firmas, estado de las plantas, niveles de producción, comercialización y stock.

Gelcich remarcó que esta falta de datos dificulta el control del concurso y va en contra de las obligaciones legales de la concursada, lo que terminó de justificar la necesidad de una intervención más activa por parte de la Justicia.

La resolución judicial dispuso la designación de un coadministrador que trabajará junto a las actuales autoridades de SanCor, sin desplazarlas, pero con amplias facultades de control, gestión y auditoría sobre la empresa.

Este coadministrador será un profesional especializado en sindicatura concursal, elegido a partir de una terna propuesta por la Sindicatura, y deberá intervenir en todos los actos con impacto patrimonial o contable, que no tendrán validez sin su firma.

Además, podrá contar con hasta seis auxiliares —entre abogados, contadores, ingenieros y técnicos en lechería— y tendrá autorización para ingresar a todos los establecimientos de la cooperativa, incluso con apoyo de la fuerza pública si fuera necesario.

La coadministración tendrá un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga, y los costos que demande la medida deberán ser afrontados por la propia SanCor.

En su fallo, el juez también hizo referencia a la situación judicial de ex autoridades de la cooperativa. Puntualmente, recordó que los ex presidentes José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez fueron procesados en una causa federal que investiga la presunta apropiación indebida de aportes de los trabajadores al sistema de seguridad social.

Además, podrá contar con hasta seis auxiliares —entre abogados, contadores, ingenieros y técnicos en lechería— y tendrá autorización para ingresar a todos los establecimientos de la cooperativa, incluso con apoyo de la fuerza pública si fuera necesario.

La coadministración tendrá un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga, y los costos que demande la medida deberán ser afrontados por la propia SanCor.

La fiscalía federal de Rafaela solicitó el procesamiento de dos expresidentes de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas por apropiación indebida de recursos de la seguridad social por más de $1.644 millones.

El requerimiento alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente del Consejo de Administración de la firma entre febrero de 2020 y enero de 2024, periodo en el que, según la acusación, se retuvieron aportes de los trabajadores sin ser depositados en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, tal como establece la ley.

De acuerdo con el dictamen al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan otros 16 correspondientes a los años 2022, 2023 y enero de 2024, todos ellos en concurso real y en carácter de autor.

El expediente se inició tras denuncias penales realizadas por trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que la empresa no había transferido los aportes retenidos. En ambos casos, la justicia federal asumió la competencia tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial y la acumulación de las causas.

La investigación, sustentada en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la base de datos de la AFIP, concluyó que durante 33 períodos fiscales SanCor actuó como agente de percepción y retención sin cumplir con la obligación de depositar los fondos retenidos.

A pesar de que ambos imputados se abstuvieron de declarar al ser indagados, no negaron los hechos que se les atribuyen. Por eso, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En cuanto a medidas de coerción, la fiscalía consideró suficiente la obligación de informar cambios de domicilio, dado que los acusados carecen de antecedentes penales, tienen domicilio fijo, actividad laboral declarada y se presentaron a las citaciones judiciales.

La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa una crisis terminal. Tras años de intentos fallidos de reestructuración, exempleados y trabajadores solicitan la quiebra de la empresa debido a deudas millonarias y falta de pagos.

El viernes pasado, Aldo Regali, titular del estudio jurídico que representa a un grupo de exempleados que acordaron su retiro voluntario con la cooperativa, presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de los Tribunales de Rafaela un pedido de quiebra. El abogado argumentó que "siguen los incumplimientos de los denominados prontopagos acordados, mientras que frente al reclamo la empresa dice que pagó cuando la realidad es que no pagó". Además, destacó que "para zafar de este pedido de quiebra, que ni siquiera los acreedores más grandes se animaron a hacer, la empresa tiene que pagar".

En paralelo, los trabajadores de SanCor, afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), resolvieron por unanimidad solicitar la quiebra de la cooperativa. La decisión fue tomada en una asamblea extraordinaria y se formalizará ante el juzgado donde tramita el concurso preventivo de la empresa. El gremio argumentó que "estos incumplimientos reiterados, permanentes y generalizados posteriores a la apertura del concurso fueron informados mes a mes tanto a la sindicatura como al juez del concurso".

SanCor, que había solicitado la apertura del concurso de acreedores en febrero de este año, enfrenta una deuda histórica que incluye 1.860 créditos laborales preconcursales por unos $69.000 millones. Además, acumula una deuda de más de $14.000 millones correspondiente a salarios impagos desde abril hasta agosto de 2025, aguinaldos y aportes sociales no depositados.

La cooperativa, que alguna vez fue un referente en la industria láctea argentina, ha reducido drásticamente su producción. Actualmente, procesa apenas 50.000 litros diarios de leche, un volumen marginal frente a la capacidad histórica de sus usinas. El 90% de las plantas industriales permanecen inactivas, y la excepción es la planta de Devoto, en Córdoba, que logró una reactivación parcial a partir de un contrato de producción a fasón con Elcor, dueña de la marca Tonadita.

Los trabajadores y exempleados afectados por la situación han expresado su desesperación. Muchos de ellos, con más de 60 años de edad y problemas de salud, se encuentran sin obra social ni ingresos, después de haber entregado décadas de su vida a la empresa. "Estamos hablando de personas de más de 60 años de edad, muchos enfermos, sin obra social ni ingresos, que le entregaron 30 años de su vida a la empresa. Hoy están pidiendo dinero prestado para sobrevivir", señaló Aldo Regali.

La solicitud de quiebra con continuidad de la explotación busca preservar los establecimientos fabriles y los puestos de trabajo, mientras se exploran alternativas de gestión o el ingreso de inversores. Sin embargo, el futuro de SanCor depende de lo que resuelva la Justicia y de la posibilidad de encontrar inversores que apuesten a sostener la producción. De lo contrario, la cooperativa corre el riesgo de desaparecer definitivamente.

En resumen, SanCor enfrenta una situación crítica. Los pedidos de quiebra por parte de exempleados y trabajadores reflejan la gravedad de la crisis que atraviesa la cooperativa. La falta de pagos, la deuda millonaria y la reducción de la producción son señales de una empresa al borde del colapso. La resolución judicial y la búsqueda de soluciones por parte de los trabajadores serán determinantes para definir el futuro de esta emblemática empresa láctea argentina.

En medio de las restricciones operativas y económicas que atraviesa, Sancor Cooperativa de Tamberos logró reactivar la actividad en su planta de Devoto gracias a un acuerdo de producción con la empresa láctea Elcor, con sede en Villa María y propietaria de la reconocida marca La Tonadita.

Según confirmaron fuentes vinculadas al entendimiento, Sancor fabricará manteca a fazón, es decir, producirá con materia prima provista por Elcor, y lo hará bajo su marca. Pero además, el convenio incluye una complementación comercial que permitirá a la cooperativa relanzar su propia línea de manteca, que también será distribuida por la firma villamariense, especialmente en zonas donde Sancor no tiene presencia.

El acuerdo no es completamente nuevo: ambas compañías ya habían trabajado juntas en años anteriores. Sin embargo, cobra ahora una nueva relevancia, en un contexto donde Sancor se encuentra limitada en su capacidad de compra de leche. Esta restricción la obligó a buscar esquemas de cooperación productiva para garantizar el funcionamiento de su estructura industrial y mantener su presencia en el mercado.

“Este tipo de acuerdos permiten recuperar capacidad instalada, mantener empleo y volver a estar en góndolas con productos tradicionales de la marca, como la manteca”, explicaron fuentes al tanto del convenio.

La planta de Devoto, una de las tres que Sancor posee en la provincia de Córdoba, es la encargada de elaborar manteca y la línea de queso crema Mendicrim, una de las más emblemáticas de la cooperativa. Esta última había sido trasladada desde la localidad bonaerense de Arenaza a fines de 2019, en el marco del plan de achicamiento que impulsó la empresa por entonces.

“Mendicrim es uno de nuestros productos más valorados y su elaboración en Devoto se mantiene como una prioridad”, señalaron desde la cooperativa.

Actualmente, otras plantas como la de La Carlota operan de forma intermitente o están detenidas desde hace varios meses, lo que refuerza la importancia de mantener activa la unidad productiva de Devoto.

Por su parte, Elcor es una de las mayores productoras de manteca en Sudamérica. Cuenta con unos 300 empleados y una capacidad mensual de producción estimada en 4.000 toneladas, según datos de 2024. La empresa no solo opera en el mercado interno, sino que también exporta a más de 20 países, incluyendo destinos como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Chile y Estados Unidos.

El nuevo vínculo entre Sancor y Elcor permite también potenciar sinergias comerciales. Mientras la cooperativa continúa atravesando un concurso preventivo que aún cumple etapas procesales, esta clase de convenios le ofrece la posibilidad de conservar parte de su actividad productiva, sostener empleo local y reposicionar sus productos en las góndolas.

En paralelo, Sancor continúa negociaciones con potenciales inversores para reestructurar su modelo de negocio y encontrar una salida sustentable a la prolongada crisis financiera que atraviesa.

“El objetivo es ordenar las cuentas, recuperar operatividad y volver a una situación de equilibrio”, remarcaron voceros de la firma.

El convenio con Elcor representa un paso estratégico, no solo por lo que significa en términos operativos, sino también por el impacto simbólico de ver nuevamente activos los equipos en Devoto, una planta históricamente clave en la identidad industrial de Sancor.

SanCor vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. En medio de su frágil situación financiera, la cooperativa láctea afronta el inminente remate de 436.922 kilos de queso, en manos del fondo inversor IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., que decidió ejecutar la garantía de su crédito.

Se trata de 268.672 kilos de queso de pasta dura y 168.250 kilos de queso semiduro.

Los quesos se encuentran en SanCor de La Carlota, provincia de Córdoba, y en Gálvez, Santa Fe.

La subasta, prevista para el 28 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, se realizará con un precio base cercano a los U$S 3 millones.

El antecedente más reciente de esta disputa data de julio de 2024, cuando la compañía logró evitar un remate aún mayor, valuado en U$S 5 millones, tras alcanzar un acuerdo con el acreedor.

No obstante, con el proceso de concurso preventivo en marcha, las chances de una nueva negociación parecen diluirse, y la empresa enfrenta un escenario cada vez más adverso.

Según consigna el diario La Nación, el juez podría disponer que no se realice la subasta.

Según el edicto judicial publicado el 20 de febrero, los quesos que serán subastados están almacenados en los depósitos de SanCor en La Carlota (Córdoba) y Gálvez (Santa Fe).

La ejecución se basa en los warrants N° 7281, 7282 y 7352 de la serie “U”, emitidos por Control Union Argentina S.A. en favor de SanCor y transferidos al fondo inversor como garantía del crédito.

En este contexto, la cooperativa podría apelar a la Ley de Concursos y Quiebras para intentar frenar la medida.

El artículo 24 de la normativa establece que la ejecución de bienes puede suspenderse si se considera que afecta la reorganización patrimonial de la empresa concursada.

Así, SanCor aún tiene una última carta por jugar para evitar perder uno de sus principales activos en un momento crítico de su historia.

La empresa, que supo liderar el sector con más de 1,2 millones de litros de leche procesados por día, hoy opera con apenas 200 mil litros diarios, reflejando el deterioro de su capacidad productiva.

La acumulación de deudas con proveedores, bancos y el Estado, sumada a la falta de inversión en tecnología y los conflictos sindicales, ha erosionado su competitividad hasta llevarla al borde del colapso.

El proceso de reestructuración iniciado en 2017, que incluyó el cierre de plantas y la reducción drástica de personal, no logró revertir la crisis.

La presencia de SanCor en las góndolas se redujo considerablemente, cediendo terreno frente a competidores más sólidos.

La posibilidad de un salvataje mediante la incorporación de capitales externos nunca se concretó, lo que dejó a la cooperativa sin margen de maniobra para enfrentar sus problemas financieros.

Ahora, el remate de 436.922 kilos de queso programado para el 28 de febrero pone de manifiesto la fragilidad de SanCor.

Para algunos analistas, el concurso de acreedores es la última oportunidad que le queda a SanCor para sostenerse en pie.

Sin embargo, otros sostienen que la cooperativa está prácticamente quebrada y que solo resta la liquidación de sus activos.

La subasta del 28 de febrero será una prueba crucial sobre la viabilidad de su recuperación o su camino definitivo hacia la disolución.

Mientras tanto, la incertidumbre se cierne sobre los trabajadores, productores tamberos y toda la cadena que depende de SanCor.s.

SanCor presentó, oficialmente, la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores, que por sorteo fue asignado al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, como parte del proceso destinado a resolver su situación económica y financiera.

"Tras atravesar una profunda crisis en 2017, la Cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas. Estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la Cooperativa", marcaron en un comunicado.

En la misma línea, expresaron que "SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación". "Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa", añadieron.

Del mismo modo, expresaron que "a fines de 2023 hasta agosto de 2024, SanCor por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación".

"A pesar de este panorama, SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones. Sin embargo, antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la Cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones", remarcaron en el comunicado.

Asimismo, subrayaron: "En este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial".

"Aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, la Cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento. Esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor", atendieron.

Y concluyeron: "Asimismo en virtud de lo mencionado anteriormente, se aplicaran todos los pasos determinados por los procedimientos que establece la justicia actuante, y de los cuales iremos informando a medida que corresponda".

La crisis de SanCor, la emblemática cooperativa láctea argentina con plantas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, se profundiza con despidos masivos, una producción en caída libre y el corte del suministro eléctrico en algunas de sus plantas. La empresa, que en su momento fue líder en la industria láctea nacional, atraviesa una situación financiera crítica que pone en riesgo su continuidad y la de miles de trabajadores.

En sus mejores épocas, SanCor procesaba más de 3 millones de litros de leche diarios en 14 plantas industriales y contaba con más de 5.000 empleados. Hoy, la realidad es muy diferente: con solo seis plantas operativas y una producción reducida a aproximadamente 200.000 litros por día, la cooperativa lucha por sobrevivir. Además, el número de empleados ha caído drásticamente a alrededor de 1.300, con recientes despidos de más de 300 trabajadores que estaban bajo la modalidad de "jornada libre".

El pasado 27 de enero, la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Balnearia Ltda. dejó sin luz a la planta de Balnearia, en Córdoba, debido a una millonaria deuda de SanCor con la empresa de servicios públicos. Este hecho dejó paralizada la producción de quesos semiduros, agravando aún más la situación de la cooperativa.

Diversos factores han contribuido a la debacle de SanCor. Entre ellos, se destacan:

- Mala gestión financiera: Durante años, la empresa acumuló deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Estado y otros acreedores, generando un ahogo financiero.

- Crisis del sector lechero: La volatilidad de los precios internacionales, el aumento de costos de producción y la falta de incentivos para la actividad tambera han afectado gravemente la rentabilidad del sector.

- Conflictos sindicales: La tensa relación con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) ha generado múltiples conflictos laborales, paros y bloqueos que han impactado en la producción y distribución.

- Fracaso en los intentos de rescate: Distintas iniciativas, como la conformación de un fideicomiso para atraer inversores, no lograron revertir la crisis ni garantizar la continuidad de la compañía.

En el marco de la crisis de la empresa, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, calificó la situación de SanCor como "terminal" y aseguró que la empresa debe encontrar un socio o vender sus plantas para evitar la quiebra. Advirtió que, con la producción actual, SanCor no puede ni siquiera cubrir los sueldos de sus empleados.

La crisis de SanCor no solo afecta a sus trabajadores y productores tamberos, sino también a la economía de las regiones en las que opera. En Santa Fe y Córdoba, muchas localidades dependen directamente de la actividad láctea, y el colapso de la cooperativa podría generar un impacto devastador en la economía local. Además, el achicamiento de SanCor deja un vacío en el mercado que otras empresas intentan ocupar, pero sin la capacidad de absorber a todos los trabajadores despedidos.

La incertidumbre también golpea a los trabajadores que aún conservan sus empleos en las distintas plantas. Muchos de ellos llevan meses sin recibir su salario completo y dependen de pagos parciales que llegan con demoras. La angustia crece ante la posibilidad de nuevos despidos y la falta de una estrategia clara que garantice la continuidad de la empresa. Las familias de los empleados enfrentan dificultades económicas cada vez mayores, sin certeza sobre su futuro laboral.

A pesar de las numerosas advertencias sobre la fragilidad de la empresa, no se vislumbra una solución concreta en el corto plazo. La falta de financiamiento, sumada a la desconfianza de los inversores, complica cualquier intento de reestructuración. En medio de esta incertidumbre, trascendió que la nueva directiva de SanCor evalúa la posibilidad de abandonar su estructura cooperativa, permitiendo la entrada de capitales privados.

La historia de SanCor es un reflejo de los problemas estructurales que enfrenta el sector lácteo en Argentina. Lo que alguna vez fue un modelo de cooperativismo y éxito industrial hoy agoniza, sin que hasta el momento haya una salida clara para evitar su colapso definitivo.

Luego de siete años de conflicto, el gremio Atilra y la empresa SanCor lograron arribar a un acuerdo que permitirá normalizar la producción.

En las oficinas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación se firmó un acta entre representantes de Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y la empresa SanCor que ratifica el acuerdo alcanzado entre las partes y pone fin a un conflicto muy prolongado.

De la firma participaron el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el secretario general de Atilra, Héctor Ponce, y el gerente general de SanCor, Marcelo Gornatti. 

Por parte de SanCor, Gornatti destacó que “fue muy importante poder retomar el diálogo luego de siete años” y que “este es el punto inicial para que la empresa vuelva a crecer”.

En tanto, Héctor Ponce, secretario general de Atilra, señaló: “Nosotros queremos que a la empresa le vaya bien, que a la provincia le vaya bien y que al país le vaya bien, pero sobre todo que a los trabajadores les vaya bien”, y agregó: “Queremos agradecer al secretario Cordero, por su ayuda para que esto sea posible”.

Cordero destacó que “alcanzar un acuerdo de este tipo luego de tantos años de conflicto solo es posible gracias a iniciativas como la Mesa de Diálogo Social". 

"Quiero felicitar el trabajo de todos los actores involucrados en este acuerdo, en especial a la empresa, al gremio, al gobierno de la provincia de Santa Fe y al personal de la Secretaría y del Ministerio de Capital Humano”, señaló.

El funcionario dijo que “esta es la línea de trabajo que nos ha marcado la ministra Sandra Pettovello y que vamos a seguir manteniendo y profundizando en todas las iniciativas de esta Secretaría”.

Poco más de 680 toneladas de queso que Sancor puso como garantía de un crédito que no pudo saldar en el marco de un momento financiero complejo, serán rematados el próximo mes en la Ciudad de Buenos Aires.

La mercadería se encuentra en depósitos de Balnearia y La Carlota, en Córdoba.

Según un aviso publicado en distintos medios gráficos del país, la compañía financiera IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., el acreedor de la cooperativa láctea con base en Sunchales, Santa Fe, resolvió ejecutar la prenda ante la falta de pago.

El anuncio especificó que se trata de dos lotes, uno de 512.373 kilos de queso pasta dura y otro de 168.250 kilos de queso semiduro, que tendrán una base de U$S 4.957.786.

El remate se llevará a cabo en la Asociación de Balanceadores, Corredores Martilleros Públicos de Buenos Aires, el 10 de julio a las 11, y que los compradores deberán retirar la mercadería en los cinco días posteriores de dos depósitos ubicados en La Carlota y Balnearia, en Córdoba.

Los problemas de la empresa santafesina no son nuevos. Por caso, en marzo de este año, los trabajadores amenazaron con pedir la quiebra por sueldos y aportes adeudados.

El sindicato afirmó entonces que la deuda rondaba los 5.000 millones de pesos y la planta de Sunchales tuvo que funcionar con presencia policial.

Desde la empresa no hubo en ese momento una comunicación pública, pero fuentes cercanas afirmaron que el monto de deuda indicado por Atilra era “ficticio o mal calculado” y dijeron que lo único que quería el sindicato era que la empresa quiebre para hacerse cargo de la dirección, a pesar de que la situación no lo ameritaba.

El conflicto comenzó en 2017 con una deuda salarial de Sancor.

Por aquel entonces, Atilra acordó con la empresa un esquema de regularización para seguir adelante con las tareas, pero en octubre del año pasado decidió comenzar acciones gremiales, una serie de asambleas que impidieron las actividades en las fábricas, limitando la llegada de leche de los tamberos y la salida de productos hacia los comercios minoristas y, en consecuencia, la generación de ingresos a la empresa.

Eso llevó a SanCor a cerrar su planta de San Guillermo y la obligó a tirar 100.000 litros de leche que no pudieron ser procesados en el mes de octubre. La firma aseguró que perdieron más de 4.500 millones de pesos por la paralización de tareas que realizó Atilra durante 65 días.

Fuente: La Voz

La firma láctea SanCor estimó que el conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) que paralizó la producción en distintas plantas, le produjo pérdidas por más de $4.500 millones en el lapso de dos meses y frente a posibles nuevas medidas de fuerza advirtió que solamente “quien trabaja, cobra”.

Ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional el pasado 26 de diciembre y la probabilidad de que el gremio lácteo retome los bloqueos, SanCor expresó mediante un comunicado los perjuicios económicos que tuvo y lanzó una contundente advertencia para los trabajadores que se pleguen a nuevos reclamos que paralicen la actividad.

Desde la compañía, expusieron las pérdidas económicas indicando que “la falta de elaboración, distribución y venta de productos durante el período comprendido entre el 18 de octubre al 22 de diciembre de 2023, concentrado en tres grandes conceptos, condujo a una pérdida que supera los 4.500 millones de pesos”.

De acuerdo a lo manifestado por la firma, el conflicto gremial estuvo motivado por la caída del Fideicomiso de Administración y reclamos salariales. Al respecto, según describieron, ATILRA sostenía que SanCor es responsable del vencimiento de los plazos acordados para que el fideicomiso pueda funcionar  “por no haberse aportado los fondos comprometidos ni cumplimentado las condiciones básicas previamente acordadas”.

En este sentido, el comunicado expresó que “si SanCor no hubiera defendido el cumplimiento de esas condiciones, efectivamente hoy podría haber sido acusada de vaciamiento de activos empresarios, defraudación de los acreedores y del fisco y de abandono del personal” y aseguró que “por el contrario, con su postura, aseguró que, además del cumplimiento de su responsabilidad legal, logró que los activos sigan siendo respaldo de la actividad”.

Al respecto, días atrás, delegados gremiales denunciaron que “SanCor viene tercerizando unidades de negocio, desguazando su actividad productiva y produciendo de esta manera un vaciamiento de empresa” y anticiparon que “esta despreciable estrategia, no cierra sin despidos masivos y sin violentar todos nuestros derechos laborales”.

Por el lado de los reclamos salariales, desde SanCor remarcaron que en todo momento “la cooperativa realizó propuestas superadoras, las cuales nunca fueron consideradas por el gremio y ni siquiera trasladadas a los trabajadores, teniendo como única respuesta la negativa tajante de las autoridades gremiales”.

En esa línea, recordaron que “en todo momento, SanCor señaló a sus empleados que, al retomar las tareas, se comenzaría a aplicar un cronograma de pagos que conduce a una rápida recuperación salarial” e informaron que “en el transcurso de esta semana, todos los trabajadores que desempeñaron sus tareas recibieron la suma de $250.000 comprometida en el plan”.

Apelando a la capacidad coercitiva del cobro regular de los salarios y anticipándose a una nueva paralización de las plantas, el comunicado señaló que “la Cooperativa depende de sus ingresos para cumplir con sus obligaciones, por lo cual tiene la firme determinación de aplicar fielmente el plan de pagos, siempre bajo la premisa de que 'quien trabaja, cobra'”.

Otro aspecto que expusieron los delegados sindicales en el comunicado difundido el fin de semana pasado fue la imposibilidad de garantizar el control sobre los alimentos producidos para que estén aptos para su consumo al expresar que “en una empresa ruinosa, sin mantenimiento, ¿Quién asegura la inocuidad de los productos? Las y los trabajadores no queremos convertirnos en cómplices de la mafia responsable”.

Frente a esto, desde la cooperativa láctea señalaron que “para tranquilidad de todos, la reconocida calidad de los productos SanCor tiene su fundamento en la materia prima de excelencia, en sus instalaciones tecnológicamente aptas, en procesos de elaboración certificados y en el profundo conocimiento de todas las personas que intervienen en la elaboración”.

La Cooperativa Sancor anunció el cierre de su fábrica de quesos blandos situada en la localidad santafesina de San Guillermo, y responsabilizó de la situación a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), a la que acusó de estar "paralizando la actividad productiva y comercial" desde hace 40 días.Mediante un comunicado difundido este martes, Sancor denunció que el gremio utiliza como "excusa" la "regularización de cuestiones salariales" para llevar a cabo sus acciones, pero que en realidad las motiva "la no concreción del proyecto del Fideicomiso de Administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión"."De manera sistemática, durante todo el proceso de aprobación del Fideicomiso, el sindicato ejerció presión desmedida sobre Sancor, para forzar decisiones y acciones", añade el texto.La empresa indicó que entre 2021 y este año el gremio "realizó medidas de fuerza bajo la excusa salarial para avanzar sobre las legítimas decisiones de los cooperativistas".

Además, denuncia que "lo que el sindicato no puede explicar es por qué avalaba el plan de los empresarios interesados, que dejaba de lado a cerca de 1.000 empleados del total de la plantilla laboral de Sancor".Para la firma, "el plan del sindicato atenta contra la libertad de la cooperativa y también de los mismos empleados que manifiestan su voluntad de trabajar".En ese sentido, menciona que la empresa "se vio forzada a desechar 100 mil litros de leche, de derivar materia prima hacia otros destinos industriales, de desabastecer el mercado y, como hecho reciente destacado, de cerrar definitivamente la actividad en la planta ubicada en San Guillermo, Santa Fe, por las medidas de fuerza implementadas por Atilra".En tanto, la versión del gremio es opuesta, ya que en un reciente comunicado Atilra denunció que Sancor está “cerca de la quiebra” debido a que "la deuda con los acreedores llega a 379.400.000 dólares", y sostuvo que "la culpa ha sido de la administración, no de los trabajadores como quieren hacer creer".“Sin respuesta para dar a sus acreedores, y con el Consejo de Administración fracturado, los directivos de Sancor preparan su retirada con variado fuego cruzado entre sus integrantes, donde se achacan errores de conducción y responsabilidades no asumidas”, indica el texto.

El gremio advirtió que “los trabajadores avanzan con el armado de las denuncias penales por evasión fiscal y las demandas laborales por deudas reconocidas por las propias autoridades de Sancor ante el Ministerio de Trabajo de la Nación”.Para Atilra, "las cifras adeudadas por Sancor son realmente escalofriantes”, entre las que enumera deudas financieras por 168.700.000 dólares, deudas impositivas por 139.100.000 dólares, deudas provenientes del trabajo por 50.100.000 dólares (incluye salarios, aguinaldos, retiros voluntarios y deuda con Atilra, entre otros), deudas comerciales por 21.500.000 dólares y la "deuda previsional por evasión fiscal: sujeto a investigación".Las partes ya han tenido tres audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo sin lograr puntos de acuerdo y después de la última, llevada a cabo a mediados de este mes, el gremio denunció que los directivos de la cooperativa llevaron a la audiencia un "plan de incumplimiento" que planteaba terminar de pagar los sueldos de octubre en enero próximo.