En un juicio con jurados populares realizado en Río Cuarto, fueron absueltos los dos empleados del Ministerio de Salud de Córdoba acusados de impedir el ingreso de Pablo Musse a esta provincia, el 16 de agosto del 2020, en plenas restricciones de circulación por la pandemia de Covid-19.

El hombre, proveniente de Neuquén fue interceptado en un puesto sanitario de Huinca Renancó. Viajaba con su cuñada, Paola Oviedo, una mujer con discapacidad (a su cargo desde los tres años) para reunirse con su hija Solange Musse (35), con internación domiciliaria en Alta Gracia por un cáncer muy avanzado.

Los acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes eran Eduardo Andrada, director del hospital de Huinca Renancó y responsable del COE local, y Analía Morales, trabajadora social, integrante de la Mesa epidemiológica del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto y región. Se presumía que habían incumplido las excepciones por causas de fuerza mayor previstas en los protocolos.

“No esperábamos este resultado, este fallo. El jurado volvió a enterrar a Solange”, dijo a La Voz En Vivo el papá de la joven, Pablo Musse.

El hombre confirmó que van a apelar el dictamen “hasta las últimas consecuencias”, “Lo vamos a hacer por Solange, no vamos a detenernos en esta lucha, hablaremos con el abogado Nayi y veremos cómo seguir con esto”, agregó.

“Yo creía en el jurado popular pero me equivoqué”, señaló Pablo. “No he podido hacer el duelo, siempre la flacucha vuelve a mi cabeza cuando me dio la bendición antes de irse”, dijo.

El tribunal declaró inocente a Morales, con el voto unánime de todos los jurados populares y, por mayoría, también absolvió a Andrada.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 3 de octubre.

Musse no cumplía con el requisito de viajar con un examen PCR negativo de 48 horas para ingresar a la provincia de Córdoba. Los dos testeos que le hicieron en el control limítrofe dieron positivo. Pero luego se comprobó que eran falsos positivos, porque días después, en Neuquén, un hisopado demostró que no tenía Covid. Pero entonces, Solange ya había fallecido.

La defensa de Andrada argumentó este lunes que el médico “cumplió de buena fe con los protocolos”. Enfatizó que en ese momento “nadie le informó por qué viajaba Musse ni que lo hacia acompañado por una persona con discapacidad y domicilio en Alta Gracia”.

Osvado Narcisi, abogado de Morales, logró demostrar que la trabajadora social sólo colaboraba con el COE de Río Cuarto, nunca fue designada en Huinca Renancó (pese a lo informado por autoridades a la Justicia federal) y carecía de poder de decisión en torno a quién entraba o salía de la provincia.

Al conocer el veredicto, en la familia Musse todo era desazón. “Siento el mismo odio, bronca, el mismo sentimiento del domingo 16 cuando no me dejaron pasar a ver a mi hija. Esto no va a quedar así. No me lo esperaba. Vamos a apelar. No vamos a bajar los brazos. Lamentablemente en la Argentina nunca hay justicia”, dijo Pablo Musse, indignado por el fallo, al salir de los tribunales.

La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto absolvió a Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y a la asistente social Analía Morales quienes eran acusados de haberle impedido al padre de Solange Musse ingresar a Córdoba durante la pandemia para verla antes de morir.

La joven que residía en Alta Gracia afrontaba un cáncer terminal y había manifestado el deseo de poder despedirse de su familia. El caso conmovió a todo el país en agosto de 2020 cuando regía la cuarentena por Covid-19.

En un juicio con jurados populares, Andrada fue absuelto por mayoría y Morales por unanimidad. Ambos habían llegado acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El fiscal de Cámara, Julio Rivero, había solicitado penas de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para ambos imputados, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

A su turno, el abogado querellante José Nayi pidió dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, los dos abogados defensores solicitaron la absolución de los acusados, tal como decidió el tribunal.

Pablo Musse hizo uso de la última palabra antes de que el tribunal pase a deliberar la resolución. En ese momento el papá de Solange manifestó que esta fue “una causa manoseada por la Justicia”.

Además habló de las fiestas que se conocieron mientras regía la cuarentena como el encuentro de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. “Lo mío era una necesidad: ver a mi hija, abrazarla y estar con ella. Pueden poner las excusas que quieran, la verdad que cinco años esperar esto para llegar a la conclusión de que parece que el único culpable acá soy yo”, cuestionó.

“Creo que fue más ‘lo hagamos regresar a este’, te tratan como si no fueras una persona porque en ese momento ellos tenían el poder y nosotros teníamos que decir a todo que sí. Creo que se excedieron en la fuerza, en el uso público, no pensaron nunca que esto iba a llegar a los medios a nivel nacional", planteó.

Y cerró: “Nunca pensaron que Solange iba a pedir por sus derechos en una carta y este es un caso icónico, la sociedad argentina está pidiendo justicia, justicia por Solange, justicia por todos los argentinos que pasaron por la misma situación”.

El juicio por el caso Solange Musse llega a su instancia final en los tribunales de Río Cuarto. Están previstos para este lunes los alegatos. Luego, el jurado popular dará a conocer el veredicto.

En el banquillo están José Fernando Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó y coordinador del puesto sanitario fronterizo, y Analía Morales, asistente social, ambos exintegrantes del COE Regional Río Cuarto.

Ambos fueron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La querella sostiene que "desoyeron las excepciones humanitarias" que preveían los protocolos y que su decisión vulneró derechos básicos.

Por el contrario, las defensas argumentan que sus clientes no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó y que sus imputaciones responden a una investigación con "falencias".

Los acusados enfrentan cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por impedir, en agosto de 2020, el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, quien buscaba despedirse de su hija Solange Musse, enferma terminal de cáncer de mama en etapa IV, en Alta Gracia.

La resolución judicial será crucial, ya que de haber condena, se podría aplicar el concepto de violencia institucional, lo que podría dar lugar a un nuevo juicio contra exministros y autoridades que actuaron durante la pandemia.

Se desarrolla en Río Cuarto el juicio contra dos funcionarios por impedir el ingreso de Pablo Musse a nuestra provincia, en agosto de 2020, cuando su hija Solange agonizaba en Alta Gracia. La mujer falleció sin poder despedirse de su padre, en uno de los episodios más dolorosos y simbólicos de las restricciones sanitarias durante la pandemia.

Los imputados son un médico entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y una asistente social Analía Morales, miembro de un ente cuya sigla no es bien recordada: COE. Se los acusa de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, limitar la causa a estos dos nombres se parece mucho a un intento de encubrimiento institucional.

Las decisiones que impidieron el reencuentro entre padre e hija no fueron aisladas ni improvisadas: respondieron a una lógica vertical, diseñada y ejecutada desde los más altos niveles del poder político y sanitario. Si bien las intenciones pudieron, inicialmente, cuidar a las personas y evitar los contagios, la acción de estos organismos creados para hacer frente a la emergencia se tradujo en situaciones que agregaron dramatismo al ya dramático panorama de la pandemia y que, en casos como éste, estuvieron totalmente alejadas del sentido común.

Pablo Musse, el padre, lo expresó con claridad tras la primera audiencia: “No fueron ellos solos”. Y apuntó directamente a la cúpula del Ministerio de Salud de aquel momento y las figuras clave del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Un razonamiento simple permite habilitar la duda. ¿Por qué no están imputados? ¿Por qué la justicia se detiene en los eslabones más débiles de la cadena? ¿Por qué se buscan responsables, pero se lo hace mirando hacia abajo?

Es verdad que la pandemia exigió decisiones difíciles. Pero también dejó al descubierto cómo el Estado puede fallar en la protección de la dignidad humana. Negar el ingreso de un padre a la provincia para despedirse de su hija moribunda no fue un mero error administrativo. Se inscribió en una estrategia de prevención que terminó cercenando derechos fundamentales. Con el aditamento perverso de que la cúpula del poder gozaba de prerrogativas indignantes. La foto de Olivos es un claro ejemplo de ello.

En verdad, las penas que podrían recibir los acusados serán todas condicionales. Pero no satisfarán. Porque no habrá verdadera justicia si no se sienta en el banquillo a quienes diseñaron órdenes inconcebibles que terminaron agigantando el dolor terrible que provocó la pandemia del Covid 19 en miles de familias e impidió, como en este caso paradigmático, que un padre pueda despedirse de su hija que sufría una enfermedad terminal.

Frente a estas consideraciones, resulta evidente que la verdad sobre el caso Solange Musso no estará completa cuando termine este juicio.

El juicio contra dos integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó comenzó esta mañana en la Cámara del Crimen de Río Cuarto.

Los acusados son Analia Morales, asistente social, y el doctor Eduardo Andrada, médico del puesto sanitario de la localidad.

Ambos impidieron el ingreso de Pablo Musse a Córdoba en agosto de 2020, cuando su hija, Solange Musse, se encontraba internada en respirador artificial y falleció poco después. Desde el COE acordaron que debía interrumpirse el paso y retornar a Neuquén.

La primera testigo convocada es Paola Musse, tía de Solange, quien estaba en el auto con Pablo en ese momento.

La jornada se inició con la lectura de la acusación y la presentación del caso por parte del fiscal de Cámara, doctor Julio Rivero.

Andrada evitó hacer declaraciones, mientras que Analia Morales respondió preguntas. Además, Pablo Musse, padre de Solange, señaló: “Confío en el juicio popular. Nunca nos vamos a quedar con estos dos imputados, nada más”.

Pablo también expresó su deseo de que el juicio resulte en condenas y una continuación de las investigaciones “para arriba” en relación a otros implicados en el caso. “Con mucho ánimo, mucha fuerza, como siempre, y con esperanza”, añadió antes de su declaración.

Las audiencias continuarán el jueves y viernes de esta semana, con reanudación del debate la próxima semana en los tribunales de Río Cuarto. El fiscal se comprometió a demostrar con un “rompecabezas” las circunstancias de los hechos que tuvieron gran repercusión en el país.