El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) puso en marcha una campaña de atención territorial con el objetivo de asesorar a usuarios sobre subsidios energéticos y facilitar la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). La iniciativa, que actualmente se desarrolla en la ciudad de Córdoba, prevé extenderse al interior provincial e incluir a San Francisco.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Eduardo Deheza, jefe de Atención, Usuario y Reclamo del organismo, explicó que el operativo busca acercar el trámite a quienes tienen dificultades para gestionarlo de manera online. “En esta oficina móvil lo que estamos haciendo es asesorar a la gente sobre los subsidios, sobre lo que es el ReSEF, que contempla subsidios a la energía y al gas”, indicó.

El puesto, instalado en la Plaza San Martín, ofrece asistencia personalizada para verificar si los usuarios cuentan con el beneficio o ayudarlos a gestionarlo en caso contrario. “Nosotros ayudamos a la gente a verificar si lo tiene y si no lo tiene le ayudamos a hacerlo”, señaló.

Según explicó Deheza, la campaña surgió tras detectar un importante número de usuarios no registrados. “Se verificó que había un universo de usuarios, un 50%, que no estaban registrados por diferentes motivos: falta de información, no había una buena difusión, etc.”, afirmó. En ese sentido, remarcó que muchas subas en las facturas no responden a aumentos tarifarios sino a la quita de subsidios. “La gente se queja de los aumentos en las tarifas y lo que ha pasado últimamente no han sido aumentos, han sido quites de subsidios”, sostuvo.

Sobre el impacto en las boletas, precisó: “Significa un 50% en la facturación porque de repente vos tenías subsidio y te lo quitaron y viste un aumento de un 50% en tu factura y no fue por aumento de tarifa”.

El funcionario destacó que gran parte de quienes se acercan a los puestos son adultos mayores o personas con dificultades para acceder a herramientas digitales. “Hay mucha gente que es vulnerable tecnológicamente, la cual si no tiene acceso al sitio Mi Argentina o a las plataformas virtuales se le dificulta todo trámite”, explicó.

Asimismo, aclaró que no existe un plazo determinado para inscribirse. “No hay una fecha cierta… el Gobierno nacional es quien va otorgando este registro de manera gradual”, indicó.

Podrán acceder al subsidio los hogares que cumplan al menos uno de los siguientes criterios:

Ingresos familiares netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalen aproximadamente a $4.300.000.

 Contar con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBap).

 Ser titular de Pensión Vitalicia de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

 Tener al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación económica.

 Quedan excluidos quienes superen esos ingresos o posean capacidad económica comprobable, como vehículos recientes, múltiples inmuebles o activos societarios. “El Gobierno nacional tiene un ente específico que hace todo el cruzamiento de datos”, dijo Deheza.

El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, aunque el ERSeP brinda asistencia presencial. Para gestionarlo, se recomienda presentar:

Factura de luz

DNI vigente

CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años

Correo electrónico y número de celular

 “Si ya estabas inscripto en Rase (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía”, pasás automáticamente al nuevo registro. Si tuviste cambios, es importante que actualices tus datos”, aclaró el entrevistado.

También detalló los topes de consumo de luz subsidiado: hasta 300 kWh mensuales en meses de mayor consumo y hasta 150 kWh en los de menor demanda. “El excedente que supere estos límites no tendrá subsidio”, advirtió.

Finalmente, Deheza remarcó el rol del organismo: “El Ersep está para ayudar a la gente. Si no tiene subsidio, lo vamos a ayudar a ver si puede llegar a tenerlo. Pero si por los requisitos queda afuera, ya no podemos hacer nada”.

Mientras tanto, los usuarios de San Francisco pueden realizar consultas en la oficina local del Ersep en la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 8 a 14, a la espera de la llegada del operativo móvil a la ciudad.

El secretario de Economía de la Municipalidad de San Francisco, Juan Carlos Sola, salió al cruce de las críticas por la suba del agua y apuntó directamente contra la oposición, a la que acusó de opinar sin conocer en profundidad la estructura de costos del servicio.

“Cuando uno es oposición y no conoce los números, como dice el dicho, tocamos de oído. Muchas veces decimos una verdad media, y una verdad media no es una verdad. Falta información”, afirmó en declaraciones a AM 1050 Radio San Francisco.

En esa línea, explicó que la tarifa no solo incluye el agua sino también el sistema de cloacas, con costos elevados de mantenimiento. “En las cloacas tenés más de 30 estaciones de bombeo, cada estación lleva dos bombas que valen entre 15.000 y 20.000 dólares cada una y que hay que mantener”, detalló.

Sola defendió el esquema de actualización gradual aplicado por el municipio y remarcó que los incrementos responden a ajustes autorizados por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) a la Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro (Cotac). “Nosotros empezamos recién a impactar ese 36,82% de un 5% mensual a partir de febrero. ¿Por qué? Porque cuando vino el aumento, diciembre y enero las boletas ya estaban emitidas, no las podemos tocar”, explicó.

Además, señaló que en abril se sumó un nuevo incremento del 29,60% en el costo mayorista del servicio. “La plata no es infinita, es finita”, sostuvo al justificar la continuidad del esquema escalonado: “Vamos a seguir ajustando ese 5% también de este aumento cada mes”.

El funcionario volvió a cuestionar a los sectores opositores y defendió la política económica municipal. “Solo formulan críticas sin pensar en la eficiencia”, afirmó, y añadió: “Cuando eran gobierno regalaban los recursos y así terminaron, con la gestión destruida”.

 También insistió en que existe una mirada parcial sobre la situación: “Siendo oposición es muy fácil ver la realidad como si fuera una verdad a medias, pero todos sabemos que una verdad a medias termina siendo una mentira”.

 En ese marco, el contador aseguró que el municipio logró amortiguar el impacto de los aumentos gracias a una administración ordenada. “Si la situación económica y financiera no estuviera equilibrada en base a un manejo austero y eficiente, tendríamos que trasladar los porcentajes de manera total y de una sola vez como autorizó el Ersep”, advirtió.

Sola subrayó que el servicio de agua tiene costos que no pueden eludirse. “La boleta del agua, el 60 o 70% es agua, lo otro es cloaca, y los dos necesitan mantenimiento, personal y una serie de gastos que el común de la gente no ve”, indicó.

 En ese sentido, planteó que la administración se maneja bajo criterios de eficiencia y austeridad. “Yo gobierno con hechos, no gobierno con declamaciones”, expresó, y agregó: “Mi punto de vista es manejar la municipalidad como si fuera una empresa privada, pero con un fin social”.

 También rechazó la posibilidad de implementar moratorias amplias. “Si querés pagar con demora, pagá con intereses”, sostuvo.

 Finalmente, el funcionario volvió a referirse a la responsabilidad en el uso del recurso: “El agua es un recurso escaso, no renovable. Si la seguimos malgastando, vamos a tener problemas”. Y adelantó que el municipio trabaja en la incorporación de medidores inteligentes: “El que gasta más, paga más”.

El Gobierno oficializó este martes el aumento en las tarifas de electricidad y gas que regirá desde enero de 2025, mediante una serie de resoluciones a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publicadas en el Boletín Oficial.

Ambos organismos aprobaron los nuevos cuadros tarifarios para las transportadoras y distribuidoras de gas y luz para el mes entrante, en el marco de la emergencia energética, extendida hasta el 9 de julio de 2025, y del periodo de revisión tarifaria, que permite adecuaciones transitorias en las boletas del servicio.

La actualización tarifaria del gas y la luz para el primer mes del año, se da por pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, que por medio de una nota enviada a la Secretaría de Energía “estimó imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

Al respecto, precisó que “en materia de gas natural, las tarifas de transporte y distribución deberán ser incrementadas en un 2,5%”, mientras que “con relación a la energía eléctrica, determinó que la tarifa a usuario final deberá ser incrementada en un 1,6%, debiéndose entonces reflejar, de ese modo, las actualizaciones de las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado”. 

En ese sentido, en la normativa se estipuló que el Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al segmento distribución de la electricidad se incrementará en un 4% en el inicio del nuevo calendario. 

De esta manera, con respecto al cuadro vigente a diciembre 2024, en el caso de los usuarios generales, la luz aumentará en promedio 2,2%, aquellos encuadrados con ingresos altos tendrán un alza del 1,1%, los de ingresos bajos un 1,7% y para los de ingresos medios los aumentos promedio variarán entre el 0,6% y el 1,6%.

Así, la tarifa media de Edesur se ubica en el orden de los $108,526/kWh, mientras que la de Edenor pasa a estar en el orden de los $113,878/kWh. Las facturas deberán detallar los costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y los subsidios estatales. Por el lado de las boletas finales que recibirán los usuarios de gas, el ajuste en enero alcanza el 1,82%. 

Los consumos que aún continúan subsidiados tienen topes y luego se paga la tarifa plena: los usuarios de ingresos bajos (N2) tienen un límite de 350 Kwh por mes y los de ingresos medios (N3), de 250 Kwh.

Al argumentar la decisión, Caputo explicó que se dispuso con el objetivo de “mantener los precios y tarifas del sector en valores reales lo más constantes posibles, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad”.

Ante la solicitud del ministro, Energía le comunicó a las autoridades regulatorias la necesidad de avanzar con la aprobación de nuevos valores en las tarifas de los servicios, para los segmentos de transporte y distribución.

El ajuste en los cuadros tarifarios del gas fue aprobado para las distribuidoras Naturgy Noa, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Litoral Gas, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Gas Nea y Redengas.

En cuanto a las empresas dedicadas al transporte de gas, se autorizó la suba para la Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Refinería del Norte, Gasoducto Nor Andino Argentina, Energía Argentina, Enel Generación Chile, Gasoducto Gas Andes Argentina, Gas Link y Transportadora de Gas del Mercosur.

En el caso de las compañías vinculadas a la prestación eléctrica, se brindó el aval para el aumento a las distribuidoras Edesur y Edenor y a las transportistas Distrocuyo, Epen, Transpa, Transener, Transba, Transnea, Transnoa y Transcomahue. 

Este viernes por la tarde el bloque de legisladores de “Hacemos Unidos por Córdoba” de la Legislatura provincial emitió un comunicado para rechazar a la intención del Gobierno Nacional de incluir un cargo fijo en las facturas de electricidad de todo el país para financiar obras de infraestructura eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida fue confirmada por la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, en un evento específico del sector energético organizado en Buenos Aires. Tettamanti justifció la decisión por la necesidad de “ampliar la capacidad de transporte de alta tensión en el país”.

Hace un mes, el propio Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio, intimó a empresas y cooperativas para que se sacaran los cargos extra en todas las boletas de las distribuidoras de luz, gas y agua potable del país argumentando que distorsionan el valor real de servicio que se brinda.  Si bien no fue mencionado por Tettamanti, el cargo fijo tendría un impacto de entre el 1% y el 3% de las facturas finales de los usuarios.

Ante esto, el bloque de representantes oficialistas indicó en su misiva difundida en redes sociales que “los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba manifestamos nuestro rechazo a la intención del Gobierno Nacional de incluir un nuevo cargo fijo en las facturas de electricidad de todos los usuarios del país, destinado a financiar, exclusivamente, obras en la infraestructura en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

“La decisión recarga injustamente a los usuarios del interior y se contradice con la política del Gobierno de interrumpir las transferencias a las provincias, lo que demuestra una vez más la ausencia de un verdadero federalismo. En lugar de favorecer la equidad entre regiones, el Gobierno Nacional sigue favoreciendo a la Capital y al AMBA en detrimento del resto del país”, señalaron.

Para concluir señalando que es necesaria una revisión con una instancia de diálogo “Esperamos una revisión de la medida y el llamado a un debate amplio sobre cómo financiar proyectos de infraestructura sin perjudicar a los ciudadanos de las distintas regiones”.

Actualmente y con mandato hasta 2027, el bloque se compone por los legisladores María Del Rosario Acevedo, Karen Acuña, Juan José Blangino, Victoria Busso, Mariano Ceballos Recalde, Matías Chamorro, Marcelo Eslava, Raúl Figueroa, Ernesto Flores, Cristian Frías, Abrham Galo, Jorge Heredia, Silvina Jurich, Bernardo Knipscheer Reyna, Luis Limia, Carlos Lorenzo, Verónica Navarro Alegre, Pablo Ovejeros, Cristina Pereyra, Ileana Quaglino, Natalia Quiñonez, Enrique Rebora, Julieta Rinaldi, Delia Romero, Rodrigo Rufeil, Antonio Russo, Ricardo Sosa, Carmen Suárez, Gustavo Tevez, Milena Rosso, Ruiz Alejandro, Walter Saieg, Adrián Scorza, Patrico Serrano, Carmen Suárez, Matías Viola y Ricardo Zorrilla. 

Con el inicio de octubre vuelven a aplicarse nuevos aumentos que resienten el bolsillo de los consumidores. En ese marco, algunas tarifas, las prepagas, el alquiler y las telecomunicaciones, volverán a tener un incremento. Sin embargo, los precios de los combustibles, irán a contramano y bajarán hasta 3 % por la caída de la cotización internacional del petróleo Brent, que se utiliza de referencia en el mercado argentino.

Lo mismo ocurrirá en el caso del gas, en donde se espera una reducción del 6 % a raíz del menor consumo por el cambio de temperatura a valores más cálidos con el comienzo de la primavera. El impacto en las facturas se vería a partir de noviembre.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar sus notificaciones de aumento a los afiliados con la actualización de las cuotas que deberán pagar en octubre.

La novedad en este punto tiene que ver con la posibilidad que ofrece la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de subdividir las subas por región del país, al tiempo que las empresas también pueden diversificar las cuotas según el plan contenga o no copagos.

Así, se presenta la posibilidad de que la misma prepaga pueda tener hasta cuatro índices de actualización diferentes para un mismo período.

Algunas entidades de medicina privada confirmaron sus incrementos, tales como Swiss Medical, con un promedio del 4,1 %, Galeno comunicó un 4,5 % promedio, mientras que el Hospital Italiano informó un 5,86 % y Omint 5,9 %, reportó Ámbito.

El incremento más pronunciado lo marcó Accord Salud, que comunicó a sus afiliados una suba de 8,4 %, duplicando el último dato de IPC publicado por el Indec.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó que octubre vendría con una actualización de las tarifas de servicios públicos, aunque aseguró que “no sería sustantivo”. De haberlo, “no sería más allá de la inflación”, comentó el funcionario. A su vez, sostuvo que los aumentos que se produjeron en lo que va del año alcanzan solo para “cubrir el mantenimiento” del sistema y que “no queda margen” para las inversiones que se deben realizar.

En el caso del gas, se espera una reducción del 6 % a raíz del menor consumo por el cambio de temperatura a valores más cálidos con el comienzo de la primavera. El impacto en las facturas se vería a partir de noviembre.

Los contratos de alquiler regidos por la antigua Ley de Alquileres también sufrirán un nuevo incremento en octubre. Sin embargo, por segunda vez en cuatro años, el Índice de Contratos de Locación (ICL) mostró una desaceleración en el incremento por lo que el aumento será del 237,9 %.

Aunque se trata de una suba significativa para el bolsillo del inquilino, marca una caída con respecto a la del mes anterior, que fue 243,1 %.

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en octubre, que rondan el 4 %. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

Las tarifas de los peajes de los corredores de jurisdicción nacional volverán a incrementarse en octubre, como parte del sendero de subas mensuales trazado por el Gobierno hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el Indec. El porcentaje de actualización se comunicará en los próximos días, a través del Boletín Oficial.

A partir del próximo domingo 8 de septiembre, se aplicarían nuevos aumentos en las tarifas de peajes que afectará al de la estación ubicada sobre la ruta nacional 19, en jurisdicción de Devoto. Actualmente, las tarifas son de 1100 pesos para automóviles, 2000 pesos para camiones de 2 ejes, 3000 pesos para camiones de 3 a 4 ejes, 4000 pesos para camiones de 5 a 6 ejes, y 5000 pesos para camiones de más de 6 ejes.

Con la entrada en vigor de los nuevos valores, los precios para circular sobre este pasaje de la ruta sufrirán un aumento que van de $100 el más bajo, hasta una suba de $600 el más elevado.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA VOZ DE SAN JUSTO, la tarifa para la categoría 1 sería de $1200, mientras que el peaje para categoría 2 llegaría a $2300. La categoría 3 pasarían a abonar $3400, y para los de la categoría 4, la tarifa de $4500. Finalmente, el peaje para la categoría 5 alcanzaría los $5600.

El aumento en los peajes del mencionado corredor es el tercero del año, tras la suba del 100% autorizada a principios de julio y la suba el pasado 7 de agosto. 

Por último, cabe destacar que, si bien todavía no está confirmado, se espera un anuncio oficial por parte de Corredores Viales S.A.

El Gobierno nacional extendió hasta el 4 de septiembre el plazo de inscripción para mantener la Tarifa Social en el consumo de servicios eléctricos.

Así lo anunció hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la habitual conferencia de prensa que ofrece en la Casa de Gobierno.

Quienes están obligados a inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) son aquellos que fueron incorporados automáticamente a ese listado.

Ahora deberán realizar el trámite para expresar su necesidad de ser beneficiarios de la Tarifa Social.

Adorni resaltó que la iniciativa apunta a lograr que “la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio”.

Se estima que son 1.700.000 usuarios quienes deberán inscribirse y quienes no lo hagan perderán el beneficio.

Los hogares se encuentran divididos en tres categorías según niveles de ingresos: Altos ingresos (N1), Ingresos bajos (N2) e Ingresos Medios (N3). Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.

Pese a la desaceleración de la inflación que destaca el Gobierno, agosto será otro mes marcado por aumentos en la Argentina. Si bien algunas actualizaciones quedan por confirmar, como las que de las tarifas de servicios públicos (que se vienen postergando hace varios meses) o combustibles, lo cierto es que ya se sabe que habrá subas programadas en rubros como el de las prepagas, alquileres o telecomunicaciones.

Los principales subas definirán la inflación del mes que viene en un contexto donde el Gobierno proyecta para julio que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estará en torno al 3,7%. En ese contexto, los incrementos de precios que se vienen son los siguientes.

En lo que respecta al rubro de alquileres, para aquellos contratos regidos por la derogada ley que regía ese mercado, el Índice de Contratos de Locación marca un incremento anual de 246,95% para el mes que viene. Es para los contratos firmados en ese mes de 2022 y 2023 bajo la ley 27.551. De este modo, un alquiler cuyo valor es de $200.000, pasará a valer en agosto $693.000, producto de la actualización.

Por otro lado, el incremento previsto para la telefonía móvil en base a las consultas de este medio está estipulado en entre un 5% y 6%. Las subas se enmarcan en la decisión del Gobierno Nacional de desregular las tarifas de las telecomunicaciones a través del Decreto 302/2024, donde los servicios de TV por cable e Internet se encuentran incluidos.

En realidad, por disposición de la Justicia al aceptar la medida cautelar de las empresas presentada en pandemia, el sector incrementa la factura en base a su estructura de costos y no por el criterio que anteriormente el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) establecía.

Puntualmente sobre el servicio de Internet, un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) relevó que el 67,5% de los hogares redujo el costo de su servicio de Internet fijo en los últimos seis meses debido a la situación económica y el 65,3% disminuyó también el costo de su servicio de TV paga.

Al menos cinco empresas que dan servicios prepagos de salud ya notificaron a sus clientes la suba para el mes que viene. En la mayoría de los casos se trata de subas inferiores a los ajustes realizados en julio. Omint, por ejemplo, anunció un incremento del 6,9%, mientras que Galeno aplicó una actualización del 7,8%.

Otras prepagas anunciaron incrementos menores, como Omint, que aplicará una suba de 4,96%, en tanto que Swiss Medical anticipó otra de 4,9% y Accord Salud mantendrá una similar de 4,95%.

Como con las telecomunicaciones, el sector de la medicina prepaga volvió a estar desregulado, luego del acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno que contemplaba la devolución de lo cobrado por encima de la inflación acumulada hasta mayo.

Para los combustibles se espera un nuevo aumento estipulado que será mínimo, de alrededor del 2% o 3% promedio en todo el país. La suba se analiza en medio de un desplome en el consumo interanual del 12% promedio para las naftas y el gasoil en junio, cuatro puntos porcentuales más que en mayo.

Pese a la caída de las ventas, producto de la recesión económica, el último informe de la consultora Montamat & Asociados, del ex secretario de Energía, remarca que a las naftas todavía le faltan un 15% de aumento para igualar el precio de importación, mientras que al gasoil, un 2%.

Una buena noticia hubo en la tarifa del subte. Este viernes la Ciudad resolvió posponer para el 1 de octubre el aumento previsto para el próximo jueves. En medio del conflicto judicial generado por el incremento de la tarifa, el valor del subte, transporte público utilizado en CABA, pasará a $757. El cambio de fecha se debió a un problema técnico que requiere de la modificación de los molinetes de la red.

Por el momento, no está confirmado que se den nuevos incrementos en los cuadros tarifarios de la luz y el gas, aunque el último staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI), producto de la octava revisión en Argentina, sostiene que los ajustes seguirán a partir del 1 de agosto.

Por su parte, el sindicato de trabajadoras de casas particulares (UPACP) no confirma que el mes que viene haya una nueva suba paritaria, puesto que la convocatoria quedó apalabrada para después de la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, pero aún no fue realizada.

El Gobierno decidió frenar la suba de tarifas de gas prevista para mayo de 2024, según la Resolución 224/2024 emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

La medida responde a una instrucción del ministerio de Economía, quien, mediante una comunicación a la Secretaría de Energía, argumentó que la postergación es necesaria para consolidar el proceso de desinflación iniciado por el gobierno. 

El ENARGAS notificó a las empresas prestadoras del servicio público de transporte y distribución de gas que no se procederá con  la actualización tarifaria prevista, manteniendo los valores vigentes desde el 3 de abril de 2024. 

Además, se instruyó a mantener el valor incluido en los cuadros tarifarios para las localidades abastecidas por gas propano indiluido por redes.

La resolución también contempla que no se modificarán los valores del Precio Estacional de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (PEST) ni el Precio del Insumo del Sistema de Transporte (PIST) para los consumos de mayo de 2024, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Economía.

Carlos Alberto María Casares, interventor del ENARGAS, firmó la resolución, que señalando, en el artículo 1: "Mantener inalterados los Cuadros Tarifarios de Transición y de Tasas y Cargos por Servicios vigentes desde el 3 de abril de 2024 en virtud de los Considerandos de la presente Resolución".

El Gobierno Nacional confirmó que analiza postergar el aumento de tarifas energéticas previsto para los meses de invierno en virtud de que los resultados fiscales son mejores de los previstos.  

“Aún no tomamos ninguna determinación todavía, pero puede ocurrir”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado al respecto durante su conferencia de prensa diaria en la Casa de Gobierno.

“El recorte del gasto público de shock que hicimos para equilibrar las cuentas tuvo resultados más veloces de lo esperado”, afirmó el portavoz presidencial.

En base a este escenario, señaló que “cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso (de los ajustes) en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello”. 

“No tomamos ninguna determinación todavía pero puede ocurrir, que con superávit fiscal podamos ir ajustando algunas cuestiones y acomodando para que efectivamente no haya un peso adicional sobre la gente”, añadió Adorni.

Durante su presentación ayer ante el CICyP el Presidente Javier Milei admitió que en los primeros meses de su gobierno se había “sobre reaccionado el ajuste” en virtud de la situación heredada.

Para los próximos meses estaban programados una serie de aumentos pendientes que ahora volverán a postergarse.  

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la postergación de los aumentos en las tarifas de luz y gas al sostener que, por ahora, "no hay que cargar más con gastos a la clase media".

El funcionario respondió a un tuit de una periodista, que el martes había escrito que al retrasar los incrementos "la obsesión del Gobierno por reducir la inflación comienza a colisionar con la base del programa económico: eliminar el déficit de las cuentas del Estado".

"Es exactamente al revés. Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media", dijo Caputo en su cuenta de X.

El Gobierno postergó los aumentos de tarifas y dividir en tramos la actualización del impuesto a los combustibles con el fin de evitar su impacto en la inflación, que en abril se ubicaría en torno al 8%, según consultoras.

Desde este miércoles estaba programada una actualización automática de las tarifas, pero oficialmente no se publicaron los cuadros con los nuevos valores.               

Así, postergó la aplicación de mecanismos de indexación mensual que había definido la Secretaría de Energía, para evitar un retraso en términos reales de los ingresos de distribuidoras y transportistas. 

En igual sentido, se suspendió la actualización del impuesto a los combustibles (ICL) que representaba un ajuste del 8% en los precios al surtidor.

Sobre este último punto, el Gobierno publicará un decreto en las próximas horas en el cual se detallará cuándo se aplicará "el incremento correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024", se informó oficialmente.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que hay un "clima de diálogo" en el Congreso alrededor de la Ley de Bases y subrayó que cree que el presidente Javier Milei tendrá en esta oportunidad la sanción de la norma.

"Hay un amplio consenso, con esta ley que se ha presentado, tanto con el paquete fiscal como con el Pacto de Mayo", sostuvo el mandatario provincial.

En declaraciones a la prensa al participar de la cena anual del CIPPEC, Llaryora expresó: "Estamos totalmente de acuerdo con el Pacto de Mayo y hay un avance muy importante para que la ley pueda salir".

"Hay artículos que se están viendo en las comisiones, en la cual hay un clima de diálogo para hacer algunas modificaciones y estando esas modificaciones creo que el Presidente va a poder contar con este instrumento para poder sacar a la Argentina adelante", agregó el cordobés.

El Gobierno informó que dejará de subsidiar las tarifas de luz a comercios, industrias y pymes, limitando la asistencia estatal solamente a los sectores vulnerables, en el marco de la exposición en la última audiencia pública de los funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía.

En la convocatoria del área comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo realizada el pasado jueves 29 de febrero, el funcionario Salvador Gil explicó que "el nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas” ya que “no sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados". Con esta decisión, se estima que las empresas afectadas serán al menos 100 mil.

Con respecto al funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE), precisó que "sólo se van a subsidiar necesidades humanas básicas y cuando sea necesario". En ese sentido, el nuevo esquema subsidiará directamente a la demanda, a través de una transferencia directa al banco, o un descuento en la factura.

En la misma línea, Martín Vauthier, asesor en Economía, afirmó que "en un contexto de recursos escasos, se eliminan subsidios a la demanda no residencial, por ejemplo, en procesos productivos, dado que en dicho caso no es posible asegurar que los beneficiarios reales sean los sectores de menores ingresos".

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET reflejó que los últimos incrementos de tarifas afectaron mayormente a los comercios y a las pymes. Por lo que la eliminación definitiva de los subsidios producirá otro fuerte impacto en el sector.

Los comercios pequeños con una potencia de 10 KW y un consumo de 1.200 kwh/mes, recibieron facturas con un aumento del 276% en el precio mayorista de la energía, frente al precio de enero, del cual sólo abonaban un 18%. En el AMBA, pasaron de pagar $64.775 hasta el primer mes del año a $266.213 en febrero, con impuestos.

En cuanto a los pequeños usuarios industriales, con una potencia contratada de 35 KW y un consumo mensual de 6.500 Kwh/mes, el alza en el precio de la energía alcanzó el 178%, frente al valor de enero, del cual sólo pagaban el 31%. En este caso, pasaron de abonar una factura de $274.875 a $1.060.187 en febrero.

En busca de atenuar el impacto a partir de un mejor manejo del consumo, el Gobierno anticipó que lanzará un programa de eficiencia energética, con financiamiento del Banco Mundial, para dar créditos a comercios y pymes, con el objetivo de que puedan reconvertir sus equipamientos eléctricos, y así lograr mayor eficiencia y ahorro.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a remarcarle hoy a la Argentina la necesidad de "contener el gasto en salarios y jubilaciones", y señaló que se precisará un nuevo aumento de tarifas.

Además, avaló la devaluación, tras la aprobación de la quinta y sexta revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas.

"El Directorio Ejecutivo del FMI ha concluido hoy la quinta y la sexta revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a 30 meses de Argentina. La decisión del Directorio permite un desembolso inmediato de alrededor de US$ 7.500 millones", indicó.

Recordó que "desde la finalización de la cuarta revisión, los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas".

"En un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pago, se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal", señaló.

Dijo que "la implementación continua y firme de estas medidas será fundamental en el próximo periodo para salvaguardar la estabilidad y afianzar la sostenibilidad a medio plazo".

El total de desembolsos en el marco del acuerdo asciende a unos US$36.000 millones, ya la próxima revisión está prevista para noviembre de 2023.

Al completar las revisiones combinadas, el Directorio Ejecutivo consideró que no se alcanzaron los objetivos clave del programa hasta finales de junio de 2023 debido a la sequía sin precedentes y a desviaciones de las políticas, requiriendo la aprobación de exenciones por incumplimiento.

Además, aprobó exenciones por incumplimiento asociadas a la introducción de medidas temporales que dieron lugar a la introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiples.

También se aprobaron modificaciones del objetivo de acumulación de reservas, así como de los objetivos de saldo fiscal primario y de financiación monetaria del déficit, junto con el compromiso de aplicar un nuevo paquete de políticas para corregir reveses en las políticas económicas, salvaguardar la estabilidad y lograr los objetivos del programa.

Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, la Directora Gerente y Presidenta del Directorio, Kristalina Georgieva, realizó la siguiente declaración:

“La situación económica se ha tornado cada vez más complicada desde la conclusión de la cuarta revisión, debido a la sequía sin precedentes, así como el desvío de políticas, razón por la cual se incumplieron metas clave del programa previstas para finales de junio.

"Con una inflación elevada y crecientes presiones de balanza de pagos como telón de fondo, las autoridades están poniendo en marcha un nuevo conjunto de medidas para garantizar la estabilidad y apuntalar la viabilidad externa a mediano plazo, y centradas en reponer las reservas y mejorar el orden fiscal.

“Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PIB este año sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera.

"Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura.

"Estas medidas están complementándose con aumentos temporales de los impuestos sobre la compra de ciertos bienes y servicios en moneda extranjera con el fin de ayudar a compensar la pérdida de ingresos de exportación a causa de la sequía.

“La reciente realineación del tipo de cambio, sumada al endurecimiento de la política monetaria, debería continuar a ayudar a promover la acumulación de reservas y al mismo tiempo limitar el efecto de traspaso del tipo de cambio a la inflación.

"En adelante, la tasa de ajuste del tipo de cambio se calibrará con detenimiento para facilitar el cumplimiento de los objetivos de acumulación de reservas y reducción de la inflación, en tanto que las tasas de interés real permanecerán en niveles debidamente positivos para seguir apoyando la demanda de activos en pesos. Las intervenciones en el mercado financiero y de futuros también serán limitadas y temporales, y se centrarán en corregir condiciones de desorden.

"Mientras tanto, las prácticas de tipos de cambio múltiples, las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de los flujos de capital se replegarán gradualmente conforme lo permitan las condiciones, ya que no son una sustitución de una política macroeconómica sólida.

“Se acordó que en años posteriores se habrá de acelerar la consolidación fiscal con medidas de alta calidad enfocadas en el gasto y el ingreso. Esto ayudará a eliminar el financiamiento monetario del déficit, promover la desinflación y apuntalar el balance del banco central.

"Se ha reconocido la importancia de fomentar el potencial exportador y la posición externa de Argentina, y que la conclusión del primer tramo del gasoducto es un hecho positivo. Será preciso continuar prestando atención a proteger a los pobres y a promover el crecimiento inclusivo conforme se corrigen los desequilibrios.

“Sigue siendo imperativo ejecutar el programa con determinación, formular políticas de forma ágil y planificar para contingencias, y es posible que sea necesario aplicar otras medidas para alcanzar los objetivos del programa y salvaguardar la estabilidad.

"Mientras tanto, continúa siendo crucial contar con un amplio respaldo político y que el programa se asuma como propio a corto y mediano plazo, ya que para resolver los profundos desafíos a los que se enfrenta Argentina se requerirán los esfuerzos de futuros gobiernos. Encomiamos el sólido compromiso de las autoridades para mantenerse al día en sus obligaciones financieras con el FMI”.

Fuente: NA. 

La secretaria de Energía, Flavia Royón, confirmó que los sectores de más altos ingresos sufrirán aumentos de sus tarifas eléctricas que corresponden a la actualización de los costos del sistema.

“Desde el 1° de mayo se les retiró el subsidio a los sectores de mayores ingresos y, de aquí en adelante, la actualización será en función del costo del sistema”, sostuvo la funcionaria.

Royón aclaró que los sectores de ingresos medios y bajos seguirán siendo subsidiados hasta tanto “se recuperen los ingresos”.

Asimismo, precisó que en la actualidad tres de cada 10 usuarios dejaron de recibir el apoyo estatal.

La funcionaria expuso hoy durante uno de los paneles del Foro de Energía realizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

Al ser consultada sobre el impacto político sobre el sector energético del proceso electoral en curso, Royón destacó que las fuerzas con posibilidades de gobernar coinciden en que es “clave” para el desarrollo del país, aunque aclaró que los matices están dados por el rol del Estado.

“Hay que analizar muy bien las propuestas. Cada uno de los candidatos plantea el tema energético en su agenda. Nosotros defendemos la infraestructura energética como tema clave para el desarrollo del país con el Estado participando. Creemos en un Estado que tiene que diagramar el desarrollo de infraestructura”, remarcó la funcionaria.

Además, indicó que Vaca Muerta logró constituirse como una política de Estado pero como está el escenario electoral en la Argentina genera incertidumbre”.

Royón reiteró el valor del cambio de escenario a partir del desarrollo del sector que pasó de tener una balanza negativa de US$4.500 millones en 2022 a una positiva en US$100 millones. Además proyectó que en 2030 alcanzará a los US$18.000 millones.

“El sector energético puede constituirse en el segundo generador de divisas del país”, subrayó. 

Fuente: NA. 

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informó que fue enviada al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) la solicitud de aplicación de los siguientes ajustes tarifarios: los usuarios residenciales verán aumentada su tarifa en un 16%; aquellos en la línea general y servicios, 18.71%; mientras que para los grandes clientes el incremento será de 5.13%. 

En el caso de la línea de baja tensión, los valores se verán incrementados en un 8.24%; media tensión, 4.31% y alta tensión, 1.70%. El promedio global de la suba establecida para el servicio de energía eléctrica en la provincia será de 9.75%. 

Los nuevos valores regirán a partir de los consumos de septiembre de 2023, por lo que, en general,  se verán reflejado en las facturas con vencimientos a partir del mes de noviembre.