Un nuevo hecho de violencia dentro del Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco volvió a encender las alarmas sobre la situación en la cárcel local. Este jueves por la tarde, dos internos fueron trasladados de urgencia al Hospital "J.B. Iturraspe" tras presentar heridas graves, en un episodio que se suma a otro antecedente reciente ocurrido hace poco más de un mes.

Según se informó, ambos presos ingresaron al nosocomio y fueron atendidos de inmediato por el personal médico. Uno de ellos quedó internado en la unidad de terapia intensiva luego de sufrir un neumotórax en uno de sus pulmones, cuadro que demandó una atención de mayor complejidad. En tanto, el otro recluso permanece bajo estudios para determinar la magnitud de las lesiones y seguir su evolución médica.

El nuevo episodio ocurre semanas después de otro violento hecho registrado dentro del penal. En aquella oportunidad, dos internos fueron imputados por un presunto intento de homicidio luego de una brutal golpiza sufrida por otro detenido, Valentín Escobedo (24), causa que actualmente es investigada por la Justicia.

En cuanto a cómo se produjo el ataque hoy, fuentes policiales confirmaron a LA VOZ DE SAN JUSTO que todo sucedió en el marco de una pelea en la que hubo intervención de otros presos y que las lesiones se hicieron con un elemento punzocortante.

Tras el incendio registrado durante la noche del jueves en la cárcel de San Francisco, autoridades judiciales, policiales y penitenciarias dispusieron una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Las acciones fueron definidas en una reunión de la que participaron el fiscal Emilio Drazile, el director de la Unidad Penitenciaría N° 7, alcaide mayor Mauricio Santillán, y el jefe de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba, comisario inspector Pablo Nieto. En ese marco, se resolvió el traslado de internos por razones de salud al penal de Bouwer en Córdoba, así como la reubicación de otros presos en diferentes establecimientos carceñparios del interior provincial por cuestiones de seguridad.

Además, se dispuso un refuerzo de la seguridad externa mediante la intervención de unidades especiales como Infantería, Seom, Eter y el Comando de Acción Preventiva (CAP), incrementando la presencia policial en el sector.

Según se informó, el rápido accionar policial permitió la detención de tres personas que fueron imputadas por el delito de incendio doloso, continuando la investigación para el total esclarecimiento del hecho y la determinación de más responsabilidades.

El episodio se produjo durante la noche del jueves, cuando un adolescente incendió cubiertas frente a un portón de acceso de la cárcel. Personal del CAP acudió al lugar tras un alerta y constató que el menor se había dado a la fuga a bordo de una motocicleta conducida por una mujer.

Con la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, el fuego fue sofocado, evitando su propagación. Posteriormente, mediante un operativo cerrojo y con apoyo del sistema de monitoreo, el sospechoso fue localizado en la intersección de Sáenz Peña y Venezuela.

Se trata de un adolescente de 16 años, a quien se le secuestraron dos encendedores. En el procedimiento también fueron identificadas dos mujeres, de 40 y 22 años, que también  estarían vinculadas al hecho. Los tres involucrados fueron detenidos y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

San Francisco dio inicio al año con una nueva etapa del programa de reposición de plantas ornamentales, una iniciativa que se lleva adelante de manera articulada entre la municipalidad y el Servicio Penitenciario. En esta primera intervención de 2026, se retiraron y redistribuyeron 570 plantas florales para reemplazar aquellas que se vieron dañadas por las altas temperaturas, la falta de lluvias y situaciones de vandalismo.

Las especies retiradas corresponden a diversas variedades, entre ellas Amarantos, Asclepias, Gonfrenas, Lavandas, Aptenia Rocío, Senecio, Europsis y distintas Salvias. Parte de estas plantas fueron ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad: los Amarantos y Senecios se colocaron en los canteros de la vereda del Registro Civil, mientras que Zinnias se incorporaron al cantero del Palacio Municipal. A su vez, se repusieron 80 Margaritas Europsis en el Centro Cívico y 60 Aptenias en el muro verde de la avenida Libertador.

La paisajista municipal, Gabriela Ludueña, subrayó el valor integral de la iniciativa y destacó que “cada planta no sólo aporta belleza a la ciudad, sino que también cumple un rol ecológico y educativo”. En ese sentido, remarcó de manera directa que “es muy valioso ver cómo los internos aprenden un oficio y, al mismo tiempo, contribuyen a embellecer los espacios públicos de todos los sanfrancisqueños”.

El convenio entre el municipio y el Servicio Penitenciario comenzó a implementarse en 2024 e incluye capacitaciones para internos en la reproducción de plantas a partir de semillas y esquejes. Desde entonces, se consolidó un esquema de trabajo que permite aprovechar al máximo los recursos disponibles, reutilizando envases, tierra y cajones, y fortaleciendo saberes vinculados a la jardinería. De manera indirecta, desde el municipio se señaló que esta experiencia apunta a generar herramientas concretas para una futura salida laboral.

En paralelo, personal municipal capacitado realiza tareas de mantenimiento como podas, división de matas y recolección de semillas y bulbos, que luego son trasladados al predio del Servicio Penitenciario, donde actualmente se producen más de 30 variedades de plantas en espacios especialmente acondicionados.

Durante 2025, cerca de 4.000 plantas fueron distribuidas en distintos puntos de la ciudad, tanto en el área céntrica como en plazas barriales, en el marco de la propuesta “La Muni en Tu Barrio”. Para este 2026, el programa prevé ampliar la diversidad de especies con la incorporación de Sen de Campo, Pezuñas de Vaca, Ginkgo Bilobas, Phlomix y Scabiosas.

Finalmente, Ludueña reflexionó que “la clave está en pensar la ciudad como un gran jardín”, y añadió que cada intervención busca “conectar a las personas con la naturaleza, embellecer los espacios y generar conciencia sobre el cuidado del ambiente”.

Este viernes, en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco, de avenida Savio al 600, se concretó la puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Requisa, equipado con body scanners de rayos X y escáneres de bolsos, destinados al control del ingreso de visitas y personal.

La actividad incluyó además la presentación oficial de la delegación de Bomberos del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y la realización de un simulacro de intervención ante una hipótesis de incendio en el penal, del que participaron el Ministerio Público Fiscal, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Durante el acto, el director del establecimiento, Mauricio Santillán, destacó el proceso que permitió concretar la obra. Explicó que, tal como lo había adelantado LA VOZ DE SAN JUSTO, el proyecto tuvo su origen en 2024 a partir de la necesidad de “modernizar y fortalecer áreas estratégicas para el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario”.

Santillán señaló que el nuevo espacio incorpora nuevas tecnologías, mejores condiciones operativas y criterios actuales de gestión, acordes a los desafíos que enfrenta el servicio penitenciario en la actualidad. En ese sentido, resaltó el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Trabajo y de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, cuyo apoyo y orientación resultaron fundamentales desde la planificación hasta la culminación de la obra.

Asimismo, realizó un reconocimiento al personal del establecimiento, en especial al área de mantenimiento e informática y a los funcionarios que trabajaron en la puesta en funcionamiento del nuevo centro. “Este nuevo espacio no representa simplemente una mejora edilicia, sino también una clara apuesta al fortalecimiento de nuestra institución, a la seguridad y a la profesionalización de nuestras tareas”, afirmó.

Por su parte, la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, Nadia Fernández, valoró la puesta en marcha de los nuevos dispositivos de control y destacó su impacto en el funcionamiento cotidiano del establecimiento. “Es algo inédito y muy importante esta inauguración y la puesta en funcionamiento del escáner de bolsos y del body scanner para las visitas y para el personal”, señaló.

Fernández remarcó que la incorporación de esta tecnología permitirá agilizar el ingreso y brindar mayor tranquilidad en materia de seguridad frente a la posibilidad de ingreso de elementos prohibidos. “Le da celeridad a las visitas y mucha tranquilidad frente a la posibilidad de ingresos de celulares o de estupefacientes al complejo carcelario”, indicó.En ese marco, destacó también la conformación de una unidad interna del servicio penitenciario entrenada por el DUAR, preparada para intervenir ante incendios u otras contingencias, y valoró la realización del simulacro como una instancia clave de articulación. “Fue una jornada muy intensa y muy interesante”, resumió..

La funcionaria subrayó la importancia del trabajo interfuerzas frente al avance del narcotráfico y señaló que San Francisco, por su ubicación geográfica, representa un punto estratégico. “El trabajo interfuerzas siempre fue la salida”, sostuvo, y agregó que esta estrategia incluye también la participación activa de la comunidad local, a la que definió como “tremendamente comprometida”.

En ese sentido, afirmó que la política penitenciaria forma parte de la política de seguridad y remarcó que el Estado provincial mantendrá una postura firme ante cualquier intento de utilizar los establecimientos penitenciarios como espacios para el crimen organizado. “No vamos a permitir que utilicen los establecimientos penitenciarios como oficinas para el crimen”, aseguró.

Finalmente, al ser consultada sobre el debate en torno a la ley de imputabilidad, Fernández expresó sus reparos y consideró que no se trata de la única respuesta frente a la inseguridad. “No necesariamente tener más alojados en los establecimientos penitenciarios baja la criminalidad”, sostuvo, y remarcó la necesidad de políticas complementarias, así como de una reforma del sistema penal juvenil.

En las primeras horas de este jueves, el Servicio Penitenciario de Córdoba llevó adelante un operativo de seguridad de gran envergadura para el traslado aéreo de los hermanos Franco Gabriel y Leandro Ezequiel Artaza, considerados de alta peligrosidad.

Ambos fueron llevados desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en Córdoba, hacia Ezeiza, donde quedaron bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, según informó La Voz del Interior.El procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía de la Provincia y se enmarcó en el Acuerdo de Alojamiento de Personas Privadas de la Libertad, firmado entre el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Franco Artaza cumplía condena en el Establecimiento Penitenciario Nº 7 de San Francisco por resistencia a la autoridad, tentativa de homicidio agravado y amenazas calificadas. Su sentencia se extiende hasta julio de 2029.

Por su parte, Leandro Artaza estaba alojado en el Complejo Carcelario Nº 2 de Cruz del Eje y cumple condena por tenencia de armas de guerra, amenazas calificadas y homicidio agravado, con fecha de cumplimiento hasta septiembre de 2029.Ambos fueron señalados por las autoridades judiciales como referentes de organizaciones criminales que habrían continuado operando desde el interior de los penales.

Los hermanos Artaza permanecerán bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal hasta que se finalice la construcción del Centro de Máxima Seguridad (Cemax) dentro del Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, en Bouwer.

El nuevo establecimiento, cuya inauguración está prevista para el primer semestre de 2026, será destinado a internos de alto perfil de riesgo, con mayores estándares de control, aislamiento y seguridad interna.

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Un insólito hallazgo sorprendió al personal del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco. Durante un control, oficiales encontraron un teléfono celular oculto dentro de una chocotorta que había sido ingresada al lugar.

Según informaron desde el SPC este miércoles, el dispositivo —un Samsung A51— estaba acompañado por un cable pin tipo C, y tenía como destino un interno alojado en el Pabellón 7. Tanto el teléfono como el accesorio fueron incautados de acuerdo con el protocolo vigente y quedaron a disposición de la fiscalía correspondiente.

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En los últimos meses, episodios similares se registraron en distintos establecimientos penitenciarios de la provincia. En San Francisco, en otra oportunidad, se intentó ingresar un celular y su cargador dentro de un tupper con fideos.

En Cruz del Eje, las autoridades descubrieron un celular escondido en una torta de cumpleaños tipo selva negra, mientras que en Río Cuarto, a fines de agosto, dos personas arrojaron al interior del Establecimiento Penitenciario Nº 6 dos envoltorios con celulares, hechos que quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

El intendente municipal, Damián Bernarte, mantuvo una nueva reunión con los integrantes del Consejo Pastoral de San Francisco donde se analizaron distintas cuestiones que hacen a continuar optimizando la tarea que llevan adelante las iglesias evangélicas en conjunto con el Estado Municipal dentro de la ciudad de San Francisco. 

El Consejo Pastoral San Francisco está conformado por pastores y líderes de distintas iglesias evangélicas de la ciudad, unidos con el propósito común: servir a Dios y a la comunidad.

En ese marco, el titular del Departamento Ejecutivo rescató la importancia de este encuentro al señalar que “hemos conversado sobre los objetivos próximos a alcanzar en el marco del trabajo conjunto entre el Estado Municipal y las iglesias evangélicas y la posibilidad de desarrollar un espacio común para las distintas actividades, analizando la realidad social y el rol fundamental que estas cumplen para el desarrollo de la vida en comunidad”.

“Ha sido una jornada enriquecedora, de diálogo, que comprende un trabajo pensado en llevar adelante acciones para que la ciudad siga progresando en todos los aspectos centrados en la espiritualidad de nuestra gente”, agregó Bernarte.

Entre los temas tratados, uno de los que se destacó fue la posibilidad de ampliar los horarios de atención evangélica en el Servicio Penitenciario N°7: “Estuvimos realizando gestiones con los ministerios evangélicos que llevan la palabra al Establecimiento Penitenciario N° 7 para ampliar sus horarios allí porque los internos piden y necesitan tener acceso a la Palabra de Dios. Por eso y por muchas otras cosas más estamos felices de construir juntos comunidad” señaló Bernarte.

De cara al futuro, el intendente anticipó que el trabajo continuará desde el Consejo Interreligioso, recordando que en este espacio nacieron iniciativas como el Refugio para Personas en Situación de Calle y la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), lo que demuestra el impacto de la gestión compartida en la vida de los vecinos.

En la mañana de este viernes quedó oficialmente habilitada, en las instalaciones del Superdomo San Francisco, la tercera edición local de la muestra anual de productos elaborados por internos de distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba.

La exposición forma parte de un circuito de 23 ferias que se realizan en distintas localidades donde el Servicio Penitenciario de Córdoba tiene presencia. En esta oportunidad, el acto inaugural contó con la participación del intendente Damián Bernarte, autoridades municipales y representantes del sistema penitenciario provincial, quienes recorrieron los stands dispuestos en el predio.

La muestra estará abierta al público hasta el domingo inclusive, en el horario de 9 a 18, y ofrece una variada gama de productos realizados en los talleres carcelarios: desde trabajos de herrería, carpintería, artesanías y artículos textiles hasta juegos de jardín, repisas, vinotecas, plantines y sets de cocina.

Roxana Allende, directora de Trabajo, Producción y Comercialización del Servicio Penitenciario, valoró positivamente la oportunidad de mostrar en San Francisco la producción de los internos. “Para nosotros es un honor porque lo podemos hacer en un entorno ideal que permite que se aprecien los trabajos con mucha delicadeza”, expresó.

Allende subrayó la calidad y accesibilidad de los productos exhibidos: “Estamos mostrando productos de excelente calidad que son elaborados con materia prima de primer nivel. Año tras año nos vamos perfeccionando para que la gente se sienta atraída a comprar lo que elaboramos, que además tienen precios muy accesibles”.

Durante el recorrido, también explicó que cada uno de los objetos presentados es el resultado de un proceso de formación: “Los productos que se encuentran aquí son fruto del trabajo que se lleva a cabo en los talleres que tenemos en los distintos establecimientos penitenciarios. Ellos siempre reciben la capacitación correspondiente por parte de especialistas que los incentivan a realizar este tipo de trabajos”.

En ese sentido, destacó la importancia de la visibilidad pública: “Para nosotros es un placer que la gente conozca todo esto, porque la idea es que se difunda lo que hacemos”.

El director del Establecimiento Penitenciario N.º 7 de San Francisco, Néstor Luna, también destacó el valor formativo y social de la muestra: “Esta es una muestra de lo que día a día se hace en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba. Son trabajos de internos que están conducidos por personal penitenciario que enseña el oficio y así van aprendiendo”.

Luna agregó que estas actividades permiten a los internos adquirir herramientas útiles para su futuro: “De esa manera adquieren herramientas que les van a permitir reinsertarse en la sociedad una vez que recuperen su libertad”.

Del 4 al 6 de julio, San Francisco será sede de la 23° edición de la Muestra Anual de Trabajos Penitenciarios y Artesanías, un evento impulsado por el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba, a través del Servicio Penitenciario y la Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria.

La muestra se desarrollará en el Superdomo y podrá visitarse viernes, sábado y domingo, en el horario de 9 a 18.

Durante las tres jornadas, se presentarán productos elaborados por personas privadas de la libertad en diferentes unidades penitenciarias de Córdoba. El objetivo principal es visibilizar los procesos de formación laboral, capacitación y aprendizaje de oficios que se llevan adelante en contextos de encierro.

Entre los rubros que se exhibirán se encuentran herrería, carpintería, costura, cestería, cerámica, entre otros. Además, los visitantes podrán adquirir las piezas en exposición.

Bajo el lema “Crear, producir y educar en prisión”, la actividad busca promover la reinserción social a través del trabajo, la producción artesanal y la educación. 

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse y conocer de cerca el trabajo que se realiza dentro de las cárceles, como forma de acompañar y apoyar estos procesos de transformación.

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba convoca a jóvenes de entre 18 y 25 años a postularse para la carrera de oficiales, con vistas al ciclo lectivo 2026. La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio web oficial del organismo y estará habilitada hasta el 15 de agosto.

La propuesta formativa tiene una duración de tres años y se cursa en la Escuela de Cadetes “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”, ubicada en la ciudad de Córdoba. Al finalizar, los egresados obtendrán el grado de Subadjutor Auxiliar y el título de Técnico Superior en Gestión Institucional, Tratamiento y Seguridad Penitenciaria, con salida laboral inmediata en el ámbito del Servicio Penitenciario.

El plan de estudios incluye una beca durante el cursado, además de la posibilidad de continuar la formación a través de la articulación con la Licenciatura en Seguridad que ofrece la Universidad Nacional de Villa María. Esta carrera permite el desarrollo de una trayectoria profesional dentro de la fuerza, con posibilidad de ascenso y especialización en distintas áreas como seguridad, cuerpos tácticos, administración y capacitación.

Los aspirantes deberán contar con ciudadanía argentina (nativa o por opción), título secundario completo, buena conducta, sin antecedentes penales ni contravenciones, y reunir condiciones psicofísicas acordes con la función. También deberán aprobar un cursillo de ingreso y presentar toda la documentación requerida.

El objetivo de la formación es preparar a futuros agentes estatales con un fuerte compromiso ético, vocación de servicio y respeto por los Derechos Humanos, que contribuyan a la aplicación de las leyes en el marco del sistema penitenciario.

Los interesados pueden consultar los requisitos completos e iniciar su inscripción en el siguiente enlace: https://serviciopenitenciariodecordoba.com.ar/web/reclutamiento/

Una docente que se desempeñaba laboralmente en el Servicio Penitenciario de esta ciudad y que había sido apartada de su cargo en marzo del corriente año, ha sido recientemente reubicada en otro ámbito laboral por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. La medida se produjo tras un reclamo judicial iniciado por la educadora, quien había sido impedida de continuar sus tareas en la penitenciaría debido a la presencia de su progenitor, alojado allí con prisión preventiva e imputado por un delito de abuso sexual en su contra.

Según información brindada desde fuentes judiciales vinculadas al caso, la docente, quien es víctima de abuso sexual en la infancia y se ha constituido como querellante particular en la causa penal contra su padre, fue notificada en marzo, próxima a retomar el ciclo lectivo, de la prohibición de ingreso al establecimiento penitenciario. La argumentación esgrimida por las autoridades penitenciarias se habría basado en el "Protocolo de la Víctima" y el impedimento de contacto vigente con su progenitor.

Ante esta situación, que implicó el cese de sus funciones y la no percepción de sus haberes, la docente, junto a sus abogados patrocinantes, Virginia Panero y Nicolás Casas, inició una serie de reclamos formales que culminaron con la interposición de un recurso de amparo contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La acción judicial se fundamentó en la presunta vulneración de su derecho constitucional a trabajar y en un cuadro de revictimización, al priorizarse, según la presentación, la situación del interno por sobre la de la docente víctima.

Durante el transcurso del proceso judicial, y según las mismas fuentes, el Ministerio de Educación provincial se comunicó con la docente en el mes de abril. El objetivo de esta comunicación fue gestionar un cambio de ámbito laboral para evitar la pérdida definitiva de las horas cátedra que poseía en el establecimiento penitenciario, amparándose en el Estatuto de la Docencia Media, Especial y Superior.

Como resultado de estas gestiones, la docente fue reasignada a tareas administrativas, lo que le permitió recuperar la percepción de sus haberes. Sin embargo, desde la representación legal de la educadora se considera que esta solución es parcial. Sostienen que, si bien se restituyó el salario, la docente fue desplazada de su labor frente al aula, que describen como su "verdadera vocación", y confinada a tareas administrativas. En su opinión profesional, esta reubicación podría interpretarse como una forma de "castigo" por haber denunciado y visibilizado su situación.

Los letrados argumentan que, desde una perspectiva de género y en pos de la protección integral de la víctima, la decisión más coherente hubiese sido el traslado del interno a otro establecimiento penitenciario de la provincia. Esto, según su criterio, habría permitido a la docente continuar desempeñándose en su puesto original. Califican la decisión adoptada como una "reacción automática, patriarcal y profundamente injusta", que vulneró los derechos de la docente y conllevó una revictimización al optar por "correr a la mujer del escenario para evitar conflictos con el interno".

Si bien se ha producido una restitución salarial, la controversia persiste en torno a las condiciones laborales y la posibilidad de la docente de ejercer su profesión en igualdad de condiciones, con el debate centrado en si se priorizó la comodidad administrativa por sobre una reparación integral a la víctima.

Marcos Romero, director de la cárcel de San Francisco, cumple dos años al mando de uno de los penales más importantes de la provincia de Córdoba, con un desafío singular: hacer frente a las demandas de un sistema penitenciario que, además de albergar a reclusos, debe trabajar en su reinserción social. A punto de ser ascendido a un cargo en la cúpula del Servicio Penitenciario provincial, Romero analiza la evolución del establecimiento y anuncia el inicio de una nueva obra de gran importancia: la construcción de un pabellón para mujeres en 2025. Lo subraya como un paso importante en la evolución de un sistema penitenciario que apuesta por la rehabilitación, el trabajo y la educación como los pilares para lograr una reinserción exitosa de los internos a la sociedad.

En su despacho del Establecimiento Penitenciario Nº 7, durante una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Romero reflexionó sobre su gestión, la realidad del penal y la implementación de nuevos proyectos. “Hoy tenemos un total de 480 internos”, contó y aseguró que no hay sobrepoblación, “todos tienen sus respectivas camas. Tenemos una capacidad para 500 internos, por lo que estamos bien en cuanto a infraestructura”. 

Comenzó su análisis detallando los logros de su gestión, que se centraron en mejorar la infraestructura y la operatividad del establecimiento de mediana seguridad. “Fue muy positivo el trabajo con el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de la jueza María Teresa Garay, y también con las otras instituciones de la ciudad. Para mí, fueron dos años muy positivos”, destacó el director, quien reconoce que la colaboración con la Justicia y el respaldo de los gobiernos locales y provinciales fueron esenciales para su labor.

Uno de los proyectos más esperados en la cárcel de San Francisco es la construcción de un pabellón de mujeres, anunciado inicialmente en 2017 por el gobierno de Juan Schiaretti. “Era una demanda desde hace bastante tiempo porque todas las mujeres detenidas en nuestra ciudad y la zona terminan en las cárceles de Villa María o Córdoba”, explicó Romero, al tiempo que remarcó que la iniciativa no responde a un crecimiento en la cantidad de mujeres detenidas, sino a una necesidad operativa.

El pabellón femenino, que se empezará a construir en 2025, tendrá capacidad para alojar a aproximadamente 30 internas. “Será un sector exclusivo, separado de la población carcelaria masculina, ubicado en el ala suroeste del predio”, detalló. Este espacio no solo brindará un lugar adecuado para las mujeres detenidas, sino que también contará con áreas específicas para visitas, reuniones con sus hijos y servicios de salud especializados para ellas.

Actualmente, en la cárcel de San Francisco se está construyendo un nuevo espacio para intensificar los controles de ingreso, con la instalación de un avanzado sistema de body scan o escáner corporal. Este equipo de última generación, que utiliza rayos X y escaneo 360º, examina el cuerpo humano para detectar cualquier objeto, especialmente teléfonos celulares, e incluso amenazas ocultas como por ejemplo armas metálicas y no metálicas, drogas, que intenten ingresar al penal. Tanto las visitas como los empleados del Servicio Penitenciario deberán someterse al body scan y a un escáner para sus pertenencias.

“Lo que se pondrá en funcionamiento en el corto plazo tiene que ver con el objetivo de hacer más rigurosos los ingresos y generar más controles, porque queremos saber todo lo que ingresa a la unidad penitenciaria”, argumentó Romero.

A lo largo de la conversación, Romero hizo hincapié en el importante cambio de paradigma que se implementó en las cárceles cordobesas en cuanto a la educación y el trabajo de los internos en el marco de una política encarada por el Gobierno provincial.  “El objetivo es incorporar la población carcelaria a la cultura del trabajo para bajar la tasa de reincidencia delictiva”, declaró, mencionando que los internos tienen acceso a diversos talleres de oficios y programas de formación como vía también para la reinserción social. 

“Tenemos el taller textil, que se reactivó este año, y un vivero en convenio con la municipalidad, en el que capacitamos a los internos en jardinería y contribuyen a la parquización de la ciudad. También hay talleres de chapa, artesanía, tapicería, herrería y panificación. Además, hemos comenzado una prueba piloto de un lavadero de autos que, por ahora, atiende a los vehículos del personal de la cárcel, pero la idea es abrirlo a la comunidad”, señaló.

“El objetivo es incorporar la población carcelaria a la cultura del trabajo para bajar la tasa de reincidencia delictiva (…) No es solo sobre aprender un oficio, es sobre cambiar vidas”. 

Romero subrayó la importancia de estos talleres, que no solo generan una ocupación productiva, sino que también tienen un efecto terapéutico en los presos. Además, apuntó que la cárcel ofrece oportunidades educativas, desde los estudios primarios y secundarios hasta terciarios, con internos que cursan carreras en la UTN o la Uces (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).

“Hay internos que nunca aprendieron a leer o escribir, y aquí tienen la oportunidad de hacerlo. Recientemente, una profesora me comentó que algunos internos pudieron aprender a escribir su nombre. No es solo sobre aprender un oficio, es sobre cambiar vidas”, manifestó Romero.

Sobre la remuneración de los internos que trabajan, Romero explicó que reciben un pago acorde a la categoría de la tarea que desempeñan. "No es un salario alto, pero es un incentivo que les ayuda a entender la importancia del trabajo y les da una herramienta para el futuro en libertad", indicó. La participación en talleres y cursos, además de la buena conducta, puede influir en beneficios contemplados por la ley como salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional, siempre y cuando el juzgado correspondiente lo autorice.

La idea que los prisioneros deben ser obligados a trabajar para devolver a  la sociedad por el costo de su encarcelamiento plantea un debate siempre vigente en la Argentina. Consultado Romero sobre cómo lidian como autoridades del sistema penitenciario con esa presión social, afirmó: “Estoy a favor de la reinserción. Aquí hay muchos internos que jamás tuvieron la oportunidad de estudiar o trabajar antes de su detención. Es fundamental darles las herramientas necesarias para que, al recuperar su libertad, puedan reintegrarse”.

Romero defendió la política penitenciaria implementada en Córdoba, que enfatiza el respeto de los derechos humanos y la rehabilitación de los internos. Ahora bien, ¿cómo se recupera un recluso en un contexto de profunda crisis social y económica? “El desafío es abrir las cárceles, mostrar que no son lugares oscuros solo relacionados con el delito, sino espacios donde se puede trabajar en la rehabilitación de las personas”, sostuvo y destacó las actividades que han involucrado a la comunidad, como las ferias en las que los internos expusieron y vendieron productos elaborados en los talleres de la cárcel.

“No hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando en la rehabilitación del interno. Si de 10 internos uno se rehabilita, ya es un gran logro”. 

En cuanto a la salud mental y las adicciones, otro de los pilares de la gestión, Romero explicó que el establecimiento cuenta con un equipo técnico compuesto por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, lo que permite hacer un seguimiento más detallado de cada interno.

Uno de los aspectos que generó entusiasmo en el penal de avenida Savio es la inclusión de actividades deportivas. La cárcel local cuenta con un equipo de rugby, Los Caranchos, que ha tenido éxito en el campeonato inter cárceles, lo que motivó a otros internos a participar. “El rugby fue muy positivo. Los Caranchos salieron campeones y eso trajo mucho entusiasmo”,  subrayó Romero. También se practican otros deportes como fútbol, y se proyecta la construcción de un polideportivo en el mediano plazo.

Romero además se mostró optimista sobre las alternativas al encierro que se están evaluando a nivel provincial, como el uso de tobilleras electrónicas para los detenidos con prisión preventiva, proyecto que ingresó en la Legislatura y reforma el Código Procesal. “Es positivo todo lo que sume y aproveche los avances tecnológicos para mejorar el sistema penitenciario”, dijo.

Romero concluyó la entrevista con una reflexión sobre los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario. “No hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando en la rehabilitación del interno. Si de 10 internos uno se rehabilita, ya es un gran logro”, expresó. 

En el marco de la investigación que afecta a la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), cuatro jefes del organismo han sido detenidos bajo la sospecha de pertenecer a una presunta asociación ilícita. Entre los detenidos se encuentra Cristian Namur, director del área de Seguridad, quien anteriormente se desempeñó como director de la Unidad Penitenciaria Nº 7 San Francisco (2018 2020) y subdirector en la prisión de Bouwer.

Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal de instrucción N°1 de Delitos Complejos, Enrique Gavier, quien afirmó que "los avances en la investigación apuntan a la participación de los imputados". Además de Namur, también fueron detenidos José Gustavo Heredia, Ramón Sayavedra y Marcelo Chávez, todos acusados de asociación ilícita en una causa que involucra múltiples delitos, incluyendo la creación de "call centers tumberos".

Chávez, quien gestionaba infracciones en la División de Asuntos Internos, y Namur, designado como director general de Seguridad en julio de 2024, forman parte de un grupo que ya cuenta con más de 20 detenidos, incluidos abogados y altos jefes del SPC. Este escándalo se desató tras la detección de administraciones irregulares en los penales de Bouwer, Cruz del Eje y Villa María.

Alejandro Guzmán, subjefe de la cárcel de Bouwer, es considerado "organizador" de la asociación ilícita. Según la acusación, se ofrecían mejoras en la "calidad de vida" de los internos a cambio de pagos, facilitando así el ingreso de celulares y estupefacientes.

La situación llevó a la intervención del organismo por parte del gobernador Martín Llaryora, quien solicitó la renuncia de todos los directivos de la gestión anterior, incluyendo a Juan María Bouvier, exjefe del SPC. Llaryora destacó que "es necesario limpiar la institución para garantizar la seguridad y la justicia". En este contexto, el exfiscal federal Gustavo Vidal Lascano fue nombrado interventor del organismo.

Las investigaciones continúan y el fiscal no descarta la posibilidad de nuevas detenciones en el futuro.

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba invita a jóvenes mayores de 18 años a inscribirse en la Escuela de Suboficiales y Tropa “Brigadier General Juan Bautista Bustos”, para realizar el próximo año el Curso de Formación Profesional en “Asistente en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria”.

La instrucción habilitará a los aspirantes a integrarse como Subayudantes (primera jerarquía de la carrera de suboficiales), en los Establecimientos Penitenciarios y Complejos Carcelarios de la provincia, al concluir y aprobar el cursado de 10 meses de duración con una carga horaria de 800 horas en total.

Son requisitos para la inscripción ser argentino -nacido o por opción-, tener entre 18 y 34 años de edad, estudios de Nivel Medio completos y reunir las condiciones psicofísicas requeridas. 

El dictado del Curso tendrá lugar en la sede de la Escuela “Brigadier General Juan Bautista Bustos” de Córdoba capital y en sus Anexos en las ciudades de Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Villa Dolores y Cruz del Eje, con modalidad presencial y virtual.

Derecho Constitucional, Derecho Penal, DDHH, Legislación Penitenciaria, Decretos reglamentarios, perspectiva de género, Informática, defensa personal y uso racional de la fuerza penitenciaria, armamentos, procedimientos y estrategias operativas de intervención, tratamiento penitenciario, aspectos psicológicos del delito, prevención en salud, son algunos de los contenidos teóricos de formación, validados y perfeccionados a través del desarrollo de prácticas formativas previstas en el plan de estudios.

Dicho plan se encuadra en el Convenio Marco N° 006 de febrero del 2021 celebrado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, posibilitando el ingreso de agentes penitenciarios en la carrera de personal subalterno.

Los interesados e interesadas deberán acercar su C.V. en sede del Departamento de Reclutamiento y Selección ubicado en calle La Rioja N° 185 B° Centro de la ciudad de Córdoba de lunes a viernes de 08 a 15 horas, o por correo electrónico: reclutamientoyseleccionspc@gmail.com

Consultas: 0351 4332396/ 4260019/ 4260083/ 4260137. 

Del 5 al 7 de julio, la Tecnoteca de San Francisco albergará la vigésima primera edición de la muestra anual "Crear, educar, producir en prisión". Organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, a través de su Dirección de Trabajo, Producción y Comercialización Penitenciaria, esta exposición destaca los trabajos realizados por internos de diversos establecimientos penitenciarios que además, estarán a la venta.

Desde las 9 hasta las 18, los visitantes podrán explorar y adquirir artesanías confeccionadas en talleres de carpintería, herrería, costura, tapicería y mimbrería. Más allá de ser una oportunidad para el público de apreciar el talento y el esfuerzo de los reclusos, esta iniciativa busca fomentar la educación y los valores positivos dentro de los centros penitenciarios.

Según los organizadores, el trabajo no solo es un derecho y un deber para los internos, sino que también juega un papel crucial en su proceso de rehabilitación, promoviendo hábitos laborales positivos y preparándolos para su reintegración en la sociedad libre.

El gobernador Martín Llaryora intervino este martes el Servicio Penitenciario de Córdoba e inmediatamente fueron detenidas varias de sus autoridades, como José María Bouvier, quien había sido jefe hasta la asunción del sanfrancisqueño y dos de sus funcionarios más cercanos.

Bouvier había asumido como jefe del servicio en 2008 y sus 15 años de gestión terminaron de manera escandalosa: fue detenido una vez conocida la intervención por orden de Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, en el marco de la investigación de la denominada “causa Bouwer”. Junto a él fueron detenidos su mano derecha, Silvia Barbero y el segundo jefe Víctor Hugo Vivas. 

La decisión se produce tras una serie de escándalos en las cárceles de la provincia. Ejemplo de ello es la detención en septiembre pasado de la cúpula del penal de Villa María por el supuesto delito de asociación ilícita. El fiscal de Instrucción de Casos Complejos, Enrique Gavier, descubrió que allí funcionaba un “call center” donde los presos cometían estafas a través de teléfonos celulares con acceso a Internet.

Conocido como “el Johnny”, Bouvier es un egresado de la primera promoción de penitenciarios, del año 1978, en plena dictadura militar. En los últimos meses, una serie de escándalos pusieron en agenda al SPC, al que siempre le gustó manejar con perfil bajo. “Que no sea noticia es una buena noticia”, solía decir. La última novedad pegó cerca de su despacho: la imputación del jefe de Seguridad del SPC, Darío José Tello Pajón. Pero esta salida ni las anteriores –por caso, un subdirector del complejo carcelario de Bouwer por favores a los presos y corrupción– lo despeinaron.

Su ascendencia en el SPC es, incluso, más vieja, porque luego de varios años se retiró en 2004, con el cargo de subjefe. Pocos meses después estalló el más feroz motín carcelario en la historia de Córdoba y con una nueva revuelta, fue llamado de urgencia en 2008 para tomar una conducción que no abandonó hasta este martes.

Llaryora designó interventor del SPC al ex fiscal federal y fiscal General provincial Gustavo Vidal Lascano. El cargo formal que desempeñará Vidal Lascano en el Ministerio de Justicia y Trabajo es el de secretario de Organización y Gestión Penitenciaria.

Vidal Lascano tiene una larga trayectoria judicial y política. Hasta este nombramiento era integrante del Órgano de Control disciplinario de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Cordoba, desde 2021. Antes, fue fiscal federal, entre 1996 y 2004 y luego entre 2007 y 2020, y fiscal General de la Provincia, entre 2004 y 2007, según informó el diario La Voz del Interior.