La Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el rechazo a la inscripción gremial del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), una organización creada en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto con el objetivo de defender los derechos laborales de los internos que trabajan durante el cumplimiento de sus condenas.

El tribunal dejó firme una sentencia de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había desestimado la demanda del SUTPLA al considerar que los reclusos no pueden ser considerados “trabajadores” en los términos del decreto 467/88, por lo que no les corresponde el derecho a formar una asociación sindical en el marco de la ley 23.551.

La iniciativa gremial se había presentado en 2016 ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para solicitar la inscripción de su personería, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La entidad argumentó que representaba a todos los internos que realizan tareas o servicios en establecimientos penitenciarios federales o provinciales, de acuerdo con la ley 24.660 y el Reglamento General para Procesados, y acompañó la solicitud con su estatuto y un listado de afiliados.

El Ministerio de Trabajo rechazó la inscripción al sostener que los internos “no revestían la condición de trabajadores” y la organización apeló la decisión.

En 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el criterio ministerial. En su fallo, los jueces señalaron que, “aunque el ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y de la Constitución Nacional”, quienes se encuentren privados de su libertad verán “mermada su capacidad de derecho”.

Los camaristas también destacaron que, si bien el trabajo penitenciario debe ser remunerado según la ley 24.660, esa retribución “no le corresponde al recluso” de manera directa, sino que se distribuye conforme a la normativa vigente.

“Los internos no son equiparables a los trabajadores libres, ya que estos últimos ejercen su oficio voluntariamente y pueden disponer libremente de su salario, mientras que los reclusos lo hacen bajo subordinación y obediencia al Estado, que no actúa como empleador”, señalaron.

Finalmente, los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron por inadmisible el recurso presentado por el SUTPLA, dejando firme la decisión judicial que negó su inscripción como sindicato.

En una carta pública, Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con una autocrítica sobre los errores que, según ella, ha cometido el peronismo en las últimas décadas. Sus palabras abarcan una amplia gama de temas que tocan la esencia del movimiento, desde la representatividad sindical hasta el déficit fiscal y el rol del empleo público. La misiva de Cristina busca reordenar el rumbo del peronismo y ofrecer una propuesta para enfrentar los desafíos actuales del país.

“No advirtió la modificación de las relaciones laborales”.

“No construyó una nueva estatalidad más vinculada a la comunidad y su organización a través da la participación de sus diferentes estamentos”.

“No impulso la reversión del déficit fiscal a través de la reducción del gasto tributario existente por eximiciones, exenciones o promociones a sectores concentrados de la economía”.

“No planteó una revisión y reforma profunda de la educación pública”.

“No pudo superar el consignismo de la desigualdad social por un lado y el gatillo fácil por el otro para abordar un plan de seguridad de carácter integral”.

“Es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume”.

“No reparó en las profundas modificaciones surgidas en el campo de la comunicación social por el avance de la tecnología”.

“Hay que poder enderezar las experiencias y ordenar las nuevas demandas para poder alinear pensamiento, palabra y acción: una trilogía indispensable a la hora de formular propuesta y estrategia que permitan organizar una fuerza política que vuelva a representar mayoritariamente, para pasar de ser oposición a alternativa de gobierno”.

Uno de los puntos centrales de la autocrítica de Fernández de Kirchner es la observación sobre el rol de los sindicatos. Según la ex mandataria, "las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores".

Con esta afirmación, Cristina señala que el panorama laboral ha cambiado drásticamente, y que los trabajadores registrados en la actividad privada representan una minoría dentro de la población económicamente activa. Además, solo el 40% de estos trabajadores están sindicalizados, lo que debilita la influencia de los sindicatos en la actualidad.

Para Fernández de Kirchner, este fenómeno evidencia la necesidad de que el peronismo revise su relación con los sindicatos y adapte sus políticas a una nueva realidad laboral, donde el sector formal ya no es el único ni el más representativo. Esto implica reconocer que las antiguas estructuras sindicales ya no son suficientes para defender a los trabajadores, en un contexto donde el empleo informal y las nuevas formas de contratación laboral proliferan.

Otro de los ejes de la carta fue el diagnóstico sobre la ineficiencia del Estado y su impacto en la sociedad. Cristina Fernández de Kirchner criticó lo que llamó el "viejo modelo de Estado omnipresente que derivó en ineficiencia e ineficacia". Este modelo, según ella, no ha sabido adaptarse a los tiempos modernos, generando una burocracia que es observada por la sociedad con recelo. En su visión, la falta de resultados y la baja calidad de los servicios públicos ha creado una percepción de que "el empleo estatal es un privilegio", visto como un gasto innecesario que, en consecuencia, muchos sectores exigen reducir.

Este punto marca una clara crítica a la hipertrofia del empleo público y a la falta de eficiencia en el Estado, temas recurrentes en el debate político argentino. Fernández de Kirchner parece sugerir la necesidad de una "nueva estatalidad" que involucre más participación comunitaria y que sea capaz de dar respuestas concretas a las demandas de la población.

Uno de los pasajes más contundentes de la carta aborda el problema del déficit fiscal, un tema sensible para cualquier administración. Fernández de Kirchner criticó que no se haya "impulsado la reversión del déficit fiscal" mediante la reducción del gasto tributario que beneficia a sectores concentrados de la economía, y a través de una reforma tributaria que "construyera un sistema más racional y equitativo". Este diagnóstico va en línea con un llamado a reformar el sistema fiscal, buscando no solo simplificar la administración de impuestos, sino también hacer que los sectores con mayor capacidad contributiva asuman una mayor carga.

La ex vicepresidenta es clara en señalar que el país ha fallado en implementar las reformas necesarias para revertir el desequilibrio fiscal, lo que sigue generando dificultades macroeconómicas que afectan a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

En su misiva, Fernández de Kirchner también criticó la falta de una "revisión y reforma profunda de la educación pública", una demanda que, según ella, es compartida por todos los sectores sociales. La ex mandataria subrayó la urgencia de mejorar el sistema educativo, especialmente para aquellos que no pueden acceder a la educación privada, y quienes ven cómo las carencias del sistema público limitan sus oportunidades.

Asimismo, la vicepresidenta apuntó a los problemas de seguridad, haciendo hincapié en la necesidad de un plan integral que combata la "desigualdad social" y el "gatillo fácil", al mismo tiempo que aborde el creciente avance del narcotráfico en las zonas más vulnerables del país. Cristina advierte que "el retiro del Estado" ha dejado un vacío que, en muchos casos, ha sido ocupado por organizaciones delictivas, sustituyendo la autoridad estatal.

Finalmente, Fernández de Kirchner concluye su carta llamando a una reorganización del peronismo que permita "alinear pensamiento, palabra y acción". Según ella, esta trilogía es fundamental para que el peronismo vuelva a ser una fuerza política mayoritaria y deje de ser una mera oposición para convertirse en una alternativa de gobierno.

Los bailarines y coreógrafos lograron que su sindicato, la Asociación Argentina de Trabajadores de Danza, fuera formalizado mediante la inscripción en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, tras una lucha judicial.

El logro de los artistas fue establecido a través de la Resolución 1168/2023 del Ministerio de Trabajo, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En el texto difundido, la cartera conducida por Raquel "Kelly" Olmos indicó que "corresponde señalar que debe darse formal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emanada de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo", que había instado a inscribir al sindicato.

La Asociación Argentina de Trabajadores de Danza surgió en 2015, reúne a maestros, bailarines y coreógrafos que presten servicio en relación de dependencia en establecimientos públicos o privados, cualquiera sea su contratación, con zona de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y este viernes logró la inscripción como "asociación gremial de primer grado".