La Libertad Avanza consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas.

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado ayer el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y hoy debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego.

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola  y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capitulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

La Cámara alta reanudó ayer el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En el primer tramo de la deliberación del pleno del cuerpo se decidió enviar a la comisión de Asuntos Constitucionales, los pedidos de los senadores del PJ Anabel Fernández Sagasti y de la UCR Flavio Fama para poder participar en forma remota de la sesión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo: "El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada".

Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.

Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las restricciones impuestas por la normativa actual.

Eb el último tramo de la sesión, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans,  afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno "es un asco" y es "inconstitucional".

"Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa.

Y agregó que "es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo".

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", del cual dijo que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por el Estado.

"Ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar", afirmó en el discurso de cierre del oficialismo.

"Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia", apuntó.

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".

Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".

Por su parte, uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra "un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo" y acusó al oficialismo de actuar como "cipayos y entreguistas".

La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno "no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler" y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible".

Por su parte, la libertaria Nadia Márquez sostuvo: "Queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir".

A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló: "Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo".

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció formalmente que optará por donar la totalidad del aumento de las dietas que a partir de agosto los integrantes del Senado percibirán, llevando así sus ingresos a casi los $12 millones mensuales en bruto.

Esto se produce luego de que impactara de manera automática el último acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios del sector y en medio de la repercusión negativa que se generó en parte de la sociedad.

Tras conocerse la liquidación de las nuevas planillas salariales, el bloque de senadores Nacionales de LLA emitió un pronunciamiento para marcar distancia de la medida que calibró Villarruel. Además, el gesto sirve para ratificar la línea de austeridad pregonada por el Ejecutivo.

Según informaron los legisladores de la bancada oficialista, tal como ya lo han realizado con anterioridad frente a actualizaciones previas, “optarán por donar el aumento de sus sueldos”. Los fondos, detallaron, serán derivados hacia “entidades benéficas, instituciones públicas de carácter provincial o aquellas que ya hubieran sido establecidas de forma preexistente por la reglamentación interna del propio Senado”.

La suba salarial surge de un convenio de recomposición del 6,7% acumulativo rubricado en conjunto por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la par de los sindicatos legislativos. El incremento se liquidará de forma escalonada en tres tramos: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% adicional aplicable en agosto.

Debido al mecanismo de actualización conocido como "ley de enganche" —ratificado por la propia Cámara Alta en abril de 2024—, los haberes de los senadores se modifican de manera directa junto con las paritarias de los empleados del Congreso.

Con este ajuste, el ingreso bruto de cada senador escalará hasta los $11,9 millones, cifra sobre la cual se realizan posteriormente las deducciones de ley por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social. En lo que va del año, las dietas en el Senado arrastran un alza del 19%, superando la inflación del primer semestre que midió el INDEC (16,8%).

El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, presentado por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo, iba a ser tratado en el Senado en la sesión de este jueves 16 de julio. Sin embargo, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, pidió aplazar el tratamiento hasta la sesión del 6 de agosto.

La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y modificada en su tratamiento en comisiones, propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego.

La Ley 21.499, vigente desde 1977, establece que se debe satisfacer el principio de “utilidad pública” para que tenga lugar una expropiación. La propuesta del Gobierno establece una definición más restrictiva de ese principio: su declaración “deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

La iniciativa también dispone cambios en las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta que no pague íntegramente la indemnización, dispone que las indemnizaciones no pagan impuestos y le asigna mayor relevancia al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Senado también introdujo una serie de modificaciones al Capítulo IV del proyecto, que propone cambios y derogaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La norma vigente establece que durante 60 años el propietario de un terreno incendiado, tanto en bosques nativos e implantados como en áreas naturales protegidas y humedales, no podía realizar cambios de uso del suelo, lotearlo y/o venderlo.

En su proyecto, el Gobierno eliminaba completamente las prohibiciones para las áreas de uso rural y las mantenía parcialmente para los bosques nativos, sólo en el caso del cambio del uso del suelo.

No obstante, el dictamen del Senado rechazó todos los cambios referidos a los bosques nativos (se mantiene la veda de 60 años para evitar la especulación inmobiliaria), pero aceptó parcialmente algunas modificaciones al uso de la tierra rural (se elimina el plazo de 30 años de veda para venta o cambio de uso).

El proyecto propone la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Hoy, la ley plantea que se considera que la tierra es de titularidad extranjera cuando sus propietarios son inversores privados extranjeros, personas físicas extranjeras o sociedades de capital privado de origen extranjero. A ese universo de inversores se les fija un límite: no pueden poseer más de un 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal.

Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial.

El proyecto del oficialismo elimina esas restricciones, pero en su dictamen el Senado les dio la facultad a las provincias para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

Por otro lado, el proyecto oficial fija límites para los Estados extranjeros y sus instrumentos (organismos, empresas públicas, fondos fiduciarios estatales), a los que les prohíbe adquirir tierras. Sin embargo, hay una excepción: admite que esa prohibición puede levantarse si el Ejecutivo determina que la operación no representa un “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.

La reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación, y se enfoca en acelerar el proceso de desalojo, facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.

El cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo -el más breve del Código Procesal- y la eliminación de la caución real (garantía, generalmente económica) como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial.

La iniciativa oficial exigía al locador intimar al inquilino con al menos 3 días de anticipación antes de demandar en casos de falta de pago de inmuebles habitacionales, pero el Senado extendió ese plazo a 10 días.

Por último, la propuesta promueve cambios en la Ley de Propiedad Inmueble. Apuntan a una mayor digitalización de los procesos, la fijación y reducción de plazos y una mayor integración entre Nación y provincias.

La Libertad Avanza debió a postergar por cuarta vez  en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 héctareas.

Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA.

En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el Gobierno Nacional.

Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich esta molesta porque se enteró del rechazo de Sturzenegger a los  últimos cambios al proyecto cuando ya los había comunicado en la última reunión de mesa política.

Estos cambios en el capítulo sobre tierras tampoco conformaban a los aliados porque se mantenían la oposición al proyecto de los radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, y Flavio Famia, así como otros provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia, Natalia Gadano, y la chutense Edith Terenzi.

Ahora el Gobierno tendrá plazo hasta Agosto para buscar acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego.

El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el  quórum de legisladores para habilitar la deliberación del plenario del cuerpo, y solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores.

La Libertad Avanza consiguó quórum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.

En cambio, los bloques que no dieron quórum los bloques aliados de Convicción Federal-que preside la peronista Carolina Moises-, Despierta Chubut,  Movere Santa Cruz, y  de Independencia, y Provincias Unidas.

No solo los dialoguistas y los peronistas querían debatir el tema de propiedad privada, sino tampoco quería realizar la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel a Bullrich. Sobre el final del intercambio, la Vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: "Andá a chuparle las medias a Karina", espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política".

Uno de los puntos centrales es que el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la justicia que el Gobierno enviará entre hoy y mañana para cumplir con el reclamo de los senadores dialoguistas.

La sesión ordinaria que será convocada para el jueves a la tarde contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres; y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.

Para la LLA es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas

El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como punto central permitir las internaciones “no voluntarias”  y establece que se incorpora a las adicciones a la drogas como una enfermedad de salud mental.

El proyecto girado por el Gobierno Nacional se discutirá en un plenario este miércoles a las 16.30 de las comisiones de Salud —que se constituirá ese mismo día y designara la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta  — y de Legislación General —que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.

La sanción de esta iniciativa es reclamada por familiares de enfermos por adicciones que señalan que la actual ley no ayuda a estos enfermos, pero es rechazada por el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.

Adicciones

Además fija el proyecto promovido por el Gobierno que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”

“El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo, y debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, agrega

Internaciones

Uno de los puntos centrales del proyecto es que se flexibilizan los criterios de internación, permitiendo que se pueda hacer de forma obligatoria sin el aval del paciente, una situación que hoy está prohibida en la ley aprobada en 2010.

En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

“ La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”, señala

Fija que "debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente”.

Otro punto clave es que se deberá comunicar a un juez en un plazo de 24 horas la “ internación involuntaria debidamente fundada” y a las 48 horas enviarle toda la documentación  respectiva.

Puntos principales

Los senadores nacionales volverán a recibir un aumento en sus sueldos y pasarán a cobrar más de $ 11 millones en brutos por mes, luego del acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores del Congreso.

El incremento se debe a que las dietas de los legisladores están atadas a los aumentos del personal legislativo, que cerró una suba escalonada del 12,5%.

De acuerdo con lo informado, el aumento se aplicará en distintos tramos: 2% retroactivo a diciembre de 2025, 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Hasta ahora, tras el aumento acordado el año pasado, los senadores que no habían renunciado al incremento percibían unos $10,2 millones brutos, lo que representaba alrededor de $8,1 millones de bolsillo después de descuentos por aportes e impuesto a las Ganancias.

Con la actualización derivada de la paritaria, las dietas superarán los $11 millones en bruto.

Desde las autoridades del Senado aclararon que cada legislador puede decidir si renuncia al aumento o dona parte de su dieta. En la última actualización salarial, los únicos que no habían renunciado al incremento fueron los legisladores de Unión por la Patria.

En cambio, quienes sí renunciaron al aumento anterior quedaron con un sueldo bruto cercano a los 9 millones de pesos.

El Senado convirtió en ley la iniciativa de reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, recibió 42 apoyos, 28 rechazos y las abstenciones de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

En ese marco, los representantes cordobeses en la Cámara Alta mantuvieron una postura unificada y acompañaron el proyecto del Ejecutivo. Tal como había ocurrido en el tratamiento previo, Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero dieron su aval y contribuyeron a la aprobación definitiva.

Con esta sanción, el oficialismo cerró el período de sesiones extraordinarias con uno de sus objetivos centrales cumplidos. La flamante Ley de Modernización Laboral introduce modificaciones en el régimen de contratación, indemnizaciones y registración de trabajadores. Desde el Gobierno sostienen que apunta a disminuir la litigiosidad y a promover el empleo formal.

Entre los puntos destacados figura la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un Fondo de Cese Laboral acordado en convenios colectivos; un esquema de regularización que elimina multas y sanciones para empleadores que registren personal no declarado; y la ampliación del período de prueba, que podrá extenderse a seis meses y hasta un año según el tamaño de la empresa.

También se incorporan disposiciones vinculadas a la actividad sindical, estableciendo límites a protestas que incluyan bloqueos de establecimientos, los cuales podrán ser considerados causal de despido.

Desde el interbloque de Unión por la Patria cuestionaron la norma y la calificaron como un “retroceso histórico en los derechos conquistados”. En tanto, centrales obreras anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar artículos que consideran inconstitucionales.

La aprobación representa el mayor logro político del Presidente desde la sanción de la Ley Bases y marca un respaldo legislativo clave para el rumbo impulsado por la Casa Rosada en el inicio de 2026.

El Senado convirtió en ley la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, tras aceptar las modificaciones introducidas por Diputados y eliminar el cuestionado artículo 44, que contemplaba una reducción salarial para trabajadores con licencias médicas. La votación resultó con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.

Acompañaron a La Libertad Avanza las bancadas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y legisladores federales alineados con gobernadores. El peronismo votó en contra y adelantó que impulsará su judicialización por considerar que es “inconstitucional” y que “viola el principio de no regresividad de los derechos laborales”. La CGT confirmó que recurrirá a la Justicia y convocó a una movilización al Palacio de Tribunales.

Durante el debate, el senador Mariano Recalde sostuvo que la ley “pone en jaque la seguridad jurídica” y afirmó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un “curro fenomenal”. En defensa del proyecto, Juan Cruz Godoy señaló que “los juicios laborales crecieron desde 2010 al 2024 en un 135%”.

Entre los principales cambios, se redujo la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir conceptos como aguinaldo y premios, se habilitó el “banco de horas” y se fijó un esquema de actualización de sentencias atado al IPC más 3%. También se creó el FAL, con aportes del 1% para grandes empresas y del 2,5% para PyMEs.

En el cierre, la jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, afirmó: “Hoy tenemos trabajadores más libres. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

El oficialismo argumentó que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.

La Libertad Avanza hizo valer este miércoles sus acuerdos parlamentarios y logró desplazar a Unión por la Patria de todos los cargos de conducción del Senado, a pesar de que el interbloque peronista conserva 25 bancas y continúa siendo la primera minoría.

La definición se concretó al mediodía, durante la sesión preparatoria en la que se renovaron las autoridades para el período legislativo 2026. En ese marco, también se incorporó sobre la hora la designación de los representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presidencia provisional quedó nuevamente en manos del libertario Bartolomé Abdala, aunque el oficialismo introdujo cambios sustanciales en el esquema tradicional de reparto de cargos. En particular, la vicepresidencia —que históricamente correspondía a la primera minoría— no fue asignada al kirchnerismo, sino a la senadora jujeña Carolina Moisés, quien hasta el día anterior integraba Unión por la Patria y formalizó su salida junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza para conformar el bloque Convicción Federal.

La decisión se terminó de definir en una reunión de labor parlamentaria previa al inicio de la sesión, donde la jefatura del bloque oficialista comunicó una propuesta de integración basada en un criterio de proporcionalidad distinto al aplicado hasta ahora. El peronismo tomó conocimiento de la iniciativa pocas horas antes de su formalización en el recinto.

Además de la vicepresidencia, los restantes cargos también quedaron fuera del alcance de Unión por la Patria. La vicepresidencia primera será ocupada por Carolina Losada (UCR) y la vicepresidencia segunda por Alejandra Vigo (Provincias Unidas). De este modo, el interbloque kirchnerista perdió toda representación en la nómina de autoridades de la Cámara alta.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó el procedimiento y afirmó que la maniobra refleja una política de "atropello" y una "lectura antojadiza del reglamento". Según aclaró, la objeción no estuvo dirigida a los nombres propuestos, sino a la forma en que se resolvió la integración.

La votación se realizó por sistema electrónico y arrojó 45 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El voto en blanco correspondió a Andrada, quien evitó pronunciarse sobre la designación de Moisés, su compañera de flamante bloque. Tanto Moisés como Mendoza, ya fuera del interbloque peronista, participaron de la sesión y contribuyeron al quórum necesario para habilitar el tratamiento.

La reconfiguración interna del Senado se produce tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza alcanzó los 21 legisladores propios luego de la incorporación del cordobés Luis Juez, mientras que Unión por la Patria quedó reducida a 25 integrantes —incluidos los dos senadores santiagueños del Frente Cívico—, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

La ruptura del bloque Convicción Federal formalizó un distanciamiento que ya se había manifestado en votaciones clave, como el Presupuesto 2026. En un comunicado, los senadores que se apartaron señalaron que buscan “sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición” y no descartaron articular con otros espacios provinciales.

En paralelo a la elección de autoridades, el Senado amplió el temario minutos antes del debate para incluir la designación de los tres representantes de la Cámara alta ante la AGN. Se acordó un reparto entre fuerzas políticas: Mariano Piazza por La Libertad Avanza, Luis Naidenoff por la UCR y Javier Fernández por Unión por la Patria.

La inclusión del punto reavivó antecedentes recientes vinculados al organismo de control. En diciembre pasado, la Cámara de Diputados había designado auditores en una sesión cuestionada por el PRO, que se retiró del recinto y denunció un procedimiento inconstitucional.

La sesión de este miércoles fue la primera de una semana con tres convocatorias. Para el jueves está previsto el tratamiento de iniciativas impulsadas por el oficialismo, entre ellas el pliego del embajador Fernando Iglesias, el Régimen Penal Juvenil y modificaciones a la ley de Glaciares. El viernes quedaron agendados el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la aceptación de cambios introducidos por Diputados a la Reforma Laboral.

En un trámite veloz, que demandó algo más de una hora de debate, el proyecto de ley de reforma laboral obtuvo esta mañana dictamen de comisión en el Senado y quedó, así, en condiciones de ser discutido y sancionado la semana próxima, con el tiempo justo para que Javier Milei pueda exhibir la ley como un triunfo político en el discurso sobre el estado de la Nación del próximo 1° de marzo.

El despacho acepta la eliminación del polémico artículo 44 sobre licencias médicas, único cambio realizado por la Cámara de Diputados esta madrugada al proyecto que había aprobado la semana pasada el Senado. Si bien no está convocada de manera oficial, la intención del oficialismo es convocar a sesión el próximo viernes 27 de febrero.

El dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto yHacienda fue apoyado por el oficialismo libertario y los bloques de la oposición dialoguista (UCR, Pro, fuerzas provinciales) y el solitario rechazo de las facciones del peronismo reunidas en el interbloque Popular, que objetaron el contenido de la iniciativa, a la que tachan por inconstitucional y por conculcar derechos a los trabajadores.

El debate de comisión esta mañana fue conducido de manera expedita por la jefa de la bancada libertaria y, también, presidenta de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich (Capital).

En el inicio de la reunión, la senadora oficialista no se explayó en cuestiones políticas y sólo habló para anunciar que el dictamen iba a ratificar lo aprobado por la Cámara baja en el debate que concluyó esta madrugada.

“El dictamen que le vamos a proponer a las comisiones es para aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo que no está mas, que es el artículo 44″, informó Bullrich, tras lo cual aseguró que la intención es “tratarlo (al proyecto) el viernes que viene”.

Desde el kirchnerismo, el primero en manifestar el rechazo de la bancada fue el chaqueño Jorge Capitanich. Lo siguió el porteño Mariano Recalde, quien impugnó el trámite veloz impuesto por el oficialismo al tratamiento del proyecto.

“Nunca habíamos visto un procedimiento tan irregular; se aprobó todo a libro cerrado”, se quejó Recalde, quien calificó el contenido de la reforma laboral como “una afrenta a los trabajadores cada vez más escandalosa”.

Sobre el proyecto, el senador kirchnerista dijo que “no hay un sólo artículo que le mejore la vida a la gente; es más, le empeora la vida a la gente” y reiteró la advertencia acerca de que “esta ley va a terminar en la Justicia porque afecta derecho constitucionales”.

La kirchnerista Florencia López apuntó sus críticas a los senadores que apoyaron la reforma laboral. “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44″, acusó.

Además, López impugnó el plenario de comisiones por considerarlo “un acto jurídico inexistente, porque nos convocaron a tratar algo que todavía no se había salido de la Cámara de Diputados”. Se refirió, así, al hecho de que la reunión fue convocada en la noche del miércoles, incluso antes de que comenzara el debate en la Cámara baja.

La semana que pasó estuvo marcada por el triunfo oficialista en el Senado. Por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno no peronista logró avanzar sobre un terreno que había resultado inaccesible para Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. La reacción presidencial no se tiñó de sus habituales estridencias: hubo celebración medida, quizás como resultado de que la media sanción fue posible a fuerza de pragmatismo y una dosis de realismo político.

De todos modos, el gobierno alcanzó una victoria política relevante que rompe con el estigma del fracaso recurrente de los gobiernos no peronistas en materia laboral. Es verdad que debió negociar con estructuras como el sindicalismo y los gobernadores y resignar parte del contenido original del proyecto. No obstante, la media sanción alcanzó para quebrar una inercia histórica. Por primera vez, el statu quo sindical y la resistencia combinada de algunos sectores gremiales y políticos no lograron bloquear por completo una reforma laboral. No se demolió el viejo modelo, pero sí se lo fisuró.

El proyecto que salió del Senado rumbo a Diputados sufrió más de 50 modificaciones respecto del dictamen original. Una victoria de los gremios fue conservar la facultad de cobrar compulsivamente los llamados “aportes solidarios”, con un tope del 2%. Como gesto de equilibrio, se mantuvieron también los aportes obligatorios de las cámaras empresarias, limitados al 0,5%. Asimismo, el gobierno dio marcha atrás en la reducción de la carga patronal destinada a las obras sociales sindicales.

Los gobernadores lograron la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%. No hubo reforma tributaria y tampoco alivio fiscal para el sector productivo. En ese terreno, el cambio quedó postergado. Asimismo, el Fondo de Asistencia Laboral fue aprobado sin sobresaltos. En materia de servicios esenciales, educación y cuidado de menores deberán garantizar un 50% de prestación durante medidas de fuerza. También, se avanzó en el traspaso del fuero laboral federal a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aspectos como el régimen de licencias por enfermedad, las vacaciones y los bancos de horas podrían ser factibles de modificaciones, pese a la intención oficial de que en Diputados el proyecto se apruebe tal como llegó del Senado.

Así, resulta evidente que el proyecto aprobado no constituye una solución integral a los problemas del mercado laboral. Pero tampoco lo habría sido una norma más ambiciosa o ideológicamente más “pura”. Son muchos los aspectos de la vida política y económica que deben transformarse en el país, y por eso es un error suponer que una sola ley pueda revertir décadas de decadencia.

Los sindicalistas, beneficiarios directos de una legislación obsoleta, no lograron articular una respuesta contundente. No hubo paro general porque no había adhesión. La CGT marchó, pero se marchó tan pronto como comenzaron los incidentes. Sus líderes mostraron un silencio casi satisfecho. Salvaron la caja, conservaron algo de su poder y evitaron una confrontación frontal. Los gremios combativos quedaron fuera de la discusión real. Y la izquierda extrema volvió a refugiarse en la violencia, las bombas molotov, los piedrazos y su retórica agarrotada. Habría que sugerirle que proyecte alguna reforma en este aspecto porque sus métodos generan amplísimo rechazo.

La modernización laboral, si se convierte en ley, fungirá como una señal del debilitamiento del peronismo y del sindicalismo tradicional. Fragmentación, falta de liderazgo y ausencia de una alternativa creíble explican el desenlace distinto. Para peor, el kirchnerismo sigue ofreciendo las mismas recetas, con la promesa de repetirlas con mayor fervor ideológico.

En su libro “Gracias por llegar tarde”, el prestigioso periodista estadounidense Thomas Friedman advierte que el mundo del trabajo cambió de manera irreversible. Sostiene que pretender sostener estructuras del siglo XX en una economía del siglo XXI conduce a más informalidad, menos empleo registrado y un sistema previsional al borde del colapso, variables verificables en la Argentina de hoy.

Frente a esta realidad, la reforma laboral que ahora tratará la Cámara de Diputados no destruye el viejo modelo, pero tampoco lo eterniza. Quizás no sea la que el oficialismo soñó. Pero es la primera vez que se está a punto de atravesar un muro que durante décadas fue inexpugnable.

Tras la media sanción en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado.

La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo, que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

A una semana del inicio de la sesiones extraordinarias, el oficialismo busca terminar de cerrar los acuerdos con bloques dialoguistas y gobernadores para aprobar el 11 de febrero en el Senado el proyecto de reforma laboral, con el cual el Gobierno busca fomentar la creación de empleo registrado.

Las negociaciones son encaradas en el Senado por la jefe del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, que realiza tratativas con los gobernadores y ya consiguió el respaldo de siete mandatarios. 

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias según precisaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas. 

El Gobierno ya consiguió el respaldo de los gobernadores aliados de la LLA de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chaco, Leandro Zdero; y sumó el espaldarazo de los mandatarios dialoguistas de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y sumará a los tres del PRO y 7 de los 10 radicales, y con el apoyo de Sáenz y Figueroa, tendría dos votos mas, con lo cual ya tiene garantizados 33 legisladores, pero aún le faltan cuatro senadores que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.

Los radicales que se resisten a acompañar el proyecto son el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama, y de La Pampa, Daniel Kroneberger. 

El oficialismo consiguió dictamen el 11 de diciembre y allí incorporó algunos cambios que requieren de mayores apoyos para garantizar la sanción de la ley en general y en particular. 

Si bien el despacho introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, los gobernadores no quieren los cambios en ganancias y la mayoría de los bloques siguen pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas.

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

La senadora nacional de Unión por la Patria (UxP) Juliana Di Tullio vaticinó este viernes que “este Presupuesto lo único que va a hacer es cagarle la vida a los argentinos” y pronosticó que el presidente Javier Milei "va a caer preso” una vez que concluya su presidencia.

“Este presupuesto tiene una intención en todo su articulado de demoler el Estado-Nación, eso que nos llevó tanto tiempo construir a partir de nuestra independencia”, analizó al intervenir como oradora en la sesión especial de la Cámara alta.

El senador peronista de Chaco Jorge Capitanich tuvo este viernes su primera intervención tras asumir y pidió discutir “el estancamiento” de la economía en el país.

“Discutamos muy bien el tema de recursos, discutamos la composición; no sólo es equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también equilibrio monetario y equilibrio del sector externo y para eso este recinto tiene que discutir la tendencia secular del estancamiento en la Argentina”, reclamó el ex gobernador. 

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyect. 

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias. 

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

El cosecretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo este jueves que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Así se manifestó el dirigente sindical durante la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

El dirigente advirtió que si no hay respuestas el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”.

Por su parte, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los '70.

Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”.

“Para que hayan trabajadores en negro lo que hay primero es una economía en negro, y este Gobierno vino para profundizar más y más pobreza en la Argentina”, denunció Sola.

Los senadores electos para el período 2025-2031 juraron este viernes por sus bancas antes de asumir el próximo 10 de diciembre, en una ceremonia encabezada por la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel. 

La sesión especial duró casi 50 minutos, tras haber iniciado pasadas las 11, en un recinto colmado con presencias de peso como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y un puñado de gobernadores. 

De los 24 senadores electos el 26 de octubre pasado, prestaron juramento 23. La razón radica en que la senadora electa por la minoría de Río Negro, la libertaria Lorena Villaverde, no tenía asegurado el aval para refrendar en la votación del hemiciclo su diploma. 

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, rechazó por mayoría su diploma, dejando así la decisión final en manos del recinto. Ayer, luego de varias reuniones, la bancada violeta acordó que su diploma vuelva a comisión. 

La flamante senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, no estaba segura de lograr los votos en el recinto para concretar la asunción de Villaverde. 

En el inicio del encuentro, Villarruel logró la designación del nuevo secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald, una figura conocida en la Cámara alta y respetada por todas las bancadas.

La abogada, relegada de absolutamente todas las mesas políticas actuales, no tiene una buena experiencia con el cargo. En menos de dos años le renunciaron dos secretarios: María Laura Izzo y Emilio Viramonte; Izzo fue por desgaste, en el caso de Viramonte fue por recortarle poder.