En un acto realizado en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora firmó este martes el decreto que convierte a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) en una Sociedad Anónima Unipersonal. La medida fue anunciada junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López.

Según explicaron desde el Gobierno provincial, esta transformación representa un cambio en el marco jurídico de una de las empresas más emblemáticas de Córdoba, sin implicar un proceso de privatización. La nueva figura legal permitirá a Epec enfrentar desafíos actuales y futuros, y acceder a nuevas herramientas de financiamiento.

“Cambiamos el ropaje jurídico de Epec para dotarla de un nuevo marco acorde a los tiempos que corren”, explicó el ministro López, quien remarcó que se trata de una empresa “saneada, auditada, con balances al día y sin deudas”.

En el mismo decreto, el Ejecutivo provincial disolvió la Agencia de Conectividad, cuya estructura y funciones ahora pasarán a formar parte de Epec. Esto significa que, además del servicio de energía, la empresa también comenzará a prestar servicios de Internet en la provincia.

“Hay un conjunto importante de ventajas. Esta nueva estructura le permite a Epec seguir creciendo, incluso en áreas como las energías renovables”, señaló López.

El ministro también comparó la nueva forma jurídica de Epec con la de otras entidades provinciales como Caminos de las Sierras y el Banco de Córdoba, ambas también constituidas como sociedades anónimas unipersonales.

Mientras se desarrollaba el acto en el Centro Cívico, gremios vinculados a Epec, especialmente Luz y Fuerza, realizaron una protesta en las inmediaciones del edificio, aunque sin que se registraran incidentes. La decisión del Gobierno provincial encendió alertas entre los sindicatos, a pesar de las declaraciones oficiales que descartan una privatización.

Desde el Gobierno señalaron que esta transformación abre una nueva etapa para Epec, y aseguraron que nuevos anuncios serán realizados a medida que la empresa consolide su rol como unidad de negocios en el sector energético cordobés.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó hoy una medida cautelar que frenó la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. Además, le pidió al Gobierno que informe en el expediente cuál es el interés público que justifica la decisión tomada.

En su fallo, según el diario La Nación, Ramos Padilla resolvió: “Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”. También, “requerir a las autoridades públicas demandadas que, dentro del plazo de cinco días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″.

Esta decisión se tomó en el marco de una causa iniciada el 11 de junio pasado en la que se pedía que se declarara “la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización” del Banco Nación. Se trató de un planteo de la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados del sector y que es encabezado por Sergio Palazzo, actual diputado nacional y uno de los interlocutores sindicales de Cristina Kirchner.

El 25 de septiembre pasado, Ramos Padilla resolvió “que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional” y, por ende, declaró “abstracta” la cuestión. Esa decisión está ahora a estudio de la Cámara de Federal de Apelaciones de La Plata, que debe resolver si la confirma.

En su fallo de hoy, Ramos Padilla recordó que “el 19 de febrero pasado, se dictó el decreto 116/2025 que dispuso la transformación del ente autárquico ‘Banco de la Nación Argentina’ en una sociedad anónima bajo la Ley N° 21.526 e instruyó al Directorio a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo esa transformación y su inscripción ante la Inspección General de Justicia”, entre otras medidas. El juez relató que el 20 de febrero, con el expediente en la Cámara (que todavía no resolvió “el fondo del asunto”), se presentó en la causa la solicitud del “urgente dictado de una medida cautelar”.

A ese pedido hizo lugar hoy el magistrado, con la advertencia de que su marco de actuación está “limitado” porque -advirtió- “será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que, en definitiva, deberá decidir si corresponde o no mantener la decisión oportunamente dictada en esta causa que, además de considerar abstracta la cuestión, declaraba que la modificación de la situación jurídica de la entidad bancaria solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Ramos Padilla aclaró que su medida cautelar es “interina” y que la dictó porque existen “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que la justifican. Recordó que el decreto del 19 de febrero “en su propio texto señala que ya se encuentra en vigencia” y que le encomienda al Ministerio de Economía “llevar adelante determinadas medidas que prima facie podrían derivar en su privatización”.

El juez entiende que de no dictarse esta medida, podría tornarse “ilusorio” el cumplimiento de una eventual sentencia contra la privatización.

El fallo sostiene: “Si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados; circunstancia que si bien deberá ser analizada en el contexto adecuado, escuchando previamente a las partes y respetando los principios del debido proceso y defensa en juicio; imponen ahora el dictado de la medida cautelar”.

Ramos Padilla dijo que en esta causa el Procurador del Tesoro de la Nación (jefe de los abogados del Estado), afirmó que era “imposible” llevar adelante la privatización del Banco Nación, porque había sido excluida de la Ley de Bases (con esa respuesta del Estado, el magistrado declaró abstracto el caso). Hoy el juez sostuvo que, pese a aquella declaración del Procurador del Tesoro, la Ley Bases “ahora se utiliza como fundamento para el dictado de este nuevo decreto”.

El lunes 17 de febrero, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, con el patrocinio de los abogados Miguel Rodríguez Villafañe y Marcos Daher, presentó en la Cámara Contencioso Administrativo una acción de amparo preventiva y medida cautelar de no innovar, en respuesta a la pretensión del Gobierno de la Provincia de que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) funcione como sociedad anónima.

En tanto, este miércoles, en conferencia de prensa, las autoridades del sindicato, junto a Rodríguez Villafañe y referentes de otros gremios, explicaron el alcance de las presentaciones judiciales. "Presentamos un amparo preventivo, porque estas son cosas que tienen que discutirse socialmente y no meterlas por la ventana; no hay posibilidad de vida digna sin acceso a la energía eléctrica", expresó el abogado.

"El 99% de los trabajadores se opone a la sociedad anónima", agregó Jorge Molina Herrera, secretario General de Luz y Fuerza Córdoba, en referencia a las asambleas por sectores que realizaron en estos días para discutir este tema.

La semana que viene se llevaría adelante una manifestación para demostrar en las calles el rechazo a la propuesta de convertir en sociedad anónima a la EPEC.

Al momento de presentar la acción de amparo preventiva y la medida cautelar de no innovar, desde el sindicato subrayaron en un parte de prensa que "EPEC funciona bien y tiene superávit", y alertaron que "la sociedad anónima abre el juego a inversores privados con lo que históricamente eso representa: sólo ánimo de lucro, venta y división de EPEC, pérdida de puestos de trabajo y del Convenio Colectivo de Trabajo, desinversión, mala calidad del servicio y cortes prolongados y masivos, tarifas dolarizadas, tal como sucede con las empresas privatizadas en Buenos Aires".

Asimismo, subrayaron que el frente judicial abierto con estas presentaciones en la Cámara Contencioso Administrativo responde a "la amenaza de que extingan el carácter estatal e integrado de EPEC, su sentido social y público que ha hecho posible llevar la energía a donde un privado no llega si no obtiene rentabilidad".

"EPEC está junto al pueblo de Córdoba y ante cualquier contingencia los trabajadores restablecemos el servicio en poco tiempo, sin importar las dificultades y las condiciones climáticas", destacaron desde Luz y Fuerza.

Asimismo, subrayaron que el personal concibe "a la energía eléctrica como un recurso esencial y estratégico, pero también como un derecho humano irrestricto"; y que por ello la EPEC debe ser administrada por el Estado, ya que "garantiza un servicio eficiente que goza del amparo de la Constitución y de tratados internacionales, que están siendo violentados por el DNU 70/2023 que lesiona el principio de progresividad".

En ese marco, precisamente, Luz y Fuerza de Córdoba solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 34 de la ley provincial 11.015 (modificaciones al Código Tributario, Decreto promulgatorio 379/2024), como así también del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 sobre el que se fundan los artículos de la Ley 11.015.

Desde la Provincia habían manifestado que la idea de convertir a la empresa en una sociedad anónima se enmarcaba en la adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023), que establece que a nivel nacional el Estado debe desprenderse de las empresas que tiene a su cargo.

"El DNU de Milei es nulo de nulidad absoluta e insanable, porque no ha sido aprobado por el Congreso de la Nación como lo requiere nuestra Constitución. Por un lado, ha sido invalidado por el Senado y lamentablemente hace un año no tiene tratamiento en la Cámara de Diputados. Es por eso que EPEC como sociedad anónima carece de seguridad jurídica, no otorgando estabilidad para el sostenimiento del servicio", expresaron desde el sindicato.

En la citada conferencia de prensa, Rodríguez Villafañe defendió el carácter social de EPEC: "La sociedad anónima tiene que competir en el mercado como una empresa más. La sociedad anónima por definición tiene ánimo de lucro y EPEC tiene por objetivo brindar el mejor servicio a menor costo".

A continuación, citó como ejemplos de lo que podría ocurrir si avanza el proyecto del Gobierno, lo ocurrido en Buenos Aires con la privatización del servicio a través de Edesur y Edenor, que pese a que tuvieron mejores precios en dólares, dejan a miles de usuarios durante meses sin electricidad. "No están invirtiendo porque no les interesa invertir", subrayó Rodríguez Villafañe y distinguió: "Acá en Córdoba, EPEC ha estado del lado de la gente".

Finalmente, remarcaron que el amparo presentado el lunes es "una bisagra para ponernos de pie" y subrayaron que este debate tiene que socializarse, para que el resto de la comunidad pueda conocer de qué se trata y expresarse.

La Asociación Bancaria, sindicato que nuclea a los bancos de todo el país, emitió un comunicado firmado por su secretario general y diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Sergio Palazzo, donde expresa el “absoluto rechazo” ante el decreto que convierte al Banco Nación en Sociedad Anónima.

El texto que comenzó a circular en las primeras horas del día de hoy, califica al presidente Javier Milei como “estafador” y sostiene que “es contradictorio vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa”.

“El Banco Nación posee los mejores números en cuanto a la rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos, es el banco más grande del país. Esos números han sido logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a lo largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo y las pymes y a los ciudadanos y ciudadanas en general”, detalla el comunicado.

Asimismo, remarcaron que, en abril del año pasado, se recolectaron más de “un millón de firma en contra de su privatización” y fueron entregadas al Congreso de la Nación, al mismo tiempo en el que se realizaron movilizaciones, asambleas y abrazos simbólicos al banco.

Luego de esa sucesión de hechos, se logró su exclusión de la posibilidad de privatizarlo, de forma parcial o total, que se encontraba dentro de la Ley Bases sancionada el año pasado, sin embargo, “el presidente insiste en transformarlo en una Sociedad Anónima”.

“Un presidente denunciado de estafador, que puede terminar preso por las investigaciones que se realizan tanto en la República Argentina, en la Comisión de Valores de Estados Unidos y el propio FBI, pretende arrebatarnos por la fuerza el banco. Periodistas (incluida la esposa de uno de sus ministros) denuncian que les cobran coimas para que el presidente los atienda o les dé una reunión, que se llevaron sin ningún escrúpulo el oro del BCRA y sin dar ninguna explicación, que estafan con criptomonedas truchas y ahora directamente quieren robarse el patrimonio de la Nación”, sentenciaron.

Finalmente, se declararon en “estado de alerta y movilización” e informaron que en el día de hoy habrá una reunión “de los cuerpos orgánicos del sindicato” para coordinar cuáles serán las acciones a seguir.

Desde la Asociación Bancaria expresamos nuestro absoluto rechazo al reciente decreto firmado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, que pretende transformar al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima.Nota → https://t.co/QyMvs7YURD pic.twitter.com/jDLUYzsQjj