Más de 10,5 millones de personas ganan menos de $1.500.000 por mes, según datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre distribución de los ingresos, tanto en el sector del empleo registrado como informal, con datos del primer trimestre del año.

Eso implica que esa cantidad de residentes en el país no llegaron a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de abril pasado, que fue de $1.469.767 según el organismo estadístico. La CBT es el parámetro que se utiliza para determinar la línea de pobreza, tomando un hogar tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) en el Gran Buenos Aires. En junio, esa canasta ascendió a $1.531.473, según se conoció esta semana que pasó.

Los que perciben menos de esa cifra representan el 80% de la población relevada en 31 conglomerados urbanos del país que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, donde 13.125.000 personas están ocupadas y perciben algún tipo de ingreso.

De los 10,5 millones de personas que ganan menos de $1.500.000, el 56,5% son empleados formales (7.415.000) y el 43,5% restante (5.710.000) trabajan en la informalidad, sector en el que los ingresos promedio son notablemente más bajos.

Solo un 20% (2.624.000 personas) gana más de $1.500.000 por mes.

Hay, además, 74.000 trabajadores formales y 270.000 en negro que no perciben un sueldo, ya sea porque son cuidadores familiares, que mantienen una ocupación pero no reciben sueldo, o independientes que trabajaron pero no cobraron, entre otros casos.

El ingreso individual promedio per cápita de la población relevada en los 31 conglomerados urbanos, que corresponde a 30,1 millones de personas, fue de $1.153.457 en el primer trimestre del año. Sin embargo, esa cifra no es representativa de lo que gana la mayoría, ni de las 10 categoría que reciben distintos rangos de salarios.

Sin embargo, existen diferencias importantes según el género: el ingreso medio de los varones es de $1.352.247, en tanto el de las mujeres es de $959.030 por mes, un 30% menos.

El INDEC releva indicadores socioeconómicos y demográficos clave a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 centros urbanos donde viven 30.095.000 personas. Incluyen a las principales capitales provinciales y ciudades más pobladas del país. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, abarcan el Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Entre los que menos ganan, el porcentaje de informalidad es muy alto: más de la mitad de los trabajadores encuestados no tiene los beneficios de la formalidad.

Un total de 1.314.000 trabajadores perciben hasta $240.000 por mes, de los cuales el 90% (1.182.000 trabajadores) está en negro, y sólo 132.000 son formales.

A medida que el salario mensual sube, decrece el porcentaje de trabajadores informales.

Así, en la franja de los que más ganan - entre $2.250.00 y $40 millones- hay 1.140.000 empleados formales (el 87%) contra 172.000 informales.

En tanto, en el primer trimestre del año, los salarios crecieron un 8,3%, incluyendo el empleo registrado (sector privado y público) y el no registrado, según el Índice de Salarios publica en su web. La inflación acumulada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 9,4% en el mismo período.

El sector informal tuvo una mayor suba, del 13,7%, en los tres primeros meses del 2026, contra el formal que acumuló solo el 6,8%. Aunque si se discrimina entre sector público y privado, este último creció 5,8%, por debajo ese promedio contra 9,1% de suba que tuvieron las remuneraciones del empleo estatal.

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consumen los salarios:

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se ha consolidado como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

El índice de salarios registró un incremento general del 3,4% durante marzo y acumulan un incremento del 8,6% en el primer trimestre del año, perdiendo contra la inflación, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El reporte oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reflejó que la suba mensual estuvo traccionada principalmente por el sector público y el sector privado no registrado, mientras que el sector privado formal mostró un crecimiento más moderado.

El crecimiento de marzo se explica por comportamientos dispares entre los distintos segmentos laborales. El sector público lideró los aumentos con un 5,0%, seguido por el sector privado no registrado con un 4,7%.

Por su parte, los salarios del sector privado registrado experimentaron la suba más baja del tercer mes del año, con un 2,1%, siendo los únicos que perdieron frente a la variación de precios de marzo, que alcanzó el 3,4%.

Dentro del ámbito estatal, se observó una diferencia en el ritmo de actualización, ya que el subsector público nacional registró un alza del 5,8%, mientras que el provincial subió un 4,7%.

En lo que va del año, el indicador general acumula una suba del 8,6% con respecto a diciembre de 2025, quedando por debajo de la inflación (9,4%). En este primer trimestre, el sector privado no registrado se destaca con un incremento acumulado del 14,3%, superando al sector público (9,4%) y al privado registrado (5,9%).

Al analizar la variación interanual, el índice total muestra un avance del 36,4% en comparación con marzo del año anterior. Esta medición quedó por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor durante el mismo periodo (32,6%).

En este rubro, la brecha entre sectores es marcada: mientras que el sector privado informal es el único que le ganó a la inflación, ya que trepó un 74,4% en los últimos doce meses, el sector público aumentó un 29,6% y el sector privado registrado un 27,5%.

El índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía, aislando el indicador de variaciones relacionadas con la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo o premios por productividad. El INDEC aclara que el componente del sector privado no registrado se estima a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y presenta un rezago de cinco meses en su construcción.

Los tres senadores nacionales por Córdoba —Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (PRO), y Alejandra Vigo (Unidad Federal)— decidieron no cobrar el reciente aumento de dietas, que elevó sus sueldos brutos a 9,5 millones de pesos. Al optar por rechazar el incremento, mantendrán sus remuneraciones en torno a los 9 millones.

La renuncia al aumento se hizo posible gracias a la resolución de la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, que el 4 de junio habilitó por decreto la opción individual de no acoger el ajuste. Dicha norma invitó a los legisladores a informar formalmente a la Presidencia del Senado si decidían renunciar al incremento total o parcialmente.

Juez formalizó su rechazo dentro de las 24 horas siguientes a la publicación del decreto, y con él se sumaron Vigo y Álvarez Rivero. El alza en las dietas fue del 1,3 % mensual durante marzo, abril y mayo, acumulando un incremento significativo, ya que desde abril de 2024 los haberes legislativos se rigen por la misma paritaria que los gremios del Congreso.

El congelamiento de estas dietas se extendió hasta fines de 2024, y, si bien Villarruel lo prorrogó hasta el 31 de marzo de 2025, la falta de acuerdo en el recinto y el vencimiento de ese plazo activó nuevamente el mecanismo automático de ajuste. Ante la presión social por la suba, el decreto de Villarruel abrió una vía administrativa para su exclusión.

No solo los cordobeses se pronunciaron en este sentido: completaron la postura casi todos los senadores de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques federales, mientras que en Unión por la Patria aún no hubo renuncias al incremento. El bloque libertario emitió un comunicado: “Mientras los argentinos están haciendo un tremendo esfuerzo, los senadores de esta casa no podemos aumentarnos el sueldo”.

Provincias Unidas y otros interbloques impulsan que el dinero no cobrado se destine al Hospital Garrahan, en forma de insumos o equipamiento. La iniciativa retoma una práctica de la pandemia de COVID‑19, cuando los fondos no ejecutados por la baja en dietas se canalizaron hacia el sistema sanitario. Lucila Crexell, por ejemplo, promovió en 2024 una idea similar, que volvió a ganar voluntades ante la emergencia presupuestaria del Garrahan.

En este marco, el Senado deberá definir formalmente cuál será el destino de los recursos no percibidos, con transparencia y acuerdo sobre su asignación. Mientras tanto, los legisladores cordobeses enviaron sus notas de renuncia al aumento y quedaron fuera del ajuste salarial.

La Cámara de Diputados aprobó en general, con el voto favorable de bloques de la UCR, Encuentro Federal y Unión por la Patria, el proyecto de financiamiento para las Universidades Nacionales.

El plenario legislativo votó el dictamen de minoría propuesto por la UCR y Encuentro Federal por 143 a 77 votos, luego de haber sido rechazado el despacho de la mayoría impulsado por Unión por la Patria.

La iniciativa pudo ser aprobada tras un acuerdo entre los radicales, EF, y UxP, donde se estableció el mecanismo salarial que tendrá el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Se comenzó a debatir a las 4.30 de la madrugada de este jueves en un contexto de agudización del conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país. Así, la Cámara de Diputados debatía el proyecto de ley para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales.

El proyecto que ahora irá al Senado propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.

Los trabajadores de Argentina deberían trabajar más horas que sus pares chilenos, brasileños, españoles o estadounidenses para comprar una misma lista de productos. Demuestra el deterioro del poder adquisitivo de los salarios frente a los aumentos de precios.

En este contexto, el atraso relativo del dólar en la economía local distorsiona las comparaciones internacionales en moneda dura, lo cual quedó reflejado con el reciente índice BigMac, que llevó a la publicación británica The Economist, que lo organiza, a concluir que la situación en Argentina, que ha empeorado en los últimos meses, resulta "anómala", ya que "el peso argentino está sobrevalorado a pesar de que el país no tiene gran riqueza".    

En todo caso, lo que el desfase de la paridad cambiaria estaría reflejando sería la capacidad de compra en dólares y no así la de los que ganan en pesos, que sí la comparación que efectuó la Fundación Pensar, que preside María Eugenia Vidal, la aborda, al medir en horas trabajadas la conversión para adquirir bienes en distintos países.

En Argentina, por ejemplo, se necesitan 1 hora y 13 minutos de trabajo para comprar una hamburguesa Big Mac, mientras que en Chile se requieren 24 minutos, en España 20 minutos, en Brasil 15 minutos y en Estados Unidos apenas 8 minutos.

Comprar un litro de leche en Argentina requiere aproximadamente 21 minutos de trabajo, mientras que en Chile son 7 minutos, en Brasil 6 minutos, en España 4 minutos y en Estados Unidos 2 minutos.

Para adquirir un kilo de lomo, un argentino debe trabajar 2 horas y 40 minutos, en contraste con 1 hora y 34 minutos en España, 1 hora y 20 minutos en Brasil, 1 hora y 10 minutos en Chile, y solo 54 minutos en Estados Unidos.

Un corte de cabello sencillo para un hombre en Argentina demanda 1 hora y 48 minutos de trabajo, mientras que en Chile son 1 hora y 20 minutos, en Brasil 1 hora y 8 minutos, en España 1 hora y 1 minuto y en Estados Unidos 42 minutos.

Ir a una estación de servicio para llenar 55 litros de nafta súper en Argentina puede ser una odisea, ya que se necesita trabajar 9 horas y 42 minutos.

En Chile se requiere dos horas menos, en España 6 horas y 6 minutos, en Brasil 6 horas y en Estados Unidos solo una hora y media.

En cuanto a la tecnología, el informe indica que un argentino necesita trabajar 254 horas para comprar un iPhone 15 de 128GB, cuando en Brasil se requieren 138 horas, en Chile 105 horas, en España 65 horas y en Estados Unidos solo 21 horas.

El Gobierno Nacional reglamentó hoy la reforma al Impuesto a las Ganancias establecido en la Ley Medidas Paliativas y Relevantes. Los trabajadores que ganen sueldos brutos de 1,8 millones de pesos en el caso de los solteros y de 2,2 millones en el caso de los casados, comenzarán a pagar ese tributo con los sueldos que percibirán en agosto.

A través del decreto 652, el Poder Ejecutivo oficializo los cambios en el Impuesto a las Ganancias para que se pueda aplicar desde este mes, con lo cual se estima que unos 800 mil empleados comenzarán a pagar ganancias que hasta ahora estaban exentos ya que lo hacían los altos ingresos que superen los 15 sueldos mínimos que en julio se iban a ubicar en los 3,5 millones de pesos.

La resolución fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reposición de la cuarta categoría representa un 0,4 del Producto Bruto Interno y le permitirá al Gobierno mantener el déficit fiscal, y a gobernadores recibir mas fondos que habían perdido cuando en el 2023 se aprobaron los cambios en Ganancias, a instancias del entonces candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Uno de los puntos de la ley que generó mayores controversias es que a partir de hora se computarán para el calculo del gravamen a que deben pagar los trabajadores las horas extras, los premios, y no habrá una alícuota diferencial para los trabajadores de la Patagonia como existía en la ley previo a los cambios en el gobierno de Alberto Fernández.

Los trabajadores que cobren 1,8 millón de pesos en el caso de los solteros (1,5 millón de pesos netos) comenzarán a pagar una alícuota del 5 por ciento sobre el excedente que representa 3000 pesos y que se eleva a 100 mil pesos en el caso de aquellos que cobran 2,5 millones de pesos brutos.

La alícuota del 35 por ciento la pagarán aquellos que perciban salarios brutos de 4,9 millones de pesos.

En el caso de los casados pagarán el tributo los que ganen mas de 2,2 millones de pesos brutos (1,9 millones de pesos) con alícuotas progresivas que van desde el 5 por ciento hasta llegar al 35 por ciento en el caso de los cobren 5,5 millones de pesos.

La actualización del mínimo no imponible se hará este año en septiembre y a partir del 2025 en enero y julio de cada año y se calculará en base al índice de precios al consumidor. que difunda el Indec.

En ese sentido, el decreto fija que "el artículo 74 de la Ley N° 27.743 instituye un ajuste excepcional en el mes de septiembre del corriente año por el coeficiente que surja de la variación del índice señalado en el considerando precedente, correspondiente a los meses de junio a agosto de 2024, inclusive".

En el caso de la actualización que se aplicará en enero del 2025 se realizará tomando en consideración el coeficiente que surja de la variación del indicado índice, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2024, inclusive.