El Boletín Oficial del primer día hábil de este año llegó con una sorpresa. Un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (el 941/25) estableció modificaciones importantes a la Ley de Inteligencia Nacional. De inmediato se abrió un debate político y jurídico que fue creciendo aun cuando funcionarios, legisladores y magistrados judiciales están hoy más atentos al oleaje del mar que a las vicisitudes políticas e institucionales.

El decreto reforma la estructura y amplía las atribuciones de la Secretaría Inteligencia del Estado (Side).  El nuevo esquema combina disposiciones que buscan actualizar el sistema frente a amenazas contemporáneas con otras que despiertan serias dudas por su posible impacto sobre derechos y garantías constitucionales.

Por cierto, el contexto político es un dato clave para analizar el futuro de este decreto. Luego de las últimas elecciones de medio término, la actual conformación del Parlamento dificulta reunir mayorías en ambas cámaras para rechazar un DNU

Aprovechando la insólita  estructura normativa que volvió casi inexpugnables a los decretos presidenciales -diseñada durante el kirchnerismo-, Milei decidió avanzar. Y es posible que se tome revancha de la derrota que sufrió cuando pretendió asignar millonarios fondos a la Side y el Congreso, por primera vez en la historia, anuló esa decisión “de necesidad y urgencia”.

La historia de los servicios de inteligencia argentinos es controvertida y también poco recordada. Desde la creación de la Cide durante el primer peronismo hasta la Side y sus múltiples reformulaciones, la inteligencia estatal estuvo durante largos períodos asociada al control político interno. Espionaje a personajes públicos de varios ámbitos, superposición de organismos y vínculos con prácticas represivas forman parte de un pasado que no distingue ideologías.

Como recuerda Pablo Mendelevich en La Nación, el problema no es nuevo: la cultura del espionaje político se consolidó mucho antes de la actual administración y nunca fue plenamente desmantelada, ni siquiera cuando se intentó hacerlo por vía legal con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 en 2001. La paradoja, como señala el periodista, es que sectores del peronismo y otras fuerzas políticas que hoy se presentan como defensores de la República rara vez revisaron su propia responsabilidad en la construcción de un sistema opaco y proclive a excesos.

El DNU reorganiza el sistema de inteligencia nacional y actualiza algunas funciones frente a nuevas amenazas, en especial en materia de ciberinteligencia y protección de infraestructuras críticas ante eventuales ataques tecnológicos. Además, reafirma -al menos en el plano declarativo-, que no se podrá hacer inteligencia o contrainteligencia “sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Sin embargo, junto a estas afirmaciones generales aparecen disposiciones que generan fundada preocupación jurídica e institucional. En primer lugar, el decreto no cumpliría con los requisitos constitucionales para legislar por DNU, ya que no justificaría por sí mismo la urgencia exigida por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Otro punto crítico es la caracterización de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, un término ambiguo que provoca confusión.

El aspecto más sensible es la habilitación para detener personas en el marco de actividades de inteligencia sin una intervención judicial. Esta facultad abre la puerta a decisiones arbitrarias y afecta garantías básicas constitucionales. En el mismo sentido, la ampliación de funciones de la Side, combinada con controles debilitados, podría restringir la labor judicial en la investigación de supuestos delitos.

Se espera que, una vez reanudada la actividad parlamentaria, la agenda oficial estará concentrada en la reforma laboral. El gobierno confía en que la actual composición del Congreso le permitirá neutralizar los intentos de rechazo del DNU. Es probable que abunden las denuncias y las proclamas opositoras, pero con escaso margen para avanzar más allá de ese plano.

En este escenario, la Justicia aparece nuevamente como la barrera última para poner límites a una posible vulneración de normas y derechos ciudadanos, en un país donde el espionaje político ha sido, durante décadas, una añeja y censurable costumbre.

El Gobierno Nacional oficializó este viernes la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado ​​(SIDE) que la dota de nuevas competencias y responsabilidades e incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia. 

A través del decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y sus ministros, el Ejecutivo detalló las modificaciones que implementará en la secretaría que continuará bajo la dirección de Cristian Auguadra y Diego Kravetz. 

Como contó la agencia Noticias Argentinas, se trata de una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que apunta a “centralizar, modernizar y reordenar” el sistema de inteligencia con la redefinición de funciones, la creación de organismos y la ampliación de facultades. 

En la letra del decreto, se ratifica a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior y rector del sistema, y se detalla que pasa a estar integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC); y la Inspectoría General de Inteligencia. Cada organismo cuenta con autonomía técnica y funcional, pero responde a la conducción política del titular de la SIDE.

Asimismo, detalla que la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y cuenta con la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”. Además, amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.

Por su parte, la administración libertaria diferencia ciberseguridad, relativa a la prevención y protección de infraestructuras críticas, de ciberinteligencia que analiza amenazas en el ciberespacio y anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, que oficia de autoridad nacional en ciberseguridad. 

Los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en la sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, y que concentrará además la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados. Además, podrá requerir información a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo considere.

Otro de los puntos que incluye el decreto es la creación de dos comunidades de intercambio de información. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integra a todos los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF y que funciona como ámbito permanente de coordinación y producción de inteligencia.

Por el otro, la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) que incluye ministerios y organismos civiles, cuya función es aportar información estratégica, sin realizar tareas de inteligencia.

La reforma contempla cambios en la inteligencia militar con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). La intención es evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar.

También autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad; repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a fuerzas de seguridad. Este último es quizás el punto más controversial, que generó el rechazo de un sector de la oposición. 

En la justificación de la articulado, el Gobierno refuerza además el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia. "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, subrayan. 

También reafirma la prohibición a realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos o por ejercer influencia sobre partidos, medios u opinión pública.

La designación de los directores de los principales organismos cuentan con rango de secretario y deberán ser informadas a la Comisión Bicameral del Congreso.

El decreto entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente, como establece la Ley 26.122.

1. Conducir el esfuerzo de Inteligencia Nacional y Contrainteligencia.

2. Planificar y ejecutar las acciones del Ciclo de Producción de Inteligencia Nacional a través de sus órganos, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO).

3. Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) y las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados.

4. Coordinar las actividades dentro del marco de las Leyes Nros. 23.554 y 24.059 con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario.

5. Requerir a todos los órganos del Sector Público Nacional la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

6. Requerir la cooperación de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando ello fuere necesario para el desarrollo de sus actividades.

7. Entender en la formación, capacitación, adiestramiento y actualización del personal de la Secretaría y colaborar con los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en la formación y capacitación de su personal a través de la Escuela Nacional de Inteligencia.

8. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica Militar de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 23.554.

9. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere requerida de conformidad a lo establecido en el inciso e) del artículo 10 de la Ley N° 24.059.

10. Entender en la lucha contra el terrorismo y coordinar acciones con los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires con competencia en la materia.

11. Dirigir la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), e integrar la información de estos subsistemas, así como también lo producido por los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional  (SIN) para ser elevado al Presidente. 

12. Proponer a la Jefatura de Gabinete los niveles de alerta de Seguridad Estratégica Nacional con asistencia del Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

13. Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, para el cumplimiento de sus funciones.

14. Planificar y ejecutar la Inteligencia Geoespacial en apoyo a las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

15. Entender en la gestión Criptográfica del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

16. Asesorar, en el marco de su competencia, al Poder Ejecutivo sobre la comunicación estratégica del Estado Nacional.

17. Elaborar el Informe Anual de Actividades de Inteligencia a los efectos de su presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. A tal fin, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) le deberán brindar toda la información correspondiente.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que establece por primera vez en más de 20 años los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional, con foco en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado.

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la "Política de Inteligencia Nacional", un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y lineamientos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años. En las últimas horas, el gobierno anunció nueva cúpula en la SIDE. 

El Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas, según reconoce el propio texto oficial.

La medida instruye además a la SIDE a dictar una "Estrategia de Inteligencia Nacional" que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos en el documento marco.

El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con "un deterioro relevante" de más de tres décadas que "socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas".

El documento menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, "cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos", así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que "constituyó un hecho de suma gravedad institucional".

También se refiere a las sucesivas intervenciones que sufrió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, que según el Gobierno "implicó un notorio retroceso institucional". La AFI fue disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE, que cuenta con cuatro órganos desconcentrados: 

La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.

En relación con la soberanía, el documento establece la necesidad de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan "condicionar la autonomía institucional".

Sobre la integridad territorial, se propone detectar "dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica".

Los diez lineamientos estratégicos

El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.

El primer lineamiento aborda la "disputa de poder en el escenario de política exterior", donde se reconoce que la competencia entre potencias globales "impacta directamente en regiones periféricas como América Latina". El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.

El segundo eje se refiere a la "superioridad de la información y riesgo de influencia externa", con foco en operaciones de desinformación que "buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional".

El tercer lineamiento analiza el "poder integral de la Nación", incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como "la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros" y "la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras".

Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.

Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que "la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales" ha generado "un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas". Se menciona expresamente "la ocupación ilegítima del territorio nacional" en referencia a las Islas Malvinas.

El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina "por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos".

El sexto eje estratégico se centra en las "amenazas dentro y desde el ciberespacio", definiendo a este dominio como "vector de influencia y superficie de ataque" que permite a actores estatales y no estatales "proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo".

El séptimo lineamiento aborda las "ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera", incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que "redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística".

Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.

Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta "exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales", mencionando "el precedente de atentados con impacto regional".__IP__

En cuanto al crimen organizado, se lo describe como "una estructura de poder paralela" que en Argentina se beneficia de "la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales" que han favorecido "la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales".

El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como "herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional"

La vicepresidenta Victoria Villarruel se despega de las derrotas del Gobierno en el Senado y afirma que si el oficialismo quiere recortar gastos "ahorre en viajes y en la SIDE". Así lo expresó en una serie de respuestas desde su cuenta oficial de Instagram, el viernes por la noche. 

"Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", respondió Villarruel ante la consulta de un seguidor que le preguntaba las razones por las cuales se abrió el recinto el jueves pasado. 

Además, otro usuario de la red social le reprochó a Villarruel “que su laburo es al lado” del presidente Javier Milei a lo que respondió: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, yo a la educación no la pierdo nunca”. 

En otro comentario, desde otro perfil le preguntaron qué había pasado entre ambos y le preguntaron por qué lo estaba “traicionando” a Milei. 

“No sé por qué no puso a la hermana o a la Limones que a ustedes les gusta tanto”, contraatacó Villarruel en referencia a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la diputada Lilia Lemoine. 

El intercambio de Villarruel en su cuenta oficial de Instagram se dio horas después de que el Senado aprobara leyes que ponen en aprietos al Gobierno en términos fiscales como el incremento en las jubilaciones. 

Por la sesión, la titular del cuerpo fue acusada “de traidora” por gran parte del oficialismo en redes sociales.

El Gobierno nacional ha incrementado el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en $7.366 millones, de los cuales $1.625 millones se destinan a los gastos reservados de esta entidad, que depende directamente del presidente Javier Milei.

Este ajuste en los fondos para la SIDE es parte de la primera modificación presupuestaria del año, realizada por el Ejecutivo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión se da en medio de los reclamos de los jubilados por haberes dignos y los discursos de máxima austeridad del Gobierno, que llegó hasta la discusión sobre a quién le correspondía fondear la reconstrucción de Bahía Blanca. Con este decreto le da más fondos al organismo que comanda Sergio Neifert, pero liderado en las sombras por el poderoso y cuestionado asesor presidencial, Santiago Caputo. 

El aumento de presupuesto, dentro del programa “Información e Inteligencia”, asciende a un total de $7.366.286.591, y tiene como objetivo mejorar los servicios de defensa y seguridad que están bajo la responsabilidad de este organismo.

Los fondos adicionales se destinan tanto a gastos corrientes como a gastos de capital. De los primeros, se asignan $6.344 millones, mientras que los gastos de capital requieren $1.022 millones.

Entre los gastos corrientes, se incluyen los pagos al personal, que recibirán un incremento de $885 millones, así como los bienes de consumo (como alimentos, ropa y otros productos esenciales), que recibirán un aumento de $1.145 millones.

Además, los servicios no personales, que abarcan desde energía eléctrica hasta viáticos y, especialmente, los gastos reservados, recibirán una asignación de $4.323 millones.

De estos últimos, el mayor desembolso se destina a los gastos reservados, es decir de los que no deberá hacer ningún tipo de rendición, con $1.625 millones. Seguido por un aumento de $1.000 millones para los alquileres de edificios y locales.

El Gobierno decidió hoy asignar cien mil millones de pesos de fondos reservados a la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que fue creada hace pocos días y no contaba el presupuesto correspondiente para poder funcionar.

A través del decreto 656 de Necesidad y Urgencia que firmaron el presidente de la Nación, Javier Milei, y todos los ministros del Poder, se dispuso que se le asignara el presupuesto la suma de 100.000.000.000 de pesos para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, se estableció el "carácter reservado" de los fondos destinados a la SIDE y se dispuso que comunicará la decisión a la Comisión Bicameral de control de los DNU del Congreso Nacional.

La norma fue firmada también por la canciller Diana Mondino, y los ministros de Defensa Luis Petri, de Economía, Luis Caputo, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Salud, Mario Russo, de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Desregulación, Adolfo Sturzenegger.

En los fundamentos del DNU se afirma que la decisión se base en que en la actualidad se maneja con un Presupuesto prorrogado de 2023 con lo cual la nueva estructura no tenía previsto estos recursos.

Señala que el decreto 614 dispuso una "una profunda Transformación del Sistema de Inteligencia Nacional con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales".

Recuerda que se disolvió la AFI y se creó en su lugar la SIDE,  de la cual ámbito funcionarán el Servicio de Inteligencia del Estado, la Agencia de Seguridad Nacional, y la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos desconcentrados.

Destacó que, por ese motivo, "resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran".

También argumentó que "en atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado".