El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la justicia que el Gobierno enviará entre hoy y mañana para cumplir con el reclamo de los senadores dialoguistas.

La sesión ordinaria que será convocada para el jueves a la tarde contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres; y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

Para la LLA es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas

El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como punto central permitir las internaciones “no voluntarias”  y establece que se incorpora a las adicciones a la drogas como una enfermedad de salud mental.

El proyecto girado por el Gobierno Nacional se discutirá en un plenario este miércoles a las 16.30 de las comisiones de Salud —que se constituirá ese mismo día y designara la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta  — y de Legislación General —que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.

La sanción de esta iniciativa es reclamada por familiares de enfermos por adicciones que señalan que la actual ley no ayuda a estos enfermos, pero es rechazada por el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.

Adicciones

Además fija el proyecto promovido por el Gobierno que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”

“El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo, y debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, agrega

Internaciones

Uno de los puntos centrales del proyecto es que se flexibilizan los criterios de internación, permitiendo que se pueda hacer de forma obligatoria sin el aval del paciente, una situación que hoy está prohibida en la ley aprobada en 2010.

En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

“ La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”, señala

Fija que "debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente”.

Otro punto clave es que se deberá comunicar a un juez en un plazo de 24 horas la “ internación involuntaria debidamente fundada” y a las 48 horas enviarle toda la documentación  respectiva.

Puntos principales

Los senadores nacionales volverán a recibir un aumento en sus sueldos y pasarán a cobrar más de $ 11 millones en brutos por mes, luego del acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores del Congreso.

El incremento se debe a que las dietas de los legisladores están atadas a los aumentos del personal legislativo, que cerró una suba escalonada del 12,5%.

De acuerdo con lo informado, el aumento se aplicará en distintos tramos: 2% retroactivo a diciembre de 2025, 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Hasta ahora, tras el aumento acordado el año pasado, los senadores que no habían renunciado al incremento percibían unos $10,2 millones brutos, lo que representaba alrededor de $8,1 millones de bolsillo después de descuentos por aportes e impuesto a las Ganancias.

Con la actualización derivada de la paritaria, las dietas superarán los $11 millones en bruto.

Desde las autoridades del Senado aclararon que cada legislador puede decidir si renuncia al aumento o dona parte de su dieta. En la última actualización salarial, los únicos que no habían renunciado al incremento fueron los legisladores de Unión por la Patria.

En cambio, quienes sí renunciaron al aumento anterior quedaron con un sueldo bruto cercano a los 9 millones de pesos.

El Senado convirtió en ley la iniciativa de reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, recibió 42 apoyos, 28 rechazos y las abstenciones de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

En ese marco, los representantes cordobeses en la Cámara Alta mantuvieron una postura unificada y acompañaron el proyecto del Ejecutivo. Tal como había ocurrido en el tratamiento previo, Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero dieron su aval y contribuyeron a la aprobación definitiva.

Con esta sanción, el oficialismo cerró el período de sesiones extraordinarias con uno de sus objetivos centrales cumplidos. La flamante Ley de Modernización Laboral introduce modificaciones en el régimen de contratación, indemnizaciones y registración de trabajadores. Desde el Gobierno sostienen que apunta a disminuir la litigiosidad y a promover el empleo formal.

Entre los puntos destacados figura la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un Fondo de Cese Laboral acordado en convenios colectivos; un esquema de regularización que elimina multas y sanciones para empleadores que registren personal no declarado; y la ampliación del período de prueba, que podrá extenderse a seis meses y hasta un año según el tamaño de la empresa.

También se incorporan disposiciones vinculadas a la actividad sindical, estableciendo límites a protestas que incluyan bloqueos de establecimientos, los cuales podrán ser considerados causal de despido.

Desde el interbloque de Unión por la Patria cuestionaron la norma y la calificaron como un “retroceso histórico en los derechos conquistados”. En tanto, centrales obreras anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar artículos que consideran inconstitucionales.

La aprobación representa el mayor logro político del Presidente desde la sanción de la Ley Bases y marca un respaldo legislativo clave para el rumbo impulsado por la Casa Rosada en el inicio de 2026.

El Senado convirtió en ley la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, tras aceptar las modificaciones introducidas por Diputados y eliminar el cuestionado artículo 44, que contemplaba una reducción salarial para trabajadores con licencias médicas. La votación resultó con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.

Acompañaron a La Libertad Avanza las bancadas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y legisladores federales alineados con gobernadores. El peronismo votó en contra y adelantó que impulsará su judicialización por considerar que es “inconstitucional” y que “viola el principio de no regresividad de los derechos laborales”. La CGT confirmó que recurrirá a la Justicia y convocó a una movilización al Palacio de Tribunales.

Durante el debate, el senador Mariano Recalde sostuvo que la ley “pone en jaque la seguridad jurídica” y afirmó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un “curro fenomenal”. En defensa del proyecto, Juan Cruz Godoy señaló que “los juicios laborales crecieron desde 2010 al 2024 en un 135%”.

Entre los principales cambios, se redujo la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir conceptos como aguinaldo y premios, se habilitó el “banco de horas” y se fijó un esquema de actualización de sentencias atado al IPC más 3%. También se creó el FAL, con aportes del 1% para grandes empresas y del 2,5% para PyMEs.

En el cierre, la jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, afirmó: “Hoy tenemos trabajadores más libres. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

El oficialismo argumentó que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.

La Libertad Avanza hizo valer este miércoles sus acuerdos parlamentarios y logró desplazar a Unión por la Patria de todos los cargos de conducción del Senado, a pesar de que el interbloque peronista conserva 25 bancas y continúa siendo la primera minoría.

La definición se concretó al mediodía, durante la sesión preparatoria en la que se renovaron las autoridades para el período legislativo 2026. En ese marco, también se incorporó sobre la hora la designación de los representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presidencia provisional quedó nuevamente en manos del libertario Bartolomé Abdala, aunque el oficialismo introdujo cambios sustanciales en el esquema tradicional de reparto de cargos. En particular, la vicepresidencia —que históricamente correspondía a la primera minoría— no fue asignada al kirchnerismo, sino a la senadora jujeña Carolina Moisés, quien hasta el día anterior integraba Unión por la Patria y formalizó su salida junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar el bloque Convicción Federal.

La decisión se terminó de definir en una reunión de labor parlamentaria previa al inicio de la sesión, donde la jefatura del bloque oficialista comunicó una propuesta de integración basada en un criterio de proporcionalidad distinto al aplicado hasta ahora. El peronismo tomó conocimiento de la iniciativa pocas horas antes de su formalización en el recinto.

Además de la vicepresidencia, los restantes cargos también quedaron fuera del alcance de Unión por la Patria. La vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada (UCR) y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo (Provincias Unidas). De este modo, el interbloque kirchnerista perdió toda representación en la nómina de autoridades de la Cámara alta.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó el procedimiento y afirmó que la maniobra refleja una política de "atropello" y una "lectura antojadiza del reglamento". Según aclaró, la objeción no estuvo dirigida a los nombres propuestos, sino a la forma en que se resolvió la integración.

La votación se realizó por sistema electrónico y arrojó 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El voto en blanco correspondió a Andrada, quien evitó pronunciarse sobre la designación de Moisés, su compañera de flamante bloque. Tanto Moisés como Mendoza, ya fuera del interbloque peronista, participaron de la sesión y contribuyeron al quórum necesario para habilitar el tratamiento.

La reconfiguración interna del Senado se produce tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza alcanzó los 21 legisladores propios luego de la incorporación del cordobés Luis Juez, mientras que Unión por la Patria quedó reducida a 25 integrantes —incluidos los dos senadores santiagueños del Frente Cívico—, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

La ruptura del bloque Convicción Federal formalizó un distanciamiento que ya se había manifestado en votaciones clave, como el Presupuesto 2026. En un comunicado, los senadores que se apartaron señalaron que buscan “sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición” y no descartaron articular con otros espacios provinciales.

En paralelo a la elección de autoridades, el Senado amplió el temario minutos antes del debate para incluir la designación de los tres representantes de la Cámara alta ante la AGN. Se acordó un reparto entre fuerzas políticas: Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Luis Naidenoff por la UCR y Javier Fernández por Unión por la Patria.

La inclusión del punto reavivó antecedentes recientes vinculados al organismo de control. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados había designado auditores en una sesión cuestionada por el PRO, que se retiró del recinto y denunció un procedimiento inconstitucional.

La sesión de este miércoles fue la primera de una semana con tres convocatorias. Para el jueves está previsto el tratamiento de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas el pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y modificaciones a la ley de Glaciares. El viernes quedaron agendados el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación de cambios introducidos por Diputados a la Reforma Laboral.

En un trámite veloz, que demandó algo más de una hora de debate, el proyecto de ley de reforma laboral obtuvo esta mañana dictamen de comisión en el Senado y quedó, así, en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Javier Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1° de marzo.

El despacho acepta la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.

El dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto yHacienda fue apoyado por el oficialismo libertario y los bloques de la oposición dialoguista (UCR, Pro, fuerzas provinciales) y el solitario rechazo de las facciones del peronismo reunidas en el interbloque Popular, que objetaron el contenido de la iniciativa, a la que tachan por inconstitucional y por conculcar derechos a los trabajadores.

El debate de comisión esta mañana fue conducido de manera expedita por la jefa de la bancada libertaria y, también, presidenta de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich (Capital).

En el inicio de la reunión, la senadora oficialista no se explayó en cuestiones políticas y sólo habló para anunciar que el dictamen iba a ratificar lo aprobado por la Cámara baja en el debate que concluyó esta madrugada.

“El dictamen que le vamos a proponer a las comisiones es para aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo que no está mas, que es el artículo 44″, informó Bullrich, tras lo cual aseguró que la intención es “tratarlo (al proyecto) el viernes que viene”.

Desde el kirchnerismo, el primero en manifestar el rechazo de la bancada fue el chaqueño Jorge Capitanich. Lo siguió el porteño Mariano Recalde, quien impugnó el trámite veloz impuesto por el oficialismo al tratamiento del proyecto.

“Nunca habíamos visto un procedimiento tan irregular; se aprobó todo a libro cerrado”, se quejó Recalde, quien calificó el contenido de la reforma laboral como “una afrenta a los trabajadores cada vez más escandalosa”.

Sobre el proyecto, el senador kirchnerista dijo que “no hay un sólo artículo que le mejore la vida a la gente; es más, le empeora la vida a la gente” y reiteró la advertencia acerca de que “esta ley va a terminar en la Justicia porque afecta derecho constitucionales”.

La kirchnerista Florencia López apuntó sus críticas a los senadores que apoyaron la reforma laboral. “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44″, acusó.

Además, López impugnó el plenario de comisiones por considerarlo “un acto jurídico inexistente, porque nos convocaron a tratar algo que todavía no se había salido de la Cámara de Diputados”. Se refirió, así, al hecho de que la reunión fue convocada en la noche del miércoles, incluso antes de que comenzara el debate en la Cámara baja.

La semana que pasó estuvo marcada por el triunfo oficialista en el Senado. Por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno no peronista logró avanzar sobre un terreno que había resultado inaccesible para Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. La reacción presidencial no se tiñó de sus habituales estridencias: hubo celebración medida, quizás como resultado de que la media sanción fue posible a fuerza de pragmatismo y una dosis de realismo político.

De todos modos, el gobierno alcanzó una victoria política relevante que rompe con el estigma del fracaso recurrente de los gobiernos no peronistas en materia laboral. Es verdad que debió negociar con estructuras como el sindicalismo y los gobernadores y resignar parte del contenido original del proyecto. No obstante, la media sanción alcanzó para quebrar una inercia histórica. Por primera vez, el statu quo sindical y la resistencia combinada de algunos sectores gremiales y políticos no lograron bloquear por completo una reforma laboral. No se demolió el viejo modelo, pero sí se lo fisuró.

El proyecto que salió del Senado rumbo a Diputados sufrió más de 50 modificaciones respecto del dictamen original. Una victoria de los gremios fue conservar la facultad de cobrar compulsivamente los llamados “aportes solidarios”, con un tope del 2%. Como gesto de equilibrio, se mantuvieron también los aportes obligatorios de las cámaras empresarias, limitados al 0,5%. Asimismo, el gobierno dio marcha atrás en la reducción de la carga patronal destinada a las obras sociales sindicales.

Los gobernadores lograron la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%. No hubo reforma tributaria y tampoco alivio fiscal para el sector productivo. En ese terreno, el cambio quedó postergado. Asimismo, el Fondo de Asistencia Laboral fue aprobado sin sobresaltos. En materia de servicios esenciales, educación y cuidado de menores deberán garantizar un 50% de prestación durante medidas de fuerza. También, se avanzó en el traspaso del fuero laboral federal a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aspectos como el régimen de licencias por enfermedad, las vacaciones y los bancos de horas podrían ser factibles de modificaciones, pese a la intención oficial de que en Diputados el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado.

Así, resulta evidente que el proyecto aprobado no constituye una solución integral a los problemas del mercado laboral. Pero tampoco lo habría sido una norma más ambiciosa o ideológicamente más “pura”. Son muchos los aspectos de la vida política y económica que deben transformarse en el país, y por eso es un error suponer que una sola ley pueda revertir décadas de decadencia.

Los sindicalistas, beneficiarios directos de una legislación obsoleta, no lograron articular una respuesta contundente. No hubo paro general porque no había adhesión. La CGT marchó, pero se marchó tan pronto como comenzaron los incidentes. Sus líderes mostraron un silencio casi satisfecho. Salvaron la caja, conservaron algo de su poder y evitaron una confrontación frontal. Los gremios combativos quedaron fuera de la discusión real. Y la izquierda extrema volvió a refugiarse en la violencia, las bombas molotov, los piedrazos y su retórica agarrotada. Habría que sugerirle que proyecte alguna reforma en este aspecto porque sus métodos generan amplísimo rechazo.

La modernización laboral, si se convierte en ley, fungirá como una señal del debilitamiento del peronismo y del sindicalismo tradicional. Fragmentación, falta de liderazgo y ausencia de una alternativa creíble explican el desenlace distinto. Para peor, el kirchnerismo sigue ofreciendo las mismas recetas, con la promesa de repetirlas con mayor fervor ideológico.

En su libro “Gracias por llegar tarde”, el prestigioso periodista estadounidense Thomas Friedman advierte que el mundo del trabajo cambió de manera irreversible. Sostiene que pretender sostener estructuras del siglo XX en una economía del siglo XXI conduce a más informalidad, menos empleo registrado y un sistema previsional al borde del colapso, variables verificables en la Argentina de hoy.

Frente a esta realidad, la reforma laboral que ahora tratará la Cámara de Diputados no destruye el viejo modelo, pero tampoco lo eterniza. Quizás no sea la que el oficialismo soñó. Pero es la primera vez que se está a punto de atravesar un muro que durante décadas fue inexpugnable.

Tras la media sanción en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado.

La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo, que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

A una semana del inicio de la sesiones extraordinarias, el oficialismo busca terminar de cerrar los acuerdos con bloques dialoguistas y gobernadores para aprobar el 11 de febrero en el Senado el proyecto de reforma laboral, con el cual el Gobierno busca fomentar la creación de empleo registrado.

Las negociaciones son encaradas en el Senado por la jefe del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, que realiza tratativas con los gobernadores y ya consiguió el respaldo de siete mandatarios. 

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias según precisaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas. 

El Gobierno ya consiguió el respaldo de los gobernadores aliados de la LLA de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chaco, Leandro Zdero; y sumó el espaldarazo de los mandatarios dialoguistas de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y sumará a los tres del PRO y 7 de los 10 radicales, y con el apoyo de Sáenz y Figueroa, tendría dos votos mas, con lo cual ya tiene garantizados 33 legisladores, pero aún le faltan cuatro senadores que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.

Los radicales que se resisten a acompañar el proyecto son el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama, y de La Pampa, Daniel Kroneberger. 

El oficialismo consiguió dictamen el 11 de diciembre y allí incorporó algunos cambios que requieren de mayores apoyos para garantizar la sanción de la ley en general y en particular. 

Si bien el despacho introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, los gobernadores no quieren los cambios en ganancias y la mayoría de los bloques siguen pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas.

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

La senadora nacional de Unión por la Patria (UxP) Juliana Di Tullio vaticinó este viernes que “este Presupuesto lo único que va a hacer es cagarle la vida a los argentinos” y pronosticó que el presidente Javier Milei "va a caer preso” una vez que concluya su presidencia.

“Este presupuesto tiene una intención en todo su articulado de demoler el Estado-Nación, eso que nos llevó tanto tiempo construir a partir de nuestra independencia”, analizó al intervenir como oradora en la sesión especial de la Cámara alta.

El senador peronista de Chaco Jorge Capitanich tuvo este viernes su primera intervención tras asumir y pidió discutir “el estancamiento” de la economía en el país.

“Discutamos muy bien el tema de recursos, discutamos la composición; no sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo y para eso este recinto tiene que discutir la tendencia secular del estancamiento en la Argentina”, reclamó el ex gobernador. 

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyect. 

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias. 

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

El cosecretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo este jueves que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Así se manifestó el dirigente sindical durante la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

El dirigente advirtió que si no hay respuestas el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”.

Por su parte, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los '70.

Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”.

“Para que hayan trabajadores en negro lo que hay primero es una economía en negro, y este Gobierno vino para profundizar más y más pobreza en la Argentina”, denunció Sola.

Los senadores electos para el período 2025-2031 juraron este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre, en una ceremonia encabezada por la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel. 

La sesión especial duró casi 50 minutos, tras haber iniciado pasadas las 11, en un recinto colmado con presencias de peso como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y un puñado de gobernadores. 

De los 24 senadores electos el 26 de octubre pasado, prestaron juramento 23. La razón radica en que la senadora electa por la minoría de Río Negro, la libertaria Lorena Villaverde, no tenía asegurado el aval para refrendar en la votación del hemiciclo su diploma. 

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, rechazó por mayoría su diploma, dejando así la decisión final en manos del recinto. Ayer, luego de varias reuniones, la bancada violeta acordó que su diploma vuelva a comisión. 

La flamante senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, no estaba segura de lograr los votos en el recinto para concretar la asunción de Villaverde. 

En el inicio del encuentro, Villarruel logró la designación del nuevo secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald, una figura conocida en la Cámara alta y respetada por todas las bancadas.

La abogada, relegada de absolutamente todas las mesas políticas actuales, no tiene una buena experiencia con el cargo. En menos de dos años le renunciaron dos secretarios: María Laura Izzo y Emilio Viramonte; Izzo fue por desgaste, en el caso de Viramonte fue por recortarle poder. 

El nuevo revés para el presidente Javier Milei en el Senado de la Nación, por el rechazo al veto de la Ley de reparto de Aportes del Tesoro de la Nación, tuvo acción de los tres representantes cordobeses.

Carmen Álvarez Rivero, Luis Juez y Alejandra Vigo tuvieron posturas diferentes en la sesión que terminó con un amplio rechazo contra la medida del economista libertario.

La representante del PRO y la senadora de Provincias Unidas argumentaron sus votos contrapuestos con discursos en el recinto. Mientras que el exintendente optó por el silencio después de los últimos cruces con los militantes digitales de Las Fuerzas del Cielo.

"(Juan Domingo) Perón utiliza las transferencias discrecionales como los ATN para premiar provincias aliadas, condicionar opositoras, desde entonces se configura una Argentina de provincias productivas y provincias más pobres o de menor desarrollo", expresó Álvarez Rivero en su discurso.

En tanto que Vigo afirmó que no se puede tildar de peronista a la ley que se discutió cuando fue sancionada por el gobierno de Raúl Alfonsín. "No hay un invento de peronistas", afirmó la esposa del exgobernador Juan Schiaretti.

Lejos de las luces y las cámaras, Juez no fue parte de los oradores de la tarde negra para el gobierno de Milei. En la última sesión el senador se quebró al reivindicar a las personas con discapacidad y recordar a su hija Milagros.

La postura contra la administración libertaria le valió un mensaje vil del principal operador digital de La Libertad Avanza, Daniel "El gordo Dan" Parisini, que escaló en una sucesión de cruces en el corazón del gobierno.

La votación entre los cordobeses terminó con dos votos a favor del veto, los de Álvarez Rivero y Juez, y uno en contra, el de Vigo.

El Senado sesionará este jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en medio de un panorama adverso para el Gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.

Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa.

En cambio, aparece en el horizonte la Cámara de Diputados como el lugar para negociar. Es un territorio menos hostil para la administración libertaria, aunque haya cosechado derrotas en las últimas semanas y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio.  

Se trata de un terreno en el que los mandatarios provinciales pueden esconder mejor sus cartas tanto para apoyos, rechazos o ausencias.

Así, son casi inexistentes las herramientas que tiene Balcarce 50 para desactivar otra golpe en la Cámara alta, aunque siempre se pueden revolear partidas enmascaradas como, justamente, los ATN. De hecho, la semana pasada se efectivizaron varios giros bajo este concepto.

El proyecto de los ATN fue impulsado en julio por los propios gobernadores; recibió en el Senado 56 votos afirmativos (hubo 57 presentes) y uno solo en contra (Luis Juez), con ausencias no solo de los libertarios sino también de aquellos senadores que responden a mandatarios que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza (LLA) y otros que juegan libres.

Un ejemplo de esto fueron las ausencias a la hora de votar de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; del chaqueño Víctor Zimmermann; la entrerriana Stellas Maris Olalla; el bonaerense Maximiliano Abad y la ultravioleta, pero todavía en el PRO, Carmen Álvarez Rivero.

Cerraron la lista de ausentes la neuquina Lucila Crexell; el formoseño Francisco Paoltroni, ya de regreso a la senda libertaria, y el senador por Salta Juan Carlos Romero, a quien se le termina el mandato en diciembre y sonó en los últimos días para integrar el gabinete de Milei.

Alguna estrategia de seducción que pudo o podría haber activado el Gobierno era con aquellos que sí votaron a favor de los ATN y que en algún momento fueron aliados, como los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce o el jefe de la bancada del PRO, Alfredo De Angeli, solo por nombrar a algunos.

De esa manera, aspiraría a obtener apoyos de aquellos que aportaron a los dos tercios para aprobar la ley. Difícilmente ocurra en un bloque de senadores y operadores políticos oficialistas carentes de empoderamiento y astucia necesaria para diagramar una estrategia de negociación legislativa, que meses atrás se articulaba a través de los senadores Romero, del radical Eduardo Vischi y del peronista no kirchnerista Carlos Espínola, entre otros.

A la sesión de hoy se sumarán al temario otros proyectos con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego.

Se sumó al plan de labor otro proyecto con dictamen de comisión que propone incorporar a la atrofia muscular espinal en el régimen de detección y posterior tratamiento a las patologías del recién nacido y convenios con Francia y Austria.

La Cámara alta tratará también la media sanción de Diputados de la Ley Nicolás, que tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos a raíz de la muerte del joven Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo.

En otro dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.

La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En uno de sus peores momentos, el gobierno de Javier Milei está a punto de recibir una nueva paliza en el Congreso: el Senado tratará este jueves el veto a emergencia en discapacidad y la oposición lograría fácilmente el número para insistir con la ley, lo que obligará al presidente a promulgarla. Por si fuera poco, también se votará un proyecto para reforzar el control del Congreso sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

La sesión fue acordada este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria donde participaron Victoria Villarruel y jefes de bloque. La vicepresidenta, de todos modos, no estará para presenciar el triunfo opositor, porque quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo ante el viaje de Milei a Estados Unidos. Por eso, la sesión será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El veto en discapacidad se llevará todas las miradas de la jornada, que arrancará a las 11. El debate está cruzado por la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), develada en los audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo. El Gobierno busca despegarse del caso y habla de una “operación política” en la previa de las elecciones de este domingo en provincia de Buenos Aires.

A la vez, el Ministerio de Seguridad pidió investigar en la Justicia la existencia de una red de espionaje ilegal. Esa denuncia derivó en una polémica medida cautelar del juez Patricio Alejandro Maraniello para cesar con la difusión de los audios, lo que abrió una polémica paralela sobre la libertad de expresión. La oposición habla de “censura previa” y hará planteos sobre ese tema en el recinto, en el momento destinado a las cuestiones de privilegio.

Lo cierto es que el arco no mileísta confía en reunir con facilidad los dos tercios para insistir con la ley. Ya en la votación original, logró una holgada mayoría de 55 votos afirmativos (con asistencia perfecta, se necesitan 48). Hubo 17 ausentes, de los cuales algunos podrían estar esta vez para votar a favor.

Entre los cordobeses, Luis Juez (PRO) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) rechazarán el veto, mientras que Carmen Álvarez Rivero, fiel aliada de La Libertad Avanza, lo apoyará.

La ley vetada por Milei declara la emergencia en discapacidad por dos años. Ordena garantizar el financiamiento de las pensiones, y le otorga una compensación de emergencia a los prestadores, además de actualizar mensualmente hacia adelante el nomenclador de aranceles (congelado desde diciembre de 2024).

A su vez, habilita nuevas altas en pensiones (ajustadas un 7,2% adicional por los cambios en la movilidad más el bono), y actualiza las asignaciones para los talleres protegidos que emplean a las personas con discapacidad.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que la ley en su conjunto tendrá, de mínima, un impacto variable de entre 0,28% del PBI ($2,4 billones) y el 0,51% del PBI ($4,3 billones).

Además de la emergencia en discapacidad, la oposición buscará aprobar un proyecto que modifica la Ley 26.122 para ponerle un límite a los DNU de Milei y los presidentes que vengan. De conseguir aval, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados, que ya intentó avanzar con una iniciativa similar el año pasado pero no logró los consensos necesarios.

El proyecto que se votará en el Senado establece que los DNU deben tratarse en el Congreso en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Actualmente, si los decretos no se tratan, quedan firmes, lo que se conoce como “sanción ficta”. Al poner un límite temporal al tratamiento, se refuerza el control de los legisladores sobre esta herramienta, de la que Milei y otros presidentes hicieron abuso.

El otro eje es que para ratificar un DNU será necesario el aval de ambas cámaras, mientras que para rechazarlo bastará con el voto negativo de una sola. A la inversa de lo que sucede hoy con la ley que fue ideada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner. Con la reforma, será más fácil para la oposición de turno rechazar un decreto, si junta mayoría en solo una de las cámaras. Esto promete ser letal para La Libertad Avanza, que padece de una marcada minoría legislativa.

Finalmente, en la sesión también se tratarán dos tratados internacionales con Francia y Austria, y una resolución sobre retiros voluntarios en el Senado.