El presidente Alberto Fernández le pidió a los gobernadores y empresarios que paguen el bono de $60.000 dispuesto por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. Lo dijo durante la inauguración de la pavimentación de la ruta provincial N°3, en Catamarca. 

"Para que a nadie lo confunda, ¡no es un programa platita! ¡no es el plan platita! Es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. ¡Eso es, no es otra cosa! No es otra cosa. La verdad es que todo lo que pudimos aportar a las provincias lo hemos aportado en silencio en todos estos años", disparó Fernández. 

Acompañado por Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja), el jefe de Estado resaltó: "Estoy rodeado por dos gobernadores que ni siquiera esperaron al Gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer. Lo hicieron antes y no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los empleados públicos".

En esa línea, el mandatario volvió a reflotar su dura postura contra la ciudad de Buenos Aires: "Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y que la Ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades para hacer eso. Me llama mucho la atención". 

Además, Fernández apuntó contra los empresarios: "Se llenaron de plata en los dos últimos años en que la Argentina creció 16 por ciento, que se llenaron de plata en los años de pandemia. Ha llegado la hora de distribuir. Así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores".

"Alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos, porque lo único que estamos haciendo con esto es un poco más de justicia, es distribuir más las ganancias de algunos", enfatizó el mandatario que estuvo acompañado por Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. 

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy la apertura del Foro Valor Argentino, un encuentro del sector cooperativo y mutual en el que, en sintonía con la línea que mantuvo los últimos días, cuestionó al libertario Javier Milei camino a generales del 22 de octubre.

"¿A nosotros nos van a explicar qué es la libertad? ¿Alguien más que nosotros vamos a querer la libertad? Pero queremos una libertad justa y para que la haya tenemos que tener todos las mismas condiciones", indicó el mandatario en un nuevo cuestionamiento al diputado libertario. 

Desde el Hotel Marriott de la ciudad de Buenos Aires, remarcó: "En la Argentina muchos piensan que el cooperativismo es una suerte de versión socialista y piensan que detrás de él hay una ideología de izquierda que lo hace peligroso. Pero lo que veo en un cooperativista es el valor permanente de la solidaridad".

En la misma línea, planteó que el mutualismo debe tener un rol central en el nuevo esquema y bregó por la Argentina venidera. “Tomen mis palabras de reflexión y no bajen los brazos”, les reclamó el jefe de Estado a los presentes al tiempo que los convocó a “darle impulso al cooperativismo".

En medio del contexto inflacionario que atraviesa nuestro país, las trabajadoras de casas particulares se ven notoriamente afectadas a partir de la decisión de sus empleadores de reducir sus horas de trabajo, con lo cual terminan percibiendo una remuneración menor a la acordada originalmente.

El servicio doméstico es la rama de actividad con mayor informalidad y, por ende, la que sufre extremas modificaciones en sus condiciones de trabajo apenas se generan episodios de zozobra financiera.

Pese a que, por ley, no se permite la reducción de la jornada laboral en esta actividad, lo cierto es que la realidad marca una situación totalmente diferente.

De hecho, en el Sindicato de Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) reconocieron esta situación a la vez que pusieron su voz de alerta ante una conducta que “en estos tiempos se observa de una manera cada vez más frecuente”, explicó la titular de esta organización en San Francisco, María Bertea.

“Desde principios de año estamos notando que los empleadores están bajándoles las horas” y de esta manera “les dicen que la situación está muy difícil y en ese contexto les explican que no las quieren despedir, que van a seguir trabajando pero que no les pueden pagar el aumento salarial que les corresponde”.

Ante esto, Bertea dijo a LA VOZ DE SAN JUSTO que “esta es una situación injusta para todos, sobre todo para el que está trabajando porque necesita trabajar para cobrar su sueldo”.

Sin embargo, resaltó que se dan ocasiones en las que “mucha gente se aprovecha de la situación” donde “se dan experiencias diferentes en cada caso en particular” aunque luego estimó que la mayoría de los conflictos “se generan cuando el empleador está muy bien económicamente” mientras que el empleador que a su vez es empleado “es quien menos problemas genera porque se pone en el lugar de la empleada y hace lo imposible por cumplir con sus obligaciones”.

Bertea indicó que este tipo de situaciones que terminan perjudicando a las trabajadoras de casas particulares se da “cada vez que hay algún aumento en el sueldo” argumentando que “muchos sostienen que la situación está mal y no pueden pagarle el salario que le corresponde por las horas que trabajan y entonces les reducen las horas”.

En tanto, advirtió claramente que “no se puede” reducir el salario de las empleadas, así como tampoco cambiarles las condiciones de trabajo porque “así lo establece la Ley de Contrato de Trabajo”.

El personal de casas particulares está comprendido en el paquete de medidas anunciadas recientemente por el Ministerio de Economía de la Nación destinado a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En ese marco, estos trabajadores quienes van a tener “un refuerzo de $25.000 por única vez, en dos cuotas mensuales, de forma proporcional a las horas trabajadas”. 

Sobre esto último, Bertea sostuvo que “toda mejoría para las empleadas de casas particulares es bienvenida” y recordó que la suma fija se cobra en septiembre y octubre porque complementa los salarios de agosto y septiembre.

De esta manera, toda aquella trabajadora a partir de las 32 horas semanales va a cobrar el bono de $12.500 en septiembre y $12.500 en octubre. Para ello, los empleadores deben abonar esta obligación en su totalidad entre el 1 de septiembre y el 29 de octubre.

Para aquellas trabajadoras que cumplan una menor cantidad de horas, el empleador deberá saber que “tendrá que tomar los $12.500 y dividirlo por 48, que son las horas del básico de la actividad y al resultado multiplicarlo por las horas que trabaje la empleada”.

Cobra en forma proporcional en cada trabajo. Por ejemplo: si trabaja 4 horas en una casa y otras 4 horas en otra casa, en cada lugar le tienen que pagar $ 6.250 en septiembre y $ 6.250 en octubre para completar los $ 12.500 por total en casa mes.   

Quedan eximidos de pagar contribuciones patronales si realizaron la presentación y pagaron  el impuesto a los Bienes Personales del ejercicios 2022.

No suma para calcular el aguinaldo. No suma para calcular horas extras. No suma para el cálculo de vacaciones si las tomé en agosto o las tomo en septiembre. No suma para premios o compensaciones. No queda incluida en el sueldo salvo que lo incorpore la paritaria.

En caso de incumplimiento por parte del empleador, se puede hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y puede ser en forma anónima por vía telefónica al 0 800 666 4100 o a través de un mail a la casilla consultas@trabajo.gob.ar.

El conjunto de pequeñas, medianas y grandes empresas rechazan de plano la iniciativa oficial de un bono salarial de $ 60.000 a aplicar en dos cuotas en los meses de agosto y setiembre. Tal es así, que por medio de un comunicado solicitaron al Gobierno nacional dar marcha atrás con el anuncio y “abstenerse de generar dicha obligación”.

El Centro Empresarial y de Servicios de San Francisco (CES) adhirió a una nota firmada por el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6). 

Entre otras cosas, el comunicado plantea que “ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva. Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas.

“Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos ‘adelantos’ salariales”, reza el texto. 

Por otra parte, sostiene que la suma fija anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa “desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector”, una discusión – para la entidad- con características de cada actividad y región del país.

“Las empresas venimos realizando múltiples esfuerzos para sostener la actividad y el empleo y en acompañar a nuestros trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación. Las actualizaciones salariales están siendo pactadas en paritarias entre el sector sindical y el empresario y cumpliéndose en todos sus alcances”, señalan.

Las cámaras empresarias cordobeses reclaman de manera “urgente” que las decisiones de política pública estén orientadas “a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aun habiendo un proceso eleccionario en marcha”.

El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) está integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba.

El Gobierno nacional definió una suma fija de 60.000 pesos que, en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, deberán percibir aquellos trabajadores -del sector privado y público- que hayan tenido salarios inferiores a los 400.000 pesos por todo concepto en el mes de agosto. Las medidas buscan mitigar los efectos de la devaluación contra los salarios.

En el caso de microempresas, el Estado se hará cargo de la totalidad del bono; en el caso de las pymes será del 50% que podrá tomarse como parte de los aportes patronales; mientras que en el caso de las grandes empresas, será abonado en su totalidad por el empleador.